Unos 300 jóvenes se ven afectados por la incertidumbre de si este año el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad del Ministerio de Educación, lanzará o no la convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario, la cual solventa los estudios de posgrado en diversas universidades del mundo. Este hecho se suma al problema de financiamiento que hubo en Beca 18.

La Beca Generación del Bicentenario fue implementada hace 12 años para cubrir los estudios de maestría o doctorado de 150 profesionales peruanos con alto rendimiento académico y que no cuentan con suficientes recursos económicos para estudiar en el extranjero.

Los requisitos son haber culminado la universidad con alto rendimiento académico, es decir, por lo menos haber estado en el tercio superior y se otorgan puntajes adicionales para aquellos que egresaron en mejores puestos en la universidad.

La beca cubre los costos académicos en universidades top del mundo y la manutención de los estudiantes en el extranjero, es decir, cubre el traslado hacia el país, un seguro de salud, el alquiler de la vivienda donde estarán los estudiantes por determinado tiempo.

Ariana Figueroa Cornejo, joven que fue admitida para estudiar una maestría en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, contó a El Comercio que la no convocatoria de Beca Generación del Bicentenario se debería a un tema de presupuesto, ya que, según dijo, dichos recursos habrían sido destinados a otros sectores.

Además, indicó que Pronabec ha señalado, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el pasado 18 de marzo, que no tiene programada la convocatoria a la Beca Generación del Bicentenario en el 2026 y que se busca garantizar la continuidad de los que accedieron a una beca en años anteriores.

“Respecto a la realización de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario, el presupuesto correspondiente y el cronograma, cabe informar que a la fecha del presente informe no se tiene programada la aprobación de nuevas convocatorias de becas, pues, en atención al presupuesto otorgado mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, Ley N°32513, se están realizando las gestiones correspondientes a fin de garantizar la sostenibilidad presupuestal de becarios continuadores, esto es de quienes ya tienen adjudicada una beca”, señala el documento de Pronabec al que tuvo acceso este Diario.

Figueroa Cornejo indicó que la incertidumbre impera en los 300 jóvenes que planean estudiar en el extranjero, ya que muchas universidades tienen plazos establecidos y que los postulantes deben responder si cuentan con el financiamiento. Afirmó que entre 10 a 15 postulantes tuvieron que renunciar a la admisión en universidades de otros países debido a que el Pronabec no ha lanzado la convocatoria para el concurso de la beca.

Además, advirtió que todos los postulantes a Beca Generación del Bicentenario han realizado gastos para los trámites de postulación, la transcripción y traducción de documentos, exámenes estandarizados o internacionales de inglés, así como la obtención de la visa.

“El proceso de postulación es un gasto fuertísimo que asumimos individualmente, no lo cubre el Estado, pero se hace con la seguridad de que abriría la convocatoria. Entre traducciones, preparación, exámenes internacionales, etc, son entre 5 mil a 10mil soles”, indicó la joven.

La no implementación de la beca que financia los estudios de posgrado en el extranjero de decenas de jóvenes afectará la capacitación de profesionales, lo que traducirá en el debilitamiento de la capacidad del país, aseguró Ariana Figueroa.

“Es la interrupción de una política pública que lleva más de una década formando capital humano en el extranjero y que tiene impactos directos en innovación, gestión pública y desarrollo productivo. En la práctica significa perder talento ya admitido en universidades top y debilitar capacidades que el país necesita”, afirmó.

Remarcó que el número de jóvenes que planea acceder a la Beca Generación del Bicentenario aumenta cada año y que en el 2025 alcanzó la cifra de 700 postulantes.

Otros casos

La incertidumbre también agobia a Piero Alejandro Fernández Dávila Velasco, quien fue admitido en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y se le ha ofrecido una beca de 40% para estudiar una maestría en Economía, pero solo tiene hasta la siguiente semana para responder si concretará el financiamiento del 60% restante a través de Pronabec.

Por su parte, Francisco Meléndez, quien planea seguir una maestría en la Universidad de Columbia, cuestionó a las autoridades peruanas por considerar que el financiamiento de la Beca Generación del Bicentenario representa un gasto y no una inversión. Incluso, recordó que los desembolsos que hacen los postulantes oscilan entre 5 mil y 15 mil soles.

“No es un gasto invertir en la beca Generación Bicentenario, creemos que es una inversión a un talento que no es una promesa, sino que ya está siendo seleccionado por las mejoras universidades del mundo y una política de Estado de 12 años debe continuar”, expresó.

“Acceder a una de las mejores universidades del mundo es una exigencia altísima. Uno tiene que prepararse con los altos niveles de idioma que te piden, generar una carpeta para buscar recomendaciones, hacer un seguimiento de tus logros, es enviar ensayos y pagar una serie de documentos y evaluaciones estandarizadas a nivel global y te piden pagar ciertos requisitos, eso toma y es una inversión bastante elevada que ronda los 10 mil a 15 mil soles”, agregó.

Respuesta de Pronabec

A través de un comunicado, Pronabec confirmó lo señalado por este Diario respecto a que solo “está asegurada la continuidad y sostenibilidad de los 283 actuales beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario”.

Además, señaló que “continúa el proceso de reingeniería del otorgamiento de becas para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y asegurar que la inversión en becas de educación superior se traduzca en beneficios concretos para los peruanos y contribuya realmente al desarrollo del país".

Una persona que conoce los movimientos y los destinos de los recursos en Pronabec es Alexandra Ames, quien dirigió dicha entidad desde junio del 2024 hasta noviembre del 2025. Ella explicó que en el presupuesto que se aprobó el año pasado para ejecutarlo en el 2026 sí estaba contemplado en un inicio una partida para la Beca Generación del Bicentenario, pero al parecer habría sido destinado a otro sector. Por ello, consideró “bastante lamentable” que se perjudique a un numeroso grupo de estudiantes talentosos.

“Me sorprende que Pronabec se pronuncie diciendo que este año no habrá convocatoria cuando el presupuesto de la Beca Generación del Bicentenario ha estado garantizado en los últimos años y en el presupuesto que se aprobó el año pasado en el Congreso sin ningún inconveniente. Está ese presupuesto aprobado en la Programación Multianual de Inversiones del MEF, lo que garantizaría su continuidad en los próximos años, no solamente para el 2026, explicó Ames.

“Es falso que no haya presupuesto porque recursos tienen, entonces, lo que estarían haciendo es quitar ese presupuesto de Beca Generación del Bicentenario para destinarlo a otra cosa”, agregó.

Ames detalló que el presupuesto que se destina cada año a dicha beca es de 13 millones a 15 millones de soles al año. No obstante, explicó que dicho monto representa una inversión en los jóvenes talentos del país para que se especialicen en otros países y regresen luego para retribuir con sus conocimientos. De no hacerlo, son obligados a devolver el dinero.

“Hay un compromiso que los jóvenes firman al momento de aceptar la beca para que regresen al país en los próximos dos años después de su egreso de sus estudios de posgrado. De no regresar al Perú en los próximos dos años o de no seguir sirviendo al Perú de manera remota, estos jóvenes son obligados a devolver el total de lo desembolsado para ellos”, aseveró.

Ames consideró que los constantes cambios de autoridades en el Poder Ejecutivo han afectado el seguimiento y continuidad a un sistema de becas que representa una política de Estado.

Una pista sobre el destino de los recursos que se debieron asignar en el 2026 a Pronabec en su presupuesto la dio la economista Roxana Barrantes, integrante del Banco Central de Reserva (BCR), quien señaló que dichos recursos habrían sido dirigidos al Congreso.

“Mientras el Congreso aumenta su presupuesto en 38%, al Pronabec se le ha reducido el presupuesto. ¿Qué tienen que ver y por qué es un escándalo? Pues ese 38% asciende casi exactamente al monto que necesitaba Pronabec para cumplir sus compromisos con los ganadores de los procesos de selección del 2025 y que deberían haber sido honrados para el próximo”, afirmó Barrantes en una columna de opinión publicada, a inicios de diciembre del 2025, en el portal Jugo de Caigua.

“Que este mismo año (2025) el Congreso haya preferido aumentarse el presupuesto casi exactamente en el monto que le quitó a Pronabec para el 2026 es indignante. Y después nos apenamos de que una parte importante de nuestros jóvenes quiera emigrar”, agregó.

Vecinos de Jesús María denuncian que las obras de remodelación en el Campo de Marte estarían afectando gravemente las áreas verdes, tras señalar que se ha registrado el secado progresivo de árboles por falta de riego y la posible reubicación de hasta 92 ejemplares, lo que —según advierten— comprometería su supervivencia.

La intervención de obras, ejecutadas por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que inició a fines de octubre de 2025, tenía como objetivo mejorar la infraestructura del parque, incluyendo la renovación de caminos y la implementación de un sistema de riego tecnificado. Sin embargo, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el desarrollo de la obra no solo presenta un avance limitado, sino que también estaría generando impactos ambientales no previstos.

Claudia Gutiérrez, vecina del sector e ingeniera forestal, explicó que el problema central radica en la interrupción del riego desde el cierre del parque, lo que ha expuesto a los árboles a un prolongado periodo de estrés hídrico, especialmente durante los meses de verano. Según detalló, anteriormente el riego se realizaba por gravedad, un sistema deficiente pero constante, que permitía mantener la humedad del suelo.

Desde que cerraron el Campo de Marte, no han estado regando. Son más de tres meses sin agua en una temporada de altas temperaturas, y eso afecta directamente la salud de los árboles".

Claudia Gutiérrez, vecina de Jesús María e ingeniera forestal

Esta situación, añadió, no solo impacta en la vegetación visible, sino también en el ecosistema asociado, que incluye insectos, aves y pequeños mamíferos.

La especialista también cuestionó la planificación del proyecto, al señalar que durante una reunión sostenida entre vecinos y representantes de la empresa ejecutora se informó sobre la posible reubicación de 92 árboles debido a inconsistencias en el diseño del cerco perimétrico.

De acuerdo con lo expuesto en ese encuentro, los planos utilizados no habrían estado actualizados, lo que generó que el trazado previsto coincidiera con zonas donde actualmente existen árboles adultos. Para Gutiérrez, esta situación evidencia una deficiencia técnica significativa.

Maricel Móstiga, ingeniera forestal y docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, explicó que el traslado de árboles está permitido por normativa, pero debe ser la última opción. Señaló que este proceso requiere un sustento técnico riguroso, ya que implica riesgos y no siempre garantiza la supervivencia de los ejemplares.

En términos técnicos, la reubicación de árboles adultos implica un proceso complejo que reduce considerablemente sus probabilidades de supervivencia, incluso en condiciones óptimas. En este caso, la situación sería aún más crítica debido al estado previo de los ejemplares, que habrían sido sometidos a meses sin riego adecuado.

Móstiga advierte que un periodo prolongado sin agua debilita a los árboles, haciéndolos más vulnerables a enfermedades. Este estrés hídrico reduce significativamente sus probabilidades de resistir un eventual traslado.

La reubicación de árboles adultos en zonas urbanas —según indica Móstiga— es una intervención compleja, cuya viabilidad depende de factores como la especie, la edad y la época del año. En ese sentido, precisó que realizar estos procedimientos en temporadas de altas temperaturas incrementa los riesgos.

Desde una perspectiva más amplia, los residentes advierten que la afectación no se limita a los árboles, sino que compromete todo el ecosistema del parque. La pérdida de cobertura vegetal impacta en la regulación de la temperatura, la calidad del aire y la presencia de fauna urbana.

Asimismo, cuestionan el uso que se viene dando a los espacios públicos en la zona. Luis Guillén, vecino del sector, declaró para El Comercio que estas actividades afectan tanto a la población como al entorno natural. “Un árbol es parte de un sistema vivo y su afectación incide en todo el ecosistema”, sostuvo, al tiempo que criticó la falta de control sobre la remodelación del parque.

Los testimonios recogidos también evidencian un impacto directo en la vida cotidiana de los residentes. Hortensia Trujillo, quien vive frente al parque, indicó que las obras han generado restricciones en la movilidad, congestión vehicular y dificultades para desplazarse. “Cierran calles todos los días, hay mucho tráfico y no podemos movilizarnos con normalidad”, afirmó.

A ello se suman problemas como el exceso de polvo, ruido constante y vibraciones producto de la maquinaria, lo que —según los vecinos— ha generado malestar e incluso afectaciones a la salud. En algunos casos, señalan que estas condiciones se han extendido durante varios meses sin que se adopten medidas efectivas para mitigarlas.

Frente a este panorama, los vecinos demandan la implementación inmediata de un plan de riego y recuperación de los árboles afectados, así como la revisión del proyecto para evitar la reubicación masiva de ejemplares. Asimismo, solicitan una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes y la apertura de espacios de diálogo que permitan transparentar el estado de la obra. Los residentes de la zona afirman estar a favor de las obras, pero de manera planificada, sin que afecte la salud ni la calidad de vida de las personas.

Cabe precisar que el Campo de Marte cuenta con una condición especial dentro de la normativa urbana, al ser considerado un área verde de carácter intangible. Esta protección se sustenta en la Ley N.º 16979, que establece que el parque debe destinarse exclusivamente a fines recreativos y paisajísticos, quedando restringida cualquier intervención que reduzca su área verde, altere su ecosistema o afecte su valor ambiental y urbano. En ese sentido, los vecinos advierten que acciones como la tala, el deterioro por falta de riego o la eventual reubicación masiva de árboles podrían contravenir el espíritu de esta norma, por lo que exigen que las obras sean evaluadas con mayor rigor técnico, transparencia y respeto al marco legal vigente.

Mijail Medina, representante de prensa de la Municipalidad de Jesús María, indicó que la municipalidad tiene conocimiento de las denuncias vecinales y ha sostenido reuniones con residentes ante las preocupaciones por el estado de las áreas verdes.

El municipio de Jesús María reconoce que existe una deficiencia en el riego dentro del parque. Por ello ha solicitado a la autoridad metropolitana que se cumplan las medidas contempladas en el proyecto.

Medina también precisó la existencia de cuatro árboles declarados “muertos en pie” y que fueron identificados como tales antes del inicio de la obra, los cuales serán retirados por representar un riesgo para los transeúntes.

Según señalaron, esta intervención cuenta con una resolución de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se realiza conforme a la normativa vigente. Asimismo, indicaron que, como parte del procedimiento, por la tala de estos cuatro árboles se contempla la reposición de 33 nuevos ejemplares.

