“Para el Perú, el cambio está en el horizonte”

Los encontramos en el bufete de Benites, Vargas & Ugaz, que los invitó para el evento Compliance. Robert Capers, abogado del estudio estadounidense Arent Fox, fue ‘prosecutor’ (fiscal) que trabajó en casos de impacto global, como el de la FIFA y el acuerdo con Odebrecht y Braskem. Hunter Carter, también de Arent Fox, viaja por América Latina predicando el ‘compliance’, que lo explicará. La entrevista la hemos traducido del inglés.

—El Perú afronta dilemas de justicia. Uno de ellos es procesar a políticos con detenciones preliminares y prisiones preventivas severas, o hacerlo en libertad.
Robert Capers (RC): En EE.UU., estas medidas tienen lugar para crímenes específicos y para asegurar que alguien vuelva a la corte a afrontar la justicia o que no sea un peligro para la comunidad. Asumo que los estándares son similares aquí, entonces el juez debe hacer un balance, asegurando que el procesado no haga nada indebido que influya en la integridad del proceso judicial y de los testigos, o que sea un peligro para la comunidad. Si se asume que no hay ese peligro, puede haber un arresto domiciliario o una libertad con restricciones. Puede ser que haya hechos particulares y un clima a favor de la prisión preventiva en el Perú, pero debe asegurarse que la persona apele a una corte mayor que podría liberarlo.

—No hablamos de clásicos o anónimos gánsteres, sino de políticos con gran desaprobación. Los fiscales y jueces podrían encarnar ese sentimiento.
RC: No puedo hablar específicamente de ellos, pero puedo decir que hay que dar a fiscales y jueces la presunción de integridad. Como fiscal por muchos años, debo decir que yo estaba menos concernido con la política que con ‘the rule of law’ [el imperio de la ley].

—O sea, la presunción de integridad de los jueces como garantía de la presunción de inocencia de los procesados.
RC: Son dos cosas distintas, la presunción de inocencia es una garantía constitucional. No hay nada que se deba hacer para infringirla. Si se decide correctamente una prisión preventiva, eso nada tiene que ver con la presunción de inocencia porque a esa persona se la sigue presumiendo inocente.
Hunter Carter (HC): Hay que distinguir el mecanismo de la protección de la integridad del proceso, de los mecanismos de castigo, aunque en este caso la protección parezca un castigo.
RC: O sea, la detención preventiva no es punitiva, es preventiva.

—Como ya saben, tenemos un presidente preso, uno con arresto domiciliario, uno que se suicidó cuando iba a ser detenido, uno que afronta un pedido de cárcel, uno que espera extradición. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente?
RC: Lo primero es la esperanza de que, para el Perú, el cambio está en el horizonte. Una sed de cambio, en todo caso.
HC: Es difícil mejorar la respuesta de Bob. Trabajo mucho tiempo en América Latina como consultor de empresarios y sé que operan en un ambiente en el que muchos negocios usan ventajas ilegales y algunos políticos no hacen su trabajo si no se les paga indebidamente. Esto no solo tiene un costo económico sino moral, es una decadencia. Pero hay una reacción masiva de los electores y de los negocios: esto tiene que parar. No empezó ayer, pero la necesidad de reforzar la prevención ha crecido, de fiscalizarse a sí mismas. Hay incentivos de la ley para eso aquí y en EE.UU.

—Hablemos de Alejandro Toledo. Los procesos de extradición en EE.UU. son demasiado largos, ni siquiera tienen plazos.
RC: La extradición puede ser fatigante, pero garantiza que la persona ejerza sus derechos constitucionales y de las convenciones internacionales. Estoy seguro de que el Gobierno Peruano está comprometido a lograrlo. La impaciencia tiene que dejarse a un lado para que el proceso funcione y cuando regrese aquí, no tenga posibilidad de apelar nada. He aprendido, como fiscal, que el sendero de la justicia puede ser muy largo e importa cuánta paciencia y resiliencia tienes.
HC: Ricardo Martinelli [ex presidente de Panamá] tuvo un proceso largo, los panameños dudaban si regresaría alguna vez, pensaban que como corrupto podía haber corrompido en EE.UU., pero ya se logró. Esto me da confianza en que Toledo va a tener todos sus derechos y va a regresar al Perú a ser juzgado. Es mejor tener una justicia correcta que equivocarse en el apuro.

—Hay otro dilema y Robert, que tiene la experiencia del Caso Odebrecht y Braskem, puede ayudarnos a comprender. ¿Es mejor lograr delaciones o indemnizaciones?
HC: O sea, qué es mejor, ¿usar el palo y matar la compañía, u otras aproximaciones más interesantes para la justicia? Pero Bob no puede hablar de ese caso [RC nos pide apagar la grabadora para explicar sus reservas]. Yo les digo a mis clientes que mi departamento de justicia ha aprendido a hacer que los negocios se vigilen. Uno está inclinado a pensar que lo mejor para un negocio que ha violado la ley es que se liquide; y a veces eso es lo apropiado. Pero otros empleados pueden tomar control de la compañía y colaborar con el gobierno. Y hay acuerdos para ser perdonados de algunos delitos si se refuerzan los estándares éticos, y allí está el ‘compliance’, que incluye mecanismos internos y nuevas prácticas. En EE.UU., la experiencia demuestra que quien tuvo problemas, si se le da el estímulo de superarlos y colaborar con la justicia, el crimen se reduce visiblemente. Las compañías están invirtiendo mucho en esto, aunque no está en el ojo público.

—Debieran preocuparse por que esté en el ojo público.
Por eso estamos hablando, que la gente se entere de que hay nuevos sheriffs en el pueblo y somos los que trabajamos preventivamente.

—Hay una particularidad de la justicia en EE.UU. El gobierno se reserva un margen para sancionar y vetar negocios y personas.
HC: Es importante que la justicia pruebe ‘beyond reasonable doubt’ [más allá de la duda]. Ahora, los que hacen persecución de casos internacionales, una vez que acusan, y que la evidencia es incontrastable y teniendo en cuenta que los acusados son gente con recursos para defenderse, allí entra el departamento de tesoro.

—Aquí amamos el Kingpin Act cuando incluyó al narco Fernando Zevallos. Fue un giro en su proceso local.
HC: El gobierno tiene también la función de proteger el comercio internacional y la seguridad nacional, por eso hay casos donde se reservan estas prerrogativas. No se quiere que el sistema financiero esté abierto al crimen organizado. Por ejemplo, se han dado sanciones contra funcionarios venezolanos. EE.UU. usa sanciones por razones políticas y diplomáticas y eso es independiente del sistema de justicia. No es punitivo. Cualquiera puede estar en la lista e intentar salir de ella, colaborando. Suele suceder, aunque es más noticia cuando a alguien lo ponen que cuando lo sacan.

—¿No hay otra lista donde puedan poner a Toledo?
[Ríen]

—¿Que impresión se llevan de un país en trance judicial?
HC: El trabajo será duro pero, como dicen, la noche es más oscura antes del amanecer. Como en Brasil, que tiene el mismo problema, yo diría que esto anima a seguir adelante. RC: La belleza de lo que pasa, aunque es dolorosa, es que viene el cambio, en una forma beneficiosa para la gente que quiere portarse bien