Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

Una propuesta de la congresista Kira Alcarraz busca que las multas que se apliquen a los conductores por infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), tal como ocurre actualmente. En un país en el que existe una alta tasa de evasión al pago de papeletas, la iniciativa ha llamado la atención.

En el sustento del proyecto N° 14388/2025-CR, que fue presentada el pasado 10 de abril y se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alcarraz señala que se busca “garantizar la proporcionalidad y razonabilidad ante la imposición de una multa de tránsito”.

En su proyecto, Alcarraz precisa que la norma, en caso se apruebe, se aplicaría a los choferes de transporte público de pasajeros y de vehículos menores, así como los conductores de transporte privado, incluyendo vehículos particulares y motocicletas.

No obstante, remarcó que quedarían excluidos del ámbito de aplicación las personas jurídicas, así como las empresas de transporte, concesionarios, operadores y demás sujetos que desarrollen actividad empresarial vinculada al transporte, a quienes se les sancionará con base en la unidad impositiva tributaria (UIT)

Cabe recordar que Kira Alcarraz protagonizó dos incidentes en las vías. En una oportunidad, la congresista fue acusada de agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en otra ocasión, fue intervenida y llevada a la comisaría de San Borja luego que se constara que el conductor de su vehículo presentaba un grado de alcohol superior al permitido.

Kira Alcarraz explicó a El Comercio que su propuesta apunta a que “las multas sean proporcionales a la infracción y a la capacidad de pago de cada persona” y aseguró que, de aplicarse, se acabarían los procesos judiciales y administrativos que plantean los conductores para anular las papeletas o que prescriban.

“Las multas son impagables en la actualidad y se acabaría con los procesos judiciales o administrativos. Lo que se pretende evitar es que quieran impugnar estas multas incalculables”, refirió.

“Se busca que las multas sean más justas y que, de alguna manera, no afecten demasiado a las personas que no tienen dinero y sobreviven con el sueldo mínimo”, agregó.

Remarcó que su proyecto, en caso se convierta en ley, erradicaría las mafias de tramitadores que sorprenden a los conductores respecto al pago de las papeletas. Por ello, aclaró que su iniciativa no pretende fomentar la impunidad.

“Esta iniciativa no busca eliminar sanciones ni promover la informalidad o la irresponsabilidad vial, por el contrario, apunta a fortalecer el cumplimiento de la norma mediante el sistema que sea percibido como justo y razonable”, afirmó.

“No habría tanto proceso administrativo para impugnar papeletas. A veces la gente no puede pagar y lo que hace es esperar que prescriban”, añadió.

No obstante, precisó que su propuesta no contempla que se aplique el beneficio del pronto pago a las papeletas calculadas sobre el salario mínimo, el cual sí se estaría permitido para las multas que son fijadas a través de la UIT. La legisladora espera que su proyecto sea aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y llegue a debatirse en el pleno en la presente legislatura.

Como “populista” calificó Franklin Barreto, especialista en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, la iniciativa de Kira Alcarraz, pues recordó que no corresponde con la realidad del país, ya que se registra un alto porcentaje de evasión al pago de las multas de tránsito.

El especialista indicó a El Comercio que a la gran mayoría de conductores del país no le interesa conocer la base sobre la cual se aplicará la multa por la infracción cometida, pues aseguró que ellos simplemente buscan no pagar la sanción, por ello, recordó que existen “mafias” que tramitan impugnaciones y apelaciones con el objetivo de que las papeletas prescriban.

“Las personas dicen que cambien la base sobre la cual se hará el cálculo (de la multa), pero no les interesa mucho, lo que ellos quieren es simplemente no pagar. Avizoró que en la segunda vuelta (de las Elecciones Generales 2026) uno de los temas será esto”, indicó.

Además, Barreto advirtió que, de aprobarse la propuesta de Kira Alcarraz, se podría generar un desorden en el Estado, ya que, según recordó, se toma como referencia el valor de la UIT para aplicar las diversas multas para tener una uniformidad.

Por ello, remarcó que, en vez de bajar los montos de las multas de tránsito, se deberían mejorar los sistemas administrativos para concretar el cobro de las sanciones.

“Lo que se debe hacer es que los sistemas administrativos que cobran este tipo de infracciones sean más efectivos y puedan cumplir el objetivo, que es disuadir al infractor, corregir su comportamiento, pero acompañado de políticas de educación y seguridad vial”, afirmó.

“El efecto disuasivo se genera cuando se tiene el conocimiento de que la infracción tiene una consecuencia real, pero en nuestra realidad no es así”, agregó.

Barreto indicó que una posible rebaja de las multas sí podría incentivar el pago de papeletas, pero consideró que “eso no significa que la mayoría se acoja a esos descuentos, ya que siempre piensa en no pagar”.

Este diario intentó comunicarse con la congresista Kira Alcarraz. Sin embargo, no fue posible concretar una entrevista.

La propuesta de Kira Alcarraz “no parece adecuada”, ya que el monto del sueldo mínimo no se actualiza cada año, como sí ocurre con el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT), indicó Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, a El Comercio.

“Debe mantenerse el cálculo de la sanción sobre la UIT porque eso hará que cada año la multa pueda actualizarse”, aseveró Vélez.

No obstante, remarcó que las normas deben ser nuevamente reguladas, pues consideró que hay multas cuyos montos son desproporcionados y que se vuelven impagables con el paso del tiempo.

“Lo que hay que hacer es volver a regular las multas porque en muchos casos son demasiadas altas y van en contra del principio de sanción en el sentido de que ya prácticamente son impagables para muchos peruanos”, afirmó Vélez.

“Se debe volver a regular la normativa porque hay sanciones que son extremadamente altas y tienen que ser proporcionales. Prácticamente se ha perdido el principio de proporcionalidad”, agregó.

Explicó que hay sanciones que son muy graves y no tienen los montos de multas que tienen otras que no son tan graves. Además, enfatizó que, pese a que se imponen multas altas, no hay una adecuada fiscalización de parte de las autoridades, lo que permite, según dijo, que colectivos informales sigan circulando pese a que acumulan sanciones millonarias.

Ante las acciones que realizan algunos abogados o tramitadores para lograr que las multas se judicialicen y prescriban, Vélez planteó la creación de tribunales de tránsito para que pueda resolverse las apelaciones u oposiciones de los conductores lo más rápido posible.

Por último, advirtió que en los últimos años se ha visto que se están impulsando “normas demagógicas en vez de normas técnicas”. “Un congresista que quiera mejorar el sistema de transporte y los problemas de seguridad vial debería coordinar con los técnicos, en este caso el MTC, y no proponer normas sin el debido sustento técnico”, explicó.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), opinó que el sueldo mínimo es una “buena base” para calcular las multas de tránsito, pero consideró que eso debería ir acompañado de la aplicación de una “proporcionalidad y racionalidad” de las sanciones.

“El sueldo mínimo es una buena base, pero la razonabilidad de la propia multa es también importante. La escala hay que modificarla”, afirmó Kunckel a El Comercio.

En ese contexto, cuestionó que el circular sin luces por una vía tenga una multa mucho menor que el pasarse en 5 km/h la velocidad máxima, pese a que la primera circunstancia es mucho más peligrosa.

También recordó que se sanciona con 2,575 soles a los conductores cuyos vehículos no pasaron por la revisión técnica, pese a que en algunos casos los vehículos tienen solo tres años de antigüedad y se encuentran en perfectas condiciones.

La propuesta de Kira Alcarraz no es la primera que se presenta en el Congreso para reducir el monto de las multas de tránsito. José Luna Gálvez presentó, en enero pasado, una iniciativa para crear el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre, que permita “la reducción de hasta el 98%” del total de las multas impuestas a los transportistas, lo cual sería posible mediante la conversión de las sanciones a cambio de seguir cursos de educación vial.

