La Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), impulsada como parte de la modernización del aparato electoral, buscaba agilizar la transmisión de información desde los locales de votación en Lima. Sin embargo, su ejecución evidenció que la eficiencia tecnológica depende directamente de una logística operativa adecuada.

Precisamente, durante la jornada electoral, tanto el sistema operativo como la logística presentaron fallas que afectaron su funcionamiento integral. Reportes desde distritos de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco evidenciaron retrasos en la llegada del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas y generó malestar entre los ciudadanos.

A ello se sumaron dificultades en la transmisión de actas y demoras en el procesamiento de datos, poniendo en cuestión la efectividad del STAE.

La implementación del STAE durante las Elecciones Generales 2026 buscaba facilitar el trabajo de los miembros de mesa mediante la digitalización de actas y la automatización de procesos clave, con el objetivo de reducir errores humanos y disminuir la cantidad de actas observadas. No obstante, terminó generando el efecto contrario en diversos puntos de Lima y Callao, donde miembros de mesa y electores reportaron que las dificultades técnicas del sistema retrasaron el inicio de la jornada electoral, obligando en varios casos a recurrir al método tradicional de registro manual.

Para su funcionamiento, el STAE se requería de equipos como laptops, impresoras y dispositivos USB que contenían el sistema, además de condiciones básicas como acceso a energía eléctrica y conexión a internet. Sin embargo, en la práctica, estos requisitos no pudieron cumplirse de manera uniforme en todos los locales de votación.

Entre las principales fallas reportadas se encontraron problemas de conectividad, dificultades para reconocer códigos de acceso y equipos que no funcionaban adecuadamente. Estas incidencias, también advertidas por la Defensoría del Pueblo, impidieron que muchas mesas pudieran instalarse con normalidad. A través de redes sociales, miembros de mesa señalaron que, pese a que durante las pruebas previas no se registraron inconvenientes, el día de la elección el sistema presentó múltiples errores, esto los llevó a optar por el registro físico en cuadernos.

Frente a esto se añaden cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del personal asignado para asistir en el uso del sistema. Aunque la ONPE dispuso la presencia de coordinadores de mesa STAE, usuarios indicaron que estos no contaban con la capacitación suficiente para resolver los problemas técnicos en tiempo real.

Según explicó el especialista electoral José Villalobos, en una entrevista con El Comercio, parte de las fallas también se debió a limitaciones básicas de infraestructura, como la falta de electricidad o una conexión estable a internet en algunos locales.

Por su parte, Erick Iriarte, especialista en derecho digital, advirtió que los problemas registrados —como laptops inoperativas, errores de acceso y fallas de internet— impidieron que la herramienta opere según lo previsto, generando retrasos en lugar de agilizar el proceso.

Asimismo, en una declaración para Exitosa noticias, cuestionó que estas deficiencias no hayan sido detectadas durante las pruebas piloto, aquello evidenciaría falencias en la evaluación previa del sistema antes de su aplicación en los comicios.

Cabe recordar que el STAE es un sistema implementado por la propia ONPE. Si bien el costo de su creación no se ha detallado de forma específica, la inversión para su aplicación está incluida dentro del presupuesto electoral general. Para el caso de las Elecciones 2026 se destinó S/ 4 mil millones.

El abogado penalista y especialista en cibercrimen, Ricardo Elías Puelles, explicó para El Comercio que sistemas como el STAE deben cumplir con estándares básicos de ciberseguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información electoral. Señaló que, antes de su implementación, es clave verificar que los datos estén correctamente protegidos —evitando filtraciones, pérdidas o alteraciones— y que el sistema haya sido previamente supervisado. Asimismo, destacó que el funcionamiento de estas herramientas no depende solo del software, sino también de la capacitación del personal y de condiciones logísticas adecuadas, como conectividad y acceso a energía, durante su ejecución.

En esa línea, advirtió que es necesario diferenciar entre fallas por negligencia operativa —como la falta de planificación o ausencia de contingencias— y riesgos propios de la seguridad informática, como posibles ciberataques o sabotajes. De cara a futuros procesos electorales, recomendó fortalecer la supervisión externa del sistema, mejorar los planes de prevención y contingencia, y asegurar que el personal encargado cuente con el perfil y la capacitación adecuados. Estas medidas, indicó, son fundamentales para reducir vulnerabilidades y evitar cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral.

El especialista en temas electorales y políticas públicas, Jorge Jáuregui, explicó en una entrevista para El Comercio que este tipo de soluciones tecnológicas, como lo es el sistema STAE, disminuye la cantidad de actas observadas, uno de los principales factores de retraso en los cómputos electorales. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta limitaciones estructurales en el país, como la falta de acceso uniforme a electricidad e internet, así como restricciones presupuestales.

Respecto a las fallas registradas durante la jornada electoral, Jáuregui, indicó que estas responderían principalmente a problemas logísticos, más que a deficiencias tecnológicas o de planificación. En ese sentido, consideró inusual lo ocurrido con la distribución del material electoral, dado que —según su experiencia— la ONPE suele tener un control riguroso en las etapas de despliegue y repliegue.

La responsabilidad política y administrativa del proceso recae en la ONPE, pero la empresa contratada debe responder por el incumplimiento.”

Jorge Jáuregui, experto en políticas públicas.

Finalmente, sostuvo que, de cara a futuros procesos, es clave reforzar la supervisión en la ejecución logística y realizar una evaluación exhaustiva de lo ocurrido, sin que ello ponga en cuestión la validez de los resultados electorales.

Pese a que la ONPE había sostenido que el STAE permitiría acelerar la entrega de resultados, lo ocurrido durante la jornada evidenció brechas entre el diseño del sistema y su aplicación en campo. La imposibilidad de utilizar la herramienta en varias mesas, incluso en Lima Metropolitana y Callao —zonas con mayor acceso a servicios—, plantea interrogantes sobre la viabilidad de su implementación a mayor escala sin antes garantizar condiciones técnicas y logísticas adecuadas.

Ante esta situación, se le suman situaciones que reflejan problemas estructurales en la organización electoral. Personal de la ONPE permaneció más de 24 horas en los locales de votación, evidenciando una sobrecarga laboral y falta de previsión en la gestión de recursos humanos. De igual manera, una extensa fila de camiones quedó varada en los exteriores del almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de entregar material electoral trasladado desde diversos distritos de Lima, revelando fallas en la coordinación logística posterior a la jornada.

Lo ocurrido durante estas elecciones no solo cuestiona el desempeño de una herramienta tecnológica, sino también la capacidad operativa del sistema electoral en su conjunto. Los especialistas advierten que la implementación de soluciones digitales como el STAE exige no solo inversión, sino también condiciones técnicas y logísticas adecuadas que garanticen su funcionamiento en campo.

Coincidieron en que la modernización del sistema electoral no puede sostenerse únicamente en la incorporación de tecnología. Sin una planificación integral y una ejecución eficiente, los avances corren el riesgo de convertirse en nuevos focos de vulnerabilidad. Garantizar procesos ágiles, ordenados y confiables sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades electorales.

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

La medida busca beneficiar a los exmilitares que prestaron servicio en zonas de emergencia y participaron en acciones contra el terrorismo durante las últimas dos décadas..

De acuerdo con esta norma, el beneficio está dirigido a los licenciados reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) al 31 de diciembre de 2024.

Los solicitantes deben haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000, por un periodo consecutivo de 12 a 24 meses, y ostentar grados específicos de tropa, como reclutas, soldados, cabos o sargentos.

En ese sentido, la ley precisa que esta bonificación “no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable” y será intransferible. “La bonificación económica excepcional asciende a la suma de S/ 1,130.00, la cual se entrega a cada licenciado veterano cuya solicitud sea aprobada de forma mensual”, indica el documento.

Proceso y requisitos

Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Además del historial militar, los beneficiarios deben acreditar que no son deudores alimentarios ni poseen antecedentes policiales, penales o judiciales.

El desembolso se realizará de manera progresiva en un periodo de cinco años, estructurado por grupos de edad.

En el primer año se priorizará a los mayores de 60 años y personas con discapacidad.. En el segundo, a quienes tengan entre 55 y 59 años, continuando así hasta el quinto año con el grupo de 40 a 44 años.

A su vez, el Ministerio de Defensa será responsable de gestionar el registro en el aplicativo Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, garantizando que todos los expedientes aprobados estén registrados a más tardar el 31 de julio de 2028.

Según la norma, el financiamiento provendrá del presupuesto del sector Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Este 2026, gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, El Comercio no solo logró superar la valla de 2.000 denuncias enviadas a la Sutran para que se conviertan en sanciones efectivas alineadas a la normativa vigente; sino que también amplió su alcance al recibir reportes por cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central.

En consecuencia, la plataforma que inicialmente se enfocaba en recibir denuncias por invasiones al carril de emergencia, ahora también recopila evidencia audiovisual sobre infracciones como circular en sentido contrario, exceder los límites de velocidad, realizar paradas en zonas prohibidas o efectuar maniobras peligrosas.

Cabe recordar que la invasión a las bermas -nombre técnico de las vías auxiliares- es identificado como la falta G11 del RNT, se considera una infracción grave y se sanciona con una multa de 8% de una UT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Tras informar sobre la ampliación del sistema de Papeletas Ciudadanas, el equipo de #NoTePases recibió más de 550 reportes.

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El sistema detrás de la campaña de #NoTePases se sostiene principalmente en la participación ciudadana. Por ello, resulta fundamental que nuestros lectores contacten al equipo de la campaña a través del WhatsApp +51 937 714 189.

A través de dicha vía, el ciudadano deberá enviar un video en alta calidad en el que se pueda ver con claridad la placa del vehículo infractor, y un mensaje detallando la infracción, además de la fecha, hora, ubicación (kilómetro y distrito) y sentido de la carretera en la que fue registrada.

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Con el registro audiovisual que nos envíes, el equipo de la campaña #NoTePases formulará papeletas ciudadanas, un sistema que, amparado por el Reglamento Nacional de Tránsito, permite a cualquier peruano presentar una denuncia contra choferes que cometen una infracción.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Este mecanismo es posible gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, que respaldan la iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial mediante el uso de herramientas digitales y la colaboración ciudadana.

Durante el desarrollo de esta campaña, representantes de la Sutran resaltaron que el trabajo conjunto con la ciudadanía y los medios de comunicación resulta clave para cumplir con las funciones de fiscalización.

Además, indicaron que su trabajo no puede operar de manera aislada y que la participación de los usuarios de las vías aporta información relevante para identificar conductas indebidas.

“En ese contexto, destacamos la iniciativa impulsada por El Comercio, que promueve la participación de la ciudadanía en la identificación de conductas infractoras al tránsito en la red vial nacional. Dar a conocer estas acciones cumple una función preventiva y disuasiva al advertir estas infracciones y que no queden impunes”, expresó en su momento Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran.

Torres también mencionó que las instituciones privadas y estatales son aliados estratégicos para identificar faltas al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) y poder disuadirlas en favor de la seguridad ciudadana.

Desde el 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.

Por ello, es importante resaltar que el objetivo principal de esta iniciativa no es solo castigar a los infractores, sino también generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

El exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel (r) Franklin Barreto, destacó en conversación con El Comercio el aporte de este tipo de iniciativas para la sociedad.

“El balance siempre será positivo porque están visibilizando conductas que lamentablemente ya tenemos muy normalizadas. Los infractores de tránsito tratan de aprovechar cualquier situación para anteponer su conveniencia sobre el bienestar general. La campaña que ha impulsado El Comercio tiene una gran repercusión no solo en la sociedad sino que contribuya a esta falta de educación vial”, resalta Barreto.

El coronel lamenta, además, que el Estado aún no haya podido cumplir hasta ahora en una efectiva educación vial. Esta campaña “lo que ha intentado es justamente actuar ante esa ausencia del Estado”, menciona.

Barreto destaca también que #NoTePases haya encontrado la forma de que las denuncias ciudadanas, contempladas en la normativa nacional, se conviertan en sanciones efectivas. “Hace pocos años revisaba las placas que denunciaban los ciudadanos y no figuraban las sanciones, pero este año revisé algunas placas de su campaña y he podido verificar que sí se encuentran como infracciones en el sistema”, apuntó Barreto.

“Durante décadas los ciudadanos se volvieron insensibles ante la burla de las normas de tránsito. Este tipo de campañas sirven para despertarnos como ciudadanos y saber que podemos ser parte del cambio. Si bien aún nos falta mayor educación vial, podemos ir actuando desde el sentido común”, añade Barreto.

José Samamé Blas, antes de su liberación este miércoles, negó ser el responsable dentro de la ONPE de las fallas logísticas que retrasaron la entrega de material electoral el pasado 12 de abril.

