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Pablo Sánchez propone que pleno del Congreso designe al contralor

El fiscal de la Nación dijo que pleno del Legislativo y no solo miembros de la Comisión Permanente deben tener esta tarea, a fin de fortalecer lucha anticorrupción

Pablo Sánchez

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Pablo Sánchez presentó 100 propuestas  al dejar la Presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) orientadas al combate de este flagelo. (Foto: Archivo El Comercio) 

Archivo El Comercio

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, propuso que la designación del contralor general de la República sea una tarea del pleno del Congreso y no solo de los miembros de la Comisión Permanente, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción.

Sánchez planteó que se realice una reforma constitucional debido a que, actualmente, de acuerdo al artículo 146 de la Carta Magna, el contralor es designado por la Comisión Permanente a propuesta de una terna que envía el presidente de la República.

En ese marco, señaló que el titular de la contraloría debe ser designado mediante la votación del pleno del Congreso.

Este planteamiento, informó el fiscal Sánchez, forma parte de las 100 propuestas que presentó al dejar la Presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) orientadas al combate de este flagelo.

Según afirmó el titular del Ministerio Público, las medidas planteadas son afines a las recomendaciones elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, dijo, son el resultado de su trabajo en la CAN.

Entre las medidas figuran también establecer que los requisitos para quienes postulen al Consejo Nacional de la Magistratura sean los mismos exigidos para los cargos de fiscal o juez supremo y que se suprima el antejuicio a altos funcionarios públicos, cuando sean investigados por delitos contra la administración pública.

Destaca también la necesidad de crear la Procuraduría General del Estado como organismo independiente y que se dote de los recursos necesarios al Ministerio Público y al Poder Judicial en un porcentaje de hasta el 3 % del Presupuesto General de la República.

Además, propuso la reducción sustancial de la provisionalidad en los magistrados y el fortalecimiento del sistema anticorrupción mediante la implementación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción, dedicada a ver casos de delitos contra la administración pública en última instancia.

Otro aspecto de relevancia en la lucha contra el crimen y el delito sería la implementación de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad; así como la interoperabilidad entre las entidades que administran justicia.

De igual manera, propuso la creación de un equipo elite anticorrupción en la Policía Nacional, altamente calificado y permanentemente evaluado, que apoye eficientemente las investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público. (Fuente: Andina)

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