Remarcó que el objetivo de la iniciativa es aliviar la carga económica de miles de conductores, así como su reinserción vial, promover la formalización del sector y reforzar la educación en seguridad vial en todo el país.

El proyecto establece beneficios de reducción de multas e infracciones impagas, incluyendo intereses y recargos, según la gravedad de la falta. Se propone el 98% de reducción para infracciones leve; 95% para infracciones graves, y 92% para infracciones muy graves.

Luna Gálvez refirió que estas medidas buscan ofrecer una salida viable a conductores que, debido a la acumulación de sanciones y altos costos, “han quedado fuera de la formalidad y sin posibilidad de recuperar su actividad económica”.

“No podrán beneficiarse de este programa quienes cometieron infracciones relacionadas con conducción en estado de ebriedad o drogas, manejo sin licencia, accidentes con lesiones graves o muerte, carreras ilegales o agresiones al personal de fiscalización”, explicó.

El legislador subrayó que, además, esta norma no beneficiará a quienes hayan puesto en riesgo la vida de terceros y que, para acceder a los beneficios planteados, los conductores con infracciones graves o muy graves deberán completar cursos de buenas prácticas en seguridad vial y aprobar exámenes de conocimientos y manejo.

“Este beneficio no es un cheque en blanco. En caso de recuperar la licencia, esta tendrá un periodo de prueba de tres años, durante el cual la acumulación de pocos puntos podría generar su cancelación definitiva”, sostuvo Luna Gálvez cuando sustentó su iniciativa.

“El proyecto implica una reducción en la recaudación por multas. A cambio, ofrece beneficios directos a conductores y un impacto positivo para la sociedad al promover mayor capacitación, menos infracciones y menos siniestros. Además, le damos una nueva oportunidad a miles de peruanos, para que puedan reactivar su propia economía”, agregó.

En medio de esta trama aparece la figura de un hombre, cuya labor como operador logístico resultaba clave para la organización criminal vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

La pieza clave para que los asaltos de ‘Los Injertos del Callao’ fueran exitosos, tiene nombre y apellidos: José Alberto Barba Huamán, alias ‘Barba’. Según la Policía, lejos de ser un delincuente común, ‘Barba’ aprovechaba su trabajo en el sector para “marcar” a sus víctimas. Su objetivo principal eran transportistas que trasladaban oro rumbo el Callao.

Según registros públicos, Barba Huamán figura como gerente de la empresa Garate Logística Integral S.A.C., dedicada precisamente al transporte y almacenamiento de carga. Esta posición le habría permitido conocer de primera manos las rutas, horarios y protocolos de seguridad de los cargamentos.

Fue así como, presuntamente, obtuvo la información para el golpe del pasado 22 de marzo, cuando, mediante un tercero convocó a los taxistas César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres para trasladar ocho kilos de oro desde Miraflores al Callao.

Una vez que tenía la ruta y el horario, ‘Barba’ le lanzaba la información al ‘Cholo Jean’, líder de ‘Los Injertos del Callao’, para que sus sicarios los interceptaran con armas de largo alcance en el puente de la avenida Escardó, en el distrito de San Miguel.

Para evitar sospechas, ‘Barba’ aplicaba una táctica de manual. “Salía del país días antes de la fecha de los atracos como el último asalto en la Costa Verde”, señaló una fuente policial, en referencia al robo de los lingotes de oro en la Costa Verde.

El organigrama de la Dirincri identifica al alias ‘Cholo Jean’ como el jefe absoluto, pero debajo de él operaba un brazo ejecutor altamente violento. Entre ellos destacan sujetos conocidos como “Manuelito”, “Loco Dannfer” y José Nole Palacios (a) “Pepe Nole”. Este último habría escapado herido tras un feroz enfrentamiento a balazos con los agentes, y su captura es hoy una prioridad para la policía.

La banda parece haber tejido una estrategia de defensa con tal de desviar la atención sobre los reales cabecillas de su organización. Ante la Policía, quién asumió la autoría del atraco y liderazgo de la banda fue un sicario de 17 años, integrante de la banda. “Dirigí el asalto en la Costa Verde. Soy yo el que sale con el arma de largo alcance”, le confesó al general PNP Víctor Revoredo.

Sin embargo, el organigrama policial desmiente esta versión.

Sicario liberado

La captura de alias ‘Dominick’ desnudó el nivel de opulencia de la banda. Pese a su corta edad, vivía en un exclusivo condominio en el Rímac y se desplazaba en una costosa y moderna camioneta. Aunque cayó con una pistola y placa clonada, y confesó ser quién empuñó el fusil de guerra en el asalto de la Costa Verde, el menor fue puesto en libertad.

Para los investigadores, la confesión del adolescente sería una estrategia de “autoinculpación” para proteger a la verdadera cúpula debido a su condición de inimputable por tratarse de un menor de edad.

La desarticulación de la red incluyó el allanamiento de 19 inmuebles en Ventanilla, Callao y Breña, donde se incautaron armas de guerra y chalecos policiales.

Respecto a José Barba Huamán, el operador logístico clave en los atracos de ‘Los Injertos del Callao’, si bien la Fiscalía solicitó su detención preliminar, un juzgado desestimó la medida, aunque sí autorizó el allanamiento de su domicilio para que la policía busque evidencias que permitan esclarecer su relación con la banda del ‘Cholo Jean’.

Aún no se han detallado los objetos incautados en dicha diligencia, pero las indagaciones preliminares de la Policía vinculan directamente a Barba con el asalto en la Costa verde. Asimismo, relaciona su último viaje a Brasil del 16 al 23 de marzo como una estrategia para desvincularse del asalto.

La mañana del martes, Reggiardo aseguró a la prensa que “el tren está listo”. Y añadió: “Hemos hablado con el concesionario -Ferrocarril Central Andino - FCCA- y están todas las pruebas hechas”. También comentó que solo se encontraban a la espera de la autorización formal del MTC.

Sin embargo, esa misma noche el ministerio respondió al burgomaestre mediante un comunicado en el que explicaba que para ello aún se requería que la estructura ferroviaria “se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad”.

El MTC resaltó, en ese sentido, que “se necesita la implementación de paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, sistemas de señalización automática, barreras automatizadas o dispositivos de seguridad en cruces a nivel automatizado, y una vía segregada que brinde seguridad tanto a los usuarios como a terceros que puedan cruzar la vía”.

🚨 Comunicado pic.twitter.com/KPqyGgT9sH

— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 1, 2026

La mañana del miércoles Reggiardo insistió en su pedido al MTC y, además, se declaró “preocupado” porque el comunicado del ministerio “no dice cuándo se dará la autorización”. “Necesitamos ese permiso“, agregó el alcalde.

El burgomaestre se refirió especialmente al punto 3 del comunicado del MTC, donde se asegura que la autorización brindada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para habilitar el tránsito de una locomotora con cinco vagones desde Chosica hasta la estación de Monserrate “no implica el inicio de operaciones”.

El recorrido al que hacen referencia fue una “marcha en vacío” realizada el 11 de diciembre, varios días antes de la firma del convenio entre el MTC y la MML, con el fin de evaluar el funcionamiento de las máquinas y la resistencia de la vía.

El gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Florez, recuerda que desde el inicio de la discusión sobre la viabilidad de este proyecto se solicitó que se adecuara la infraestructura para la circulación de un tren de pasajeros.

En sus declaraciones del miércoles, Reggiardo solo aseguró que el sistema ferroviario se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

En enero, El Comercio informó que el FCCA había advertido en una de las cinco mesas técnicas organizadas por el MTC que existen 49 cruces vehiculares de alto riesgo durante el trayecto que cubriría el tren. Precisamente en uno de esos encuentros el MTC había estimado que se necesitaban más de tres años para poder poner en marcha el servicio.

