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"Si se revoca prisión para Humala y Heredia sería un retroceso en lucha contra el crimen organizado"

El fiscal superior Rafael Vela afirma que la investigación por lavado de activos contra el ex presidente y su esposa es sólida, lo que le hace prever que están  próximos a presentar una acusación contra ellos

"Si se revoca prisión para Humala y Heredia sería un retroceso en lucha contra el crimen organizado"

(Foto: Juan Ponce/ El Comercio)

Fiscal superior Rafael Vela ve el caso del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia en segunda instancia. Es el fiscal coordinador de la fiscalía de Lavado de Activos. (Foto: Juan Ponce/ El Comercio)

El Comercio

El fiscal superior Rafael Vela fue quien sustentó el lunes pasado ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional las razones por las que el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia deberían seguir bajo prisión preventiva.

Según el representante del Ministerio Público, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación por parte del ex mandatario y su esposa están claramente definidos. Por tal razón, confía en que la Sala confirmará el dictado contra Humala y Heredia en primera instancia.

A horas de que se conozca la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside el juez César Sahuanay, el fiscal superior Vela conversó con este Diario respecto al proceso contra el ex presidente y la ex primera dama.

— ¿Qué hará la fiscalía si la Sala revoca la prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Nosotros no estamos asumiendo ese escenario como una posibilidad inminente. Nosotros confiamos en la fortaleza de los argumentos que presentamos, que han sido exhaustivamente desarrollados por el juez Richard Concepción Carhuancho cuando ordenó la prisión preventiva. Está fuerza argumentativa está basada en términos de legalidad y en una correcta motivación. No obstante, también hay un abanico de posibilidades si la decisión no termina siendo favorable.

— ¿Cuáles son esas posibilidades?
Estas se tienen que tomar de acuerdo a los argumentos de la Sala. Si lo que dice la Sala carece de una motivación suficiente o existe una incorrecta valoración, o aplicación de las normas, es posible plantear un recurso previsto en la Ley Procesal llamado casación. También es posible plantear otras medidas en lo que eventualmente vaya a decidir la Sala. Son muchas posibilidades. Pero nosotros confiamos que se va a confirmar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

— Le digo esto porque la defensa señala que irá a todas las instancias posibles para liberar a sus patrocinados. ¿El Ministerio Público también hará lo mismo?
Es una posibilidad. Sin embargo, el Ministerio Público tiene que preocuparse en continuar la investigación que en este momento es bastante sólida. De tal manera que la presentación de un recurso no puede dejar una expectativa que pueda ser incierta. La Corte Suprema no olvidemos, muchas veces por la cantidad de trabajo, tarda mucho en decidir respecto a un recurso de casación. Por tanto, nuestra prioridad sería enfocarnos en el desarrollo de la investigación, en nuestras líneas de hipótesis. Y a partir de ello, tomar las decisiones que correspondan. Nos encontramos cerca de una etapa intermedia.

— ¿Qué etapa?
La acusación fiscal. La decisión que tomará la Sala es valiosa porque implica el aseguramiento ad portas de una etapa intermedia en la que el juzgamiento es probablemente inminente. Y para ese juzgamiento es indispensable que los señores Humala-Heredia estén arraigados. Si se fugan, no hay la posibilidad de realizar el juzgamiento en ausencia.

— ¿Por qué consideran que es necesario que los señores Humala-Heredia se mantengan en prisión?
Para nosotros es estrictamente necesario. La evolución y la madurez de la investigación han determinado que estamos ante los presupuestos de una prisión preventiva. Es decir, que existen graves y fundados elementos de convicción y la prognosis de una de pena alta.

— ¿Y el peligro de fuga?
También se puede colegir razonablemente esa posibilidad, así como el entorpecimiento de las investigaciones. El juez Concepción hizo un análisis exhaustivo de los elementos de convicción que presentó la fiscalía y decidió una medida tan excepcional como resulta ser la prisión preventiva. El juez determinó que ambos investigados convergen no solamente el peligro de fuga, sino también el peligro de obstaculización.

— Si la fiscalía ya está pensando en la acusación, ¿cuándo la estarían presentando?
Es una estimación bastante compleja de definir. Nosotros estamos aún dentro del plazo para investigar. Hemos agotado recién la tercera parte de ese plazo. Pero eso no quiere decir que vamos a extender el plazo hasta el máximo.

— ¿Cuánto plazo tienen para acabar con la etapa de investigación?
Cuando se formalizó la investigación preparatoria, el plazo ordenado fue de 36 meses. Solamente ha transcurrido un año desde la formalización de la investigación preparatoria. Pero, reitero, no quiere decir que los plazos van a hacer los máximos. La madurez de la investigación nos aproxima a la siguiente etapa del proceso.

— Para ustedes, ¿los señores Humala Heredia han demostrado una actitud de burlar a la justicia?
No podríamos decir “burlar la justicia”, sino más bien que están inmersos en los supuestos que la ley determina como peligro procesal. Para nosotros claramente está definido el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento a la investigación. Ellos pueden eludir la acción de la justicia, tomando en cuenta las condiciones económicas que tienen. También hay que considerar las relaciones internacionales y nacionales que mantienen, luego de haber estado en un aparato de poder. Tampoco hay que olvidar la gravedad de los cargos imputados.

