Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

La avenida José Pardo, una de las vías más importantes de Miraflores, será renovada en su totalidad en el último año de gestión del alcalde Carlos Canales con una inversión de 15.8 millones de soles. La comuna distrital ha sociabilizado el proyecto entre los vecinos, para lo cual ha desarrollado una reunión informativa a fines de marzo.

El municipio ha argumentado que se ejecutará el mejoramiento y la modernización de las 15 cuadras de la avenida José Pardo debido al deterioro del pavimento asfáltico, la falta de señalización y el desgaste del mobiliario urbano, lo cual afecta, según dijo, la seguridad y comodidad de peatones y conductores.

Una vez que se concluya con la obra, la Av. José Pardo contará con nuevo pavimento, así como un renovado mobiliario urbano, que incluye bancas, bolardos, maceteros, tachos para la basura y farolas con iluminación LED. También se contempla la intervención y mejoramiento de las áreas verdes, a fin de optimizar el componente paisajístico de la avenida.

El Comercio pudo conocer que el plan de desvío vehicular que se aplicará, ante el cierre de la Av. José Pardo, implica que las avenidas Dos de Mayo y Enrique Palacios sean para el servicio público, mientras que los vehículos particulares deben utilizar las calles Berlín y Gálvez.

A fin de no afectar el tránsito vehicular en la Av. José Pardo, el proyecto se desarrollará en tres etapas. La primera será desde la Av. Espinar hasta el parque Miguel Grau, mientras que la segunda y tercera será de la Av. Espinar hacia el óvalo de Miraflores. La Subgerencia de Movilidad Urbana ha elaborado una propuesta del plan de desvío vehicular para mitigar el impacto de las obras en vecinos y usuarios de esta vía.

La Av. José Pardo es una de las principales vías de Miraflores porque se interconecta con las avenidas Arequipa, José Larco, Diagonal y Ricardo Palma. Lleva el nombre de José Pardo y Barreda, quien fue presidente en dos ocasiones: 1904-1908 y 1915-1919.

Renato Otiniano, regidor de la Municipalidad de Miraflores, hizo notar que el costo de la obra de la avenida José Pardo será de más de un millón de soles por cada cuadra, ya que dicha vía tiene 15 cuadras y demandará una inversión de 15.8 millones de soles.

“Ya han salido las especulaciones de la proporción de los costos, un costo bastante elevado, a razón de más de un millón de soles por cuadra, y ha hecho un poco pensar con relación al presupuesto integral de la obra de la Av. Pardo”, afirmó el concejal miraflorino a El Comercio.

Además, remarcó que existe preocupación en los vecinos por el plazo en que se ejecutará el proyecto, pues se ha informado que serán 120 días, pero consideró que no se cumplirá con lo establecido, pues recordó que los trabajos del Puente de la Paz, de la calle Grau, de la Av. Comandante Espinar y de la remodelación de la pileta del óvalo de Miraflores excedieron el plazo anunciado.

“La preocupación nace por el tema de los tiempos que se toma esta gestión y el proceso para adjudicar esta obra relevante en el distrito”, refirió.

Otro punto en el que incidió Otiniano es que la renovación de la Av. Pardo se realice en el último año de gestión de Carlos Canales, cuando se pudo gestionar con anterioridad, según dijo, ante la Municipalidad de Lima la delegación de facultades para intervenir en una vía metropolitana, ya que recordó que ambos alcaldes son del partido Renovación Popular. “El abandono que ha tenido la avenida José Pardo ha sido increíble. La gestión (de Canales) durante mucho tiempo ha sido indiferente aduciendo que eso es responsabilidad de Lima Metropolitana”, aseveró.

Además, enfatizó que la avenida Pardo se encuentra abandonada porque la última vez que se le hizo mantenimiento fue en la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. “La gestión de Luis Molina se escudó en el tema de la pandemia y relegó el mantenimiento de las vías importantes del distrito”, indicó Otiniano.

Sobre la obra en sí, el regidor de Miraflores adelantó que la alameda de la Av. José Pardo será solo de uso peatonal, por lo que ya no podrán circular bicicletas, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, pese a la protesta de vecinos. Por ello, planteó que se mejore la ciclovía de la Av. Dos de Mayo, que es paralela y que no ha sido implementada en su totalidad.

Celso Graña, exdelegado de la zona 4 de Miraflores, donde tendrá impacto la obra en la Av. José Pardo, cuestionó a la Municipalidad de Miraflores por, según dijo, no colocar una base de concreto a dicha vía, pese a que se trata de una pista de alto tránsito vehicular. Este Diario trató de recoger la versión del municipio pero no hubo respuesta.

“Lo único que van a hacer es asentar la pista y ponerle el asfalto encima, pero eso se va a romper. Deben colocar tres pulgadas de concreto, como se recomienda en este tipo de vías de alto tránsito, sino no va a resistir”, indicó Graña a El Comercio.

Remarcó que los trabajos que se realicen deben ser similares a los que se hicieron en la avenida Comandante Espinar, ya que también soporta una alta carga vehicular.

Graña afirmó que se ha informado de los alcances del proyecto a un grupo pequeño de vecinos en una reunión, pese a que los alrededores de la obra residen más de 45 mil personas

Al igual que el regidor Renato Otiniano, Celso Graña expresó su preocupación por el plazo en que la Municipalidad de Miraflores entregará la obra, pues recordó que en otros proyectos se ha excedido el plazo, lo cual, según dijo, perjudica a los vecinos, tal como ocurrió con los trabajos en la calle Bolognesi.

Avizoró que las labores que se realizarán en el tramo comprendido entre la Av. Comandante Espinar y el óvalo de Miraflores tendrán bastante impacto en los vecinos de las zonas aledañas, ya que se acentuará la congestión vehicular.

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, remarcó que la Av. Pardo es una vía metropolitana que está conectada a otras avenidas, por lo que cualquier modificación en su diseño puede impactar a otras vías.

No obstante, remarcó que dicha avenida miraflorina, pese a que tiene una parte central peatonal, sí necesita más veredas, pues aseguró que las diversas construcciones han restado espacio a la zona por donde transitan los peatones.

Además, consideró que la Municipalidad de Lima debió ejecutar la obra para que “el impacto sea real y mejor en la manera cómo usamos la vía”. “La metrópoli se ha desentendido de sus vías metropolitanas y eso no permite que estas obras tengan un mejor impacto en el uso de la vía, sobre todo para peatones”, acotó.

La Municipalidad de Lince reabrió el campo sintético del Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla con una jornada deportiva gratuita que tuvo como principal atractivo un partido de exhibición con reconocidas exfiguras del fútbol peruano.

El evento reunió a exseleccionados y referentes del balompié nacional como Juan Manuel Vargas, Luis Guadalupe, José Luis Carranza y Jorge Amado Nunes, quienes volvieron a la cancha ante la presencia de vecinos del distrito.

Como antesala, se desarrolló un cuadrangular escolar donde participaron estudiantes de Lince, iniciativa que buscó promover el deporte desde edades tempranas y fomentar la competencia saludable.

La reapertura del campo formó parte de las acciones de la comuna para mejorar la infraestructura deportiva local y garantizar espacios adecuados para la práctica del deporte y la recreación.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que la recuperación de este espacio apuntó a fortalecer la integración vecinal y promover estilos de vida saludables. “El deporte es una herramienta de transformación social y una oportunidad para impulsar el talento de nuestros niños y jóvenes”, señaló.

Con esta actividad, la municipalidad buscó consolidar al distrito como un espacio activo en la promoción del deporte y la convivencia ciudadana.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) confirmó la titularidad de la Municipalidad de Miraflores sobre el predio del Mercado Municipal N°1. Esta decisión rechaza el intento de la comuna de Surquillo por inscribir el centro de abastos a su nombre, tras determinar que dicha pretensión carece de base legal.

La resolución de la autoridad competente establece que el inmueble se encuentra debidamente inscrito a nombre de la corporación edil miraflorina en la partida registral N.° 07017698. Asimismo, el organismo señaló que los argumentos presentados por Surquillo se basaban en interpretaciones erróneas de la normativa vigente.

En su pronunciamiento, la Sunarp advirtió que la solicitud de las autoridades de Surquillo adolece de un “defecto insubsanable”, lo que confirma su improcedencia absoluta. La entidad precisó que la ley de creación de Surquillo define límites territoriales, pero no transfiere la propiedad de predios que pertenecen a Miraflores.

Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, manifestó que el fallo reconoce que el espacio comercial fue inscrito correctamente en los registros públicos. Por su parte, la municipalidad miraflorina exhortó a las autoridades del distrito vecino a respetar el marco legal y evitar promover controversias sin fundamento.

Esta disputa cuenta con antecedentes jurídicos, como la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008. En aquel proceso, se determinó que Surquillo posee la competencia para la administración y gestión de los servicios por estar en su jurisdicción, pero se dejó a salvo el derecho de propiedad registral de Miraflores.

Actualmente, el Mercado N°1 permanece cerrado desde agosto de 2024 debido a deficiencias estructurales y de seguridad. La administración de Surquillo ha anunciado un plan de remodelación integral y proyecta la reapertura del centro de abastos para mayo de 2026.

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“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Un agente del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció tras ser asesinado de cuatro disparos la noche de ayer, miércoles 8 de octubre, a pocos metros de su vivienda ubicada en la calle Miguel Grau, en la urbanización Las Fresas, Callao.

América Noticias indicó que se trata del suboficial de tercera Ángelo Jonatan Velázquez Ipanaqué, que estaba suspendido desde hace tres meses de las fuerzas del orden bajo un proceso de investigación administrativa.

¿Como ocurrió el asesinato?

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento cuando el suboficial fue atacado por un sujeto desconocido en plena vía pública. Al escuchar los disparos, vecinos de la zona salieron de sus hogares y encontraron el cuerpo.

Al lugar llegaron los familiares de la víctima tras ser alertados sobre lo ocurrido a solo cuatro cuadras.

Las grabaciones de videovigilancia serán clave para lograr la identificación del sujeto encapuchado que rondaba el lugar previo al ataque. La Policía precisó que este material ya fue entregado a unidades especializadas, encargadas de examinar minuciosamente los desplazamientos del sospechoso.

Por otro lado, las autoridades han decidido mantener en reserva información adicional sobre la investigación que involucraba a la víctima antes de su muerte. En las próximas horas se espera conocer nuevos detalles que permitan ubicar al responsable de este crimen ocurrido en el primer puerto.

La mañana de este 9 de abril se reportó un aniego en el distrito limeño de Chorrillos, que afecta la subida y bajada hacia la playa Agua Dulce en la Costa Verde. La acumulación de agua provocó congestión en el tránsito vehicular.

America Noticias indicó que el incidente respondería a una filtración natural. En tanto, vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se reporta un incidente similar.

La municipalidad del distrito ya dispuso maquinaria en esta parte para realizar labores de limpieza.

Los Cedros afectado

El matinal también informó que en la concurrida avenida Los Cedros, el agua viene afectando las vías. Negocios aledaños han tomado sus precauciones para que el agua no ingrese y dañe su mercadería. Además, los transeúntes no tienen como pasar debido a la inundación.

¿Por qué hay aniegos en Chorrillos?

Desde hace al menos dos años, el distrito de Chorrillos presenta problemas de inundaciones y filtraciones, asociados a la existencia de acuíferos naturales en la zona.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y circular con cuidado mientras se desarrollan las labores para evacuar el agua y recuperar por completo la tránsito de la vía.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en una emergencia, puedes llamar a los números principales que son: el 105 (Policía Nacional del Perú), el 116 (Cuerpo de Bomberos del Perú) y el 106 (Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU - Salud).

Recuerda que estas líneas son gratuitas, atienden las 24 horas los siete días de la semana y permiten solicitar ayuda rápida ante delitos, incendios o urgencias médicas.

Mediante el Decreto Supremo N°005-2026-Vivienda, publicado este miércoles 8 de abril, el Gobierno modificó parte del reglamento de la Ley N°28687, con el objetivo de agilizar la formalización de terrenos ocupados por más de 10 años.

