El reto no solamente está en las eficiencias, sino en tener éxito en el diseño de dispositivos en los que la Gen-AI corra sin problemas ni interrupciones. Es en ese punto donde los esfuerzos de cada empresa son distintos, siendo el de Apple el más tangible hasta el momento. Mientras que Meta apuesta por la venta de lentes que utilizan IA, Apple lanzó su línea Neo, con MacBooks con precios bastante menores a los que los usuarios de la marca están acostumbrados (US$600 en EE.UU.), un producto perfecto para una generación que prioriza las ‘apps’ sobre los ‘browsers’ y que no requiere de tanta memoria porque usa la nube.

El jefe de IA de Microsoft, Mustafa Suleyman, cree que esta tecnología podrá reemplazar gran parte (“la mayor parte”) del trabajo administrativo de la compañía en los próximos 12 a 18 meses. Probablemente tenga razón. El futuro no solamente traerá a Gemini, Siri, ChatGPT, Claude o Perplexity potenciados, sino a una fuerza laboral Millennial que deberá convivir con las IA especializadas que tomarán mayor protagonismo en cada nicho de mercado. Los ingenieros tendrán sus preferidas, y así también los abogados, los maestros, los contadores. No solamente necesitarán saber cómo usarlas, sino dónde capacitarse. Y, sobre todo, deberán entender que el valor de su trabajo no está en la cantidad de horas trabajadas, sino en el impacto que generan; algo que la Generación Z pareciera ya haber entendido. Si la Gen-AI viene a suplirnos, con un mal prompt o un algoritmo alterado los resultados pueden distar de ser perfectos.

La transición energética es uno de los principales catalizadores. El despliegue de energías renovables, electrificación del transporte y expansión de redes eléctricas requiere volúmenes significativamente mayores de minerales como cobre, litio y uranio. A ello se suma una nueva fuente de demanda: la inteligencia artificial. La construcción de centros de datos, infraestructura eléctrica y capacidad de cómputo está elevando el consumo de metales industriales. Incluso la plata, tradicionalmente vista como un metal precioso, ha adquirido un rol más industrial, dada su alta conductividad y uso en tecnologías vinculadas a esta transición.

Pero el factor más determinante está en la oferta. Durante la última década, el Capex minero se ha reducido de manera significativa. Tras el fin del último superciclo, las grandes mineras priorizaron disciplina de capital sobre expansión. A ello se suman mayores restricciones regulatorias, oposición social y riesgos políticos en jurisdicciones clave. Casos como la menor inversión en grandes proyectos de cobre en América Latina o las dificultades para desarrollar nuevos yacimientos en África reflejan esta tendencia. El resultado es una oferta que crece por debajo de la demanda estructural.

En paralelo, el oro enfrenta una dinámica distinta, pero complementaria. En un contexto de cuestionamiento al dólar y diversificación de reservas, los bancos centrales han incrementado su demanda por este activo, reforzando su rol como reserva de valor.

En el caso peruano, este entorno es favorable. Los términos de intercambio han mejorado significativamente y la perspectiva de demanda por minerales estratégicos sugiere que esta dinámica podría sostenerse. Mientras no se materialicen shocks políticos relevantes, el país se encuentra bien posicionado para capturar este ciclo.

La diferencia con ciclos anteriores es que la restricción de oferta no responde a un rezago temporal, sino a limitaciones estructurales. Y en mercados donde la oferta no puede ajustarse con rapidez, los precios dejan de ser una señal cíclica y pasan a ser un mecanismo de racionamiento. Ese cambio de régimen es, precisamente, lo que el mercado recién está incorporando.