Según subraya la ingeniera forestal, Móstiga, la pérdida de árboles afecta los servicios ecosistémicos del parque y que la reposición con ejemplares jóvenes no compensa de inmediato estos beneficios.

Sobre la posible reubicación de árboles, Medina indicó que esta responde a un estudio técnico elaborado por la entidad ejecutora y que formaría parte del desarrollo del proyecto.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima señalaron que la obra en el Campo de Marte registra actualmente un 45% de avance y que su culminación se ha reprogramado para finales de julio, debido a modificaciones técnicas surgidas durante la ejecución. Indicaron que, para garantizar la conservación de las áreas verdes, se han implementado distintos sistemas de riego —como cisternas, surcos, aspersión y goteo— de manera paralela, mientras se concreta la instalación del riego tecnificado previsto en el expediente técnico. Asimismo, precisaron que cuentan con un Plan de Manejo Ambiental que viene siendo ejecutado y supervisado para mitigar impactos en el ecosistema.

También precisan que, si bien tienen un inventario de árboles, no detallaron el número de ejemplares, ni tampoco el estado de estos. Respecto al estado en el que se encuentran, la comuna metropolitana indicó que se han identificado ejemplares en zonas intervenidas por trabajos de canalización, los cuales recibirán el tratamiento correspondiente. En relación con la posible reubicación, aclararon que esta se limitará a árboles de menor porte —de hasta cuatro metros de altura— ubicados en el cerco perimétrico de la avenida Salaverry, los cuales serán trasladados dentro del parque para preservar su integridad. En esa línea, enfatizaron que no se intervendrán los árboles ubicados en el interior del parque.

Puentes de la Carretera Central, que soportan a diario el tránsito de cientos de vehículos, estarían al borde del colapso. Así lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). A través de un informe, la entidad solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconsiderar el permiso que autoriza el tránsito de camiones de hasta 150 toneladas por infraestructuras cuya capacidad máxima es de 60 toneladas por vehículo.

De acuerdo con los oficios presentados por Ositrán, se advirtió que diversos puentes se encuentran en estado crítico o de precariedad, entre ellos 20 ubicados en la Carretera Central. La entidad solicitó evaluar el tipo de intervención que requieren y determinar si deben continuar o no en operación, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad de conductores y pasajeros.

En diálogo con El Comercio, el equipo de Ositrán manifestó su preocupación por la “continuidad en la emisión de autorizaciones otorgadas por Provías Nacional (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, unidad ejecutora del MTC) para el tránsito de vehículos pesados, que llegan a circular con más de 100 toneladas de carga. Esto representa un riesgo para la ciudadanía, por lo que urge reforzar la seguridad en estos puntos”.

Asimismo, señaló que, debido al estado crítico de los puentes, las probabilidades de mayor deterioro e incluso de colapso crecen progresivamente. Esta situación se ve agravada por el tránsito de cargas sobredimensionadas, especialmente en periodos de alerta roja por lluvias intensas.

El Comercio realizó un filtro de los 20 puentes en cuestión, consignando su ubicación, longitud, ancho y carga máxima permitida en cada caso, la cual oscila entre 48 y 60 toneladas por vehículo. Es importante resaltar que, en promedio, 2′240.193 unidades de transporte transitan por la Carretera Central al año.

Pronunciamiento de AFIN

Otra entidad que advirtió sobre los potenciales riesgos de colapso de los puentes fue la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). La entidad destacó que, según evaluaciones técnicas especializadas, los puentes presentan daños estructurales. “Las infraestructuras fueron diseñadas para soportar cargas menores a las hoy permitidas, sometiéndolas a niveles de esfuerzo superiores a los previstos”, subrayó la asociación.

La advertencia, según AFIN, cobra especial relevancia considerando el carácter estratégico de la Carretera Central para el transporte de personas y carga en el país.

En ese sentido, la entidad insistió en la necesidad de que cualquier autorización excepcional relacionada con el tránsito de vehículos pesados se base en evaluaciones técnicas integrales y en una coordinación efectiva entre el Estado y los operadores de la infraestructura.

“Priorizar la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de los activos públicos debe ser el principio rector de la gestión vial”, enfatizó.

El gremio agregó que cualquier decisión que implique mayores exigencias sobre la infraestructura sin un análisis técnico adecuado podría derivar en consecuencias graves para la seguridad vial y la operación logística nacional.

Bajo análisis

Cuando un puente supera las 60 toneladas en la red vial nacional, es necesario realizar un estudio de verificación. Así lo señaló a El Comercio el ingeniero civil Alejandro Sánchez, especialista en gestión y preservación de proyectos de puentes y representante del Colegio de Ingenieros del Perú–Lima. “Estos estudios de verificación de puentes son presentados por quienes están interesados en transportar carga, que generalmente son operadores logísticos que trabajan para una empresa”, explicó.

“Por ejemplo, suelen solicitar estos estudios cuando están a cargo de una construcción y necesitan trasladar equipos especiales. Todo tránsito de gran escala requiere una verificación. De esa manera, el operador logístico contrata a un consultor que realiza un análisis de la carga”, agregó.

El experto precisó que, por lo general, la carga de diseño de un puente supera la que se consigna en los letreros de las carreteras. “Si se indicara en un letrero que el puente puede soportar más toneladas, circularían cargas mucho mayores. Esta es la forma que tiene el Estado de controlar el tránsito en las carreteras, garantizando un límite de carga máxima legal”, sostuvo.

“En el estudio de verificación, el operador logístico debe demostrar si su carga excederá o no la capacidad operativa del puente. De ser así, se deben plantear refuerzos, que pueden ser de carácter temporal o definitivo”, añadió.

Las alternativas

El ingeniero Alejandro Sánchez señaló que, si mediante un estudio se demuestra que una carga superior a las 60 toneladas excede la capacidad del puente, se pueden plantear soluciones para mitigar los riesgos. Una de ellas es permitir el tránsito del vehículo bajo estrictas medidas de control. “Una de las medidas temporales sería apuntalar el puente. Esto significa que, si existe la altura suficiente y no hay un caudal elevado en el río, se puede instalar una serie de torres de apuntalamiento que permitan que la estructura soporte el peso dentro de los límites que establezca el propio estudio, de modo que la carga transite sin inconvenientes”, explicó.

“Una vez que pasa el camión, se puede autorizar la reanudación del tránsito, que previamente fue detenido de extremo a extremo, y todo a una velocidad controlada. Sin embargo, antes de restablecer completamente la circulación, se debe verificar la recuperación elástica del puente, es decir, que retorne a su estado normal. Recién entonces se procede a retirar las torres de apuntalamiento”, indicó.

El especialista también planteó alternativas más drásticas, como el reforzamiento integral de la infraestructura. Esto puede incluir la instalación de planchas metálicas, así como la renovación de aparatos de apoyo y juntas de dilatación para soportar mayores cargas. “Si un elemento estructural tiene una capacidad limitada, además se le pueden incorporar láminas de fibra de carbono para mejorar su resistencia. Esos ya son reforzamientos definitivos”, añadió.

Oficios de Ositrán

Oficio de Ositrán by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

Este Diario se comunicó con el MTC para solicitar su versión. A través de su unidad ejecutora, Provías Nacional, señalaron que el paso autorizado de manera excepcional de camiones con un peso superior a las 100 toneladas por la Carretera Central “se realizó del 14 al 15 de abril y contó con el acompañamiento técnico del equipo de Provías Nacional”.

“El equipo verificó, antes, durante y después, la medición de deflexión (desviación, curvatura o desplazamiento de un elemento estructural desde su posición original debido a cargas aplicadas) de los puentes. Asimismo, constató que las deflexiones no superaran los límites permisibles y que el comportamiento de la estructura se mantuviera dentro del rango elástico”, agregaron.

Provías Nacional precisó que “no se otorgan permisos para el tránsito de vehículos con cargas que excedan la capacidad de los puentes de manera automática ni indiscriminada. La solicitud excepcional es evaluada rigurosamente caso por caso”.

“Solo en situaciones excepcionales, y tras un análisis técnico especializado, se puede autorizar el paso de cargas especiales, siempre que se demuestre que el tránsito no compromete la estabilidad del puente. Para ello, se exige una prueba previa. Además, los solicitantes deben asumir formalmente la responsabilidad por cualquier eventual daño a la estructura del puente mediante una carta de responsabilidad, comprometiéndose a su reparación”, concluyó.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos. @elcomercio_peru pic.twitter.com/kOp3YuOvVX

— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) April 17, 2026

Cabe resaltar que, luego de solicitar los descargos, el MTC se comprometió a que, por medio de Provías Nacional, iniciará desde este lunes una intervención en el puente Habich (uno de los puentes mencionados por Ositrán), que incluirá el reemplazo de cuatro apoyos de neopreno —elementos clave para la absorción de cargas—, así como mejoras en la superficie de rodadura y otros componentes, como péndolas y el sellado de juntas.

Por otra parte, este Diario se comunicó con la minera Chinalco Perú, ya que, de acuerdo con el oficio de Ositrán, los camiones provienen de dicha empresa para trasladar sus distintas maquinarias, entre otros. Álvaro Barrenechea, gerente de Asuntos Corporativos de Chinalco Perú, dijo a El Comercio que “a diferencia de otras unidades mineras grandes, nosotros no tenemos ninguna otra alternativa para trasladar nuestras cargas especiales más que por la Carretera Central. Algunas mineras van por mar, pero nosotros no tenemos ningún otro camino alternativo”.

Pese a ello, resaltó que en el 2016 “Chinalco Perú hizo un refuerzo de puentes en la Carretera Central. A pesar de que no tenemos competencias en mantenimiento ni reparación, decidimos apoyar sin ningún recurso público (…). Ositrán, en su informe, solo se enfoca en la capa superior de los puentes, pero no en toda la estructura. Nosotros hemos presentado varios estudios de deflexiones y elasticidad, los cuales hemos compartido con Provías”.

“Todas las deflexiones han estado debajo de los máximos límites permisibles. En el traslado de la carga también estuvieron presentes nuestros ingenieros, un notario público e ingenieros de Provías Nacional (…). Actualmente, intervenimos en el mantenimiento de puentes que, a criterio de Ositrán, están en estado crítico. Así contribuimos con el Estado peruano y la transitabilidad de la Carretera Central. Estamos trabajando en el mantenimiento de las bases de los puentes y en el reemplazo de las péndolas que no están operativas”, concluyó.

Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

El Ministerio Público realizó nuevamente este jueves diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín en medio de acusaciones de supuestas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril.

A través de redes sociales, detallaron que la labor estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur para “constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el proceso de identificación y recopilación del material electoral”.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en el almacén de la @ONPE_oficial, ubicado en Lurín, a fin de constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de… pic.twitter.com/GiJVbBPdEP

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

La fiscalía lleva realizando diligencias en el almacén de la ONPE desde el 17 de abril, luego de las demoras en la instalación de mesas de votación en Lima que generaron la ampliación del horario de votación hasta el lunes 13 de abril en 13 locales que no pudieron instalar sus mesas el domingo de elecciones generales.

📢 Descubre cómo se realizaron las diligencias en el almacén principal de la ONPE para garantizar el cumplimiento de sus funciones respecto al material utilizado en las Elecciones Generales 2026. pic.twitter.com/XKhQbgfLyD

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

Desde entonces se busca determinar la situación del material electoral almacenado en ese inmueble a cargo del despacho del fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves 23 de abril los resultados de la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I. Los profesionales que rindieron el examen el pasado domingo 19 de abril ya pueden acceder a la plataforma oficial de la entidad para verificar sus calificaciones individuales.

Para consultar el puntaje, los interesados deben ingresar al portal institucional del Minsa o en este enlace.

En el documento publicado, el usuario puede realizar la búsqueda mediante sus apellidos y nombres para conocer su nota, el orden de mérito alcanzado, su profesión y la región donde fue evaluado.

El puntaje obtenido en el examen es un requisito esencial para proceder con la inscripción en la etapa de adjudicación de plazas, proceso que se realiza a través del Aplicativo Serums Digital. En esta fase, los postulantes deben cargar de forma individual su promedio ponderado promocional universitario, ya que la nota final de postulación resulta del promedio de ambas calificaciones.

Según el cronograma oficial, aquellos profesionales que no estén de acuerdo con su calificación podrán presentar sus solicitudes de revisión únicamente el viernes 24 de abril. Tras la absolución de estos pedidos, el Minsa publicará la lista con los resultados finales procesados el martes 28 de abril.

Este proceso nacional define el acceso a 7,489 plazas remuneradas distribuidas en todo el país, destinadas a fortalecer la atención en zonas vulnerables. El orden de mérito final permitirá a los postulantes con mejores notas tener prioridad para seleccionar su vacante de acuerdo con sus preferencias y las plazas disponibles.

VIDEO RECOMENDADO:

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizará el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

El evento recibirá al público desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

La exhibición central destaca la llegada de dos aeronaves F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estas unidades realizarán maniobras acrobáticas y permanecerán en una exposición estática para el contacto directo de los asistentes con la tecnología aeroespacial.

Durante el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, los F-16 Fighting Falcon participarán en dos modalidades: una exposición estática para el público y maniobras acrobáticas en el aire.

Las exhibiciones aéreas generales se realizarán en dos bloques horarios, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

COMUNICADO OFICIAL Nº 003 - 2026 pic.twitter.com/Mnt4NpOcPw

— Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) April 22, 2026

El programa incluye presentaciones de la Escuadrilla Bicolor y saltos del equipo de paracaidismo Caballeros Azules. Las demostraciones aéreas se dividirán en dos bloques horarios: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El ingreso al XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 es gratuito mediante un registro previo en la plataforma digital oficial de la FAP. Los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y el código QR generado en la inscripción para acceder al recinto.

El acceso a la base será exclusivamente peatonal por los ingresos de San Roque y la avenida Jorge Chávez. La organización prohíbe el ingreso de vehículos particulares, motocicletas y bicicletas. Se habilitarán zonas de hidratación, puestos de primeros auxilios y una feria gastronómica.

Las personas registradas podrán participar en sobrevuelos gratuitos sobre Lima en aviones C-27J Spartan y naves de aeroclubes. La institución contactará directamente a los ciudadanos seleccionados para coordinar los detalles del vuelo.

