(Editorial) Todo el tiempo que quieras

El jueves comenzó el cuarto período presidencial de Hugo Chávez, sin Hugo Chávez. Debido a su incierto estado de salud, la Asamblea Nacional le concedió “todo el tiempo que necesite” para que llegue a su juramentación, la que, según la Constitución, debió haber sido el 10 de enero. Mientras tanto, el vicepresidente Nicolás Maduro ha asumido la presidencia de Venezuela en su lugar.

De acuerdo con la Constitución venezolana, si el presidente no puede estar presente para jurar su cargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene que designar una junta médica que determine su estado de salud. En caso esa junta establezca que el motivo de la ausencia es permanente –ya sea por muerte o incapacidad física o mental– la Constitución ordena convocar elecciones en 30 días. Esta es la regla que Nicolás Maduro y el TSJ han decidido saltarse con garrocha.

El argumento que han utilizado los chavistas para este salto ha sido que la regla ignorada es un puro “formalismo”. Esto, sin embargo, no es cierto. Hay un interés muy concreto que esta regla busca proteger: el interés del pueblo en que no lo acabe gobernando alguien diferente a la persona que él eligió (en Venezuela el vicepresidente es nombrado directamente por el presidente).

Por otra parte, hay también un interés igualmente concreto que Maduro y los suyos están logrando satisfacer al violar la mencionada regla. Su interés por permanecer en el poder indefinidamente o al menos por varios meses más, como para, por ejemplo, poder usar el gasto estatal (a la manera del mismo Chávez en todas sus campañas) para apoyar la reelección de su partido cuando finalmente llamen a elecciones.

A pesar de esto, el TSJ ha declarado que “el Poder Ejecutivo seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”. Dicho principio, inaudito hasta ahora, parece otorgarles un “permiso especial” a los gobiernos reelectos para saltearse la exigencia constitucional de jurar. Es en línea con esto que el TSJ se negó a designar a una junta médica que determine el estado de salud de Chávez. Su argumento: que no hay ningún indicio de ausencia permanente ya que el oficialismo ha venido reportando periódicamente sobre la recuperación de su líder. Es curiosa esta respuesta si tenemos en cuenta que justamente el objetivo constitucional de que el TSJ designe a la junta médica es que la certificación del estado del presidente sea hecha con independencia del Ejecutivo. Y es todavía más curiosa si recordamos que no ha habido ninguna señal de vida de Chávez desde el 10 de diciembre del 2012.

Aun cuando no sorprenda la decisión del TSJ, dado que desde el 2003 –año en que Chávez lo copó con sus partidarios– sus dictámenes concuerdan exactamente con los intereses del gobierno, es preocupante la facilidad con la cual se manipula la Constitución en el Estado bolivariano. De hecho, hasta donde se ve, el nuevo “principio de continuidad administrativa” podría acabar sirviendo también para perpetuar a Maduro en el cargo. Después de todo, dado que este es un principio recién inventado, nadie conoce su contenido como para poder argumentar que no abarca tal o cual futuro uso. El ingenioso TSJ se ha dotado de un sombrero de mago del que puede sacar muchos más conejos.

Por otro lado, frente a esta situación de atropello a la Constitución (y a la democracia venezolana), se habría esperado que Unasur, órgano que tiene entre sus objetivos “fortalecer la democracia”, se manifieste de la manera que lo hizo en el caso de Paraguay el año pasado, cuando el Congreso vacó del cargo al izquierdista presidente Lugo y la organización internacional respondió expulsando al Estado paraguayo de su seno. Su silencio ha evidenciado que su verdadero compromiso es con la ideología, no con la democracia. El mismo resultado ha tenido la acción de los presidentes de Uruguay y Bolivia, que se hicieron presentes en la simbólica “juramentación” de Maduro, junto a los cancilleres de Ecuador y Argentina.

Por su parte, nuestro presidente, Ollanta Humala, ha viajado a Cuba al mismo tiempo que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. De acuerdo con las razones esbozadas por el Ejecutivo ante el Congreso, es solo una coincidencia que el viaje de Humala a Cuba se esté dando mientras Chávez yace enfermo en la isla, pues el presidente viaja con el objetivo de “suscribir una serie de instrumentos internacionales” con el país isleño. Como no podemos asumir que un presidente engañe a su ciudadanía, esperemos con buena fe que el señor Humala regrese de Cuba con un TLC firmado.