Lo que hayan decidido las urnas ayer nos deja un mensaje más allá de las preferencias. Aunque el ideal es que cada uno emita su voto estando debidamente informado, previo ejercicio reflexivo, la realidad es que la mayoría vota “con las tripas”, pensando en sus empleos, en sus sueldos o en los deficientes y escasos servicios estatales que tenemos. No todos votamos con estrategia, pensando en el equilibrio de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento, o en el balance partidario en el Senado y la Cámara de Diputados.

El resultado de la primera vuelta traerá un nuevo escenario, quizá menos complejo (de 35 opciones a dos), pero superlativo y hasta liberador. Se acerca el fin de la incertidumbre que paraliza decisiones e inversiones. Y en ese punto, solo quedará trabajar y avanzar con lo que hay, como lo ha hecho el país durante tantos años. Si bien llevamos años a la deriva, sí tenemos algunas certezas que debemos exigir que las nuevas autoridades cuiden y protejan, como la independencia del BCR, la responsabilidad fiscal y la idoneidad de perfiles con solvencia técnica y capacidad de negociación. Y es que, la diferencia entre gobernar y sobrevivir radica también en nuestra capacidad de exigir integridad, sea cual sea la inclinación política de la autoridad.

Desde este espacio, abocado a la economía y a los negocios, quiero recordar que más allá de las cifras, lo importante es que estas se traduzcan en reducción de pobreza, mejores servicios y/o una atención de calidad en el sector salud. El bienestar proviene del crecimiento económico que, a pesar de los embates, es resiliente, pero no inmune si avanzamos con mucha desconfianza.

Al cierre del día, el mercado y el tipo de cambio reflejarán la temperatura de nuestra elección; será una foto momentánea. El próximo gobierno no solo deberá gestionar el PBI, la inversión privada o la inflación, sino la fragmentación y el debilitamiento institucional. La tarea no es fácil, pero el objetivo es claro: el país debe dejar de caminar sin rumbo y con autoridades por las cuales no sentimos ni el mínimo respeto.

Aunque aún no se conocen los resultados de la primera vuelta al momento de escribir este artículo, el comportamiento actual de los activos ha estado más bajo la influencia de factores internacionales que de locales. En este contexto, ¿cómo tomar decisiones de inversión en la antesala de la segunda vuelta?

Primero, es clave evitar decisiones apresuradas por nerviosismo. Deshacer inversiones en momentos de alta volatilidad rara vez resulta rentable. La experiencia muestra que muchos inversionistas pierden los rebotes posteriores del mercado. Por ello, es fundamental respetar el apetito de riesgo definido inicialmente.

Segundo, se debe evitar “jugarle al mercado” cuando existen necesidades de liquidez de corto plazo. Si se requiere realizar operaciones, como cambiar moneda para cubrir gastos próximos, es preferible hacerlo de inmediato. Intentar anticipar mejores condiciones puede resultar contraproducente en un entorno dominado por encuestas y cambios en el discurso político.

Tercero, la diversificación cobra aún mayor relevancia. Reducir el sesgo local y ampliar la exposición a activos internacionales ayuda a mitigar riesgos asociados al ciclo político. Asimismo, priorizar sectores más resilientes –como aquellos vinculados a la demanda interna– puede ofrecer mayor estabilidad frente a sectores más expuestos a cambios regulatorios o políticos.

En suma, mantener coherencia con el perfil de riesgo, evitar decisiones impulsivas y construir un portafolio diversificado son claves para navegar la volatilidad electoral con mayor tranquilidad.

Este cambio viene acompañado de un salto importante en inversión: los líderes proyectan un crecimiento cercano al 150% en gasto de IA. Sin embargo, el reto estratégico es evidente. Solo el 24% tiene claridad sobre dónde se generará este nuevo valor, mientras que un 68% destaca que la falta de integración con procesos centrales limita los resultados. Para las empresas peruanas, este hallazgo es crítico: innovar ya no es opcional, es una condición para competir.

Estamos en una transición decisiva. La IA dejará de concentrarse en eficiencia para convertirse en un motor de innovación. Hacia el 2030, la inversión estará orientada al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, un cambio radical que abre oportunidades para sectores clave en Perú como minería, banca, retail y logística.

El impacto económico es considerable; los ejecutivos anticipan un aumento del 42% en productividad y planean reinvertir la mayor parte de esas ganancias con el objetivo de expandir su mercado y obtener una ventaja competitiva. Para un país que necesita fortalecer su productividad y acelerar su digitalización, este efecto progresivo puede marcar una nueva etapa de liderazgo regional.

La evolución tecnológica también será un factor determinante, ya que las empresas están comenzando a adoptar arquitecturas multimodales y modelos de IA más ligeros que prometen superar a los modelos masivos actuales. Estas tecnologías, más eficientes y adaptables, permiten mejores soluciones que se ajustan a la realidad del mercado peruano, desde automatización inteligente hasta una mejor experiencia del cliente.

La conclusión es clara: la IA no será un complemento, sino el nuevo cimiento de la empresa moderna. En el Perú, las organizaciones que integren la IA para la toma de decisiones, operaciones y estrategias con visión y ambición, serán las líderes de la próxima década.

¡Tanto trabajo para darle valor a las cosas desde mi carrera! Para lograr que se hable de la Marca Perú con orgullo, que se trabaje en marca personal. Y entonces, en segundos, en uno de los días más importantes para la democracia nacional, para nuestro país y para nuestro futuro, unos incapaces destruyen todo con fallas logísticas, falta de material, demoras y demás descaros. Es increíble que a sabiendas de lo que significa un proceso electoral a nivel nacional, con todo el tiempo de coordinación y prevención que se ha tenido, se haga todo de tal manera que estemos frente a elecciones inválidas y ciudadanos indignados. Pero no por una tragedia inevitable o una crisis imprevisible, sino por incapacidad, y con un panorama sin antecedentes en nuestra historia política.

No estamos frente a un incidente aislado, sino frente a un síntoma. Un síntoma de instituciones que no están a la altura, de una cultura de “cumplir como sea”, de una tolerancia peligrosa a la mediocridad en lo público. Porque cuando normalizamos que 63.000 personas no voten y la respuesta es “no pasa nada”, lo que estamos diciendo es que sí pasa, estamos diciendo que hay ciudadanos de segunda categoría y que hay derechos que pueden esperar y que la democracia es flexible cuando debería ser innegociable. Una elección no solo define autoridades, sino también la confianza en el sistema. Y cada vez que el sistema falla de esta manera, lo que pierde el país no es solo un resultado electoral: pierde legitimidad, pierde cohesión y pierde futuro. ¿Fraude? Quizá. Defraudados, de todas maneras.

Según reportó Bloomberg Línea, el alza se produce en un contexto de creciente incertidumbre ante un posible bloqueo impulsado por Estados Unidos en esta vía marítima clave, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global.

La reacción del mercado refleja el temor a una interrupción en el suministro de crudo, lo que podría generar un shock de oferta con efectos inmediatos en los precios internacionales. Este escenario ha elevado la volatilidad y encendido las alertas entre inversionistas y operadores energéticos.

En paralelo, los futuros de acciones en Estados Unidos registraron caídas, evidenciando la preocupación de los mercados financieros frente a un contexto de mayor riesgo geopolítico, inflación y posibles presiones sobre el crecimiento económico global.

El Estrecho de Ormuz conecta a los principales productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales, por lo que cualquier restricción en su tránsito tiene implicancias directas en el equilibrio energético mundial.

Analistas advierten a Bloomberg Línea que, incluso antes de concretarse medidas más drásticas, el solo riesgo de un bloqueo ya está siendo incorporado en los precios. En ese sentido, el petróleo vuelve a posicionarse como un termómetro de la tensión global, amplificando cada señal de conflicto.

De prolongarse la incertidumbre, aseguran que el impacto podría trasladarse rápidamente a los costos de transporte, combustibles y cadenas de suministro a nivel global, con efectos indirectos sobre la inflación en distintos países.

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar abre hoy en S/3,37 con una baja del 0,72% respecto al cierre del día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 10 de abril?

El tipo de cambio cerró en S/3,3950, según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3790, informó Renta4 SAB.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3790 y máximo de S/3,3950.

