El sector agrícola sigue concentrando algunas de las mayores brechas estructurales del país, incluidas los mayores niveles de pobreza y trabajadores en la informalidad. Las propuestas de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) identifican problemas reales, pero contienen riesgos significativos: metas sin sustento técnico, intervenciones que comprometen el libre comercio y exclusiones deliberadas del agro moderno.

Diagnóstico y balance 2025

El sector agrícola creció 5,5% en 2025, por encima del PBI total (3,4%), impulsado casi íntegramente por las agroexportaciones. Estas alcanzaron un récord histórico de US$ 12,6 mil millones, 13 veces más que hace dos décadas, lideradas por los arándanos, uvas, paltas y mangos. Así, la producción destinada a los mercados externos creció 15,5%, triplicando su contribución al crecimiento del PBI respecto al 2024 y dando empleo a cerca de 375 mil trabajadores, en promedio, durante el año.

Por su parte, la producción destinada al mercado interno cayó 0,9% en 2025, interrumpiendo la recuperación del sector en 2024. Este retroceso se explica por las vulnerabilidades climáticas que redujeron los rendimientos de cultivos como la papa, maíz y quinua en la sierra, así como por inundaciones en el norte. No es un episodio aislado: en 2023, el Fenómeno de El Niño (FEN) contrajo la producción del mercado interno 4,9% y el PBI agrícola cayó 3,3%. Para 2026, el Estudio Nacional del FEN advierte sobre condiciones que podrían activarse en la segunda mitad del año y el BCRP proyecta una moderación en el crecimiento del agro a 2,5%.

Un aspecto clave en el desarrollo del sector es la infraestructura de riego, pero viene rezagada. Entre 1994 y 2024, según INEI, la frontera agrícola en el Perú se duplicó, de 5,5 millones a más de 11 millones de hectáreas. Sin embargo, en ese mismo periodo, la superficie bajo riego apenas aumentó de 32% a 34%. Además, persisten importantes brechas entre regiones: mientras en la costa el 84% de hectáreas de producción agrícola cuenta con riego, en la sierra y la selva solo llega a 16%. En este escenario, impulsar grandes proyectos de riego permitiría sumar hasta 985 mil hectáreas bajo riego, cuatro veces la superficie hoy destinada a la agroexportación.

Según el Midagri, 9 de cada 10 unidades agropecuarias es agricultura familiar. Ello explica que el 95% de los trabajadores en el agro sean informales al 2024, frente al 72% del promedio nacional. Asimismo, el 39% de los hogares cuyo jefe trabaja en el sector vive en condición de pobreza, la tasa más alta entre todos los sectores. Esto es especialmente preocupante considerando que el agro emplea al 36% de los trabajadores peruanos.

Riego y agua

Frente al problema de acceso a riego, FP propone impulsar y destrabar importantes proyectos como Chavimochic III y Majes II, con la meta de elevar la superficie bajo riego a 60%. Sin embargo, sin una estrategia clara que revierta el estancamiento de las últimas tres décadas, ese objetivo carece de sustento técnico. JPP propone habilitar 500 mil hectáreas bajo riego y destinarlas a cooperativas y empresas comunales, excluyendo de su plan al agro moderno. Además, propone un canon hídrico donde los que ganen más paguen más por el uso del agua. Ello distorsiona el concepto de canon, y busca establecer una tarifa del agua que no reflejaría su costo de obtención. RP, por su parte, no propone ninguna estrategia clara para el desarrollo de infraestructura de riego.

Agroexportaciones

En este frente, FP y RP coinciden en la necesidad de continuar impulsando el sector y de preservar el marco normativo de los TLC vigentes. Sin embargo, FP plantea el uso de medidas antidumping y licencias para proteger la producción nacional. Sin sustento técnico, estas intervenciones comprometerán el acceso a los mercados externos si los países afectados deciden aplicar represalias. Además, RP promete garantizar un tipo de cambio que favorezca la exportación, una medida incompatible con la autonomía del BCRP y el régimen de libre flotación de la moneda. También plantea crear zonas francas en el sur andino y la selva, pese a que estos esquemas existen o han existido en el Perú y han probado ser históricamente costosos e inefectivos.

Por su parte, JPP no reconoce la importancia del sector agroexportador en el desarrollo, la tecnificación de los cultivos, su aporte al empleo y los mayores ingresos de los trabajadores. En su lugar, critica la concentración de la agroexportación, su uso del agua y de las tierras. En esa línea, ellos plantean eliminar los beneficios tributarios renovados en 2025, renegociar los TLC y establecer una producción de cultivos planificada.

