Organizaciones piden archivar proyecto sobre publicidad estatal

Organizaciones de la sociedad civil reiteraron este lunes su preocupación sobre la eventual aprobación por insistencia del proyecto del congresista Mauricio Mulder (Apra) que plantea prohibir la publicidad estatal en medios privados pese a las observaciones formuladas por el Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), Liber, Proética y Transparencia  se pronunciaron sobre la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de este 12 de junio, la misma en la que se llevará a cabo el debate final sobre la propuesta.

“Las organizaciones firmantes invocamos a los integrantes de la comisión a que dispongan el archivo de la autógrafa, pues si bien no estamos en contra de la regulación, consideramos que prohibir no es lo mismo que regular”, explicaron.

Según las instituciones, desde la presentación del proyecto en noviembre del año pasado hicieron públicos sus reparos sobre los alcances de la norma ya que vulnera de manera desproporcionada el derecho fundamental a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.

“De aprobarse la norma, se estaría configurando un supuesto de censura indirecta, proscrito por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostuvieron.

Además, consideraron que la propuesta dificultará que la ciudadanía acceda a información relevante sobre los programas, proyectos y servicios que brinda el Estado peruano.

“Mientras que los medios estatales tienen niveles de audiencia inmensamente inferiores a los medios privados, las redes sociales son inaccesibles para 1 de cada 3 peruanos, en particular para las poblaciones más vulnerables”, recalcaron.

Finalmente, señalaron que la aprobación por insistencia del proyecto evidenciaría una posición autoritaria por parte del Congreso, pues dejaría de lado las opiniones del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros organismos.