En junio del 2019, se vence el mandato de cinco años de seis magistrados del TC. Solo Augusto Ferrero Costa debe mantenerse, ya que su período culmina en el 2022. (Composición: El Comercio)
En junio del 2019, se vence el mandato de cinco años de seis magistrados del TC. Solo Augusto Ferrero Costa debe mantenerse, ya que su período culmina en el 2022. (Composición: El Comercio)

Los antecedentes, los pendientes y lo que está por venir no configuran un escenario ideal para que este Congreso recomponga el pleno del Tribunal Constitucional (TC). En esto coinciden un ex presidente del órgano constitucional, una abogada y un especialista en temas electorales y anticorrupción.

1) Los mecanismos
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, existen dos fórmulas para designar a los candidatos a magistrados: una por concurso y otra por invitación. En el primer caso, se forma una comisión para organizar el concurso y convocar a los postulantes. El último magistrado elegido así fue Óscar Urviola, en el 2010.
La segunda alternativa, usada en las últimas elecciones, es que las bancadas propongan a los candidatos. El reemplazo de Urviola, Augusto Ferrero Costa, fue elegido por este mecanismo.

La abogada Cruz Silva del Carpio, quien ha seguido los últimos procedimientos de selección del TC, consideró que, más allá de los mecanismos establecidos, no existe un procedimiento claro que evalúe los méritos de los postulantes de manera pública. “El Congreso nombra una comisión seleccionadora y esta hace una elección de manera cerrada o decide a quién invitar. En ambos casos sin una evaluación transparente”, explicó.

La coordinadora del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal también criticó que la comisión seleccionadora del Parlamento no evalúe las tachas presentadas por la ciudadanía. “Se debe reforzar el mecanismo de selección, transparentarse, ordenarse y hacerse más representativo. Si van a elegirlos de manera cerrada, cada congresista de la comisión debe motivar su voto. Si bien se reconoce que existe un componente político, los criterios de elección no pueden estar subyugados a intereses privados ni promover la impunidad”, afirmó Silva.

2) Aplazamientos
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estipula que los magistrados son elegidos por un período de cinco años, sin posibilidad a reelección inmediata. Sin embargo, el Congreso no siempre cumplió los plazos.

Por ejemplo, en junio del 2015 venció el mandato de Óscar Urviola. Tras no ponerse de acuerdo en el nombramiento de su reemplazo, el Legislativo aprobó una extensión de seis meses. Sin embargo, recién eligieron a su reemplazo, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el 25 de agosto del 2017. Es decir, casi dos años después.

Otros casos en los que los magistrados extendieron su mandato por demoras en el Congreso fueron: César Landa (diciembre del 2004 a julio del 2010), Carlos Mesía (julio del 2006 a junio del 2014), Fernando Calle, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez (setiembre del 2007a junio del 2014) o Juan Vergara (diciembre del 2004 a diciembre del 2014).

Otros magistrados, ante el término de su mandato y la demora del Congreso para designar a su reemplazo, decidieron renunciar. El último caso fue el de Ricardo Beaumont, quien tomó la decisión en abril del 2013.

3) Las polémicas
La denominada repartija fue el problema con mayor repercusión política respecto a una elección de magistrados del TC. El diario “Perú 21” reveló audios en los que representantes de cinco bancadas se repartían como cupos las designaciones de 10 plazas vacantes del defensor del Pueblo, directores del Banco Central de la Reserva y miembros del TC. Ante dos movilizaciones ciudadanas, el Congreso dio marcha atrás y declaró nulas las designaciones.

En este quinquenio también hubo una polémica referida al TC, cuando se denunció constitucionalmente a cuatro magistrados por la modificación del sentido de un fallo sobre el Caso El Frontón. Esto produjo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió el archivamiento del caso. Tras ello, el Parlamento dejó en el limbo la acusación y no siguió el procedimiento en la Comisión Permanente.

4) Los pendientes
En lo que va de este quinquenio, el TC ha declarado inconstitucionales tres normas claves del Congreso (antitransfuguismo, publicidad estatal y la referida a la cuestión de confianza). Y si bien declaró infundada la demanda contra la ley de la bancada mixta, emitió un pronunciamiento de fondo que habilitaba la creación de nuevas bancadas.

Está pendiente de resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Gobierno. La primera es contra la Ley 30683, que nivela las pensiones de militares y policías en retiro con los sueldos de los agentes en actividad, y argumenta que esta reactiva la llamada cédula viva. La segunda es contra la Ley 30745, que excluye a los trabajadores del Poder Judicial de la aplicación de la norma del servicio civil.

El ex presidente del TC Óscar Urviola consideró que este Parlamento viene cometiendo una serie de excesos legislativos, en los que el máximo órgano constitucional se ha convertido en un contrapeso fundamental. “Considero que este Congreso no está legitimado. Con ‘boticas’ [en alusión al chat de la bancada de Fuerza Popular], blindajes y leyes anticonstitucionales se ha deslegitimado para elegir a los miembros del TC. El TC es la reserva moral jurídica del país”, aseguró.

5) Lo que se viene
Urviola agregó otro elemento para que este Congreso no elija a seis miembros del TC. “Imaginemos que la mayoría [Fuerza Popular] elija a 4 o 5 magistrados. Todos los cuestionamientos y procesos penales que tienen ahora podrían terminar en el TC. Entonces, ¿qué pasa si copan el TC?”, refirió.

Si se rechaza la apelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra el fallo que ordenó tres años de prisión preventiva, su defensa podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En ese escenario, Urviola indicó que lo mejor sería que el actual Congreso amplíe el mandato de los actuales magistrados para que sean los legisladores del próximo quinquenio los que se encarguen del proceso de selección.

Cruz Silva también alertó que los nuevos miembros del TC participarán en la comisión seleccionadora de la nueva Junta Nacional de Justicia [reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura]. “Existe un doble riesgo. No solo en la elección, en sí políticamente interesada, sino que sea una estrategia para intentar copar la Junta Nacional de Justicia”, refirió la abogada.

Percy Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú, señaló que el Congreso debe buscar consensos para la elección, pues, a su parecer, ampliar el mandato de los actuales magistrados por tres años puede ser un exceso. “Buscar consensos no es establecer una repartición de cargos entre las fuerzas políticas, sino buscar mecanismos con transparencia”, aseveró.