Las fricciones se han intensificado en múltiples frentes, exacerbando riesgos antes subestimados. Esto es particularmente evidente en los mercados de energía, donde lo que antes era una simple ecuación de oferta y demanda se ha transformado en un complejo cálculo de riesgos

A pesar de este panorama, los mercados financieros muestran una notable resiliencia, reflejando una apuesta colectiva por un desenlace contenido a las hostilidades. Las consecuencias de una escalada bélica prolongada serían tan devastadoras que los agentes, en gran medida, las consideran improbables. Los índices bursátiles se mantienen robustos, con el S&P 500 buscando nuevos máximos; los indicadores de volatilidad permanecen en rangos bajos; y las tasas de interés han retrocedido desde sus picos recientes.

Lejos de ser complacencia, creemos que esta actitud representa una elección deliberada por la resiliencia sobre la reacción a las señales de estrés. Los mercados están apostando por un escenario de “riesgo gestionado”, donde las tensiones pueden fluctuar, pero sin desencadenar una dislocación generalizada. Esta lógica encuentra un eco particular en el Perú, donde el proceso electoral contribuye con una capa adicional de ruido.

Para las corporaciones, esta divergencia no es un debate teórico. Se manifiesta en costos de insumos más volátiles, la revaluación de cadenas de suministro y un giro estratégico hacia la diversificación. La calma del mercado no es una señal para la inacción, sino un llamado al pragmatismo disciplinado. Esto implica: (i) preservar la liquidez y diversificar las fuentes de financiación, (ii) reevaluar constantemente la estrategia de cobertura de monedas, tasas de interés y commodities, (iii) priorizar el Capex flexible, (iv) extender los vencimientos de la deuda e (v) incorporar los shocks geopolíticos en los modelos de planificación.

En esencia, los mercados funcionan como un mecanismo de descuento a las expectativas, donde una señal de mejora puede impulsar la estabilidad sin la necesidad de completa certeza. El verdadero desafío no es entonces predecir correctamente el futuro, sino construir una organización lo suficientemente resiliente para prosperar en cualquier escenario.

Si bien ambos esquemas son por naturaleza distintos, ello no los convierte en competencia. Por el contrario, ambos tienen un objetivo común: que más peruanos accedan a una energía más económica, segura y eficiente. Por gasoducto o transporte virtual, el gas natural que se transporta es el mismo, con la misma calidad y seguridad, permitiendo acercarlo a las ciudades en beneficio de miles de familias, comercios, industrias y transportistas de nuestro país.

Hace mucho existe una gran expectativa en torno al gasoducto. Se trata de una obra de gran envergadura, largamente esperada por diversas regiones y asociada a una visión de desarrollo de largo plazo. Pero justamente por su escala y complejidad, demandará procesos constructivos que requieren de plazos extensos, por lo que su puesta en funcionamiento tardará entre 5 a 7 años.

Esperar por esa infraestructura, que es necesaria, no debería significar postergar un acceso más próximo a miles de usuarios a los beneficios que trae el gas natural. Ahí es donde el transporte virtual cobra sentido. Este esquema permite llevar esta energía mediante camiones especializados hasta plantas de almacenamiento en las ciudades, siendo imperativo para ello, independiente de la manera como llegue el gas natural a la entrada de las ciudades (por gasoducto o camiones), construir las redes de distribución que pasarán frente a los hogares, comercios industrias y grifos. Las cisternas no reemplazan al gasoducto, pero permiten adelantar la llegada del servicio para cuando las redes de distribución estén construidas.

No es elegir uno u otro. Es avanzar hoy y estar listos para mañana. Cuando el gasoducto se concrete, se conectará a las redes de distribución existentes, construidas con anticipación y que son las que finalmente abastecen de gas natural al usuario final, quien no percibirá el cambio.

Tener un gasoducto no significa contar con gas natural en casa. Se necesita un distribuidor que construya redes, que habilite y mantenga la infraestructura, además de atender cualquier emergencia. Sin distribuidor, no hay servicio. Por ello, avanzar desde hoy es clave para cerrar nuestras brechas históricas.

Infraestructura en estado crítico

Al cierre de 2025, 27 mil locales educativos (48% del total) requieren sustitución total por representar un alto riesgo de colapso para 1,2 millones de estudiantes. Este problema es más grave en las localidades más pobres, donde hasta el 60% del alumnado están en riesgo, el doble que en los distritos de mayores recursos. Según el Minedu, la brecha total de infraestructura asciende a S/ 172 mil millones, 20 veces el presupuesto anual de inversión para 2026.

