'El Estado en emergencia', por José Carlos Requena

"El Estado es incapaz de lograr aquello para lo que el concepto fue concebido: administrar un territorio", dice el experto

'El Estado en emergencia', por José Carlos Requena

Este dique, construido tras El Niño de 1998, debió retener las aguas de la quebrada de San Ildefonso, pero colapsó tras las intensas lluvias que se registraron el martes en Trujillo. (Foto: Johnny Aurazo / El Comercio)

La crisis originada por los huaicos y desbordes ha desnudado una de las más patentes aunque ignoradas falencias del país: la calidad del Estado. 

En sus tres niveles de gobierno, el Estado Peruano es incapaz de lograr aquello para lo que el concepto fue concebido: administrar un territorio.

El (hoy hiperactivo) gobierno nacional ha sido el principal receptor de las impopularidades. Pero no se debe olvidar que la gestión gubernamental se basa en un servicio civil embrionario, desordenado, poco eficaz, en el que conviven profusos regímenes laborales, donde existen solo excepciones en lo que a claridad en la línea de mando se refiere (las Fuerzas Armadas, la diplomacia o las burocracias de algunas agencias gubernamentales dedicadas a temas económicos). Al margen de las críticas a las autoridades nacionales, ¿sería distinta la situación con otra persona sentada en el sillón presidencial? 

Los otros niveles de Estado, el regional y el local, han sido claramente sobrepasados no solo por la fuerza de la naturaleza, sino por las inmensas tareas pendientes que nunca se lograron culminar. 

A ello contribuyen las limitaciones en capital humano, en disponibilidad y solidez, y la voluntariosa descentralización que se padece desde el 2002. La bienintencionada transferencia de funciones solo ha logrado reproducir las sinrazones que acompañaban antes a la gestión centralizada. Por ejemplo, ¿por qué esperar que los gobiernos subnacionales sean eficientes en controlar la minería informal que el viejo Gobierno Central nunca administró adecuadamente?  

Además, a pesar de la aparente reducción del Estado de los noventa y de su siempre mentada ausencia, el Estado no ha dejado de crecer. En el Gobierno Central, desde el 2000, se han creado numerosas agencias que confunden a la ciudadanía y que dejan amplio espacio a responsabilidades compartidas, sin adecuada rendición de cuentas.

A ello se agregan las funciones asignadas a los municipios y gobiernos regionales. ¿Quién es, por ejemplo, responsable de que circulen buses por las carreteras cuando hay peligros inminentes? Todo ello sin contar los numerosos ámbitos para prácticas corruptas que la sobrerregulación en todos los niveles de gobierno propicia.

Los noventa significaron un artificial desmontaje del ineficiente Estado elefantiásico forjado en décadas previas. La reducción del aparato estatal, que privilegiaba la privatización, nunca significó la concreción de su eficiencia. Entrado el nuevo milenio, la ineficacia se descentralizó. 

Con la anuencia de sus élites, que se regodean en su confort, el país parece haber cambiado poco. Más de treinta años después de El Niño de 1983 y casi veinte del que azotó el país en 1998, una continuidad es evidente: el Estado aún se encuentra en emergencia


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