Estos cambios buscan hacer más claro, sencillo y rápido el proceso para regularizar terrenos ocupados informalmente. Además, entregan reglas puntuales para las instituciones involucradas en el proceso de titulación como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

La norma deja más claro las funciones que cumplen las entidades como Cofopri, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en el proceso de titulación.

A su vez, define qué son los centros urbanos informales y cómo deben acreditarse las posesiones. La normal establece que las personas que ocupan terrenos informales y quieren legalizarlos, deben demostrar que han poseído esos terrenos por al menos un año hasta el 31 de diciembre de 2021.

Además, los lotes deben cumplir con requisitos mínimos de vivienda para poder regularizarlos.

En el caso de la permuta de terrenos, las municipalidades serán las encargadas de regularizar estos procesos. Es decir, los municipios podrán gestionar intercambios de terrenos estatales o privados, siempre que los ocupantes acrediten posesión continua de al menos 10 años hasta el 31 de diciembre de 2021.

Un paciente de 74 años, identificado como Claudio Madrid Ayzanoa, internado en Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, no puede realizarse tres tomografías necesarias para recibir tratamiento debido a que el tomógrafo se encuentra inoperativo. Así lo detalló su hija, Marlene Madrid en el rotafono de RPP.

De acuerdo a Marlene, su padre fue internado en el hospital Sabogal desde el 3 de abril, y lleva cinco días a la espera de que se le practique las tomografías necesarias para un buen diagnóstico.

Claudio Madrid es un paciente que presenta lesiones en el hígado, páncreas y vesícula, y necesita recibir un tratamiento a sus enfermedades.

De acuerdo a la declaraciones recogidas, Marlene ha solicitado a los funcionarios del Sabogal el traslado de su padre a una clínica que pueda realizar las tomografías que requiere.

Sin embargo, los trámites se habrían retrasado por el feriado largo de Semana Santa. “Se ha ordenado una tomografía, pero se demoran mucho en esta gestión y los días siguen pasando. Primero nos dicen que la cita sería esta semana, y que estemos atentos, luego nos dicen que puede demorar semanas”, relató.

“Nuestra preocupación es que cada día que pase mi papá no reciba un tratamiento sobre las dolencias que tiene y termine en algo peor. Cada día que pasa sin un diagnóstico mi padre se va poniendo más amarillo y el daño hepático y páncreas sigue avanzando”, agregó la denunciante.

La inscripción al examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, se ha ampliado por tres días consecutivos para que los profesionales de la salud, que no lograron inscribirse en el cronograma regular, puedan hacerlo este 8, 9 y 10 de abril.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), esta etapa excepcional tiene como objetivo brindar una nueva oportunidad para participar en la evaluación que tendrá lugar el domingo 19 de abril, una semana después de las elecciones generales 2026.

Para completar su inscripción, los profesionales rezagados deberán utilizar los canales oficiales del Minsa, y cumplir con los requisitos y plazos establecidos en la convocatoria. Los cuales son:

• Ser profesional de la salud y contar con título inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.
• Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería

¿Qué es el examen serums?

La evaluación para el Serums es un proceso de suma importancia para que los profesionales de la salud logren incorporarse en los establecimientos de zonas rurales y urbano marginales. Centros en los que existen una fuerte demanda de atención.

¿Qué carreras profesionales se requiere?

De acuerdo al Minsa, el examen está dirigido a los siguientes profesionales:

• Médicos cirujanos.
• Cirujanos dentistas.
• Enfermeras.
• Obstetras.
• Químicos farmacéuticos.
• Nutricionista.
• Tecnólogos médicos.
• Trabajadores sociales
• Biólogos, psicólogos.
• Médicos veterinarios.
• Ingenieros sanitarios.

El Parque de las Leyendas abrirá sus puerta, desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril, día en el que se llevarán a cabo las elecciones generales 2026.

Además, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad a la que está adscrita el parque de entretenimiento, los niños de 3 a 1 años tendrán el 50% de descuento en las sedes de San Miguel y Huachipa.

Entrada gratis por un libro

El 11 de abril, la sede de San Miguel tendrá un súper promoción: las primeras 100 personas que traigan un libro ingresarán gratuitamente. Esto con el objetivo de participar en el Truequetón Infantil al mediodía en el patio central del Parque de las Leyendas.

Según la programación de este fin de semana, a las 02:00 p. m. podrán participar de diversos talleres como Segrega y aprende, Juegos clásicos y Encuentra la palabra.

Los ciudadanos que acudan al parque podrán recorrer la zona Costa, Sierra y Selva. En cada zona podrán admirar la fauna y flora de cada región.

Además, podrán recorrer el gran complejo arqueológico Maranga, que alberga 54 monumentos arqueológicos como la Huaca San Miguel, Huaca La Palma y la Huaca Cruz Blanca.

Los restaurantes y servicios turísticos estarán obligados a proporcionar sus cartas, guías y otros materiales promocionales en el sistema braille. Así lo dispone el Decreto Supremo N° 001-2026-MIMP, que fue publicado este 8 de abril en el Diario Oficial El Peruano.

A partir de la entrada en vigor de esta norma, los establecimientos deberán contar con el 5% de sus materiales en braille para asegurar la accesibilidad de sus servicios a la personas con discapacidad visual.

La normativa busca garantizar el acceso a la información de sus servicios y productor, en igualdad de condiciones. Por esa razón, los ejemplares deberán ser copias fieles, estar en idioma español, y replicar la información contenida en las cartas físicas o materiales impresos.

El decreto precisa que los establecimientos también pueden optar por otros formatos de comunicación como audible o digital, siempre y cuando implementen progresivamente el sistema braille, hasta el 2031.

Por otra parte, la norma precisa que los gobiernos regionales y locales, al igual que las instituciones como la Biblioteca Nacional del Perú, deberán ofrecer sus servicios de impresión en braille a tarifas que no excedan los costos de producción.

Otro aspecto que contempla la norma es la capacitación del personal y la regulación de los lineamientos para la impresión.

El objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en los ámbitos del turismo y la gastronomía.

Durante el domingo 12 de abril, el transporte público empezará a operar desde las 5 a. m., así lo dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según el jefe del ATU, David Hernández, esta ampliación se da en el marco de las elecciones generales 2026. “Estamos trabajando desde las 5 de la mañana como si fuera un día hábil, no un domingo; recuerden que los domingos se empieza 6:00 o 6:30. Estamos empezando como día de semana, desde las 5 de la mañana, para que haya continuidad operativa”, explicó.

¿Cuáles serán los horarios del transporte público?

El ATU formalizó el horario de atención de los servicios de transporte en Lima y Callao:

Metropolitano

Las rutas regulares A, B y C iniciarán su operación desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

El Expreso 1 comenzará a funcionar desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Mientras que el Expreso 5 tendrá un horario 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m. En tanto, el servicio Lechucero mantendrá su horario habitual de viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.

Corredores complementarios

El corredor Azul, Rojo y Morado iniciarán su jornada laboral a las 5:00 a.m. y culminará a las 11:00 p.m.

Aerodirecto

El bus que transporta a los ciudadanos desde el aeropuerto a diferentes puntos de la ciudad operará sus rutas en sus horarios habituales.

Línea 1 del Metro

Las Línea 1 del Metro de Lima tendrá 96 viajes adicionales este domingo 12 de abril. El primer tren eléctrico partirá de la estación a las 5:30 a. m. y el último saldrá a las 10.00 p. m. iniciará su

La frecuencia de los trenes será de 3.5 a 15, según la franja horaria.

Línea 2 del Metro

En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, según la ATU mantendrá su horario regular: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Transporte regular y taxis autorizados

El transporte público regular estará disponible al público desde las 4:30 a. m. hasta medianoche, y estará sujeto a la demanda del servicio.

En Tanto, el servicio de taxis estará disponibles las 24 horas del día.

Por último, el presidente de la ATU precisó que los conductores tendrán una programación determinada para mantener la continuidad del servicio y, a la vez, puedan cumplir con su deber cívico. “Un grupo que descansa va en la mañana y vota y luego va al servicio en la tarde“, apuntó.

Lima registrará un incremento en el flujo de movilidad urbana a lo largo del fin de semana por las Elecciones Generales 2026, especialmente el mismo día que se llevarán a cabo, domingo 12 de abril, lo que alcanzará al uso de aplicativos de movilidad.

Según Cabify, por ejemplo, la demanda de servicios por aplicativo proyecta un aumento del 20% a partir de las 8:00 a.m., impulsada por ciudadanos que se desplazan hacia sus centros de votación y terminales terrestres.

El flujo de viajes crecerá de manera sostenida durante la mañana hasta alcanzar su punto máximo al mediodía. Los distritos residenciales de La Molina y Santiago de Surco, según estima Cabify, se perfilan como las zonas de mayor concentración de solicitudes, con incrementos proyectados de hasta un 35% debido a la densidad de locales de sufragio en dichas jurisdicciones.

Según la plataforma española con sede en el Perú, el incremento en los flujo de viajes se manifestará desde el viernes 10 de abril con picos de demanda de hasta el 60% entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Este movimiento se concentrará principalmente en Miraflores, Barranco y el Cercado de Lima, motivado por actividades sociales previas al inicio de la restricción de expendio de bebidas alcohólicas o “ley seca”.

Para el sábado 11 de abril se anticipa una disminución en la actividad de los aplicativos, funcionando como un periodo de transición antes de la jornada central. Además de los centros de votación, se espera un movimiento constante en los terminales terrestres por el retorno de viajeros y en diversas zonas comerciales de la capital.

Los usuarios mantienen una tendencia de elección hacia los aplicativos de movilidad para evitar aglomeraciones y contar con trazabilidad en sus desplazamientos. Plataformas como Uber, Didi, Cabify e Indrive han mantenido sus tarifas regulares durante la última semana previa a los comicios, según los reportes de las propias operadoras.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación para asegurar una jornada ordenada. Aunque el transporte público operará desde las 5:00 a.m., se prevé que el uso de aplicativos se extienda después de la votación para visitas familiares y actividades sociales permitidas por la normativa electoral.

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A pocos días de las elecciones, una nueva contratación con el Estado termina envuelta en una grave acusación. La Contraloría General de la República publicó dos informes contra una empresa que brindó el servicio de seguridad en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, tras haber recibido un contrato millonario. Lo que ha llamado la atención es que, según el órgano de control, no habría contado con los requisitos mínimos exigidos para ello.

Se trata de la empresa Grupo MG Security S.A.C., cuya gerente general está identificada como Gladys Mendoza Malca. Esta compañía fue contratada para brindar el servicio de seguridad y vigilancia en el hospital de Lima, sin embargo, el órgano de control detectó diversos incumplimientos durante la ejecución del contrato, los cuales fueron consignados en dichos informes oficiales.

El contrato principal adjudicado a la empresa asciende a S/13,9 millones por un periodo de dos años, con inicio el 5 de enero de 2024 y fecha de culminación el 8 de enero de 2026. Durante ese tiempo, la empresa habría venido cobrando cerca de S/500.000 mensuales por el servicio.

De acuerdo con los informes publicados por la Contraloría, la empresa ejecutó el servicio sin cumplir con condiciones esenciales establecidas en el contrato. Entre las principales observaciones, se señala que no contó con la totalidad de agentes de seguridad exigidos y que parte del personal habría operado sin armas de fuego cuando estas eran requeridas.

Asimismo, se indica que algunos agentes no contaban con el carné de identificación para portar armas de fuego, emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Otro punto crítico advertido por el órgano de control es que el servicio se habría brindado sin que se instalara oportunamente el sistema de videovigilancia contemplado en el contrato. Además, la empresa no habría cumplido con los plazos establecidos para implementar este componente, lo que implicó que el hospital operara sin una herramienta clave de control y seguridad.

A estas observaciones de la entidad se suma que el inicio de la prestación del servicio también registró retrasos, pese a que los plazos estaban claramente definidos en las cláusulas contractuales.