Samamé es investigado por el presunto delito de omisión de actos funcionales debido a los incidentes que afectaron el sufragio en diversos locales de votación. El ahora exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue puesto en libertad este miércoles 15 de abril tras cumplir 48 horas de detención preliminar.

En su declaración, que constó de 39 preguntas, el exoficial detalló que su área tenía a cargo el despliegue, la producción de cédulas y el ensamblaje de los materiales. Sin embargo, deslindó responsabilidad sobre la contratación del servicio de transporte, afirmando que dicha tarea recae en la Gerencia de Administración.

Samamé confirmó que la empresa Servicios Generales Galaga obtuvo el contrato de 36,9 millones de soles, pero reiteró que él no intervino en la selección directa del proveedor.

El exgerente identificó al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, como el funcionario encargado de supervisar el cumplimiento del cronograma logístico. Según Samamé, Phang debía estar presente en la sede institucional para verificar la salida de las unidades móviles y reportar cualquier eventualidad. El investigado sostuvo que el subgerente no informó oportunamente sobre la falta de camiones en el local central del Jirón Washington.

Respecto a las causas del retraso, Samamé declaró que el problema se originó por la ausencia de vehículos de transporte en el horario previsto el día previo a los comicios. Precisó que las unidades no estuvieron disponibles a las 7 de la mañana del 11 de abril, lo que impidió la distribución a tiempo hacia los centros de votación. Esta deficiencia logística perjudicó a más de 52,000 electores en Lima Metropolitana en 13 locales de votación donde no se pudo sufragar el domingo 12.

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Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

El apoyo del país europeo se ha dado a través de UKDT (Equipo de Entrega del Reino Unido) en Perú, formado por expertos de las consultoras británicas Mace, Arup y Gleeds, y en apoyo a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), y anteriormente con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

A través de esta alianza, también se viene implementando un nuevo sistema integrado de alerta temprana para proteger a las comunidades, infraestructura y empresas frente a eventos climáticos extremos. Cabe mencionar que el acuerdo se prorrogó hasta finales de 2026.

Asimismo, con el fin de medir el impacto de este programa, se llevó a cabo un estudio que evidenció mejoras relevantes: 71 escuelas modernas entregadas en ocho regiones del país, más de 1,2 millones de personas beneficiadas por hospitales y centros de salud construidos, soluciones integrales de prevención de inundaciones, hasta 9.000 empleos por año durante la fase de construcción, entre otras.

En marzo de 2025, UKDT inició un estudio para evaluar el impacto e identificar las lecciones aprendidas de la alianza entre Perú y el Reino Unido, en apoyo a la reconstrucción. El análisis a profundidad de los proyectos de educación y salud se centró en dos áreas con gran variedad de contextos y características: la región Piura y la ciudad de Trujillo. Se estudió el impacto de cinco escuelas, dos hospitales y dos centros de salud en estas áreas.

Para los proyectos de protección frente a inundaciones, se analizaron los 19 que ya están completados o cuya finalización se prevé para el 2030. Además del programa y los proyectos que se están llevando a cabo y que están logrando lo que se habían propuesto, se evaluaron los impactos generales en las comunidades y economía locales.

El objetivo principal del informe es captar, en la medida de lo posible con los recursos disponibles, una imagen clara del impacto directo y general de las infraestructura que se ha construido a través de la alianza entre el Reino Unido y Perú.

La información presentada buscar respaldar la toma de decisiones y la planificación de futuros programas para reducir el riesgo, aumentar la eficiencia, superar los retos y optimizar el impacto de la inversión en infraestructura pública.

En lo que respecto a la construcción de edificaciones, el estudio revela que cuatro de cada cinco encuestados mencionaron que sus centros de salud (76 %) o escuelas (88 %) superaron sus expectativas. Los entrevistados destacaron las aulas modernas, con luz natural y bien ventiladas, con espacios de enseñanza especializados y conexión a internet.

Además, nueve de cada diez (86%) consideraron que las nuevas instalaciones motivaban a más personas a buscar atención médica y mejoran la motivación y la asistencia de los alumnos a la escuela (95%). Destacaron también la entrega de los proyectos: en promedio, entre dos y tres veces más rápido que otros. Esto se logró a pesar de que muchos se construyeron en entornos remotos y complejos, con estándares más elevados de calidad de diseño y con medidas de protección contra fenómenos meteorológicos extremos.

El balance en el sector educativo es el siguiente: cerca de 45.000 alumnos y 2.000 profesores de ocho regiones del país han resultado beneficiados con la construcción de 71 escuelas a través de la alianza con UKDT. Estos espacios fueron diseñados para transformar la práctica y la calidad de la enseñanza, con laboratorios y conexión a internet, computadoras portátiles y proyectores para apoyar el aprendizaje interactivo.

Asimismo, más de 9 de cada 10 (95%) encuestados informaron de una mejora en la motivación y la asistencia de los alumnos, así como de instalaciones de mayor calidad (94%). Además, 4 de cada 5 (84%) informaron de una mejora en el rendimiento de los alumnos, sumando a ello que la demanda de varias de las escuelas aumentó o ya alcanzó su capacidad máxima por primera vez en su historia. Cuatro de cada cinco (84%) también reportaron que las escuelas atraen y retienen a más profesores calificados.

Estas nuevas infraestructuras también afianzaron la identidad comunitaria: 4 de cada 5 encuestados manifestaron un mayor orgullo comunitario (82%) y una mayor percepción de seguridad en su comunidad, mientras que el 91% informó de un impacto positivo en sus planes para el futuro.

Las escuelas se ejecutaron desde el diseño hasta su finalización en un promedio de 2,5 años, en comparación con los 5 años que tardaron otras escuelas en el Perú. El 72% se construyeron en menos de tres años, en comparación con el 32% de los colegios sin apoyo de UKDT. Las escuelas UKDT cuentan con una vida útil de más de 50 años.

Otro punto que resalta el estudio es el impacto económico local y nacional, pues la inversión en las escuelas con asesoría técnica de UKDT ha generado 3.472 puestos de trabajo al año durante cinco años de construcción de toda la cartera de proyectos, y ha generado US$281 millones (S/1.050 millones) en valor económico derivado de la construcción.

De acuerdo el estudio, más de 1,2 millones de personas se benefician de 9 hospitales y centros de salud con estándares internacionales, entregados mediante la alianza UKDT en cuatro regiones del país. Estos locales se planificaron y diseñaron para brindar nuevas especialidades como neurología, oncología, UCI y diagnóstico (tomografía, mamografía, etc.).

Cuatro de cada cinco (81%) encuestados reportaron mejor acceso a servicios médicos a nivel local. Por ejemplo, en Chulucanas, el aumento de la capacidad y especialidades quirúrgicas han duplicado el total de cirugías, pasando de 750 en el primer semestre de 2023 a 1.500 en el primer semestre de 2025. En tanto, el centro de salud de Castilla cuenta por primera vez con quirófano, lo que permite realizar cirugías sin necesidad de derivar a los pacientes a otro centro.

Asimismo, 3 de cada 4 encuestados (75%) registraron tiempos de espera menores para recibir tratamiento y el 86% afirmó que la calidad de las instalaciones motivó a más personas a buscar atención. El personal destacó también una mayor retención de empleados y un aumento de las habilidades gracias a las modernas instalaciones y equipos.

Cabe decir que las instalaciones de UKDT cumplen estándares internacionales, aislamiento sísmico y sistemas externos completos de drenaje, energía y accesos. Además, pese a que muchos están en ubicaciones remotas, se entregaron hasta tres veces más rápido que otros establecimientos, progresando, en su mayoría, del diseño a la entrega en menos de 3 años.

La mayoría de centros de salud que no tuvieron asesoría de UKDT, normalmente más pequeños y con especificaciones técnicas de menor estándar, tardaron entre 3 y 9 años en entregarse. Mientras tanto, los hospitales que tuvieron apoyo de UKDT se entregaron, en promedio, en la mitad del tiempo, pasando todos ellos de diseño a entrega en 4 años o menos, frente a 4 a 10 años en hospitales sin UKDT.

En el caso de l impacto económico, la inversión en hospitales y centros de salud ha generado 2.100 puestos de trabajo al año durante 8 años de construcción, generando US$275 millones (S/1.030 millones de soles) en valor económico derivado de la construcción.

Esta alianza ha hecho posible que tres proyectos de protección de quebradas ya hayan sido culminados y brinden protección frente a inundaciones y deslizamientos a más de 100.000 personas. Asimismo, están en marcha otras 16 obras de protección de ríos y quebradas y drenaje urbano, que se concluirán hacia el 2030. Junto con los primeros componentes del sistema integrado de alerta temprana, todo esto beneficiará a 2 millones de personas más.

EL estudio señala que el principal beneficio económico de estos proyectos será evitar los daños directos causados por fenómenos meteorológicos extremos, tanto a la propiedad como a la infraestructura y la agricultura, así como el impacto indirecto en el empleo y la recaudación pública mediante impuestos.

En Trujillo, los beneficios económicos previstos de la protección contra inundaciones proporcionada con asesoría de UDKT son de US$4.670 millones (S/17.420 millones) durante los primeros 50 años. En el caso de Piura, el beneficio estimado es de US$14.400 mil millones (S/53.790 millones) en el mismo periodo.

Beneficio nacionales Los proyectos de soluciones integrales contra inundaciones que se prevé terminar en el 2030 y que han tenido apoyo de UKDT contribuirían con hasta US$ 23 190 millones (S/ 86 600 millones) para la economía nacional en daños evitados, lo que equivale al 8 % del PBI del Perú en 2024.

Ejecutar todos los proyectos de ríos, quebradas y drenaje urbano dentro de la cartera de proyectos de UKDT generaría hasta US$ 42 930 millones (S/ 160 290 millones) en beneficios económicos a través de daños evitados en los primeros 50 años, lo que representa el 13 % del PBI del Perú en 2024.

José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue liberado hoy miércoles tras cumplirse el plazo legal de su detención preliminar.

El exfuncionario permaneció 48 horas bajo custodia policial en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades y fallas logísticas durante la instalación de mesas en las Elecciones Generales 2026.

La liberación se ejecutó luego de que venciera el periodo de arresto dispuesto por el Ministerio Público, permitiendo que Samamé afronte las pesquisas en libertad.

El renunciante funcionario de la ONPE es investigado por el presunto delito de omisión de funciones y rehusamiento de actos funcionales, derivado de los incidentes que impidieron el sufragio de miles de ciudadanos en diversos locales de votación de Lima Metropolitana el pasado 12 de abril.

El Ministerio Público inició estas indagaciones para identificar a los responsables del fracaso en la distribución de las cédulas y ánforas, situación que afectó directamente a 211 mesas de sufragio. Según registros oficiales, esta deficiencia perjudicó a más de 52,000 electores, obligando incluso a la reprogramación de la jornada de votación en algunos sectores de la capital debido a la ausencia de los insumos necesarios.

Las autoridades centran la investigación en la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Galaga, firma encargada del despliegue logístico por un monto de S/36,9 millones. Se ha cuestionado que la compañía obtuviera la buena pro a pesar de contar con antecedentes de sanciones e incumplimientos previos con el organismo electoral.

Galaga exige disculpas

La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional, tras las incidencias registradas en el traslado de material electoral en Lima Metropolitana.

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El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la gestión de una compra internacional de medicamentos oncológicos para asegurar el abastecimiento continuo en todo el país. Esto busca cubrir la demanda de tratamientos por un periodo de dos años.

La inversión estatal destinada para esta adquisición asciende a S/378 millones. Según la institución, esta decisión estratégica busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a las necesidades de los usuarios.

El proyecto beneficiará directamente a más de 285 mil pacientes que padecen cáncer a nivel nacional. El objetivo institucional es garantizar la continuidad de las atenciones y reducir el impacto económico en las familias peruanas.

El ministro Velasco reafirmó el compromiso del sector con el acceso equitativo a fármacos de alto costo durante la presentación de la iniciativa. El titular sostuvo que la gestión busca eliminar las barreras que enfrentan los pacientes para acceder a sus respectivos tratamientos.

El equipo técnico del Minsa acompaña esta gestión para asegurar que los procesos de compra permitan brindar tratamientos oportunos. Esta acción se suma a las políticas actuales del sector para proteger la salud de la población oncológica en el territorio peruano.

¿Deseas que elabore un informe detallado sobre el impacto económico que tendrá esta inversión en las familias peruanas según los datos proporcionados?