En contraposición, la MML había planteado un plan de tres etapas, donde la primera sería un servicio expreso desde el Parque de la Muralla hasta Chosica; la segunda agregaría paraderos intermedios, mientras que en la tercera se completarían los 14 paraderos previstos y se implementaría una segunda vía para contar con el servicio de ida y vuelta simultáneo.

Durante un recorrido realizado en enero, este Diario pudo constatar que en las zonas de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Santa Clara, Huaycán, Santa Anita, El Agustino y Cercado de Lima se registraban invasiones de vehículos a la vía, había viviendas y paraderos de transporte público construidas cerca de los rieles, además de la ausencia de señalización y barreras de seguridad.

En ese sentido, Florez considera que “es un cruce de palabras en el que ninguno de los dos miente”, pues “es cierto que al material rodante ya le han hecho mantenimiento, correcciones y pruebas”, pero también se mantienen las deficiencias sobre la vía que recorrerá.

“Es como comprarse un carro y no tener brevete ni pista donde manejarlo”, resume.

El experto considera que uno de los principales retos gira precisamente en torno a este punto, pues resulta determinante que se definan responsabilidades sobre una vía “que ya está concesionada a un operador”.

En ese sentido, Florez criticó la falta de detalles en la comunicación del MTC: “Ya sabemos que se necesitan paraderos y arreglar la vía, lo que no sabemos es el calendario de obras valorizadas, quién las va a ejecutar y de dónde saldrán esos fondos”.

Al respecto, el ministerio se limitó a señalar en su comunicado que suscribirá “un Convenio de Delegación de Competencias, a favor de ProInversión”.

Cabe resaltar que El Comercio solicitó descargos a la MML, al MTC y a ProInversión. Al cierre de este artículo el municipio y el ministerio se limitaron a las declaraciones públicas de los últimos días, mientras que la agencia no respondió a la solicitud.

Florez resume este nuevo cruce de declaraciones como una repetición de lo que se ha vivido en los últimos meses y sospecha que se buscaría reavivar el tema con otro propósito. “Para mí tiene claramente un fin electoral. Sirve para refrescarle la memoria al electorado sobre las buenas obras y gestión de López Aliaga, con lo cual no discrepo pero se está utilizando para hacer aparentar como el malo de la película al MTC y no es así”, comenta.

Este debate, además, se da en paralelo a otras iniciativas en el Parlamento que buscan modificar las reglas del servicio de taxi por aplicativo, lo que evidencia un nuevo intento del Legislativo por reconfigurar el sistema de transporte sin una visión integral, al equipararlos al taxi tradicional.

El dictamen fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, y establece una prórroga adicional de 4 años una vez que culmine el plazo vigente para la formalización en diciembre del 2027, extendiendo su vigencia hasta el 24 de diciembre de 2031.

Con ello, se buscaría facilitar el camino para prolongar un régimen de transporte que ha recibido serios cuestionamientos desde que fue aprobado en el 2020. Según precisa la norma, durante el periodo previo al inicio de la nueva prórroga se mantendrá vigente el reglamento del servicio temporal de transporte en vehículos colectivos.

“Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente”, expresó el titular de la comisión, Juan Carlos Mori, durante la sustentación.

Toto empezó en el 2020, cuando, en vez de combatir el transporte informal de pasajeros, el Congreso aprobó y promulgó la Ley N° 31096, con el objetivo de formalizar a los automóviles colectivos, no solo a aquellas unidades de clasificación M1, sino también incorporando a los vehículos de más de 8 asientos (de tipo M2).

La ley contemplaba una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la autoridad competente emitiera una opinión favorable.

Es por ello que en diciembre del 2024, el Congreso aprobó la ampliación de la vigencia para la formalización de autos colectivos a nivel nacional, con excepción de Lima metropolitana y el Callao, por tres años más. El dictamen consiguió 83 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones; y fue exonerado de segunda votación.

Es decir, inicialmente, vencía en el 2024, pero tras pedir una ampliación hasta el 2027, esta recibió el visto bueno del MTC. No obstante, la nueva extensión hasta el 2031, deberá ser una decisión netamente del Congreso, pues, el rol técnico del MTC se agotó con la opinión favorable para el periodo actual. Cualquier ampliación posterior requiere de una ley expresa.

De hecho, cuando se le pidió comentarios sobre este proyecto al ministerio, el 03 de marzo de este año, recordó que ya había dado luz verde para que se amplíe hasta 2027 y que nuevas extensiones recaen en el Congreso.

En tanto, esta norma ha sido objeto de críticas desde su origen. En el 2021, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, frente al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano.

Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, dijo a El Comercio que el dictamen en mención ahora pasará a Pleno, donde de ser aprobado, significaría que los autos colectivos puedan prácticamente transitar libremente sin ser fiscalizados hasta el 2031, lo cual calificó como un “desacierto absoluto”. Indicó que su asociación no está de acuerdo con esta medida ya que consideran que el resultado será involucionar el transporte con pequeñas unidades.

“Estos vehículos ni siquiera pasan por revisión técnica y tampoco son fiscalizados. No solo hacen daño al medio ambiente, sino también a los mismos peatones pues son protagonistas de accidentes. Es una medida demagógica, con criterio político, que va en contra de todo principio técnico", señaló.

En tanto, Adrián Revilla, presidente de la asociación Cruzada Vial, consideró la medida tomada por la Comisión de Transporte del Congreso como “un absurdo”, pues lo que se debe buscar es promover la macro movilidad, en ómnibus por ejemplo, y en vehículos adaptados con medidas de seguridad, choferes debidamente preparados.

“Tiene que haber una política integra, nacional, del Ministerio de Transportes, para avanzar hacia un buen sistema de transporte público. No podemos pretender avanzar con parches”, manifestó.

Revilla agregó que muchos autos colectivos hacen “trampa”, llevando el servicio de transporte por donde no está permitido. Asimismo, la persona que quiere llegar temprano a su destino aborda estos vehículos sin medir los riesgos y las consecuencias.

“Está tomando un vehículo conducido por una persona que no tiene ni habilidad de manejo ni las capacidades requeridas. El vehículo tampoco presta la debida seguridad. O sea, el irrespeto que tenemos por las personas en el Perú que tienen que movilizarse en transporte público es muy grave“, destacó.

Por otro lado, Alfonso Florez, gerente general de Fundación Transitemos, detalló que estos tipos de vehículos, como lo son los taxis colectivos, no cuentan con GPS ni rutas definidas. Indicó que supuestamente se trató de regularlo para que puedan brindar un servicio en rutas no atendidas o con insuficiente atención en el ámbito intrarregional, con una limitación en kilómetros. Sin embargo, precisó que no respetan lo establecido.

“Vemos cómo le sacan la vuelta al tema tramitando licencias en cada departamento, con lo cual pueden hacer un viaje de Lima a Tumbes cambiando de licencia por cada región. Se previó que esto iba a pasar. No cumplen con la norma de velocidad que está reglamentada, van a exceso de velocidad y nadie los fiscaliza porque no tienen GPS", explicó.

Para Revilla, debe de haber un fuerte interés de por medio para que ciertos congresistas estén “desesperados” en pretender ampliar la vigencia de la formalización de autos colectivos aun a dos años de que se venza. “Pretender ampliarlo sin ningún criterio responde a intereses que están detrás simplemente”, dijo.

Antes de pensar en prorrogar el plazo de una norma, son saber realmente si se requiere o no, hay que ver y analizar qué es lo que se ha logrado hasta ahora con la ley, si se ha conseguido mejorar el servicio, si ha sido útil, si ha servido de algo, si funciona o no.