Primer Informe de Contraloría by Sebastian Ramirez Mendoza

La Contraloría también advierte posibles responsabilidades al interior del hospital, al señalar que los funcionarios no actuaron con la debida diligencia para sancionar estos incumplimientos. En particular, cuestiona que no se aplicaron penalidades al contratista, a pesar de las faltas detectadas.

Un elemento que también genera alerta en el sector es la garantía de fiel cumplimiento, monto de dinero que toda empresa deja como respaldo para asegurar que cumplirá correctamente el contrato, y que el Estado puede retener si no lo hace. Este es equivale al 10% del monto del contrato, es decir, alrededor de S/ 1,3 millones. Actualmente, la empresa estaría reclamando la devolución de esta garantía, pese a que los informes de la Contraloría evidencian múltiples incumplimientos.

Segundo Informe de Contraloría by Sebastian Ramirez Mendoza

El Comercio se contactó con Gladys Mendoza Malca, gerente general de Grupo MG Security S.A.C., quien en un primer momento señaló que no brindaría detalles. Sin embargo, luego ofreció algunas declaraciones. “No les corresponde a ustedes, como prensa, involucrarse. Con quien tendría que hablar es con la Contraloría. Hay temas con el hospital en los que se está involucrando a mi empresa sin razón. Es una falsedad todo lo que está diciendo la Contraloría; recién me entero de esto”, afirmó.

“Mi empresa terminó bien el servicio, no tuvimos ningún problema. Hemos quedado en buenos términos con el hospital. Desmiento completamente esta denuncia. La Contraloría no nos ha hecho llegar ningún documento. Es verdad que hemos tenido penalidades, como toda empresa, pero ya las pagamos. Somos una empresa formal, no improvisada; contamos con todo. Hay muchas cuestiones con la actual gestión del hospital, pero mi empresa está totalmente desvinculada”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “antes de que lleguemos, ese hospital no tenía ni una sola cámara. Cuando entramos, dimos todo. Nuestro trabajo marchó bien y no entiendo quién quiere hacernos tanto daño. Todas las observaciones que en su momento pudieron existir fueron subsanadas. No sé qué es lo que buscan. En el Estado hay muchas cosas podridas. Yo soy una mujer creyente y viuda; soy madre y padre para mis hijos. Le dejo a Dios todo lo que está pasando. Quien quiera hacerle daño a mi empresa no lo logrará, porque no tienen ningún argumento. Soy una persona que no le hace daño a nadie. Nuestro contrato con el hospital ya terminó; no tenemos nada que ver”.

Este Diario también se contactó con el equipo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Pese a que aseguraron que revisarían los informes y que se pronunciarían antes del cierre de la nota, no brindaron ninguna declaración.

Existen herramientas para enfrentar los incumplimientos contractuales de un contratista, las cuales están contempladas en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Así lo explicó a El Comercio el abogado especialista en contrataciones con el Estado y socio de STC Abogados, Christian Collantes. “Una de las herramientas es iniciar un proceso sancionador ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Otras herramientas son el envío de cartas notariales y la aplicación de penalidades, las cuales tienen un tope de hasta el 10% del monto total del contrato”, señaló.

“Sobre la devolución de una garantía, una vez que una entidad de la administración pública identifica la configuración de incumplimientos contractuales, queda habilitada para ejecutar el monto total de la carta fianza, equivalente al 10% del monto del contrato. En este caso, incluso ya existen informes de la Contraloría que sirven como evidencia (…). Además, si surge alguna controversia, se puede acudir a un tribunal arbitral colegiado para que evalúe el caso e incluso resolver el contrato”, agregó.

En la página web de Grupo MG Security S.A.C., la empresa se presenta como “líder en el sector de seguridad privada” y señala contar con una “exitosa trayectoria desde el 2015 en seguridad, protección y vigilancia”.

En su web, la empresa señala que brinda diversos servicios, principalmente el resguardo de personas y bienes en sectores como el pesquero, hospitalario, industrial y minero, entre otros. En ese marco, asegura contar con personal capacitado, integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La empresa también ofrece servicios de seguridad marítima, orientados a compañías dedicadas a la extracción de recursos hidrobiológicos, tanto en agua como en tierra.

Ese miércoles 7 de abril de 1954 no fue un día cualquiera para el rostro de Lima. Mientras la capital despertaba con el trajín de sus tranvías y el eco de las noticias que llegaban de una Europa aún convaleciente tras la guerra, en el Palacio de Gobierno, el general Manuel A. Odría, presidente de facto, estampaba su rúbrica en dos normas legales que cambiarían para siempre el destino del sur chico.

La historia de nuestros balnearios del sur es, en buena medida, la historia de la búsqueda del sosiego frente al mar, vida en comunidad. Así, El Comercio informó con la sobriedad de la época en torno a la promulgación en el diario oficial de las leyes respectivas.

Fueron dos leyes escuetas, pero de gran significación, publicadas ese 7 de abril de 1954. De esa forma, el gobierno militar dio a las localidades de Punta Negra y Punta Hermosa el derecho a nacer como distritos autónomos.

PUNTA HERMOSA – PUNTA NEGRA: EL NACIMIENTO OFICIAL BAJO EL SOL DE ABRIL

El Congreso de la República, mediante las Leyes Nº 12095 y 12096, decretó la creación de los distritos de Punta Hermosa y Punta Negra, respectivamente. Ambas jurisdicciones se desprendieron del histórico distrito de Lurín, que hasta entonces abrazaba casi toda la costa sur de la provincia de Lima.

La noticia no pasó inadvertida en las redacciones. En la edición del viernes 9 de abril de 1954, este diario destacaba en sus páginas de “Leyes” el nuevo mapa político de Lima. El general Odría, en un gesto de descentralización costera, daba el visto bueno a una demanda vecinal que ya se sentía como un derecho ganado.

Para Punta Hermosa, la Ley 12095 marcó el inicio de su vida institucional, teniendo como primer alcalde al coronel Francisco de Sales Torres. Los límites originales eran claros: al norte con Lurín y al sur con Punta Negra.

Punta Negra, por su parte, nacía con la Ley 12096. Su territorio se extendía entre los kilómetros 46 y 51 de la carretera Panamericana Sur, una vía que empezaba a ver el aumento del flujo vehicular de familias que buscaban refugio del calor limeño.

En aquellos días, este diario también mostraba croquis detallados de la zona, ubicando las “sugestivas playas” que ya atraían a los primeros veraneantes. Se mencionaban lugares como Playa Pescadores y Chanque (Punta Negra), nombres que hoy resuenan con nostalgia en la memoria de los antiguos residentes.

El ambiente en Lima era de progreso. Mientras se instalaban servicios de agua potable en distritos vecinos como Surquillo, el sur se preparaba para una urbanización que, aunque lenta al principio, sería imparable con el correr de las décadas.

PUNTA HERMOSA Y NEGRA: LEYENDAS, NOMBRES Y LOS PRIMEROS PASOS

Pero antes de las leyes, estuvieron los hombres y sus mitos. Se dice que Punta Hermosa no siempre se llamó así; en un principio, los lugareños la conocían como “Roca Negra”. El cambio de nombre tiene un tinte poético que la tradición oral ha preservado.

Cuentan que, durante los atardeceres, la luz del sol se reflejaba en el islote de la playa sur y los visitantes exclamaban: “¡Qué hermosa se ve la punta!”. De esa admiración espontánea nació el nombre que hoy adorna los carteles municipales.

Punta Negra tiene su propia versión histórica. El nombre se atribuye a Lidio Mongilardi, un vecino que encontró un parecido con una playa homónima en Italia. Fue él quien, en 1949, bautizó formalmente la zona.

Los primeros pobladores de Punta Negra fueron Fernanda y Claro Cuya, quienes llegaron entre 1938 y 1939. Buscaban los restos de un pariente ahogado en Chilca, pero decidieron instalar su ranchería y quedarse para siempre.

A estos pioneros se sumaron veraneantes que alquilaban habitaciones rústicas. Nombres como Harold Berry, Alfredo Comitre y Alejandro Tirado figuran entre los que descubrieron el potencial del balneario antes de que fuera distrito.

En Punta Hermosa, la clase media y alta de Lima empezó a ver en sus peñones el lugar ideal para casas de veraneo. Lo que comenzó como “pasada de día” se convirtió en una comunidad que exigía servicios y orden.

OLAS DE HISTORIA Y TRADICIÓN VECINAL

El crecimiento de estos balnearios estuvo ligado al desarrollo de la tabla hawaiana en el Perú. Los primeros surfistas descubrieron olas hoy famosas como Pico Alto, Señoritas y Caballeros.

Aquel 1954, mientras el mundo se asombraba con eclipses totales de sol y los prisioneros de la División Azul regresaban a España, Lima miraba hacia el sur con esperanza. La Panamericana Sur era el cordón umbilical entre la modernidad y la paz de las playas.

Los primeros vecinos formaron comités para gestionar ante el gobierno central las mejoras necesarias. No solo se trataba de sol y arena; se requería seguridad, limpieza y una autoridad.

Con el paso de los años, Punta Hermosa y Punta Negra se convirtieron en el refugio predilecto frente a la saturación de balnearios como Ancón. La migración de familias hacia el sur en los años 80 consolidó a estos distritos como centros de vida social y deportiva.

Hoy, al recorrer sus calles, aún se siente el espíritu de pueblo pequeño que sus fundadores imprimieron. Las casas de madera han dado paso a modernas construcciones, pero el mar sigue siendo el mismo juez implacable.

A setenta y dos años de aquella firma presidencial, Punta Hermosa y Punta Negra no son solo destinos de verano. Son el testimonio vivo de una Lima que supo expandirse sin perder su esencia marina.

El último pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) alerta de la posible aparición de un ‘Súper Niño’ en los próximos meses, lo que podría causar diversos desastres naturales y aumento de la temperatura. Especialistas señalan que el evento climatológico ocurriría desde octubre próximo, sería el Fenómeno El Niño más intenso en más de un siglo y sus efectos se sentirían hasta el 2027. Cabe recordar que Perú es uno de los países más vulnerables ante un aumento de la temperatura del mar.

Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, señaló que es probable que aparezca un Fenómeno El Niño “de proporciones históricas”. “Estaríamos ante algo parecido o mayor que los episodios de 1982, 1987 o 2015. El 2026-2027 romperá todos los récords. Ojo con el calentamiento actual, los impactos de El Niño pueden ser mayores y distintos”, indicó.

Grinia Ávalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de Senamhi, señaló a El Comercio que la zona en la que se avizora un posible incremento del calentamiento del mar se refiere al Pacífico Central, que también es conocida como región El Niño 3.4, y no al Niño 1+2, la cual es adyacente a la costa peruana.

En ese sentido, explicó que el calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico central tiene un efecto indirecto en el Perú, y que mayormente origina un déficit de lluvias en la sierra sur, así como “una primavera más seca”.

“Básicamente se refiere a la otra sección del Pacífico, que es el Pacífico Central o comúnmente llamado región El Niño 3.4. Los impactos, si se calienta o si se enfría (el mar), en el caso del Perú es a través de las teleconexiones, es decir, no hay un impacto directo, sino indirecto. Este calentamiento se da a partir del segundo semestre, que coincide con la primavera o el inicio de periodo de lluvias de cara al 2027”, indicó la especialista.

“De darse este calentamiento en esta sección del Pacífico (Central), tendríamos también impactos en la medida de que las lluvias podrían suprimirse o darse con cierto déficit en la sierra sur, ya no en Tumbes o Piura, ya que estamos hablando de otro ámbito impactado por El Niño”, agregó.

A Ávalos le llamó la atención que un pronóstico de la posible aparición de un Fenómeno El Niño global se haya emitido en abril, cuando, según dijo, una proyección más certera se hace entre mayo o junio.

“Los que trabajamos con las herramientas de los modelos numéricos sabemos que entre abril y mayo los pronósticos de estos modelos tienen una fuerte incidencia de la incertidumbre, pero a partir de junio son más confiables y tienen menos niveles de incertidumbre”, afirmó.