VIDEO RECOMENDADO:

El Ministerio Público y la Policía Anticorrupción detuvieron esta madrugada al coronel PNP Rafael Morón Díaz en su vivienda de La Molina por su presunta participación en el robo y sustitución de un lingote de oro en el 2023.

La intervención contra el jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales forma parte de un operativo contra la organización criminal denominada ‘Los Oropesa’.

Las diligencias se iniciaron a las 4:00 a.m. de manera simultánea en inmuebles de Lima, Cajamarca y Huánuco. En total, las autoridades ejecutaron órdenes de detención preliminar contra siete personas y el allanamiento de trece propiedades. El operativo incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de dispositivos electrónicos para recolectar pruebas adicionales.

✅ La acción fiscal abarca el allanamiento de 13 inmuebles, incluidos la sede institucional de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Brigada Especial contra la Criminalidad (Brecc) - San Juan de Lurigancho, de la @PoliciaPeru. pic.twitter.com/5BjF46ZsBV

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

Según la tesis fiscal, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de agentes interceptó al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz. Durante esa diligencia, se incautaron cuatro lingotes de oro al ciudadano intervenido. Las investigaciones señalan que, antes de entregar el material a las instancias correspondientes, se habrían fabricado réplicas de cobre para sustituir las piezas originales.

Un colaborador eficaz, bajo el seudónimo de agente ‘Pepe’, reveló que el cambio de la pieza auténtica por la de cobre ocurrió en la sede central de la Dirincri. El lingote original fue vendido posteriormente en el mercado negro por un monto aproximado de 200,000 dólares. Mientras tanto, la réplica fue la que finalmente se entregó a las autoridades judiciales como parte del material incautado.

La fiscalía sustenta la implicancia de Morón Díaz en registros de comunicaciones que lo vinculan directamente con la trama delictiva. El testimonio del colaborador menciona llamadas efectuadas por el oficial que reforzarían su presunta participación en la organización. Asimismo, el operativo alcanzó la vivienda de un familiar del exministro del Interior Carlos Malaver, quien también es investigado como presunto integrante de la red y quien no fue hallado en el inmueble.

Los implicados enfrentan cargos por los delitos de peculado doloso por apropiación agravada, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se les imputa el delito de lavado de activos en agravio del Estado debido a la repartición del dinero obtenido por la venta del metal precioso. El Poder Judicial autorizó el descerraje y registro de los domicilios de todos los investigados en este caso.

VIDEO RECOMENDADO:

La situación del Metropolitano respecto a una posible paralización de las operaciones permanece vigente. Así lo confirmó a El Comercio Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos y representante de las concesionarias del servicio operativo del Metropolitano. De concretarse la medida, el principal sistema de transporte masivo dejaría de operar y cientos de miles de personas tendrían que optar por otros medios de transporte en su rutina diaria.

Actualmente, un aproximado de doscientos mil usuarios realizan cerca de cuatrocientos veinte mil viajes por día a bordo del Metropolitano. Para Vélez, el Metropolitano es comparable a “una vía neurálgica de la ciudad que conecta prácticamente todos los distritos de Lima y a los usuarios con sus puntos de trabajo”. Ante esto, considera que “la afectación [de concluir el paro] sería tremenda para la capital”.

#ATUInforma | Compartimos el siguiente comunicado sobre el @Metropolitano_L. pic.twitter.com/aQ11qnCBoB

— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 16, 2024

Durante la entrevista, el vocero de A Movernos insistió en que la posibilidad de detener el servicio sigue en pie, pese al anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La entidad publicó este lunes por la noche y por medio de sus redes sociales un comunicado en el que se mencionó que “no se ha recibido ninguna comunicación donde se especifique una presunta fecha de paralización”. Vélez describió esta publicación como un “doble juego” y una media verdad porque “los operarios sí han enviado cartas [a la ATU], el tema es que no se ha determinado una fecha de paralización”.

Por su parte, en comunicación con El Comercio, Jorge Mosto, vocero de la ATU, declaró que “nos extraña, nos preocupa” que permanezca la idea de una paralización pese a que “el pasado 4 de julio, participamos del grupo de trabajo donde nos hemos reunido con los concesionarios del sistema donde se estableció para el 17 de julio la realización de una mesa técnica”. “No podríamos estar hablando de una paralización. Nosotros tenemos actas suscritas [con los operadores] donde hemos establecido acuerdos”, resaltó.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, recordó en conversación con El Comercio que la mayoría de limeños se mueve en transporte público colectivo. “El impacto de que no funcione [el Metropolitano] es absolutamente enorme. No solo porque las personas recurrirían al transporte informal, sino porque afectaría económicamente a los sectores de la ciudad, crecería la necesidad de más vehículos para moverse y colapsaría el concepto de la movilidad”, detalló Alegre.

#Comunicado: AFIN Evitemos afectar a miles de usuarios solucionando a tiempo los problemas del Metropolitano. pic.twitter.com/ILzZPozENt

— Afin Perú (@AfinPeru) July 15, 2024

Vélez detalló que, de concretarse la paralización, cientos de miles de usuarios se verían obligados a buscar otros medios de transporte. “Lo que ocurriría es que las personas se movilizaría más caro, por un mayor tiempo y con menos seguridad. Estaríamos evolucionando a la informalidad y la ilegalidad absoluta”, explicó. “La verdad, no veo otra alternativa [al Metropolitano] que sea más o menos decente. Tiene todas las características de un transporte formal. Los choferes pasan por los exámenes de alcoholemia, están todos en planilla, trabajan las horas que requiere las normas, los buses están operativos con sus respectivos mantenimientos, hay seguridad”, describió vocero.

Según amplió Vélez, los usuarios afectados tendrían que optar por otros servicios de transporte tradicional, incluyendo servicios informales y los colectivos ilegales. Además, resaltó que el Metropolitano ahorra a los usuarios cerca de dos horas de tráfico al día, en comparación con los otros sistemas. “Además, si bien muchos se quejan del costo [del Metropolitano], es prácticamente la mitad o mucho menos respecto a las tarifas del transporte tradicional. De llegar a la paralización, sería una situación terrible”, arguyó Vélez.

Consultado sobre la posible afectación hacia los ciudadanos, el vocero de la ATU prefirió no dar respuesta al tratarse de una situación que no se daría. “Como entidad pública, estamos llamados a actuar en base a lo que las normas señalan. Por eso estamos en pleno desarrollo de las mesas. Garantizamos la continuidad del servicio del Metropolitano”, dispuso Mosto.

El vocero de A Movernos precisó que “los concesionarios no quieren llegar al extremo de paralizar, pero si los sobrecostos permanecen por encima del 24 % de los ingresos [no hay otra opción]”. “El problema viene desde el origen [de los contratos]. En las bases se ofrecían setecientos mil viajes al día. Si con setecientos mil viajes es sostenible, con cuatrocientos veinte mil, de ninguna manera”, desarrolló Vélez. Explicó que esta demanda jamás creció porque la ampliación norte “no se pudo concretar y a los 14 años no se termina. Pareciera una broma de pésimo gusto, pero así estamos”. Alegre también destacó que “el Metropolitano es un problema enorme porque empezó a operar hace mucho y no ha entrado en operación, aún estamos bajo contrato de pre operación porque no se han concluido los temas como la ampliación y eso genera dificultades enormes”.

Asimismo, Vélez refirió que la ATU permite la competencia desleal por parte de otros servicios de transporte formal, además de no poder concretar la lucha contra la informalidad y los taxis ilegales. Vélez dijo que existe un problema extenso de fraude e ingresos sin cobro a las estaciones, así como “cobros irregulares del gas natural vehicular” que utilizan los buses. “Las empresas del Metropolitano tienen que abastecerse con un gas por encima del mercado”, reveló Vélez. Respecto a esto, Alegre describió que se trató de “una trampa”. “Cuando se firmó el contrato, Protransporte [la entidad precedente a la ATU] sostuvo que iba a tener una estación de gas natural, pero lo que nunca dijeron fue que iban a cobrar de más”, agregó la vocera de Lima Cómo Vamos.

El vocero de A Movernos también mencionó que “existen proceso arbitrales con laudos que suman cerca de 500 millones de soles, de los cuales la ATU ha pagado cerca de 380 millones”. Finalmente, el representante de los concesionarios consideró que “el gran problema que tienen el Metropolitano y los corredores complementarios es que han sido contratos autofinanciados, mientras que en ninguna parte del mundo ocurre algo así. Todos los transportes de servicio público son cofinanciados. Por ejemplo, la Línea 1, que obtiene un subsidio, transcurre sin ningún problema económico”. “Los sistemas de transporte masivo urbano, no hay ninguna alternativa, son sistemas que tiene que ser subsidiados. Es absolutamente necesario porque, de lo contrario, el costo de operación sería muy alto”, opinó Alegre.

Por su parte, Mosto resaltó que “estamos haciendo una fiscalización permanente [del transporte informal e ilegal], estableciendo planes de operación que permitan dinamizar los tramos exclusivos de los corredores”. “Va a ser importante que continuemos con la fiscalización que estamos realizando, pero es fundamental que a esta lucha contra la informalidad se puede adherir la policía y la fiscalía”, resolvió. La directora de Lima Cómo Vamos arguyó que no existe una política de Estado seria que proteja el transporte público. “Hay una disminución en la preocupación pública desde el Estado y la ciudadanía por sostener un sistema de transporte público de calidad. Eso ha generado una serie de problemas en el deterioro de estos servicios”, desarrolló.

Luego de siete meses de hospitalización y un complejo tratamiento multidisciplinario, el joven Luis Montenegro abandonó el Hospital Dos de Mayo tras recibir el alta y tener un pronóstico favorable.

Montenegro ingresó al hospital en septiembre del 2026, luego de ser rechazado en otros establecimientos. El paciente tenía un peso de 300 kilos y un cuadro crítico de insuficiencia respiratoria, pero logró estabilizarse y someterse a una intervención quirúrgica.

“Este es el único hospital que me acogió, porque al tener insuficiencia respiratoria y obesidad no me podían recibir en otros lugares”, contó para TVPerú.

El caso de Montenegro requirió de un abordaje integral debido a las comorbilidades asociadas a su obesidad. Según explicó el doctor Rómulo Escobedo, el paciente no solo fue atendido en el área de emergencia, sino que permaneció bajo vigilancia estricta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Luis ingresó en setiembre del año pasado con una obesidad mórbida y 300 kilos. Posteriormente y por las comorbilidades que traía tuvo que se manejado por diferentes especialidades, no solo por emergencia, sino también por la unidad de cuidados intensivos”, dijo.

Una segunda vida

Para el joven, el salir del hospital es como tener una segunda oportunidad de vida. “Ahora debo seguir con mi dieta, con las indicaciones que me han dado, todo al pie de la letra para seguir bajando de peso, porque prácticamente me han dado una segunda vida acá. Con el peso que tenía ya me iba a ir de aquí”, aseveró.

Para calificar al programa de cirugía bariátrica, el joven pasó por una evaluación exhaustiva de diversos departamentos, incluyendo: Endocrinología e Inmunología, Psicología y Psiquiatría y Nutrición y Medicina Física.

El especialista médico detalló “fue operado con éxito hace 10 días. Se le realizó una cirugía bariátrica con unos resultados excelentes. Después de la cirugía regresó a cuidados intensivos donde ha presentado una recuperación muy exitosa. Ahora Luis es una persona que tiene muchas ganas de vivir y está aceptando este reto de cambiar todo en su vida”.

Además, mencionó que Luis es un paciente muy especial para los doctores del Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, porque ha tenido una estancia bastante larga y porque seguirá su tratamiento en dicho nosocomio.

“Él sabe que tiene mantener una vida en actividad física y continuar con las recomendaciones de nutrición. Una vez que baje de peso hay otras opciones que podría requerir, como nuevas cirugías en caso de que sea necesario. Esperamos que con esta reciente pueda regresar a su vida normal”, aseguró el especialista.

En ese sentido, las sedes ubicadas en el jirón Orrego 1923 (Cercado de Lima), avenida César Vallejo 603 (Lince) y los centros Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ya no serán los encargados de recepcionar los trámites.

Todo ha quedado oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, fechado el 28 de enero del presente año, que manifiesta la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de transporte terrestre.

Tras los cambios, la MML será la única responsable del proceso para la obtención de brevetes de clase A, lo que abarca la evaluación de conocimientos, los exámenes de habilidades de conducción, así como la emisión de licencias. Esto rige tanto para nuevos conductores y choferes que necesitan revalidar, recategorizar o duplicados de sus brevetes.

Otra de las responsabilidades de la comuna limeña será brindar autorización a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que están habilitados para formular certificados de salud, requisito principal para obtener una licencia de conducir.

Por otra parte, se determinó que para continuar realizando los trámites en la Jurisdicción de Lima Metropolitana, se debe acceder a la plataforma digital de la Municipalidad. Esta es la única plataforma habilitada para la gestión de citas, evaluaciones y emisión de licencias en la capital, a través de los canales dispuestos por la Gerencia de Movilidad Urbana.

Además, en el portal del MTC: https://licencias.mtc.gob.pe., los usuarios pueden verificar información como el estado de su licencia, récord de infracciones y estado de sanciones impuestas.

La emisión de normativa, la supervisión del servicio y la gestión de los registros nacionales, continuará a cargo de la rectoría del sistema nacional de licencias de conducir del MTC. Así se ratifica el compromiso del sector, con un servicio más cercano, ordenado y eficiente para la ciudadanía.

La compañía RICSA denunció el secuestro de un total de siete de sus trabajadores, así como la retención de una barcaza petrolera con 10 500 barriles de crudo en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto. La empresa indicó que los captores exigen el pago de S/2 millones para liberar a toda embarcación.

El pasado 12 de abril, alrededor de las 5.20 a. m., fue interceptado un convoy fluvial de manera agresiva por unas 25 personas en botes,cerca del centro poblado de Providencia. Los tripulantes fueron obligados bajo amenazas a desviar su ruta hacia un puerto, según la denuncia.

Los manifestantes forzaron el abandono de la barcaza Pacífico XIX tras interrumpir la operación que transportaba el petróleo crudo. Todos los tripulantes fueron trasladados y remolcados a Coseda I, hacia una zona controlada por la comunidad. Paúl Vigo, gerente de operaciones de RICSA, indicó que los trabajadores recibieron agresiones físicas y verbales, por lo que tuvieron que ceder el control de la maquinaria.