Por otro lado, Vélez resaltó que “justamente” esta medida se aprueba en un momento próximo a las elecciones y teniendo a muchos de los congresistas que van a la reelección. Sostuvo que definitivamente hay intereses en juego. “Hay que tener en cuenta que los colectivos informales no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, hay muchos intereses que corre diariamente en este negocio“, dijo.

Por ello, Vélez espera es que el Pleno del Congreso no termine por aprobar esta medida y muchos menos que obtenga el respaldo del Ejecutivo. “Tiene que que primar el criterio técnico y tenemos que ir hacia una formalización, a una evolución del sistema de transporte", sentenció.

En tanto, Florez subrayó que desde Transitemos se muestran en contra de esta medida, pues afirmó que han pasado varios años y no se demuestra ningún beneficio del servicio de transporte en taxi colectivo. Por ello, opinó que la prórroga se da simplemente por “intereses políticos”.

“Están cosechando votos de un sector de la población que de forma ilegal trabaja brindando servicio de transporte en condiciones deplorables. Entonces, no estamos de acuerdo con esto. Claramente se ve una vez más cómo en el Congreso, ahora que estamos en etapa electoral, están en una carrera por cosechar votos con propuestas totalmente antitécnicas, inseguras y sin ningún valor”, puntualizó.

A partir de este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de las obras de la Vía Expresa Norte. La medida fue anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, que ejecuta el proyecto en Lima Norte.

El plan contempla rutas alternas, señalización y control del tránsito para minimizar el impacto en conductores y peatones. La intervención responde a la construcción de un paso a desnivel que busca mejorar la movilidad en una zona clave de la ciudad.

Desvíos y cierre parcial en zona clave de Lima Norte

Como parte de los trabajos, se intervendrá la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto. Esto implicará el cierre parcial de un carril en la intersección con la avenida Universitaria, afectando temporalmente la circulación habitual.

En el caso de la avenida Tomás Valle, el tránsito será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, específicamente en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, en la avenida Universitaria se mantendrán dos carriles operativos para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos.

Activación de alertas

Para facilitar la movilidad, el plan incluye la activación de alertas en la aplicación Waze, donde los usuarios podrán conocer en tiempo real las rutas alternas, cierres y condiciones del tránsito en la zona intervenida.

Este proyecto forma parte de la obra denominada “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria”, que abarca el tramo entre la avenida Metropolitana y la avenida José Granda, en distritos como Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente, los trabajos se desarrollan desde el Óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el tramo entre el óvalo y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto para mejorar veredas, calzadas y ciclovías, como parte de la primera etapa del proyecto.

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Un fatal accidente de tránsito se registró en Villa El Salvador, donde un trabajador de limpieza perdió la vida luego de que un bus de transporte público impactara contra un camión compactador. El hecho ocurrió en la avenida Revolución.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Etupsa, conocida como “La 1”, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Villa El Salvador. Según información preliminar, el choque se produjo cuando el trabajador se encontraba en la parte posterior del camión realizando sus labores.

Maniobra brusca y exceso de velocidad bajo investigación

El jefe de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, informó que el fallecimiento se produjo como consecuencia del fuerte impacto generado por la unidad de transporte público. Asimismo, indicó que el conductor realizó una maniobra brusca, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Según precisó, estas imágenes serán entregadas a las autoridades para contribuir con las investigaciones. Además, detalló que el camión compactador se encontraba estacionado al lado derecho de la vía y contaba con las luces intermitentes encendidas al momento del accidente.

Conductor fue detenido

El funcionario también solicitó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y sancionar al responsable. En ese sentido, se conoció que la unidad de transporte público registra al menos dos papeletas por exceso de velocidad.

🔴 Choque en Villa El Salvador dejó una persona fallecida.
La víctima fue identificada como Juan Carlos Pomalaya Quinto, quien perdió la vida en el accidente ocurrido en la avenida Revolución, a la altura del parque Huáscar.

Según información preliminar, el impacto se produjo… pic.twitter.com/gxBOUFnEfI

— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 21, 2026

Por otro lado, el conductor del bus, identificado como Gian Carlos Campos Cárdenas, fue intervenido de inmediato tras el accidente y trasladado a la comisaría de Pachacámac, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

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“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Un incendio se registró la madrugada de este martes en el distrito de Supe, donde un bus interprovincial quedó completamente envuelto en llamas mientras se encontraba estacionado en un grifo. El hecho generó gran preocupación debido a la cercanía con combustible y estructuras que pudieron agravar la emergencia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 198 de la antigua carretera Panamericana Norte, en la salida sur de la localidad. Según los primeros reportes, la unidad no transportaba pasajeros al momento del incidente y comenzó a incendiarse de manera repentina, sin que se conozcan aún las causas.

Fuego generó riesgo de explosión en estación de combustible

Las llamas consumieron rápidamente gran parte de la estructura del vehículo, generando alarma entre los trabajadores del grifo y conductores que transitaban por la zona.

Agentes de serenazgo del municipio de Supe fueron los primeros en llegar al lugar y procedieron a aislar el área para evitar daños personales. Posteriormente, llegaron los bomberos de la Compañía N.º 73 de Barranca, quienes iniciaron las labores de control del incendio pasada la 1:30 a.m.

Los trabajos para sofocar las llamas se extendieron por más de dos horas, debido a la intensidad del fuego y al riesgo que implicaba la cercanía con materiales inflamables. Finalmente, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran víctimas.

Las autoridades confirmaron que el siniestro solo dejó daños materiales, aunque el susto fue considerable para el personal que se encontraba en el lugar.

Se conoció que el ómnibus era utilizado para el transporte de personal privado que labora en el valle de Supe.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital, interviniendo los comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau. La acción forma parte de una estrategia para reforzar el orden y la seguridad en zonas de alta congestión.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde tempranas horas se desplegó personal de Fiscalización y Control junto a Seguridad Ciudadana en los principales accesos. El operativo incluyó patrullaje constante y vigilancia para impedir la instalación de comerciantes informales en la vía pública.

Operativo permanente para recuperar el orden en el Cercado

Durante la jornada, efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) recorrieron diversas calles, con especial énfasis en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas. En estos puntos se detectó ocupación ilegal, procediéndose al decomiso de mercadería y vehículos que obstruían el tránsito.

En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Económico supervisó el ingreso y salida de estibadores, así como la operatividad de módulos formales, verificando que cumplan con la documentación correspondiente. Asimismo, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó labores de limpieza para restablecer condiciones sanitarias adecuadas.

Evitar fomentar el comercio informal

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, remarcó que estas acciones no serán temporales. “Esto no es solo de un día. Estamos garantizando el sostenimiento del operativo con aproximadamente 1000 efectivos entre serenos y fiscalizadores, desplegados en todo el conglomerado de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fomentar el comercio informal. “Buscamos orden y transitabilidad. El comercio informal genera desorden y acumulación de residuos”, agregó.

Por su parte, la gerente de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, destacó que la comuna impulsa programas de formalización para los comerciantes. “Contamos con programas que acompañan todo el proceso de formalización, desde la idea de negocio hasta su consolidación como empresa”, indicó.

Finalmente, la funcionaria precisó que existen espacios habilitados para la reubicación de ambulantes. “Conocemos a cada uno de los ambulantes que ocupan la vía pública. A quienes necesiten apoyo, los recibimos y orientamos. Tenemos puntos de reubicación y espacios como la Plaza Emprendedora en la plaza Gastañeta”, señaló. Este operativo se suma a intervenciones recientes en zonas como el Puente Acho, la avenida Abancay y la avenida Aviación.

