El director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Lázaro Llatas, y cinco trabajadores de ese establecimiento conocido como ‘Maranguita’ son investigados por la Fiscalía Penal 57 de Lima por, presuntamente, haber cometido negligencia y favorecido la fuga del sicario trujillano ‘Gringasho’ y de otros 26 internos entre el 31 de diciembre y el 1 de enero pasados.
Según el atestado policial difundido por un medio local, Lázaro Llatas, el ex jefe de seguridad del centro, Miguel Espinoza Noriega; la jefa de administración, Carla Ortega Díaz; y el ex supervisor de seguridad, Jesús Zelayes Castro habrían incumplido sus funciones, por lo que se les investiga por el delito contra la administración de la justicia (favorecimiento de fuga) en modalidad culposa.
Además, Juan Goyeneche y Juan Velásquez, ex educadores sociales de ‘Maranguita’, son investigados por “confabular para favorecer la huida de los menores y actuar en forma dolosa”. La policía cree que estas dos personas fueron sobornadas por ‘Gringasho’ y participaron directamente en la fuga de los internos.
LLATAS CULPA A EX JEFE DE SEGURIDAD En declaraciones a El Comercio, Llatas negó haber incumplido sus funciones y sostuvo que la seguridad estaba a cargo de la Oficina de Seguridad Integral (OSI) del Poder Judicial. Sin embargo, señaló que los educadores sociales Goyeneche y Velásquez, que sí están a su cargo, recibieron ayuda del personal de seguridad para facilitar la fuga.
“Esa noche [31 de diciembre] solo fueron a trabajar siete agentes de seguridad, cuando lo normal es que vayan diez. Eso debió solucionarlo, desde la mañana, el ex jefe de seguridad del centro, Miguel Espinoza”, dijo Llatas. Agregó que en setiembre del 2012 solicitó a la OSI que lo destituyera del cargo, pero el Poder Judicial no le hizo caso.
“Desde que ingresé a ‘Maranguita’, en junio del año pasado, advertí serias deficiencias en el trabajo de Espinoza. Hubo falta de control de sus agentes e ingreso de celulares y drogas al centro de rehabilitación”, dijo Llatas, aun cuando en enero aseguró a El Comercio que no había problemas de seguridad en el reclusorio. Espinoza no pudo ser ubicado para responder a estas denuncias.