La última víctima, la columna de Cecilia Valenzuela

La ltima vctima del periodismo, la periodista Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular, se defiende acusando de prensa basura y sicariato a los medios que, recientemente, han hecho pblico su pasado profesional. Su destino se muerde la cola, la conduce al improperio, la obliga a insultar: hace 15 aos, Aramayo se defenda de los funcionarios que la acusaban de quererlos extorsionar, llamndolos fujimoristas, chinistas, montesinistas.

Pero ms all de su ingenio rampln y su vulgaridad, Aramayo es la triste coprotagonista del libro Los zarpazos del Gato, publicado en el 2004 por el periodista puneo Carlos Chisn, donde se recogen los testimonios de cuatro ex funcionarios que tuvieron cargos importantes y que afirman haber sido extorsionados por la dupla que ella integraba entonces con su padre, a quien la comunidad altiplnica conoca como El Gato.

El ltimo fin de semana, dos de los denunciantes de Alejandra Aramayo se ratificaron en la prensa y la televisin. El ltimo domingo, en reportajes de Cuarto poder y La Repblica, Julin Barra Catacora y Alfonzo Ureta Yapuchura reconfirmaron el motivo de sus denuncias: la extorsin, y relataron la indignacin que les caus la complicidad del Poder Judicial puneo en este asunto.

Tanto Barra como Ureta, gerentes entonces del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y de Essalud de Puno, respectivamente, sostienen que fueron vctimas de campaas difamatorias al negarse a pagar las facturas que la ahora congresista Alejandra Aramayo les pasaba por servicios que sus administraciones no haban contratado.

Despus de probar que era inocente de todo lo que los Aramayo lo haban acusado, Julin Barra denunci penalmente a la dupla y a su predecesor, el gerente amigo de los Aramayo que s les pagaba los chantajes. Despus de 10 aos, el funcionario que precedi en el cargo a Barra fue sentenciado, pero los cargos contra Aramayo prescribieron. La congresista de Fuerza Popular no se present, jams, ante el juzgado que la requiri y el juez al que dejaba plantado nunca orden, siquiera, su comparecencia de grado fuerza.

Ricardo Uceda ha recordado ayer en su columna El informante que, lejos de Lima, desde una radio, diario o filial de televisin, inescrupulosos usan el periodismo como arma de chantaje; y que no es poco frecuente que estos chantajistas tengan o excelentes relaciones con el sistema judicial local o a ms de un magistrado chantajeado.

De hecho, recuerda Uceda, el reportaje que Augusto Thorndike realiz en el 2004 y que oblig a Amrica Televisin a despedir a El Gato Aramayo de la gerencia de la filial Amrica TV-Puno incluy la revelacin de que en el archivo de los Aramayo haba un video de una autoridad judicial punea en trances amorosos.

Es evidente que la notoriedad que Alejandra Aramayo alcanz las ltimas semanas a partir del proyecto de ley contra la libertad de expresin, que present con rsula Letona, despert el inters por su pasado profesional. Pero es evidente, tambin, que durante la campaa electoral Aramayo se salt las unidades de investigacin de los medios arequipeos y capitalinos, la supervisin de la ONG Transparencia y la memoria de su bigrafo y sus vctimas. Sus antecedentes no se hicieron pblicos entonces, o por lo menos no trascendieron, y ahora es legisladora y entusiasta promotora de una ley mordaza contra la prensa independiente.

Algunos congresistas han sugerido que Alejandra Aramayo debera pasar por la Comisin de tica y seguramente ser suspendida, pero la timidez con la que se ha hecho la propuesta se parece a la energa con la que los jueces puneos abordaron su caso.

Aun as, la opinin pblica est informada. Si la ley mordaza de Aramayo y Letona estuviera vigente, la veedura encargada de revisar los contenidos que ellas proponen habra prohibido su publicacin. Segn han expuesto la propia implicada y sus defensores, se trata de un refrito, de una denuncia que no es nueva.

MS EN POLTICA