Los problemas para la ONPE empezaron la noche del viernes 10, cuando el propio personal de Corvetto se dio cuenta de una incongruencia: se había anunciado -mediante una nota de prensa- que partían 434 unidades de transporte hacia los centros educativos de la capital, pero solo habían contabilizado poco más de 340 unidades. La propia empresa Gálaga reconoce que, ese viernes por la noche, partieron 170 unidades para repartir material electoral, lo cual continuó a lo largo de la madrugada del sábado.

La propia gente de ONPE hizo las consultas a José Samamé, gerente de la Gerencia de Gestión Electoral, y a Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, sobre las incongruencias en las cifras, pero ambos aseguraron que todos estaba bajo control. Según las fuentes consultadas, Phang informó que los camiones saldrían en dos turnos.

¿Cómo es que se anunció, en una nota de prensa, la partida de las unidades en una sola tanda cuando en realidad habían dos turnos? Las fuentes de la ONPE indican que Phang y Samamé no supieron explicarlo y que en todo momento dijeron que la situación estaba bajo control. Este Diario buscó las versiones de los dos funcionarios implicados, pero ninguno contestó nuestros mensajes.

El personal de la ONPE se retiró, el viernes por la noche, confiando en que todo estaba encaminado. Ese solo era el inicio del caos.

Cristian Castillo, abogado de Servicios Generales Gálaga (la empresa contratada para el transporte del material), sostiene que en el plan operativo siempre se estableció que serían dos turnos. El primero salía el viernes 10, a las 10:00 p.m.; y el segundo, el sábado 11 a las 8:00 a.m. Todo el material debían estar en los locales de votación el sábado 11.

Este es el primer punto de versiones contradictorias que dan origen al caos de la ONPE. La empresa Gálaga alega que siempre fueron dos turnos, pero fuentes de la ONPE aseguraron que recién se enteraron que serían dos turnos el viernes por la noche, cuando salió el primer bloque de unidades.

Las mismas fuentes de la ONPE explicaron que existía la necesidad de que todo el material esté entregado el sábado 11 -24 horas antes del día de la elección- para la instalación correcta de las mesas de sufragio, principalmente de las computadoras, impresoras y material anexo para el funcionamiento de los equipos.

Las unidades que Gálaga debía transportar eran dos tipos de materiales: en un camión, las cédulas, las actas y la cabina armables; y en otro tipo de camión, las computadoras, impresoras y anexos. “El primer camión terminaba de cargar, salía hasta donde estaba el comisionado de ONPE y el resguardo policial. Esperaban al segundo camión y salían en convoy”, detalló el abogado. Cada convoy de camiones debía realizar entregas entra 10 a 15 locales de votación.

La demora en las entregas de computadoras e impresoras -producida, en primero momento, por dividir las rutas en dos horarios- ocasionó que el día de la elección varios miembros de mesas reportaran demoras en la instalación porque no tenían configurados los aparatos o no podían acceder para su funcionamiento. “Las máquinas debieron ser instaladas 24 horas antes, desde el sábado, para que cuando llegaran los miembros de mesas, los aparatos estén operativos”, indicó una fuente de la ONPE.

El segundo punto para el caos generado en ONPE ocurrió a lo largo del sábado 11. Cristian Castillo, abogado de Gálaga, sostuvo que fue en el segundo turno cuando empezaron los retrasos, responsabilizando a la institución que dirige Piero Corvetto.

“Se comenzó a registrar merma de gente de almacén, merma de comisionados de ONPE. Es decir, se les reducía el personal. Avanzaba el día, seguía el retraso, incluso a las 11:43 p.m. tenemos el registro de que les informamos que teníamos 35 unidades disponibles para salir. A la medianoche, ya debía estar todo terminado, pero teníamos aún 35 camiones esperando la carga de equipos informáticos. A las 6 de la mañana, del mismo domingo de la elección, recién salió el último camión por la demora de ONPE”, relató el abogado a este Diario.

El mensaje de la empresa Gálaga fue remitido a Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, a las 11:43 p.m. del sábado 11. El funcionario de la ONPE les respondería, minutos después, diciendo que “en cualquier momento” llegaría el material para llevarlo a los centros de votación, pero el abogado Castillo asegura que esto no se concretó hasta la madrugada.

“Phang no tiene explicación lógica, no nos explicó nada por correo electrónico ni por WhatsApp. A nosotros se nos acusó de retrasar el reparto y no han presentado ni un solo elemento probatorio ante la Policía o la Fiscalía. [...] Lo que se vio fueron comisionados que empezaron a no llegar, se escapaban y tenían que ser reemplazados. También hubo incidentes de reclamos de policías, no querían prestar el servicio porque habían esperado mucho tiempo”, dice Castillo.

El representante legal de Gálaga fue enfático en alegar que sus camiones no tuvieron acceso a los almacenes. Ellos esperaban a que el personal contratado por la propia ONPE retirara el material de los almacenes para cargarlos en sus unidades. “Ellos sacaban las parihuelas con los bultos, nuestro trabajo era de plataforma”, anotó.

