Diversas actividades de la minería ilegal requieren de combustible. (Foto: El Comercio)
Diversas actividades de la minería ilegal requieren de combustible. (Foto: El Comercio)

MARTHA MEIER M Q. Editora Central de Fin de Semana y Suplementos

Como en el poema de Benedetti “El sur también existe”, podríamos recordar que el norte de nuestra selva también existe, y que en ese imperio de vida “hay quienes se desmueren” pese a la destrucción ambiental perpetrada por los mineros ilegales.

La región Loreto está amenazada como Madre de Dios por los maleantes del oro. Aniquilan ecosistemas, vierten mercurio en los ríos de nuestra Amazonía nororiental y, lo peor, favorecen la prostitución, explotación y trata de niños.

En marzo, la Marina de Guerra intervino 7 dragas, a 131 millas náuticas de Iquitos. Cayeron 40 individuos, entre ellos colombianos y brasileños. ¿Mafia internacional? Así parece.

Dos años atrás, en el 2011, el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, ya solicitaba acciones drásticas contra la minería ilegal que se había incrementado peligrosamente en el río Putumayo, Vásquez pidió declarar en emergencia esos ríos y reveló que aguas y peces presentaban altas concentraciones de mercurio. Curiosamente luego de esto, se desató una campaña de hostigamiento en su contra e intentaron declarar su vacancia. El costo de enfrentarse a una poderosa mafia con tentáculos en el Congreso y en varios ministerios. ¿Incluido el del Ambiente?

El 21 de julio del 2012, la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, nombró una comisión multisectorial (temporal, como si el problema fuese pasajero) para accionar contra la minería ilegal y atender las demandas socioambientales de las poblaciones nativas y rurales loretanas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. De contrabando incluyeron el tema de los pasivos ambientales de la explotación petrolera. Hoy es obvio que fue una carta bajo la manga.

En el gobierno humalista, como no se ha visto jamás, la mafia minera ilegal tiene corona. Se frenan y entorpecen los medianos y grandes proyectos mineros y petroleros legales.

La comisión de la PCM supuestamente realizó el seguimiento de las acciones contra la minería ilegal, estableció una estrategia nacional para la interdicción con participación de las Fuerzas Armadas, entre otras. Quizá lo hizo, pero en Loreto son ínfimos los avances contra la lacra.

El ministro del Ambiente –abogado Manuel Pulgar-Vidal– y especialmente su viceministro, Mariano Castro, han preferido señalar como responsables de la contaminación a las petroleras. Usaron la carta bajo la manga que les dio la PCM, para congraciarse con las comunidades y con las ONG antiinversión de la zona, y evitarse así algún conflicto.

Declararon la emergencia ambiental del Pastaza y recientemente la del Corrientes, donde operan dos petroleras: Pluspetrol y Repsol.

¿Podrán probar que el mercurio y demás metales pesados de los ríos viene de allí? Lo dudamos.

Parece que la consigna es que los ilegales envenenen Loreto.