Subcomisión sesionará el 8 y el 9 de enero sin ver denuncias contra Chávarry

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), informó que ese grupo de trabajo volverá a sesionar el 8 y el 9 de enero sin priorizar las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Agregó que, pese a los cuestionamientos por esta decisión, no piensa dejar el cargo ni reevaluar la decisión de tramitar las denuncias por orden cronológico.

“Ya hemos notificado a los congresistas para estas próximas sesiones. Estamos avanzando con varias denuncias y no tendré fijación en una de ellas. Si bien estamos en un fuero político y los resultados son políticos, los procedimientos son cuasi jurisdiccionales. Eso es lo que diferencia a la subcomisión con cualquier otra comisión. Sé que hay muchos congresistas confundidos”, dijo.

Antes de trabajar sobre el caso Chávarry, sobre quien pesa al menos cuatro denuncias por presuntos delitos e infracciones constitucionales, la subcomisión se encargará de resolver acusaciones pendientes que “están cerca de prescribir”, dijo Segura.

El representante de Nuevo Perú en la subcomisión, Oracio Pacori, detalló que están pendientes de resolverse denuncias contra el ex ministro Carlos Bassombrío, el ex congresista Juan Pari y otra contra actuales magistrados del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Pacori agregó que la decisión de tramitar las denuncias por orden cronológico podría ser anulada si se suman a la subcomisión representantes de Cambio 21 y la Bancada Liberal, dos agrupaciones recientemente creadas.

“Con la nueva formación de bancadas, la coyuntura podría cambiar. La decisión de tramitar las denuncias por orden cronológico fue aprobada con los votos mayoritarios de Fuerza Popular y el Apra. Creo que ahora se abriría la posibilidad para que se prioricen las denuncias constitucionales de interés nacional”, dijo.

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, detalló que para que su grupo tenga un representante en la subcomisión se requiere la autorización de la Junta de Portavoces y luego de la Comisión Permanente.