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Wall Street abrió en rojo este lunes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,65%, en la primera apertura del mercado tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bloqueará el estrecho de Ormuz, que mantiene cerrado la Guardia Revolucionaria iraní, después de que las negociaciones de paz entre ambos países concluyeran sin acuerdo.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 311 puntos, hasta los 47.605; el selectivo S&P 500 bajaba 0,32 %, hasta las 6.795 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,38%, hasta los 22.815 enteros.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana con pérdidas después de que Trump anunciara este fin de semana el bloqueo, también por parte de EE.UU., del paso clave para una buena parte del suministro global del petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní ha mantenido cerrado Ormuz como represalia desde en inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel, iniciada el pasado 28 de febrero.

Trump condicionó el alto el fuego de dos semanas, anunciado hace unos días, a la apertura del estrecho, sin embargo, tras concluir sin acuerdo las más de 20 horas de negociaciones en Islamabad entre una delegación de Estados Unidos y otra de Irán, el mandatario avanzó que la Armada de Estados Unidos “comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

Además, acusó a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”. Tras esto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se volvió a disparar por encima de los 103 dólares el barril, tras subir más de un 7 %, a la apertura del mercado bursátil.

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs caía 4,11%, después de presentar un beneficio neto de 5.630 millones de dólares, un 18% más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos.

Otros índices del sector que también presentan cuentas esta semana, también abrieron en rojo: JP Morgan caía un 1,11 %; Citigroup, un 1,07 %; y Wells Fargo, un 0,91 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía 0,77%, hasta los 4.750 dólares la onza; y la plata perdía 3,01%, hasta los 74,18 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó la semana con una subida del 7,13%, hasta los 103,48 dólares el barril, tras el anuncio de Donald Trump de que EE.UU. bloqueará el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, a partir de hoy.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 6,89 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior.

La Marina de Estados Unidos se prepara para imponer un bloqueo a los puertos de Irán después de que las conversaciones de paz fracasaran durante el fin de semana.

Pese a que Trump sigue abierto a una solución diplomática, según sus asesores, y una segunda ronda de conversaciones podría celebrarse en cuestión de días; The Wall Street Journal señala que el mandatario estadounidense está considerando llevar a cabo ataques limitados contra Irán para romper el estancamiento en las conversaciones de paz.

El viernes, el precio del oro negro cerró la semana con un desplome del 13%, registrando su mayor caída semanal desde 2020.

Aún así, la expansión de la economía peruana continúa estando lejos de su potencial y las reformas que el país necesita para crecer más han sido abandonadas. En este contexto, diversos líderes de gremios empresariales comparten con Día1 sus expectativas de corto y mediano plazo para el próximo quinquenio, así como los desafíos que sus sectores enfrentarán en el renovado tablero de ajedrez local.

1. El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que la inversión privada crecerá 9,5% este 2026. ¿Qué se requiere para alcanzar esta meta?

Jorge Zapata, presidente de la Confiep: La condición más importante es la certidumbre política y jurídica. Sin reglas de juego claras y estables, la inversión, especialmente la de largo plazo, se posterga o sale del país. Es fundamental, por ello, evitar escenarios que generen incertidumbre, como cambios constitucionales innecesarios; y asegurar el respeto a la propiedad, a los contratos y a las reglas tributarias. Un entorno macroeconómico estable y una predictibilidad jurídica que sostengan la confianza empresarial generará el empleo formal que el Perú tanto necesita.

También es esencial mejorar la ejecución de la inversión pública. Nuestro sistema de contratación pública tiene que mejorar sustancialmente. Además, hay que revisar el rol de la Contraloría General de la República. Por último, necesitamos fortalecer al Estado, apelando a la meritocracia en las entidades públicas y de ninguna manera hacerlo crecer innecesariamente.

Jessica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP): Para alcanzar dicha meta se requiere estabilidad política y predictibilidad en las normas. Sin reglas de juego claras y estables no habrá inversión privada. A ello se suma la tarea urgente de reducir la tramitología y burocracia que retrasa las inversiones.

En el caso del sector pesquero, el clima es otro factor clave. La variabilidad ambiental es una característica del sector, y puede afectar el desarrollo de la actividad pesquera y los planes de inversión. Aquí es clave que las decisiones de gestión pesquera sean oportunas, rápidas y siempre basadas en la mejor información científica disponible.

Por último, fortalecer las instituciones. Se requiere institucionalidad y tecnocracia para que funcionarios con experiencia y capacidades puedan abocarse a dar soluciones a los problemas que afectan a las familias peruanas, como la inseguridad, y al impulso a la inversión privada, para la generación de puestos de trabajo formales.

Alonso Rey, presidente de Comex-Perú: Para alcanzar un crecimiento de 9,5% en la inversión privada, lo primero es recuperar la confianza y generar estabilidad. Eso exige reglas claras, estabilidad jurídica y señales políticas coherentes a favor de la inversión. Hoy, el mayor obstáculo no es la falta de capital, sino la incertidumbre que genera la confrontación política, los cambios de reglas y la mala gestión pública debido a gobiernos de izquierda que solo generan corrupción. Además, urge destrabar proyectos, sobre todo en minería, infraestructura y energía. Si el próximo gobierno insiste en la improvisación o cede ante presiones populistas, esa meta será difícil de sostener.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP): Para alcanzar la meta estimada del BCR, el país requiere –en primer lugar– estabilidad política. Y ello va a depender exclusivamente del Gobierno que elijamos en las elecciones generales. Los vaivenes que hemos tenido en la última década, con nueve presidentes, nos han pasado la factura, debido a que, a pesar de lo que opinan algunos, la economía está también ligada al comportamiento de la política. Esa situación ha llevado a que el PBI peruano crezca a un ritmo anual del 3%, cuando deberíamos estar como mínimo en 6%.

En ese marco, si bien hay grandes expectativas de que la inversión crezca, ese resultado dependerá de quién salga elegido gobernante. El Perú necesita autoridades con conceptos claros para impulsar la seguridad, la competitividad, la inversión y bienestar de los ciudadanos, sin ideologías destructivas ni populismos.

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco): Requiere fundamentalmente que los motores de la inversión privada sigan funcionando a buen ritmo, esencialmente la inversión minera, el mercado inmobiliario residencial y los proyectos de APP (Asociaciones Público-Privadas) y de Obras por Impuestos (OxI). Hay que recordar que, con el desempeño de estos sectores, la inversión privada aumentó 10% en el 2025.

2. Una vez culminado este período electoral, ¿qué riesgos percibe para la economía en el corto plazo?

Jorge Zapata, Confiep: El mayor riesgo es que un nuevo Poder Ejecutivo y Congreso de la República vengan con ideas políticas y económicas trasnochadas que ya han demostrado su fracaso en el pasado, y que políticas populistas sigan incrementando el gasto corriente.

Sería muy complicado, además, que choques externos nos encuentren con debilidad fiscal interna. Problemas en el suministro de petróleo y urea pueden elevar costos y producir una inflación fuera de los rangos y afectar la recuperación, de manera que hay que ser muy responsable en las políticas y medidas a implementarse.

El próximo Congreso debe actuar con mayor responsabilidad fiscal que el actual. Un aumento del gasto sin sustento podría deteriorar la sostenibilidad macroeconómica y la credibilidad del país.

“El mayor riesgo es que un nuevo Poder Ejecutivo y Congreso de la República vengan con ideas políticas y económicas trasnochadas”

Jessica Luna, SNP: En el corto plazo, el riesgo más importante para la economía es el conflicto en el Medio Oriente. Ello viene afectando a nuestro país con el incremento del precio de los combustibles y en el sector pesquero este punto es fundamental para el desplazamiento de la flota, costos del flete, etc.

Y, nuevamente, vemos el tema ambiental como un riesgo. La posible llegada de un Fenómeno de El Niño Global podría afectar directamente la actividad pesquera y ello tendía un impacto negativo en lo que resta del año, al margen de los resultados de las elecciones en nuestro país.

“La posible llegada de un Fenómeno El Niño Global podría afectar directamente la actividad pesquera”

Alonso Rey, Comex-Perú: Concluido el proceso electoral, el principal riesgo para la economía es que este gobierno empiece a promulgar leyes populistas y se incremente el déficit fiscal. El nuevo gobierno debe de inmediato restablecer la autoridad, corregir la debilidad institucional, reducir todas las trabas burocráticas y ejecutar con rapidez.