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Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de hoy en Huacho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con el citado organismo, el temblor ocurrió a las 08:40:56 a. m. y su epicentro se localizó ea 47 km al oeste de Huacho, Huaura.

REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0207
Fecha y Hora Local: 15/04/2026 08:40:56
Magnitud: 3.7
Profundidad: 43km
Latitud: -11.10
Longitud: -78.04
Intensidad: II-III Huacho
Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/y6Yve6gEGn

— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 15, 2026

Asimismo, tuvo una profundidad de 43 kilómetros y fue percibido con una intensidad II - III en Huacho.

Las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales o materiales tras la ocurrencia del sismo.

Mochila de emergencia

En caso de sismos, debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Además debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en el Callao luego de una feroz persecución que terminó cerca a la Comisaría de Bocanegra, donde los sicarios ultimaron a su víctima y dejaron herida a una menor de edad de 15 años.

El atentado se produjo en las inmediaciones de la comisaría en el cruce de la calle Gamma y el jirón Cajamarca, donde Bryan Leonardo Saldaña Núñez fue interceptado por desconocidos.

Saldaña se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de una adolescente de 15 años. Según la información preliminar, dos sujetos que también viajaban en una moto iniciaron una persecución contra ellos desde la avenida El Olivar, efectuando diversos disparos durante el trayecto de la avenida Bocanegra.

En su intento por escapar de los disparos, el conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un automóvil estacionado cerca a la comisaría. Una vez que ambas víctimas cayeron al pavimento, los atacantes aprovecharon la situación para disparar directamente contra el hombre.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas pero los médicos confirmaron que Saldaña Núñez llegó cadáver, mientras que la menor de edad permanece internada con pronóstico reservado.

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El retraso en la entrega del material electoral en Lima sur, lo que afectó el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, ha originado que las miradas se centren en el proceso que desarrolló la ONPE para seleccionar a la empresa Galaga como la encargada de distribuir dicho material.

El Comercio accedió a documentos en los que se evidencia que Galaga fue elegida por la ONPE para trasladar el material electoral pese a que su propuesta económica, ascendente a S/ 6,368,332.75, era más alta en comparación a los otros dos competidores.

Durante el proceso convocado por la ONPE, el Consorcio AFE presentó una propuesta económica de S/ 5,898,928.66, mientras que Hermes Transportes Blindados hizo una propuesta de S/ 6,200,184.56. Dichos montos eran evidentemente menores a lo que propuso Galaga.

Otro punto para destacar del caso es que en los términos de referencia del contrato se establece que la empresa participante debe ser propietaria de 40 vehículos, pero en las últimas semanas se evidenció que Galaga hizo una convocatoria por redes sociales para el alquiler de 400 furgonetas.

Otra de las condiciones del proceso es que las empresas participantes debían presentar una póliza de 20 millones de soles para cubrir el material electoral ante eventuales robos, asaltos, accidentes o actos terroristas. También se les exigió adjuntar otra póliza de 29 millones de soles para cubrir posibles daños a los equipos informáticos de la ONPE.

El documento que contiene los términos de referencia del contrato fue firmado por dos funcionarios de la ONPE: Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, y José Edilberto Samamé Blas, entonces gerente de Gestión Electoral y quien renunció a su cargo tras el escándalo por la demora en la entrega del material.

Samamé Blas fue detenido el último lunes por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía por un caso de flagrancia ante un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En el caso de Phang Sánchez, él tiene abierta una investigación por presuntamente ser integrante de una organización criminal que penetró la ONPE y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer al partido de José Luna Gálvez. A él se le imputa haber presionado a otros funcionarios de la entidad electoral para acelerar la inscripción de Podemos Perú.

El concurso que llevó adelante la ONPE, el pasado 9 de marzo, para la adjudicación del servicio de transporte del material electoral habría tenido un cambio que favoreció a Galaga, según comentó a El Comercio una fuente cercana a dicho proceso.

De acuerdo con esa versión, la ONPE usó un “criterio” para la evaluación técnica de las propuestas que no se encontraba incluido en las bases, lo que sorprendió a Consorcio AFE y Hermes, ya que evidentemente eso favoreció a Galaga.

Ante ello, las dos empresas dejaron constancia en un documento notarial para cuestionar la decisión de la ONPE de usar dicho “criterio” para determinar la capacidad útil de cada vehículo que sería usado en el transporte del material electoral.

El consorcio AFE cuestionó que el comité de la ONPE haya decidido que para lograr hallar el metraje cúbico de cada vehículo se quitaría los dos metros de la cabina de la unidad. Por su parte, Hermes argumentó que “los términos de referencia del contrato establecen que el cálculo del metraje cúbico de cada vehículo se realiza en función o tomando como base las dimensiones de la tarjeta única de circulación y que no se especifica en los términos de referencia ningún otro criterio para poder establecer la carga útil de los vehículos”.

Los representantes de la entidad electoral explicaron que no se debía tomar en cuenta los dos metros de la cabina de los vehículos porque en ese espacio se encuentran el conductor, el copiloto y el comisionado de la ONPE, por lo que no debía ir el material electoral.

Este “criterio” usado por la ONPE permitió a Galaga obtener 100 puntos en el puntaje técnico, mientras que Hermes y Consorcio AFE consiguieron 80 y 70 puntos, respectivamente.

En un breve comunicado, el Consorcio AFE aclaró que no fue contratada para realizar el servicio de transporte y distribución del material electoral de la ONPE.

La respuesta de Galaga

Galaga señaló, a modo de defensa en un comunicado, que las demoras presentadas en la etapa final del proceso de distribución del material electoral “no responden a incumplimientos contractuales” de su parte, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.

Por ello, rechazó “cualquier afirmación que pretenda atribuirle de manera exclusiva las dificultades presentadas” en la entrega del material electoral. “Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados”, señaló Galaga en su comunicado.

“El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, añadió.

Galaga pidió a la ONPE que emita “aclaraciones” y le ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su “imagen institucional”. Remarcó que entregó a la Policía toda la información referente al contrato con la entidad electoral.

Otro hecho que ha llamado la atención es que Galaga, en mayo de 2025, aumentó su capital en 5 millones de soles, de acuerdo con un documento de la Sunarp.

Un hecho que sorprendió a muchas personas durante el proceso electoral fue ver a una furgoneta con el logo de la Municipalidad de Miraflores repartiendo material que le había entregado la ONPE a la empresa Galaga. Ese hecho fue confirmado por la Contraloría durante su inspección a la sede de la entidad electoral el pasado viernes.

Ante ello, la Municipalidad de Miraflores aclaró, en un comunicado enviado a El Comercio, que el camión de placa F4-1862 prestó servicio únicamente al municipio en septiembre de 2025 y que en la actualidad no mantiene ningún vínculo con el municipio.

Por ello, anunció que iniciará acciones para evitar que su logotipo institucional “tenga un uso ajeno a los servicios de la administración edil miraflorina”.

El lunes 13 de abril, la segunda jornada extraordinaria de votación, realizada en 13 locales de Lima, volvió a registrar demoras en la apertura de mesas. Esta situación se produce tras los incidentes del día anterior, cuando fallas en la distribución —atribuidas por la ONPE a la empresa Galaga, encargada del traslado— impidieron la instalación oportuna de decenas de mesas en diversos distritos de la capital, obligando a reprogramar el sufragio para miles de electores que no pudieron votar.

Recordemos que la apertura de estos locales de votación se realizó en Lima Sur, siendo los siguientes:

Distrito: San Juan de Miraflores

• IE Parroquial Virgen de la Asunción
• IE 6041 Alfonso Ugarte
• IE 615 San Luis Gonzaga

Distrito: Lurín

• IE 7078 Virgen de Chapi
• IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla
• IE 7104 Ramiro Prialé Prialé
• IE 6023 Julio C. Tello Rojas
• IE 7239 Santísimo Salvador
• IE 7267 Señor de los Milagros
• IE 6026 Virgen de Fátima

Distrito: Pachacámac

• IE 7261 Santa Rosa de Collanac
• IEP El Universo de César Vallejo
• IE Parroquial Virgen del Rosario

Ante esto, diferentes incomodidades fueron denunciadas por parte de los electores:

En el colegio Virgen de la Asunción, decenas de ciudadanos formaron largas colas desde tempranas horas de la mañana, permaneciendo en los exteriores a la espera de ingresar a votar durante la jornada extraordinaria del 13 de abril. La situación reflejó la persistencia de retrasos en la apertura de los locales, lo que generó incomodidad entre los electores.

En el colegio San Luis Gonzaga, más de 450 ciudadanos esperaron cerca de una hora para poder ingresar a sufragar. El proceso se inició con retraso luego del ingreso previo de los miembros de mesa. Este local concentra a 8,970 electores distribuidos en 30 mesas de sufragio, lo que incrementó la congestión y prolongó los tiempos de espera.

Por su parte, en la institución educativa Alfonso Ugarte, la jornada recién pudo iniciarse luego de que el material electoral llegara alrededor de las 4:00 a.m., tras haberse suspendido la votación el día anterior. Con una presencia reducida de personal de la ONPE, se comenzaron a instalar los primeros elementos logísticos mientras los ciudadanos ya formaban filas desde las 7:00 a.m. para emitir su voto.

En el colegio Señor de los Milagros, se registraron extensas filas de electores que aguardaban su ingreso al local de votación, evidenciando retrasos en el inicio del proceso durante la jornada extraordinaria.

En el colegio Ramiro Prialé, la votación comenzó con más de una hora de retraso y en medio de desinformación entre los ciudadanos. Solo 6 de las 12 mesas previstas fueron instaladas debido a la ausencia de miembros de mesa, a lo que se sumaron problemas logísticos como la falta de ánforas en algunas mesas, generando incertidumbre y largas colas que alcanzaron hasta tres cuadras.

Asimismo, en el colegio Julio C. Tello Rojas, la instalación de mesas avanzaba de forma parcial durante las primeras horas de la mañana. Hasta las 8:00 a.m., únicamente 8 de las 22 mesas de sufragio estaban habilitadas, lo que obligó a los electores a esperar para poder ejercer su derecho al voto.

En la institución educativa parroquial Virgen del Rosario, la ONPE dispuso la nulidad de los votos emitidos durante la jornada del 12 de abril, debido a que las mesas de sufragio se instalaron después de las 2:00 p.m., superando el límite permitido. Esta situación obligó a reprogramar la votación para el día siguiente; sin embargo, varios ciudadanos desconocían esta medida, lo que generó confusión respecto a la necesidad de acudir nuevamente al local para emitir su voto en la jornada extraordinaria.

En el colegio 7240 Jesús de Nazaret, en Villa El Salvador, los miembros de mesa permanecieron en el local de votación por más de 24 horas realizando el conteo de actas tras la jornada electoral del domingo 12 de abril. De acuerdo con reportes, varios de ellos concluyeron sus labores alrededor de las 6:00 a. m.; sin embargo, no pudieron retirarse debido a dificultades logísticas registradas en el recinto.

En este centro educativo se habilitaron aproximadamente 22 mesas de sufragio, aunque el proceso estuvo marcado por múltiples inconvenientes. La llegada tardía del material electoral —con un retraso cercano a tres horas—, sumada a fallas técnicas como la falta de tinta en impresoras, problemas en el sistema y un corte de energía, prolongaron las labores durante toda la noche.

Por otro lado, Rebeca Ávalos, quien se desempeñó como presidenta de mesa en Punta Negra, expresó su malestar por las deficiencias registradas durante la jornada electoral. Según relató, el material electoral llegó con considerable retraso, lo que obligó a los miembros de mesa a realizar esfuerzos para iniciar la votación antes de las 11:00 a. m. Asimismo, señaló que el sistema STAE no funcionó en su local, por lo que todo el proceso —incluidos los cinco procesos electorales— tuvieron que desarrollarse de manera manual. Las labores se extendieron hasta la madrugada, culminando después de las 3:00 a. m. del día siguiente. Pese a ello, destacó que el compromiso de los miembros de mesa con los electores prevaleció, aunque calificó el desempeño de la ONPE como deficiente.

