"Creo que hay por lo menos una inconsistencia entre exigir que un juez y un fiscal no tenga militancia y quien lo va a elegir si pueda tenerla", señaló Gutiérrez. (Foto: GEC / Video: Canal N)
Redacción EC

El defensor del Pueblo, , aseveró que la Ley Orgánica de la (JNJ) —aprobada el viernes pasado por el Parlamento— tiene "inconsistencias" y una serie de "errores materiales" que deben ser corregidos por el Legislativo.

Cuestionó, en esa línea, que, según el texto aprobado, un político pueda ser miembro de la JNJ suspendiendo su militancia.

"[El tema de la militancia política] es una preocupación porque la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe que los magistrados tengan militancia política", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Creo que hay por lo menos una inconsistencia entre exigir que un juez y un fiscal no tenga militancia y quien lo va a elegir si pueda tenerla", señaló.

Al respecto, indicó que mañana enviará un documento al Congreso identificando los "errores materiales" en la Ley Orgánica para que estos puedan ser corregidos lo antes posible y dijo esperar que en el futuro el Parlamento "sea más prolijo".

"El día de mañana estaré enviando una comunicación al Congreso indicando todo esto que hemos identificado a efectos que se corrija porque son errores materiales", indicó.

"Hemos advertido algunos problemas materiales, de este texto que tenemos. Cuando se debaten estos temas [Ley Orgánica de la JNJ] muchas veces se deja tal o cual artículo con cargo a redacción, pero cargo a redacción es bien relativo, pero cuando es todo un capítulo, ya es un tema diferente. Creo que en algún momento habrá que echarle mano y espero que el Congreso sea más prolijo", manifestó.

Como se recuerda, Gutiérrez preside la Comisión Especial encargada de la designación de los integrantes de la JNJ. Dicha instancia es conformada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, un representante de las universidades públicas y otro de las privadas con más de 50 años de antigüedad.

—Caso Edwin Donayre—
En otro momento, el defensor del Pueblo se refirió a la situación del congresista Edwin Donayre, sobre quien pesa una sentencia de prisión efectiva que no puede ejecutarse hasta que el pleno del Legislativo levante su inmunidad parlamentaria. Consideró "inaceptable" la posición en la cual se está colocando dicho poder del Estado.

"Me parece inaceptable la situación en la que se pone el Congreso, primero porque si yo tuviera una sentencia iría preso y podría presentar un recurso, pero iría preso igual. ¿Por qué un congresista tiene que tener una ventaja superior? ¿Cuál es la diferencia?", se preguntó.

"No estamos hablando de un delito que se haya cometido en el marco de sus competencias o de sus funciones como congresistas porque es además un delito anterior. Entonces, para mí no existe ninguna razón jurídica para esa diferenciación", explicó.