En este contexto, FP propone el programa “Escuelas Seguras” para reconstruir colegios con infraestructura dañada y la creación de 3 mil nuevas escuelas. Esta última es una medida ineficiente que dispersaría los ya limitados recursos del sector: menos del 1% del ausentismo escolar se explica por la falta de un centro educativo cerca. Por su parte, JPP plantea reducir la brecha en un quinto al 2031 elevando la inversión al 6% del PBI. Esta meta es inalcanzable considerando que el nivel actual es de apenas 0,8%; y, sin un planeamiento adecuado, requeriría recursos que dejaría sin presupuesto a otras necesidades urgentes del país o ejercería presiones sobre la sostenibilidad fiscal. Finalmente, en el debate presidencial, RP mencionó que se utilizaría inversión privada para la refacción de colegios. Sin embargo, no hubo mayor detalle y su plan de gobierno no incluye ninguna estrategia formal sobre el tema.

Aumentos remunerativos sin freno

Los aumentos remunerativos a docentes explican la mitad del incremento del gasto en educación entre 2021 y 2025. En particular, sus remuneraciones crecieron 5,1% anual en promedio en ese periodo, más que las de cualquier otro funcionario público, presionando el ya debilitado equilibrio fiscal. Sin embargo, estos incrementos no han estado ligados a ninguna mejora en el aprendizaje: de acuerdo con las evaluaciones muestrales del Minedu, en 2024, apenas tres de cada diez alumnos de cuarto de primaria alcanzaron un rendimiento satisfactorio en matemáticas o lectura, sin avances significativos frente a años previos.

Pese a ello, FP, RP y JPP no pondrían ningún freno al creciente gasto en remuneraciones y pensiones. El más grave es JPP que plantea nombrar al 90% de profesores y que ninguno gane menos de 1 UIT (S/ 5.500). Si bien FP y RP no han prometido expresamente incrementar remuneraciones, recientemente, junto con JPP, votaron a favor de aprobar por insistencia elevar las pensiones de maestros jubilados y cesantes, lo que tendría un costo permanente de por lo menos S/ 8 mil millones anuales, según el Consejo Fiscal.

Equipamiento inadecuado

El equipamiento en colegios públicos es la principal preocupación para las familias. Según el INEI, el 22% de peruanos opina estos son malos o muy malos, más que la infraestructura (18%), la dotación de materiales (12%) o la calidad de la enseñanza (8%). Ante ello, FP propone la adquisición de 6 millones de laptops o tablets. Sin embargo, sin un adecuado plan de mantenimiento, muchas quedarán inoperativas: según el Censo Escolar 2025, una de cada cinco computadoras o laptops en colegios públicos no funciona. JPP y RP no han incluido ninguna propuesta para mejorar el equipamiento en las escuelas en sus planes de gobierno.

Educación superior en riesgo

En 2024, tres de cada 10 peruanos había completado la educación superior (universitaria, técnica o posgrado), un avance frente a inicios de los 2000, cuando apenas superaba el 21%, según el INEI. A pesar de ello, en las últimas dos décadas, la proporción de egresados universitarios que se desempeñan en ocupaciones que no requieren educación superior ha aumentado, sobre todo entre los jóvenes: en el grupo de 25 a 35 años, se elevó de 46% en 2004 a 57% en 2024, mientras que en el de 35 a 45 años, de 42% a 51%. Estos resultados se producen en un contexto de debilitamiento institucional de la Sunedu tras la aprobación de la Ley N° 31520 en 2022, respaldada por FP, RP y el bloque magisterial, lo que ha impulsado la creación de universidades públicas. Pese a los cuestionamientos, las tres agrupaciones políticas analizadas votaron, recientemente, a favor de la creación de dos universidades públicas (en Loreto y Puno).