La misma empresa Gálaga afrontó problemas con sus trabajadores debido a los retrasos, según el relato de Castillo. “Los de la ONPE no decían nada, no te decían anda y regresa a tal hora. Los conductores esperaban cinco, 10 minutos y hasta 24 horas en algunos casos porque a las 6 de la mañana llegó el último camión. Entonces los conductores reclamaban pagos extras”, contó.

Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, no solo dejó de brindar explicaciones a Gálaga, sino a la propia ONPE. Fuentes de la entidad indicaron que a lo largo del sábado buscaron explicaciones sobre el retraso, y Phang simplemente no contestaba. Lo mismo sucedía con Juan Samamé.

Al día siguiente, el día de la elección, la única información brindada fue que la responsabilidad de los retrasos era de la empresa de transportes. Esa información fue la que tomó la gestión de Corvetto para culpar públicamente a la empresa, y por la cual esta les ha remitido una carta notarial. El abogado Castillo indicó que acaban de recibir la respuesta de la ONPE alegando que no podrán emitir ningún pronunciamiento mientras duren las investigaciones del caso.

Según las fuentes de la ONPE, Phang en un momento no solo dejó de contestar los pedidos de información en la institución, sino que indicó que toda comunicación en adelante sería a través de sus abogados. Al cierre de esta edición, se desconoce el paradero de Phang, después de que fuera suspendido de su cargo.

Consultado por la Contraloría, el mismo 12 de abril, Phang señaló que no tenían un reporte de los vehículos y horas de salida. Sin embargo, el personal del máximo órgano de control detectó que dicha información se encontraba en un grupo de WhatsApp que tenía con el personal de seguridad del local de almacenaje en Lurín.

Phang Sánchez ha sido señalado por el propio José Samamé como el responsable de las demoras en el traslado del material a los centros de votación. Samamé es el funcionario que fue detenido por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), aunque luego fue liberado.

Samamé señaló ante la Policía que se decidió continuar utilizando los servicios de la empresa Gálaga, mientras se evaluaban alternativas para reforzar la distribución. También indicó que desde la gerencia de administración se informó sobre la posibilidad de contratar unidades móviles adicionales mediante un mecanismo de asignación de recursos.

Todos los implicados, incluido el jefe de la institución Piero Corvetto, vienen siendo investigados, e incluso la Policía emitió una alerta ante una posible orden de detención en su contra.

La investigación no solo es por la demora en la entrega de material, sino por el contrato con la empresa Gálaga. El Comercio accedió a documentos en los que se evidencia que Gálaga fue elegida por la ONPE para trasladar el material electoral pese a que su propuesta económica, ascendente a S/ 6,368,332.75, era más alta en comparación a los otros dos competidores.

El documento que contiene los términos de referencia del contrato fue firmado por dos funcionarios de la ONPE, cuyos nombres se repiten en toda la trama: Juan Phang y José Samamé.

Diversos colectivos civiles se movilizaron en una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo fue expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración fue en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surge como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio, así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido restricciones especiales para la zona del Campo de Marte, aunque se espera un fuerte despliegue policial para garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica en medio de este escenario de alta polarización.

Una importante cantidad de personas se concentró este domingo en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en el marco de una convocatoria para protestar por las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo de las Elecciones generales 2026 y el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surgió como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE.

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio, así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

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En medio de unas elecciones caracterizadas por la tardanza en la llegada del material electoral a los locales de votación, con gente indignada reclamando afuera de colegios y universidades, y una serie de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un documento clave para esclarecer por qué ocurrió esta negligencia sale a la luz. El Comercio tuvo acceso a un acta de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) que revela situaciones informales durante el proceso logístico de la entidad.

Dicha intervención fue realizada el mismo 12 de abril, a las 12:25 p.m., en las instalaciones de la ONPE en Lurín, mientras la ciudadanía se encontraba molesta y confundida debido a que no sabía por qué el material electoral tardaba en llegar a sus locales de votación, registrándose casos en los que nunca llegó y los ciudadanos tuvieron que votar al día siguiente, en la extensión que brindó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los auditores de la Contraloría que lideraron esta visita fueron César Wildor Ordóñez Enriquez y Percy Euler Torres Corzo, quienes en el acta describieron el detalle de los procesos logísticos que siguió la ONPE. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la información sobre las salidas de vehículos y horarios no se registraba mediante algún mecanismo formal, sino a través de un grupo de WhatsApp entre personal de seguridad y funcionarios.

“Al ingresar al local de Lurín, se verificaron vehículos que realizaron la distribución del material electoral; al respecto, se solicitó al personal de seguridad el registro del último vehículo que salió del mencionado local. En respuesta, el personal de seguridad manifestó que él se encargaba de realizar un registro fotográfico de las unidades vehiculares que salían y las enviaba a un grupo de WhatsApp de funcionarios de la ONPE”, se lee en el acta.