En el frente externo, persisten riesgos como la volatilidad de los precios de los commodities, las tensiones geopolíticas y un entorno financiero internacional más incierto. Frente a ello, el Perú necesita previsibilidad, disciplina fiscal y una agenda clara de competitividad, no más improvisación como la que hemos tenido en los gobiernos de izquierda.

“El principal riesgo para la economía es que este gobierno empiece a promulgar leyes populistas y se incremente el déficit fiscal”

Gabriel Amaro, AGAP: Hoy existen tres grandes riesgos para el país y el agro. El primero es el Fenómeno de El Niño Costero. En el caso del Perú, existe la posibilidad de tener un Niño grave o severo.

El segundo es la elección de las nuevas autoridades (Gobierno y Congreso) que conducirán al país en el siguiente quinquenio. Si construyen sobre lo avanzado, con visión de desarrollo y competitividad, al país le irá bien. Pero si piensan en reformas agrarias, estatizaciones o en intervenir al BCR, al Perú le irá pésimo.

El tercero es la compleja situación que viene atravesando el mundo por las guerras. Ello viene afectando los mercados internacionales, de los cuales el Perú es dependiente para su desarrollo y crecimiento. Algunos de esos efectos se ven también en el precio de los combustibles, fertilizantes, etc., que agregan sobrecostos a nuestra producción y disminuyen nuestra competitividad.

“Si las nuevas autoridades piensan en reformas agrarias, estatizaciones o en intervenir al BCR, al Perú le irá pésimo”

Guido Valdivia, Capeco: En el entorno global, la continuidad del conflicto en el Medio Oriente puede elevar los costos de materias primas importadas y fletes, aumentando los precios de insumos y bienes terminados. La presión inflacionaria llevaría a los bancos centrales a subir tasas de interés de referencia, encareciendo el crédito y restando atractivo a las inversiones en mercados emergentes como el peruano.

La ocurrencia de un Fenómeno de El Niño moderado este año cortaría temporalmente las cadenas de suministro y reduciría los niveles de producción en las zonas afectadas. La persistencia de iniciativas populistas en el Congreso de la República, que generan una presión inmanejable en las finanzas públicas, también reduce los recursos para inversión y podría impactar negativamente en la calificación crediticia del país.

La incapacidad para implementar una estrategia integral para reducir la criminalidad organizada dificulta las inversiones en zonas donde estas bandas organizadas actúan con libertad. La elección de un gobierno y/o de un Parlamento que no ofrezcan un manejo serio de las cuentas fiscales y que no promuevan la inversión privada y el empleo formal, podría reducir la dinámica económica, en este y los siguientes años.

“La persistencia de iniciativas populistas en el Congreso de la República, que generan una presión inmanejable en las finanzas públicas, también reduce los recursos para inversión”

3. ¿Qué modificaciones normativas son necesarias para impulsar la inversión privada en el próximo quinquenio?

Jorge Zapata, Confiep: Es fundamental reforzar el Estado de derecho en general, y en particular en la actividad minera. No ceder más ante la minería informal e ilegal. Por último, hay que reducir trámites y barreras, especialmente en las municipalidades. Esto afecta al empresariado en general y en especial a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Jessica Luna, SNP: Un recurso que podría ser mejor aprovechado en Perú es el atún, donde más del 70% de sus capturas se dan en el Océano Pacífico. A pesar de ello Ecuador captura 100 veces más atún que el Perú. Perú ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de captura de atún, mientras que Ecuador está en quinto lugar y representa más del 5% de la captura mundial.

La actividad atunera es altamente intensiva en capital y tecnología. Requiere embarcaciones especializadas, tripulaciones calificadas y largas faenas de pesca que pueden extenderse entre 23 y 90 días en el mar. En estas condiciones, el combustible es el principal costo operativo, llegando a representar entre el 45% y el 70% de los costos variables de una embarcación.

Una medida que podría resolver este problema es la reducción del ISC al combustible para el desarrollo de esta pesquería. Ello generaría miles de puestos de trabajo formales (sobre todo mujeres), un importante impulso a la inversión además de ser clave para la seguridad alimentaria.

Alonso Rey, Comex-Perú: Más que producir nuevas normas, el próximo quinquenio debe derogar el exceso regulatorio que hoy ahoga la inversión y al emprendedor. Se necesita simplificar permisos, eliminar trabas burocráticas y dar estabilidad a las reglas de juego. Para ello se deben denunciar a las municipalidades que generan cierres a cambio de corrupción.

También es indispensable frenar iniciativas legales que, por cálculo político, debilitan la seguridad jurídica y desalientan proyectos de largo plazo. En sectores como minería e infraestructura, urge mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, dando plazos reducidos y pasándole la responsabilidad al privado en caso no cumpla con las normas. Sin una reforma del Estado que eleve la capacidad de gestión, no habrá salto sostenido en inversión, no generaremos trabajo y la pobreza no se reducirá.

Gabriel Amaro, AGAP: En los últimos meses, la regulación del sector agrario ha registrado un avance, debido a que el Congreso y el Gobierno de turno –responsablemente– aprobaron la Nueva Ley Agraria, que corrigió en parte el despropósito de la derogación de la Ley de Promoción Agraria.

Sin embargo, aún quedan pendientes varios aspectos a mejorar en la regulación agraria tanto en los temas medioambientales como en temas de agua, infraestructura, sanitarios, entre otros. Asimismo, están pendientes los reglamentos de la Nueva Ley Agraria.

Finalmente, en el actual Congreso existen decenas de proyectos de ley que deben ser archivados por afectar gravemente al sector agrario y las condiciones para invertir y generar empleo.

Guido Valdivia, Capeco: La inversión privada, de empresas y familias, requiere un clima de confianza en la economía, un marco promotor y seguro para las inversiones, un Estado que invierta eficientemente y políticas públicas que reduzcan la informalidad y el crimen organizado.

Generar este marco institucional, más que cambios normativos puntuales, requiere voluntad política, primero, para asegurar la continuidad de la gestión estatal, y segundo, para limitar las iniciativas populistas, improvisadas y cortoplacistas con las que se ha gobernado el país en los últimos cinco años.

Para ello, se requiere que los partidos con responsabilidad gubernamental en el próximo quinquenio consensúen —con participación de la sociedad civil— una agenda país que defina lineamientos, objetivos y estrategias para los próximos cinco años. El Acuerdo Nacional podría ser el espacio adecuado para promover e institucionalizar este compromiso.

En conversación con Día1, Leslie Pierce, empresario y economista que participa en el directorio de varias empresas peruanas y en el extranjero, analiza cómo ha evolucionado la inversión privada en el Perú, qué factores están condicionando hoy las decisiones de inversión y por qué el país no está aprovechando plenamente el contexto internacional. Desde su experiencia en la gestión privada y el Estado, sostiene que la confianza sigue siendo el eje que explica tanto los ciclos de expansión como los periodos de estancamiento.

-Usted ha visto al país desde la empresa y el Estado. ¿Qué rol ha jugado la inversión privada en el crecimiento del Perú?

Es importante resaltar la relevancia de la inversión privada. Cuando se analiza el crecimiento del Perú, siempre se llega a entender el rol que juega. Entre el 2003 y el 2013 fue probablemente el componente más importante y, al mismo tiempo, el más volátil de la demanda interna.

Cuando la inversión privada se acelera, impulsa el empleo, el consumo y el crecimiento. Pero cuando se frena, el país pierde dinamismo rápidamente. Ese periodo estuvo marcado por estabilidad macroeconómica, buenos precios de los minerales y una cartera importante de proyectos mineros y de infraestructura. Hubo años en los que la inversión privada creció más del 20%, lo que explica el crecimiento de la economía y la creación de la clase media peruana.

Después, esas ventanas se cerraron. Desde el 2014 hubo desaceleración, conflictos sociales, sobre todo en minería, y empezó a generarse desconfianza. Luego vino la pandemia en el 2020 y, a partir del 2021, el cambio de gobierno generó una serie de incógnitas que afectaron directamente la inversión privada.

Desde el segundo semestre del 2021, la inversión privada cayó, luego se estancó durante el 2022 y el 2023, y recién hacia el 2025 empezó a mostrar una recuperación. Esto demuestra lo sensible que es la inversión privada, que depende directamente de la confianza.