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Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos por un presunto sicario. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma, una zona transitada del distrito.

De acuerdo con información preliminar, el atacante interceptó a la víctima y le disparó a quemarropa, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras perpetrar el crimen, el sujeto huyó del lugar.

Ataque armado en plena vía pública

El asesinato se produjo a plena luz del día, según testigos, los disparos fueron escuchados a varias cuadras. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se espera la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un posible caso de ajuste de cuentas o extorsión, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en diversos distritos de la capital.

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Un accidente de tránsito se registró este martes en Jicamarca, donde una combi se despistó en una pendiente y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos siete heridos. El siniestro ocurrió en la avenida Unión, en el sector de Las Praderas, Anexo 8, cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo.

Según las primeras informaciones, la combi terminó impactando contra una vivienda —que se encontraba desocupada— y luego contra una mototaxi que circulaba por el lugar.

Pendiente peligrosa y exceso de velocidad

Testigos en la zona señalaron que la unidad transportaba pasajeros en plena hora punta, incluidos menores de edad que se dirigían a sus colegios.

Un vecino que presenció el accidente indicó que la víctima mortal sería una adulta mayor que viajaba en la mototaxi junto a dos menores. Según su relato, logró rescatar a los niños y trasladarlos a un centro de salud cercano antes de que fueran derivados a un hospital.

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona del accidente. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada oficialmente.

Minsa se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú informó que desplegó brigadistas y ambulancias para atender la emergencia. Los siete heridos fueron trasladados al Hospital de Lima Este - Vitarte, donde reciben atención especializada.

🔴 #Ahora | Ante el despiste de una unidad de transporte público en el sector San Pedro y San Pablo de Jicamarca, el Minsa desplegó brigadistas y ambulancias para la atención inmediata de la emergencia.

Siete personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Lima Este -… pic.twitter.com/g5ylgOwdzx

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 21, 2026

Finalmente, vecinos del sector señalaron que la vía presenta una pendiente pronunciada y denunciaron que las combis suelen circular a excesiva velocidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

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Eran las 4 y 20 de la tarde de aquel viernes 18 de abril de 1980 cuando el cielo de Lima, algo gris y denso como de costumbre, fue surcado por una aeronave que transportaba, más allá de viajeros y tripulantes, los testimonios vivos de una búsqueda desesperada por un nuevo porvenir

En el vientre de aquel Jet One Eleven, comandado por el capitán Fernando Brune, viajaban 97 personas que acababan de romper las cadenas de un encierro de pesadilla en la embajada del Perú en La Habana, en Cuba.

El viaje, que duró poco más de cuatro horas desde San José de Costa Rica, a donde llegaron primero, fue una explosión de júbilo contenido, de “hurras” al Perú y cánticos que celebraban el fin de una odisea que el mundo seguía con el corazón en la mano.

Al aterrizar, el contraste no pudo ser mayor: del asfixiante hacinamiento bajo el sol del Caribe en la embajada peruana en La Habana, abandonada por la custodia policial castrista, al fresco y ordenado Parque Zonal Túpac Amaru, en San Luis, el cual las autoridades peruanas habían acondicionado a contrarreloj.

Allí, bajo la mirada de socorristas de la Cruz Roja Peruana y una estricta vigilancia policial para evitar desmanes, los recién llegados comenzaron a entender que el miedo ya no era el dueño de sus pasos. Sus rostros, aunque visiblemente desencajados por los días de hambre y vigilia, dejaban escapar tímidas sonrisas al ver las carpas y los suministros de medicinas que el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, ya casi de salida, les había preparado.

Santiago Sánchez Espinosa, un mecánico de 25 años que llegó con su esposa, sus dos hijos y su hermano, fue uno de los primeros en romper el silencio ante el tumulto de periodistas que aguardaba en el frontis del parque. “Atrás ha quedado todo un drama que no se lo deseo a nadie”, confesó con la voz quebrada.

Sánchez recordó cómo el viernes 4 de abril saltó la cerca de la embajada junto a otras quince familias, que el régimen cubano llamaba “lumpen”, pero para las autoridades peruanas eran sencillamente “disidentes” a la dictadura de Castro. El relato de Santiago Sánchez era el de muchos: una semana de horror viviendo en la colapsada embajada peruana “uno encima de otro”, entre el hedor y el temor constante a las enfermedades.

No todos buscaban el sueño americano en Miami; algunos, como Lázaro Ortiz Domínguez, un especialista ferroviario, expresaron de inmediato su deseo de trabajar en el Perú. “No pienso ni remotamente volver a Cuba mientras esté Castro allí”, sentenció Ortiz, agradeciendo el trato humano que recibió desde que pisó la primera escala en Costa Rica.

Los refugiados narraron con horror cómo las “turbas azuzadas” por el régimen castrista los habían atacado con piedras y botellas el sábado anterior, dejando a muchos heridos. Incluso en medio de la tragedia, hubo espacio para la ternura, como la “luna de miel” improvisada entre dos jóvenes.

Los esposos José Manuel Lago Rodríguez y Nereida Cuba, casados recientemente, pasaron ocho días en la embajada sin comer ni dormir, compartiendo un espacio ínfimo con miles de personas que llegaban de todas las provincias de la isla.

José Manuel recordaba con estupor cómo los soldados del gobierno cubano llegaron a balear un taxi colectivo (“Guagua”) que ingresó desesperadamente en la sede diplomática peruana, hiriendo incluso a niños en medio del caos, y luego exigiendo que se les sean devueltos puesto que eran, para ellos, unos simples delincuentes.

Mientras en Lima se instalaba este primer contingente, en La Habana la tensión alcanzaba su punto máximo de ebullición con el anuncio de una manifestación masiva frente a nuestra embajada. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial del Ministerio de RR.EE., denunció la grave responsabilidad de Cuba por cualquier acto hostil.

Los grupos amenazantes iban a participar en el desfile por el aniversario de Playa Girón. Así pues, el ambiente era de máxima alerta, pues se estimaba que más de un millón de personas marcharían frente a la sede en cuyo interior aún quedaban miles de asilados.

El impasse diplomático se agravaba por la negativa de las autoridades cubanas a aceptar las listas de visas otorgadas por el Perú. Mientras Torre Tagle buscaba agilizar la evacuación, el régimen de Fidel Castro instalaba altoparlantes alrededor de la embajada para amenazar a quienes no se acogieran a las excepciones de salida.

La situación era tan crítica que el gobierno de Cuba decidió suspender ese mismo día todos los vuelos de asilados hacia Costa Rica, alegando supuestos problemas domésticos y falta de publicidad. Pero la presión internacional ayudó a salvar a estas familias de las represalias castristas.

A pesar de las sombras que aún cubrían a los que se quedaron en la isla caribeña, los 97 cubanos de Lima sentían que habían vuelto a nacer en aquel rincón de San Luis, en el inmenso parque zonal, que hoy es la Videna. El gesto del consulado peruano en La Habana fue resaltado por varios refugiados, quienes recordaron cómo el personal trabajó sin descanso, sacrificando su propio sueño para conseguir alimentos básicos para la multitud.

La mayoría negó ser anticastrista y afirmó que solo buscaba llevar una vida normal. Rechazaron la propaganda del gobierno de Castro que los presentaba como marginales y aseguraron que tenían profesiones, oficios y familias, acusando al régimen de intentar desacreditarlos ante el mundo.

Al final de ese día, el Parque Túpac Amaru se convirtió en un refugio temporal, pero, sobre todo, en un símbolo de un país que abría sus puertas a quienes lo habían perdido todo por su búsqueda de libertad. Los cronistas de ese tiempo señalaron que ese “primer viaje” quedaría grabado en la memoria nacional.