En este contexto, es crucial fortalecer la calidad de las universidades existentes. Al respecto, FP y JPP proponen la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que monitoreé y evalué a las instituciones educativas. En tanto, RP no incluye ninguna propuesta sobre el tema. Asimismo, solo FP y JPP proponen la creación de una entidad que alinee la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral. Actualmente existen herramientas como Ponte en Carrera (2015) y Mi Carrera (2025), por lo que el reto reside en fortalecer el trabajo articulado entre el MTPE y el Minedu para integrar y mantener actualizada la información, entre otras tareas pendientes incluidas en el Marco Nacional de Cualificaciones.

Becas y apoyo estudiantil

La formación superior ofrece retornos significativamente mayores en términos de ingresos laborales, especialmente cuando se logra culminar los estudios. Mientras que completar la secundaria incrementa los ingresos laborales en alrededor de 13%, terminar una carrera universitaria los eleva en cerca de 50%. En este contexto, las becas han sido un instrumento clave para ampliar el acceso a este nivel educativo. En 2025, Pronabec duplicó el número de beneficiarios de Beca 18 respecto a 2024 (de 10 mil a 20 mil), lo que elevó el total de becas otorgadas a alrededor de 30 mil, 1,6 veces más que en 2024 y 2,5 veces por encima del nivel prepandemia.

Al respecto, los tres partidos plantean expandir Beca 18 o crear nuevos esquemas de apoyo estudiantil. FP propone duplicar el acceso a becas y créditos, sobre todo para grupos vulnerables. JPP plantea alcanzar 120 mil beneficiarios de Beca 18 hacia 2031, asignando recursos adicionales a universidades e institutos según el número de becarios que reciben, y crear la Beca Segunda Oportunidad, dirigida a jóvenes de 22 a 29 años, para promover su inserción laboral. RP, por su parte, propuso en el debate crear el programa Crédito 23 para maestrías en el extranjero y ampliar Beca 18 a 50 mil beneficiarios utilizando ahorros del Estado como fuente de financiamiento. El otorgamiento de becas y apoyo estudiantil a centros educativos de calidad fortalece la formación de capital humano. Su dación planificada y ejecutada adecuadamente debe preservarse frente a otras medidas de alto costo fiscal y cuestionado impacto.

Así, los principales desafíos radican en cerrar brechas de infraestructura y equipos, mejorar la calidad del servicio, fortalecer el desempeño docente y asegurar una adecuada articulación entre la educación superior y el mercado laboral. Sin un liderazgo sólido en el sector, los altos retornos de la educación seguirán siendo una promesa incompleta para millones de estudiantes.

El empleo formal a nivel nacional registró un crecimiento interanual de 4,2% en febrero del 2026, con lo que acumuló veintiún meses consecutivos de expansión, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado implicó la creación de 246 mil puestos de trabajo formales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el ámbito privado, el empleo formal aumentó 5,8% interanual en febrero. De acuerdo con la información de planilla electrónica, este desempeño estuvo explicado principalmente por la mayor generación de puestos en los sectores agropecuario, servicios y comercio, que incorporaron 82 mil, 80 mil y 47 mil empleos, respectivamente.

A nivel desagregado, el sector agropecuario registró un incremento de 16,9% interanual, mientras que minería creció 10,9% y construcción 5,4%. En tanto, comercio avanzó 6,3% y servicios 3,8%. Por su parte, manufactura mostró un aumento de 1,7%, mientras que pesca y electricidad no registraron variaciones significativas.

En paralelo, la masa salarial formal —que mide el total de ingresos percibidos por los trabajadores— aumentó 5,2% en términos reales en febrero frente al mismo mes del 2025. Este crecimiento se sustentó principalmente en el desempeño de los sectores servicios y comercio.

En el sector privado, la masa salarial creció 5,1% interanual en términos reales durante febrero, con lo que también acumuló veintiún meses consecutivos de mejora.