-¿Qué nos dice ese desempeño reciente de la economía?

Hay una lectura equivocada de que la inversión privada, el crecimiento económico y la política son temas separados. Eso no es así, están totalmente vinculados.

El hecho de haber crecido alrededor de 3,5% en el 2025, en un contexto de desorden político, con poca visibilidad y con un gobierno y un Congreso que no han generado confianza, ha impedido que aprovechemos completamente una coyuntura internacional favorable. Podríamos haber crecido más.

Y hoy, además, ese escenario se da en medio de un proceso electoral que vuelve a introducir incertidumbre sobre lo que viene, lo que termina condicionando la forma en que se toman las decisiones de inversión.

-En un proceso electoral como el actual, ¿qué tipo de decisiones son las primeras que las empresas tienden a postergar o replantear?

Hay otro elemento que entra en juego, que es el entorno internacional. El conflicto en Medio Oriente está generando variables que van a afectar la economía global, como el incremento del precio del petróleo, con efectos inflacionarios.

La empresa, ante situaciones inciertas —ya sea por la política o por un conflicto internacional—, espera. Y al esperar, para no arriesgar capital innecesariamente o de forma equivocada, se ralentiza el crecimiento del país.

Por eso es clave la estabilidad política y económica. Las ventanas que se abren para el Perú no son permanentes, tienen espacios de tiempo. El entorno internacional favorable, por el lado de los precios de los minerales, es una oportunidad que se tiene que aprovechar.

-Y hoy, ¿qué ha cambiado, o qué factores están apareciendo, que podrían terminar frenando la inversión privada en el Perú?

Escenarios inciertos. Puede venir del frente político o del entorno internacional. Hoy hay conflictos internacionales, incremento en el precio del petróleo y presiones inflacionarias. Pero el efecto es el mismo: la empresa espera. No arriesga capital en un entorno donde no tiene claridad.

-¿Cómo cree que ese entorno internacional más adverso podría afectar las decisiones de inversión en el Perú?

Lo que hace es paralizar la inversión. Las empresas se preocupan más por cuidar la caja, buscar eficiencias internas y atravesar el momento de la mejor forma posible, lo que lleva a postergar decisiones de inversión.

El Capex que se aprueba es el menor posible. Puede mantenerse inversión de mantenimiento, pero no necesariamente de crecimiento.

-¿Diría entonces que ese efecto hoy pesa más que el propio ruido político interno en las decisiones empresariales?

No, el ruido político también pesa. Si no es claro, si no genera confianza ni estabilidad, tiene un efecto directo en las decisiones de la empresa.

Si el escenario fuera de confianza, con estabilidad y claridad, podríamos crecer por encima del 4% e incluso acercarnos al 6% u 8% en los próximos años. En ese contexto, la inversión se activa. En uno de incertidumbre, se detiene.

-El Banco Central de Reserva ha proyectado una recuperación de la inversión privada para el 2026. ¿Qué tendría que ocurrir en la práctica para que ese escenario se materialice realmente?

El crecimiento de la inversión privada que se está proyectando para el 2026 es ligeramente menor a lo que ocurrió en el 2025, lógicamente porque existe un panorama político incierto que se va a definir en los próximos meses. Si ese panorama político viene con un resultado positivo, obviamente los planes de inversión se incrementarán rápidamente.

Es decir, tiene una relación directa con la decisión de invertir. No es que la inversión esté ausente, lo que pasa es que espera la claridad para poder manifestarse. No es que el empresariado esté paralizado, está esperando.

-Y desde su experiencia, ¿qué condiciones han sido claves para que la inversión privada crezca de manera sostenida en el país?

La claridad y la confianza. El Perú tiene una oportunidad histórica vinculada a la transición energética, la inteligencia artificial y la demanda global de minerales, como se viene señalando incluso en espacios como el foro de Davos.

Pero se requiere coordinación público-privada, estabilidad y capacidad de ejecución para convertir esas oportunidades en crecimiento sostenido. El país tiene las condiciones, pero en los últimos años esas ventanas no se han aprovechado por la inestabilidad política.

-Y hacia adelante, ¿cree que vamos a estar en condiciones de aprovechar esas oportunidades o el entorno interno nos va a jugar en contra?

Debemos aprovecharlas. Estoy asumiendo que vamos a saber elegir, analizando lo que mejor conviene para el país. Y eso es muy importante en un cambio de gobierno. Dependerá de las decisiones que se tomen. Si se elige un gobierno que priorice la inversión privada y genere confianza, esas oportunidades se pueden aprovechar.

Lo ocurrido desde el 2021 es un ejemplo claro, con mensajes contradictorios, cambios constantes y falta de claridad que afectaron directamente la inversión. Eso demuestra cómo la inestabilidad impacta en el crecimiento.

Si me preguntas qué va a pasar este 2026, siendo optimistas, espero que tengamos un gobierno que priorice el Perú y tenga como eje central la promoción de la inversión privada. Lo único que se necesita para eso es generar un cierto mensaje de confianza y de estabilidad en el tiempo y conformar equipos a nivel gobierno que sean los correctos.

-En su trayectoria, ¿cómo describiría el momento actual de la relación entre el Estado y el sector privado en el Perú?

Hoy, la relación no está realmente articulada. El sector privado sigue operando en un país que mantiene estabilidad macroeconómica, pero por factores que no dependen del manejo político.

Eso no es sostenible. Se ha tenido un entorno de desconfianza e inestabilidad, asociado a problemas en la gestión pública, que terminan afectando las decisiones.

En ese contexto, el sector privado se enfoca en su propia operación. Si percibe mejores condiciones, invierte; pero en la situación actual, las decisiones se toman con cautela y sin una apuesta clara por expandirse.

-¿Hay algún punto donde se esté rompiendo hoy, en la práctica, esa relación entre el Estado y el sector privado?

Más que romperse, no se ha cultivado. No hay una agenda común ni una articulación clara, y cada uno actúa dentro de su propio espacio, con el sector privado tratando de hacer lo mejor que puede.

A pesar de eso, hay avances importantes. El país mantiene estabilidad macroeconómica, con uno de los crecimientos más altos de la región, una moneda sólida, niveles de deuda manejables y reservas internacionales que generan confianza. Además, hay sectores que se vienen dinamizando.

Pero todo eso podría dar mucho más. Sin una mejor coordinación entre el Estado y el sector privado, ese potencial no se está aprovechando plenamente.

-¿Y qué tendría que hacer el Estado en los primeros meses de un nuevo gobierno para reconstruir la confianza en el sector privado?

Definir con claridad el rumbo. Dependerá del plan de gobierno y de los equipos que se conformen.

Si se impulsa la inversión, se fortalecen las asociaciones público-privadas, se respetan las reglas de juego, se destraban proyectos, especialmente en minería, y se garantiza estabilidad jurídica, la reacción será inmediata.

La inversión genera empleo, mejora ingresos y refuerza la confianza, lo que dinamiza la economía. Todo parte de generar condiciones de estabilidad.

- ¿Qué tipo de decisiones o señales del Estado son las que realmente hacen que las empresas confíen y apuesten por crecer?

La claridad. Un plan de gobierno bien estructurado, reglas de juego estables, respeto por los contratos y estabilidad jurídica.

En un entorno de confianza y estabilidad, la reacción del empresariado es inmediata.

A través de un comunicado, el gremio señaló que los problemas se han presentado en diversas zonas del país, especialmente en Lima, y están relacionados con fallas en la organización, como retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas.

Estas deficiencias, advirtió la Confiep, han impactado directamente en ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto, generando demoras y dificultades en el proceso.

En ese sentido, el gremio exhortó a las autoridades competentes a brindar, de manera inmediata, una explicación clara y verificable sobre lo ocurrido, detallando qué falló, en qué lugares se registraron los problemas y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad de la jornada electoral.

“La transparencia es clave para resguardar la legitimidad del proceso”, enfatizó la organización empresarial en su pronunciamiento.

Asimismo, la Confiep subrayó que es indispensable garantizar que todas las personas afectadas por estos retrasos puedan ejercer su derecho al sufragio. “No puede admitirse que una deficiencia operativa derive en la pérdida de un derecho fundamental”, indicó.

El gremio también advirtió que estas incidencias no solo impactan la elección presidencial, sino también otros procesos en curso, como la elección al Senado y de otras autoridades, por lo que consideró necesario asegurar que la jornada concluya con todos los ciudadanos habilitados habiendo podido votar.

