La Defensoría del Pueblo recomendó que se habilite o se construya un centro juvenil de máxima seguridad para brindar tratamiento especializado y de alta seguridad a los jóvenes y adolescentes menores de edad que cometan infracciones que ameriten sanciones drásticas.
Asimismo, pidió que se fortalezca la seguridad de los centros de rehabilitación de adolescentes ya existentes, como ‘Maranguita’, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la cual debería garantizar “el control permanente y efectivo de la seguridad externa de todos los centros de rehabilitación existentes a nivel nacional”.
Sin embargo, expresó su preocupación por el respeto a la Constitución, al Código de los Niños y Adolescentes y las obligaciones internacionales que el Perú ha asumido, ya que todas estas instancias reconocen que se debe brindar una protección especial a los menores de edad.
“Con respecto a la propuesta de disminuir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes infractores, la institución reitera su posición de que dicha propuesta es inviable, porque vulnera la Convención de los Derechos del niño suscrita por el Estado peruano”, señaló a través de un comunicado.
En ese sentido, la Defensoría considera que “que no se puede legislar ni diseñar una política criminal juvenil a partir de un caso concreto”, en referencia a Gringasho.