Andahuaylazo, 2005: la historia del sangriento asalto etnocacerista que encabezó Antauro Humala

La madrugada del 1 de enero de 2005 irrumpió con balas en la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac, al sur del país. Ciento sesenta reservistas etnocaceristas, al mando del mayor del Ejército (r) Antauro Humala, tomaron la comandancia policial en un acto de abierta insurrección. Exigían la renuncia del presidente constitucional Alejandro Toledo y la vuelta a un pasado glorioso que solo ellos invocaban.

Ese ataque fue el clímax de meses de agitación subversiva orquestada por Antauro Humala.

ANTECEDENTES DE LA INSURRECCIÓN

Antauro, cabecilla etnocacerista e hijo de Isaac Humala, ya había protagonizado el levantamiento de Locumba en el año 2000 junto a su hermano Ollanta. Aquel motín contra Alberto Fujimori les valió una amnistía, pero no curó su sed de poder.

En 2004, el violento Humala radicalizó su discurso a través del libelo “Ollanta”, insultando a autoridades y militares. El detonante llegó el 29 de diciembre de 2004: el Ejército pasó a retiro a Ollanta Humala y a otros 249 oficiales. Antauro lo tomó como una afrenta personal y estatal.

Desde julio de 2004, el mayor planeaba la insurrección con lugartenientes y reservistas, veteranos del Cenepa y la lucha antisubversiva, pero adoctrinados en etnocacerismo. Informes de inteligencia del Digimin advertían del movimiento en Andahuaylas, pero el entonces ministro del Interior, Javier Reátegui Roselló, los ignoró.

Elegir Andahuaylas no fue casual: allí se formó el último ejército cacerista a fines del siglo XIX. Humala evocaba un mestizaje mítico para justificar su golpe.

LA TOMA DE LA COMISARÍA

A las 4 y 25 de la madrugada del 1 de enero de 2005, los etnocaceristas entraron por la avenida Perú en Andahuaylas. Solo 10 policías custodiaban la comandancia; el resto, estaba de franco. La resistencia fue débil: tomaron 80 fusiles HK-G3, escopetas, granadas, pistolas, bombas lacrimógenas y dos patrulleros.

Diecisiete agentes se convirtieron en rehenes y fueron expuestos como “borrachos” ante la multitud para así enardecerla. Humala asumió el mando de cinco manzanas de la ciudad. Una patrulla policial intentó recuperar el puesto, dejando cinco policías y dos reservistas heridos.

Los pobladores entregaron alimentos y ropa a los humalistas, hostigando a policías y a los primeros periodistas que llegaron al lugar del conflicto. Era el apoyo inicial de los andahuaylinos, manipulados por el cabecilla Humala.

INCURSIÓN AL CUARTEL LOS CHANCAS

Los rebeldes marcharon al cuartel militar Los Chancas. Humala dialogó con el teniente coronel a cargo, buscando plegar al batallón. Pero fracasó: los militares se defendieron. Los revoltosos regresaron a la comisaría, frustrados pero armados.

El presidente Alejandro Toledo, desde Punta Sal, declaró en emergencia Apurímac y envió 300 efectivos de la DIROES. Nombró negociadores: el general PNP Félix Murazzo y el general EP José Williams Zapata. Cortaron la luz; ráfagas nocturnas tensaron la ciudad.

LA EMBOSCADA MORTAL DEL 2 DE ENERO

A las 5 de la mañana del 2 de enero de 2005, los etnocaceristas emboscaron una patrulla del Escuadrón Verde en el puente Colonial Anccoyllo, sobre el río Chumbao. Cuatro policías fallecieron: el capitán Carlos Cahuana Pacheco, el teniente Luis Chávez Vásquez, y los suboficiales Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal.

Un informe posterior de Criminalística sugirió que las balas provinieron desde el cerro Huayhuaca, donde Julio Ludeña Loayza, “el centinela” humalista había ultimado a un policía herido. Antauro Humala se ufanaba de los sangrientos hechos, afirmando: “Yo ordené tomar la comisaría”.

Doscientos seguidores bloquearon el hospital con heridos insurgentes. Humala arengó desde las patrullas capturadas, prometiendo armas a la población y culpando al presidente Toledo por la crisis económica y los retiros militares.

Varias barricadas cerraron las calles de la ciudad. En una entrevista radial, Humala deliraba: “Retomamos el último ejército cacerista”. Su retórica incendiaria avivó la violencia.

“PASEO TRIUNFAL” Y CAOS

El 3 de enero de 2005, alrededor de mil pobladores marcharon a la plaza de armas de la ciudad con Humala a la cabeza. Era su forma de rendirse tras reunirse con el entonces director de la PNP, Félix Murazzo. Humala fue incluso cargado en hombros en un supuesto “paseo triunfal” hacia la comisaría. Pero, finalmente, fue arrestado en el municipio.

El 4 de enero, más de cien etnocaceristas atrincherados recibieron una carta de Antauro Humala: “Depongan las armas”, les decía. Se rindieron. Entregaron sus armas; parte de la población apedreó algunos locales. Hubo 163 detenidos, de los cuales 24 fueron derivados a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), y otros a diversos penales del país.

Posteriormente, la Policía realizó allanamientos de locales etnocaceristas como el de El Agustino, en Lima, donde hallaron armas y elementos simbólicos que las autoridades policiales calificaron como de “ocultismo incaico y nazismo”.

La Dircote acusó a Antauro Humala de rebelión, homicidio calificado, secuestro y tenencia ilegal de armas. En 2009, el Poder Judicial lo condenó a 25 años de prisión efectiva, pero la Corte Suprema rebajó la pena a 19 años en 2011, recalificando los cargos como rebelión, secuestro agravado, sustracción de armas, daños y homicidio simple —ya no calificado—.

Durante ese lapso, el Tribunal Constitucional rechazó el hábeas corpus que presentó el cabecilla etnocacerista.

Su hermano, Ollanta Humala, quien sería presidente de la República entre 2011-2016 lo respaldó inicialmente, pero luego se distanció de él. Antauro Humala señaló que su sublevación tenía la “orden expresa” de este; no obstante, asumió la responsabilidad de su sangrienta incursión andahuaylina.

LIBERACIÓN POLÉMICA EN 2022

El 19 de agosto de 2022, el INPE le otorgó la libertad por redención: 17 años, 7 meses y 14 días cumplidos, gracias a 3.667 días de labor y educación (7 días por 1). Salió el 20 de agosto, orgulloso de su “hazaña” que costó vidas humanas ese enero de 2005.

La salida de Antauro Humala revivió el dolor de las familias afectadas en Andahuaylas, que veían premiada la violencia etnocacerista con impunidad. En enero de 2024, El Comercio reveló que Humala no había pagado la reparación civil a las familias de las víctimas, pese a la orden judicial por daños del motín sangriento.

En febrero de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó el hábeas corpus de Antauro Humala, que pretendía anular su sentencia por el Andahuaylazo.

Así, el cabecilla etnocacerista ha persistido en victimizarse: al salir de prisión, expresó orgullo por su “hazaña” sangrienta y mantuvo un discurso radical que sigue inquietando a víctimas y analistas. La sangre de cuatro héroes policiales mancha para siempre su legado de violencia.