(Foto: Archivo El Comercio)
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Redacción EC

Samuel Abad, abogado del fiscal de la Nación, , lamentó este lunes que la Comisión Permanente del Congreso no haya declarado improcedente la denuncia presentada contra su patrocinado en el marco de las investigaciones hechas en el Caso Odebrecht.

“Lamentablemente la Comisión Permanente ha perdido la oportunidad de declarar improcedente una denuncia que no tiene sustento. Cuando se presenta una denuncia hay que evaluar si tiene sustento, y esta no tiene sustento alguno”, acusó en diálogo con Canal N.

“Lo que queda claro en un modelo democrático es que cada órgano tiene su competencia. El Congreso no es un fiscal. Intervenir en una investigación fiscal en curso no está permitido. La fiscalía es el titular de la acción penal”, agregó Abad.

En ese sentido, indicó que si los congresistas no están de acuerdo con la marcha de una indagación sus críticas son legítimas, pues hacen uso de su libertad de opinión, “pero de ahí a una acusación que pretende destituir al fiscal de la Nación hay una distancia gigantesca”.

“Esto no puede terminar afectando a una institución, el país necesita instituciones sólidas”, acotó.

Samuel Abad indicó que la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez por una presunta infracción de la Constitución deberá probar que el titular del Ministerio Público violó la Constitución.

“Para verificar esto hay que ver si la conducta que se le imputa ha violado o no la Constitución. Aquí no ha habido infracción constitucional, la denuncia es improcedente”, insistió.

Finalmente, dijo que están a la espera de recibir la documentación oficial de la Comisión Permanente del Congreso, la misma que hoy definió que la investigación contra el fiscal de la Nación, que realizará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se realice en un plazo de 15 días hábiles.

“Luego se presentarán los descargos respectivos. Evaluaremos nuestros argumentos en función de las imputaciones. Se solicitará la audiencia correspondiente. En una democracia no solo se deben tener en cuenta los votos, sino también las razones. En democracia las razones son claves para convencer con argumentos”, declaró.

La indagación contra Pablo Sánchez se inició a partir de las denuncias constitucionales que los parlamentarios Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (sin bancada) presentaron contra él.

En su acusación, Salaverry sostiene que Sánchez cometió una “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, mientras que Vilcatoma indica que el fiscal incurrió en una presunta infracción a la Constitución por designar a Hamilton Castro en el equipo especial que investiga los sobornos de las empresas brasileñas en el Perú.

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