Hasta el momento, se sabe que siete trabajadores permanecen privados de su libertad y estarían sufriendo afectaciones psicológicas y vulneración de sus derechos laborales. Por esa razón, la empresa formalizó las denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la fiscalía provincial Penal de Nauta.

Según RICSA, hay audios en los que se condiciona la liberación del convoy y del personal al pago en efectivo de S/2 millones. La compañía ha identificado a algunos de los responsables, tales como Manuel Peraza Sandi, apu de la comunidad de Providencia; al teniente gobernador Gary Peraza Valera; y al presidente de la federación, Isaías Saboya Mayanchi.

Mientras tanto, la compañía aseguró que no accederá a negociar bajo mecanismos de presión ilegal, pues sus activos están siendo retenidos con fines de enriquecimiento personal.

Ricsa advierte riesgo ambiental

Desde RICSA se alertó que la retención del crudo sin ninguna supervisión representa un peligro para el río en general, ya que la maniobra de la barcaza por personas que no conocen la técnica, podría provocar una calamidad ambiental.

Igualmente, se supo que la paralización de las operaciones afecta el abastecimiento energético de la zona y detiene el flujo del canon petrolero que corresponde a la región Loreto.

La empresa exigió la liberación del remolcador Coseda I y la detención en flagrancia de los responsables, pues las autoridades ya iniciaron las investigaciones preliminares por un presunto caso de criminalidad organizada. La Capitanía de Puerto de Iquitos y la IV Macro Región Policial de la PNP también han sido notificadas desde el 17 de abril para ejecutar acciones inmediatas.

Este 22 de abril, cientos de jóvenes estudiantes universitarios se movilizaron por las calles del Centro de Lima, y en otras partes del país, para exigir el cumplimiento del medio pasaje. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales de diversos gremios estudiantiles.

Los alumnos también denunciaron los problemas que enfrentan las universidades públicas como el recorte de presupuesto. Exigen mayor fiscalización en las tarifas de transporte y el incremento del combustible.

La movilización partió desde la Plaza 2 de Mayo, lugar en donde se empezaron a concentrar diversas delegaciones universitarias desde las 5 p. m.

La ruta continuó por la avenida Nicolás de Piérola hasta la Plaza San Martín; luego siguieron por los exteriores de Palacio de Justicia, la avenida Grau, e ingresaron a la avenida Abancay.

¿Qué gremios estudiantiles participaron de la movilización?

Entre los los gremios más importantes que se sumaron a la convocatoria están:

• FEPUC: Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• FEUA: Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
• FUSM: Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• ADEUPC: Asociación de Estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
• ADUC: Asociación de Estudiantes de la Universidad Científica del Sur.
• Bloque de la UNFV: Representantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
• Federación Universitaria del Cusco: Representantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad (UNSAAC).
• Frente de Defensa de Universitarios (Arequipa): Representantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
• Consejo Universitario de la UNAJ: Representantes de la Universidad Nacional de Juliaca.

La movilización en regiones

En Cusco, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) acataron la protesta nacional, pero fueron retirados por agentes de la Policía Nacional, quienes hicieron uso bombas lacrimógena.

En tanto, universitarios en Arequipa denunciaron que los cobradores del transporte público no respetan la ley y bajan de las unidades de transportes a los estudiantes que intentan hacer uso del pago del medio pasaje universitario.

La Benemérita y Heroica Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima N°4, más conocida como Bomba Lima 4, reconoció, como parte de las actividades por su 160° aniversario, a diversas autoridades e instituciones por el apoyo al fortalecimiento del servicio que brindan a la sociedad.

Durante el acto, realizado en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima, se distinguió a la alcaldesa del distrito de Lince, Malca Schnaiderman Lara, por sus acciones de coordinación y respaldo institucional a los Bomberos, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en su jurisdicción.

Al recibir la distinción, la autoridad edil de Lince expresó su reconocimiento a la labor que cumplen los bomberos voluntarios en favor de la ciudadanía y reafirmó su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de la seguridad de los vecinos.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, así como de representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre ellos el brigadier CBP Juan José Bardales Sifuentes, primer jefe de la compañía, y el brigadier mayor CBP Marcos Roberto Pajuelo Herrera. El burgomaestre capitalino recibió la medalla Antonio Alarco y la medalla por el mencionado aniversario institucional.

En el contexto de las actividades conmemorativas, se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las compañías de bomberos y los gobiernos locales, especialmente en acciones orientadas a la prevención, preparación y atención de emergencias.

En esa línea, se destacó el impulso de iniciativas de apoyo institucional que han permitido fortalecer las condiciones operativas de la Compañía Lima N.°4, así como la articulación permanente para la gestión del riesgo de desastres en el distrito.

La Compañía de Bomberos Lima N.° 4, fundada en 1866, es una de las unidades más emblemáticas del país, con una destacada trayectoria en la atención de emergencias y en la protección de la vida y el patrimonio de la población.

Lima amaneció recientemente cubierta por una densa neblina, sorprendiendo a miles de ciudadanos que en semanas previas experimentaban mañanas soleadas. Este cambio ha generado dudas sobre el comportamiento del clima en los próximos días, especialmente ante la llegada del otoño. En esa línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que este fenómeno responde a condiciones atmosféricas propias de la temporada y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

El ingeniero Matt Nieto, especialista del Senamhi, indicó que existe una alta probabilidad de neblina y lloviznas en distintos distritos de Lima Metropolitana al menos hasta el 28 de abril.

“Este contraste de masa de aire, entre el cálido y el frío, que viene por efecto de los vientos del sur favorece la ocurrencia rápida de la niebla y neblina en los distritos cercanos al mar, incluso con alguna llovizna puntual que se podría intensificar en los próximos días. Esta situación está atribuida principalmente a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur”, señaló.

Además, advirtió sobre los riesgos que estas condiciones pueden generar: “La densa niebla, neblina o lloviznas pueden afectar la visibilidad y provocar incidentes en el transporte, por lo que se recomienda tomar precauciones”.

Temperaturas bajan y sensación de frío aumenta

El especialista explicó que, tras los días calurosos recientes, se prevé una disminución progresiva de la temperatura en la capital. “Las temperaturas máximas en Lima Metropolitana estarán más cercanas a sus valores normales, entre 27 y 28 grados durante el día, mientras que las mínimas podrían descender a 18 grados e incluso 17 en algunos distritos”, puntualizó.

Asimismo, indicó que la sensación térmica será más fresca, especialmente en horas de la madrugada: “Ya se empieza a percibir una ligera sensación de frío, por lo que es recomendable el uso de abrigo ligero, especialmente en población vulnerable”. En tanto, descartó nuevos picos de calor extremos. “Las temperaturas máximas se van a amortiguar y estarán entre los 26 y 30 grados, dentro de un comportamiento más acorde al otoño”.

Clima variará según zonas de Lima

El comportamiento del clima no será uniforme en toda la ciudad. En distritos alejados del mar, como La Molina, San Juan de Lurigancho o Santa Anita, predominarán mañanas frescas con rápida aparición del sol. “Al estar más alejados del mar, la nubosidad se disipa con mayor rapidez y las temperaturas se recuperan durante el día”, explicó el especialista.

En contraste, en zonas cercanas al litoral como Miraflores, Barranco, San Miguel o San Isidro, la neblina y la nubosidad serán más persistentes. “Estos sectores tendrán más horas de cielo cubierto y mayor probabilidad de lloviznas, especialmente en horas nocturnas y de madrugada”, precisó.

Vientos fuertes y riesgo en carreteras

El Senamhi también alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana. “Se esperan ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora en Ica, mientras que en Lima podrían alcanzar o superar los 30 km/h”, indicó.

Estas condiciones podrían generar riesgos adicionales: “El levantamiento de polvo en regiones como Ica puede reducir la visibilidad, por lo que los conductores deben extremar precauciones”.

Respecto al panorama estacional, el especialista señaló que el otoño tendrá una tendencia cálida en promedio, influenciado por el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño costero. “El otoño será en general cálido, aunque con algunos episodios puntuales de frío, como los que estamos observando actualmente”, explicó.

Incluso, esta tendencia podría extenderse al invierno: “No significa que todo el invierno será cálido, pero en promedio se esperan temperaturas por encima de lo normal, sin descartar días fríos específicos”.

Recomendaciones ante el cambio de clima

Finalmente, el Senamhi exhortó a la población a tomar medidas preventivas frente a estas condiciones.

“Es importante usar abrigo ligero en horas nocturnas y de madrugada, sobre todo en adultos mayores, niños y personas vulnerables”, recomendó. Asimismo, pidió precaución en la vía pública. “Ante lloviznas, se debe evitar caminar apresuradamente y conducir con mayor cuidado, ya que las pistas pueden volverse resbalosas”.

También advirtió sobre los efectos del viento: “Asegurar techos y estructuras débiles para evitar daños”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

La Corte Superior de Piura reprogramó la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra cinco investigados como presuntos homicidas de la médica pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, quien fue asesinada en la puerta de su casa en Piura. La nueva fecha es el 5 de mayo.

De acuerdo a lo informado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, la diligencia judicial se postergó luego de advertirse un error en la notificación hacia uno de los acusados.

Entre los investigados por la muerte de Minosska, se encuentra el esposo de la víctima, el médico William Seminario, quien ha sido sindicado como autor intelectual del crimen por al menos tres manifestaciones. Para él y los otros imputados, el Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de sicariato agravado.

Según la tesis fiscal, el ejecutor del disparó es Luis Alejandro Rojas Guillén, mientras que Junior Francisco Miñán Seminario sería el conductor de la motocicleta en la que se transportaban al momento del ataque.

Por su parte, Cristian Alberto Sócola Bayona es señalado por hacer el reglaje previo a Minosska, y Sergio Junior Sevillano Gutiérrez es acusado por la presunta tenencia del arma utilizada en el crimen y por movilizar a los otros implicados.

¿Qué declaraciones perjudican al esposo de la víctima?

Fue Junior Miñan quien señaló a la pareja de la victima como el autor intelectual del crimen. Según su manifestación en la Fiscalía, el presunto sicario le contó que fue William Seminario quien lo habría contratado para asesinar a Minosska a cambio de 10 000 soles.

En esa línea, el otro imputado, Cristian Sócola, aseguró que la orden para vigilar a la pediatra y reportar sus movimientos venía del “doc”, en referencia a William Seminario Girón.

Hallan presunta arma homicida

La Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura intervino a tres sujetos por tenencia ilegal de armas, quienes posteriormente recibieron siete meses de prisión preventiva.

Luego de analizar las armas que se incautaron en esta operación, se identificó que una de ellas coincidía con los casquillos hallados en la escena del crimen de la médica.

A esto, se suma el resultado de la prueba de absorción atómica realizada a uno de los involucrados. Según la pericia, el sujeto resultó positivo para plomo, bario y antimonio, lo que demostraría el uso reciente del arma de fuego.

En una ceremonia realizada en la histórica Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, presentó oficialmente “Pasaporte Perú – Argentina: Palabras que enlazan a dos países hermanos”, una antología literaria binacional que traza más de cuatro siglos de diálogo cultural entre ambas naciones.

El evento contó con la participación del jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla; la rectora de San Marcos, Jerí Ramón Ruffner; y el secretario y jefe de la sección cultural de la embajada de la Argentina en el Perú, Diego González, quienes destacaron el valor de esta publicación como un hito de diplomacia cultural.

“Este no es solo un libro. Es la prueba de que Perú y Argentina llevan siglos dialogando a través de la literatura. La cultura fue nuestra primera forma de encuentro, incluso antes de las fronteras”, destacó Yangali durante su intervención.

Esta publicación de bolsillo reúne más de 40 textos de autores fundamentales como César Vallejo, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, entre otros, configurando un mapa literario que evidencia los vínculos históricos, intelectuales y afectivos entre ambos países.

Editado de manera conjunta por la Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el “pasaporte” cultural propone una lectura innovadora del vínculo bilateral, integrando literatura, historia y símbolos compartidos que van desde el Virreinato hasta la actualidad.

Hay un dato muy interesante que se revela en las páginas de este libro. Data de 1776. Ese es el año en que se publicó El lazarillo de ciegos caminantes, primer relato sobre el vínculo entre Lima y Buenos Aires. Es decir, antes del general José de San Martín y antes de la independencia del Perú, ya nos leíamos con la Argentina.

Además, en este “pasaporte” también se evidencia que Borges escribió sobre el Perú; que Vallejo vivió en el imaginario argentino; que Cortázar le dedicó un poema a los Andes. No son hechos aislados: son vínculos literarios concretos, documentados, que esta antología reúne por primera vez.

La obra, de 116 páginas, será además la publicación representativa del Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, donde nuestro país participará como invitado de honor, consolidando así su presencia en el circuito cultural internacional.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su rol como promotora de la lectura y la memoria, y posiciona al libro como una herramienta clave de integración, diálogo y proyección cultural.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), autorizó la transferencia de más de S/29.5 millones, con el objetivo de asegurar la continuidad y fortalecimiento del servicio alimentario en comedores populares y ollas comunes de todo el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.º 064-2026-EF, que permite financiar la atención alimentaria en el marco del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante el año fiscal 2026.

Este desembolso permitirá que los comedores y ollas comunes compren con una variedad de más de 40 productos, contribuyendo a una mejor variedad, cantidad y calidad de alimentos.

Desde el Midis se destacó que la transferencia responde a una política de protección social activa y descentralizada, que fortalece el rol de los gobiernos locales en la atención directa a la población más necesitada. Asimismo, se informó que los recursos están destinados exclusivamente a la prestación del servicio alimentario, bajo estrictos mecanismos de control y seguimiento, lo que asegura su uso eficiente y transparente.

Como parte del proceso, los gobiernos locales deberán realizar los trámites para iniciar de manera oportuna la ejecución de los recursos.

El Poder Judicial dictó nueve años de cárcel contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Brugos, y a otros ocho funcionarios de la municipalidad, por el delito de colusión agravada.

Los exfuncionarios que también cumplirán condenas son: César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.

Con ellos, en calidad de cómplice primario, también fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc. Recibió nueve años de prisión por el delito de colusión agravada y, por el delito de falsificación de documentos, le dieron siete años.

¿Por qué fue acusado Burgos y otros funcionarios?

De acuerdo a la investigación de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el año 2013, el municipio de SJL contrató con la empresa Heli Abad para la compra de un helicóptero por la suma de 1 millón 490 108 soles.

