Congresistas expresaron opiniones a favor y en contra de la educación sexual. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
Congresistas expresaron opiniones a favor y en contra de la educación sexual. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
José Carlos Requena

En los últimos días, parece haberse reactivado el interés en la reforma política. Dos eventos simultáneos (promovidos por Transparencia, por un lado, y por el Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer, por el otro) y referencias en columnas de opinión dan cuenta de ello. Alfredo Torres, por ejemplo, ve en la reforma una oportunidad “para que se reduzca la corrupción política en el futuro”, por lo que considera “fundamental que el [la] apruebe”, sobre todo “las normas que permitan un control eficiente de las campañas electorales” (El Comercio, 28/4/2019).

Pero con el escaso interés que tiene el tema en la agenda ciudadana, la reforma se presenta cuesta arriba. De hecho, solo el 14% de los encuestados por El Comercio-Ipsos en marzo último indicaban que la reforma política era una de las que debían impulsarse, muy rezagada respecto a esfuerzos similares en los campos de educación (60%) o salud (54%).

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En tal contexto, es clave cómo se posicionan los actores políticos. El Ejecutivo, con una popularidad declinante, parece sin rumbo, con un primer ministro tempranamente desgastado. El prolongado plazo que tardó en reclutar a los reemplazos en las carteras de Vivienda y Transportes muestra la poca convocatoria con que cuenta. Su carencia de una bancada (o al menos de algún operador parlamentario) evidencia las complicaciones que tendrá para madurar algún cambio legislativo.

El Congreso, por su parte, presenta una fragmentación que lo hace absolutamente impredecible. , a pesar de su desgaste y desorientación, mantiene un peso numérico (55 curules) que hace imposible concebir cambios sin su aporte de votos, al menos parcial.

Por si fuera poco, los únicos parlamentarios que podrían impulsar alguna reforma en el Congreso –por su experiencia o peso específico– no parecen entusiasmados con el tema. Aunque se les quiera endilgar intereses subalternos (que, sin duda, en algunos casos los hay), lo cierto es que, hasta el momento, han sido poco consultados en el debate, quizás injustamente estigmatizados por escándalos recientes que involucran a varios congresistas.

En tal condición, el informe de la comisión de alto nivel se constituye como una fundamental “referencia, no un punto de llegada”, como decía Martín Tanaka (El Comercio, 23/3/2019). Los planteamientos de la comisión, perfectibles muchos de ellos, no deben ser entendidos como escritos sobre piedra. Tampoco debe postergarse su debate por intereses menudos o coyunturales.

El principal escollo es la poca aspiración por el legado que parece primar entre los actores políticos en su conjunto. Parecen no compartir la expectativa de Elmer Cuba, quien, al referirse a las reformas económicas, planteaba: “El presidente Vizcarra tiene la popularidad y aún cuenta con el tiempo suficiente para avanzar en los frentes descritos. El Congreso, ahora que no habrá reelección, no tiene razones para proponer políticas populistas. El poder político es efímero” (El Comercio, 25/4/2019).