Los auditores entrevistaron a los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado. Solicitaron el detalle de los vehículos y los horarios en que salieron del local de Lurín con dirección a los locales de votación desde las 00:00 horas hasta la hora de la visita de aquel 12 de abril. Los funcionarios señalaron que no tenían un reporte de los vehículos ni de los horarios, sino que toda la información se compartía en dicho grupo de WhatsApp que tenían con el personal de seguridad.

De esta manera, se evidenció que algunos vehículos retornaron al local tras completar sus rutas sin que exista un control documentado y sostenido de sus recorridos.

Además, se informó que el cronograma de transporte fue modificado el día previo, pero no contaba con una aprobación formal al momento de la revisión. “Se solicitó el sustento y/o justificación documental de la modificación del cronograma inicial del transporte del material electoral del centro de Lurín a los locales de votación. Los funcionarios alcanzaron correos electrónicos de coordinación de fecha 10 de abril de 2026 a las 12:48 p.m. con la programación de carga del material electoral”, dijeron.

Posteriormente, “alcanzaron el cronograma modificado con horarios de salida desde las 19:30 hasta las 24:00 horas del 11 de abril de 2026, el cual habría sido elaborado el mismo 11 de abril de 2026 a las 12:00, según refiere el Área de Distribución de la ONPE; sin embargo, mencionaron que este cronograma no estaría aprobado”. Esto habría generado demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondientes al área de Gestión de Material Electoral.

Los trabajadores de la ONPE señalaron que, en ese momento, no se encontraban laborando las personas responsables de las áreas mencionadas. “De acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para el despliegue de material electoral y 217 unidades vehiculares para el despliegue de equipos informáticos. Se utilizaron adicionalmente unidades vehiculares de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades”, indicaron.

Por otro lado, el equipo de la ONPE aseguró a la Contraloría que parte del material electoral y equipos informáticos fueron devueltos al local debido a mesas de sufragio que no llegaron a instalarse.

“Se constató la presencia de personal de la ONPE que se apersonó a recoger material electoral que no habría sido entregado. Asimismo, material electoral y equipos de cómputo fueron devueltos por no haberse llegado a instalar las mesas de sufragio”, se consigna en el acta.

De igual forma, se constató cómo los vehículos que salieron del local desde la noche del viernes 10 de abril, como había informado El Comercio, y que debían llegar la mañana del sábado 11, terminaron llegando al mediodía del 12 de abril (el mismo día de las elecciones). Incluso se registró que algunos vehículos recién salieron en la madrugada del domingo, y no desde el viernes. De este modo, surge la interrogante sobre a dónde fue a parar el material electoral que se retrasó y por qué no todos los vehículos salieron desde el viernes, sino que algunos lo hicieron el mismo domingo.

“Un vehículo retornó al local de Lurín a las 12:55 horas. Su conductor, identificado como Amílcar Puriz Alcanara, señaló que habría repartido a 13 locales de votación, que salió del local de Lurín a las 05:30 a.m. y que su última entrega se habría realizado en el colegio Inmaculada School a las 12:00 aproximadamente. También se constató que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor que retornaba de hacer su última entrega a las 12:30 horas en Pachacámac”, comunicó la Contraloría.

Asimismo, se registró que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor, José Luis Yatance Medina, que salió del local a las 05:00 a.m. y retornaba de hacer su última entrega a las 12:00 aproximadamente en el colegio Inmaculada Concepción. “El último vehículo que salió del local de Lurín con material electoral lo hizo a las 05:51 a.m. del 12 de abril de 2026 con dirección a Villa El Salvador, el cual contenía equipos informáticos”, concluyeron.

Este Diario se contactó con la ONPE para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

En medio de las elecciones del 12 de abril, la ONPE comunicó que la tardanza en la llegada del material electoral y el cierre de mesas en locales de votación se debieron a un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios. Sin embargo, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, responsabilizó a la ONPE por las demoras en las entregas.

Señaló que la empresa Galaga no incurrió en “ningún incumplimiento” debido a que, según refirió, “no tenían los materiales a tiempo para poder trasladarlos a los centros de votación. No teníamos qué trasladar”.

Además, este último viernes, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en el almacén de la ONPE, tras las fallas logísticas y las denuncias sobre el manejo del material electoral durante las elecciones. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

La entidad abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril.

Acta de intervención de la Contraloría General de la República

Acta Contraloría by Sebastian Ramirez Mendoza

Un total de doce departamentos de la sierra norte y centro del país registrarán un incremento de la temperatura diurna entre el lunes 20 y martes 21 de abril, con valores que podrían alcanzar hasta los 33 °C, según el aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno, catalogado con nivel de alerta naranja, prevé condiciones de moderada a fuerte intensidad.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 33 °C en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se ubicarán entre 18 °C y 29 °C. Estas condiciones estarán acompañadas de escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá un incremento significativo de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

Los departamentos comprendidos en este aviso son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín. Ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia constante para evaluar posibles impactos en la población, especialmente en zonas vulnerables.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas como el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación. También sugirió mantener ambientes ventilados, usar ropa ligera y de colores claros, y aumentar el consumo de líquidos para prevenir golpes de calor.