“Impulsar grandes proyectos de riego permitiría sumar hasta 985 mil hectáreas bajo riego, cuatro veces la superficie hoy destinada a la agroexportación”.

Productividad

Para potenciar la productividad agraria, FP propone ampliar el capital de Agrobanco y extender líneas de crédito a la pequeña agricultura. Sin embargo, sin un acompañamiento adecuado, esto puede traducirse en deudas incobrables. De hecho, casi la mitad de la cartera de Agrobanco presenta una morosidad de al menos tres meses, seis veces superior a la registrada en cajas rurales y municipales por créditos a microempresas. Por su parte, JPP plantea un programa de cambio tecnológico de riego, sin profundizar en los detalles. Finalmente, RP propone un sistema de I+D en cada valle y cuenca con alianzas internacionales y un giro hacia lo orgánico, con un rechazo explícito y sin mayor sustento a los transgénicos. Sin embargo, no incorpora un plan de cómo financiarlo ni en qué plazo estaría listo.

Fenómenos climáticos

El Cenepred estima que casi 6 millones de hectáreas agrícolas enfrentan riesgo alto o muy alto frente a movimientos de masa y 2 millones frente a inundaciones. Pese a ello, solo FP incorpora una herramienta específica de gestión del riesgo: la ampliación de seguros climáticos frente a sequías, heladas e inundaciones. La medida es técnicamente adecuada, pero insuficiente sin inversión paralela en infraestructura de prevención y alerta. Por su parte, JPP propone la reforestación de cuencas andinas y el desarrollo nacional de sensores para prevenir desastres. Sin embargo, no profundiza sobre las propuestas. Por último, RP no incluye una estrategia explícita de adaptación climática ni de aseguramiento agrario, omisión grave frente a la recurrencia de El Niño.

Empleo rural

Para mejorar los ingresos en zonas rurales, FP y RP proponen programas de empleo para la construcción de infraestructura rural y reforestación. Sin embargo, este tipo de medidas tienden a ser costosas y de impacto temporal. Ambos partidos también indican que promoverán la integración de los pequeños agricultores a la cadena de valor agroexportadora, aunque ninguno especifica cómo lograrlo.

Por su parte, JPP plantea incrementar los ingresos en el sector mediante incentivos a la asociatividad y al cooperativismo. Su meta es que al 2031 el 50% de productores se encuentre asociado. Ello no parece una meta real considerando que solo el 7% de los agricultores forma parte de una asociación o cooperativa. Además, según el INEI, el 30% de los productores que pertenecen a alguno de estos grupos indica que no recibió beneficio alguno en los últimos 12 meses.

El reinicio de las actividades de investigación de este tipo de conductas por parte de Indecopi es positivo. Desde la aplicación del régimen del control de concentraciones empresariales (2021) ha sido evidente la reducción en el número e importancia de las investigaciones por concertación.

Con pocos recursos, las actividades de Indecopi se han focalizado en la revisión de operaciones de concentración que en su gran mayoría no representan riesgo alguno para la competencia. Desde el inicio del régimen, el 93% de operaciones notificadas fueron aprobadas de manera pura y simple por no representar riesgos. No generaban ningún problema. Una de las operaciones que fue condicionada por generar un riesgo a la competencia, nunca se concretó (operación KKR/Telefónica/Entel). En este último caso se tiró al tacho de basura la inversión de recursos públicos hecha en la revisión de una operación que no pasó del papel. Gasto inútil persiguiendo ratones o simples fantasmas.

Este descuido de las investigaciones de cárteles de los últimos años ha generado una disminución en la percepción de la efectividad de Indecopi para detectar acuerdos entre competidores, por lo menos a ojos de los actores que siguen más de cerca sus actividades. Según los resultados de la encuesta aplicada por el Centro de Competencia (CECO) de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile) sobre la percepción de la institucionalidad de libre competencia en el Perú, en los últimos cuatro años se registra una caída constante en la percepción de su efectividad para detectar este tipo de conductas.

Esto es serio. Este tipo de acuerdos no solo perjudican a los consumidores, sino que ponen en tela de juicio la capacidad del libre mercado de generar bienestar para la gente. El estallido social en Chile (2019) que terminó en un cuestionamiento a su modelo económico y en el inicio de un proceso de reforma constitucional fue alimentado por revelaciones previas de acuerdos colusorios en mercados muy cercanos a la gente (papel higiénico, farmacias y supermercados). Un Indecopi ineficaz frente a conductas colusorias deslegitima el modelo económico de la Constitución y le hace el juego a quienes quieren modificarla que, a juzgar por el resultado de las elecciones, no son pocos.