La empresa de Abad realizó la compra, pero el certificado de aeronavegabilidad estuvo a su nombre. Es decir, él sería el único que podía operar el helicóptero. Sin embargo, lo que correspondía era que la certificación estuviera a nombre de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la investigación fiscal, el municipio contrató a un especialista para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, pero este tenía vínculos con las empresas del proveedor.

El fiscal logró acreditar que los funcionarios, antes mencionados, se coludieron con el contratista para que la comuna adquiera un bien que siempre estuvo en manos de una persona particular.

Posteriormente, la nave fue donada a la Aviación Policial luego de no acreditarse su uso en los fines correspondientes, pero tampoco había un convenio firmado con la Policía Nacional para realizar operaciones de seguridad en el distrito.

¿Qué otras condenas tiene Carlos Burgos?

Burgos, actualmente, cumple una condena de 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La empresa Hermes, una de las que participó en la licitación donde se eligió a la compañía que distribuiría el material y equipos informáticos de las Elecciones Generales 2026, hizo una importante revelación en medio de los cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por una presunta improvisación para desarrollar los comicios. Las consecuencias de ese grave caso obligaron a Piero Corvetto a renunciar a la jefatura del la entidad electoral.

Como se sabe, la empresa Galaga fue elegida para transportar el material electoral, sin embargo, se presentaron problemas en la entrega, lo que originó que locales de Lima sur y este no pudieran abrir sus mesas de votación y, en consecuencia, más de 50 mil electores no pudieron sufragar el pasado 12 de abril.

Hermes detalló que concursó en el proceso de selección tras la convocatoria formulada por la ONPE, ya que se permitiría que empresas del sector de seguridad y transporte de valores participen en el servicio de traslado de material electoral.

Además, confirmó, tal como lo había señalado El Comercio en un informe anterior, que -en pleno desarrollo del proceso - la comisión de selección de la ONPE usó en la evaluación técnica un criterio que no estaba estipulado en las bases.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la revelación de Hermes fue respecto a que José Samamé, entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, solicitó con “carácter de urgencia” a dicha empresa la mañana del sábado 11 de abril, es decir un día antes de las elecciones, “una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, pero la oferta que hizo Hermes no fue aceptada.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, señaló Hermes.

En medio de las investigaciones de las autoridades por un presunto caso de colusión en el proceso de selección desarrollado por ONPE, Hermes enfatizó que sus servicios están respaldados por “rigurosos” protocolos de transparencia, trazabilidad y respeto del marco legal.

“En estricto cumplimiento de nuestras políticas de integridad, la empresa no ofrece ni acepta ningún tipo de beneficio indebido en sus relaciones con entidades públicas o privadas”, aclaró la empresa.

Fuad Khoury, excontralor de la República explicó a El Comercio, en referencia al caso del pedido que hizo la ONPE a Hermes para que le brinde el servicio de 40 vehículos, que en el Estado no se puede contratar por valores mayores a 8 UIT (44 mil soles) sin un concurso previo. En ese contexto, intuyó que Hermes no iba a cobrar menos del monto que establece como tope la Ley de Contrataciones del Estado en casos de una adjudicación directa.

“Uno no puede contratar directamente con nadie en el Estado, menos si es 40 camiones un día antes de las elecciones. ¿Y cómo iban a sustentar el pago si habían contratado con la otra empresa?”, refirió el especialista.

“No está permitido en el Estado contratar directamente a un proveedor sin antes haber un concurso público por una cantidad mayor a 8 UIT”, agregó.

Remarcó que se habría cometido un hecho irregular si Hermes hubiera firmado contrato con la ONPE y que la responsabilidad habría reacído en los funcionarios. “De haberse consumado ese contrato (con Hermes), habría ocurrido alguna irregularidad o ilícito que va en contra de la Ley de Contrataciones del Estado”, expresó.

“Si se hubiera consumado ese contrato, habría responsabilidades. El tipo de responsabilidades depende de la investigación. No es regular, puede acarrear sanciones administrativas”, añadió.

Khoury indicó que la versión dada por Hermes demuestra que Galaga no tenía los vehículos suficientes para el despliegue del material electoral.

Resaltan falta de experiencia de funcionarios de la ONPE

Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones del Estado, indicó que la decisión de la ONPE de buscar contratar a otra empresa para completar la distribución del material, tal como lo reveló Hermes, denota que hay una falta de experiencia en los funcionarios de la institucional electoral y sospechas de un presunto caso de corrupción.

“Evidencia ineficiencia y, al parecer, falta de experiencia del personal gerencial de la ONPE. Lo que han declarado (los funcionarios) a la Contraloría es que no tienen experiencia anterior, ni siquiera experiencia en las elecciones del 2021. Es decir, el personal gerencial de la ONPE no ha tenido la experiencia necesaria para llevar adelante este proceso de selección y eso es símbolo de negligencia, principalmente del señor Piero Corvetto, quien designa a su personal de confianza”, expresó Yaya.

“Habría un caso de corrupción, ya que es posible que los términos de referencia de la contratación de Galaga hayan sido elaborados a la medida de dicha empresa, de tal manera que no se le habría solicitado más vehículos de los que contaban y finalmente han tenido que buscar a una segunda empresa que cubra esa deficiencia de la empresa que ganó la buena pro”, agregó.

También explicó que la ONPE podría convocar a otra empresa para que le brinde un servicio en caso se encuentre “en inminente desabastecimiento” por un problema con la compañía ganadora del proceso, pero advirtió que eso no exime de sanción al funcionario responsable del tema.

Remarcó que, en adelante ,los términos de referencia de los contratos que suscriban una entidad estatal y una empresa deben ser bien elaborados y que el ganador debe acreditar mucha experiencia en su rubro, a fin de evitar situaciones como la de la ONPE y Galaga.

Un hecho que abona más en los cuestionamientos a Piero Corvetto, durante su paso por la ONPE, es que él mismo había supervisado, la noche del viernes 10 de abril, el despliegue del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao, pero sin hacer, al parecer, el debido seguimiento de la distribución, pese a las advertencias lanzadas por la Contraloría sobre los retrasos en la salida de los vehículos de Galaga.

En su presentación ante la prensa dos días antes de los comicios, Corvetto señaló que la ONPE estaba “cumpliendo de manera progresiva con el cronograma” y que harían todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de la capital.

“En este momento nos encontramos realizando un despliegue para todo Lima y Callao. Comenzamos esta noche con los destinos más alejados, como Carabayllo y Ventanilla. Recuerden que estamos en Lurín, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de nuestra capital y del Callao”, detalló.

Cabe recalcar que la Contraloría había señalado a este Diario que el cronograma de salida de unidades vehiculares del almacén de la ONPE establecía que 168 rutas debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas, pero ninguno de esos horarios se cumplió, lo cual se notificó a la entidad electoral.

La desorganización y la improvisación en que se desarrolló la distribución del material electoral también fue advertido por los propios trabajadores de la ONPE en un chat grupal de WhatsApp, ya que, desde la noche del sábado, se pedía que el personal acuda a la sede de la entidad para apoyar en la selección y distribución del material.

Sin embargo, Corvetto señaló, durante su presentación en el Congreso, el pasado 14 de abril, que había tenido información de que en la víspera de las elecciones hubo solo “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba” a su destino.

Atribuyó los errores a la Subgerencia de Producción Electoral y negó que las fallas constituyan “graves irregularidades”. “Insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y de Lima sur”, afirmó.

Este martes, en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante años, Lima ha sido protagonista de un sinfín de cables en postes de luz, techos de casas y distintos lugares, ocasionando así contaminación visual. Sin embargo, en el distrito de Santiago de Surco se ha ejecutado un ambicioso plan que consiste en soterrar los cables; es decir, migrar del cableado aéreo al subterráneo, lo que a su vez ha llamado la atención de otros distritos de la capital para ejecutar sus propios proyectos.

Todo inició durante el primer año de la actual gestión de la Municipalidad de Santiago de Surco. En diálogo con El Comercio, Elías Ruiz, gerente de Servicios a la Ciudad del municipio y encargado del proyecto, comentó que “la idea nació del deseo de remodelar todo el centro histórico del distrito. Se trata del proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo. El soterrado de cables es parte del proyecto, ya que este va más allá; buscamos renovar el centro de manera integral, peatonalizando las vías, generando una zona atractiva para el comercio y el turismo, entre otros aspectos”.

Resaltó que este trabajo se viene realizando en una extensión de 22.000 metros cuadrados, que abarca aproximadamente 12 manzanas alrededor de la Plaza de Armas de Santiago de Surco. En total, son cerca de 88 kilómetros de ductos subterráneos los que se vienen instalando. Los jirones intervenidos son: jirón Sáenz Peña, jirón Bolognesi, jirón José Gálvez, jirón Batalla de Ayacucho, jirón Arica y jirón Tacna.

“Elaborar un expediente de esta naturaleza demora un poco. Se debe tener aprobación del Ministerio de Cultura y coordinaciones con todas las empresas que brindan servicios, lo cual hemos venido ejecutando”, indicó.

El paso a paso

El ingeniero explicó cómo es que funciona este cableado subterráneo. “Soterrar implica, en primer lugar, colocar ductos, en los cuales se insertarán los cables. Posteriormente, se interconectarán dichos ductos con sistemas de buzones. Los buzones son cámaras de control”, dijo.

“Luego de los buzones, estos ductos se trasladan hacia las llamadas buzonetas, que son más pequeñas y están en la vereda, para que luego los cables entren a las casas. La diferencia es que ya no llegan a las casas por los techos, sino por las veredas. Es todo un tejido el que ahora ocurrirá debajo de la ciudad, con tuberías enterradas que luego salen por las veredas”, agregó.

Resaltó que es la misma mecánica que la de un cableado aéreo, solo que ahora, en lugar de tener todo colgado en postes, las fibras estarán debajo del suelo. “La contaminación visual que se tiene ahora con los cables aéreos es de lo peor. Imagínate solamente ese gran cambio de no ver tanta maraña de cables. Ahora la gente no va a ver ni un solo cable colgando en el centro histórico del distrito”, expresó.

Respecto a la profundidad de los trabajos, comentó que es variada; por un lado, la zona donde están colocados los buzones es de 2 metros y medio, mientras que donde están las buzonetas es de 1,80 metros.

“Con este proyecto de cableado subterráneo terminamos la gestión; quizás la próxima gestión pueda retomar el modelo y hacerlo en otros lugares del distrito. Pero definitivamente es un precedente y un ejemplo para que los otros distritos repliquen algo similar”, añadió.

El proyecto lleva poco más de dos meses de ejecución y registra un 25% de avance. Se tiene previsto que esté culminado en noviembre. Sin embargo, la municipalidad asegura que está trabajando aceleradamente para terminarlo a fines de julio.

Otros puntos de Lima

A raíz de este proyecto, otros municipios también están priorizando el cableado subterráneo. Uno de ellos es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que el año pasado ordenó el retiro del cableado aéreo que atravesaba puntos clave del Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) lidera esta labor en áreas como Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau, donde la alta concentración demandó soluciones para ordenar visualmente el entorno.

Se realizaron intervenciones en más de 50 cuadras, abarcando los jirones Andahuaylas, Áncash, Junín, Huallaga y Paruro, además de las trece cuadras que forman el Triángulo de Grau. El plan contempla, a futuro, realizar el soterramiento del cableado en los jirones mencionados, para así mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar el valor de las calles.

Por otro lado, un municipio que ha manifestado interés en replicar el proyecto de Surco es San Miguel. El gerente municipal del distrito, Jorge Román, dijo a El Comercio que saluda la ejecución de esta obra y contó que han participado en la selección de un plan de inversión de Lima Metropolitana para que el Banco Mundial financie con 16 millones de soles su proyecto de soterramiento de cables.

“La municipalidad de San Miguel está totalmente de acuerdo con este tipo de iniciativas. Por ello, queremos hacer lo propio en el distrito. Estamos evaluando en qué sectores podemos hacerlo posible. Mientras tanto, estamos esperando que nuestro proyecto sea aprobado y así financiado por el Banco Mundial. En San Miguel también estamos encaminados hacia la modernidad y buscamos impulsar una iniciativa de este tipo. Por eso aplaudimos a Surco. Nosotros estamos en el mismo camino para que seamos los próximos”, aseguró.

Por su parte, en la Municipalidad de Miraflores, con el objetivo de proporcionar un ambiente armonioso a vecinos y visitantes, se viene trabajando con las empresas de telecomunicaciones para realizar un cableado de forma soterrada. Así, el municipio ha logrado establecer 57 km de cableado bajo tierra y el retiro de más de 18 km de cables en desuso que obstruían el tránsito y generaban contaminación visual.

Además, el reciente proceso de instalación de 113 cámaras de seguridad ciudadana implicó el despliegue de 17 km de fibra óptica en diversas zonas del distrito. Todo el sistema es subterráneo. Asimismo, la empresa Luz del Sur implementará, adicionalmente, medidores para más de 70 cámaras que contarán con cableado subterráneo.

Cableado subterráneo en la ciudad

Respecto a si es posible este tipo de iniciativas en todo Lima, el ingeniero civil especializado en ciudades sostenibles y magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, sostuvo a este Diario que la migración hacia el cableado subterráneo en Lima Metropolitana es técnicamente viable, pero su implementación masiva depende de variables críticas como la densidad urbana, el tipo de suelo, las interferencias con redes existentes (agua, desagüe y gas) y los costos de inversión.

“Enterrar redes eléctricas y de telecomunicaciones implica obras civiles intensivas, rediseño de la infraestructura y una coordinación estricta entre municipalidades, concesionarias y entes reguladores. En términos económicos, es relativamente más costoso que el tendido aéreo, pero se compensa parcialmente con menores costos de mantenimiento, mayor resiliencia ante eventos climáticos y reducción de fallas operativas; además, aquí no solo importa lo económico, sino el impacto directo en la calidad de vida urbana”, dijo.

Sostuvo que, más allá de lo técnico, el retiro del cableado aéreo es fundamental para reducir la contaminación visual que afecta significativamente la calidad del espacio urbano en Lima. “La acumulación desordenada de cables, muchos en desuso, no solo degrada la imagen de la ciudad, sino que evidencia una débil gestión de activos por parte de las empresas operadoras. Iniciativas como las impulsadas en Surco demuestran que, con fiscalización y planificación, es posible avanzar en la eliminación progresiva de este problema. La viabilidad, por tanto, no es solo técnica, sino también institucional; requiere regulación efectiva y una política sostenida de renovación urbana”, concluyó.