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El Banco de Crédito del Perú (BCP) entrará en mantenimiento este domingo 19 de abril, lo que afectará la operatividad de su plataforma y el funcionamiento de su billetera digital Yape.

Este apagón digital iniciará a 00:00 horas del domingo hasta las 6:00 a. m. Durante el tiempo que dure el manteamiento, algunos servicios de la entidad bancaria no funcionarán fluidamente.

Sin embargo, si algún usuario necesita hacer alguna operación podrá usar los cajeros automáticos y tarjetas de débito físico en las transacciones económicas.

¿Qué operaciones quedan suspendidas?

De acuerdo a la alerta del BCP, se registraran inconvenientes en los siguientes servicios:

• Banca Móvil BCP
• Aplicativo móvil Yape
• Pagos de servicios como luz, telefonía e internet, servicio de cable, agua, gas, y más.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició el despliegue de una serie de medidas con el objetivo de mitigar los riesgos en la salud de la ciudadanía.

¿Qué regiones podrían registrar elevadas temperaturas?

De acuerdo al Indeci, este fenómeno se manifestará, con mayor intensidad, entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. En la sierra norte, los picos de temperatura serán de hasta 33 °C, y 29 °C en la zona centro.

Las principales zonas afectadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

Uno de los factores de mayor preocupación para el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) es la escasa presencia de nubes prevista para el mediodía.

Esta es una condición que facilita el paso directo de la radiación ultravioleta (UV), elevando el riesgo de lesiones cutáneas y deshidratación.

Asimismo, se presentaran ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h durante las horas de la tarde.

Consejos del Indeci

Con el objetivo de evitar golpes de calor y complicaciones médicas, el Indeci recomienda a la ciudadanía usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y prendas de colores claros que permitan la transpiración.

Además, aconseja aplicarse bloqueador solar de manera constante, si se trabaja o transita a la intemperie. Incrementar la ingesta de agua para mantener el cuerpo hidratado y asegurar una ventilación óptima en hogares y oficinas.

Las autoridades locales y regionales permanecen en coordinación directa con el COEN para monitorear cualquier incidente derivado de estas anomalías climáticas y garantizar una respuesta rápida ante posibles emergencias.

En su presentación del martes 14 de abril ante el Congreso de la República, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció que la jornada previa a las elecciones generales tenía conocimientos sobre “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba”.

Sin embargo, la realidad era otra: la noche previa a las elecciones, en el almacén de la ONPE en Lurín se vivía un auténtico caos que anunciaba el inédito episodio que atestiguaría el país horas más tarde.

A las 9:42 p.m. del sábado 11 de abril, en un chat grupal de WhatsApp llegaba el siguiente mensaje: “Chicos de Villa El Salvador, vengan porque no hay gente en equipos. No hay nada armado”. Minutos más tarde, uno de los participantes predecía el desenlace de este caso al decir que “mañana los electores no podrán sufragar”.

A las 10:47 p.m. se reportaba que la ruta 103 a San Martín de Porres no iniciaba “porque desde el día de ayer falta el camión de materiales”. Tres minutos más tarde, “el único camión que está en San Pedro tiene doble rótulo”. Y añade: “Dice primero materiales y encima está pegado el rótulo de equipos (...) ni el chofer sabe qué cargaron porque cuando llegó el camión ya estaba cargado”.

Estas conversaciones fueron obtenidas por Stefanie Medina, periodista del programa Contracorriente de Willax, quien las compartió con El Comercio. Según la comunicadora, son mensajes intercambiados por auxiliares de la misma ONPE encargados de distribuir el material electoral que, desesperados, buscaban cómo solventar una evidente desorganización por parte del ente electoral.

“Esto corrobora que lo que dijo Piero Corvetto el mismo domingo era mentira. Él busco echarle la responsabilidad completa a la empresa Galaga cuando toda la evidencia que hemos recopilado demuestra que hubo graves irregularidades de organización en las elecciones”, considera Medina.

El Comercio se comunicó ayer con el área de Imagen de la ONPE. La entidad, al no tener conocimiento, nos solicitó acceso a los chats. Sin embargo, por protección de las fuentes, estos no fueron compartidos. En su lugar, se les detalló el contenido y los principales hallazgos de las conversaciones, pero, a pesar de ello, no brindaron explicaciones hasta el cierre de edición.

Los chats revelados por Medina también mostraron que los problemas no cesaron con el final de la jornada electoral, sino que mas bien se mantuvieron por lo menos hasta el lunes 13.