El reinicio de estas actividades es positivo. Pero un Indecopi descabezado y sin liderazgo no llegará muy lejos en esas iniciativas. En los últimos seis años ha cambiado de manos varias veces (5 en total). Su actual presidente habría renunciado; circulan especulaciones sobre su reemplazo. Los candidatos que han quedado en carrera, ¿quieren un Indecopi persiguiendo ratones o fantasmas?, ¿fortalecerán su independencia o lo quieren débil para manejarlo a su antojo? ¡Corren apuestas!

Así, la empresa Southern Perú Copper Corporation podrá iniciar la explotación minera en el tajo La Tapada, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. Esta es la primera etapa del proyecto Tía María.

De acuerdo a la resolución, la empresa presentó la documentación técnica requerida para esta fase del proyecto como la acreditación de propiedad del terreno superficial, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la certificación ambiental vigente, sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y la conformidad otorgada por el Senace en 2018.

En cuanto a la consulta previa, la entidad indicó que no corresponde ser aplicada al no identificarse presencia de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa del proyecto, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley N.º 29785.

Con ello Southern Perú queda habilitada para iniciar la etapa de explotación en La Tapada y deberá cumplircon el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, así como con los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental durante el desarrollo de sus operaciones, se lee en el documento.

Además, dispone que la resolución sea remitida a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec.

En medio de la incertidumbre electoral, el debate económico vuelve a ser central. Por eso, desde Videnza Instituto evaluamos las principales propuestas económicas de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular.

Fuerza Popular: continuidad con cautela

Fuerza Popular presenta el enfoque más explícito en disciplina macroeconómica. Propone mantener la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la continuidad de su actual conducción, así como el retorno a las reglas fiscales y la consolidación del gasto. No obstante, estas propuestas entran en tensión con el aumento estimado anual de 13,5% en el gasto público —según cálculos propios derivados de su plan de gobierno— y con el comportamiento reciente de su bancada en el Congreso.

En materia de crecimiento económico y empleo, el énfasis está en reducir barreras administrativas, digitalizar el Estado y promover la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Además, plantea una pensión universal mínima y el aumento e indexación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, no propone una reforma previsional integral que atienda la sostenibilidad del sistema, los incentivos a la formalidad y la articulación entre regímenes.

Respecto a Petro-Perú, plantea una reestructuración orientada a la eficiencia, incluyendo la venta de activos no estratégicos y la separación del Oleoducto Norperuano. Aunque respalda la inversión privada y los grandes proyectos mineros, preocupa la postura de su bancada frente a iniciativas que favorecen a la minería informal e ilegal. En conjunto, el balance muestra señales mayormente positivas, con alertas relevantes en sostenibilidad previsional y manejo de la informalidad minera.

Juntos por el Perú: ruptura de equilibrios

Las propuestas de Juntos por el Perú suponen un quiebre significativo con el marco económico vigente. En política monetaria, plantean modificar la conducción del BCR y utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social. En el plano fiscal, proponen una reforma tributaria progresiva, impuestos a las grandes fortunas y elevar la presión tributaria al 25% del PBI, diez puntos más que lo actual, junto con mayor gasto social e inversión pública, sin presentar ninguna ruta creíble de transición fiscal.

En cuanto a la actividad económica, promueven una asamblea constituyente que impulse a un Estado empresario con participación directa en sectores denominados estratégicos. Proponen la renegociación de contratos de concesión de recursos naturales y la intervención directa en minería e hidrocarburos, incluyendo la nacionalización del gas de Camisea y la preservación de Petro-Perú como empresa estatal no vendible.

Resulta especialmente preocupante su postura favorable a la minería informal e ilegal, presentada como parte de la economía popular sin exigencias ambientales, laborales ni tributarias claras. Este enfoque debilita la institucionalidad y favorece la expansión de economías ilícitas.

En empleo y salarios, defienden un rol más activo del Estado sin detallar políticas de productividad ni formalización sostenible, y priorizan aumentos salariales desvinculados del crecimiento económico. En pensiones, apuestan por incrementos redistributivos sin un diseño claro ni evaluación de sostenibilidad.

Renovación Popular: orden macro con contradicciones

Renovación Popular declara su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del banco central. Sin embargo, sus propuestas fiscales presentan inconsistencias: plantea reducir el tamaño del Estado y disminuir el IGV sin detallar medidas compensatorias ni una senda clara de consolidación. A ello se suma que el costo de su plan implicaría un aumento estimado de 25,7% en el gasto público.