El BCR precisó que la masa salarial se calcula a partir de la multiplicación del ingreso promedio por el número total de puestos de trabajo formales.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) otorgó un reconocimiento al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en el marco del evento “Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, donde se puso en valor su gestión al frente de la política monetaria durante los últimos 20 años. La ceremonia se realizó en el Centro de Negocios de Centrum PUCP y reunió a representantes del sector construcción, autoridades y exfuncionarios públicos.

La distinción se dio en el contexto de sus 20 años al frente del BCR, periodo en el que la economía peruana ha mantenido estabilidad en sus principales indicadores, con inflación controlada, tipo de cambio estable y respaldo en los mercados internacionales.

Durante el evento, el presidente de Capeco, Alejandro Garland, destacó el impacto de esa gestión en el desempeño económico del país. “Reconocer al doctor Julio Velarde es reconocer una de las trayectorias más sólidas en la conducción económica del Perú. Durante dos décadas, su liderazgo ha sido sinónimo de prudencia, rigor técnico y confianza. Gracias a ello, el país ha podido enfrentar crisis internacionales y periodos de incertidumbre interna sin comprometer su estabilidad macroeconómica”, señaló.

Velarde, por su parte, agradeció el reconocimiento y remarcó la importancia de mantener una política monetaria autónoma para sostener la estabilidad económica.

En su discurso, el titular del BCR advirtió sobre el escenario que enfrentará el país en los próximos meses y llamó a respaldar al siguiente Gobierno. “Se vienen momentos difíciles, creo realmente que hay que contribuir fuertemente con el nuevo Gobierno, se necesita gente buena. No hay forma que progresemos si no tenemos un mejor servicio público”, manifestó.

Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer el capital humano en el país y evitar la salida de talento. “La gente que tiene el talento no está en el país, de alguna manera buscan irse”, agregó.

Velarde también indicó que, si bien la economía peruana mantiene fundamentos sólidos, aún se encuentra por debajo del desempeño registrado durante los años de mayor crecimiento. “Los indicadores no son malos, pero pueden ser mejores. Es una economía muy fuerte, pero todavía lejos de los años del boom cuando se redujo rápido la pobreza a la mitad”, afirmó.

En el mismo evento, Capeco presentó la edición número 100 de su Informe Económico de la Construcción (IEC), en el que se analizan los principales retos y perspectivas del sector hacia el 2031, así como la evolución de sus indicadores en los últimos años. La presentación estuvo a cargo de su director ejecutivo, Guido Valdivia.

La jornada incluyó además un panel con José Salardi, exministro de la Producción y exministro de Economía y Finanzas; Milton Von Hesse, exministro de Agricultura y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes coincidieron en la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica y promover políticas que impulsen la inversión.

Durante el encuentro también se presentó CapeBau, una plataforma de inteligencia comercial que reúne información del sector construcción y que actualmente cuenta con más de 48.000 obras registradas a nivel nacional, desarrollada en alianza con la consultora In-Data.

Ante esto, la empresa de energía mostró su extrañeza pues ocurre “cuando no se ha cerrado toda la investigación”, apunta Enrique Martínez, gerente senior de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de la empresa.

- Osinergmin manifestó recientemente que ha encontrado varios incumplimientos “vinculados al contrato de concesión” de TGP. Por ejemplo, la obligación de mantener una disponibilidad de 99% en el gasoducto. ¿TGP ha incumplido con esta cláusula?

Respecto a estos ‘incumplimientos’ que Osinergmin ha detectado, la verdad es que nos llama la atención porque el proceso de investigación sigue su curso. Nosotros lo vemos como tres bloques de análisis: las entrevistas a las personas involucradas, el análisis documentario de todos los procedimientos (para saber si cumplen con la norma) y el análisis de las pruebas metalográficas. El conjunto de esos tres análisis va a determinar la causa raíz del incidente. Entonces, es poco acertado que Osinergmin diga que ha encontrado incumplimientos, cuando no tiene todas las piezas del rompecabezas.