Era, sin duda, el inicio de un éxodo que cambió la fisonomía de la ciudad de Lima y el corazón de sus habitantes. Los diarios de la época daban fe de que el Perú había cumplido con su tradición de asilo, frente a la mirada atenta de una comunidad internacional que respaldaba firmemente la posición de nuestra cancillería.

El segundo contingente de cubanos llegó al día siguiente. La mañana del sábado 19 de abril de 1980. A las 6 y 20 de la mañana, el rugido de los motores de un avión de la compañía costarricense “Spartas” marcaba el aterrizaje, en la pista del Grupo Aéreo Nº 8.

Eran 231 rostros marcados por la incertidumbre y esperanza, que descendían bajo un estricto resguardo militar y la mirada atenta de las autoridades de Defensa Civil. La fisonomía de este grupo, igual o más que el primero, reflejaba el drama humano de un éxodo sin precedentes: 113 mujeres, 48 hombres y 37 niños, además de dos infantes, quienes dejaban atrás su isla para iniciar una vida nueva en tierras desconocidas.

Bajo la supervisión del coronel Heraclio Fernández, los refugiados fueron trasladados de inmediato al campamento del Parque Túpac Amaru, donde el primer grupo los aguardaba con historias similares de resistencia y anhelos de porvenir.

En el campamento, la vida empezó a reorganizarse entre carpas y comités elegidos por los propios asilados para gestionar su nueva cotidianidad, mientras la población limeña observaba con empatía el arribo de estos “hermanos del Caribe”.

Lo que ocurrió ese 18 de abril de 1980 y los días siguientes fue, en esencia, una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria que el Perú había registrado hasta ese momento.

El Ministerio de Salud del Perú informó que no existe transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana, pese al reciente reporte de cuatro casos registrados en la capital. La aclaración fue realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que mantiene activa la vigilancia sanitaria a nivel nacional.

El director del CDC, César Munayco, explicó que las acciones desplegadas responden a una alerta epidemiológica emitida por el sector Salud. “En Lima, en la actualidad, no se registra transmisión local de la enfermedad”, precisó.

Casos detectados

Según el reporte oficial, durante las semanas epidemiológicas 3 y 8 se identificaron dos casos en hombres residentes de San Isidro. El primero fue importado, mientras que el segundo es de fuente aún desconocida. A estos se suman otros dos casos: una joven de 20 años procedente de Puno y un familiar cercano de ella.

El Minsa indicó que todos los pacientes se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, las autoridades recalcaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en menores de 10 años, considerados población vulnerable frente a esta enfermedad.

En la capital, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro han intensificado las jornadas de vacunación, la difusión de mensajes preventivos y la vigilancia epidemiológica; con el fin de evitar la propagación del virus y detectar oportunamente posibles nuevos casos.

Munayco también hizo un llamado a los padres de familia para proteger a sus hijos mediante la inmunización. “Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país”, enfatizó.

En regiones como Puno, donde se ha registrado un mayor número de casos, el Minsa ha garantizado el abastecimiento de vacunas e insumos, además de implementar estrategias como vacunación casa por casa, monitoreo permanente y respuesta rápida ante posibles brotes.

Todas estas medidas forman parte de la alerta epidemiológica AE-CDC N.° 005-2026.

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En medio de unas elecciones caracterizadas por la tardanza en la llegada del material electoral a los locales de votación, con gente indignada reclamando afuera de colegios y universidades, y una serie de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un documento clave para esclarecer por qué ocurrió esta negligencia sale a la luz. El Comercio tuvo acceso a un acta de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) que revela situaciones informales durante el proceso logístico de la entidad.

Dicha intervención fue realizada el mismo 12 de abril, a las 12:25 p.m., en las instalaciones de la ONPE en Lurín, mientras la ciudadanía se encontraba molesta y confundida debido a que no sabía por qué el material electoral tardaba en llegar a sus locales de votación, registrándose casos en los que nunca llegó y los ciudadanos tuvieron que votar al día siguiente, en la extensión que brindó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los auditores de la Contraloría que lideraron esta visita fueron César Wildor Ordóñez Enriquez y Percy Euler Torres Corzo, quienes en el acta describieron el detalle de los procesos logísticos que siguió la ONPE. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la información sobre las salidas de vehículos y horarios no se registraba mediante algún mecanismo formal, sino a través de un grupo de WhatsApp entre personal de seguridad y funcionarios.

“Al ingresar al local de Lurín, se verificaron vehículos que realizaron la distribución del material electoral; al respecto, se solicitó al personal de seguridad el registro del último vehículo que salió del mencionado local. En respuesta, el personal de seguridad manifestó que él se encargaba de realizar un registro fotográfico de las unidades vehiculares que salían y las enviaba a un grupo de WhatsApp de funcionarios de la ONPE”, se lee en el acta.

Los auditores entrevistaron a los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado. Solicitaron el detalle de los vehículos y los horarios en que salieron del local de Lurín con dirección a los locales de votación desde las 00:00 horas hasta la hora de la visita de aquel 12 de abril. Los funcionarios señalaron que no tenían un reporte de los vehículos ni de los horarios, sino que toda la información se compartía en dicho grupo de WhatsApp que tenían con el personal de seguridad.

De esta manera, se evidenció que algunos vehículos retornaron al local tras completar sus rutas sin que exista un control documentado y sostenido de sus recorridos.

Además, se informó que el cronograma de transporte fue modificado el día previo, pero no contaba con una aprobación formal al momento de la revisión. “Se solicitó el sustento y/o justificación documental de la modificación del cronograma inicial del transporte del material electoral del centro de Lurín a los locales de votación. Los funcionarios alcanzaron correos electrónicos de coordinación de fecha 10 de abril de 2026 a las 12:48 p.m. con la programación de carga del material electoral”, dijeron.

Posteriormente, “alcanzaron el cronograma modificado con horarios de salida desde las 19:30 hasta las 24:00 horas del 11 de abril de 2026, el cual habría sido elaborado el mismo 11 de abril de 2026 a las 12:00, según refiere el Área de Distribución de la ONPE; sin embargo, mencionaron que este cronograma no estaría aprobado”. Esto habría generado demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondientes al área de Gestión de Material Electoral.

Los trabajadores de la ONPE señalaron que, en ese momento, no se encontraban laborando las personas responsables de las áreas mencionadas. “De acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para el despliegue de material electoral y 217 unidades vehiculares para el despliegue de equipos informáticos. Se utilizaron adicionalmente unidades vehiculares de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades”, indicaron.

Por otro lado, el equipo de la ONPE aseguró a la Contraloría que parte del material electoral y equipos informáticos fueron devueltos al local debido a mesas de sufragio que no llegaron a instalarse.

“Se constató la presencia de personal de la ONPE que se apersonó a recoger material electoral que no habría sido entregado. Asimismo, material electoral y equipos de cómputo fueron devueltos por no haberse llegado a instalar las mesas de sufragio”, se consigna en el acta.

De igual forma, se constató cómo los vehículos que salieron del local desde la noche del viernes 10 de abril, como había informado El Comercio, y que debían llegar la mañana del sábado 11, terminaron llegando al mediodía del 12 de abril (el mismo día de las elecciones). Incluso se registró que algunos vehículos recién salieron en la madrugada del domingo, y no desde el viernes. De este modo, surge la interrogante sobre a dónde fue a parar el material electoral que se retrasó y por qué no todos los vehículos salieron desde el viernes, sino que algunos lo hicieron el mismo domingo.