En crecimiento y empleo, apuesta por menor regulación y mayor participación privada, pero carece de una estrategia explícita de empleo formal y productividad. Tampoco presenta una propuesta estructurada de reforma previsional. En minería, adopta una postura permisiva frente a la informalidad, tratándola principalmente como un problema administrativo y omitiendo sus impactos fiscales, ambientales y de seguridad.

En el caso de Petro-Perú, propone su privatización y el retiro del financiamiento público, aunque preocupa que su candidato haya ofrecido entregar la empresa a sus trabajadores. Finalmente, genera inquietud la relación del partido con el marco jurídico y los contratos firmados por el Estado, a la luz de sus antecedentes en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Balance

La economía peruana conserva fundamentos sólidos, pero su sostenibilidad depende de las decisiones que se toman ahora. El análisis de las propuestas revela diferencias sustantivas entre las tres alternativas evaluadas. Fuerza Popular y Renovación Popular, con matices y contradicciones propias, se inscriben dentro del marco de estabilidad macroeconómica que ha sustentado el crecimiento de las últimas décadas.

Juntos por el Perú plantea un quiebre de distinta naturaleza, que contempla en buena medida los planteamientos del gobierno de Pedro Castillo. Conviene recordar que ese experimento desencadenó la mayor fuga de capitales de la historia reciente del país: 7% del PBI en el tercer trimestre de 2021, según el BCR. Nuestra propia historia demuestra que este tipo de transiciones generan costos que no recaen sobre quienes las promueven, sino sobre quienes menos tienen. Esa asimetría merece estar en el centro del debate.

Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El vocero castrense afirmó que el control del estrecho ha regresado a su estado anterior, lo que implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Zolfagari aseveró que Teherán había permitido previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” en el marco de las negociaciones, medida que, dijo, ha decidido revertir por la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, sostuvo.

Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, aseveró Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.

El dirigente iraní señaló además que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

Trump dijo anoche, en un discurso en Arizona, que el estrecho está “completamente abierto” para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica, lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó en una entrevista con la televisión estatal ayer, y aseguró que el uranio no saldrá del país.

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La primera refleja una realidad de nuestro país: “Las redes de apoyo son indispensables”. En el Perú, más del 80% de mujeres peruanas con hijos son solteras según Reunis (repositorio de información del Estado) porcentaje que ha ido creciendo año a año. En muchísimo casos, implica asumir solas no solo la crianza, sino también el sustento económico y la responsabilidad del hogar. En este contexto, la red de apoyo deja de ser periférica y se vuelve central. Y cuando no existe, las mamás la crean. Hoy muchas encuentran compañía, consejo y contención en comunidades digitales, especialmente en plataformas como TikTok, donde comparten experiencias y construyen nuevas formas de acompañarse. Para las marcas, aquí hay una oportunidad poderosa: dejar de hablar solo de mamá como heroína individual y empezar a reconocer a la red que la sostiene; visibilizarlo puede generar una conexión mucho más auténtica.

La segunda verdad es igual de potente: “Hay nuevos códigos para decir te quiero”. Durante años (e incluso a la fecha), las marcas han representado el cariño desde recursos más clásicos y predecibles: flores, cartas, canciones, etc. Todo eso sigue existiendo, sí, pero ya no alcanza. Hoy, en una generación mucho más digital, el amor se expresa a través de memes, videollamadas, reenvío de reels, playlists o videoclips con fotos. El sentimiento permanece, el lenguaje cambia. Y ahí hay una oportunidad creativa: mostrar que el amor filial también puede verse en códigos contemporáneos, cotidianos y culturalmente vigentes. Entendiendo esto, las marcas podrán entrar a la conversación desde un lugar mucho más relevante; resultando menos acartonados y más cercanos a la vida real.

Y hay una tercera verdad que quizá sea la más incómoda, pero también la más humana: la relación con mamá no siempre es fácil o perfecta. Nunca lo fue. Está llena de tensiones, silencios, distancias y reconciliaciones. No es casualidad que haya miles de contenidos en TikTok sobre “cómo sanar el vínculo con mamá”. Sin embargo, el amor siempre permanece. De hecho, hoy empieza a verse un interés cada vez mayor por reconectar, por reparar, por acercarse desde otro lugar. Para las marcas, esto abre una posibilidad distinta: salir de la idealización vacía y entrar en territorios emocionales más honestos. Porque muchas veces lo que conmueve no es la perfección, sino la verdad.

En una fecha tan saturada de mensajes, la ventaja competitiva no estará en hablar más fuerte, sino en leer mejor la cultura. Y la cultura está diciendo cosas importantes.