La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por el presunto daño a su imagen tras las fallas en el traslado de material electoral en Lima Metropolitana. La compañía rechazó ser la única responsable de los retrasos y aseguró haber cumplido con todas las condiciones del contrato, señalando que las demoras respondieron a factores ajenos a su operación y a la propia coordinación logística de la entidad electoral. Frente a esto, cuestionó las declaraciones de las autoridades por afectar su reputación sin una evaluación integral de lo ocurrido, e informó que ya entregó la documentación del caso a la Dirección Contra la Corrupción, con participación del Ministerio Público, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, por su presunta responsabilidad en las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril en Lima Sur, que dejaron a más de 60 mil ciudadanos sin votar. Según la información oficial, el funcionario afrontará cargos por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La intervención se realizó en la sede de la ONPE y contó con la participación de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP. Horas antes de su detención, Samamé había presentado su renuncia en medio de la crisis institucional generada por la falta de material electoral en diversos locales, situación por la cual también es señalado como responsable de la contratación de la empresa Galaga para el transporte logístico.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros altos funcionarios por las graves fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026, que impidieron votar a miles de ciudadanos. La acusación, que incluye delitos como atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral, también alcanza a responsables de distintas gerencias de la ONPE y al representante de la empresa Galaga. Según el documento, la falta de entrega de material electoral en 13 locales impidió la instalación de 187 mesas, afectando a más de 55 mil electores, a lo que se sumaron fallas en el sistema STAE que obligaron a realizar el conteo de manera manual. El JNE sostiene que estas irregularidades evidencian una presunta negligencia administrativa y cuestiona que Corvetto no informara oportunamente sobre la crisis, lo que habría impedido adoptar medidas preventivas y derivó en la extensión extraordinaria de la jornada electoral.

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Es una buena forma de resumir lo que pasaron los más de 830 mil peruanos que el domingo debieron cumplir con su deber cívico como miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026.

“Yo llegué a las 5:55 a.m. a la Universidad Católica y cuando me acerqué a mi mesa noté que la numeración de las aulas no coincidía con lo que la ONPE nos había compartido a través del portal para miembros de mesa”, relata a El Comercio Renato Blácido Hurtado, residente de San Miguel de 26 años que había salido sorteado como sexto suplente.

Personal de la ONPE le indicó que la numeración había sido modificada a última hora, por lo que su aula se encontraba en otro pabellón, “eso terminó generando desorden también para los electores”, señala el joven.

Mientras el reloj corría los problemas seguían aumentando en su aula. “Como bien sabemos hubo un retraso para la llegada del material electoral, en nuestro local llegó recién sobre las nueve de la mañana. Además, solo estaba la presidenta de mesa. Cuando tuvimos que instalar los equipos también hubo retrasos porque había un personal de ONPE asignado para dos aulas, si estaba en un aula la otra lo debía esperar para abrir la caja de la laptop, la de la impresora, instalar cada equipo, el programa de la ONPE en la laptop y después imprimir bastantes hojas para firmar”, enlista Blácido.

Durante todo ese tiempo cientos de ciudadanos se iban sumando a una fila cada vez más grande en los exteriores de la universidad. Recién sobre las 10:30 a.m. se abrieron las puertas del local, pese a que algunas mesas no habían terminado de instalarse. “Eso hizo que se formen varias colas afueras de las aulas”, recuerda.

La mesa de Blácido recién pudo estar lista al mediodía, seis horas después de su llegada al centro.

A solo cinco kilómetros de ahí, en el IE Liceo Naval Capitán de Navío German Astete, ubicado en La Perla, Callao, Carla Bernal también sufría de una jornada llena de descoordinaciones.

La joven de 31 años había salido sorteada como segunda suplente y al llegar solo encontró a la presidenta de mesa. “Mi papá era quinto suplente en la misma mesa, pero por disposición de la ONPE no pueden haber dos familiares en una misma mesa. Entonces no me explico cómo los dos pudimos salir sorteados en la misma desde un inicio”, cuestiona Bernal.

Afortunadamente para ella, el material electoral ya se encontraba en su centro de votación por lo que alrededor de las 7:40 a.m. su mesa ya estaba habilitada.

El resto de la jornada transcurrió de forma tranquila, recuerda, hasta que una representante de ONPE pasó a anunciar la decisión adoptada por el JNE de ampliar la hora de votación hasta las 6:00 p.m.

En ambos casos recogidos por El Comercio la ampliación del horario fue contraproducente, pues alrededor de las 5:00 p.m. el flujo de electores era mínimo, pero terminó alargando aún más la etapa de escrutinio.

“En mi mesa terminamos de contar poco más de la medianoche. Pero cuando nos retiramos aún veíamos que varias mesas faltaban por terminar. Afortunadamente nos organizamos bien entre los tres miembros y pudimos avanzar a buen ritmo”, comenta Blácido.

Según el joven, el conteo de votos presidenciales fue sencillo porque consistía en sumar los votos por cada candidato y luego pasarlos a la plataforma digital. “Pero para senados, diputados y parlamentarios andinos fue tremendo. Si lo hacíamos como quería la ONPE nos habríamos ido hasta las 3 o 4 de la mañana pero encontramos una forma más eficiente de hacerlo”, señala.

El proceso, detalla Blácido, consiste básicamente en hacer un repaso por el libro de cédulas contando los votos del partido, luego repasar contando los votos preferenciales y después hacer todo el conteo. “Y además, claro, luego de cada conteo tenías que pasar toda la información al sistema, voto por voto, la cantidad sumada y luego hacer doble verificación de que todo lo que hayas pasado estaba bien”, precisa.

Esta experiencia dejó en el joven la sensación de que “el proceso puede ser mucho más eficiente y me deja un poco de disconformidad en cómo se han manejado las cosas desde arriba, sobre todo comenzando por el tema del retraso del material electoral. Y también en cuanto a la cantidad de personal asignado, lo ideal hubiese sido tener un personal de ONPE por aula, sobre todo para que no demore tanto el proceso de instalación de la mesa”.

La experiencia de Carla Bernal no fue mucho mejor.

“Fue bastante pesado, debías ir columna por columna, en cinco elecciones a la vez. Lo más tedioso fue el voto preferencial: debías marcar el número en una casilla, luego poner ese mismo voto junto al número en otra lista, después de contar todo a mano debías pasar esa data al sistema para después imprimirlo y firmarlo”, explica la joven.

“En medio de todo eso tenías problemas con el sistema y encima las impresoras se quedaron sin tinta. Por todos esos retrasos me terminé quedando hasta la una de la mañana y cuando me fui aún había mesas contando”, agrega.

Durante una transmisión de América Televisión se podía ver que pasadas las siete de la mañana de hoy, lunes 13, miembros de mesa y personeros del colegio Jesús de Nazareth, en Villa el Salvador, continuaban saliendo del centro de votación.

“Nos trajeron tardísimo todos los materiales. Luego vimos que las impresoras no servían, se acabó la tinta, la máquina no tenía sistema. Todo tuvimos que hacerlo manualmente porque no había sistema”, reclamaba ante cámaras una mujer que había pasado toda la madrugada en el centro electoral participando del escrutinio.

Pese a haber estado 24 horas dentro del local, la mujer aseguró que personal de ONPE “no querían que ni siquiera conversemos por teléfono, pidamos una cena, no querían absolutamente nada”.

Una ciudadana que pidió mantener el anonimato narró a El Comercio que el personal de ONPE a cargo de su mesa de votación, en un local del Centro de Lima, evidenciaba no estar capacitada para acceder al sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) implementado para este proceso.

“En mi caso el material estaba pero el personal de ONPE no parecía capacitado. Los miembros de mesa tuvimos que ayudarle a iniciar sesión porque no sabía ingresar al sistema desde la laptop. Los miembros de mesa nos ofrecimos a ayudarle así que nos dejó sus credenciales, usuario y clave, para ingresar y se fue a la otra aula que tenía asignada. Me dejó preocupada que todos podíamos acceder al sistema y a una clave que solo debía tener ella”, narró a este Diario.

La ciudadana brindó evidencia gráfica a El Comercio en la que se puede apreciar tanto la contraseña del personal de ONPE como una pantalla destinada al “uso del coordinador de mesa” que, entre otras funciones, le permitía por ejemplo realizar el control de asistencia de los miembros de mesa.

Al otro lado de la ciudad, en la Universidad Ricardo Palma, el material electoral llegó recién a las 9:00 a.m., según detalló a El Comercio Alexandra Condori, de 26 años que debió asumir la presidencia de su mesa de votación luego de que los dos miembros asignados se retiraran del local ante las demoras para el inicio del proceso.

“Yo estaba en la fila y comenzaron a llamar voluntarios. Yo había llegado a las ocho para votar, tuve que hacer una cola afuera de la universidad hasta que llegó el material, luego otra cola adentro y finalmente a las 10:30 nos ofrecimos tres chicas de voluntarias para instalar la mesa”, narra.

Condori señala que estaba previsto que en su aula se realice el voto electrónico; sin embargo, ninguna de las voluntarias recibió instrucción por parte de la ONPE al respecto por lo que decidió seguir el proceso de forma manual.

“En nuestra mesa no hubo laptop ni impresora, todo fue manual. Al momento del escrutinio tuvimos inconvenientes porque todo el material que habían llevado era para voto electrónico, de un formato más pequeño, y tampoco contábamos con los sobres lacrados para las actas. Tuvimos que usar los sobres lacrados para observaciones para sellar las actas. Terminamos sobre la medianoche y aún quedaban varias mesas procesando datos. Escuchamos que en otras aulas habían problemas porque el sistema fallaba o se había colgado”, asegura.

Los problemas presentados en la entrega del material para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Lima sur siguen trayendo consecuencias, sobre todo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es cuestionada por no tomar las previsiones necesarias para evitar que más de 50 mil personas no puedan sufragar en su momento debido a que no se instalaron las mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Solo un día después de renunciar al cargo de gerente de Gestión Electoral de ONPE por la demora en la entrega del material electoral en Lima, José Samamé Blas fue detenido en flagrancia este lunes por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía por el “presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”. Fue llevado a la sede del Instituto de Medicina Legal y luego fue trasladado al local de la Depincri de Lima para cumplir una serie de diligencias.

Fuentes de la PNP indicaron a El Comercio que Samamé permanecerá detenido 48 horas, tiempo de vigencia de la flagrancia, y que se trata de una acción propia de la Policía sin participación del Ministerio Público.

José Samamé Blas fue detenido debido a que él fue quien solicitó el servicio de transporte del material electoral y estableció los términos del contrato que firmó, el pasado 9 de marzo, la ONPE con Galaga, empresa encargada de distribuir el material electoral.

Uno de los principales cuestionamientos a la ONPE es que firmó el contrato con Galaga pese a que, desde el 2020 hasta el 2023, le había impuesto tres penalidades, que suman más de 64 mil soles, por incumplimientos de contrato y que no haya tomado acciones ante las advertencias de la Contraloría.

La renuncia

En una carta dirigida a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, Samamé asume la responsabilidad por las fallas logísticas presentadas durante la distribución electoral y se pone a disposición de las investigaciones.

“Ante los hechos acontecidos hoy (domingo) y fallas logísticas, que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación de Lima, generando retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio, y estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad”, indica Samamé en su carta de renuncia.

Al respecto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga. No obstante, remarcó que sí hubo una negligencia.

“Eso se determinará con la investigación (si hubo o no intención de afectar el proceso electoral), pero de plano ya se está investigando la presunta comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa”, afirmó Gálvez con el podcast ‘Siempre a las 8′, que conduce la peridista Milagros Leiva.

“Se presume la existencia de una concertación ilegal que puede dar origen a una posible colusión. No podemos afirmar ni negar, eso se está investigando. Ahora, de que ha habido una negligencia total, la ha habido”, afirmó.

Por su parte, el Jurado Nacional de Nacional interpuso este lunes ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno de Lima, a través de su Procuraduría Pública, una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra tres funcionarios de dicha entidad electoral y un representante de la empresa Galaga.

El gerente general de Galaga, Juan Charles Alvarado Pfuyo, ha estado implicado en varios hechos policiales. En algunos casos ha denunciado extrañas “pérdidas” de placa de rodaje, así como documentos de la Sunat y tarjetas de propiedad de vehículos. La mayoría de los casos ocurrieron en San Juan de Lurigancho.

Alvarado Pfuyo denunció en la comisaría de San Juan de Lurigancho, el 7 de marzo del 2014, la “pérdida” de la placa de rodaje de su vehículo en el momento que transitaba por la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú.

Dos años después, dos trabajadores denunciaron que fueron asaltados por una banda de delincuentes cuando se desplazaban por la cuadra 7 de la Av. Canto Grande. Alvarado Pfuyo se vio implicado en el caso porque era el representante de la empresa en la que laboraban los denunciantes.

Juan Alvarado denunció, el 23 de noviembre de 2016, en la comisaría de San Juan de Lurigancho que se le extravió la placa de su vehículo cuando la retiró debido a que su parabrisas sufrió daño. Otro hecho extraño sucedió el 10 de diciembre de ese mismo año, ya que, según reportó, se le perdió una placa de rodaje de su camión cuando se dirigía de la zona de Puente Nuevo a la Av. Wiese.

