Editorial: Sin filtro

La forma en que los partidos locales arman sus listas de candidatos al Congreso no puede ser llamada ‘proceso de selección’.

(Foto: Archivo El Comercio)

Por: Editorial El Comercio

Rara es la semana en la que los programas periodísticos no incluyen reportajes sobre entuertos o desaguisados protagonizados por algún congresista, pero la que acaba de pasar ha batido quizás todos los récords al respecto. Por un lado, hemos sabido que la legisladora Yesenia Ponce, que desde hace tiempo arrastra un problema relacionado con la veracidad de la información de su hoja de vida en materia de estudios, consigna en las actas de evaluación que supuestamente prueban que cursó 4° y 5° de secundaria los nombres de ‘profesores’ que no ejercieron jamás la docencia (un dato que viene a sumarse al de la naturaleza fantasmal de sus pretendidos compañeros de promoción y la institución en la que se habría graduado).

Por otra parte, nos hemos enterado de la renuncia al despacho de la parlamentaria Lizbeth Robles de dos asesores que alegan haber sido víctimas de una extorsión sistemática de parte de Edward Rojas –pareja de la congresista– para que entregaran mensualmente el 50% de sus sueldos.

Y, por último, hemos conocido también que el legislador Edwin Vergara Pinto fue socio empresarial de Diego José Sánchez Ospina, cabecilla de una banda colombiana de narcotraficantes. Los datos, por supuesto, han sido objetados por parte de algunos de los involucrados y tendrán que ser confirmados para acarrear alguna consecuencia, pero la verdad es que, con la historia reciente del Parlamento en la memoria, queda la sensación de que aquí está lloviendo sobre mojado.

El rosario de atropellos, torpezas sospechosas y potenciales crímenes suena de hecho tan conocido, que cualquiera habría pensado que, después de tantas experiencias con ‘comeoros’, ‘robacables’ y ‘mataperros’, los partidos locales habrían tenido esta vez un cuidado especial a la hora de conformar sus listas de postulantes al Legislativo.

Nada de eso, sin embargo, ha sucedido. A la luz de lo ya mencionado líneas arriba y de otros casos expuestos por la prensa en los últimos 20 meses, es evidente que la forma en que las organizaciones políticas locales han armado en esta ocasión sus nóminas de candidatos no puede ser llamada ‘proceso de selección’, pues si los representantes que tenemos a la vista se cuentan efectivamente entre lo mejor que podían ofrecernos, no queremos ni imaginar cómo sería el resto…

En realidad, hay que decir que el mal afecta y ha afectado prácticamente a todas las colectividades presentes en el hemiciclo, pero no podemos ignorar que los tres episodios aquí reseñados se refieren a congresistas que postularon por las listas de Fuerza Popular (FP). En parte, eso se explica por el hecho de que, al ser por mucho la bancada más numerosa (tenía 73 integrantes cuando se inició este gobierno), es de esperar que la mayoría de casos provenga de sus filas. Pero también por una ausencia de filtros de la que los líderes del conglomerado naranja no pueden desentenderse.

“La elección de nuestra lista ha sido un largo proceso de evaluación”, afirmó Keiko Fujimori el 19 de enero del 2016, día en que presentó oficialmente a sus aspirantes al Parlamento. No obstante, a raíz de lo que conocemos ahora, cabe preguntarse si decía la verdad o si, por lo menos, las personas responsables de esa pretendida evaluación han sido removidas de sus cargos.

Si bien es cierto que el origen del mal es parcialmente atribuible también a los electores y al voto preferencial, que premia sobre todo las campañas con más inversión, es completamente inverosímil que los legisladores a los que nos referimos, así como tantos otros cuyos particulares despropósitos esperan su turno en la Comisión de Ética, hayan pasado por filtro alguno antes de recibir la bendición del partido. Si la prensa ha podido detectar las eventuales falsedades que plagan sus historias académicas o las juntas de cuidado con las que han establecido negocios en el pasado, ¿no estaba acaso la organización política en cuestión en condiciones de hacer lo propio antes de permitirles competir bajo su bandera?

¿Hará falta que la aprobación del Congreso llegue a niveles aun inferiores al 14% que registra la última encuesta de Ipsos-El Comercio para que los directamente afectados se decidan a enfrentar este problema? Seguramente luego del próximo sondeo lo sabremos.

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