A mediados de mayo del 2015, en medio de las protestas de un sector de la poblacin arequipea contra el proyecto Ta Mara, se propal un audio en el que el dirigente antiminero Pepe Julio Gutirrez dialoga con el abogado Jess Gmez Urquizo, quien deca tener vnculos con la empresa Southern Cooper, y le ofrece poner fin al paro a cambio de US$1,5 millones (las famosas lentejas a las que se refiere en la conversacin), dinero que sera repartido con otros dirigentes de la zona.
Esta protesta deriv en uno de los conflictos sociales ms largos y violentos de este gobierno (dej cuatro muertos, decenas de heridos, daos materiales y prdidas econmicas cuantiosas).
Das despus de difundido el audio, la fiscal especializada en delitos de crimen organizado Mara Alejandra Crdenas vila inici una investigacin por los presuntos delitos de extorsin en agravio del Estado, extorsin en agravio de la empresa privada y asociacin ilcita para delinquir. Segn el nuevo Cdigo Penal, por tratarse de un caso complejo, se otorg un plazo de 36 meses para culminar las pesquisas y dar paso a un proceso penal.
Lo avanzado Ya transcurri casi la mitad del plazo y, aunque Crdenas ha realizado ms de 30 diligencias, quedan pendientes una cantidad similar. La representante del Ministerio Pblico ha confeccionado un organigrama que detallara cmo los dirigentes del Valle de Tambo establecieron tareas puntuales para llevar adelante una protesta que, segn ella, tena como objetivo final obtener una millonaria suma de dinero.
A travs del levantamiento del secreto bancario y tributario de los implicados, la fiscal ha encontrado que la empresa realiz pagos a Gmez Urquizo por una supuesta asesora legal por un monto cercano a S/1,5 millones; tambin se confirm que este pag S/170 mil a Pepe Julio Gutirrez, y que este a su vez desembols S/12 mil a Jess Cornejo, uno de los principales promotores de las protestas.
Sin embargo, estos pagos fueron anteriores a la grabacin del audio en cuestin, y por lo tanto no se puede demostrar fehacientemente si hubo delito de extorsin posterior a la conversacin grabada. Segn la carpeta fiscal, los directivos de Southern Cooper niegan haber sido extorsionados. Estos ltimos dos factores podran entrampar el proceso.
Lo pendiente Se puede demostrar que hubo delito de extorsin y que la empresa fue vctima? Carlos Caro, abogado penalista, considera que este es un caso complicado, ya que sin testigos de la supuesta extorsin, y ante la negativa de la presunta vctima de reconocer las amenazas, sera difcil probar los delitos en un eventual juicio.
La fiscala debera orientar la investigacin a demostrar que el abogado Jess Gmez Urquizo recibi dinero indebidamente de Southern Cooper por una supuesta asesora. Para ello, con los indicios que ya se tiene tras el levantamiento del secreto bancario y tributario, debera solicitar que la Sunat pida los documentos que Southern emiti para encargarle un trabajo a Gmez y los informes que este present. Ello le ayudara a demostrar que los pagos se hicieron a travs de una extorsin, opina Caro. Sobre los audios, el penalista considera: Esta prueba se convertira en un indicio, pero no podra ser tomada como una prueba plana.
Por lo pronto, el rechazo al proyecto minero persiste. En mayo, los pobladores acataron un paro de 72 horas y el mircoles 22 de junio saldrn nuevamente a las calles para protestar, aunque esta vez contra el Poder Judicial para exigir que se anule la reciente disposicin que convierte en efectiva la pena dictada contra cinco dirigentes por el bloqueo de carreteras durante una de las huelgas contra Ta Mara. Estos son Jess Cornejo, Jaime de la Cruz, Ral Abramonte, Rubn Quispe y Jos Chiapa; todos estn prfugos. Solo uno de los promotores de la protesta, Pepe Julio Gutirrez, est en prisin.