En noviembre del 2020, Alvarado Pfuyo indicó en una dependencia policial del Cercado de Lima que al momento de ingresar a un restaurante, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y jirón Ayacucho, se percató que no contaba con su billetera, en cuyo interior se encontraba la tarjeta de propiedad de un vehículo. Solo cuatro días después, él también denunció la pérdida de su billetera cuando transitaba por la zona de Mesa Redonda y que en el interior del accesorio había tarjetas de identificación vehicular de dos automóviles.

El gerente general de la empresa Galaga no solo denunciaba la “pérdida” de placas de rodaje, pues también lo hacía por el extravío de una guía de la Sunat, lo cual ocurrió el 3 de marzo del 2023.

Además, Juan Charles Alvarado Pfuyo fue intervenido en la avenida San Martín (San Juan de Lurigancho), el 4 de julio del 2011, por conducir un vehículo que no contaba con el permiso para usar lunas oscurecidas. Asimismo, el 22 de julio de 2016 protagonizó un choque en la avenida Canto Grande, donde dos personas resultaron heridas.

También denunció que, el 15 octubre del 2019, uno de los camiones de su empresa sufrió una volcadura luego que otra unidad le cerrara el paso en la Línea Amarilla. Alvarado Pfuyo también fue denunciado por presuntamente golpear, el 29 de julio de 2023, a un mototaxista por impedir el ingreso de su vehículo a su domicilio, a la altura del paradero 14 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

La defensa de Galaga

A través de un comunicado, Galaga trató de defender de las imputaciones lanzadas por la ONPE. La empresa señaló que las demoras presentadas en la etapa final del proceso de distribución del material electoral “no responden a incumplimientos contractuales” de su parte, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.

En ese contexto, rechazó “cualquier afirmación que pretenda atribuirle de manera exclusiva las dificultades presentadas”, pues aseguró que responden a un “proceso logístico complejo que involucra a múltiples actores y responsabilidades compartidas”.

“Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados”, indicó Galaga en su pronunciamiento.

“El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, agregó.

Por ello, Galaga solicitó a la ONPE que emita “aclaraciones” y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su “imagen institucional”. Remarcó que entregó a la Policía en presencia del Ministerio Público toda la información referente al contrato con la entidad electoral.

Una posible afectación al traslado del material de las Elecciones Generales 2026 por ineficiencias de la empresa Galaga fue advertida por la Contraloría tras realizar una visita a un local de la ONPE el último viernes.

Guzmán Vera, funcionario de la Contraloría, explicó que se constató, durante la visita al local de la ONPE, que los vehículos de Galaga salían varias horas después del horario en que estaban programados, lo cual fue alertado a la entidad electoral, pero esta respondió que el tema se iba a regularizar.

“El último viernes (Contraloría) se constituyó a ver cómo se estaba distribuyendo el material electoral y ahí ya encontramos unos indicios, por ejemplo, en que los vehículos que deberían salir a las 10 de la noche terminaban saliendo a las 3 o 4 de la mañana (del sábado). Entonces, esas mismas actividades se repitieron al punto que el último vehículo que había salido de la sede de Lurín había sido a las 6 de la mañana (del domingo), cuando este debía salir a la medianoche del sábado”, expresó el funcionario.

“La ONPE tenía pleno conocimiento del informe de control que emitió la Contraloría sobre las posibles contingencias que podría generar la ejecución contractual. Vemos en la actualidad que existió una indebida programación, una inadecuada ejecución de ese contrato que lamentablemente ha impactado en la distribución del material electoral”, agregó.

También recordó que se notificó a la ONPE en marzo pasado respecto a que, de acuerdo con el contrato con la empresa, la oferta que había presentado Galaga tenía “ciertas inconsistencias que podrían impactar en la ejecución del servicio”. En ese contexto, El Comercio accedió a un documento de la Contraloría, con feha del 24 de marzo, en el que alerta de que la empresa no había acreditado que los conductores cuentan con la experiencia mínima de un año para manejar camiones tipo furgón.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad del Midagri, ejecuta acciones de mitigación en 6 regiones del Perú. A pedido del Ejecutivo, se trabaja en beneficio de 47 mil peruanos, así como 8991 viviendas, y más de 8 430 cultivos.

Por ejemplo, en Lima se limpiaron en simultáneo 2 kilómetros correspondientes a las cuencas de los ríos Rímac, Cañete y Lurín, atendiendo 7 puntos críticos de la región. Con el despliegue de 30 máquinas, se retiró más de 15,700 metros cúbicos de residuos, equivalente al contenido de más de 6 piscinas olímpicas.

Esta labor planificada y coordinada con municipalidades, autoridades locales y juntas de usuarios, ha registrado un beneficio para 15,800 personas ante eventuales desbordes, además de 3,385 viviendas y 50 hectáreas de cultivo.

Prevención

Las acciones de limpieza y conformación de bordos también registran avances considerables en otros puntos del país. En Piura, se completaron hasta el momento 5.5 kilómetros de descolmatación en las cuencas de los ríos Chira, Piura y Quiroz.

En esa línea, la ANA retiró, con el trabajo de 25 máquinas, más de 250 mil metros cúbicos de sedimentos. De esta forma, se garantiza el acceso al recurso hídrico a 17 mil personas, 3,325 viviendas y 2,175 hectáreas de cultivo de esta región.

En Lambayeque, se atendió ante la emergencia la intervención de más de 7 kilómetros en 11 zonas vulnerables, tanto con labores de ejecución como otras ya concluidas. Con 23 máquinas pesadas, se intervino en las localidades de Chongoyape, Mórrope, Oyotun, Pítipo, Olmos, Zaña, Illimo y Nueva Arica, donde viven más de 4600 ciudadanos, en su mayoría agricultores.

De igual manera, en Tumbes, son 6,100 los productores que mantienen sus cultivos sin daños gracias a la intervención en 3.82 kilómetros del río Tumbes, en los distritos de Corrales, San Jacinto y Pampas de Hospital. La labor en 4 puntos críticos protegió 2 290 hectáreas de sembríos como el arroz, el plátano, entre otros.

En tanto, las regiones de La Libertad y Áncash también se encuentran intervenidas con acciones que la ANA ejecuta para liberar los cauces de 2.8 y 1.4 kilómetros de ríos, respectivamente. En total, se logró a la fecha evitar daños en más de 2373 hectáreas de cultivo de ambas regiones, y con más de 2500 peruanos que agradecen que sus viviendas no pasen riesgos ante las constantes lluvias.

A tan solo dos días de un robo millonario de una joyería, un grupo de delincuentes asaltaron otro establecimiento de venta de joyas ubicado en la cuadra 10 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima.

El robo sucedió minutos antes de las 9 de la mañana de este martes 14 de abril. Los hampones sometieron al vigilante del local, a quien le apuntaron con una pistola mientras sucedía el atraco, por lo que no pudo defenderse ni solicitar apoyo.

Al terminar de robar la joyería del Centro de Lima, los implicados huyeron a bordo de cuatro motocicletas, ignorando la luz roja del semáforo y realizando disparos cerca de la Plaza Francia.

Según testigos, el robo duró aproximadamente dos minutos desde el arribo de los facinerosos. Imágenes muestran la huida de los ladrones, quienes tomaron la Vía Expresa para luego dirigirse a la avenida Alfonso Ugarte.

Cada moto lineal llevó a dos delincuentes, lo que da a entender que fueron ocho personas las que participaron en el asalto. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones.

Las autoridades no han descartado que esta banda criminal sea la misma que el último fin de semana perpetró dos asaltos en joyerías del jirón de la Unión. El hecho todavía está bajo investigación.

Robo millonario en elecciones

Una joyería en pleno Centro Histórico de Lima fue víctima de la delincuencia. El domingo 12 de abril, en plena jornada electoral, aproximadamente a las 11 p.m., el local de venta de joyas ubicado en la cuadra 6 del jirón de la Unión sufrió un robo de más de 275 mil dólares en oro, según indicó el dueño del establecimiento afectado.

El ataque se reportó la mañana del lunes, cuando los propietarios encontraron el portón de metal destruido, los candados rotos y las vitrinas de exhibición completamente vacías. Los delincuentes habían sustraído todas las joyas de alto valor.

“Han aprovechado la distracción de las elecciones, de los resultados y en eso han aprovechado en romper la puerta y llevarse toda la mercadería en oro”, señaló el propietario a la prensa.

Según fuentes oficiales, las cámaras de videovigilancia fueron desactivadas alrededor de las 11 de la noche del domingo. Los sujetos, al parecer contaban con información detallada sobre el local, ya que hasta se llevaron el equipo DVR que almacena las grabaciones.

Lo que sorprende a los dueños es que el local está a tan solo dos cuadras de Palacio de Gobierno, donde se supone debería contar con mayor seguridad. “Estamos a dos cuadras de Plaza de armas, se supone que este lugar debe ser muy seguro, pero no es así. Es la segunda vez que nos roban”, indicó el afectado.

Asimismo, los propietarios mencionan que el local contaba con todas las medidas de seguridad, ya que hace dos años sufrieron un robo similar. Sin embargo, los delincuentes concretaron el delito llevándose un importe millonario en oro.

El Senamhi emitió una alerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, un fenómeno que podría generar diversas afectaciones en varias zonas del territorio nacional.

Según el aviso meteorológico, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altoandinas, la posible presencia de nieve y granizo, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.

Las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali están en alerta naranja del Senamhi. La alerta va del 15 al 17 de abril.

El organismo indicó que este tipo de eventos podría ocasionar el incremento del caudal de ríos, así como la activación de quebradas, deslizamientos y huaicos, especialmente en áreas vulnerables.

Para el miércoles 15 de abril, el Senamhi advirtió acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur

El jueves 16 de abril habría acumulados de lluvia cercanos a los 55 mm/día en la selva norte, alrededor de los 60 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 75 mm/día en la selva sur.

Finalmente, el 17 de abril, podría haber acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur.

Cabe resaltar que la alerta naranja del Senamhi forma parte del monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país, en un contexto donde las lluvias continúan afectando distintas regiones y requieren medidas de prevención oportunas.

El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, permanece detenido en la sede de la Depincri por presunta omisión de funciones, luego de darse a conocer las fallas logísticas en la entrega de material electoral que afectaron a miles de peruanos y peruanas durante las elecciones generales 2026.

Samamé Blas detenido ayer, lunes 13 de abril, por agentes de la Policía Anticorrupción, había presentado su renuncia a la ONPE el mismo domingo 12 de abril.

La fiscalía investiga si Samamé cometió alguna irregularidad en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga SAC.

A través de un escrito, el hombre reconoció su “responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido, por lo que presento mi carta de renuncia al cargo de Gerente de la Gerencia de Gestión Electoral”.

Samamé Blas en todo momento estuvo bajo absoluto silencio. También se dio a conocer que pasó los exámenes toxicológicos correspondientes y de medicina legal.

“Respeten a mi familia. Solo a ustedes les digo respeten a mi familia. Yo asumo las responsablidades”, sostuvo a los medios.

Según información de La República, José Samamé está casado con la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien trabaja en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Precisamente, el 22 de noviembre de 2023, la empresa Servicios Generales Galaga suscribió un contrato con la MML, por un monto de S/ 686,400. El acuerdo tenía como finalidad el traslado de materiales y equipos de la Subgerencia de Gestión y Fiscalización.

Fiscal de la Nación se pronuncia

En el podcast ‘Siempre a las 8′, que conduce la peridista Milagros Leiva, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga. No obstante, remarcó que sí hubo una negligencia.

En tanto, el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la Ofina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, este lunes 13 de abril, por las fallas logísticas registradas el último domingo, durante las elecciones generales.

La denuncia les imputa tres presuntos delitos, todos en perjuicio del Estado y de la sociedad y son: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora en el cumplimiento de actos funcionales; y la obstrucción del desarrollo regular del proceso electoral.

El Congreso de la República se alista para retomar el debate del Proyecto de Ley N.° 00842-2021-CR, que busca regular las plataformas digitales de intermediación, como Uber, Cabify, DiDi e inDrive. Esta iniciativa, aprobada en primera votación el pasado 15 de mayo y luego sometida a reconsideración, ha generado amplia controversia al establecer nuevas exigencias para los conductores y mayores obligaciones para las empresas que ofrecen servicios de taxi por aplicativo en el país.