Un mensaje enviado a las 7:41 a.m. por un encargado del grupo felicita “la capacidad de cada uno por el compromiso y la tenacidad por el deber encomendado a cumplir”. El autor del mensaje también lamenta “los tiempos de espera larguísimos que viene tomando la atención para la descarga y cierre documentario de la comisión” y extiende sus disculpas desde el área de equipos “para todos aquellos afectados por la desorganización, falta de comunicación y empatía del área responsable”.

Cabe resaltar que en los mensajes a los que tuvo acceso El Comercio una trabajadora asegura haber cumplido un turno que inició a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó a la medianoche del lunes 13, es decir, más de 24 horas sin descanso.

Otros colaboradores detallaron haber trabajado más de 26 horas consecutivas, superados únicamente por un caso en el que el trabajador ingresó a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó su servicio a las 10:30 a.m. del martes 14.

Eran las 4 y 20 de la tarde de aquel viernes 18 de abril de 1980 cuando el cielo de Lima, algo gris y denso como de costumbre, fue surcado por una aeronave que transportaba, más allá de viajeros y tripulantes, los testimonios vivos de una búsqueda desesperada por un nuevo porvenir

En el vientre de aquel Jet One Eleven, comandado por el capitán Fernando Brune, viajaban 97 personas que acababan de romper las cadenas de un encierro de pesadilla en la embajada del Perú en La Habana, en Cuba.

El viaje, que duró poco más de cuatro horas desde San José de Costa Rica, a donde llegaron primero, fue una explosión de júbilo contenido, de “hurras” al Perú y cánticos que celebraban el fin de una odisea que el mundo seguía con el corazón en la mano.

Al aterrizar, el contraste no pudo ser mayor: del asfixiante hacinamiento bajo el sol del Caribe en la embajada peruana en La Habana, abandonada por la custodia policial castrista, al fresco y ordenado Parque Zonal Túpac Amaru, en San Luis, el cual las autoridades peruanas habían acondicionado a contrarreloj.

Allí, bajo la mirada de socorristas de la Cruz Roja Peruana y una estricta vigilancia policial para evitar desmanes, los recién llegados comenzaron a entender que el miedo ya no era el dueño de sus pasos. Sus rostros, aunque visiblemente desencajados por los días de hambre y vigilia, dejaban escapar tímidas sonrisas al ver las carpas y los suministros de medicinas que el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, ya casi de salida, les había preparado.

Santiago Sánchez Espinosa, un mecánico de 25 años que llegó con su esposa, sus dos hijos y su hermano, fue uno de los primeros en romper el silencio ante el tumulto de periodistas que aguardaba en el frontis del parque. “Atrás ha quedado todo un drama que no se lo deseo a nadie”, confesó con la voz quebrada.

Sánchez recordó cómo el viernes 4 de abril saltó la cerca de la embajada junto a otras quince familias, que el régimen cubano llamaba “lumpen”, pero para las autoridades peruanas eran sencillamente “disidentes” a la dictadura de Castro. El relato de Santiago Sánchez era el de muchos: una semana de horror viviendo en la colapsada embajada peruana “uno encima de otro”, entre el hedor y el temor constante a las enfermedades.

No todos buscaban el sueño americano en Miami; algunos, como Lázaro Ortiz Domínguez, un especialista ferroviario, expresaron de inmediato su deseo de trabajar en el Perú. “No pienso ni remotamente volver a Cuba mientras esté Castro allí”, sentenció Ortiz, agradeciendo el trato humano que recibió desde que pisó la primera escala en Costa Rica.

Los refugiados narraron con horror cómo las “turbas azuzadas” por el régimen castrista los habían atacado con piedras y botellas el sábado anterior, dejando a muchos heridos. Incluso en medio de la tragedia, hubo espacio para la ternura, como la “luna de miel” improvisada entre dos jóvenes.

Los esposos José Manuel Lago Rodríguez y Nereida Cuba, casados recientemente, pasaron ocho días en la embajada sin comer ni dormir, compartiendo un espacio ínfimo con miles de personas que llegaban de todas las provincias de la isla.

José Manuel recordaba con estupor cómo los soldados del gobierno cubano llegaron a balear un taxi colectivo (“Guagua”) que ingresó desesperadamente en la sede diplomática peruana, hiriendo incluso a niños en medio del caos, y luego exigiendo que se les sean devueltos puesto que eran, para ellos, unos simples delincuentes.

Mientras en Lima se instalaba este primer contingente, en La Habana la tensión alcanzaba su punto máximo de ebullición con el anuncio de una manifestación masiva frente a nuestra embajada. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial del Ministerio de RR.EE., denunció la grave responsabilidad de Cuba por cualquier acto hostil.

Los grupos amenazantes iban a participar en el desfile por el aniversario de Playa Girón. Así pues, el ambiente era de máxima alerta, pues se estimaba que más de un millón de personas marcharían frente a la sede en cuyo interior aún quedaban miles de asilados.