No obstante, remarcó que el Pacífico central es una de las zonas más estudiadas por países como Estados Unidos, Australia y Japón, entre otros, ya que el nivel de temperatura de su mar tiene impacto indirecto en el clima del mundo.

“La fuente se refiere a lo que se espera que acontezca en El Niño 3.4, que es el Pacífico Central, y es la zona donde monitorea principalmente Estados Unidos y Australia porque hay un efecto indirecto en el clima cuando calienta esta gran zona del Pacífico”, afirmó.

“Esta sección es estudiada y vigilada por agencias internacionales de Estados Unidos, Australia y Japón porque las manifestaciones de calentamiento en esta sección rebotan de manera indirecta en diferentes partes del mundo”, agregó.

Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo, explicó a El Comercio que actualmente en el Perú se viene desarrollando El Niño costero, el cual ha desencadenado una serie de fuertes lluvias en febrero y que a largo del año se reflejaría en estaciones de otoño e invierno cálidas.

En ese contexto, señaló que a El Niño costero se le sumaría un Fenómeno El Niño global que tendría implicancias en todo el planeta. El principal impacto si se desarrolla este último evento en el país es que se produciría un déficit de lluvias en la sierra y selva, así como estaciones con temperaturas por encima de lo habitual.

“Cuando tenemos un calentamiento en esta región El Niño 3.4 (Pacífico Central) suele ocurrir que tenemos déficit de lluvias en la sierra y en la selva en el verano. Si esto sigue caliente hasta el próximo año, como enero, febrero y marzo, lo más probable es que tengamos un déficit de lluvias en la sierra y selva”, afirmó.

“Lo que no vamos a ver son lluvias. La gente siempre asocia a El Niño con lluvias, pero la temporada (de precipitaciones) ya prácticamente está terminando”, refirió.

Con un clima cálido en el Perú se afecta la agricultura, ya que existen cultivos que se desarrollan en el frío, indicó el experto. Además, señaló que otro de los sectores perjudicados por el Fenómeno El Niño es la pesca, ya que la anchoveta, acostumbrada a aguas frías, migra a otras zonas en busca de aguas cálidas. También el sector textil siente el impacto, ya que las ventas de ropa de invierno caen.

No obstante, Cárdenas explicó que la calentura del mar de la región El Niño 1+2 tiene más impacto en el Perú, ya que se encuentra en la zona norte y desencadena lluvias fuertes, sobre todo en el verano.

“Todas las agencias internacionales hablan de un Fenómeno El Niño en una zona del Pacífico que no nos afecta de manera directa, estamos hablando de la región 3.4, que está en el centro del Pacífico, entre Indonesia y Sudamérica. Esa región se monitorea para hablar de El Niño a nivel de todo el planeta”, manifestó.

“Los efectos directos de El Niño para nosotros están asociados a la parte que está frente a nuestras costas y que se llama región El Niño 1+2. Es un sector del Océano Pacífico ecuatorial que se encuentra muy pegada a la costa norte del Perú y el sur de Ecuador”, agregó.

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó en su último reporte, emitido el pasado 27 de marzo, que mantiene el estado de “Alerta de El Niño costero”, ya que sigue siendo más probable que se extienda hasta diciembre del presente año, pero con “una magnitud débil por lo pronto”. Sin embargo, no descartó que alcance la magnitud moderada de mayo a julio.

Además, indicó que, en el Pacífico central, sigue siendo más probable la condición neutra hasta junio de 2026 y que, a partir de julio, es más factible el desarrollo de El Niño en dicha región, pero con magnitud débil.

“El pronóstico vigente de abril – junio 2026 indica lluvias de normal a superior en la costa norte, principalmente en abril. Asimismo, se prevén temperaturas del aire superiores a sus rangos normales en la costa", informó Enfen.

En cuanto al pronóstico hidrológico, la entidad se prevé que en la región hidrográfica del Pacífico predominen caudales dentro del rango normal a sobre lo normal, siendo esta última condición para la zona norte, principalmente en abril.

En relación con los recursos pesqueros, Enfen prevé que en las próximas semanas continúen la disponibilidad del bonito, así como la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas, a lo largo del litoral peruano.

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida tras caer del quinto piso de la Comisaría del Cusco, la madrugada de este miércoles 8 de abril. La víctima fue identificada como Jhairsiño Chirinos Bustamante.

De acuerdo a las declaraciones, brindada a la prensa, del jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, el agente habría intentado saltar, desde el quinto piso, a un inmueble que se encontraba al costado de la comisaría. “Lamentablemente no logró su objetivo y resbaló, cayéndose al patio de la comisaría”, precisó.

Tras el accidente, Chirinos fue trasladado al hospital de la ciudad, donde los médicos de turno certificaron su fallecimiento.

Efectivo habría tenido una pelea anterior

El jefe policial detalló que el suboficial fue llevado a la comisaría ante un pedido de ayuda tras un altercado con dos mujeres en una discoteca del Cusco. “Supuestamente estaría divirtiéndose en compañía de dos féminas y donde se habría dado una riña con ellas. El finado habría sido agredido y solicitó apoyo de la PNP”, preciso.

En esa línea, Velásquez aseguró que, posiblemente, Chirinos habría intentado huir por temor a las sanciones que podría afrontar. “Supongo que este policía ha intentado ‘ponerse a salvo’, por así decirlo, para evadir de esta responsabilidad si es que hubiera”, aseveró.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal del Cusco, representado por Divaly Cruz Borda, ha iniciado las investigaciones preliminares para determinar las causas del incidente.

En tanto, los peritos de Criminalística llegaron al establecimiento para realizar el recojo de información y la identificación del lugar de los hechos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 328 viviendas en la región Tacna como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), con el objetivo de recoger información actualizada sobre el acceso a servicios básicos (electricidad, agua y desagüe), telecomunicaciones y conocimiento en prevención de enfermedades como el dengue, la araña casera y la rabia canina.

Para supervisar el normal desarrollo de esta encuesta, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a este departamento del sur y verificó algunas de las visitas realizadas por los encuestadores en las viviendas que son parte de la muestra, recordando que va dirigida a todas las personas que residen habitualmente en el hogar.

“Esta es una de las encuestas que realiza el INEI en todo el país, todos los meses, que nos ayudan a tener indicadores actualizados que permitan orientar las decisiones de los sectores involucrados, y así contribuir con las políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos”, apuntó.

Diferente información que se recolecta gracias a esta encuesta

El Dr. Morán Flores precisó que los datos que recolecta la ENAPRES están referidos al saneamiento urbano y rural, identidad, electrificación, servicios registrales, salud, seguridad ciudadana, servicios de telecomunicación, protección al consumidor, acceso de las familias a las viviendas, atención de emergencias médicas, entre otros.

Cabe recordar que la ENAPRES es la principal fuente de información para el seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del país. Los resultados se publican semestral y anualmente, de forma agregada y sin identificar a las personas o viviendas. Esta investigación se realiza de manera continua desde el año 2010, de enero a diciembre.

La encuesta se realiza con una muestra de 59 968 viviendas a nivel nacional, mientras en Tacna serán 1 328 ubicadas en zonas urbanas y rurales, seleccionadas de forma aleatoria. De este total, 672 viviendas corresponden a la ciudad de Tacna, capital del departamento, las cuales serán visitadas durante el año 2026.

Personal técnico debidamente identificado

Los equipos de trabajo que realizan el trabajo de campo están conformados por el coordinador departamental, supervisores locales y encuestadores encargados de visitar las viviendas.

Todo el personal del INEI está plenamente identificado con chaleco, gorra, fotocheck y una carta de presentación con código QR que permite verificar su identidad a través de la página web https://m.inei.gob.pe/identificar_encuestadores/.

La ENAPRES es una herramienta clave para comprender la realidad nacional y generar información que contribuye a la evaluación de políticas públicas, un claro ejemplo de que el INEI produce información estadística permanente y confiable, más allá de la realización de censos.

El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Juan Ramiro Alvarado Gómez como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El nombramiento fue ratificado a través de la Resolución Suprema N° 085-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Alvarado Gómez asume el cargo tras la renuncia de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien se desempeñaba en dicha función de confianza desde el año 2025. El Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Balladares mediante la resolución precedente, dándosele las gracias por los servicios prestados a la institución durante su gestión.

El nuevo funcionario es un economista con más de treinta años de trayectoria profesional en la gestión pública y la transformación estratégica en el país. Cuenta con el grado de magíster y es candidato a doctor en Administración, además de poseer maestrías en Gestión Pública, Administración de Empresas y un MBA en Negocios.

Antes de este nombramiento, Alvarado Gómez ocupaba el cargo de ejecutivo de la Unidad de Control Patrimonial dentro de la misma Superintendencia Nacional de Migraciones, puesto que desempeñaba desde inicios de 2026. Su experiencia previa incluye roles de alta dirección en gobiernos locales, el gobierno central y el sector financiero.

Juan Alvarado es el cuarto titular de Migraciones en los últimos cuatro años y a lo largo de los recientes gobiernos tras las elecciones del 2021.

Jorge Fernández Campos estuvo en el cargo entre marzo y diciembre del 2022, y luego fue reemplazado por Armando García Chunga hasta diciembre del 2025.

Manuel Albert o Balladares Ramírez duró poco tiempo en el cargo comparativamente, ya que solo estuvo a la cabeza de Migraciones entre diciembre de l2025 y abril 2026.

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El Ejecutivo puso en marcha un operativo de seguridad con el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con miras a garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que esta acción tiene como prioridad asegurar el libre ejercicio del voto ciudadano este domingo 12 de abril.

El jefe del gabinete anunció la medida durante una actividad oficial en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos; y destacó que el despliegue no solo responde a una necesidad logística, sino que también refleja la presencia del Estado y el compromiso con la democracia. “El voto de todos los peruanos está protegido”, afirmó.

En total, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales más de 26 millones se encuentran en territorio nacional.

Coordinación entre instituciones para garantizar transparencia

El operativo involucra una acción conjunta entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. “Este despliegue forma parte de una acción articulada entre los ministerios de Defensa e Interior, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades de todo el país. Las Fuerzas Armadas cumplirán una misión estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden para que la jornada se desarrolle con seguridad y normalidad”, indicó el ministro de Defensa, Carlos Díaz.

Asimismo, se precisó que el accionar militar se regirá por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, utilizando la fuerza solo como último recurso.

Refuerzo a la seguridad ciudadana en paralelo al proceso electoral

El Gobierno subrayó que este despliegue forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en el país. En ese marco, se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas con alta incidencia delictiva, con participación conjunta de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales. Además, se han incorporado recientemente 5,655 nuevos efectivos policiales para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Custodia total de locales y material electoral

El despliegue contempla la movilización de 45,540 efectivos militares hasta los días previos a la jornada electoral, con el objetivo de asegurar el control de todos los centros de votación a nivel nacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas tendrán la responsabilidad de custodiar el material electoral y mantener el orden en los accesos, además de contar con protocolos activos para responder ante posibles contingencias sociales o climáticas.

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La confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú ha venido cayendo en los últimos años, llegando a solo 13,4% en el lapso de julio a diciembre del 2025. En ese mismo periodo, un 84,6% de personas dijo no tener confianza en la PNP. Este descenso se evidencia desde el 2014, pero solo en el 2020 se registró un pico, de 28,2% de confianza, en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19.

El nivel de confianza en la Policía fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI) en el informe “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, que comprende el periodo de julio a diciembre del 2025.

En el documento también se evidencia que entre julio y diciembre del 2024 se registró que un 18% sí confiaba en la Policía, lo que representa, en comparación con similar periodo del 2025, una disminución de 4.6 puntos porcentuales.

Además, hubo un crecimiento en el porcentaje de personas que no confían en la Policía, ya que -de enero a julio del 2024- había un 79,9%, pero en ese mismo lapso del 2025 aumentó a 84,6%, es decir, un crecimiento de 4,7 puntos porcentuales.