Entre las principales disposiciones se contempla la creación del Registro nacional de empresas de intermediación digital para el transporte de personas(ReNEID) y del Registro nacional de usuarios afiliados a una o varias plataformas digitales (ReNUA). En estos registros deberán inscribirse todas las plataformas y conductores que deseen operar legalmente en el país. El ReNEID será supervisado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que el ReNUA estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La norma también establece que, transcurridos dos años desde su entrada en vigencia, los conductores afiliados deberán contar con una licencia de conducir clase A II-A. Además, no deberán tener antecedentes penales, judiciales ni policiales; deberán aprobar una evaluación psicológica, presentar su récord de conductor y operar vehículos que cumplan con condiciones técnicas específicas, como pasar una revisión técnica semestral, contar con cinturones de seguridad funcionales, extintor, conos de seguridad, y pólizas de seguros vigentes.

Por su parte, las empresas de intermediación digital estarán obligadas a registrar su operación ante el Estado, administrar y remitir información al MTC cada tres meses, garantizar mecanismos de seguridad dentro de la aplicación, y proporcionar información detallada sobre el conductor, el vehículo, la tarifa y las condiciones del servicio. También deberán contratar una póliza de responsabilidad civil general y permitir el acceso de autoridades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial a sus bases de datos en caso de investigaciones.

Cabe destacar que, el pasado 15 de mayo, el proyecto de ley fue aprobado en primera votación. Sin embargo, posteriormente, la congresista Patricia Chirinos presentó un pedido de reconsideración, por lo que deberá repetirse la primera votación. De ser aprobado nuevamente, el proyecto pasará a segunda votación o podría ser remitido al Ejecutivo. En caso de ser observado, el Congreso aún podría aprobarlo por insistencia.

En respuesta a esta propuesta legislativa, DiDi, inDrive, Uber y Cabify, junto a cámaras de comercio y asociaciones civiles, anunciaron que la iniciativa busca aplicar al sector de plataformas digitales una regulación diseñada para el servicio público de taxi, desconociendo su naturaleza tecnológica y modelo colaborativo. Según un comunicado oficial, estas plataformas no son operadores de transporte, sino herramientas que conecta a pasajeros con conductores particulares que operan de manera flexible, según su tiempo y disponibilidad.

“El dictamen propone reclasificar a las empresas como servicio público tipo taxi, exigiendo cambios de licencia, color de vehículo y otros requisitos típicos de transporte público que desnaturalizan el modelo, generan sobrecostos, limitan el acceso de los usuarios conductores y afectarían la calidad de la movilidad urbana”, manifestaron.

Que actualmente operan bajo un marco legal, han implementado tecnología avanzada para bancarizar los pagos y filtros de seguridad, así como realizar validaciones constantes de los conductores. “Imponer más trámites burocráticos no mejorará la formalización, sino que dificultará el acceso a un modelo de negocio eficiente y transparente, afectando la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros”, advirtieron.

En ese sentido, alertaron que el proyecto advierten que el proyecto afectaría directamente los ingresos de más de 150.000 familias que hoy encuentran en estas plataformas una fuente flexible y autónoma de generación de ganancias. “Un enfoque rígido afectará no solo a miles de usuarios conductores, sino también al desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno regulatorio que promueva la innovación y la libertad económica para todos”, concluyeron

Frente a estas disposiciones, diversos expertos han dado a conocer su postura. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó que las empresas por aplicativo vinculadas al transporte deben contar con un domicilio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Es conocido a nivel mundial, y también en el Perú, que el 90% de estas empresas destinan el dinero que reciben de sus afiliados al exterior sin pagar impuestos”, dijo.

Además, enfatizó que no se debe permitir que la tecnología sustituya las obligaciones legales. “Un aplicativo no reemplaza a un operador, y eso es muy peligroso porque origina simulación de posición de dominio”, dijo. Sin embargo, reconoció que las plataformas llegaron para quedarse. “Son una necesidad, debido a la realidad internacional y al comportamiento del usuario, pero esto no significa que tengan impunidad sancionadora”, agregó Ojeda.

Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, sostuvo que el transporte por aplicativo debe acogerse al mismo marco regulatorio que los servicios formales de taxi. “Los servicios de transporte están regulados en el país por normas existentes. En el caso del servicio de taxi, existe una norma que identifica las características del vehículo y el conductor. Las empresas de intermediación solo deberían afiliar a aquellos conductores que cumplan con los requisitos que exige la ley: auto y licencia adecuada, porque están brindando un servicio de transporte, no es cualquier cosa”, enfatizó.

Ambos expertos criticaron la postura de quienes defienden la “informalidad” argumentando desempleo. “Tienen el argumento de que más de 150.000 familias se quedarán sin trabajo. Lo siento mucho, el transporte no es el colchón social del desempleo. Existen normas sobre quiénes pueden brindar servicio de taxi y todos deben cumplirlas, inclusive los aplicativos”, dijo Florez.

Por su parte, la gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Brenda Sparrow explicó que las plataformas no están en contra de la regulación de las plataformas digitales y mucho menos en crear un registro como el que introduce el proyecto de ley.

“Nosotros, como representantes de la industria, consideramos de que es importante que hayan reglas claras para el desarrollo de este tipo de negocio. No obstante, lo que sucede con este proyecto es que está desdibujando la naturaleza de lo que es el servicio de plataformas de intermediación porque lo está equiparando con lo que representa un taxi”, explicó Sparrow.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú declaró que desde la empresa siempre se han mostrado a favor de la formalización del sector, por lo que ven “con buenos ojos” la creación de un registro como el ReNIED; sin embargo, destacó que el proyecto normativo considera erróneamente al servicio de movilidad por aplicativo como taxi.

“Medidas como el cambio de licencia, entre otras propuestas consignadas en el dictamen, desvirtúan nuestro modelo de negocio basado en tecnología y economía colaborativa y lo reclasifican como un servicio de taxi tradicional, yendo en contra de la preferencia de millones de usuarios pasajeros que consideran la movilidad por aplicativo más segura y eficiente. En ciudades con sistemas de movilidad más avanzados que los nuestros, coexisten los dos servicios, el de taxi con el de movilidad por aplicativo, cada uno con su propia regulación, generando multiplicidad de oferta para que los usuarios escojan lo que les conviene en cada momento”, expresó a este Diario.

En un comunicado enviado a este diario, Uber indicó que “el proyecto de Ley 842 no es el resultado de un proceso de diálogo participativo y no ha sido discutido con las partes involucradas, como empresas, conductores y usuarios”.

“El proyecto de ley pide que los conductores incurran en gastos y procedimientos que les impedirían continuar con su actividad o la encarecería, sin que esto signifique ninguna eficiencia o seguridad del servicio. En la práctica, el proyecto podría eliminar el derecho de los conductores a tener oportunidades de generar ganancias a través de la tecnología al establecer mecanismos como el bloqueo de las plataformas, perdiendo también los usuarios la opción de moverse de manera accesible y segura”, indicó.

Finalmente, Uber afirmó que mantienen “la disposición de participar de un diálogo que permita evitar el impacto negativo que tiene ese proyecto en su versión actual y abogamos porque no sea aprobado sin un debido proceso de participación”.

En tanto, Carlos Castellanos, director de Asuntos Públicos de DiDi Región Andina, planteó a través de un comunicado enviado a El Comercio, “la necesidad de que se evalúe el PL 842 sobre una base clara, que contemple el debate técnico y la participación de todas las voces involucradas. La ambigüedad en la regulación, sin la debida consideración de los actores técnicos, la exclusión de empresas de intermediación y, más importante aún, de los propios socios conductores, conlleva a una falta de reflexión técnica que puede dañar a la industria y afectar a miles de ciudadanos que encuentran en las plataformas una solución para su movilidad diaria”, dijo.

Agregó que el proyecto en mención “no comprende el modelo de negocio de la industria y podría causar una pérdida de ganancias para los conductores y desincentiva la innovación y la competitividad. La propuesta de regulación de esta actividad debe partir y considerar los principios de la economía digital colaborativa, que opera en todo el mundo para que los peruanos se puedan beneficiar de la misma”

“Sin duda, trabajar una regulación de manera colaborativa permitirá que la ciudadanía tenga acceso a mayores herramientas de seguridad y que reduzcamos ese dolor que aqueja a miles de peruanos, mientras que se busca proteger a más de 150,000 familias que actualmente generan ganancias a través de esta actividad”, señala.

Una larga fila de hasta 500 camiones estuvo estacionada frente al almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de entregar el material electoral y todos los insumos utilizados para las elecciones generales 2026, realizadas el 12 y 13 de abril. Los conductores, que venían de varios distritos, se vieron obligados a dormir en sus vehículos. Luego de casi 48 horas, les permitieron ingresar, pero sin brindar explicación alguna.

Toda la calle Los Eucaliptos estuvo repleta de camiones de la empresa Galaga, encargada de trasladar el material electoral. Los conductores señalan que algunos esperaban desde el domingo y otros desde el lunes. Provenían de distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Jicamarca, entre otros.

En el interior de las unidades había planillas sobrantes, computadoras, laptops, impresoras, entre otros equipos utilizados durante la jornada electoral del domingo y lunes.

Un conductor manifestó que “es un pésimo trabajo el que han hecho la ONPE y la empresa Galaga. Mire cómo nos hacen esperar. Estamos acá desde hace dos días y no nos atienden. Nos tienen con las puertas cerradas y estamos desvelándonos aquí. Todos tenemos familia y queremos volver con ellos, pero no nos hacen caso”.

“Pensé que solo me quedaría un par de horas, pero ya han pasado dos días y seguimos esperando. Así vemos que esta coyuntura no solo afectó a los electores y miembros de mesa, sino que el problema también se trasladó a los conductores. No nos dejan entrar y, aunque hay personal de la ONPE que podría ayudarnos a descargar el material, trabajan a su ritmo y por eso nos tienen aquí abandonados. No hemos comido nada porque por acá no venden alimentos. Es un lugar muy alejado. Quiero estar con mi familia”, agregó.

Finalmente, recién al mediodía del martes abrieron las puertas. Sin embargo, los conductores temen que no se les reconozcan las horas extras y cuestionan que no se haya brindado una explicación sobre esta situación.

Congreso cita jefe de la ONPE y JNE

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Entre los aspectos solicitados, el jefe de la ONPE tendrá que detallar las razones de carácter estructural y operativo que originaron las serias irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

A la sesión extraordinaria también fueron convocados el contralor general de la República, César Aguilar, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes deberán dar cuenta de las acciones emprendidas por las instituciones que lideran en relación con la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

Cabe señalar que ayer, lunes 13, la ONPE emitió un comunicado señalando que atiende distintos requerimientos de información, solicitudes de investigación, denuncias y acusaciones dirigidas contra la institución.

En esa línea, la institución sostuvo que “el país atraviesa un proceso electoral particularmente complejo, cuya organización recae en su institución, la cual además viene alistando las próximas elecciones regionales y municipales”.

“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Los pacientes beneficiados en la IV Campaña Quirúrgica Intramuro “Dr. Gerhard Ziemer” fueron menores con afecciones cardíacas de mediana complejidad, a cargo del propio equipo cardioquirúrgico del instituto, que está integrado por cirujanos de experiencia y jóvenes que vienen demostrado gran capacidad en el manejo de casos complejos, incluso en recién nacidos.

En esta jornada se operaron a dos bebés de 1 y 5 meses, cuya evolución viene siendo monitoreada por los especialistas en la Unidad Postoperatorio-Cardioquirúrgica; mientras que otro grupo de pacientes operados ya se encuentran en el servicio de Hospitalización con una recuperación favorable.

Los casos intervenidos fueron previamente seleccionados en junta médica multidisciplinaria institucional, priorizando cardiopatías de mediana complejidad, en su mayoría para cirugía correctora, que se realizaron del 6 al 11 de abril, utilizando dos salas de operaciones, lo que permitió hacer entre 2 a 3 cirugías por día.

El INSNSB, como centro pediátrico especializado quirúrgico, tiene una alta demanda de niños y adolescentes con cardiopatías congénitas, que son referidos desde distintas zonas del interior del país, realizando al año 400 cirugías cardíacas congénitas, la mayoría casos de alta complejidad y en recién nacidos.

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Una vez más las empresas de transporte público atacadas por la extorsión. Esta vez, en Comas, Las Uvitas fue blanco de un ataque armado en su oficina administrativa. De acuerdo con información policial, varios sujetos dispararon contra el local y dejaron una nota con amenazas dirigidas a los trabajadores de la empresa.

El atentado ocurrió alrededor de las 10 de la noche del lunes 13 de abril, en el sector de Collique. Dos impactos de bala alcanzaron la ventana del segundo piso del inmueble, situado cerca de la avenida Revolución,

Los extorsionadores exigen que la empresa se comunique de inmediato con ellos, señalando además que la organización quedaba bajo su supuesto control. Tras el incidente, los representantes de la compañía evitaron brindar declaraciones a las autoridades.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ellos corroboraron que el inmueble funciona como sede administrativa de la empresa cuya ruta cubre Collique y San Miguel.

