¡Que viva La Oroya! ¡Que viva!, por Cecilia Valenzuela
¡Que viva La Oroya! ¡Que viva!, por Cecilia Valenzuela

La ciudad de divide en este momento a la opinión pública más informada. Un grupo quiere que se respeten los plazos y se liquide de una buena vez: que se abandone a su suerte a las 65 mil personas que viven en la ciudad únicamente de la actividad de la fundición. En La Oroya, el comercio, el alquiler de las viviendas, el transporte, la educación, todo, depende del trabajo que genera la vieja fundición que da empleo formal a 1.500 trabajadores.

El otro grupo espera que el Estado amplíe sus plazos. Que le dé la oportunidad de mejorar su situación: que permita que las operaciones de Toromocho, una de las minas más grandes del mundo que no había comenzado a operar cuando La Oroya quebró, les dé el oxígeno económico que necesita para modernizarse, recuperarse y cumplir con las normas ambientales y con el deber de pagar a sus acreedores.

En el primer grupo están los políticos del Apra, de Acción Popular y de la izquierda que han llegado a formular acusaciones tendenciosas, y las ONG ambientalistas que confrontan la posición que el gobierno, que forma parte del segundo grupo, ha adoptado frente al destino de La Oroya.

Los políticos que quieren que se liquide La Oroya vencido el plazo este próximo 27 de agosto confunden deliberadamente a la población con sus declaraciones, han dicho que la ley que ha presentado el Ejecutivo para ampliar la liquidación “tiene nombre propio porque su objetivo es salvar la empresa Doe Run que es de propiedad de un norteamericano, Ira Rennert, que vive en el mismo edificio donde habita un pariente de PPK”.

Pero la verdad es que Doe Run ya no le pertenece a Ira Rennert, ahora está en manos de una junta liquidadora que debe venderla o liquidarla. Su objetivo es pagar a los acreedores: el principal acreedor son los trabajadores y les sigue el Estado Peruano. Lo que reclama Rennert de su inversión está en juicio.

Si no se amplía el plazo, la fundición cerrará y sus 1.500 trabajadores, sus familiares y las familias de los que ocupan los 20.000 empleos que generan los servicios que la fundición demanda tendrán que migrar. Al liquidarse La Oroya se abandonarían 18 colegios de primaria y 8 de secundaria, entre públicos y privados, y 14.000 estudiantes y 900 profesores verían truncas sus aspiraciones. Se abandonarían 2 hospitales y una red del Minsa de 3 centros y 9 puestos de salud. Se irían 34 médicos, 8 dentistas y 42 enfermeros. Y unas 18.000 viviendas asomarían vacías, solo con las almas en pena.

Si se amplía el plazo, en cambio, la fundición podría procesar el mineral de Toromocho que ahora exporta su cobre, en bruto, a la China. Procesar ese mineral en La Oroya no solo le daría más ingresos a la fundición, sino que aumentaría el valor del cobre exportado y traería más impuestos para el país. Hoy Toromocho es una pérdida de plata para los chinos y para nosotros. Podríamos cobrar otros impuestos si ese cobre saliera fundido.

La contaminación es un problema que no solo se resuelve cerrando fundiciones. La modernización es la solución a la contaminación. En tiempos pasados, el Apra y la izquierda controlaban los sindicatos del centro del país, hacían marchas de sacrificio hacia Lima junto a los obreros de La Oroya y Cobriza. ¿Por qué ya no les interesa la realidad de esos trabajadores? El distrito de Yauli, donde está La Oroya, genera más del 50% del PBI de Junín. ¿Qué pasaría con Huancayo si esa ciudad desapareciera?

MÁS EN POLÍTICA...