Este diario buscó un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, remarcó que la poca confianza que tiene la ciudadanía en la Policía se fundamenta en que dicha autoridad ha perdido cercanía con el vecino.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que, si bien los vínculos de algunos malos policías con la delincuencia y el avance de la criminalidad han deteriorado la imagen de la PNP, consideró que el poco trabajo social de los agentes es el principal problema. Por ello, consideró prioritario otorgarles recursos a las distintas unidades policiales que realizan trabajo comunitario y fortalecer las comisarías, ya que son las que tienen el primer contacto con el ciudadano.

“Lo que no estamos viendo es a una policía proactiva, cercana a la ciudadanía, apoyándola. No creo que (el avance de la criminalidad) tenga que ver con la incidencia delictiva, que sí tiene conexión”, refirió.

“No es solamente el hecho que (los policías) estén involucrados o no en prácticas de corrupción o vinculados al crimen organizado, es también un asunto de que tan cercano están ellos a los ciudadanos, es el principal problema”, agregó.

“Eso es mucho más determinante que el asunto que (los agentes) estén vinculados o no con el crimen organizado. Eso juega un papel, pero vayamos a las comisarías y veamos en qué condiciones están las oficinas para participación ciudadana”, afirmó.

Zevallos puso como ejemplo de su posición lo que ocurre en Colombia, donde, según dijo, la tasa de homicidios es el doble de la de Perú y las cifras sobre crimen organizado son mucho mayores, pero su Policía tiene un 60% de aprobación. Aseguró que esa misma situación se repite en Chile.

“En Colombia, que no es un país muy distinto al nuestro y no siendo tan determinante (el vínculo con la criminalidad), sí encuentras una Policía que tiene un trabajo muy cercano con la comunidad. La Policía hace labores sociales, patrullaje y de proximidad”, aseveró.

En ese contexto, señaló que el máximo pico de confianza que alcanzó la Policía en los últimos años fue en el 2020, cuando los agentes tenían gran presencia en las calles y ayudaban a aplicar las restricciones en la pandemia del COVID-19. Por ello, planteó implementar el Perfil Policial Peruano, documento elaborado en el 2021 y que define sus competencias y habilidades.

No obstante, afirmó que el policía peruano es bien considerado cuando trabaja con sus colegas de otros países, pues estos últimos destacan que, pese a las limitaciones, realizan buenos trabajos en inteligencia y tecnología.

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, indicó que una de las causas de la poca confianza de la ciudadanía en la institución policial es porque lo “relacionan directamente con la corrupción”, sin embargo, consideró que se trata de un “problema estructural” y no solo de la PNP.

“No es un problema policiaco, sino un problema estructural. Hay que recordar que malos ciudadanos hacen malos policías. Tenemos muchos problemas de corrupción en todos los niveles del Estado, y la autoridad que está más cerca al ciudadano es el policía. La primera autoridad que tiene el uso de la fuerza es la Policía y siempre habrá una colisión con los ciudadanos”, afirmó a El Comercio.

También indicó que otro punto que ha contribuido con el deterioro de la imagen de la Policía es que los agentes son pasados al retiro, pero regresan al servicio con medidas cautelares, pese a contar con graves acusaciones. En ese contexto, aseguró que la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP no permite la aplicación rápida de una sanción a un policía investigado, lo que genera una percepción de impunidad. Por ello, consideró que dicha norma es “legalista”.

“Constante cambios en la Policía afectan su imagen”

Juan Carlos Sotil, especialista en investigación criminal, explicó a El Comercio que el porcentaje más alto de confianza que alcanzó la Policía de parte de la ciudadanía fue en el 2020 porque coincidió, además del desarrollo de la pandemia, con el trabajo que se realizó desde el 2018 en la Dirincri para combatir la delincuencia y criminalidad.

Remarcó que la caída de la confianza en la Policía se debió al avance de la criminalidad en los años posteriores al 2020 debido a que los miembros del comando policial de ese entonces, quienes habían reemplazado a los generales PNP que fueron pasados al retiro de manera masiva, no tenían mucha experiencia en material criminal. También resaltó que ha habido una alta rotación en los puestos más importantes de la institución policial, lo que impide la consolidación de los oficiales y la adquisición de habilidades.

Sotil señaló que los asesinatos perpetrados por los extorsionadores impactan en la sociedad y, por ende, en la percepción del trabajo de la PNP. “El factor muerte es muy fuerte en el tema de la confianza de la Policía”, puntualizó.

Otro aspecto que ha incidido, según dijo, en la imagen de la Policía es la vinculación de algunos policías con las bandas criminales, ya que la sociedad no espera que un agente se convierta en un delincuente, lo que eleva los niveles de desconfianza.

Cerca de mil policías encarcelados

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, explicó a El Comercio que un síntoma de la mala situación en la que se encuentra la PNP es que, desde enero a agosto del 2025, se había reportado que cerca de mil agentes estaban encarcelados por estar involucrados en diversos delitos.

Además, recordó que más de 1.300 denuncias fueron presentadas contra miembros de la PNP. Por ello, consideró fundamental mejorar La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía, pues indicó que no permite una rápida expulsión de los malos agentes. Ante ese escenario, consideró que Inspectoría de la Policía debe retomar la función de procesar y evaluar a los agentes que cometan delitos.

Los planes para impulsar un sistema de transporte integrado no se detienen. Este último martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó una conferencia en la que invitó a gobiernos extranjeros y potenciales inversionistas, con el objetivo de lograr el financiamiento para la ejecución de las líneas 3 y 4.

Entre los invitados se encontraban representantes de las embajadas de Alemania, Corea, India, Japón, Malasia, Reino Unido y Turquía, así como del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Lima, entre otros.

Durante la exposición, se revelaron los principales detalles de estas obras, consideradas como las más importantes para establecer un sistema integrado de transporte.

El proyecto

En primer lugar, la Línea 3 del Metro es un ambicioso proyecto de tren subterráneo diseñado para conectar Lima de norte a sur, desde Comas hasta San Juan de Miraflores. Tendrá una extensión de 34,8 km y, en su primera etapa, transportará a más de 800 mil pasajeros diarios. Se tiene previsto que esta fase inicie su ejecución en 2029 y que entre en operación en 2034. Es importante precisar que será una línea 100% subterránea y contará con 28 estaciones a lo largo de todo su recorrido.

En relación con la Línea 4, este proyecto tendrá una extensión de 23,6 km y, en su primera etapa, transportará a 560 mil usuarios desde el Callao hasta Santa Anita. Su ejecución se iniciaría en 2028 y las operaciones comenzarían en 2033. Al igual que la Línea 3, también será 100% subterránea, pero contará con solo 20 estaciones.

Ambos proyectos estarían terminados en todas sus etapas en un plazo de diez años, hacia el 2036. Además, contarían con múltiples fuentes de ingreso, como comercio, publicidad en los espacios y servicios complementarios. En cuanto a su financiamiento, este se realizaría bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), de modo que el sector privado tendría un rol clave en su desarrollo.

Se precisó que tanto la Línea 3 como la Línea 4 requerirían, en conjunto, unos 10.000 millones de dólares de presupuesto: 6.000 millones para la Línea 3 y 4.000 millones para la Línea 4.

Los beneficios para el transporte

Uno de los ponentes fue el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, quien expresó que “gracias a estos proyectos se reducirá el tiempo de viaje y podremos pasar más tiempo con nuestras familias. Por ello, representan un avance hacia la modernidad de la sociedad peruana. Además, al contar con un modelo de negocio diversificado, la inversión será sostenible y la capacidad de ejecución dependerá tanto de la voluntad como de un proceso transparente. Es un fortalecimiento del vínculo público-privado”.

En una entrevista con El Comercio, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, señaló que la Línea 3 permitiría reducir de 2 horas y media a 54 minutos el tiempo de viaje, mientras que la Línea 4 lo haría de 2 horas y 40 minutos a 44 minutos. “Estos proyectos serán de gran respaldo para la sociedad. No hay que dejarse llevar por el ruido político; eso no ayuda a implementar este tipo de iniciativas a largo plazo (...). Estas líneas ayudarán a descongestionar el tránsito”, indicó.

“Además, los costos de los pasajes para trasladarse de un punto a otro, que antes podían llegar hasta los siete soles debido a la cantidad de buses que se utilizaban, ahora se reducirían hasta dos o tres veces”, explicó; es decir, a aproximadamente S/ 3.50 o S/ 2.33, respectivamente.

Hernández también mencionó que estos proyectos aliviarán la congestión y disminuirán la probabilidad de siniestros viales en la capital, lo que garantizará una mayor seguridad.

Por su parte, el director de infraestructura de la ATU, Carlos Peña, también señaló en diálogo con El Comercio que estas obras, una vez culminadas, mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, quienes serán más productivos y, por ende, impulsarán la economía del país. “Asimismo, estas líneas, al reducir el tráfico, mejorarán la calidad del aire, haciendo de Lima una ciudad más tranquila y caminable, además de contribuir a la salud de la población”, concluyó.

Plan de infraestructura

Esta conferencia, cuyo objetivo fue atraer a posibles inversionistas, se llevó a cabo en medio de una noticia difundida en distintos medios de comunicación sobre una supuesta exclusión de estos dos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante ello, el presidente ejecutivo de la ATU precisó a El Comercio que no se trata de un retiro ni de un abandono, sino de que, al ser un plan complejo que requiere mayor profundidad, se viene trabajando en un modelo más especializado con el apoyo de ProInversión, organismo técnico adscrito al MEF. “Al tratarse de una inversión grande y compleja, más que al Plan Nacional, estos proyectos forman parte de un modelo de reestructuración financiera, cuyo esquema será el de una Asociación Público-Privada, precisamente para no depender únicamente de recursos públicos”, aclaró.

ProInversión asumirá el rol de entidad titular de los proyectos de las líneas de metro, conforme al nuevo marco de las Asociaciones Público-Privadas. Se encargará de la estructuración, el financiamiento y los procesos de contratación del concesionario, así como de la administración contractual.

“Por ende, más que un retiro, estamos hablando de un financiamiento que todavía no está cerrado, sino que sigue en reestructuración, por lo que no figura en ese plan. Estamos trabajando bajo una metodología diferente”, resaltó.

“Es importante seguir adelante con estas líneas. Si no apostamos por un sistema de transporte férreo que permita realizar viajes largos y que se interconecte con otros medios de transporte, nunca mejorará la velocidad ni se reducirán los tiempos de viaje. Es clave fortalecer estos proyectos con un modelo de estructuración financiera que permita la participación del sector privado. Este trabajo conjunto hará que las líneas se materialicen mucho más rápido”, concluyó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó hoy el Plan Nacional de Deshacinamiento con el que busca reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país para garantizar mejores condiciones de seguridad y gestión.

La presentación oficial se realizó este 8 de abril ante representantes del sector y la prensa.

Ante los periodistas, Jiménez dijo que su sector estima que unos 23.739 internos podrían ser susceptibles de acogerse a esta nueva política previa evaluación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial para supervisar la ejecución de unos 5 mil expedientes.

Las autoridades precisaron que solo se considerarán delitos de baja gravedad, como la omisión de asistencia familiar o delitos dolosos leves con sentencias menores a cuatro años. Quedan excluidos de cualquier análisis los internos sentenciados por delitos de mayor gravedad, entre ellos el homicidio, el sicariato o la extorsión.

La estrategia incluye la incorporación de 500 nuevos agentes penitenciarios y el impulso de la infraestructura física. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción o ampliación diversos establecimientos penitenciarios en las ciudades de Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay.

El ministro informó sobre la situación actual de establecimientos como el penal de Lurigancho, que alberga a 10,000 internos pese a tener una capacidad diseñada para 3,000 personas. Asimismo, se reportó que en el penal de Chincha existen celdas ocupadas por 21 personas que fueron proyectadas para ocho.