Además, los efecitivos del orden recogieron los casquillos de bala en el exterior del inmueble para iniciar las diligencias correspondientes. Cabe señalar que, hasta el momento, los directivos no han presentado una denuncia formal.

Atentado previo a Las Uvitas

Las Uvitas ya registra antecedentes de violencia. En 2024, uno de sus conductores fue asesinado durante su jornada laboral mientras transportaba pasajeros en una ruta que llegaba hasta la avenida La Marina.

En ese caso, las investigaciones preliminares apuntaron a un enfrentamiento entre bandas criminales, vinculado a un grupo liderado por un sujeto conocido como el ‘Negro Marín’. Este contexto ha mantenido en alerta constante a los trabajadores de la empresa.

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Las Elecciones Generales 2026 estuvieron marcadas no solo porque no se abrieron varios locales de votación ante el retraso en la entrega del material electoral, sino también por las fallas que presentó el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementado por la ONPE, lo que originó la demora en la instalación de mesas de sufragio este 12 de abril. Esta situación se presentó en colegios del Callao, Ancón, Comas y Surco.

La STAE permitiría a los miembros de mesa una rápida instalación de la mesa de votación, así como una contabilización de los votos de una manera ágil, ya que iban a ser digitalizados. Es decir, brindaría asistencia al inicio y al final de la jornada electoral con el objetivo de reducir el error humano y la cantidad de actas observadas durante el proceso electoral. Sin embargo, al parecer, eso no funcionó así.

Para poner en funcionamiento la STAE se necesita de una impresora, una laptop y un USB, el cual contiene el sistema. Obviamente, dichos equipos deben contar con conexión a energía eléctrica e internet.

A través de las redes sociales, miembros de mesa y electores explicaron que, para iniciar el procedimiento, se tenía que imprimir documentos desde laptops que proporcionó la ONPE, pero los códigos no eran reconocidos en algunas mesas, lo que impedía la instalación de la mesa de sufragio. Ese problema también fue reportado por la Defensoría del Pueblo.

Lo que les llamó la atención a los miembros de mesa, según indicaron, es que durante las pruebas del uso del STAE no se presentaron los problemas que se reportaron este domingo. Ante ello, optaron por usar el método tradicional, es decir, registrar de manera física en cuadernos.

La ONPE había señalado que contaría con un coordinador de mesa STAE con el objetivo de brindar asistencia a los miembros de mesa y a los personeros con el uso de esa tecnología, sin embargo, estos últimos indicaron que dicho personal tampoco estaba capacitado.

La ONPE remarcó que el empleo de dicho sistema, que había sido desarrollada por sus especialistas, permitiría, supuestamente, conocer los resultados en un plazo más corto.

Opinión del especialista

José Villalobos, especialista en temas electorales, señaló a El Comercio que no pudo aplicarse el sistema STAE en algunas mesas porque las laptops e impresoras usadas para imprimir las actas no funcionaron debido a que en determinados locales no se contaba con luz eléctrica o había problemas con la conexión a internet.

En ese contexto, consideró lamentable esa situación, ya que, según recordó, el STAE se ha implementado solo en Lima Metropolitana y Callao, donde, a diferencia del interior del país, hay más proveedores.

La STAE es una herramienta desarrollada por la ONPE que, según dijo, facilitará el registro de información en las mesas de sufragio instaladas. Su funcionamiento en estas elecciones será solo en Lima Metropolitana y Callao.

De acuerdo con la ONPE, la STAE permitía validar la identidad de los miembros de mesa y de los personeros a fin de entregarles sus certificados digitales y, además, les permitía firmar de manera digital las actas de instalación y las hojas de control de asistencia.

Además, al finalizar el proceso, los miembros de mesa ingresarán al STAE el número total de ciudadanos que votaron y podrán firmar digitalmente las actas de sufragio.

Luego que los miembros de mesa realicen el conteo de votos y llenen la hoja borrador, trasladarán la información al STAE, generando el acta de escrutinio, la cual será firmada por los miembros de mesa y los personeros acreditados que así lo deseen.

La ONPE precisó que, cada vez que alguna persona firme algún documento, la STAE capturará una fotografía del firmante.

La falta de unidades para transportar todo el material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la accidentada jornada del domingo 12 de abril sigue siendo el foco de atención hoy lunes, cuando se puede ver que se usan taxis por aplicativo para trasladar todo el material electoral.

América Noticias, durante su cobertura en las afueras de un colegio en Villa El Salvador donde se pudo sufragar este domingo, vio cómo había una cola de taxis por aplicativo fuera de las instalaciones con papeles tamaño A4 pegados en sus parabrisas.

Esa era la única documentación que se podía ver desde afuera de los taxis para poder identificar que habían sido contratados por la ONPE para trasladar el material electoral que normalmente es transportado en camiones oficiales al inicio y al final del sufragio.

En este colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa y personeros pernoctaron luego de sufrir demoras en las instalación de las aulas y la implementación de todo el material a lo largo del domingo. Las cédulas recién terminaron de ser contadas y las actas llenadas en horas de la madrugada.

Por este motivo, los taxis hicieron cola durante las primeras horas de hoy lunes 13 de abril, en paralelo a la jornada electoral extraordinaria que se llevó a cabo en otros 13 locales de votación donde, por no haber recibido el material de la ONPE a tiempo, no se pudo sufragar el domingo.

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Este domingo 19 de marzo, 39 762 profesionales de la salud rendirán la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, que es organizado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Los profesionales inscritos pertenecen a 12 carreras de ciencias de la salud, entre ellos: medicina humana, enfermería, obstetricia, farmacia y bioquímica, nutrición, odontología, tecnología médica, psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria.

Serums 2026: ¿qué carreras tienes más inscritos?

Según el Minsa, la carrera con mayor número de inscritos es psicología, con 9589 postulantes. Le siguen:

• Enfermería (8486)
• Medicina humana (6894)
• Odontología (4199)
• Farmacia y bioquímica (2759)
• Tecnología médica (2052)
• Obstetricia (2049)
• Nutrición (1158)
• Trabajo social (1097)
• Biología (857)
• Medicina veterinaria (487)
• Ingeniería sanitaria (135)

¿Qué temas se preguntará en la prueba Serums?

Los contenidos del examen están divididos en cinco bloques temáticos: Salud Pública, Cuidado Integral de Salud, Ética e Interculturalidad, Gestión de Servicios de Salud e Investigación.

El Minsa ha puedo a disposición de los postulantes, la bibliografía oficial recomendada. Para accedes debes ingresar al siguiente enlace.

• Contenidos temáticos de la Evaluación para el SERUMS 2026 – I
• Bibliografía de la Evaluación para el SERUMS 2026

Esta situación respondió, según informaron las autoridades electorales, a problemas en la cadena de distribución del material, atribuida al incumplimiento del Grupo Galaga, la empresa encargada del transporte. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció que estos inconvenientes afectaron la apertura de múltiples locales, especialmente en Lima Sur, donde decenas de instituciones educativas no lograron instalar sus mesas a tiempo. La demora obligó a implementar medidas de contingencia para garantizar el desarrollo de los comicios.

El impacto de estas fallas se reflejó en largas colas, locales cerrados y electores esperando por varias horas para emitir su voto, lo que incluso llevó a las autoridades a evaluar acciones extraordinarias para asegurar el derecho al sufragio. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a un pleno de urgencia, mientras que se dispuso la ampliación del horario de votación (hasta las 6 p.m.) ante los múltiples retrasos registrados en la apertura de centros de votación en Lima Metropolitana.

En total, 13 locales de votación no lograron ser autorizados —3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 3 en Pachacamac—, representando a 52 251 electores, quienes podrán votar de 07 a.m. a 6 p.m. en las 187 mesas de sufragio que serán habilitadas. Además, la ONPE utilizará sus propios vehículos para el despliegue del material electoral siendo custodiados por la policía nacional del Perú.

Pese a que en términos porcentuales se trata de una fracción reducida del total nacional, el impacto de los electores perjudicados en total fue amplio: hacia las 2:00 p.m., cerca del 13% de mesas en Lima Metropolitana aún no se encontraban operativas, lo que afectó potencialmente alrededor de 1 millón de ciudadanos que enfrentaron demoras, incertidumbre o, en algunos casos, la imposibilidad total de ejercer su derecho al sufragio.

En Villa El Salvador, la jornada electoral estuvo marcada por serios retrasos en la distribución del material electoral. En el colegio Nuestra Señora de la Merced, más de un centenar de miembros de mesa permanecieron a la espera sin poder ingresar al local, lo que impidió el inicio oportuno del proceso. La situación no fue aislada, ya que diversos locales del distrito reportaron dificultades similares, evidenciando problemas logísticos que afectaron la instalación de mesas desde tempranas horas.

En San Juan de Miraflores, los incidentes alcanzaron niveles de tensión entre los electores. En el colegio Fe y Alegría, ubicado en Pamplona Alta, se registraron largas filas de ciudadanos que aguardaban bajo el sol mientras el local permanecía cerrado. Asimismo, en la institución educativa Inka Pachacutec, las demoras en la instalación de mesas provocaron que un grupo de votantes ingresara a la fuerza al recinto, incluso derribando parte de la infraestructura, en medio del malestar generalizado por la espera prolongada.

En Santiago de Surco, se reportaron múltiples inconvenientes vinculados tanto a la falta de material electoral como a fallas técnicas. En el colegio Innova Schools, solo se habilitaron 14 de las 40 mesas previstas debido a la ausencia de laptops, lo que obligó a iniciar el proceso de manera manual. En la Universidad de Lima, las mesas no fueron instaladas a tiempo, generando demoras de hasta dos horas y extensas colas. Problemas similares se registraron en instituciones como Warma Kuyay, Virgen de la Asunción y Nuestra Señora de la Reconciliación, donde la falta de material impidió el inicio puntual. A ello se suman los casos de la IE Mateo Pumacahua y el Cetpro Carlos Cueto Fernandini, donde la entrega incompleta de equipos retrasó la implementación total de las mesas de sufragio.

En Barranco, la IE 5061 Mercedes Indacochea presentó retrasos en la instalación de sus mesas de votación. Aunque la mayoría logró habilitarse con demora, algunas permanecieron pendientes debido a fallas de red y ausencia de miembros de mesa, lo que afectó el normal desarrollo del proceso en el local.

En San Borja, el colegio María Reiche evidenció retrasos en la llegada del material electoral, el cual arribó recién pasadas las 7:00 a. m., pese a que los miembros de mesa aguardaban desde horas de la madrugada. A ello se sumaron denuncias de votantes sobre presuntos malos tratos por parte del personal encargado, quienes habrían restringido el acceso a información y cerrado puertas ante las consultas de los electores, incrementando el malestar en el lugar.

En Jesús María, el parque Cáceres presentó dificultades en la habilitación de las mesas de votación. Las 14 mesas previstas no fueron instaladas oportunamente y la falta de fluido eléctrico retrasó aún más el inicio del proceso. Esta situación generó incomodidad entre los votantes que acudieron desde tempranas horas y debieron esperar en exteriores sin certezas sobre el inicio de la jornada.

En el distrito de Breña, la IE Albert Einstein registró problemas técnicos que afectaron el desarrollo de la jornada electoral. Según reportes, el personal indicó la existencia de fallas en el sistema, lo que impidió la instalación oportuna de las mesas y retrasó la atención a los electores.

En el Cercado de Lima, el colegio Melitón Carbajal, ubicado en el Estadio Nacional, presentó una instalación incompleta de mesas de votación. Varias áreas del local no lograron iniciar el proceso electoral a la hora prevista, lo que ocasionó demoras y congestión en el flujo de votantes.

En Miraflores, diversos locales evidenciaron problemas tanto logísticos como técnicos. En el colegio Champagnat, la falta de suministro eléctrico impidió el uso de laptops necesarias para iniciar la votación, pese a contar con el material electoral. Por su parte, el Colegio Médico del Perú abrió sus puertas recién al mediodía, acumulando más de cinco horas de retraso, lo que afectó principalmente a adultos mayores. A ello se suma el caso del colegio Carmelitas, donde más de 45 mesas no fueron habilitadas a tiempo, generando largas filas y malestar entre los electores.

En Magdalena, el colegio Francisco Bolognesi permaneció cerrado pese al inicio oficial de la jornada electoral, generando desconcierto y malestar entre los ciudadanos que aguardaban su apertura desde las primeras horas del día.