Finalmente, la Confiep reiteró su llamado a adoptar medidas correctivas inmediatas frente a las fallas detectadas, a fin de evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos electorales.

Pese al constante ruido político, el Perú ha sabido mantenerse como un destino aún atractivo para las inversiones extranjeras. Y para ello ha sido clave, entre otros aspectos, la fortaleza macroeconómica y monetaria que el país ostenta.

Así lo resalta Diego Mora, director de Colombia, Perú y Centroamérica para BlackRock, quien remarca que la disciplina fiscal ha sido un factor para que la gestora, al igual que otros agentes, apueste por el desarrollo de infraestructura local.

“Ya somos inversionistas en el Perú, en puertos en el Pacífico, junto a inversores locales”, comenta Mora a Día1, en referencia al capital que el fondo estadounidense destina mediante Global Infrastructure Partners (GIP) junto al Grupo Tramarsa. Ambas impulsan, así, la expansión del puerto de Matarani (Arequipa) que asciende a US$700 millones.

El ejecutivo destaca que, más allá de los ciclos políticos, siguen viendo al Perú como una apuesta atractiva de inversión a largo plazo. “Además de invertir en mercados de capitales, invertimos en infraestructura, una actividad que genera crecimiento y empleo de forma muy tangible. Eso demuestra el apetito y compromiso que tenemos con el país”, agrega.

Oportunidades para la región

En el informe “2026 Global Outlook”, BlackRock resume algunas de las megatendencias que están redefiniendo a la economía y a los mercados: la inteligencia artificial (IA); la transición demográfica; la descarbonización y energías limpias; y, también, la fragmentación geopolítica. Así, Mora remarca que la región debe aprovechar dichas “megafuerzas” para acercarse a los niveles de desarrollo que ya ostentan otros países emergentes, como los asiáticos, que nos han dejado rezagados en los desarrollos vigentes.

De acuerdo con Mora, países como Perú, Chile y Colombia se podrían beneficiar con mayor fuerza de estas tendencias, al ser proveedores de materiales básicos y esenciales para el desarrollo de la IA, como lo son el cobre, níquel, zinc, entre otros.

“Estamos en una coyuntura en la que tenemos todo para aprovechar esta oportunidad”, acota el ejecutivo.

Según las proyecciones de BlackRock, la IA puede aportar un impulso de 1,5% al crecimiento global mediante ganancias de productividad, estimando que ello ampliaría los ingresos de toda la economía en US$1,1 billones anuales.

Inteligencia artificial: fases de expansión

Para BlackRock, el mundo se encuentra en la primera fase de crecimiento de la IA, en la que se destinarán de US$5 a US$8 billones hasta el 2030. En la segunda fase, indica la firma, se prevé la expansión de la IA; mientras que la tercera fase se caracteriza por un aumento en la productividad y en los ingresos a nivel global.

Para aprovechar el momento, BlackRock considera necesario que la región cuente con marcos regulatorios y legales que permitan impulsar inversiones destinadas al desarrollo de la IA, y que den tranquilidad a los agentes económicos dispuestos a invertir.

Según el gremio, los retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas en distintos puntos del país generaron demoras que impidieron que muchos electores pudieran sufragar en el horario establecido.

“El proceso electoral debe garantizar que el voto se ejerza sin obstáculos ni incertidumbre en todo el país”, señala el documento, que atribuye lo ocurrido a una presunta omisión de funciones por parte del organismo electoral.

En esa línea, ComexPerú exigió a las autoridades una explicación clara, oportuna y verificable sobre lo ocurrido, incluyendo qué falló, en qué zonas se registraron los problemas y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad de la jornada.

Asimismo, el gremio enfatizó que la transparencia y la reacción inmediata son claves para resguardar la institucionalidad electoral, especialmente en un contexto en el que la participación ciudadana resulta fundamental.

Uno de los principales pedidos es que se garantice el derecho al sufragio de todas las personas afectadas por los retrasos. “No se les puede arrebatar un derecho fundamental”, advierte el pronunciamiento, que subraya que las fallas no solo impactan la elección presidencial, sino también otros procesos en curso, como la elección al Senado.

Finalmente, ComexPerú sostuvo que la jornada electoral debe cerrarse asegurando que todos los ciudadanos que enfrentaron dificultades puedan ejercer su derecho al voto, lo que implica adoptar medidas correctivas inmediatas frente a las deficiencias detectadas.

A través de un comunicado, el gremio señaló que los retrasos en la instalación de mesas en diversas zonas del país han afectado el normal desarrollo de la jornada y han impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el horario establecido.

Según Adex estas incidencias están asociadas principalmente a fallas en la distribución del material electoral, lo que evidencia debilidades en la planificación y ejecución logística del proceso. En ese sentido, consideró que ampliar el horario inicialmente fijado resulta una medida necesaria, aunque insuficiente frente a los problemas detectados.

El gremio reconoció la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de extender la votación hasta las 6:00 p.m., pero sostuvo que se debe evaluar una ampliación adicional para garantizar que ningún ciudadano quede sin sufragar.

“El retraso en la instalación de mesas no solo afecta la organización del proceso, sino que impacta directamente en el ejercicio oportuno del derecho al voto”, indicó la institución.

En esa línea, ADEX advirtió que lo ocurrido durante la jornada pone en evidencia la necesidad de corregir fallas estructurales en la gestión electoral, a fin de evitar que este tipo de situaciones se repitan en futuros comicios.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas correctivas inmediatas y a reforzar la planificación logística en procesos electorales, subrayando que la garantía del voto es un elemento clave para la estabilidad institucional del país.

A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que los problemas detectados —tanto logísticos como tecnológicos— no pueden considerarse hechos aislados, sino que evidencian falencias estructurales en la organización del proceso electoral.

Entre las principales incidencias, la CCL destacó la falta de material electoral en distintos centros de votación, así como inconvenientes en los sistemas digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que habrían impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto dentro del horario establecido.

“El ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”, sostuvo el gremio empresarial en su comunicado.

Impacto institucional y llamado a transparencia

Para la CCL, lo ocurrido durante la jornada no solo afecta el desarrollo del proceso electoral, sino que también tiene implicancias en la confianza institucional, un elemento clave para el entorno económico y la estabilidad del país.

En ese sentido, el gremio exigió que se lleve a cabo una investigación transparente que permita identificar las causas de las fallas y establecer responsabilidades concretas dentro de las entidades encargadas de la organización electoral.

Asimismo, enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del voto, por lo que consideró inaceptable que ciudadanos se hayan visto impedidos de sufragar por problemas que, a su juicio, debieron ser previstos.

“La voluntad popular no se negocia ni se administra con improvisación”, subrayó la CCL.

Para la CCL, este episodio debe marcar un punto de inflexión en la gestión pública, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos electorales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.

El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua y la posibilidad de que la reanudación de los combates provoque un aumento de los precios de la energía con consecuencias para la economía mundial.

El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron “bien” y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social.

Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.

“Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados”, agregó, sin dar más detalles.

Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene un control estricto del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un “torbellino mortal” si dan cualquier paso en falso.

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos, de los cuales 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.

“Acabar con Irán”

Trump retomó su estrategia de las amenazas este domingo y afirmó que “podría acabar con Irán en un solo día” en una entrevista con Fox News.

El mandatario advirtió que puede “acabar con todo su sistema energético” y alertó a China de que si le brinda ayuda militar a Irán le impondrá aranceles del 50%.

El más reciente ultimátum de Trump se habría dado por el fracaso de las negociaciones para asegurar un acuerdo que permita el fin de la guerra.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense, lamentó la falta de un “compromiso firme” de Irán de renunciar a tener armas nucleares.

Irán insiste en su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles, pero los países occidentales lo acusan de querer dotarse de armas nucleares.

“Siempre he dicho, desde el principio, y hace muchos años, que IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR”, dijo Trump junto con el anuncio del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Expertos han dicho que impedir el tránsito por el paso marítimo crucial en medio del cese al fuego de dos semanas, después de las negociaciones en Islamabad, golpearía la credibilidad de Estados Unidos frente al mundo.

