Significativamente, las tres nuevas ministras- nombradas por el presidente Humala la semana pasada usaron sus primeras declaraciones para destacar la importancia del rol que el sector privado podía jugar en sus respectivos campos de influencia. Algo auspicioso en los tres casos, pero que acaso fue especialmente innovador en el de la flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, quien declaró que “no es tan complicado juntar a la empresa privada y al Estado para poner en valor los monumentos arqueológicos” y aseguró que ella tiene “una gran experiencia en este aspecto”, la que piensa usar para impulsar “activamente que se pongan en valor”. La ministra habló de monumentos arqueológicos, pero está claro que la lógica de sus palabras se aplica a todo el patrimonio monumental del país.

Decimos que estas declaraciones fueron particularmente innovadoras en boca de una ministra de Cultura porque entre nosotros suele asumirse que solo el Estado tiene auténtico interés en conservar el patrimonio cultural. Una asunción tan costosa como errónea que da al Estado el casi monopolio del mantenimiento y la gestión de los monumentos culturales en el país y que ocasiona que la gran mayoría de estos languidezca en medio del polvo o se convierta directamente en parte de él, como consecuencia de la desinversión, la impericia o el simple descuido. El ejemplo de la huaca El Paraíso, en cuya custodia el Estado fue negligente, permitiendo que fuera destruida por una inmobiliaria inescrupulosa, ha sido solo el último de todos los casos que constantemente aparecen en los medios. Igual que esta huaca, han sido severamente dañados o destruidos – para solo citar algunos ejemplos emblemáticos– Yanamarca en Junín, el Coricancha y centenas de muros incas en el Cusco, las líneas de Nasca en Ica y las ruinas Wari en Ayacucho. Únicamente en Lima, por otra parte, conforme al Ministerio de Cultura, un 60% de las huacas existentes está en riesgo de ser invadido o estropeado.

La verdad, desde luego, es que no se le puede pedir al Estado que sea quien pague las facturas de la restauración, conservación, vigilancia y gestión de todos los monumentos que tiene el Perú. Quienes se enorgullecen de este monopolio estatal porque sostienen que así se garantiza que el patrimonio monumental siga siendo “de todos” o pecan de desinformación o pecan de hipocresía: la mayor parte de nuestros monumentos no está puesta en valor como para que “todos” podamos apreciarlos y disfrutarlos; los verdaderos propietarios de buena parte de nuestro patrimonio monumental son la decadencia y el olvido. Y no nos referimos con esto solo a los monumentos más alejados o de más difícil acceso: la Quinta de Presa –un palacete de campo dieciochesco, absolutamente único en la arquitectura colonial de nuestro continente– tiene 90 años de desaprovechamiento y casi ininterrumpido abandono en manos del Estado a poca distancia de Palacio de Gobierno.

Es cierto que la participación privada supone un provecho –y, por lo tanto, un uso– también privado del monumento. Pero los provechos privados no tienen por qué excluir disfrutes públicos. Todos los bellos edificios del Cercado que en los últimos años han renacido, lo han hecho porque hay empresas privadas invirtiendo en restaurarlos para hacer negocio alquilándolos o vendiéndolos como oficinas o viviendas. Y, sin embargo, gracias a este uso, el Centro de Lima es hoy –pese al mucho camino que hay aún por recorrer– mucho más bonito e interesante para todos.

Por lo demás, un “uso privado” puede ser el de museo, en el que el lucro del concesionario proviene, por ejemplo, de los ingresos que le dejan los visitantes, de la comercialización de productos relacionados con el monumento o, cuando ello es posible, de eventos realizados en él. O puede ser simplemente el relacionado con el prestigio que da a una marca el haber sido causante de la puesta en valor y manutención de un monumento nacional, como lo demostró en sus muy fructíferos años al frente del capítulo peruano del World Monuments Fund la recordada Marcela Temple de Pérez de Cuéllar.

En suma, la ministra Álvarez Calderón ha hecho bien al hacer caso omiso de prejuicios y aludir a alianzas público-privadas para salvar nuestro patrimonio. Si durante su gestión logra llevar el dicho al hecho –como su personalidad y trayectoria prometen que lo hará– puede muy bien que su paso por el Ministerio acabe siendo lo mejor que le haya sucedido en mucho tiempo a nuestro riquísimo legado monumental, además de a todos los peruanos–presentes y futuros– interesados en poder disfrutarlo en toda su belleza y extensión.