Susana Castañeda: “Las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado”

A un año de haberse instalado el Sistema Nacional Anticorrupción, Susana Castañeda hace un balance de la coyuntura judicial. Considera que si no se toman precauciones, en el futuro pueden ocurrir casos de corrupción más graves.

—¿Cuál es la línea jurídica del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los colaboradores eficaces?
Nosotros consideramos que sí pueden ser utilizados porque así lo prevé la ley. Ello en la medida en que sus declaraciones sean corroboradas.

—De lo que se viene analizando en el ámbito jurídico sobre el Caso Lava Jato, ¿se ha consolidado la idea de que los presuntos aportes se dieron como apoyo a las campañas electorales?
Sí, es un tema de análisis. Mire usted, porque alguien podría pensar: si una empresa apoya mi campaña, lo hace de manera transparente. Es legal el apoyo a los partidos, ¿pero 3 millones de dólares? Es mucho dinero, ¿verdad? Peor si no lo declaro ante el Jurado Nacional de Elecciones.

—En el país, el financiamiento ilegal a las campañas electorales no está expresamente penalizado. ¿Debería hacerse una modificación?
Creo que ello se podría dar, pero ya a futuro. Ahora, lo que se está tipificando desde el Ministerio Público y aceptando los jueces, a raíz de Odebrecht, es que sí constituyen lavado de activos.

—Desde su perspectiva jurídica, ¿se ha instaurado con mayor fuerza la corrupción en nuestro país?
Cuando se conoció el video Kouri-Montesinos, se inició un fuerte trabajo en el sistema judicial con resultados positivos. Luego viene este problema de Odebrecht y nos llama la atención que las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. Creo que todas las instituciones debemos unirnos a nivel preventivo, porque si no en 20 años puede que nos encontremos con cosas peores y nos acostumbraremos a que esto siga siendo un sistema cíclico de actos de corrupción.

—¿A raíz de Lava Jato, en la actualidad la clase política se ha visto más comprometida que en los 90?
Lo que sucede es que ha sido una política corrupta no solo en el Perú, sino lamentablemente en diversos países. No solo a un partido, sino que se ha tratado de captar a diferentes líneas ideológicas. Luego nos vamos a encontrar en el dilema de por quién vamos a votar. Si antes decíamos el mal menor, ¿ahora qué vamos a buscar?

—¿Cuántos casos vinculados a Lava Jato tienen en el sistema anticorrupción?
Desde el 31 de marzo nos han referido seis expedientes. Eso es diferente a los casos a nivel nacional. Lamentablemente, algunos casos [fuera de los de Lava Jato] vienen desde el año 2000 y aún no tienen término. Un reto es que estos procesos concluyan de una vez.

—Ha pasado un año desde que se instaló el sistema anticorrupción. ¿Cuáles han sido los retos en este tiempo?
Creo que el tema de la prisión preventiva, sobre todo de los casos que recibimos de la Sala Penal Nacional, que estaban al borde del término de las prisiones preventivas. Nosotros, interpretando la norma, ampliamos de 36 a 48 meses la prisión en casos de criminalidad organizada. Sin embargo, luego de una controversia con la Sala Penal Nacional, la Corte Suprema definió en el acuerdo plenario 1-2017 que solo podían ser hasta 36 meses de los casos ya iniciados.

—¿Hubiera sido oportuno que el plazo de 48 meses de prisión preventiva siguiera vigente para evitar, por ejemplo, casos como la excarcelación del cabecilla terrorista Osmán Morote?
Claro, en casos de terrorismo, pero ese es un tema de interpretación y nosotros debemos respetar lo que dijo la Corte Suprema.

Más en Política...