Eran las 4 y 20 de la tarde de aquel viernes 18 de abril de 1980 cuando el cielo de Lima, algo gris y denso como de costumbre, fue surcado por una aeronave que transportaba, más allá de viajeros y tripulantes, los testimonios vivos de una búsqueda desesperada por un nuevo porvenir

En el vientre de aquel Jet One Eleven, comandado por el capitán Fernando Brune, viajaban 97 personas que acababan de romper las cadenas de un encierro de pesadilla en la embajada del Perú en La Habana, en Cuba.

El viaje, que duró poco más de cuatro horas desde San José de Costa Rica, a donde llegaron primero, fue una explosión de júbilo contenido, de “hurras” al Perú y cánticos que celebraban el fin de una odisea que el mundo seguía con el corazón en la mano.

Al aterrizar, el contraste no pudo ser mayor: del asfixiante hacinamiento bajo el sol del Caribe en la embajada peruana en La Habana, abandonada por la custodia policial castrista, al fresco y ordenado Parque Zonal Túpac Amaru, en San Luis, el cual las autoridades peruanas habían acondicionado a contrarreloj.

Allí, bajo la mirada de socorristas de la Cruz Roja Peruana y una estricta vigilancia policial para evitar desmanes, los recién llegados comenzaron a entender que el miedo ya no era el dueño de sus pasos. Sus rostros, aunque visiblemente desencajados por los días de hambre y vigilia, dejaban escapar tímidas sonrisas al ver las carpas y los suministros de medicinas que el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, ya casi de salida, les había preparado.

Santiago Sánchez Espinosa, un mecánico de 25 años que llegó con su esposa, sus dos hijos y su hermano, fue uno de los primeros en romper el silencio ante el tumulto de periodistas que aguardaba en el frontis del parque. “Atrás ha quedado todo un drama que no se lo deseo a nadie”, confesó con la voz quebrada.

Sánchez recordó cómo el viernes 4 de abril saltó la cerca de la embajada junto a otras quince familias, que el régimen cubano llamaba “lumpen”, pero para las autoridades peruanas eran sencillamente “disidentes” a la dictadura de Castro. El relato de Santiago Sánchez era el de muchos: una semana de horror viviendo en la colapsada embajada peruana “uno encima de otro”, entre el hedor y el temor constante a las enfermedades.

No todos buscaban el sueño americano en Miami; algunos, como Lázaro Ortiz Domínguez, un especialista ferroviario, expresaron de inmediato su deseo de trabajar en el Perú. “No pienso ni remotamente volver a Cuba mientras esté Castro allí”, sentenció Ortiz, agradeciendo el trato humano que recibió desde que pisó la primera escala en Costa Rica.

Los refugiados narraron con horror cómo las “turbas azuzadas” por el régimen castrista los habían atacado con piedras y botellas el sábado anterior, dejando a muchos heridos. Incluso en medio de la tragedia, hubo espacio para la ternura, como la “luna de miel” improvisada entre dos jóvenes.

Los esposos José Manuel Lago Rodríguez y Nereida Cuba, casados recientemente, pasaron ocho días en la embajada sin comer ni dormir, compartiendo un espacio ínfimo con miles de personas que llegaban de todas las provincias de la isla.

José Manuel recordaba con estupor cómo los soldados del gobierno cubano llegaron a balear un taxi colectivo (“Guagua”) que ingresó desesperadamente en la sede diplomática peruana, hiriendo incluso a niños en medio del caos, y luego exigiendo que se les sean devueltos puesto que eran, para ellos, unos simples delincuentes.

Mientras en Lima se instalaba este primer contingente, en La Habana la tensión alcanzaba su punto máximo de ebullición con el anuncio de una manifestación masiva frente a nuestra embajada. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial del Ministerio de RR.EE., denunció la grave responsabilidad de Cuba por cualquier acto hostil.

Los grupos amenazantes iban a participar en el desfile por el aniversario de Playa Girón. Así pues, el ambiente era de máxima alerta, pues se estimaba que más de un millón de personas marcharían frente a la sede en cuyo interior aún quedaban miles de asilados.

El impasse diplomático se agravaba por la negativa de las autoridades cubanas a aceptar las listas de visas otorgadas por el Perú. Mientras Torre Tagle buscaba agilizar la evacuación, el régimen de Fidel Castro instalaba altoparlantes alrededor de la embajada para amenazar a quienes no se acogieran a las excepciones de salida.

La situación era tan crítica que el gobierno de Cuba decidió suspender ese mismo día todos los vuelos de asilados hacia Costa Rica, alegando supuestos problemas domésticos y falta de publicidad. Pero la presión internacional ayudó a salvar a estas familias de las represalias castristas.

A pesar de las sombras que aún cubrían a los que se quedaron en la isla caribeña, los 97 cubanos de Lima sentían que habían vuelto a nacer en aquel rincón de San Luis, en el inmenso parque zonal, que hoy es la Videna. El gesto del consulado peruano en La Habana fue resaltado por varios refugiados, quienes recordaron cómo el personal trabajó sin descanso, sacrificando su propio sueño para conseguir alimentos básicos para la multitud.

La mayoría negó ser anticastrista y afirmó que solo buscaba llevar una vida normal. Rechazaron la propaganda del gobierno de Castro que los presentaba como marginales y aseguraron que tenían profesiones, oficios y familias, acusando al régimen de intentar desacreditarlos ante el mundo.

Al final de ese día, el Parque Túpac Amaru se convirtió en un refugio temporal, pero, sobre todo, en un símbolo de un país que abría sus puertas a quienes lo habían perdido todo por su búsqueda de libertad. Los cronistas de ese tiempo señalaron que ese “primer viaje” quedaría grabado en la memoria nacional.

Era, sin duda, el inicio de un éxodo que cambió la fisonomía de la ciudad de Lima y el corazón de sus habitantes. Los diarios de la época daban fe de que el Perú había cumplido con su tradición de asilo, frente a la mirada atenta de una comunidad internacional que respaldaba firmemente la posición de nuestra cancillería.

El segundo contingente de cubanos llegó al día siguiente. La mañana del sábado 19 de abril de 1980. A las 6 y 20 de la mañana, el rugido de los motores de un avión de la compañía costarricense “Spartas” marcaba el aterrizaje, en la pista del Grupo Aéreo Nº 8.

Eran 231 rostros marcados por la incertidumbre y esperanza, que descendían bajo un estricto resguardo militar y la mirada atenta de las autoridades de Defensa Civil. La fisonomía de este grupo, igual o más que el primero, reflejaba el drama humano de un éxodo sin precedentes: 113 mujeres, 48 hombres y 37 niños, además de dos infantes, quienes dejaban atrás su isla para iniciar una vida nueva en tierras desconocidas.

Bajo la supervisión del coronel Heraclio Fernández, los refugiados fueron trasladados de inmediato al campamento del Parque Túpac Amaru, donde el primer grupo los aguardaba con historias similares de resistencia y anhelos de porvenir.

En el campamento, la vida empezó a reorganizarse entre carpas y comités elegidos por los propios asilados para gestionar su nueva cotidianidad, mientras la población limeña observaba con empatía el arribo de estos “hermanos del Caribe”.

Lo que ocurrió ese 18 de abril de 1980 y los días siguientes fue, en esencia, una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria que el Perú había registrado hasta ese momento.

Una familia vive horas de angustia en Lima tras la desaparición de Milagros Rispa, una mujer de 66 años que fue vista por última vez cuando abordaba una unidad de transporte público rumbo a un templo evangélico. De acuerdo con sus familiares, la adulta mayor padece esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud, ya que no ha tomado su medicación desde hace dos días.

El hecho ocurrió el último lunes, cuando Milagros viajaba junto a su padre, Armando Rispa, en un vehículo de la línea 33 con destino a las inmediaciones de la plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima.

Según el testimonio del familiar, descendió del bus antes de lo previsto, creyendo que su hija lo seguía. Sin embargo, al darse cuenta de que no estaba con él, inició la búsqueda sin éxito. El padre explicó que la mujer conocía el trayecto habitual hacia el templo que frecuentan desde hace años, lo que hace más desconcertante su desaparición.

Búsqueda incesante

La denuncia fue presentada en la comisaría de Alfonso Ugarte, donde la familia solicitó apoyo para ubicarla.

Lourdes Rispa, hermana de la desaparecida, indicó que algunos ciudadanos aseguran haber visto a Milagros en la avenida Aviación, a la altura del hospital de Neoplásicas. Ante ello, los familiares han colocado afiches en la zona y coordinado con personal de serenazgo para ampliar la búsqueda.

La familia advirtió que la situación es crítica debido a que Milagros no ha recibido su tratamiento médico en las últimas 48 horas. Además, brindaron detalles sobre su vestimenta al momento de la desaparición: llevaba un vestido marrón, casaca beige y zapatos del mismo color. Tiene cabello canoso, que suele llevar recogido en una cola de caballo.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con su ubicación, y brindaron los teléfonos 924192682 o 994393251, para cualquier información.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú da un paso clave en la protección de la primera infancia con la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS) para gestantes. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca reducir significativamente la mortalidad neonatal, especialmente en bebés prematuros, considerados la población más vulnerable frente a este virus.

La estrategia contempla la inclusión progresiva de esta vacuna en el esquema nacional, como parte de un enfoque integral para prevenir infecciones respiratorias graves desde el nacimiento.

El titular del sector, Juan Carlos Velasco, destacó el impacto que tendrá esta decisión en la salud pública. “Lo que se prometió, se cumplió. Con esta decisión vamos a evitar la muerte de neonatos, especialmente de los prematuros. En el Perú nacen entre 28 mil y 30 mil prematuros cada año, lo que representa cerca del 10 % de los nacimientos, población altamente vulnerable frente al VRS”, señaló.

Asimismo, remarcó la gravedad de este virus en el país: “El virus sincitial respiratorio es la primera causa de muerte en neonatos por infecciones respiratorias. Con esta estrategia vamos a proteger a nuestros recién nacidos, evitar que lleguen a UCI y reducir significativamente el riesgo de fallecimiento”.

Implementación progresiva a nivel nacional

Desde la Dirección de Inmunizaciones del Minsa se vienen realizando las gestiones para incluir estas tecnologías sanitarias en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

La implementación se desarrollará de manera progresiva, considerando procesos de adquisición, lineamientos técnicos y protocolos que aseguren su correcta aplicación en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Además, el Estado garantizará el abastecimiento de las vacunas y productos biológicos necesarios para su ejecución.

Llamado a la vacunación y responsabilidad de las familias

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el ministro hizo un llamado a los padres de familia para cumplir con el calendario de inmunización. “Vamos a garantizar el stock de vacunas. El Estado ya ha hecho su tarea. Hoy todas las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud. Ahora corresponde a los padres y madres cumplir con la suya: llevar a sus hijos a vacunar”, enfatizó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 403-2026/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Norma Técnica de Salud sobre el Esquema Nacional de Vacunación.

Con esta actualización, el país se suma a las naciones que incorporan tecnologías innovadoras para la protección de la primera infancia, reafirmando su compromiso con la reducción de la mortalidad neonatal y el cuidado de las poblaciones más vulnerables.

VIDEO RECOMENDADO

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un concurrido mercado. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, en la urbanización Previ.

La víctima fue identificada como Alex Junior Icer Cerna, conocido en la zona como “Chechi”, quien murió en el lugar tras recibir múltiples disparos en la cabeza.

De acuerdo con información preliminar de la Policía y testimonios de vecinos, el joven habría intentado escapar corriendo por varias cuadras al percatarse de la presencia de sus agresores. Sin embargo, fue alcanzado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Testigos indicaron que uno de ellos vestía un polo negro, mientras que su cómplice llevaba un polo blanco.

Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones. Según las primeras diligencias, realizaron entre cuatro y seis disparos antes de huir con dirección hacia el distrito de San Martín de Porres.

Evidencias clave en la escena del crimen

Peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala en el pavimento, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Agentes de la comisaría de Bocanegra también confirmaron la existencia de cámaras de seguridad en la zona, instaladas por la Municipalidad del Callao y la parroquia Cristo Liberador. Las imágenes serán fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

Investigan presunto ajuste de cuentas

Debido a la violencia del ataque, la Policía Nacional del Perú no descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los sicarios, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque.

VIDEO RECOMENDADO

Un operativo ejecutado durante la madrugada por la Municipalidad de Puente Piedra terminó con la demolición de 22 puestos comerciales informales ubicados en los alrededores del mercado Tres Regiones. La intervención, que contó con maquinaria pesada y resguardo policial, buscó recuperar un área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados que, según las autoridades, era ocupada de manera indebida.

De acuerdo con la comuna, los puestos estaban instalados en la calle Los Ángeles, una vía estratégica que conecta con la Panamericana Norte y cuya ocupación impedía el libre tránsito vehicular y peatonal en la zona.

Operativo con enfrentamientos e incendio

Durante el desalojo se registraron momentos de alta tensión. Un grupo de comerciantes intentó impedir la demolición enfrentándose a personal municipal y agentes de la Policía Nacional del Perú. En medio de los disturbios, se reportó un incendio que se propagó rápidamente, consumiendo parte de la mercadería y las estructuras de los puestos intervenidos. El siniestro agravó la situación de los vendedores, quienes denunciaron pérdidas económicas significativas.

Desde la gerencia de ordenamiento urbano, el funcionario Jesús Salazar indicó que los comerciantes habían sido notificados desde el año pasado sobre la recuperación del espacio público.

“Los puestos se encontraban netamente en un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos”, señaló el representante municipal, quien además precisó que la ocupación de la zona se remontaba al año 2004.

Asimismo, sostuvo que incluso los dirigentes del mercado Tres Regiones no reconocen a estos vendedores dentro de su padrón formal. “La explanada intervenida es un aporte al urbanismo que debía ser liberado para el beneficio del distrito”, agregó.

Comerciantes denuncian desalojo arbitrario

Por su parte, los comerciantes rechazaron la intervención y la calificaron como arbitraria. Aseguraron que adquirieron sus puestos en el año 2003 y que cuentan con documentos que respaldarían su posesión.

“Tenemos contratos de compra y venta y la municipalidad no ha demostrado que no somos los dueños”, manifestó uno de los afectados.