El impasse diplomático se agravaba por la negativa de las autoridades cubanas a aceptar las listas de visas otorgadas por el Perú. Mientras Torre Tagle buscaba agilizar la evacuación, el régimen de Fidel Castro instalaba altoparlantes alrededor de la embajada para amenazar a quienes no se acogieran a las excepciones de salida.

La situación era tan crítica que el gobierno de Cuba decidió suspender ese mismo día todos los vuelos de asilados hacia Costa Rica, alegando supuestos problemas domésticos y falta de publicidad. Pero la presión internacional ayudó a salvar a estas familias de las represalias castristas.

A pesar de las sombras que aún cubrían a los que se quedaron en la isla caribeña, los 97 cubanos de Lima sentían que habían vuelto a nacer en aquel rincón de San Luis, en el inmenso parque zonal, que hoy es la Videna. El gesto del consulado peruano en La Habana fue resaltado por varios refugiados, quienes recordaron cómo el personal trabajó sin descanso, sacrificando su propio sueño para conseguir alimentos básicos para la multitud.

La mayoría negó ser anticastrista y afirmó que solo buscaba llevar una vida normal. Rechazaron la propaganda del gobierno de Castro que los presentaba como marginales y aseguraron que tenían profesiones, oficios y familias, acusando al régimen de intentar desacreditarlos ante el mundo.

Al final de ese día, el Parque Túpac Amaru se convirtió en un refugio temporal, pero, sobre todo, en un símbolo de un país que abría sus puertas a quienes lo habían perdido todo por su búsqueda de libertad. Los cronistas de ese tiempo señalaron que ese “primer viaje” quedaría grabado en la memoria nacional.

Era, sin duda, el inicio de un éxodo que cambió la fisonomía de la ciudad de Lima y el corazón de sus habitantes. Los diarios de la época daban fe de que el Perú había cumplido con su tradición de asilo, frente a la mirada atenta de una comunidad internacional que respaldaba firmemente la posición de nuestra cancillería.

El segundo contingente de cubanos llegó al día siguiente. La mañana del sábado 19 de abril de 1980. A las 6 y 20 de la mañana, el rugido de los motores de un avión de la compañía costarricense “Spartas” marcaba el aterrizaje, en la pista del Grupo Aéreo Nº 8.

Eran 231 rostros marcados por la incertidumbre y esperanza, que descendían bajo un estricto resguardo militar y la mirada atenta de las autoridades de Defensa Civil. La fisonomía de este grupo, igual o más que el primero, reflejaba el drama humano de un éxodo sin precedentes: 113 mujeres, 48 hombres y 37 niños, además de dos infantes, quienes dejaban atrás su isla para iniciar una vida nueva en tierras desconocidas.

Bajo la supervisión del coronel Heraclio Fernández, los refugiados fueron trasladados de inmediato al campamento del Parque Túpac Amaru, donde el primer grupo los aguardaba con historias similares de resistencia y anhelos de porvenir.

En el campamento, la vida empezó a reorganizarse entre carpas y comités elegidos por los propios asilados para gestionar su nueva cotidianidad, mientras la población limeña observaba con empatía el arribo de estos “hermanos del Caribe”.

Lo que ocurrió ese 18 de abril de 1980 y los días siguientes fue, en esencia, una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria que el Perú había registrado hasta ese momento.

La policía detuvo en el distrito de Miraflores a un extorsionador de 48 años mientras estaba en proceso de realizar un nuevo cobro a una de sus víctimas, dedicada al rubro de construcción civil.

La intervención se concretó este sábado 18 de abril en horas de la mañana, cuando agente de la policía, con participación de la División de la Investigación de Asuntos Sociales (Divias) acudieron a la Av. Benavides como parte de una operación para dar con un extorsionador que estaba exigiendo pagos a una obra en la cuadra 20.

Es ahí donde los agentes detuvieron a Páucar de la Cruz de 48 años, quien tenía en su poder dinero en efectivo y diversas tarjetas de crédito con las cuales realizaba sus cobros ilícitos.

América Noticias reportó el 24 de noviembre del 2023 que Héctor Páucar de la Cruz había sido intervenido en aquella fecha por el mismo delito pero en el distrito de Surquillo.

En esa oportunidad, la PNP ya reportaba que el sujeto contaba con antecedentes de delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de extorsión. Páucar tenía en su poder dinero que había cobrado a su víctima y una arma, así como listados de nombres de posibles blancos.

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En un megaoperativo ejecutado la madrugada de este sábado, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional (Diviac) capturaron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados II” investigados por los delitos de extorsión y sicariato contra transportistas que operan en las rutas hacia el norte de la capital.

Según la tesis del Ministerio Público, la red era liderada desde el penal de máxima seguridad de Challapalca por Lucio Moreno Jaque, alias “Viejo”. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina confirmó que el cabecilla coordinaba las acciones ilícitas vía telefónica, tras haber sido trasladado previamente desde el penal Ancón II por realizar actividades similares.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), logró la detención de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’, por extorsión a conductores de buses interprovinciales y colectivos en Puente Piedra y Norte… pic.twitter.com/nrmfOrM1tE

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

La organización operaba desde mediados de 2023, cobrando cupos diarios de entre S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales. Estas actividades les permitían una recaudación anual estimada en S/1’800,000, afectando rutas que conectan Lima con las localidades de Chancay, Huaral, Huacho y Barranca.

