(Composición: Jhafet Ruiz)
(Composición: Jhafet Ruiz)
Redacción EC

Por Martín Hidalgo y Alexander Villarroel

A pesar de haber sesionado por poco más de cuatro horas, la solo logró aprobar un artículo del proyecto de ley “para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia” que presentó el Ejecutivo a inicios de abril. Según abogados consultados, la modificación aprobada no constituye gran diferencia con lo que existe actualmente en nuestra Constitución.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, puso en discusión el predictamen de la iniciativa oficialista [las conclusiones después de analizar el texto]. Dicho documento propone modificar siete apartados de la Constitución referidos al antejuicio político y vacancia presidencial, entre otros puntos cuestionados en los últimos años.



El proyecto del Ejecutivo planteaba un total de 12 modificaciones. Es decir, el equipo técnico de Bartra –encargado de elaborar el predictamen– no tomó en cuenta cinco de las propuestas del proyecto elaborado por la Comisión de Reforma Política que designó el gobierno y que entregó una serie de iniciativas legislativas en marzo pasado, las mismas que se presentaron un mes después al Congreso.

(Composición: Jhafet Ruiz/ El Comercio)
(Composición: Jhafet Ruiz/ El Comercio)

—Cambio sin efecto—
Para llegar al consenso de su única modificación, los miembros de la comisión primero tuvieron que superar la polémica respecto a otro predictamen que planteaba cambios a la inmunidad parlamentaria. La discusión se zanjó cuando aprobaron introducirlo a la agenda y no esperar al cronograma de Rosa Bartra, que planteaba recién debatirlo en junio.

Superado esto, la Comisión de Constitución entró al debate del predictamen sobre los cambios en la vacancia y el antejuicio político. Tras la primera ronda de intervenciones de los miembros de la comisión, Rosa Bartra consideró que la discusión se realice artículo por artículo por la “complejidad” de la temática. El debate se reanudó con el artículo 100. La discusión sobre este punto, referido al antejuicio político, ocuparía el resto de la sesión.

Javier Velásquez Quesquén (Apra) mencionó que la fórmula que se propone, “lejos de ir en un proceso de consagrar la autonomía del Ministerio Público, más bien la estamos atando”. Similares posturas tuvieron congresistas como Gino Costa (Bancada Liberal), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Marco Arana (Frente Amplio).

En el texto sustitutorio, que al final se aprobó, se estipula que para ampliar el objeto de la investigación a los altos funcionarios por nuevos “hechos delictivos” se requiere una nueva autorización del Parlamento.

“El Congreso hace una investigación preliminar, ¿qué pasa si en el transcurso de la investigación la fiscalía encuentra hechos que agravan la condición del alto funcionario? Esos nuevos hechos tienen que traerlos al Congreso y pedir permiso. Eso es más gravoso y afecta la autonomía”, refirió Velásquez.

Por su parte, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) refirió que lo aprobado es mucho más restrictivo. “Tiene que respetarse que el titular de la acción penal, el que tiene que investigar, formular la denuncia y en su momento acusar es el Ministerio Público. No podemos ponerle cortapisas”, apuntó.

Este Diario consultó con el abogado constitucionalista Luciano López y el penalista Carlos Caro, y ambos consideraron que este artículo aprobado no hace cambios de fondo a la práctica actual.

Para López, en el cambio aprobado por la Comisión de Constitución se habla solo de “hechos ilícitos” y no de la calificación de delitos.

“Hoy, sin modificar nada, se podría interpretar lo mismo. En la práctica es así, no puedes investigarlos [a funcionarios con prerrogativa de antejuicio] por otros hechos que no han sido autorizados”, comentó.

Caro sostuvo que la Corte Suprema ya ha mencionado que la calificación jurídica –es decir, señalar qué delitos se habrían cometido– corresponde jurisdiccionalmente a la fiscalía y no al Congreso.

“Con la modificatoria no hay ningún cambio, porque se dice que se debe definir la causa respecto a los hechos investigados. Hoy en día, si la fiscalía quiere investigar nuevos hechos, no puede”, puntualizó el penalista.

Durante la sesión, Rosa Bartra negó que exista un “empantanamiento” en las reformas políticas. Estimó que el 19 de junio se debe terminar el trabajo. La comisión volverá a reunirse hoy.