“Un vehículo retornó al local de Lurín a las 12:55 horas. Su conductor, identificado como Amílcar Puriz Alcanara, señaló que habría repartido a 13 locales de votación, que salió del local de Lurín a las 05:30 a.m. y que su última entrega se habría realizado en el colegio Inmaculada School a las 12:00 aproximadamente. También se constató que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor que retornaba de hacer su última entrega a las 12:30 horas en Pachacámac”, comunicó la Contraloría.

Asimismo, se registró que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor, José Luis Yatance Medina, que salió del local a las 05:00 a.m. y retornaba de hacer su última entrega a las 12:00 aproximadamente en el colegio Inmaculada Concepción. “El último vehículo que salió del local de Lurín con material electoral lo hizo a las 05:51 a.m. del 12 de abril de 2026 con dirección a Villa El Salvador, el cual contenía equipos informáticos”, concluyeron.

Este Diario se contactó con la ONPE para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

En medio de las elecciones del 12 de abril, la ONPE comunicó que la tardanza en la llegada del material electoral y el cierre de mesas en locales de votación se debieron a un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios. Sin embargo, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, responsabilizó a la ONPE por las demoras en las entregas.

Señaló que la empresa Galaga no incurrió en “ningún incumplimiento” debido a que, según refirió, “no tenían los materiales a tiempo para poder trasladarlos a los centros de votación. No teníamos qué trasladar”.

Además, este último viernes, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en el almacén de la ONPE, tras las fallas logísticas y las denuncias sobre el manejo del material electoral durante las elecciones. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

La entidad abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril.

Acta de intervención de la Contraloría General de la República

Acta Contraloría by Sebastian Ramirez Mendoza

Un trágico accidente se registró esté martes en el distrito de El Agustino, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, un comerciante que, según sus familiares, solía salir a esa hora para adquirir productos y abastecer un mercado cercano, donde iniciaba su jornada laboral diariamente. Su rutina terminó de forma trágica en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Investigan circunstancias del accidente

De acuerdo con versiones preliminares, el tren —perteneciente a la empresa Ferrocarril Central Andino— arrolló al hombre y lo arrastró varios metros, dejando su cuerpo tendido frente a su casa.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado cómo ocurrió exactamente el accidente, por lo que el caso se mantiene en investigación.

Un familiar de la víctima señaló la importancia de revisar el material audiovisual del tren. “Estamos esperando que nos den el registro de las cámaras, porque el tren tenía cámaras para saber lo que ha pasado”, declaró.

El fallecido deja dos hijas en la orfandad, causando más dolor entre sus seres queridos y vecinos, quienes lo describen como un trabajador constante que salía cada madrugada para ganarse la vida.

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Puentes de la Carretera Central, que soportan a diario el tránsito de cientos de vehículos, estarían al borde del colapso. Así lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). A través de un informe, la entidad solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconsiderar el permiso que autoriza el tránsito de camiones de hasta 150 toneladas por infraestructuras cuya capacidad máxima es de 60 toneladas por vehículo.

De acuerdo con los oficios presentados por Ositrán, se advirtió que diversos puentes se encuentran en estado crítico o de precariedad, entre ellos 20 ubicados en la Carretera Central. La entidad solicitó evaluar el tipo de intervención que requieren y determinar si deben continuar o no en operación, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad de conductores y pasajeros.

En diálogo con El Comercio, el equipo de Ositrán manifestó su preocupación por la “continuidad en la emisión de autorizaciones otorgadas por Provías Nacional (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, unidad ejecutora del MTC) para el tránsito de vehículos pesados, que llegan a circular con más de 100 toneladas de carga. Esto representa un riesgo para la ciudadanía, por lo que urge reforzar la seguridad en estos puntos”.

Asimismo, señaló que, debido al estado crítico de los puentes, las probabilidades de mayor deterioro e incluso de colapso crecen progresivamente. Esta situación se ve agravada por el tránsito de cargas sobredimensionadas, especialmente en periodos de alerta roja por lluvias intensas.

El Comercio realizó un filtro de los 20 puentes en cuestión, consignando su ubicación, longitud, ancho y carga máxima permitida en cada caso, la cual oscila entre 48 y 60 toneladas por vehículo. Es importante resaltar que, en promedio, 2′240.193 unidades de transporte transitan por la Carretera Central al año.

Pronunciamiento de AFIN

Otra entidad que advirtió sobre los potenciales riesgos de colapso de los puentes fue la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). La entidad destacó que, según evaluaciones técnicas especializadas, los puentes presentan daños estructurales. “Las infraestructuras fueron diseñadas para soportar cargas menores a las hoy permitidas, sometiéndolas a niveles de esfuerzo superiores a los previstos”, subrayó la asociación.

La advertencia, según AFIN, cobra especial relevancia considerando el carácter estratégico de la Carretera Central para el transporte de personas y carga en el país.

En ese sentido, la entidad insistió en la necesidad de que cualquier autorización excepcional relacionada con el tránsito de vehículos pesados se base en evaluaciones técnicas integrales y en una coordinación efectiva entre el Estado y los operadores de la infraestructura.

“Priorizar la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de los activos públicos debe ser el principio rector de la gestión vial”, enfatizó.

El gremio agregó que cualquier decisión que implique mayores exigencias sobre la infraestructura sin un análisis técnico adecuado podría derivar en consecuencias graves para la seguridad vial y la operación logística nacional.

Bajo análisis

Cuando un puente supera las 60 toneladas en la red vial nacional, es necesario realizar un estudio de verificación. Así lo señaló a El Comercio el ingeniero civil Alejandro Sánchez, especialista en gestión y preservación de proyectos de puentes y representante del Colegio de Ingenieros del Perú–Lima. “Estos estudios de verificación de puentes son presentados por quienes están interesados en transportar carga, que generalmente son operadores logísticos que trabajan para una empresa”, explicó.

“Por ejemplo, suelen solicitar estos estudios cuando están a cargo de una construcción y necesitan trasladar equipos especiales. Todo tránsito de gran escala requiere una verificación. De esa manera, el operador logístico contrata a un consultor que realiza un análisis de la carga”, agregó.

El experto precisó que, por lo general, la carga de diseño de un puente supera la que se consigna en los letreros de las carreteras. “Si se indicara en un letrero que el puente puede soportar más toneladas, circularían cargas mucho mayores. Esta es la forma que tiene el Estado de controlar el tránsito en las carreteras, garantizando un límite de carga máxima legal”, sostuvo.

“En el estudio de verificación, el operador logístico debe demostrar si su carga excederá o no la capacidad operativa del puente. De ser así, se deben plantear refuerzos, que pueden ser de carácter temporal o definitivo”, añadió.

Las alternativas

El ingeniero Alejandro Sánchez señaló que, si mediante un estudio se demuestra que una carga superior a las 60 toneladas excede la capacidad del puente, se pueden plantear soluciones para mitigar los riesgos. Una de ellas es permitir el tránsito del vehículo bajo estrictas medidas de control. “Una de las medidas temporales sería apuntalar el puente. Esto significa que, si existe la altura suficiente y no hay un caudal elevado en el río, se puede instalar una serie de torres de apuntalamiento que permitan que la estructura soporte el peso dentro de los límites que establezca el propio estudio, de modo que la carga transite sin inconvenientes”, explicó.

“Una vez que pasa el camión, se puede autorizar la reanudación del tránsito, que previamente fue detenido de extremo a extremo, y todo a una velocidad controlada. Sin embargo, antes de restablecer completamente la circulación, se debe verificar la recuperación elástica del puente, es decir, que retorne a su estado normal. Recién entonces se procede a retirar las torres de apuntalamiento”, indicó.

El especialista también planteó alternativas más drásticas, como el reforzamiento integral de la infraestructura. Esto puede incluir la instalación de planchas metálicas, así como la renovación de aparatos de apoyo y juntas de dilatación para soportar mayores cargas. “Si un elemento estructural tiene una capacidad limitada, además se le pueden incorporar láminas de fibra de carbono para mejorar su resistencia. Esos ya son reforzamientos definitivos”, añadió.