Nuestro sector público está seriamente enfermo. Pretender solucionar los problemas de pobreza, educación, salud, transporte, justicia, seguridad manteniéndolo como está, es una quimera, un engaño. Solo una reingeniería integral del Estado nos empezará a conducir a políticas públicas sensatas, para ello reformas estructurales bien encaminadas podrían acercarnos a una solución. Este es el primer gran paso para un cambio.

De otro lado, hasta hoy nuestra política económica ha sido aplicada sin considerar la particularidad de los problemas estructurales que nos rodean. Queremos lograr sostenibilidad fiscal, sin atender la urgencia de encontrar soluciones al tema de la informalidad; queremos ampliar el alcance de la inversión pública sin revertir el mundo de ineficiencia y corrupción que hay detrás de ella, queremos descentralizar sin capacidad de gestión. De allí que nuestras soluciones tienen un alcance poco profundo y frágil. Nuestra política económica requiere apuntalarse.

En otro ámbito, es claro que nuestro sector privado es el que realmente financia al sector público. Lo mínimo que debería tener en esas circunstancias es un adecuado mecanismo de rendimiento de cuentas a su favor. Como no lo tiene, en el ámbito público se denotan excesos: se elaboran leyes que protegen a la misma clase política, se violan los presupuestos, se generan vacíos legales para justificar cualquier desatino, se hipotecan instituciones a partir de su dependencia a una elección de origen congresal. De allí la urgencia de crear un nuevo mecanismo de rendimiento de cuentas a favor del sector privado. Punto importante que ni el mismo sector privado valúa hoy con propiedad.

Los tres elementos reseñados, constituyen limitaciones que se reflejan hasta en el potencial resultado de un proceso electoral.

Como estimamos en un artículo recientemente publicado por este Diario, durante el último quinquenio el costo económico que ha ocasionado nuestra clase política no baja de los US$120.000 millones. Ello podría multiplicarse varias veces si el próximo quinquenio toma las riendas del poder la ignorancia, el resentimiento, la demagogia de un grupo extremista. La generación de incertidumbre, la satanización de la inversión privada, el deseo de generar más corrupción ampliando el ámbito del Estado, la posibilidad de restarle independencia a nuestro BCR vuelve a plantearse como potencial resultado del actual proceso electoral. Una lástima.

¿Cuánto crecerá nuestro PBI este año? En el escenario actual podríamos dejar de crecer en un extremo como, en el otro, iniciar el crecimiento por encima del 4% para los próximos cinco años. Todo dependerá de quien obtenga la victoria final. Una economía sujeta a procesos electorales mal diseñados y ejecutados, a un marco legal que fragmenta el voto, que se hace obligatorio y que se acompaña de entidades dirigidas por individuos de dudosa reputación, reflejan, sin duda, la carencia de institucionalidad y de gobernanza nacional. Todo esto refleja la mala calidad de Estado, la política económica sin visión y la ausencia de adecuados mecanismos de rendimiento de cuentas a favor del sector privado.

Que se entienda bien: el mismo proceso electoral y sus resultados resultan en una consecuencia de la muy deficiente institucionalidad sobre la cual tomamos decisiones. Si no hay cambios, la representatividad gubernamental adolecerá de permanentes deficiencias.

La empresa Inca Rail informó que se encuentra en proceso de transferencia el 80% de su capital social, perteneciente a su accionista Track Investment Holding Limited, cuyo controlador es Carlyle Perú Fund L.P.

Esto fue señalado a través de un hecho de importancia presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) este viernes. Como se recuerda, en noviembre Inca Rail indicó que Track Investment Holding Limited estaba evaluando transferir su participación en la empresa ferroviaria.

De acuerdo a Inca Rail, esto forma parte de un acuerdo suscrito 4 de diciembre entre su accionista mayoritario y RBB Andes Holding Limited para la venta de 21′407.814 acciones de la compañía que opera en Cusco.

Esta transacción va a ser extrabursátil y sujeta al cumplimiento de condiciones previas.

Según el hecho de importancia, el proceso contempla que este viernes Track Investment Holding Limited presente una orden de venta y RBB Andes Holding Limited una orden de compra a Credicorp Sociedad Agente de Bolsa, intermediario de la operación.

La transferencia va a culminarse después de dos días hábiles de registrada la orden de compra frente a las autoridades correspondientes. La operación finalizaría el 21 de abril.

Inca Rail agregó que va a presentar un nuevo hecho de importancia cuando culmine la transferencia de las acciones.

La empresa indicó que, una vez finalizada la transferencia de acciones, emitirá un nuevo hecho de importancia para informar al mercado sobre la culminación del proceso.