En San Isidro se reportaron retrasos en la instalación de mesas y en la apertura de los locales de votación, en línea con los problemas logísticos registrados en otros distritos de la capital, lo que afectó el inicio regular del proceso electoral.

Aunque los problemas se concentraron mayormente en Lima Sur y arrastró casos en Lima Centro, otras zonas de Lima también hubo retrasos. En Carabayllo, el colegio Ciro Alegría presentó inconvenientes técnicos que impidieron la instalación oportuna de las mesas de votación. La situación generó largas esperas y reclamos por parte de los electores, quienes permanecieron varias horas sin poder emitir su voto.

Para las 10:20 p.m., testimonios recogidos por este diario sostenían que, cumpliendo con sus labores como miembros de mesa, permanecían en plena labor de conteo. Rossana Echeandía, quien se desempeñó como secretaria de la mesa 045256 en el colegio CEI-42 Elizabeth Espejo de Marroquín, ubicado en Manuel Arce de la Oliva 225, en Miraflores, relató que la jornada electoral en su local estuvo marcada por un retraso significativo desde las primeras horas.

Pese a que los miembros de mesa acudieron desde las 6:00 a.m., el material electoral recién llegó alrededor de las 11:30 a.m., lo que obligó a una instalación tardía. Ante la ausencia de uno de los titulares, los suplentes asumieron funciones para habilitar la mesa con rapidez. Una vez iniciada la votación, se atendió de manera continua a los electores, quienes, aunque mostraban comprensible malestar por la demora, lograron participar en gran número: de aproximadamente trescientos votantes asignados, solo diez no acudieron.

Durante el cierre de la jornada, Echeandía señaló que el proceso se extendió debido a la necesidad de realizar el escrutinio y el llenado de actas de forma manual, ya que el sistema tecnológico previsto no fue implementado en su mesa. Según explicó, no se contó con computadoras ni impresoras, lo que obligó a completar toda la documentación a mano, incrementando la carga de trabajo en una etapa ya de por sí compleja. Al momento de la entrevista, los miembros de mesa aún continuaban llenando múltiples actas correspondientes a distintos procesos, en medio del agotamiento acumulado tras una jornada prolongada, aunque estimaban concluir en el transcurso de la siguiente hora.

Simultáneamente, Alexandra Arellan, tercer miembro en la mesa electoral 039055, en el colegio La Salle de Breña, señaló que, junto a los demás integrantes de su mesa de sufragio, aún no habían concluido el proceso de contabilización de los votos. La demora, explicó, responde a los contratiempos registrados a lo largo de la jornada, lo que extendió las labores más allá del horario previsto.

La jornada electoral estuvo marcada por un serio problema logístico atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., señalada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsable del retraso en la distribución del material electoral. Según informó la entidad, 211 mesas en al menos 75 centros educativos —principalmente en distritos de Lima Sur como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores— se vieron afectados por la tardía entrega de ánforas, cédulas y equipos necesarios para el inicio de la votación.

De acuerdo con fuentes de la ONPE, la empresa Galaga incumplió con el cronograma de distribución establecido, que contemplaba dos turnos de entrega del material electoral. Si bien habría cumplido parcialmente con el primer traslado, no ejecutó el segundo, lo que obligó a la entidad a activar un plan de contingencia.

El despliegue del material electoral inició la noche del viernes 10 de abril, a menos de 48 horas de iniciar las votaciones, con el objetivo de llegar a más de 2 mil locales. Meta que no lograron cumplir.

Entre las medidas adoptadas se incluyó la contratación de otros proveedores de emergencia e incluso intentos de traslado mediante servicios de taxi durante la madrugada, sin éxito. Como consecuencia, varias unidades de la empresa llegaron a algunos locales de votación alrededor de las 10:00 a.m. y se retiraron incluso al mediodía después de descargar el material.

Se supo que la empresa Galaga habría convocado, hace una semana, mediante su cuenta en LinkedIn, la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución para el proyecto electoral en Lima y Callao. Todo indicaría que no pudo contratar a los proovedores necesarios para la operación.

Frente a estos hechos, la ONPE anunció el inicio de acciones legales y penales contra la compañía por el incumplimiento contractual.

Servicios Generales Galaga es una empresa fundada en marzo de 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien actualmente se desempeña como gerente general. Se presenta como una compañía especializada en logística y transporte de carga, incluyendo equipos tecnológicos y distribución de mercancías, con sede en San Juan de Lurigancho.

El 9 de marzo de 2026, la ONPE le adjudicó un contrato por S/ 6,368,332.75 para el servicio de transporte de material electoral a nivel nacional, que incluía tanto el despliegue como el repliegue de equipos e insumos. No obstante, la empresa ya había recibido penalidades previas por incumplimientos, como una sanción de S/ 6,803 en 2023.

Además, entre 2018 y 2026, Galaga ha acumulado al menos 25 contratos con entidades públicas, incluyendo el Ministerio de Vivienda, Cenares, la Diris Lima Sur, la Municipalidad de Lima y programas del sector Educación, por montos que superan varios millones de soles. Días antes de los comicios, incluso, la empresa había convocado a proveedores para conseguir hasta 400 unidades de transporte tipo furgón, lo que evidenciaría dificultades logísticas que finalmente impactaron en el desarrollo de la jornada electoral.

Por su parte, el gerente general de la empresa, Juan Charles Alvarado, señaló que, por el momento, “guardará silencio”, indicando que las acusaciones formuladas por los organismos electorales deberán ser demostradas. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que también emprenderá medidas legales contra los responsables de las demoras que afectaron la instalación de mesas de sufragio.

Otro de los elementos que retrasaron las elecciones generales es el llamado sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), el cual se presenta como un sistema implementado por la ONPE con el objetivo de agilizar y hacer más seguro el llenado de actas de escrutinio por parte de los miembros de mesa. Este sistema está conformado por una laptop, una impresora y un dispositivo USB que funcionan de manera conjunta. A través de este mecanismo, los resultados de la votación —incluyendo votos válidos, en blanco, nulos y viciados— son digitados en la computadora tras una verificación inicial en una hoja borrador, permitiendo generar actas más legibles, reducir errores y disminuir la cantidad de actas observadas.

En condiciones normales, la STAE facilita significativamente el trabajo en mesa: permite validar inconsistencias mediante alertas automáticas, registrar la participación de personeros y producir múltiples copias impresas de las actas. Sin embargo, su correcto funcionamiento depende de la disponibilidad de equipos completos y operativos, así como de condiciones básicas como energía eléctrica y conectividad interna.

Durante la jornada electoral, precisamente estos elementos fueron los que fallaron en diversos locales de votación. La ausencia de laptops, fallas en impresoras, problemas de red o falta de suministro eléctrico impidieron que la STAE pudiera ser utilizada con normalidad. En consecuencia, muchas mesas no pudieron instalarse o iniciar sus funciones, ya que el sistema es parte clave del procedimiento técnico exigido para el desarrollo del escrutinio.

En algunos casos se optó por mecanismos manuales, pero estas soluciones no siempre fueron inmediatas, lo que contribuyó a los retrasos generalizados en la apertura de mesas y al desarrollo irregular de la jornada electoral.

Ante los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio durante las primeras horas de la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una modificación excepcional del cronograma electoral a nivel nacional. La medida respondió a los problemas logísticos derivados de la tardía llegada del material electoral en diversos distritos de Lima Metropolitana, lo que había impedido que múltiples locales iniciaran la votación en el horario previsto.

En ese contexto, el pleno del JNE, encabezado por su presidente, Roberto Burneo, evaluó la situación en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y aprobó una ampliación de los plazos con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio.

Como parte de esta decisión, se estableció que el horario límite para la instalación de mesas de votación se extendería hasta las 2:00 p.m., permitiendo así que los locales afectados por los retrasos pudieran completar su implementación incluso varias horas después del inicio oficial de la jornada. Asimismo, se dispuso la extensión del horario de votación hasta las 6:00 p.m., ampliando en una hora el cierre de los centros de sufragio a nivel nacional. Esta medida buscó compensar el tiempo perdido durante la mañana y asegurar que los ciudadanos que permanecían en largas filas pudieran emitir su voto.

La ampliación de horarios fue solicitada formalmente por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien reconoció los inconvenientes ocasionados y atribuyó los retrasos a fallas en el cumplimiento del servicio por parte de la empresa encargada de la distribución del material electoral. Tanto el JNE como la ONPE ofrecieron disculpas públicas a la ciudadanía por las demoras registradas e hicieron un llamado a mantener la calma y acudir a votar.

Además, se precisó que estas medidas excepcionales también permitirían evitar la nulidad de mesas afectadas por causas ajenas a su funcionamiento, priorizando en todo momento la continuidad del proceso y el ejercicio pleno del derecho al voto.

En los casos en que los locales de votación no llegaron a abrir o no se logró instalar la totalidad de mesas de sufragio, aquellas personas que no lograron ejercer su derecho al voto serán exonerados de la multa. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 211 mesas de sufragio no pudieron ser habilitadas en 15 locales de votación, lo que impactó a 63.300 electores que no pudieron ejercer su derecho al voto. Estos locales se concentraron en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde el material electoral no llegó a tiempo pese a los intentos de despliegue por distintas vías.

Frente a esta situación, la ONPE ha señalado que los ciudadanos afectados no serán perjudicados administrativamente. La entidad anunció que iniciará los trámites correspondientes para exonerar de multas tanto a los electores que no pudieron votar como a los miembros de mesa que no lograron cumplir con su función debido a estos problemas logísticos. Esta medida busca garantizar que la omisión al sufragio, en estos casos, no sea sancionada, al tratarse de una causa ajena a la voluntad de los ciudadanos.

Según datos oficiales, se logró instalar el 99,8% de las 92.012 mesas de sufragio a nivel nacional. En ese sentido, el sistema electoral ha asegurado que priorizará la protección del derecho al voto y la no penalización de quienes se vieron directamente afectados por estas fallas.

En regiones fuera de Lima, la jornada electoral se desarrolló con mayor normalidad, aunque no estuvo exenta de momentos simbólicos y desafíos puntuales. En Huancavelica, por ejemplo, se registró un acto destacado de civismo cuando efectivos policiales asistieron a una adulta mayor con movilidad reducida para que pudiera emitir su voto, reflejando el compromiso ciudadano incluso en condiciones adversas.

En Arequipa, la primera mesa de sufragio del país se instaló desde las 4:45 a.m. en el distrito de Huanuhuanu, evidenciando un inicio temprano y ordenado del proceso.

Asimismo, en regiones como Áncash y La Libertad no se reportaron retrasos significativos, en contraste con Lima. En paralelo, el proceso estuvo marcado por una alta participación juvenil a nivel nacional, con millones de votantes menores de 30 años, especialmente en regiones del norte y sur del país, que tuvieron un rol clave en el desarrollo de la jornada electoral.

Luego de reportarse daños en la infraestructura del Institución Educativa Inca Pachacútec 6037, ubicada en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que garantizará la continuidad de las clases este martes 14 de abril.

Ante la demora en la instalación de mesas, un grupo de electores derribó parte del cerco perimétrico del centro educativo, que fue elegido como un local de votación.

Tras esto, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) decidió elaborar un expediente técnico que sustente los perjuicios ocasionados en el centro educativo como daños a la puerta, al cerco perimétrico y las estructuras afectadas.

“No ha sido una acción espontánea de personas que reclamaban su derecho al voto; ha habido una acción premeditada de un grupo que hizo uso de objetos contundentes para forzar la puerta, derribarla e ingresar al local”, precisó el docente.

Con esto, el Minedu solicitará formalmente, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la transferencia de recursos para subsanar los daños reportados en la institución educativa. “Solicitaremos formalmente a la ONPE la transferencia de recursos para atender estos daños”, detalló

Además, aseguró que se interpondrá una denuncia ante la comisaría para que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los daños.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a una fiscalizadora de local de votación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), identificada como Zaira Velásquez Mejía (22), quien ha sido acusada de romper 18 cédulas de sufragio en la institución educativa Antonio Raimondi.

Según la PNP, la detención se ejecutó alrededor de las 8:00 la noche del domingo 12 abril, bajo la modalidad de flagrancia, en la ciudad de Trujillo, La Libertad.

El accionar de la fiscalizadora se habría producido durante el proceso de escrutinio en la mesa N.º 028482 del local de votación. Los motivos aún son materia de investigación.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes de la Comisaría Ayacucho intervinieron de forma inmediata tras detectar la presunta comisión de un delito que compromete la integridad del proceso electoral.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia, que estará a cargo de las investigaciones preliminares para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos.