Cuestionan acta firmada durante el diálogo en Saramurillo

Debido a que distorsionaría la aplicación de la ley. Fiscal a cargo sostuvo que acuerdos no condicionan su labor

Cuestionan acta firmada durante el diálogo en Saramurillo

Representantes de la fiscalía y de Petro-Perú, así como la ministra Marisol Pérez Tello, suscribieron un acta de cumplimiento de compromisos el domingo último. (Foto: PCM)

El pasado 19 de noviembre, el Ejecutivo anunció que había llegado a un acuerdo con los 125 dirigentes de las comunidades indígenas de Saramurillo (Loreto) para suspender las protestas que durante 75 días paralizaron esta región de la Amazonía. 

Luego de una semana de reuniones, el ministro de Cultura, Jorge Nieto, y el hoy ex titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Mariano González, anunciaron que los apus habían suscrito un acta con cinco compromisos para ambas partes. 

El segundo de estos se refería a “la entrega de las instalaciones retenidas” por las comunidades, la cual debía darse el domingo 27 de noviembre con presencia de representantes de Petro-Perú, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Mindef y el Ministerio de Justicia (Minjus). 

—Compromiso asumido—

El domingo último, antes de retomar el diálogo en Loreto, las comunidades de Saramurillo y los representantes del Ejecutivo firmaron una nueva acta. En esta ocasión, concerniente al cumplimiento del segundo compromiso en mención. 

En el documento, los apus loretanos –representantes de las comunidades Kukama Kukamiria, San Pablo de Tipishca, Samiria, Alto Tigre, Achuar y Alto Pastaza– indicaron que habían cumplido con entregar las “instalaciones y embarcaciones retenidas de la empresa Petro-Perú S.A.”. 

También confirmaron que se había restituido el tránsito fluvial en el río Marañón, el cual fue bloqueado como medida de fuerza desde el 1 de setiembre. Petro-Perú precisó en el acta que “no iniciará ni impulsará acciones legales [contra las comunidades] por lo acontecido durante las medidas de protesta”. 

—¿Ley o letra muerta?—

El experto en derecho penal Carlos Caro explicó que la suscripción de este tipo de actas distorsiona el principio de legalidad, el cual establece la Constitución para la persecución de posibles delitos, como la toma de instalaciones o embarcaciones. 

“Se crea un precedente negativo. El Ejecutivo debe afinar sus prácticas para la solución de conflictos, porque estos acuerdos pueden condicionar la acción de la fiscalía en la investigación de presuntos actos delictivos, pese a que este es un ente autónomo”, dijo Caro. 

El abogado penalista Mario Amoretti indicó que el acta firmada por el Ejecutivo sí condiciona la acción del Ministerio Público. “No debió suscribirlo el fiscal, quien –en caso de que no inicie una investigación– podría cometer el delito de omisión de denuncia, e incluso encubrimiento”, agregó Amoretti. 

Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirmó que es evidente la intención del Ejecutivo de ponderar el diálogo por encima del principio de legalidad, lo que “sería riesgoso, puesto que el Estado pierde su autoridad”. 

—“No condiciona”—

Hugo Baños Castro, fiscal de prevención del delito de Loreto y uno de los firmantes del acta, dijo a El Comercio que, de ninguna manera, su rúbrica condiciona la acción del Ministerio Público respecto a los hechos sucedidos en Saramurillo. 

“En el documento no se dice que la fiscalía no va a iniciar acciones. Hay un vacío que juega a favor de nosotros. No obstante, mi firma no condiciona que se inicien acciones penales a futuro si se comprueba la comisión de delitos”, indicó Baños. 

En ello coincide José Elice, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo: “Si Petro-Perú decidió comprometerse a no iniciar acciones legales, es problema de ellos. [...] Podría asegurar que las comunidades saben que el Ministerio Público puede actuar con la fuerza de ley si es que ha habido delito”. 

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para conocer su versión sobre el compromiso asumido, pero indicaron que no participarían en este reportaje. Tampoco se obtuvo respuesta del Minjus ni de la PCM. Al cierre de esta edición, las reuniones en Loreto continuaban aunque no se conocieron los detalles.

Firmantes
El acta fue firmada –entre otros– por nueve representantes indígenas, por la titular del Minjus, Marisol Pérez Tello, y por el representante de la Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, Hugo Baños Castro.

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