Los vendedores informaron que el incendio los dejó sin su principal fuente de ingresos, mientras que la municipalidad reiteró que el mercado Tres Regiones continuará operando con normalidad dentro del espacio autorizado.

VIDEO RECOMENDADO

Un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitió la incautación de 109 celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos que una pasajera intentaba ingresar al país sin declarar. La intervención, realizada por agentes de la Sunat, tuvo lugar la noche del último martes en la zona de llegadas internacionales.

Según información oficial, la mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos con escala en Panamá. La detección de la mercancía fue posible gracias al uso de escáneres de rayos X, que alertaron sobre el contenido irregular en su equipaje.

Hallazgo de equipos valorizados en más de S/400.000

Durante la inspección realizada por la División de Equipajes, las autoridades encontraron 109 celulares de alta gama ocultos en las maletas de la pasajera. Además, se hallaron cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y varios relojes smartwatch.

El hallazgo confirmó que los productos no habían sido declarados, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera. De acuerdo con la Sunat, el valor total de los equipos supera los S/400.000.

Detención e investigación por presunto contrabando

Tras verificarse que los artículos tenían un presunto destino comercial y no cumplían con las obligaciones tributarias, las autoridades procedieron al decomiso total de la mercadería y a la detención inmediata de la pasajera por el presunto delito de contrabando.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los bienes y el inicio de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

VIDEO RECOMENDADO

Lima Norte volvió a ser testigo de un nuevo hecho de violencia. Un conductor de combi fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en el distrito de Comas, a solo una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila, en un ataque que, según sus familiares, estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

La víctima fue identificada como Jorge Segundo García Urteaga, quien se desempeñaba como chofer y cobrador de una unidad de transporte informal que cubría la ruta de Pro hacia Belaunde. El ataque ocurrió cuando realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Ataque armado en plena ruta

De acuerdo con información policial, el crimen se produjo en el cruce de las avenidas Gerardo Unger y Guillermo La Fuente. En ese punto, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron la combi cuando se dirigía hacia la avenida Túpac Amaru.

Los delincuentes le cerraron el paso y uno de ellos abrió fuego directamente contra la cabina del conductor. Al menos dos disparos impactaron en la cabeza de García Urteaga, quien murió en el acto, mientras los atacantes huyeron rápidamente del lugar.

La Policía llegó a la escena para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables.

Sospechan de extorsión

La familia del conductor señaló que el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión. Según indicaron, García Urteaga realizaba pagos diarios a delincuentes que operan en la zona para poder trabajar con normalidad. Sin embargo, en los últimos días habría dejado de pagar estos “cupos”, debido a que su unidad presentaba fallas mecánicas. El asesinato deja en la orfandad a dos menores de edad.

No obstante, horas más tarde, según una investigación periodística de América TV, surgió otra hipótesis en torno al crimen. La muerte del chofer informal sería producto de un presunto ajuste de cuentas, ya que, de acuerdo con dichas indagaciones, contaría con antecedentes policiales.

A partir de esta información, la PNP inició nuevas indagaciones para esclarecer el móvil del asesinato.

VIDEO RECOMENDADO

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital, interviniendo los comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau. La acción forma parte de una estrategia para reforzar el orden y la seguridad en zonas de alta congestión.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde tempranas horas se desplegó personal de Fiscalización y Control junto a Seguridad Ciudadana en los principales accesos. El operativo incluyó patrullaje constante y vigilancia para impedir la instalación de comerciantes informales en la vía pública.

Operativo permanente para recuperar el orden en el Cercado

Durante la jornada, efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) recorrieron diversas calles, con especial énfasis en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas. En estos puntos se detectó ocupación ilegal, procediéndose al decomiso de mercadería y vehículos que obstruían el tránsito.

En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Económico supervisó el ingreso y salida de estibadores, así como la operatividad de módulos formales, verificando que cumplan con la documentación correspondiente. Asimismo, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó labores de limpieza para restablecer condiciones sanitarias adecuadas.

Evitar fomentar el comercio informal

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, remarcó que estas acciones no serán temporales. “Esto no es solo de un día. Estamos garantizando el sostenimiento del operativo con aproximadamente 1000 efectivos entre serenos y fiscalizadores, desplegados en todo el conglomerado de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fomentar el comercio informal. “Buscamos orden y transitabilidad. El comercio informal genera desorden y acumulación de residuos”, agregó.

Por su parte, la gerente de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, destacó que la comuna impulsa programas de formalización para los comerciantes. “Contamos con programas que acompañan todo el proceso de formalización, desde la idea de negocio hasta su consolidación como empresa”, indicó.

Finalmente, la funcionaria precisó que existen espacios habilitados para la reubicación de ambulantes. “Conocemos a cada uno de los ambulantes que ocupan la vía pública. A quienes necesiten apoyo, los recibimos y orientamos. Tenemos puntos de reubicación y espacios como la Plaza Emprendedora en la plaza Gastañeta”, señaló. Este operativo se suma a intervenciones recientes en zonas como el Puente Acho, la avenida Abancay y la avenida Aviación.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de las obras de la Vía Expresa Norte. La medida fue anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, que ejecuta el proyecto en Lima Norte.

El plan contempla rutas alternas, señalización y control del tránsito para minimizar el impacto en conductores y peatones. La intervención responde a la construcción de un paso a desnivel que busca mejorar la movilidad en una zona clave de la ciudad.

Desvíos y cierre parcial en zona clave de Lima Norte

Como parte de los trabajos, se intervendrá la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto. Esto implicará el cierre parcial de un carril en la intersección con la avenida Universitaria, afectando temporalmente la circulación habitual.

En el caso de la avenida Tomás Valle, el tránsito será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, específicamente en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, en la avenida Universitaria se mantendrán dos carriles operativos para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos.

Activación de alertas

Para facilitar la movilidad, el plan incluye la activación de alertas en la aplicación Waze, donde los usuarios podrán conocer en tiempo real las rutas alternas, cierres y condiciones del tránsito en la zona intervenida.

Este proyecto forma parte de la obra denominada “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria”, que abarca el tramo entre la avenida Metropolitana y la avenida José Granda, en distritos como Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente, los trabajos se desarrollan desde el Óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el tramo entre el óvalo y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto para mejorar veredas, calzadas y ciclovías, como parte de la primera etapa del proyecto.

VIDEO RECOMENDADO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reconoció y entregó a 91 contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota de sus tributos. La iniciativa, que forma parte de las actividades por el trigésimo aniversario institucional, busca fortalecer la cultura tributaria en la capital.

La ceremonia de premiación estuvo marcada por la emoción de los ganadores, quienes recibieron de manos de los representantes del SAT una variada lista de incentivos, gracias a la alianza estratégica con Yape:

* Una camioneta 0 km.

* Una gift card de S/5000 y quince (15) de S/1000.

* Treinta y una (31) gift cards de S/500.

* Televisores Smart de 75”, laptops y 40 vales de combustible.

Los afortunados, elegidos mediante un sorteo público y notariado el pasado 20 de marzo, expresaron su satisfacción por este reconocimiento. Coincidieron en que la puntualidad no solo trae beneficios personales, sino que permite a la ciudad contar con recursos para seguridad, limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes.

Próximos sorteos y vencimientos

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, felicitó a los ganadores y anunció que los incentivos continuarán durante todo el año. “Nuestra meta es retribuir la responsabilidad de los vecinos. Por ello, quienes paguen a tiempo las tres cuotas restantes participarán automáticamente en nuevos sorteos”, destacó la funcionaria.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que el vencimiento de la segunda cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios es el próximo 29 de mayo.

Pagos digitales: Sin colas ni complicaciones

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, el SAT reafirma su apuesta por la transformación digital. Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de forma rápida y segura a través de:

* Billeteras digitales: Yape y Plin.

* Plataformas virtuales: www.sat.gob.pe, BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank.

* Canales directos: Western Union y cajas municipales.

Con un proyecto que plantea la implementación del primer laboratorio de tejido músculo esquelético en el Perú, la doctora Leyla Meléndez Álvarez, cirujana plástica y jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), obtuvo un reconocimiento internacional y el grado de máster en España. La creación de este laboratorio marcará un hito en la salud del país y el tratamiento de cirugías complejas que realiza el INSNSB.

Actualmente, el Banco de Tejidos del INSNSB es el único oficialmente autorizado en el país y pionero en el procesamiento de tejidos y células. Con este proyecto se busca dar los primeros pasos para la implementación de nuevas áreas como el Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético, para lo cual el instituto ya cuenta con un ambiente dentro del mismo Banco de Tejidos.

La tesina fue preparada por la Dra. Meléndez como parte del programa Máster Alianza 2026, capacitación que auspicia la Organización Nacional de Trasplante (ONT) de España como un apoyo del gobierno español a países de Latinoamérica.

Bajo el nombre “Implementación de un Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético en el Banco de Tejidos del INSNSB”, el proyecto sustenta con cifras e información oficial la necesidad de estos insumos en los hospitales e institutos del Perú. Actualmente, la demanda de tejido óseo en el Perú se cubre, en un 100 %, por importación. Frente a esa situación, la tesina plantea la implementación de un laboratorio propio para el procesamiento de este tipo de tejidos, lo que permitiría reducir los costos y atender la demanda nacional en todos los sistemas de salud.

Estos tejidos se utilizan en intervenciones de traumatología para las fracturas extensas; en neurocirugía para cirugías de columna, casos de traumatismo encéfalo craneano cuando hay pérdida de masa ósea, o en cirugías odontológicas que utilizan un chip de hueso para corregir el defecto óseo. Asimismo, están las cirugías de cabeza y cuello, cuando retiran los tumores y hay que usar tejido óseo para restituir la función de la columna, igual que en oncología cuando se retiran los tumores de hueso y se rellena el orificio que queda.

La capacitación Máster Alianza se desarrolló durante dos meses y culminó con la sustentación del proyecto, que se realizó en la sede del Ministerio de la Sanidad de España. La tesina presentada por la doctora Meléndez fue una de las tres exposiciones reconocidas entre 15 trabajos seleccionados, obteniendo el grado de Máster en Donación, Trasplante y Banco de Tejidos.

La capacitación se desarrolló en las ciudades de Madrid y Coruña, del 26 de enero al 26 de marzo de 2026. Fueron tres los profesionales latinoamericanos que sobresalieron en la presentación de la tesina: Perú, Argentina y Colombia y Perú, que destacaron por la trascendencia, viabilidad y sostenibilidad de sus planteamientos.

La doctora Leyla Meléndez dijo que la experiencia del Máster Alianza fue gratificante, además de ser una gran responsabilidad, ya que este logro no es solo en representación del INSNSB, sino también como peruana, demostrando que en el Perú se pueden plantear proyectos con estándares internacionales. “Nuestra tarea ahora será comprometer a todos los estamentos para lograr su implementación”, expresó.

De acuerdo a lo expuesto en la tesina, la implementación de un Laboratorio de Tejido Musculo esquelético , en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, garantiza seguridad biológica, trazabilidad, calidad del injerto y sostenibilidad operativa, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud del Perú.

Demanda nacional

Meléndez Álvarez, como jefa del Banco de Tejidos del INSNSB, señaló que, con la implementación de un laboratorio músculo esquelético en el instituto, ya no será necesario comprar este tejido del extranjero e, incluso, el proyecto contempla que en tres años el instituto estaría en condiciones de abastecer a hospitales e institutos, tanto del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud, Fuerzas Armadas, y hasta clínicas privadas.

Subrayó que la necesidad existe debido a que hay una alta demanda de estos insumos, dado que el Perú no produce tejido óseo. Agregó, además, que según datos oficiales, en el 2025 se compraron, a nivel de establecimientos del Minsa, alrededor de 372 unidades de injertos óseos y derivados, que representa un gasto aproximado de 200 mil soles. El INSNSB es la IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) que más adquiere tejido óseo, alrededor de 200 a 250 unidades al año, que se usa en el tratamiento de casos complejos.

“Nosotros somos un instituto especializado de alta complejidad, netamente quirúrgico, que atiende a niños y adolescentes”, explicó en España al momento de sustentar el proyecto. Luego del INSNSB le siguen los hospitales María Auxiliadora, Cayetano Heredia, Dos de Mayo y Arzobispo Loayza, que también requieren injertos de hueso.

“Si nosotros como Banco de Tejidos logramos producir este injerto óseo, vamos a ayudar a disminuir el gasto que hace el Minsa, porque seremos nosotros mismos los que proporcionemos este insumo biológico, que se trabaja a partir del hueso de un donante cadavérico”, manifestó la médico especialista.

Condiciones de bioseguridad

Para el procesamiento de estos injertos óseos hay que garantizar un ambiente adecuado en condiciones de bioseguridad, con cabinas de flujo laminar tipo A y un ambiente tipo C, que tenga una cantidad mínima de partículas contaminantes para que el insumo que se procese sea estéril.

Meléndez precisó que el instituto ya cuenta con un ambiente destinado para este laboratorio, y lo que se busca con el proyecto es dar los primeros pasos para su implementación, demostrando su viabilidad y los beneficios para el tratamiento de los pacientes.

“Se proyecta que al primer año de funcionamiento del laboratorio se logrará abastecer a todos los hospitales del Minsa, en el segundo año a las otras IPRESS públicas y, en el tercer año, ser autosuficientes para sostener a todo el país”, señaló la doctora responsable del proyecto.

El Seguro Social de Salud advirtió sobre un incremento significativo de patologías odontológicas en menores de edad tras la pandemia, una situación que ha derivado en la evolución de afecciones leves hacia cuadros más complejos que afectan la salud integral de los niños. Ante este panorama, la institución intensificó sus estrategias de prevención y promoción de la salud bucal, especialmente en la primera infancia.

La doctora Nelly Sánchez explicó que uno de los principales riesgos es la relación entre infecciones bucales y la anemia. Si bien estas infecciones no la generan directamente, sí interfieren en la correcta absorción del hierro, lo que puede impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo de los menores, sobre todo en los primeros años de vida.

En respuesta a esta problemática, la Red Prestacional Rebagliati desarrolló la feria “Sonrisas saludables desde la infancia” en una institución educativa inicial del distrito de Jesús María. La actividad reunió a especialistas en odontología, quienes implementaron espacios educativos orientados a enseñar técnicas adecuadas de higiene bucal y fomentar hábitos saludables desde temprana edad.