El horizonte de ejecución de este plan de deshacinamiento se extiende hasta el año 2028 para asegurar su continuidad técnica. El titular de Justicia subrayó la importancia de establecer una ruta de trabajo que permita a la próxima gestión gubernamental proseguir con las medidas desde este año.

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La empresa ibérica, con presencia en el país desde el 2021, Talento Grupo Internacional informó a El Comercio que actualmente se han abierto más de 2.000 plazas de trabajo para peruanos en España, Italia y Alemania.

“Son nuevos procesos que estamos abriendo. Inicialmente son proyectos que vienen a través de España y se trasladan al resto de Europa, gracias a una libre disposición de trabajadores en la Unión Europea llamada Eures. Básicamente un trabajador puede estar en España y ser desplazado a otros países del continente, según las necesidades de nuestros clientes”, explica a este Diario Diego Carbajosa, CEO y fundador de Grupo Talento Internacional.

En una entrevista previa, brindada a El Comercio el último diciembre, Carbajosa resaltaba cómo factores como el idioma, la religión y la base de principios y valores, sumado a acuerdos preferenciales de extranjería vigentes desde 1959, permitía a los peruanos tener una variedad de oportunidades laborales en el país ibérico.

En aquella oportunidad, este Diario dio cuenta sobre cómo el perfil de los conductores de autobuses peruanos habían desatado un auténtico boom ante la necesidad cada vez mayor por este tipo de plazas en dicho país.

Ahora, asegura Carbajosa, el abanico de ofertas se ha ampliado hacia los sectores de construcción e industria, mantenimiento y técnica, salud y automotriz.

“Perú es un país que tiene una formación profesional (equivalente a la instrucción técnica) adecuada y con la experiencia de empresas de otros países aplicando esa cultura de trabajo, eso lo hace una nación muy atractiva”, asegura el CEO de la consultora que ha destacado en el mercado por priorizar la migración laboral formal.

“Migrar no debería ser un acto de desesperación, sino una decisión estratégica de desarrollo. Nuestro rol es tender puentes reales con empresas serias en Europa”, agrega.

En el caso específico de transportistas, detalla Carbajosa, “se realiza una homologación de licencias en España, hay como cuatro documentos que se deben canjear, un examen práctico en vías abiertas y una certificación profesional en función de la fecha de expedición del brevete”.

Para los interesados en el sector salud, por otro lado, “tanto médicos como enfermeros requieren de una homologación previa que se hace de forma virtual en nuestras universidades de España, tiene un plazo de seis meses a dos años. Hasta que no la consiga ese profesional no viaja y una vez conseguida se continúa el proceso allá”.

Durante la conversación sostenida con El Comercio en diciembre, Carbajosa destacaba que los sueldos son entre tres y cuatro veces más altos que en el Perú, además del acompañamiento psicológico y la ayuda para conseguir alojamiento durante el primer año.

“Las empresas con las que trabajamos (en los otros países) también pasan por un proceso de selección, por lo que esas condiciones se mantienen. Es decir, un apoyo a la llegada, un alojamiento, anticipar los pasajes. Las empresas que están ahí son serias y cumplen esas condiciones”, señala el empresario.

El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. También se ha registrado 219 hospitalizados. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura (4), Lima (2), Tumbes (2), Apurímac (1), Ica (1), Madre de Dios (1), San Martín (1). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.

En ese contexto, el pasado 20 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, una alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis asociado a lluvias intensas en diferentes regiones del país.

La alerta epidemiológica tiene un ámbito de intervención en los distritos de las regiones declaradas en emergencias, como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Piden no arrojar basura a las alcantarillas

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) indicó que, a causa de las lluvias intensas o de la acción humana, los alcantarillados pueden colapsar y aumentar considerablemente el riesgo de contagio de las personas.

Por ello, recomendó no arrojar plásticos, trapos, restos de comida, pañales, e incluso agua de lluvia a través de buzones, inodoros, etc. Esta acción hace que las redes colapsen y se generen focos infecciosos en los que proliferen los roedores que causan la leptospirosis.

También exhortó a las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento (EPS) a atender con prioridad los casos de colmatación y rebose de alcantarillas para prevenir la formación de focos infecciosos

Ciro Maguiña, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, indicó a El Comercio que la leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria leptospira y está dentro del grupo que se llama zoonóticas, es decir, se transmite de los animales al hombre.

Remarcó que la enfermedad se transmite cuando una persona transita descalza por charcos de agua donde un roedor ha orinado y la bacteria ingresa por la piel, a través de una herida que tenga en la pierna pies, o a través de las mucosas, tras tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas de la leptospirosis son fiebre, dolor de cabeza y muscular, por lo que muchas personas la confunden con el dengue, malaria, zika o chikungunya. Incluso, remarcó que dicha enfermedad, en su desarrollo, puede imitar a una fiebre tifoidea, hepatitis viral o malaria.

Por ello, advirtió que la leptospirosis en el Perú no es de rápido diagnóstico y que, cuando se confirma con pruebas en laboratorio, la enfermedad ya avanzó y el paciente está en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ante situación, indicó que es necesario que el médico determine de dónde procede el paciente y qué actividad realizaba y, ante la sospecha, aplicar un antibiótico para detener el avance.

“En la forma grave el paciente se pone ictérico (piel de color amarilla) a la semana, sus riñones dejan de funcionar y comienza a sangrar y el pulmón no respira y se presenta una falla multiorgánica. La persona muere cuando llega tardíamente a recibir tratamiento”, afirmó.

Afirmó que la letalidad en los casos complicados es del 10%, mientras que en las personas con daño pulmonar o renal es del 50%.

Explicó que se trata de una enfermedad que predomina en las zonas tropicales. En el caso de Perú tiene mayor incidencia en la selva, así como en la costa. Remarcó que las personas que están más expuestas son las que visitan piscinas en la selva, hacen turismo o que realizan hacen actividades de deforestación. “En la Amazonía hay agua, pero no hay desagüe”, aseveró.

No obstante, señaló que muchas personas tuvieron leptospirosis, pero fueron asintomáticas, sobre todo las personas nativas de las zonas endémicas. “La frecuencia de contacto permanente genera anticuerpos”, indicó.

“En la Amazonía hay mucho reservorio y hay muchos animales y roedores que orinan en los ríos y riachuelos. Se transmite a los hombres porque se desplazan por esas zonas descalzos, sin botas, sobre todo el foráneo, que no tiene defensas, y se les mete la bacteria por una herida. La persona nativa desarrolla anticuerpos”, refirió.

En ese contexto, recordó que hace unos años el río Nanay, en Loreto, se desbordó y dejó grandes charcos en sus alrededores, pero las personas transitaron por esos lugares sin botas y se les diagnosticó leptospirosis. Por ello, recomendó el uso de botas en zonas inundadas, lavado constante de manos, no bañarse en charcos o en piscinas cuyas aguas no han sido debidamente tratadas.

Los casos de fallecidos por leptospirosis en la costa norte del país se deben a que en esa zona se ha registrado en los últimos meses lluvias constantes por el Fenómeno El Niño costero, lo que ha originado desbordes e inundaciones y contacto de personas con esas aguas que contienen orina de roedores y de otros animales, explicó el médico infectólogo Juan Carlos Célis.

“Siempre hay aumento de casos y muertes en las épocas de lluvias e inundaciones. En todo el año hay leptospirosis, pero, cuando hay precipitaciones y desbordes, aumentan los casos y la mortalidad”, indicó el especialista a El Comercio.

Detalló que no se están presentando mayor cantidad de casos en comparación con años anteriores, sino que se ha incrementado el número de fallecidos, especialmente en la zona norte del país.

Explicó que esa situación se debe, según dijo, a que los médicos de regiones como Piura y Tumbes, en los que no se presentan muchos casos de leptospirosis, no están entrenados para detectar dicha enfermedad y la confunden con otras enfermedades, por lo que, cuando recién se confirma el diagnóstico, el paciente ya se encuentra grave. Por ello, consideró fundamental que las autoridades sanitarias informen a los médicos de que en su zona de trabajo hay leptospirosis.

“Lo que estamos viendo actualmente es el aumento de la mortalidad y hay regiones que no están acostumbradas a tener muchos casos”, aseveró Célis.

No obstante, Célis remarcó que un síntoma que podría ayudar a los médicos a sospechar de la enfermedad es que algunos pacientes con leptospirosis llegan con fuerte dolor con fuerte dolor lumbar y en las pantorrillas.

Además, remarcó que la leptospirosis afecta principalmente a ciudades como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Madre de Dios y Tumbes porque tiene malos sistemas de alcantarillado.

Explicó que los grupos más vulnerables ante dicha enfermedad son los desnutridos, niños, los adultos mayores, las personas con comorbilidades -como diabetes, hipertensión y obesidad- pacientes oncológicos, y personas con enfermedad pulmonar crónica.

Por su parte, Ernesto Gozzer, especialista en salud pública, explicó que en la zona norte del país, como Tumbes y Piura, se concentra la mayoría de los casos del brote actual, pero que esa situación se torna preocupante, ya que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, las lluvias se podrían prolongar en la costa norte unos meses más debido al Fenómeno El Niño.

Por ello, recomendó debe evitar el contacto directo con agua estancada, charcos o lodo, y que las personas que trabajan en zonas inundadas deben usar botas de jebe y guantes.

Además, consideró clave que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales realicen una permanente vigilancia epidemiológica para reportar de manera inmediata de casos probables y confirmar el diagnóstico.

Este martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, debido a trabajos viales en la zona, el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en San Martín de Porres, experimentará un desvío temporal.

Según la ATU, esta modificación afectará las rutas del transporte público que transitan por estas importantes vías, clave para el flujo vehicular en Lima Norte.

“Por obras en la avenida Universitaria con Tomás Valle, se han establecido desvíos temporales en las rutas de transporte público”, anunciaron en sus redes sociales.

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¿Cómo es el desvío anunciado para las avenidas Universitaria y Tomás Valle?

En ese sentido, las unidades que circulen de Este a Oeste, desde el Centro Comercial Plaza Norte hasta el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, deberán seguir su ruta habitual por Tomás Valle hasta la intersección con Universitaria. Desde allí, girarán a la derecha, avanzarán tres cuadras hacia el norte y tomarán el carril contrario para retomar su recorrido.

Por su parte, quienes se desplacen en dirección opuesta (de Oeste a Este) deberán continuar por Tomás Valle hasta la intersección con Universitaria, girar a la derecha en dirección sur hacia el Centro de Lima, avanzar cuatro cuadras y, luego, tomar el carril contrario por Universitaria para retomar Tomás Valle.

Aunque la ATU no ha detallado el tipo de obras en el cruce, instó a los usuarios a tomar precauciones para prevenir contratiempos y accidentes.

Horas antes, la entidad también reportó congestión vehicular en diversas intersecciones de Universitaria, con demoras de aproximadamente 20 minutos en los servicios regulares del Metropolitano.

🚨 #ATUInforma
Debido a la congestión vehicular en diversas intersecciones de la av. Universitaria, en Lima norte, se registran demoras de aproximadamente 20 minutos en los servicios regulares del Metropolitano.

⚠️ Toma tus precauciones. pic.twitter.com/w0VA1ckUDc

— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 7, 2026

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La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a unos 18 presuntos integrantes de la organización criminal de extorsionadores denominada “Las Cuentas del Miedo” en una operación conjunta en Miraflores y otros lugares del país.

El megaoperativo simultáneo empezó la madrugada de hoy miércoles 8 de abril e incluyó el allanamiento de unos 20 inmuebles en ocho distritos de Lima y la intervención de tres celdas en diversos penales.

Esta red delictiva es investigada por la extorsión sistemática a nueve empresas de transporte público desde el año 2023. Según el general PNP Manuel Lozada, Director Nacional de Investigación Nacional, se hacían llamar de diversas maneras al momento de atacar a sus víctimas.

“Sus actos extorsivos y delictivos contra empresas de transporte público las hacían haciéndose llamar como los Mexicanos, los Trujillanos, los Norteños, los Injertos del Cono Norte. Seis o siete nombres de bandas criminales”, señaló a TV Perú.

