"Poblaciones vulnerables son las más afectadas por la ley de publicidad"

Procurador Luis Huerta señaló en Arequipa que eso se debe a que la mayor parte de ellas no tiene acceso a internet

Procurador

Por: Zenaida Condori

Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público del Ministerio de Justicia, señaló este viernes que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas con la ley de publicidad estatal por no tener acceso a internet en su mayoría.

“La argumentación del congresista [Mauricio] Mulder está muy centrada en lo que pasa en la capital o en algunos departamentos. Pero se debe pensar en la población en general. El Estado no dirige sus actividades a un grupo cerrado de personas, es para toda la población y sobre todo las más vulnerable”, manifestó el abogado.

Huerta hizo esta declaración luego de finalizar la audiencia del Tribunal Constitucional, realizada en la ciudad de Arequipa, en la que sustentó la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra esa norma.

Sobre el presupuesto público destinado a la publicidad, el procurador explicó que la norma vigente exige que todos los sectores informen a la contraloría sobre los gastos y se justifique la inversión hecha. Dijo estar en desacuerdo con la ley de publicidad estatal porque "todos los ciudadanos tienen que conocer cómo se invierten los recursos y los resultados de esa inversión".

El procurador anunció que el próximo lunes entregará al Tribunal Constitucional la información de las campañas pendientes que tienen los ministerios, como medidas para afrontar las heladas o prevenir la violencia a la mujer, las cuales no pueden efectuarse a través de los medios privados por la prohibición de la norma de publicidad estatal.

En su informe ante el Tribunal Constitucional, Huerta sostuvo que la cuestionada norma vulnera a la Constitución pues "restringe al Estado la posibilidad de informa sus acciones a través de los medios privados y limita a las personas a recibir información del Estado".

El presidente del TC, Ernesto Blume, indicó que su órgano constitucional resolverá con objetividad e imparcialidad la denuncia contra la ley de publicidad estatal en un plazo no mayor de 30 días.

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