“Imponer un bloqueo en el estrecho de Ormuz ahora mismo, incluso si se puede implementar -lo que permanece como una pregunta abierta-, es desconcertante y parece contraproducente”, dijo Shibley Telhami, profesor de paz y desarrollo de la Universidad de Maryland.

Irán y Estados Unidos llegaron a las conversaciones en Pakistán con posturas iniciales muy distantes. Este diálogo fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.

“Concesiones dolorosas”

Pakistán, como país mediador, afirmó que seguirá facilitando el diálogo e instó a ambas partes a seguir respetando la tregua temporal, establecida en un principio durante dos semanas para buscar un acuerdo de paz duradero.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní, Ishaq Dar.

Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra incluyen también el desbloqueo de los activos iraníes sujetos a sanciones y el cese de la guerra de Israel contra Hezbolá en Líbano.

El portavoz para política exterior de la UE insistió en que la diplomacia es “esencial para resolver los temas pendientes”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starme, sostuvo una llamada con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, y ambos estuvieron en que “era vital que continuara el cese al fuego, y que todas las partes eviten nuevas escaladas”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó en una conversación con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz.

Yango informó que este domingo, en el marco de las elecciones generales 2026, va a implementar distintos beneficios y medidas orientadas para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

En ese sentido, el aplicativo pone a disposición descuentos especiales para nuevos usuarios, incentivando la movilización de más personas y de una manera sencilla.

También se mantienen descuentos activos en categorías como Confort+ en Lima, Trujillo y Arequipa, y Premier en Lima.

“En Yango buscamos contribuir a que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin que la movilidad sea una barrera. Por ello, ponemos a disposición promociones y herramientas que permitan a los usuarios trasladarse de manera segura, eficiente y confiable durante esta jornada electoral”, indicó Daniel Prado, country manager de Yango en Perú.

Por otro lado, Yango indicó que su plataforma refuerza distintas herramientas diseñadas para proteger a los usuarios en cada viaje, como la visualización de la calificación del conductor, la opción de compartir la ruta del pasajero en tiempo real y el botón SOS para contactar directamente a la central de emergencias en caso sea necesario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a China con nuevos aranceles “asombrosos” si brinda apoyo militar a Irán.

“Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa”, dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a detener su plan nuclear en la conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque reconoció que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había mostrado firme en este punto.

También que había fallado en reabrir el estrecho de Ormuz, una condición clave para el cese al fuego de dos semanas.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo Trump en Truth Social.

Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero.

“Cualquier iraní que nos dispare será ENVIADO AL INFIERNO”, agregó.

Trump insinuó que “otros países” participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin acuerdo en las negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

“Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta”, dijo.

El encuentro tenía como fin consolidar el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington y Teherán.

Trump cuestionó a Irán por decir que iban a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio, “a sabiendas” de que no iban a cumplir su promesa.

“Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’, han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?”, dijo Trump.

“Tal y como prometieron, ¡más les vale ponerse manos a la obra para que esta vía navegable internacional se abra cuanto antes!”, agregó.

—Contexto favorable—

La nueva administración recibirá una economía que atraviesa un dinamismo importante. Durante el 2025, la inversión privada se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento, al registrar una expansión de dos dígitos por primera vez en 14 años, excluyendo el rebote pospandemia. Este dinamismo impulsó uno de los mayores avances del empleo formal privado en más de una década y un aumento de los ingresos. Según cálculos del IPE, la pobreza se reduciría en dos puntos porcentuales y cerraría el 2025 en alrededor de 25%.

Este desempeño se da en un contexto internacional favorable. En el 2025, los términos de intercambio alcanzaron su nivel más alto desde 1950, impulsados por el incremento en los precios de minerales como oro y cobre. Estas condiciones positivas se han mantenido y el BCR prevé que los términos de intercambio alcancen un nuevo máximo este año. Esto ocurre en un año electoral, período que suele moderar las decisiones de inversión y consumo del sector privado.

—Reformas pendientes—

La siguiente administración también recibirá un país con reformas estructurales pendientes, las que deberá impulsar para traducir el crecimiento económico en mayores oportunidades y bienestar. En particular, el mercado laboral y la seguridad ciudadana concentran dos de los principales desafíos.

En el frente laboral, si bien el empleo y los ingresos en Lima Metropolitana ya superan los niveles prepandemia, la recuperación ha sido desigual. El empleo juvenil, que incluye a los menores de 29 años, se ubica 14,5% por debajo del nivel prepandemia. A ello se suma una alta informalidad: tres de cada cinco jóvenes trabajan en condiciones informales, lo que limita su acceso a protección social, reduce su productividad y restringe sus ingresos futuros. Este rezago refleja problemas estructurales del mercado laboral, donde los elevados sobrecostos a la contratación formal desincentivan la generación de empleo de calidad. En este contexto, avanzar en una agenda de formalización requiere reducir estas barreras, especialmente para la inserción laboral de los jóvenes, y promover un entorno más competitivo que incentive la creación de empleo formal.

En paralelo, la inseguridad es un factor que afecta directamente la actividad económica y se ha consolidado como la principal preocupación. Esto en un contexto en que las denuncias por extorsión se multiplicaron por 10, marcado por el avance de las economías ilegales y redes criminales. La respuesta del Estado ha sido limitada por la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de seguridad, así como por brechas persistentes en recursos, infraestructura y capacidades operativas. Superar este problema exige no solo mayores recursos, sino, sobre todo, una estrategia integral que fortalezca la coordinación institucional, mejore la gestión y recupere la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. Sin avances en este frente, los costos económicos y sociales de la criminalidad seguirán limitando el desarrollo del país.

—Propuestas riesgosas para el desarrollo—

El siguiente presidente tendrá como principal responsabilidad resguardar los pilares que permitieron un crecimiento económico sostenido, baja inflación y reducción de la pobreza en las últimas décadas. Ello incluye reglas claras para impulsar la inversión privada, la autonomía del BCR y el cumplimiento del rol subsidiario del Estado. En paralelo, deberá fortalecer los pilares que se han venido debilitando, como el manejo prudente de las cuentas fiscales y la solidez de las instituciones. Esto último implica, por ejemplo, impulsar políticas anticorrupción, garantizar la independencia del sistema de justicia y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos. Sin embargo, entre los partidos que lideran la intención de voto se encuentran propuestas que afectan estos pilares claves para la competitividad y desarrollo del país.

Obras, Juntos por el Perú (JPP) y Ahora Nación plantean medidas que deteriorarán las condiciones para impulsar la inversión privada y proponen más bien una mayor participación del Estado en la economía. En particular, Obras y JPP se muestran a favor de convocar una asamblea constituyente, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego. A esto se suma que JPP y Ahora Nación se han pronunciado en contra de la reestructuración de Petro-Perú. Ello pese a que un potencial nuevo salvataje por alrededor de S/6.800 millones, según declaraciones del presidente Balcázar, elevaría el costo acumulado desde el 2013 del apoyo financiero a la empresa a más de S/32.000 millones.

También existen propuestas riesgosas para la estabilidad monetaria y la autonomía del BCR, que han sido esenciales para mantener una de las tasas de inflación más bajas y el tipo de cambio más estable en la región desde inicios de siglo. Los candidatos de Obras, JPP y Ahora Nación han cuestionado la autonomía del BCR y el marco constitucional, el cual prohíbe explícitamente que la entidad financie al Estado. Asimismo, el plan de gobierno de Renovación Popular indica que buscará un tipo de cambio favorable para la exportación. Ello involucraría el retorno a tipos de cambio diferenciados o, en el mejor de los casos, presiones para una intervención del BCR cada vez que el tipo de cambio baje. En ambos casos, atenta contra la independencia de la política monetaria.

En el frente fiscal, el Perú todavía se ubica en una posición relativamente sólida frente a la región, con niveles de déficit y deuda pública moderados. Sin embargo, esta fortaleza se ha venido erosionando en los últimos años y hoy constituye uno de los principales riesgos para la estabilidad macroeconómica; conviviendo con una recaudación tributaria estructuralmente baja.