Según la tesis fiscal, los investigados recaudaron ilícitamente un total de S/ 9′149,223 mediante el cobro de cupos a los transportistas. Las empresas agraviadas eran obligadas a realizar pagos iniciales de hasta 20,000 soles por concepto de “inscripción”, además de cuotas quincenales cercanas a los 8,500 soles. Entre las líneas de transporte afectadas figuran Etupsa 73, El Rápido, VIP y la línea Señor de los Milagros.

La organización utilizaba casas de apuestas deportivas en línea y casinos para lavar el dinero obtenido de las extorsiones. Los fondos eran depositados en cuentas de plataformas simulando ganancias legales tras realizar apuestas parciales con la modalidad de “pitufeo”, es decir, ingresar el dinero en pequeñas cantidades para evitar los controles de las autoridades financieras.

La estructura criminal estaba conformada por cuatro clanes familiares que operaban de manera descentralizada en los sectores norte, centro y sur de la capital. Entre los capturados se encuentran un oficial del Ejército, intervenido en el cuartel de Chorrillos, así como a Luis Alberto Galicia Mori, chofer de la empresa “Los Rojitos”, empresa contra la cual atentaron la semana pasada, hecho en el cual asesinaron a tres personas. También se intervino la celda de alias ‘Pitbull’, Jesús Manuel Gastañadui Tapia, interno en el penal de Cerro de Pasco.

“El autor material es primo de ‘Pitbull’ y la mujer de él era recepcionista de las cuentas, mientras que el chofer daba datos de la organización criminal”, detalló el general Lozada.

Las víctimas recibían mensajes intimidatorios por WhatsApp, amenazas de muerte y ataques con explosivos si se negaban a pagar las cuotas establecidas. Durante la intervención, los agentes incautaron armas de fuego, dispositivos móviles y documentos con listas detalladas de los transportistas extorsionados. Debido al flujo de dinero detectado, la Unidad de Inteligencia Financiera dispuso la inmovilización de los activos vinculados a los miembros de la red.

El Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días para los sospechosos mientras se realizan las diligencias correspondientes. El Ministerio Público evaluará solicitar la prisión preventiva una vez concluida la investigación sobre el grado de responsabilidad de cada implicado

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Los colegios que serán utilizados como locales de votación en las Elecciones Generales del 12 de abril no tendrán clases el viernes 10 ni el lunes 13, debido a las labores de instalación y cierre del proceso electoral, informó el Ministerio de Educación.

En total, serán 10 130 instituciones educativas —entre públicas y privadas— las que serán acondicionadas como centros de votación en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, precisó que los locales deberán estar disponibles desde el viernes hasta el lunes para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral, así lo dio a conocer el Minedu a través de una nota de prensa.

Policía Nacional: las causas de la poca confianza ciudadana en la PNP y las posibles medidas para revertir esa situación

Recuperarán horas de clase

Ante la suspensión de actividades, el Minedu indicó que los colegios deberán implementar medidas para recuperar las horas lectivas perdidas, a fin de no afectar el calendario escolar.

Para ello, las direcciones regionales de Educación, las UGEL y los propios colegios deberán organizar planes que aseguren el cumplimiento de las clases programadas.

El sector también dispuso que las autoridades educativas supervisen el estado de la infraestructura escolar tras las elecciones, garantizando que los locales sean devueltos en condiciones adecuadas para el reinicio de clases.

La diabetes mellitus es una enfermedad sumamente prevalente y común, no solo afecta al corazón y riñón, sino que también al ojo, especialmente a la retina y en sus etapas iniciales no produce síntomas, indicó el médico oftalmólogo Renzo Cañote, especialista en Retina de Oftalmosalud. Por ello, consideró necesario el chequeo con fondo de ojo para evaluar la retina y así prevenir las complicaciones de la enfermedad y no llegar a la ceguera irreversible.

Cañote explicó que los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II deben chequearse, ya que ellos son los que están en mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética, la cual es una enfermedad cuyas complicaciones se puede prevenir, pero solo si es detectada y manejada a tiempo, por eso consideró fundamental la prevención.

Explicó que la retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida de visión en adultos en edad laboral. Ocurre porque se produce daño progresivo en los vasos sanguíneos de la retina, órgano clave del ojo para lograr la visión.

“Muchos pacientes ven bien y creen que su vista está sana, pero pueden tener daño avanzado en la retina sin darse cuenta”, explica el especialista.

Remarcó que con un diagnóstico precoz se puede detener la progresión y así preservar la visión, ya que se busca detectar la enfermedad antes de que cause daños irreversibles.

“Toda persona con diabetes mellitus debe realizarse un control oftalmológico con evaluación de la retina al menos una vez al año, incluso si ve bien. La ceguera por diabetes es, en gran medida, evitable. El problema es que se llega tarde, ya el daño es irreversible. Por eso es fundamental la prevención”, aseveró.

El Perú enfrenta una señal de alarma en su sistema de salud: cada vez más médicos dejan el país en busca de mejores condiciones laborales, salarios más altos y mayores oportunidades de desarrollo profesional. Y el dato más preocupante es que, por primera vez en décadas, el balance migratorio se ha invertido: hoy salen más médicos de los que llegan.

Un estudio publicado en International Journal of Health Governance, que analizó la trayectoria de más de 68 mil médicos entre 1994 y 2021, identifica un cambio estructural en el comportamiento migratorio del gremio. Durante más de veinte años, el Perú mantuvo un saldo positivo: ingresaban más profesionales de los que emigraban. Pero esa tendencia se quebró a partir de 2016, cuando la emigración superó a la inmigración, con una tasa de 263 emigrantes por cada mil médicos registrados.

De acuerdo con Edén Galán-Rodas, ex secretario del Colegio Médico del Perú y responsable de la investigación, el punto más crítico se produjo en 2019. “Como sabemos, en los años 2016, 2017 y 2018 se dio este fenómeno migratorio de médicos venezolanos, no solamente médicos, sino también otros profesionales de la salud. De hecho, somos el segundo país con mayor volumen de migrantes venezolanos. Ese contexto aceleró este fenómeno”, explicó.

Entre 2019 y 2021, el déficit neto llegó a 427 médicos.

La tendencia no se detuvo tras 2021. En 2023, España —el principal destino de los médicos peruanos— homologó un récord histórico de 8,747 títulos médicos extranjeros, un 179% más que en 2017, una demanda que Latinoamérica, con Perú entre los principales países de origen, alimenta de forma sostenida. Los datos del propio Ministerio de Universidades español registraban ese año más de 34,000 expedientes de homologación pendientes, la mayoría provenientes de la región.

Y los que se quedan, en buena parte, son temporales. Datos del sistema HISMINSA del Ministerio de Salud, procesados por El Comercio con información a marzo de 2026, revelan que en regiones como Tumbes, Puno y Huancavelica, entre el 35% y el 39% de los médicos generales son serumistas —profesionales en servicio rural obligatorio de corta duración— mientras que apenas entre el 4% y el 9% tiene una plaza permanente.

Asimismo, el estudio advierte que cerrar la brecha de recursos humanos en salud —que es de 32 profesionales por cada 10 mil habitantes frente a los 44 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— exige más que incentivos salariales: requiere formación especializada, mejores condiciones laborales y políticas de retención y retorno.

El perfil del médico que emigra también ayuda a entender la magnitud del problema. El estudio halló que quienes dejan el país tienen, en promedio, 37 años y suelen hacerlo luego de haber acumulado experiencia profesional. Además, el riesgo de emigrar es mayor entre quienes provienen de Lima y entre los egresados de universidades privadas o extranjeras. En contraste, la edad funciona como un factor protector: por cada año adicional, la probabilidad de emigrar disminuye.

Entre 2016 y 2021 se alcanzó la paridad entre hombres y mujeres que buscaban nuevas oportunidades en el extranjero. Hoy, según Galán-Rodas, “el volumen de mujeres ya superó el volumen de los médicos varones graduados en Perú”, lo que se explica en parte por las brechas salariales de género y la discriminación que enfrentan para acceder a cargos directivos.

España se ha consolidado como el principal destino de los médicos peruanos, seguida por Estados Unidos. Del otro lado, la inmigración hacia el Perú proviene sobre todo de Venezuela y Bolivia, en un contexto regional marcado por crisis económicas y políticas. Pero esa entrada no compensa la pérdida: los médicos que llegan son, en promedio, más jóvenes, y la proporción de inmigrantes con especialidad ha disminuido con el tiempo.

Otro dato sensible es que la gran mayoría de médicos que emigran lo hace sin haber concluido una especialidad en el Perú. Según el estudio, solo el 13% de quienes salieron del país entre 1995 y 2021 tenía una especialidad, lo que sugiere que muchos parten antes de completar una formación avanzada. Esto no solo reduce la disponibilidad futura de especialistas, sino que también incrementa la presión sobre los profesionales que permanecen en el sistema.

Galán-Rodas enfatiza que en la actualidad: “El agotamiento profesional, también el síndrome de burnout, se presenta en una gran cantidad de médicos, sobre todo de primer nivel de atención. Y las faltas de seguridad que hay en los hospitales muchas veces condicionan este proceso migratorio.”

El impacto de esta fuga no es abstracto. El déficit médico se traduce en una atención cada vez más limitada para los pacientes: disminuye la disponibilidad de especialistas en pediatría, ginecología y medicina interna, mientras la sobrecarga laboral se intensifica para quienes permanecen en el sistema. A ello se suma la centralización, que deja a las provincias desatendidas y concentra a la mayoría de profesionales en Lima. Además, formar un médico implica años de inversión del Estado y de las familias; cuando ese talento emigra, todo ese esfuerzo termina beneficiando a otros países, advierte Galán-Rodas.

A largo plazo, la “fuga de cerebros” podría generar en el Perú una crisis crónica en el sistema de salud. La pérdida de capital humano se estima en alrededor del 20% del Producto Bruto Interno nacional, según la Revista Estudios Económicos. Por ello, especialistas como Beramendi Alexander y Matcorena Jesús de la UPC recomiendan implementar programas de repatriación que incluyan incentivos económicos, seguridad laboral y soporte en salud mental.

El Congreso de la República se alista para retomar el debate del Proyecto de Ley N.° 00842-2021-CR, que busca regular las plataformas digitales de intermediación, como Uber, Cabify, DiDi e inDrive. Esta iniciativa, aprobada en primera votación el pasado 15 de mayo y luego sometida a reconsideración, ha generado amplia controversia al establecer nuevas exigencias para los conductores y mayores obligaciones para las empresas que ofrecen servicios de taxi por aplicativo en el país.

Entre las principales disposiciones se contempla la creación del Registro nacional de empresas de intermediación digital para el transporte de personas(ReNEID) y del Registro nacional de usuarios afiliados a una o varias plataformas digitales (ReNUA). En estos registros deberán inscribirse todas las plataformas y conductores que deseen operar legalmente en el país. El ReNEID será supervisado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que el ReNUA estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La norma también establece que, transcurridos dos años desde su entrada en vigencia, los conductores afiliados deberán contar con una licencia de conducir clase A II-A. Además, no deberán tener antecedentes penales, judiciales ni policiales; deberán aprobar una evaluación psicológica, presentar su récord de conductor y operar vehículos que cumplan con condiciones técnicas específicas, como pasar una revisión técnica semestral, contar con cinturones de seguridad funcionales, extintor, conos de seguridad, y pólizas de seguros vigentes.

Por su parte, las empresas de intermediación digital estarán obligadas a registrar su operación ante el Estado, administrar y remitir información al MTC cada tres meses, garantizar mecanismos de seguridad dentro de la aplicación, y proporcionar información detallada sobre el conductor, el vehículo, la tarifa y las condiciones del servicio. También deberán contratar una póliza de responsabilidad civil general y permitir el acceso de autoridades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial a sus bases de datos en caso de investigaciones.