Durante la intervención se allanaron 22 inmuebles y se requisó una celda en el penal de Juliaca, en Puno. Las autoridades incautaron celulares, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a los ilícitos, incluyendo declaraciones juradas firmadas notarialmente por las víctimas donde negaban ser coaccionadas, una modalidad utilizada para intentar evadir la fiscalización judicial.

Las investigaciones fiscales vinculan además a esta red con un asesinato en julio de 2025, en una disputa por el control del paradero Fundición, en Puente Piedra. La fiscalía sostiene que la banda utilizaba amenazas y violencia sistemática para mantener su hegemonía en los paraderos de la Panamericana Norte.

La fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, a cargo del Segundo Equipo de la fiscalía especializada, gestionó la detención preliminar de los implicados tras ocho meses de investigación. El operativo contó con el apoyo de la defensa pública y personal especializado de la PNP para asegurar el sustento de las pruebas que vinculan a la red con los delitos imputados.

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Temor constante a ser atropellados, demoras para llegar a sus centros de trabajo y una congestión vehicular que parece no tener fin. Eso es lo que enfrentan día a día los vecinos de la urbanización El Trébol, en Los Olivos. Ellos denuncian que, a pocos metros de sus viviendas, existe una amenaza latente; la escasa semaforización inteligente en el óvalo Tomás Valle, lo que genera un enorme caos.

Este punto, ubicado específicamente en el cruce de la avenida Tomás Valle con la Panamericana Norte, cuenta con aproximadamente 19 semáforos distribuidos alrededor de todo el óvalo. Sin embargo, estos funcionan únicamente con luces intermitentes ámbar, que advierten peligro y ordenan a los conductores reducir la velocidad. No obstante, tanto vehículos de transporte público como particulares hacen caso omiso a esta señal.

El panorama se vuelve especialmente crítico durante la hora punta de la mañana, alrededor de las 8 a.m. Los vecinos consideran urgente la implementación de una infraestructura semafórica adecuada y un mayor control del tránsito. Concretamente, proponen la instalación de 29 semáforos vehiculares y 30 peatonales que cuenten con luces roja y verde, a diferencia de los actuales dispositivos intermitentes.

Los vecinos aseguraron a El Comercio que la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad competente en la zona, reconoce la problemática; sin embargo, señaló que el principal obstáculo sería la falta de presupuesto. Así lo indicó el vecino Luis Palacios. “Venimos sufriendo esta situación desde el 2010, cuando la Municipalidad de Lima construyó un bypass en el óvalo Tomás Valle. Nunca se tomó en cuenta la necesidad de instalar semáforos para ordenar el tránsito. Lo único que se colocó fueron semáforos intermitentes, que no ayudan en nada”, afirmó.

“Han pasado más de 15 años y los peatones enfrentan un alto riesgo de ser atropellados y sufrir accidentes. Tenemos dificultades para cruzar y nos sentimos totalmente inseguros. Muchos vecinos son adultos mayores que viven cerca de aquí; esta es ahora una zona de alto riesgo. No obstante, regidores de la Municipalidad Metropolitana han señalado que, si bien entienden la necesidad, primero debe resolverse el tema presupuestal”, añadió.

En esa línea, el vecino reveló que el municipio aún no tiene una fecha definida para intervenir en la zona. “Ya se acercan las elecciones y vivimos con la preocupación de que este tema quede en el aire para las autoridades. Pedimos a la municipalidad que invierta en esta iniciativa para poder ayudar a los cientos de vecinos que necesitamos transitar por este óvalo”, indicó.

Otro de los puntos abordados fueron los graves problemas de salud derivados de la alta congestión vehicular. El vecino José Medina sostuvo que existe una elevada contaminación por monóxido de carbono. “Estamos expuestos a múltiples patologías. No solo hay contaminación ambiental, sino también contaminación sonora. Las autoridades deben velar por nosotros y plantear una solución inmediata”, señaló.

“Todo parte de que no hay un tránsito fluido por la pésima semaforización. Esos semáforos intermitentes de luz ámbar no solucionan el problema. Para poder cruzar, prácticamente hay que ‘torear’ a los carros. Parece que las autoridades lo ven como un gasto, cuando en realidad debería considerarse una inversión para la ciudadanía”, agregó.

El vecino advirtió que ya se han registrado accidentes en la zona, y recordó uno ocurrido en 2021, cuando un adulto mayor fue atropellado mientras cruzaba la vía. “Hay que evitar que este tipo de casos sigan aumentando; para ello, se necesita voluntad”, indicó.