Pese a este contexto, todos los planes de gobierno de los partidos que lideran las encuestas no solo omiten propuestas claras para corregir estos desequilibrios, sino que incluso los profundizan. En el caso de Obras, no presenta propuestas concretas, lo que impide determinar el nivel de riesgo. Estas propuestas resultan particularmente riesgosas a la luz de las advertencias del Consejo Fiscal, que ha señalado que la acumulación de iniciativas con impacto fiscal adverso elevaría la deuda pública del país hacia 70% del PBI en 2036 (32% en el 2025). Preocupan también las propuestas populistas, de corto plazo, de elevar la carga tributaria sobre sectores ya formales, como las que proponen los planes de JPP y Buen Gobierno. Sin abordar el problema de fondo –la baja base tributaria y los altos niveles de informalidad–, esas medidas solo restarán competitividad al sector formal, privilegiando a las economías informales e ilegales.

A un día de la primera vuelta electoral, resulta clave advertir los riesgos de las propuestas de los partidos que lideran las encuestas. En particular, iniciativas como la convocatoria a una asamblea constituyente, acabar con la autonomía del BCR o incrementar el gasto sin financiamiento erosionarán los pilares que han sostenido el desarrollo del país.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias (CDB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping definitivos a la importaciones de alambrón de acero originarios de China.

Esto ocurre en el marco de la investigación que inició la CDB en enero de 2025 por dichas importaciones.

Es así que, de acuerdo con la resolución 065-2026/CDB-Indecopi, el derecho antidumping será de US$81,3 por tonelada de alambrón.

Esta medida se aplica a las exportadoras chinas Angang Steel Co. Ltd.; Angang Group Hong Kong Co., Limited; Benxi North Steel Rolling Co., Ltd; Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited y demás exportadores.

La medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de ser publicado en El Peruano.

Como se recuerda, la investigación surge de a partir de una solicitud presentada el 10 de octubre de 2024 por la Corporación Aceros Arequipa a la CDB.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, estimó que la economía peruana alcanzaría un crecimiento de 3,2% al cierre del 2026.

En entrevista con El Peruano, el ministro consideró que la cifra es alcanzable, además de ser una estimación que coincide con la del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Como sostuvo el ministro, los indicadores adelantados de enero y febrero han mostrado saldos positivos en inversión privada y consumo.

De acuerdo con el MEF, se estima un crecimiento de 4,4% este año en la inversión privada.

Asimismo, sostuvo que los sectores que tienen un mayor impulso a la economía son construcción, minería y servicios. Sostuvo que también el sector público brinda un dinamismo a la economía, aunque precisó que se debe imperar la prudencia a fin de no generar desbalances.

Por otro lado, sostuvo que es factible llegar a un déficit fiscal de 1,8% del PBI, pero ello exige una priorización, organización y ejecución con mayor eficiencia. Agregó que se trata de invertir de forma adecuada en el margen disponible.

Respecto a los impactos que puede tener el conflicto en Medio Oriente, Acuña señaló que se están monitoreando los riesgos externos con la coordinación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para tener propuestas de solución.

“Se formaron mesas de trabajo con varios sectores para tener líneas de acción y ayudar a que el impacto externo sea absorbido. Estamos evaluando temas de transportistas y sector agrario; dejaremos líneas encaminadas para encontrar soluciones de corto y largo plazo”, indicó.

Sobre el Marco Macroeconómico Multianual, sostuvo que la actualización del documento se publicará este mes.

El giro estratégico de la compañía apunta a transformar su servicio en una solución más completa, en línea con la evolución del consumidor. “El mercado viene evolucionando de un servicio que era un dispositivo conectado a una pared a uno mucho más digital, integral y orientado a las personas”, explica Norkus.

En ese camino, uno de los hitos clave ha sido la incorporación de servicios complementarios como el seguro contra robos, que ya alcanza una penetración del 95% en nuevas ventas. “Los clientes buscan soluciones que los acompañen no solo dentro del hogar sino también fuera de él”, señala.

El portafolio también se ha ampliado con soluciones de video, que permiten tanto el automonitoreo como una mejor gestión de eventos desde la central.

IA y video: las palancas tecnológicas del negocio

La IA se ha convertido en un eje central de la operación, tanto para mejorar la precisión como para escalar el negocio. Actualmente, la compañía procesa alrededor de 52.000 eventos mensuales, de los cuales solo el 2,2% corresponde a incidentes reales. En ese contexto, la IA cumple un rol clave en la eficiencia operativa.

“La IA nos permite diferenciar con mucha más precisión entre eventos reales y falsas alarmas, reclasificando cerca del 50% de los casos”, detalla Norkus.

Además, su uso se extiende al análisis de video y audio, permitiendo identificar patrones y reducir errores.

“Hoy una cámara puede determinar si se trata de una persona, una mascota o incluso un evento ambiental, lo que mejora significativamente la capacidad de respuesta”, agrega.

Crecimiento con foco en nuevos clientes y canales digitales

El crecimiento de Prosegur Alarms en Perú está impulsado principalmente por la incorporación de nuevos usuarios. De hecho, el 95% de su base proviene de clientes que no habían contratado antes este tipo de servicios.

“Eso habla de la enorme oportunidad que todavía existe en el mercado peruano”, afirma el ejecutivo.

La compañía creció alrededor de 10% en 2025 y apunta a mantener tasas de doble dígito hacia adelante, con el objetivo de expandir su cartera en 30% entre 2026 y 2029.

Para lograrlo, está diversificando sus canales. El canal digital ya representa el 15% de las ventas y se espera que alcance el 30% en los próximos años, mientras que los canales indirectos también ganan participación.

El verdadero reto: romper la barrera cultural

Pese al contexto de inseguridad, el principal obstáculo para el crecimiento no es económico, sino cultural. “Nuestra principal barrera no es el precio, es cultural. Hemos normalizado vivir con inseguridad y creemos que es algo natural”, sostiene Norkus.

En muchos casos, los consumidores siguen optando por soluciones tradicionales como rejas, mascotas o vigilancia informal. “El desafío es hacer más conocido el producto y demostrar que un sistema de alarmas es mucho más eficiente e integral”, añade.

Hacia adelante, la compañía apuesta por una mayor integración tecnológica y el desarrollo de soluciones más sofisticadas. “Vamos a ver una mayor interconexión entre dispositivos del hogar, donde el sistema de alarmas interactúe con otros servicios como luz o gas”, proyecta.

Además, la IA seguirá avanzando hacia modelos de detección predictiva, mientras que la seguridad híbrida —que combina tecnología y respuesta humana— marcará la evolución del sector.

En un mercado con apenas 2% a 3% de penetración, la estrategia de Prosegur Alarms apunta a capturar ese potencial con una propuesta más tecnológica, pero también más cercana al usuario.

Pero ese error puede ser mayúsculo. Como sabemos, hoy elegimos no solo a los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, sino a todas las cámaras de diputados y de senadores. Y si la historia política de la última década fuera una amable guía, probablemente nos susurraría que tomemos con mayor seriedad el voto por el Congreso bicameral que el voto presidencial.

Habría, sí, algunos motivos para matizar su consejo. Uno de ellos es que –a partir de la reinstauración del Senado– la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” tiene un doble filtro. Debe ser aprobada por mayorías calificadas de al menos dos tercios en ambas cámaras. Esos son 87 diputados y ahora, además, 40 senadores. Es decir, todavía es posible vacar al presidente usando pura fuerza política en el Congreso –como se ha hecho antes–, pero ya no será tan simple. Apenas 21 senadores podrían bloquear cualquier intento de remoción presidencial, caprichoso o no. La protección adicional le da más peso al presidente.

Aun así, el consejo de la historia política reciente no debería ser desoído. ¿Cuánto tiempo se ha invertido escuchando debates presidenciales? ¿Entrevistas en medios de comunicación a candidatos a jefe del Estado? ¿Análisis de hojas de vida de aspirantes a la banda? ¿Discusiones de café o en el taxi? Casi todo ha girado alrededor de eso, y sobre un resultado único que guarda muchísima incertidumbre. En otras palabras, solo una persona de las 35 en contienda será presidente y nadie por ahora sabe quién será.

Al mismo tiempo, sin embargo, parece ya casi inevitable que algunas personas –los primeros de las listas parlamentarias de los partidos con mayor intención de voto– se instalen en tres meses y medio en sus curules. A esos sí los podríamos haber conocido más. Ellos ya van preparando su juramentación de finales de julio y armando su equipo de despacho legislativo. Por eso la atención, más bien, debería estar ahí.

