Forenses analizarán restos de nativos víctimas del terrorismo

La fiscalía critica que la entrega de los 23 cadáveres de asháninkas hallados en Satipo tardó más de lo debido.

Forenses analizarán restos de nativos víctimas del terrorismo

El miércoles El Comercio registró la entrega formal de los restos de las víctimas de Satipo al Ministerio Público. (Luis García)

Son veintitrés cajas, blancas, irregulares, cada una con los respectivos huesos de veintrés personas. Están bajo el sol, tienen códigos escritos con plumón y hojas de registro pegadas con cinta de embalaje. Es el mediodía del miércoles. Hace un par de horas, la policía trajo las cajas desde la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y las dejó apiladas en la puerta del laboratorio forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en La Victoria.

Dos fiscales formalizan la recepción de los restos. Una es Luz Ibáñez Carranza, coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en la Lucha contra el Terrorismo y Delitos de Lesa Humanidad. Ella conduce la diligencia y admite con amargura que esta no es una forma óptima –ni digna– de conservar vestigios humanos, evidencias de crímenes de lesa humanidad. 

El laboratorio también es precario: dos ambientes, dos mesas angostas para extender los huesos, decenas de cajas con materiales de otros casos están en investigación. Mientras la fiscal dicta observaciones a su asistente, un gato merodea por la puerta. Así, en estas condiciones, empieza el proceso de identificación de los restos hallados recientemente en fosas clandestinas en el distrito de San Martín de Pangoa,  provincia de Satipo (Junín). 

Todo apunta a que son nativos asháninkas asesinados por Sendero Luminoso en la década del 90. No obstante, saber con exactitud quiénes eran, sus edades, cuándo y cómo fueron aniquilados es un trabajo que tomará por lo menos seis meses. Un equipo de seis especialistas forenses, entre antropólogos, odontólogos y biólogos, se dedicará a identificar las víctimas, señala la fiscal a El Comercio.

De pie, en el laboratorio, el fiscal huanuqueño Carlos Ordaya le da varias explicaciones a Ibáñez. Él dirigió las exhumaciones en Satipo y custodió las cajas en las últimas dos semanas. Cuenta que las fosas estaban en antiguos campamentos senderistas. Cuenta también que se necesitaron once días para recuperar los cuerpos, y un helicóptero policial para trasladar las cajas desde la remota selva hasta Lima, a las oficinas de la Dircote.

Ibáñez no está contenta. La fiscal dice que lo correcto hubiera sido poner los restos hallados a disposición del Ministerio Público de inmediato, y critica que el hallazgo haya sido motivo de una conferencia de prensa de la policía el lunes.

 Aunque en rigor las exhumaciones son procedimientos que deben ser dirigidos por la fiscalía y no por la policía, la relación entre ambas instituciones es simbiótica en el valle de los ríos  Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). De no ser por el resguardo de la Dircote, habría sido difícil para la fiscalía hallar las fosas clandestinas. En San Martín de Pangoa la violencia es latente. En agosto se reportó un ataque contra una base militar, y desde el martes de esta semana, 46 distritos de cuatro regiones del Vraem –incluyendo a San Martín de Pangoa– volvieron a ser declarados en emergencia por el Gobierno.

—Campos de concentración—

En conversación con El Comercio, fuentes de la Dircote que apoyaron  en la exhumación dijeron que las veintitrés víctimas fueron parte de la población asháninka secuestrada por Sendero Luminoso cuando su presencia en la selva central era notoria.

Es probable, aunque los exámenes forenses tendrán la última palabra, que fueran asesinados debido a que se enfermaron y se convirtieron en una carga para los terroristas debían estar en constante movimiento para evitar ser detectados.

En los anales de la crueldad que sufrieron las comunidades nativas del Perú, sin duda hay un espacio reservado para las organizaciones terroristas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró la barbarie senderista en la selva central en un capítulo de su Informe Final. Se documentó decenas de asesinatos, secuestros, violaciones y masacres cometidos tanto por Sendero Luminoso como el MRTA. Uno de los casos más horrendos se dio entre el 18 y 19 de agosto de 1993, cuando tres columnas senderistas ingresaron a ocho comunidades nomatsigenkas del valle del río Tsiriari y asesinaron, con hachas y machetes, a 72 personas, incluyendo mujeres y niños.

La CVR también recogió testimonios de personas que sobrevivieron a los ‘comités populares’, como llamaban los senderistas a los campos de concentración donde retenían a los asháninkas en medio del bosque y en condiciones de vida infrahumanas. 
Los asháninkas, forzados a trabajar, eran alimentados con desperdicios, no podían reunirse con sus familiares e incluso estaban prohibidas las manifestaciones de tristeza o la falta de apetito porque eran consideradas actitudes sospechosas por los mandos terroristas.

–Población aún secuestrada–

Esta semana, en la conferencia de prensa donde se informó sobre la recuperación de los restos, el jefe de la Dircote, el general PNP José Baella, dijo que en el Vraem subsisten unas 250 personas secuestradas por Sendero Luminoso, esta vez en manos de los hermanos  Jorge y Víctor Quispe Palomino. Una cifra similar –entre 170 y 200 personas– dio el año pasado el entonces viceministro de Políticas para la Defensa, Iván Vega. Él dijo que unos 80 eran niños.

Consultada al respecto, la fiscal Ibáñez señaló que esas cifras no han sido validadas por las fiscalías antiterroristas que ella coordina. “No sé de dónde la Dircote ha sacado esas cifras, es muy delicado”, dijo a este Diario.

Se sabe, eso sí, que entre el 2011 y el 2015, la policía y las Fuerzas Armadas rescataron a 144 secuestrados. En los años de mayor despliegue territorial, Sendero Luminoso mantuvo cautivas a aproximadamente 5 mil personas, según la CVR.