— ¿Qué evidencias creen que deben de considerarse?
Por ejemplo, la compra de testigos en el caso del señor Humala y la propia conducta procesal de la señora Heredia al falsear sus grafías de manera deliberada y tratar, además, de condicionar el trabajo de los peritos. Este tipo de actos generan que se cumplan los presupuestos de entorpecimiento de la actividad probatoria. Las organizaciones criminales, no nos olvidemos, tratan de desaparecer a los testigos. 

— ¿Por qué estamos ante un caso de lavado de activos sólido?
Porque nuestra tesis determina la procedencia ilícita del dinero a partir de la instrumentalización de un partido político en dos campañas electorales sucesivas. Es decir, se le dio apariencia de legalidad al financiamiento de un partido político cuando el dinero procedía claramente de una fuente ilícita. Además, la evidencia nos dice que se utilizaron mecanismos propios de una organización criminal que permitieron que ese dinero sea introducido a la sociedad, los cuales sirvieron para financiar no solo al partido, sino también asuntos personales de los señores Humala y Heredia. Ellos son la cúspide de esta organización delictiva.

— ¿Dice que Humala y Heredia usaron ese dinero ilícito para enriquecerse?
Esa es una de nuestras líneas de investigación. El uso que se le da al dinero es relevante y determina el propósito de la organización criminal. Se trabajaba para que todo ese dinero de procedencia ilícita pueda ser introducido a un mecanismo falaz, a través de la instrumentalización de un partido político. Aquí lo que hay es el circuito propio del lavado de dinero. Hay un dinero procedente de la gran corrupción de Brasil, de la economía de la República Bolivariana de Venezuela, dineros que llegan de procedencia ilícita y de conocimiento de parte de la organización criminal, que buscan introducir a partir de los mecanismos de la participación política.

— En consecuencia, ¿ustedes ven que un fallo en contra sería un retroceso en la lucha contra el crimen organizado?
Desde luego. Creemos que sería un grave precedente. Además, sería tener un doble estándar. Nosotros hemos presentado mucha jurisprudencia de la propia Sala en donde los criterios de la calificación son análogos a los fundamentos del juez Richard Concepción Carhuancho. Lo que buscamos es que el principio de igualdad ante la ley en este caso no sea una excepción.

— Usted en la audiencia señaló que la fiscalía ha podido corroborar varias pruebas. ¿cuáles fueron?
Ya no estamos ante una probabilidad menor de la comisión de un delito, sino ante la alta probabilidad de la culpabilidad de los investigados, en este caso del señor Humala y la señora Heredia. Por eso la defensa cuestiona los elementos que se han incorporado. No quieren discutir, por ejemplo, sobre los testigos presenciales que han hablado de la recepción del dinero de Venezuela. Tampoco quieren discutir sobre el caso del dinero ilícito de Brasil.

— En el caso de Brasil, ¿la fiscalía ha podido corroborar que Odebrecht dio tres millones de dólares a Humala?​
Sí, por supuesto. Está la declaración de Jorge Simoes Barata, realizada ante el fiscal Hamilton Castro Trigoso, que concuerda con la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht en la diligencia de cooperación internacional en la ciudad de Curitiba. Esa diligencia claramente determina que él dio la orden de pagar tres millones de dólares a Jorge Simoes Barata a partir de una solicitud del ex ministro Antonio Palocci, que se encuentra condenado justamente por estos cargos. Además, esa declaración determina los vínculos internacionales que tiene esta organización criminal. La solidez del caso es lo que nos hace pronosticar que estamos cerca de la acusación.

— ¿Por qué consideran que la Sala se equivocó al no incorporar los nuevos elementos que ustedes presentaron?
El Ministerio Público actúa siempre sobre la cobertura de la legalidad procesal. Lo que invocó el Ministerio Publico al inicio de la audiencia fue la introducción de nuevos elementos de convicción producidos con posterioridad de la orden de prisión preventiva. Este hecho está claramente regulado en el Artículo 420 en su numeral tercero del Código Procesal Penal, que permite de manera excepcional incorporar​ nuevos elementos cuando hay una vinculación directa con lo que es objeto de una investigación. Por tanto, era absolutamente relevante haberle dado mayores elementos a la Sala para que puedan resolver mejor. Debieron ser admitidos estos nuevos elementos.

— De esos los elementos, ¿cuál era el más grave?
El que tenía que ver con el peligro procesal sin duda alguna. El que confirmaba la denuncia realizada por un aspirante a colaborador eficaz el año pasado. La denuncia decía que el director al penal Piedras Gordas I, el señor Genaro Camillo Gomez, trataba de determinar desistiera de su propósito de seguir declarando. A cambio de ello, le ofrecía dar un régimen abierto en un penal diferente. El colaborador no accedió, a pesar de las presiones. Nosotros recién pudimos confirmar esta denuncia el 21 de julio del 2017, con el testimonio del efectivo policial en retiro Carlos Sanz Quiroz. 

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