Por su parte, el vecino Leoncio Ramírez señaló que frente al óvalo se ubica el centro comercial Plaza Norte. “Esto genera un gran impacto. Además, muchos vecinos debemos salir a trabajar y nos encontramos con buses y paraderos informales, producto de la falta de semáforos y de fiscalización en la zona. Hay que ser malabaristas para poder cruzar”, afirmó.

“Cuando paso por ahí, siento mucho miedo. Ningún conductor nos respeta. Esto impacta negativamente en nuestra salud mental. Le pido a la Municipalidad de Lima que se ponga a trabajar lo más rápido posible en establecer una red integral de semaforización, lo cual sería de gran beneficio para toda la comunidad”, añadió.

Por su parte, la vecina Mónica Montés reveló que, debido a la congestión, unidades de emergencia como ambulancias y bomberos han llegado a demorar hasta media hora para avanzar apenas una cuadra, lo que incluso habría provocado que algunos heridos fallezcan antes de llegar a un centro médico.

“No hay una ingeniería lógica. Esta es la realidad que vivimos todos los vecinos. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina a la que llevo al colegio y cruzar siempre es un caos. Nunca llega a tiempo por la congestión. Tenemos que hacer señales con las manos para que los autos se detengan. Imagínese cómo se ve afectada una persona en silla de ruedas o un adulto mayor”, manifestó.

Vecinos de todas las edades se ven perjudicados por esta situación. Una de ellas es Julia Tino, de 80 años. “Me veo obligada a cruzar para ir al mercado, pero me da mucho miedo. Por eso tengo que estar acompañada de alguien que me ayude. Tengo la esperanza de que algún día la municipalidad instale semáforos”, expresó.

Otra de las vecinas afectadas es Mara Wakipaco, cirujana dentista que trabaja en dos centros aledaños al óvalo. “Suelo movilizarme caminando y este es mi gran problema del día a día. El tráfico es terrible; si salgo después de las 6:50, ya me ganó. Es una pesadilla porque nadie fiscaliza”, concluyó.

Inseguridad y tráfico

Esta problemática no solo es cuestionada por los vecinos, sino también por especialistas en transporte. Uno de ellos es Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, una asociación civil enfocada en impulsar la movilidad sostenible. En entrevista con El Comercio, señaló que la fuerte congestión se debe a la falta de un sistema de semaforización adecuado que permita controlar el tránsito de manera segura. “Los semáforos con luces intermitentes ámbar tienen un carácter provisional. No puede ser que se mantengan de forma permanente, porque lo único que hacen es advertir a los conductores que tengan cuidado, pero no los obligan a detenerse. En la práctica, son un saludo a la bandera”, afirmó.

“La competencia es de la Municipalidad Metropolitana. Lo preocupante es que algunos vehículos se detienen y utilizan la zona como paradero informal, lo que genera aún más congestión. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos”, agregó.

El Comercio estuvo en el lugar y constató la presencia de personas en la vía que cumplen la función de detener el tránsito para permitir el paso de peatones; sin embargo, luego reciben “propinas” por parte de conductores de combis y buses. Al respecto, Vélez indicó que “se está generando un ecosistema de informalidad, lo que además ocasiona una gran lentitud en el flujo vehicular”.

“Definitivamente se deben instalar semáforos con luces roja, verde y ámbar. Así, por un lado, se mejorará el flujo vehicular y, por otro, los ciudadanos podrán cruzar la vía sin el riesgo de ser atropellados”, concluyó.

Poca importancia al peatón

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es que este circuito semafórico esté conformado únicamente por dispositivos intermitentes. Para el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro y exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, esto evidencia que los semáforos han sido pensados para los vehículos, mas no para los peatones. “Debería existir también una semaforización peatonal, sobre todo en una vía tan transitada y congestionada como la de este óvalo. Se está dejando de lado a los transeúntes y favoreciendo a los vehículos”, señaló a El Comercio.

“Esto también provoca un uso excesivo del claxon y frenadas bruscas. Todo ello repercute en la salud mental de los vecinos, generándoles estrés y malestar general”, concluyó.

Pedido de semaforización en el óvalo Tomás Valle: expediente con documentos presentados por los vecinos ante la Municipalidad de Lima

Expediente by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

El Comercio se contactó con la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar sus descargos, específicamente para conocer si consideran necesario implementar semáforos peatonales en el óvalo y, de ser así, cuándo se llevaría a cabo esta medida. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta al cuestionario enviado.

Otro problema detectado: ciclovía deteriorada

Los vecinos también alertaron sobre una problemática relacionada con la ciclovía ubicada entre los cruces de la avenida Tomás Valle con Túpac Amaru y Tomás Valle con Angélica Gamarra. Señalan que, a pocos metros del óvalo Tomás Valle, a la altura del Parque Internacional, la infraestructura presenta acumulación de basura, desmonte y desagüe.

Advierten que esta situación representa un riesgo para los ciclistas que transitan por la zona, ya que incrementa la probabilidad de accidentes.