No pocas tareas ni menos retos, la columna de Fernando Tuesta

A inicios de la semana se eligió al nuevo jefe de la ONPE, que tendrá el encargo de dirigir la institución en los próximos cuatro años. Es más, esa conducción debe ser lo suficientemente convincente, pues cumplido el mandato deberá solicitar la ratificación en el cargo, ya que si no la pide o si no lo ratifican, el CNM tendrá que convocar a un concurso público, en pleno proceso electoral del bicentenario, con todo lo riesgoso que esto puede ser.

En este cuatrienio, aparte de las elecciones municipales complementarias (2017 y 2019), que al igual que las revocatorias (2017) involucran a muy pocas circunscripciones, se realizarán las elecciones regionales y municipales (2018), que son las más complejas por tratarse de miles de cargos en disputa y más de cien mil candidatos. Pero lo más complicado es la aplicación del aún vigente artículo referido a dádivas en la Ley de Organizaciones Políticas. Son tantas las elecciones que se realizan de manera simultánea que se producirán muchos actos reales o falseados que pueden provocar sanciones económicas e incluso la exclusión de candidatos, que fue uno de los problemas de las elecciones pasadas. La ONPE tendrá que lidiar con una norma mal dada y de difícil aplicación.

En ese escenario, ampliar la cobertura del voto electrónico –se dice que en toda Lima– no será un problema técnico, ni siquiera logístico, sino centralmente de confianza política. Esa que se produce en la relación con los partidos políticos y candidatos, y que fue una de las críticas que se hizo a la gestión anterior. En otras palabras, el voto electrónico será posible implementarlo exitosamente si se logra, primero, una relación de confianza con los partidos políticos.

Esa confianza no será tan fácil de desarrollar si se tiene en cuenta que una tarea que tiene la nueva gestión es mejorar de manera sustantiva la función de supervisar los fondos partidarios. Esta función está en la primera línea de importancia ahora que el caso de Odebrecht ha terminado de tocar la puerta de los partidos, que se han convertido en sujetos de desconfianza. De dónde proviene el dinero y cómo se destina son las preguntas que la ONPE tendrá que responder en condiciones difíciles, pues la norma le ha otorgado una boca sin dientes. Basta recordar que hasta ahora no puede cobrar las multas al partido Alianza para el Progreso (APP), y menos a Perú Posible, que está a punto de perder su inscripción como partido.

Se trata de partidos mayormente informales, a los que además este año se les otorgará el financiamiento público directo que la ONPE supervisará. Modificar este marco normativo poco útil para el trabajo del organismo electoral exigirá una presencia activa y con propuestas de la ONPE en el Congreso, en donde un grupo de trabajo está discutiendo la reforma electoral.

Finalmente, algo que parece de menos importancia pero que para la ONPE reviste un carácter fundamental es mantener y mejorar las relaciones con el JNE y el Reniec. La gestión anterior gozó los beneficios de esas buenas relaciones, en las que los tres organismos ganaron allí donde antes había momentos de conflicto. En pocas palabras, la nueva gestión de la ONPE tiene no pocas tareas ni menos retos.

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Imprescriptibilidad de delitos de corrupción: claves del dictamen aprobado por el Congreso ► https://t.co/IcqYHu9flM Por @felipebarberom pic.twitter.com/3gXe7WPHfc— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 1 de marzo de 2017