Cabe destacar que, el pasado 15 de mayo, el proyecto de ley fue aprobado en primera votación. Sin embargo, posteriormente, la congresista Patricia Chirinos presentó un pedido de reconsideración, por lo que deberá repetirse la primera votación. De ser aprobado nuevamente, el proyecto pasará a segunda votación o podría ser remitido al Ejecutivo. En caso de ser observado, el Congreso aún podría aprobarlo por insistencia.

En respuesta a esta propuesta legislativa, DiDi, inDrive, Uber y Cabify, junto a cámaras de comercio y asociaciones civiles, anunciaron que la iniciativa busca aplicar al sector de plataformas digitales una regulación diseñada para el servicio público de taxi, desconociendo su naturaleza tecnológica y modelo colaborativo. Según un comunicado oficial, estas plataformas no son operadores de transporte, sino herramientas que conecta a pasajeros con conductores particulares que operan de manera flexible, según su tiempo y disponibilidad.

“El dictamen propone reclasificar a las empresas como servicio público tipo taxi, exigiendo cambios de licencia, color de vehículo y otros requisitos típicos de transporte público que desnaturalizan el modelo, generan sobrecostos, limitan el acceso de los usuarios conductores y afectarían la calidad de la movilidad urbana”, manifestaron.

Que actualmente operan bajo un marco legal, han implementado tecnología avanzada para bancarizar los pagos y filtros de seguridad, así como realizar validaciones constantes de los conductores. “Imponer más trámites burocráticos no mejorará la formalización, sino que dificultará el acceso a un modelo de negocio eficiente y transparente, afectando la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros”, advirtieron.

En ese sentido, alertaron que el proyecto advierten que el proyecto afectaría directamente los ingresos de más de 150.000 familias que hoy encuentran en estas plataformas una fuente flexible y autónoma de generación de ganancias. “Un enfoque rígido afectará no solo a miles de usuarios conductores, sino también al desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno regulatorio que promueva la innovación y la libertad económica para todos”, concluyeron

Frente a estas disposiciones, diversos expertos han dado a conocer su postura. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó que las empresas por aplicativo vinculadas al transporte deben contar con un domicilio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Es conocido a nivel mundial, y también en el Perú, que el 90% de estas empresas destinan el dinero que reciben de sus afiliados al exterior sin pagar impuestos”, dijo.

Además, enfatizó que no se debe permitir que la tecnología sustituya las obligaciones legales. “Un aplicativo no reemplaza a un operador, y eso es muy peligroso porque origina simulación de posición de dominio”, dijo. Sin embargo, reconoció que las plataformas llegaron para quedarse. “Son una necesidad, debido a la realidad internacional y al comportamiento del usuario, pero esto no significa que tengan impunidad sancionadora”, agregó Ojeda.

Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, sostuvo que el transporte por aplicativo debe acogerse al mismo marco regulatorio que los servicios formales de taxi. “Los servicios de transporte están regulados en el país por normas existentes. En el caso del servicio de taxi, existe una norma que identifica las características del vehículo y el conductor. Las empresas de intermediación solo deberían afiliar a aquellos conductores que cumplan con los requisitos que exige la ley: auto y licencia adecuada, porque están brindando un servicio de transporte, no es cualquier cosa”, enfatizó.

Ambos expertos criticaron la postura de quienes defienden la “informalidad” argumentando desempleo. “Tienen el argumento de que más de 150.000 familias se quedarán sin trabajo. Lo siento mucho, el transporte no es el colchón social del desempleo. Existen normas sobre quiénes pueden brindar servicio de taxi y todos deben cumplirlas, inclusive los aplicativos”, dijo Florez.

Por su parte, la gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Brenda Sparrow explicó que las plataformas no están en contra de la regulación de las plataformas digitales y mucho menos en crear un registro como el que introduce el proyecto de ley.

“Nosotros, como representantes de la industria, consideramos de que es importante que hayan reglas claras para el desarrollo de este tipo de negocio. No obstante, lo que sucede con este proyecto es que está desdibujando la naturaleza de lo que es el servicio de plataformas de intermediación porque lo está equiparando con lo que representa un taxi”, explicó Sparrow.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú declaró que desde la empresa siempre se han mostrado a favor de la formalización del sector, por lo que ven “con buenos ojos” la creación de un registro como el ReNIED; sin embargo, destacó que el proyecto normativo considera erróneamente al servicio de movilidad por aplicativo como taxi.

“Medidas como el cambio de licencia, entre otras propuestas consignadas en el dictamen, desvirtúan nuestro modelo de negocio basado en tecnología y economía colaborativa y lo reclasifican como un servicio de taxi tradicional, yendo en contra de la preferencia de millones de usuarios pasajeros que consideran la movilidad por aplicativo más segura y eficiente. En ciudades con sistemas de movilidad más avanzados que los nuestros, coexisten los dos servicios, el de taxi con el de movilidad por aplicativo, cada uno con su propia regulación, generando multiplicidad de oferta para que los usuarios escojan lo que les conviene en cada momento”, expresó a este Diario.

En un comunicado enviado a este diario, Uber indicó que “el proyecto de Ley 842 no es el resultado de un proceso de diálogo participativo y no ha sido discutido con las partes involucradas, como empresas, conductores y usuarios”.

“El proyecto de ley pide que los conductores incurran en gastos y procedimientos que les impedirían continuar con su actividad o la encarecería, sin que esto signifique ninguna eficiencia o seguridad del servicio. En la práctica, el proyecto podría eliminar el derecho de los conductores a tener oportunidades de generar ganancias a través de la tecnología al establecer mecanismos como el bloqueo de las plataformas, perdiendo también los usuarios la opción de moverse de manera accesible y segura”, indicó.

Finalmente, Uber afirmó que mantienen “la disposición de participar de un diálogo que permita evitar el impacto negativo que tiene ese proyecto en su versión actual y abogamos porque no sea aprobado sin un debido proceso de participación”.

En tanto, Carlos Castellanos, director de Asuntos Públicos de DiDi Región Andina, planteó a través de un comunicado enviado a El Comercio, “la necesidad de que se evalúe el PL 842 sobre una base clara, que contemple el debate técnico y la participación de todas las voces involucradas. La ambigüedad en la regulación, sin la debida consideración de los actores técnicos, la exclusión de empresas de intermediación y, más importante aún, de los propios socios conductores, conlleva a una falta de reflexión técnica que puede dañar a la industria y afectar a miles de ciudadanos que encuentran en las plataformas una solución para su movilidad diaria”, dijo.

Agregó que el proyecto en mención “no comprende el modelo de negocio de la industria y podría causar una pérdida de ganancias para los conductores y desincentiva la innovación y la competitividad. La propuesta de regulación de esta actividad debe partir y considerar los principios de la economía digital colaborativa, que opera en todo el mundo para que los peruanos se puedan beneficiar de la misma”

“Sin duda, trabajar una regulación de manera colaborativa permitirá que la ciudadanía tenga acceso a mayores herramientas de seguridad y que reduzcamos ese dolor que aqueja a miles de peruanos, mientras que se busca proteger a más de 150,000 familias que actualmente generan ganancias a través de esta actividad”, señala.

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el kilómetro 227 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Clemente, Pisco, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 15 heridas.

El hecho se registró aproximadamente a las 06:00 horas, cuando un bus turístico de color verde, marca Mercedes Benz con placa Y1R-966, impactó contra un camión marca Derco con placa VUM-760.

Producto de la colisión, ambas unidades vehiculares terminaron volcadas y varadas, obstaculizando el tránsito en uno de los sentidos de la Panamericana Sur.

La víctima mortal fue identificada como el conductor del camión.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el bus turístico, que procedía del balneario de Paracas, habría invadido el carril contrario hasta que impactó de manera frontal contra el vehículo de carga que se desplazaba en dirección a la zona turística de la provincia.

Los 15 heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir tratamiento médico. Miembros de la Policía Nacional y unidades de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los afectados y despejar la ruta.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) actualizó la alerta amarilla que emitió el domingo y precisó que entre hoy martes hasta el jueves 9 de abril se registrarán elevadas temperaturas en la costa norte y centro del país, incluyendo Lima y el Callao.

En el aviso emitido este martes, en el que extienden los datos anteriores, el instituto informa que desde el 7 y 8 de abril continuará el “incremento de la temperatura diurna en la costa”.

Esta variación será de “ligera a moderada intensidad” e incluye una advertencia de incremento de radiación ultravioleta (UV) por escasez de nubes a lo largo de la costa.

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, se lee en el aviso reciente del Senamhi.

Específicamente para hoy martes 7 de abril pronostican temperaturas máximas de entre 30°C y 36°C en la costa norte, entre 28°C y 33°C en la costa centro y valores entre 29°C y 34°C en la costa sur.

Similar aviso emitió el Senamhi sobre la sierra norte y centro del Perú, donde también esperan un incremento de temperatura diurna desde el miércoles 8 al viernes 10 de abril.

#ElDato #Senamhi #Minam En la sierra norte, principalmente en Cajamarca y Amazonas reportaron días extremadamente cálidos.

Las temperaturas diurnas más elevadas se registraron en las estaciones San Marcos (Cajamarca) con 28.3 °C, y Jamalca (Amazonas) con 30.2 °C. pic.twitter.com/w9K0G8I5k1

— Senamhi (@Senamhiperu) April 7, 2026

Durante estas fechas, se prevén temperaturas máximas entre 20°C y 34°C en la sierra norte, y valores entre 19°C y 32°C en la sierra centro.

El Senamhi recomienda usar bloqueador solar cada tres horas, incluso en días nublados o al permanecer en interiores, dado que los rayos atraviesan los vidrios de las ventanas. Además, usar ropa de manga larga y evitar la exposición al sol entre las 10 a. m. y 4 p. m.

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Una mujer sufrió heridas de bala al ser alcanzada por la ráfaga de disparos que hizo un sujeto contra una reunión familiar en la vía pública en el Cercado de Lima, en el que sería un incidente relacionado a una disputa de hinchas de equipos de fútbol.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque que ocurrió a las 3:45 p.m. aproximadamente del sábado 4 de abril, horas antes del partido de fútbol entre Alianza Lima y Universitario.

En las imágenes se puede ver dos motocicletas atravesar el jirón Crespo Castillo, al lado de una reunión familiar que se llevaba a cabo en la fachada de un domicilio.

Uno de los sujetos que estaba a bordo de las motocicletas bajó y abrió fuego contra las personas que estaban departiendo debajo del toldo que se había armado para la ocasión. Todos ingresaron a la vivienda en medio de la balacera, pero una mujer no pudo evitar los disparos y fue alcanzada en el brazo.

La policía que investiga el caso y los testigos del incidente sospechas que el ataque fue motivado por una rivalidad de barras bravas, porque luego de la balacera y antes de huir del lugar, la otra moto se acercó a la vivienda y arrancó una banderola de Universitario.

La víctima del ataque fue trasladada de emergencia al hospital Stella Maris, mientras la Policía sigue investigando el caso usando las cámaras de seguridad que captaron la agresión.

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Un violento choque ocurrido en la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, esta mañana dejó como saldo unas quince personas heridas.

El incidente ocurrió a las 7:30 a.m. aproximadamente, cuando un bus de la línea 89 que transitaba a la altura de la cuadra 12 de la avenida Bolívar chocó a otro vehículo que atravesaba la vía por la calle Abraham Valdelomar.

La fuerza del impacto dejó a ambos vehículos empotrados en la berma central, obstaculizando el tránsito por varios minutos. Asimismo, dejó como heridos a unas 12 personas del bus y a otros tres tripulantes del carro particular de placa C8A-318.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó por redes sociales que destinó unidades SAMU al lugar para movilizar a los heridos en tres ambulancias.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente vehicular entre dos minivanes y un bus en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.

Asimismo, una unidad… pic.twitter.com/aMrGH0qWGx

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 7, 2026

“Se ha alertado al Hospital Santa Rosa y al Hospital Arzobispo Loayza ante la eventual llegada de personas heridas”, detallaron pocos minutos después del choque.

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