Durante la jornada, los niños participaron en sesiones prácticas de cepillado utilizando maquetas, además de actividades lúdicas como juegos interactivos para promover una alimentación saludable que prevenga la aparición de caries. También se realizaron evaluaciones de ortodoncia preventiva y simulaciones sobre cómo actuar ante traumatismos dentales, fortaleciendo así la educación integral en salud oral.

Uno de los elementos más destacados fue la participación de los llamados “guardianes de la salud”, personajes diseñados para transmitir mensajes preventivos de manera didáctica. Esta estrategia buscó captar la atención de los menores y reforzar la importancia del cuidado bucal en su vida cotidiana.

Según EsSalud, actualmente las caries representan más del 30 % de los diagnósticos en consultas infantiles, lo que evidencia la magnitud del problema. En ese contexto, la institución viene fortaleciendo el Programa del Primer Molar, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el objetivo de proteger las piezas dentales permanentes mediante la detección temprana y la aplicación de sellantes.

Finalmente, la entidad reiteró que la salud bucal en la infancia es clave para prevenir complicaciones a futuro y mejorar la calidad de vida. Por ello, exhortó a los padres de familia a reforzar hábitos de higiene, acudir a controles periódicos y prestar atención a cualquier señal de infección o dolor en los menores.

VIDEO RECOMENDADO

Una propuesta de la congresista Kira Alcarraz busca que las multas que se apliquen a los conductores por infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), tal como ocurre actualmente. En un país en el que existe una alta tasa de evasión al pago de papeletas, la iniciativa ha llamado la atención.

En el sustento del proyecto N° 14388/2025-CR, que fue presentada el pasado 10 de abril y se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alcarraz señala que se busca “garantizar la proporcionalidad y razonabilidad ante la imposición de una multa de tránsito”.

En su proyecto, Alcarraz precisa que la norma, en caso se apruebe, se aplicaría a los choferes de transporte público de pasajeros y de vehículos menores, así como los conductores de transporte privado, incluyendo vehículos particulares y motocicletas.

No obstante, remarcó que quedarían excluidos del ámbito de aplicación las personas jurídicas, así como las empresas de transporte, concesionarios, operadores y demás sujetos que desarrollen actividad empresarial vinculada al transporte, a quienes se les sancionará con base en la unidad impositiva tributaria (UIT)

Cabe recordar que Kira Alcarraz protagonizó dos incidentes en las vías. En una oportunidad, la congresista fue acusada de agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en otra ocasión, fue intervenida y llevada a la comisaría de San Borja luego que se constara que el conductor de su vehículo presentaba un grado de alcohol superior al permitido.

Kira Alcarraz explicó a El Comercio que su propuesta apunta a que “las multas sean proporcionales a la infracción y a la capacidad de pago de cada persona” y aseguró que, de aplicarse, se acabarían los procesos judiciales y administrativos que plantean los conductores para anular las papeletas o que prescriban.

“Las multas son impagables en la actualidad y se acabaría con los procesos judiciales o administrativos. Lo que se pretende evitar es que quieran impugnar estas multas incalculables”, refirió.

“Se busca que las multas sean más justas y que, de alguna manera, no afecten demasiado a las personas que no tienen dinero y sobreviven con el sueldo mínimo”, agregó.

Remarcó que su proyecto, en caso se convierta en ley, erradicaría las mafias de tramitadores que sorprenden a los conductores respecto al pago de las papeletas. Por ello, aclaró que su iniciativa no pretende fomentar la impunidad.

“Esta iniciativa no busca eliminar sanciones ni promover la informalidad o la irresponsabilidad vial, por el contrario, apunta a fortalecer el cumplimiento de la norma mediante el sistema que sea percibido como justo y razonable”, afirmó.

“No habría tanto proceso administrativo para impugnar papeletas. A veces la gente no puede pagar y lo que hace es esperar que prescriban”, añadió.

No obstante, precisó que su propuesta no contempla que se aplique el beneficio del pronto pago a las papeletas calculadas sobre el salario mínimo, el cual sí se estaría permitido para las multas que son fijadas a través de la UIT. La legisladora espera que su proyecto sea aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y llegue a debatirse en el pleno en la presente legislatura.

Como “populista” calificó Franklin Barreto, especialista en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, la iniciativa de Kira Alcarraz, pues recordó que no corresponde con la realidad del país, ya que se registra un alto porcentaje de evasión al pago de las multas de tránsito.

El especialista indicó a El Comercio que a la gran mayoría de conductores del país no le interesa conocer la base sobre la cual se aplicará la multa por la infracción cometida, pues aseguró que ellos simplemente buscan no pagar la sanción, por ello, recordó que existen “mafias” que tramitan impugnaciones y apelaciones con el objetivo de que las papeletas prescriban.

“Las personas dicen que cambien la base sobre la cual se hará el cálculo (de la multa), pero no les interesa mucho, lo que ellos quieren es simplemente no pagar. Avizoró que en la segunda vuelta (de las Elecciones Generales 2026) uno de los temas será esto”, indicó.

Además, Barreto advirtió que, de aprobarse la propuesta de Kira Alcarraz, se podría generar un desorden en el Estado, ya que, según recordó, se toma como referencia el valor de la UIT para aplicar las diversas multas para tener una uniformidad.

Por ello, remarcó que, en vez de bajar los montos de las multas de tránsito, se deberían mejorar los sistemas administrativos para concretar el cobro de las sanciones.

“Lo que se debe hacer es que los sistemas administrativos que cobran este tipo de infracciones sean más efectivos y puedan cumplir el objetivo, que es disuadir al infractor, corregir su comportamiento, pero acompañado de políticas de educación y seguridad vial”, afirmó.

“El efecto disuasivo se genera cuando se tiene el conocimiento de que la infracción tiene una consecuencia real, pero en nuestra realidad no es así”, agregó.

Barreto indicó que una posible rebaja de las multas sí podría incentivar el pago de papeletas, pero consideró que “eso no significa que la mayoría se acoja a esos descuentos, ya que siempre piensa en no pagar”.

Este diario intentó comunicarse con la congresista Kira Alcarraz. Sin embargo, no fue posible concretar una entrevista.

La propuesta de Kira Alcarraz “no parece adecuada”, ya que el monto del sueldo mínimo no se actualiza cada año, como sí ocurre con el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT), indicó Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, a El Comercio.

“Debe mantenerse el cálculo de la sanción sobre la UIT porque eso hará que cada año la multa pueda actualizarse”, aseveró Vélez.

No obstante, remarcó que las normas deben ser nuevamente reguladas, pues consideró que hay multas cuyos montos son desproporcionados y que se vuelven impagables con el paso del tiempo.

“Lo que hay que hacer es volver a regular las multas porque en muchos casos son demasiadas altas y van en contra del principio de sanción en el sentido de que ya prácticamente son impagables para muchos peruanos”, afirmó Vélez.

“Se debe volver a regular la normativa porque hay sanciones que son extremadamente altas y tienen que ser proporcionales. Prácticamente se ha perdido el principio de proporcionalidad”, agregó.

Explicó que hay sanciones que son muy graves y no tienen los montos de multas que tienen otras que no son tan graves. Además, enfatizó que, pese a que se imponen multas altas, no hay una adecuada fiscalización de parte de las autoridades, lo que permite, según dijo, que colectivos informales sigan circulando pese a que acumulan sanciones millonarias.

Ante las acciones que realizan algunos abogados o tramitadores para lograr que las multas se judicialicen y prescriban, Vélez planteó la creación de tribunales de tránsito para que pueda resolverse las apelaciones u oposiciones de los conductores lo más rápido posible.

Por último, advirtió que en los últimos años se ha visto que se están impulsando “normas demagógicas en vez de normas técnicas”. “Un congresista que quiera mejorar el sistema de transporte y los problemas de seguridad vial debería coordinar con los técnicos, en este caso el MTC, y no proponer normas sin el debido sustento técnico”, explicó.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), opinó que el sueldo mínimo es una “buena base” para calcular las multas de tránsito, pero consideró que eso debería ir acompañado de la aplicación de una “proporcionalidad y racionalidad” de las sanciones.

“El sueldo mínimo es una buena base, pero la razonabilidad de la propia multa es también importante. La escala hay que modificarla”, afirmó Kunckel a El Comercio.

En ese contexto, cuestionó que el circular sin luces por una vía tenga una multa mucho menor que el pasarse en 5 km/h la velocidad máxima, pese a que la primera circunstancia es mucho más peligrosa.

También recordó que se sanciona con 2,575 soles a los conductores cuyos vehículos no pasaron por la revisión técnica, pese a que en algunos casos los vehículos tienen solo tres años de antigüedad y se encuentran en perfectas condiciones.

La propuesta de Kira Alcarraz no es la primera que se presenta en el Congreso para reducir el monto de las multas de tránsito. José Luna Gálvez presentó, en enero pasado, una iniciativa para crear el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre, que permita “la reducción de hasta el 98%” del total de las multas impuestas a los transportistas, lo cual sería posible mediante la conversión de las sanciones a cambio de seguir cursos de educación vial.

Remarcó que el objetivo de la iniciativa es aliviar la carga económica de miles de conductores, así como su reinserción vial, promover la formalización del sector y reforzar la educación en seguridad vial en todo el país.

El proyecto establece beneficios de reducción de multas e infracciones impagas, incluyendo intereses y recargos, según la gravedad de la falta. Se propone el 98% de reducción para infracciones leve; 95% para infracciones graves, y 92% para infracciones muy graves.

Luna Gálvez refirió que estas medidas buscan ofrecer una salida viable a conductores que, debido a la acumulación de sanciones y altos costos, “han quedado fuera de la formalidad y sin posibilidad de recuperar su actividad económica”.

“No podrán beneficiarse de este programa quienes cometieron infracciones relacionadas con conducción en estado de ebriedad o drogas, manejo sin licencia, accidentes con lesiones graves o muerte, carreras ilegales o agresiones al personal de fiscalización”, explicó.

El legislador subrayó que, además, esta norma no beneficiará a quienes hayan puesto en riesgo la vida de terceros y que, para acceder a los beneficios planteados, los conductores con infracciones graves o muy graves deberán completar cursos de buenas prácticas en seguridad vial y aprobar exámenes de conocimientos y manejo.

“Este beneficio no es un cheque en blanco. En caso de recuperar la licencia, esta tendrá un periodo de prueba de tres años, durante el cual la acumulación de pocos puntos podría generar su cancelación definitiva”, sostuvo Luna Gálvez cuando sustentó su iniciativa.

“El proyecto implica una reducción en la recaudación por multas. A cambio, ofrece beneficios directos a conductores y un impacto positivo para la sociedad al promover mayor capacitación, menos infracciones y menos siniestros. Además, le damos una nueva oportunidad a miles de peruanos, para que puedan reactivar su propia economía”, agregó.

En medio de esta trama aparece la figura de un hombre, cuya labor como operador logístico resultaba clave para la organización criminal vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

La pieza clave para que los asaltos de ‘Los Injertos del Callao’ fueran exitosos, tiene nombre y apellidos: José Alberto Barba Huamán, alias ‘Barba’. Según la Policía, lejos de ser un delincuente común, ‘Barba’ aprovechaba su trabajo en el sector para “marcar” a sus víctimas. Su objetivo principal eran transportistas que trasladaban oro rumbo el Callao.

Según registros públicos, Barba Huamán figura como gerente de la empresa Garate Logística Integral S.A.C., dedicada precisamente al transporte y almacenamiento de carga. Esta posición le habría permitido conocer de primera manos las rutas, horarios y protocolos de seguridad de los cargamentos.

Fue así como, presuntamente, obtuvo la información para el golpe del pasado 22 de marzo, cuando, mediante un tercero convocó a los taxistas César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres para trasladar ocho kilos de oro desde Miraflores al Callao.

Una vez que tenía la ruta y el horario, ‘Barba’ le lanzaba la información al ‘Cholo Jean’, líder de ‘Los Injertos del Callao’, para que sus sicarios los interceptaran con armas de largo alcance en el puente de la avenida Escardó, en el distrito de San Miguel.

Para evitar sospechas, ‘Barba’ aplicaba una táctica de manual. “Salía del país días antes de la fecha de los atracos como el último asalto en la Costa Verde”, señaló una fuente policial, en referencia al robo de los lingotes de oro en la Costa Verde.

El organigrama de la Dirincri identifica al alias ‘Cholo Jean’ como el jefe absoluto, pero debajo de él operaba un brazo ejecutor altamente violento. Entre ellos destacan sujetos conocidos como “Manuelito”, “Loco Dannfer” y José Nole Palacios (a) “Pepe Nole”. Este último habría escapado herido tras un feroz enfrentamiento a balazos con los agentes, y su captura es hoy una prioridad para la policía.

La banda parece haber tejido una estrategia de defensa con tal de desviar la atención sobre los reales cabecillas de su organización. Ante la Policía, quién asumió la autoría del atraco y liderazgo de la banda fue un sicario de 17 años, integrante de la banda. “Dirigí el asalto en la Costa Verde. Soy yo el que sale con el arma de largo alcance”, le confesó al general PNP Víctor Revoredo.

Sin embargo, el organigrama policial desmiente esta versión.

Sicario liberado

La captura de alias ‘Dominick’ desnudó el nivel de opulencia de la banda. Pese a su corta edad, vivía en un exclusivo condominio en el Rímac y se desplazaba en una costosa y moderna camioneta. Aunque cayó con una pistola y placa clonada, y confesó ser quién empuñó el fusil de guerra en el asalto de la Costa Verde, el menor fue puesto en libertad.

Para los investigadores, la confesión del adolescente sería una estrategia de “autoinculpación” para proteger a la verdadera cúpula debido a su condición de inimputable por tratarse de un menor de edad.

La desarticulación de la red incluyó el allanamiento de 19 inmuebles en Ventanilla, Callao y Breña, donde se incautaron armas de guerra y chalecos policiales.

Respecto a José Barba Huamán, el operador logístico clave en los atracos de ‘Los Injertos del Callao’, si bien la Fiscalía solicitó su detención preliminar, un juzgado desestimó la medida, aunque sí autorizó el allanamiento de su domicilio para que la policía busque evidencias que permitan esclarecer su relación con la banda del ‘Cholo Jean’.

Aún no se han detallado los objetos incautados en dicha diligencia, pero las indagaciones preliminares de la Policía vinculan directamente a Barba con el asalto en la Costa verde. Asimismo, relaciona su último viaje a Brasil del 16 al 23 de marzo como una estrategia para desvincularse del asalto.