El grupo de trabajo, encabezado por César Segura (Fuerza Popular), votó la acusación y el resultado fue de 8 votos en contra y 3 a favor del informe. (El Comercio)
El grupo de trabajo, encabezado por César Segura (Fuerza Popular), votó la acusación y el resultado fue de 8 votos en contra y 3 a favor del informe. (El Comercio)
Redacción EC
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la noche del miércoles el informe que recomienda la destitución de como fiscal de la Nación y su inhabilitación por 10 años en la función pública.

El grupo de trabajo, encabezado por César Segura (Fuerza Popular), votó la acusación y el resultado fue de 8 votos en contra y 3 a favor.

El informe fue sustentado por el legislador oficialista Juan Sheput. Tras la decisión, Segura señaló que lo acordado será remitido a la Comisión Permanente. 

(El Comercio)
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Durante el debate, la legisladora Milagros Salazar (Fuerza Popular) aseveró que el informe elaborado por Sheput no tiene sustento y evidencia que "se busca sacar a un fiscal incómodo".

“Parece que los informes están con venganza y direccionados”, señaló.

En esa línea también se pronunció la vocera alterna de Fuerza Popular, Karina Beteta, quien cuestionó el informe. "A nosotros no nos impondrán la manera de votar", afirmó.

Similar postura mostró Javier Velásquez Quesquén. El legislador aprista consideró que en caso destituyan a Chávarry se "estarían sometiendo" al Poder Ejecutivo luego de lo señalado por el presidente Martín Vizcarra, quien pidió al Congreso discutir rápidamente la destitución del titular del Ministerio Público.

“Esto quizá podría ser un pretexto para que el presidente Vizcarra cierre el Congreso. Que lo cierre. Pero nosotros no vamos a entregar una cabeza”, manifestó.

El informe que fue elaborado por el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) consideró que Pedro Chávarry cometió infracción a los artículos 3°, 39°, 148° de la Constitución por haber mentido respecto a una reunión —organizada por el hoy destituido ex juez César Hinostroza— que sostuvo con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo, así como sus presuntos nexos con la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.

Proponía, también, la inhabilitación por 10 años en la función pública para Chávarry. 

Más temprano el mismo subgrupo de trabajo también desestimó la acusación contra el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) por presuntamente haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que vote de determinada manera en las elecciones de la presidencia de dicho organismo.

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