- Osinergmin señala que está desarrollando una investigación independiente, al margen de las pruebas metalográficas.

Ellos están acompañando el proceso de investigación que nosotros estamos llevando a cabo, por eso llama la atención que hagan referencia a este tema del 99% de disponibilidad.

- El gasoducto estuvo paralizado 13 días. ¿Eso no rompe con la obligación de tener una disponibilidad de 99% en el transcurso del año?

Me parece raro que Osinergmin hable de eso cuando ellos son los que certifican el factor de confiabilidad de nuestro sistema, y saben que eso no está asociado al número de días de interrupción en el servicio.

- ¿No está asociado con los días de interrupción?

No.

- ¿Con qué está asociado, entonces?

Este factor de confiabilidad hace referencia a mecanismos, procedimientos y redundancias operativas (de repuestos y de maquinarias) basados en el diseño del ducto, de manera tal que, si ocurre un incidente, nosotros estemos en capacidad de restablecer el servicio lo más pronto posible, el 99% del tiempo. No quiere decir que debemos estar funcionando el 99% del tiempo. El reglamento de transporte es el que pone el límite de días que podemos parar.

- ¿La confiabilidad no tiene nada que ver con la temporalidad?

El factor de confiabilidad es un factor de diseño. Eso es lo que Osinergmin certifica todos los años. Nosotros les mandamos la información en base a este estudio de disponibilidad, ellos lo certifican y verifican que estamos cumpliendo. El reglamento de transporte sí pone un límite, que es muy superior a los 14 días de incumplimiento.

- ¿Entonces, no están incumpliendo con el contrato en este punto?

No, en lo absoluto. Por eso me llama la atención que Osinergmin lo mencione cuando ellos son los que, desde hace 20 años, vienen certificando ese valor. De lo contrario, quiere decir que están haciendo mal el cálculo o se les ha ocurrido cambiar de interpretación.

- Osinergmin señala que está desarrollando una investigación independiente sobre los procedimientos empleados en el gasoducto antes del incidente. Como fiscalizadores pueden hacerlo.

Sí. Desde el segundo día del incidente hemos tenido a Osinergmin y a la Fiscalía al costado nuestro, siguiendo el proceso de investigación. Nosotros somos los responsables de encontrar la causa raíz (del incidente) y de tomar las medidas correctivas. Osinergmin fiscaliza los mecanismos de recolección de pruebas y análisis de materiales, y hacen sus entrevistas. Por eso me parece poco afortunado que digan que hay incumplimientos, cuando no se ha cerrado toda la investigación. No se pueden tratar como piezas individuales. Es un rompecabezas que llega a su conclusión cuando todo está armado.

- Sin embargo, el análisis de las pruebas metalográficas está demorado. ¿Cómo avanzan con eso?

Ahora estamos en una etapa de incertidumbre porque el proceso es más largo de lo normal. Nosotros, Osinergmin y la Fiscalía comenzamos las investigaciones desde el segundo día del incidente, pero el Ministerio Público habría tomado un rol qué excede a sus atribuciones.

- Se sabe que ellos han inmovilizado las pruebas. ¿Por qué motivo?

Ya se ha demostrado que no hay daño al medio ambiente ni a las personas, pero la Fiscalía, en un principio, quiso retener las muestras en la misma locación del incidente (Cusco). Finalmente, Osinergmin logró a través nuestro que esa incautación no se dé. Entonces, mudamos las piezas a Lurín, pero allí el fiscal de la Convención (Cusco) ordenó su inmovilización porque dice que va a nombrar un perito.

- ¿Un perito de la Fiscalía para qué?

No sabemos para qué va a nombrar a ese perito. Lo que sí sabemoses que va a demorar entre tres y cinco semanas para concretar ese nombramiento, si es que ocurre.

- ¿Cuándo ese problema se solucione van a llevar las piezas a Estados Unidos?

Las pruebas se van a hacer en laboratorios que están certificados para este tipo de labores, porque acá en el Perú no hay capacidad para hacer eso.