El voto de cada senador, en especial, podría tener un peso enorme sobre las decisiones claves del país. Son, insistimos, solo 60 personas. Además de la mencionada vacancia por incapacidad moral, a ese grupo se les ha concedido, por ejemplo, la responsabilidad de cambiar todo lo que consideren apropiado de las propuestas legislativas que envíe la Cámara de Diputados. Los proyectos de ley modificados por el Senado no regresan a los diputados, como sucede en otros países, sino que pueden enviarse directamente al presidente de la República para su promulgación. El Senado también designa, a propuesta del Ejecutivo, al contralor general, al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de la SBS. Elige directamente al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Algunas decisiones demandan mayoría simple; otras, mayoría absoluta; y una minoría requiere dos tercios de aprobación, pero no es tan exagerado decir que una buena parte del país se puede manejar con 31 personas; el resto se maneja con 41.

En lo que respecta a casi todas las decisiones mayores, es cierto, el nuevo ordenamiento requiere al menos dos tercios de los votos de ambas cámaras. Es el caso, por ejemplo, de la reforma constitucional. La Constitución no contempla directamente la posibilidad de una asamblea constituyente, pero podría bastar ese número de votos para ensayar algo similar, o una ruta como la que equivocadamente intentó Chile en el 2019. De acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, una ley de reforma constitucional no podría ser observada por el Ejecutivo. Este es el riesgo mayor, y no lo puede impulsar ni frenar el Ejecutivo, al que tanta atención le hemos prestado; viene solo del Congreso.

Si se quiere destruir rápidamente las chances del Perú de seguir creciendo sostenidamente durante los próximos años, no hay mejor alternativa que lograr los dos tercios de parlamentarios dispuestos a dar el salto al vacío de una asamblea constituyente. Aun peor: la reforma constitucional también se puede conseguir con la mayoría absoluta de los votos en diputados y senadores más un referéndum. Lamentablemente, algunos de los partidos que tienen buenas posibilidades de superar la valla electoral, como Juntos por el Perú de Roberto Sánchez y el Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont, han hablado abiertamente de reemplazar la actual Carta Magna. No es impensable que hoy se queden cerca de conseguir los votos que necesitan, y no hay nada más peligroso que eso, ni siquiera un presidente nefasto.

Las intricadas sumas, márgenes de error, probabilidades y escenarios de segunda vuelta que muchos estamos haciendo para decidir el voto presidencial hoy son, pues, importantes, pero también un asunto de segundo orden comparado con lo que se está jugando aquí. La pregunta que hay que hacerse es qué partidos con posibilidades de pasar la valla electoral en el Congreso defenderán el orden institucional vigente y la Constitución. No nos engañemos: si el presidente Pedro Castillo y sus secuaces no lograron el asalto total al poder fue, precisamente, porque no consiguieron en las elecciones de abril del 2021 una mayoría parlamentaria suficiente que cobije sus delirios. Ese fue el único freno real. No permitamos que esta vez sí lo logren. La amable guía de la historia política ahora nos lo grita: el juego es el Congreso.

En las agencias de publicidad, la queja constante suele ser: los clientes no entienden la creatividad, lo cambian todo, no se arriesgan, etc.

Del otro lado, los clientes acusan a las agencias de prometer más de lo que entregan. Ambos entran en un círculo vicioso que lo único que hace es deteriorar y erosionar más la relación y el producto creativo. Lo cierto es que las agencias que se rinden y bajan la vara creativa atraen a clientes que la bajan aun más. En cambio, las agencias que exigen, filtran y sostienen una visión consistente y coherente terminan trabajando con marcas y clientes que valoran eso.

En política ocurre algo similar, aunque más complejo. Elegir no solo es votar: es informarse o no hacerlo, cuestionar o repetir, exigir o resignarse.

Un electorado que prioriza el corto plazo obtiene líderes de corto plazo. Y vaya que los hemos tenido: 8 presidentes en los últimos 10 años…¡increíble!

Lo que pasa es que cuando uno tolera la corrupción como “mal menor” difícilmente será gobernado con los estándares más altos. Y no es fatalismo, es consecuencia acumulada.

El punto incómodo de todo esto es que en ambos casos hay corresponsabilidad. No existe un único culpable. Las malas campañas no son solo culpa del cliente o de la agencia, sino de la relación. Los malos gobiernos no son solo responsabilidad del líder, sino también de ecosistema que lo hace posible: partidos, instituciones, medios y ciudadanos.

Hay además una dinámica silenciosa: la cultura de la concesión. En publicidad las grandes ideas se diluyen por pequeñas renuncias. En política, en el deterioro del debate público ocurre igual: se normaliza lo inaceptable, poco a poco. Un insulto más, una mentira más, una imitación más, un escándalo más, una justificación más. Y la adaptación también juega en contra. Las agencias se acostumbran a clientes difíciles e injustos. Los ciudadanos, a gobiernos mediocres y corruptos.

Esto no significa que todo esté perdido. Pero sí implica que tomemos acción. Elevar la exigencia tiene un costo: incomodar, cuestionar y hasta perder clientes. En política, implica informarse más, participar y no conformarse con más de lo mismo.

La frase no es una condena, es solo un recordatorio: Lo que toleramos termina definiéndonos. Y lo que exigimos, también.

Por eso este domingo seamos responsables, participemos y votemos informados para tener el presidente que todos los peruanos nos merecemos.

En casi dos décadas al frente del BCR, Velarde ha visto pasar diez presidentes, más de veinte ministros de Economía y casi treinta primeros ministros. Solo en la última década, el MEF ha tenido diecisiete titulares, tres en lo que va del 2026. Un ministro dura hoy menos de seis meses.

Y sin embargo la economía no se ha descarrilado. Porque el BCR ha operado como ancla institucional. La inflación lleva casi tres décadas en un dígito, las reservas alcanzan unos US$75.000 millones—cerca del 30% del PBI— y las tasas de interés se han mantenido entre las más bajas de nuestra historia reciente. No son accidentes: son producto de autonomía constitucional, equipo técnico que permanece y una estrategia que no cambia con cada gobierno. Hace dos semanas el presidente Balcázar condecoró a Velarde con la Orden El Sol del Perú y parafraseó un dicho célebre: no todos los alemanes creen en Dios, pero sí en su banco central; lo mismo podría decirse del Perú.

Pero lo notable del BCR no es solo Velarde, sino lo que se construyó debajo de su figura. Desde 1961, sin interrupción, el Banco organiza su Curso de Verano: trescientas sesenta horas de formación intensiva cuyo ranking determina quiénes ingresan. Más de mil ochocientos economistas han pasado por sus aulas, nutriendo al banco y a múltiples entidades del sector público y privado. Al ser consultado sobre la sucesión, Velarde fue directo: me gustaría que sea del Banco.

Según Macroconsult, un tercio de la oferta electoral —doce partidos— ni siquiera alcanza el umbral mínimo de respaldo a la autonomía del BCR. Quienes vivieron los ochenta saben qué ocurre cuando el banco central pierde independencia: la inflación superó los 7.000%, los ahorros y pensiones de una generación se evaporaron y la moneda dejó de existir.

Hay dos formas de recambio. La que hemos practicado —diez presidentes y diecisiete ministros de Economía en una década— y la que el BCR lleva sesenta y cinco años construyendo a través de su Curso de Verano. Hoy esa inversión está lista para dar fruto. Solo falta que quien llegue a Palacio lo entienda.

Hoy, el modelo peruano destaca por basarse en evidencia técnica rigurosa para el desarrollo de sus actividades, lo que reduce la incertidumbre y asegura la sostenibilidad del mar peruano. El adecuado manejo de nuestra pesquería industrial ha sido validado por instancias como la FAO y el Comité de Pesca (COFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El resultado de estas políticas es una industria que ha internalizado la sostenibilidad como condición para su viabilidad, entendiendo que no hay desarrollo posible sin equilibrio ecológico. Ello además ha permitido repotenciar el papel de la industria pesquera como motor económico clave, generando empleo formal a lo largo de toda su cadena de valor y aportando al comercio exterior a través de productos con alta demanda internacional.

Pero nada de esto sería posible sin la articulación entre el Estado, la industria y la comunidad científica. De cara a esta temporada que inicia, el sector pesquero peruano tiene como claro desafío completar la cuota otorgada con el menor impacto al ecosistema, confío en que la industria enfrentará responsablemente este reto, la historia reciente y las buenas prácticas del sector así lo avalan.