“NUNCA SOLICITAMOS FUERZA MAYOR”

- ¿Por lo pronto es anticipado decir que hubo un error humano u otro tipo de causa-raíz?

Así es.

- ¿A pesar de que hubo trabajadores de TGP en el momento del incidente? ¿Estaban haciendo labores de mantenimiento preventivo?

Sí. Ellos estaban haciendo mantenimiento preventivo en esa locación. Nosotros tenemos cien inspecciones al año en todo el sistema. En ese punto en particular (KP 43) el Osinergmin hizo una última inspección en agosto del 2025 y no detectó ningún tipo de anomalías. El último mantenimiento correctivo en esa zona fue en febrero del 2026, y tampoco tuvo ninguna consecuencia.

- ¿Luego vino el mantenimiento preventivo en marzo?

El mantenimiento preventivo fue el primero de marzo, y lo que se hizo fue examinar que las soldaduras estén en buen estado y las válvulas estén funcionando adecuadamente.

- En ese trance ocurrió el incidente y ustedes solicitaron fuerza mayor. ¿Siguen insistiendo con este pedido?

Nosotros nunca solicitamos fuerza mayor a Osinergmin.

- ¿Nunca lo hicieron?

No. Cuando ocurren estos incidentes hay tres canales de comunicación que se deben seguir. Uno al Minem y dos al Osinergmin. Al Osinergmin se le comunica la ocurrencia del siniestro y la interrupción temporal del servicio. El procedimiento indica que esta interrupción puede darse por motivos que “pueden ser de fuerza mayor”. Así está escrito en el procedimiento y es la única vía. Eso fue lo que detonó que se dijera que nosotros hemos pedido fuerza mayor, pero nosotros no la hemos pedido.

- ¿Ustedes no han pedido fuerza mayor por voluntad propia, sino que han seguido el procedimiento habitual?

Exactamente. No solamente es parte del proceso, sino que es el único formato que existe.

- Sin embargo, el Osinergmin no ha aceptado ese reporte.

Hay 15 días de plazo para presentar el informe definitivo. Pero no conocemos todavía la causa raíz del incidente, por eso es que solicitamos una prórroga para presentar el informe. Osinergmin nos denegó esa prórroga. Nosotros la objetamos, y Osinergmin volvió a denegar la prórroga a pesar de que ellos mismos saben que la investigación todavía no termina.

- ¿Qué pasará si el Osinergmin no aprueba ese reporte?

Ya que nos denegó dos veces, la presentación del sustento puede iniciar un proceso administrativo sancionador o puede esperar a que se conozca la causa raíz del incidente para decidir si corresponde iniciar el proceso sancionador. Pero, nosotros nunca hemos pedido una declaratoria de fuerza mayor y hemos enviado comunicaciones a nuestros clientes en esa misma línea.

- Las empresas afectadas por la falta de gas están exigiendo reparaciones a TGP. ¿Cómo están negociando con ellas?

Nosotros estamos siguiendo estrictamente lo que dicen los contratos.

- ¿Qué dicen los contratos?

Dicen que, si el evento se debió a un evento de fuerza mayor, sea cual fuera el motivo, corresponde un descuento en la factura. Y si no es fuerza mayor, corresponde una penalidad. Pero para eso hay que identificar si el evento es o no una fuerza mayor.

- ¿Se han reunido con Osinergmin en los últimos días?

A nivel de relacionamiento no, pero el personal que desarrolla la investigación está siempre en contacto con ellos.

- Para terminar: ¿Es cierto que ustedes enviaron a Osinergmin una solicitud pidiendo que toda la información del proceso se mantenga en reserva?

Sí. Es un procedimiento habitual. El ducto de TGP es un activo crítico y tenemos que tener mucho cuidado en salvaguardar la seguridad de nuestro sistema. Entonces, toda esta documentación con información de detalle del sistema tiene que mantenerse confidencial mientras dura el proceso de investigación. No hemos solicitado nada fuera de lo normal.