Oficios de Ositrán

Oficio de Ositrán by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

Este Diario se comunicó con el MTC para solicitar su versión. A través de su unidad ejecutora, Provías Nacional, señalaron que el paso autorizado de manera excepcional de camiones con un peso superior a las 100 toneladas por la Carretera Central “se realizó del 14 al 15 de abril y contó con el acompañamiento técnico del equipo de Provías Nacional”.

“El equipo verificó, antes, durante y después, la medición de deflexión (desviación, curvatura o desplazamiento de un elemento estructural desde su posición original debido a cargas aplicadas) de los puentes. Asimismo, constató que las deflexiones no superaran los límites permisibles y que el comportamiento de la estructura se mantuviera dentro del rango elástico”, agregaron.

Provías Nacional precisó que “no se otorgan permisos para el tránsito de vehículos con cargas que excedan la capacidad de los puentes de manera automática ni indiscriminada. La solicitud excepcional es evaluada rigurosamente caso por caso”.

“Solo en situaciones excepcionales, y tras un análisis técnico especializado, se puede autorizar el paso de cargas especiales, siempre que se demuestre que el tránsito no compromete la estabilidad del puente. Para ello, se exige una prueba previa. Además, los solicitantes deben asumir formalmente la responsabilidad por cualquier eventual daño a la estructura del puente mediante una carta de responsabilidad, comprometiéndose a su reparación”, concluyó.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos. @elcomercio_peru pic.twitter.com/kOp3YuOvVX

— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) April 17, 2026

Cabe resaltar que, luego de solicitar los descargos, el MTC se comprometió a que, por medio de Provías Nacional, iniciará desde este lunes una intervención en el puente Habich (uno de los puentes mencionados por Ositrán), que incluirá el reemplazo de cuatro apoyos de neopreno —elementos clave para la absorción de cargas—, así como mejoras en la superficie de rodadura y otros componentes, como péndolas y el sellado de juntas.

Por otra parte, este Diario se comunicó con la minera Chinalco Perú, ya que, de acuerdo con el oficio de Ositrán, los camiones provienen de dicha empresa para trasladar sus distintas maquinarias, entre otros. Álvaro Barrenechea, gerente de Asuntos Corporativos de Chinalco Perú, dijo a El Comercio que “a diferencia de otras unidades mineras grandes, nosotros no tenemos ninguna otra alternativa para trasladar nuestras cargas especiales más que por la Carretera Central. Algunas mineras van por mar, pero nosotros no tenemos ningún otro camino alternativo”.

Pese a ello, resaltó que en el 2016 “Chinalco Perú hizo un refuerzo de puentes en la Carretera Central. A pesar de que no tenemos competencias en mantenimiento ni reparación, decidimos apoyar sin ningún recurso público (…). Ositrán, en su informe, solo se enfoca en la capa superior de los puentes, pero no en toda la estructura. Nosotros hemos presentado varios estudios de deflexiones y elasticidad, los cuales hemos compartido con Provías”.

“Todas las deflexiones han estado debajo de los máximos límites permisibles. En el traslado de la carga también estuvieron presentes nuestros ingenieros, un notario público e ingenieros de Provías Nacional (…). Actualmente, intervenimos en el mantenimiento de puentes que, a criterio de Ositrán, están en estado crítico. Así contribuimos con el Estado peruano y la transitabilidad de la Carretera Central. Estamos trabajando en el mantenimiento de las bases de los puentes y en el reemplazo de las péndolas que no están operativas”, concluyó.

Durante años, Lima ha sido protagonista de un sinfín de cables en postes de luz, techos de casas y distintos lugares, ocasionando así contaminación visual. Sin embargo, en el distrito de Santiago de Surco se ha ejecutado un ambicioso plan que consiste en soterrar los cables; es decir, migrar del cableado aéreo al subterráneo, lo que a su vez ha llamado la atención de otros distritos de la capital para ejecutar sus propios proyectos.

Todo inició durante el primer año de la actual gestión de la Municipalidad de Santiago de Surco. En diálogo con El Comercio, Elías Ruiz, gerente de Servicios a la Ciudad del municipio y encargado del proyecto, comentó que “la idea nació del deseo de remodelar todo el centro histórico del distrito. Se trata del proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo. El soterrado de cables es parte del proyecto, ya que este va más allá; buscamos renovar el centro de manera integral, peatonalizando las vías, generando una zona atractiva para el comercio y el turismo, entre otros aspectos”.

Resaltó que este trabajo se viene realizando en una extensión de 22.000 metros cuadrados, que abarca aproximadamente 12 manzanas alrededor de la Plaza de Armas de Santiago de Surco. En total, son cerca de 88 kilómetros de ductos subterráneos los que se vienen instalando. Los jirones intervenidos son: jirón Sáenz Peña, jirón Bolognesi, jirón José Gálvez, jirón Batalla de Ayacucho, jirón Arica y jirón Tacna.

“Elaborar un expediente de esta naturaleza demora un poco. Se debe tener aprobación del Ministerio de Cultura y coordinaciones con todas las empresas que brindan servicios, lo cual hemos venido ejecutando”, indicó.

El paso a paso

El ingeniero explicó cómo es que funciona este cableado subterráneo. “Soterrar implica, en primer lugar, colocar ductos, en los cuales se insertarán los cables. Posteriormente, se interconectarán dichos ductos con sistemas de buzones. Los buzones son cámaras de control”, dijo.

“Luego de los buzones, estos ductos se trasladan hacia las llamadas buzonetas, que son más pequeñas y están en la vereda, para que luego los cables entren a las casas. La diferencia es que ya no llegan a las casas por los techos, sino por las veredas. Es todo un tejido el que ahora ocurrirá debajo de la ciudad, con tuberías enterradas que luego salen por las veredas”, agregó.

Resaltó que es la misma mecánica que la de un cableado aéreo, solo que ahora, en lugar de tener todo colgado en postes, las fibras estarán debajo del suelo. “La contaminación visual que se tiene ahora con los cables aéreos es de lo peor. Imagínate solamente ese gran cambio de no ver tanta maraña de cables. Ahora la gente no va a ver ni un solo cable colgando en el centro histórico del distrito”, expresó.

Respecto a la profundidad de los trabajos, comentó que es variada; por un lado, la zona donde están colocados los buzones es de 2 metros y medio, mientras que donde están las buzonetas es de 1,80 metros.

“Con este proyecto de cableado subterráneo terminamos la gestión; quizás la próxima gestión pueda retomar el modelo y hacerlo en otros lugares del distrito. Pero definitivamente es un precedente y un ejemplo para que los otros distritos repliquen algo similar”, añadió.

El proyecto lleva poco más de dos meses de ejecución y registra un 25% de avance. Se tiene previsto que esté culminado en noviembre. Sin embargo, la municipalidad asegura que está trabajando aceleradamente para terminarlo a fines de julio.

Otros puntos de Lima

A raíz de este proyecto, otros municipios también están priorizando el cableado subterráneo. Uno de ellos es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que el año pasado ordenó el retiro del cableado aéreo que atravesaba puntos clave del Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) lidera esta labor en áreas como Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau, donde la alta concentración demandó soluciones para ordenar visualmente el entorno.

Se realizaron intervenciones en más de 50 cuadras, abarcando los jirones Andahuaylas, Áncash, Junín, Huallaga y Paruro, además de las trece cuadras que forman el Triángulo de Grau. El plan contempla, a futuro, realizar el soterramiento del cableado en los jirones mencionados, para así mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar el valor de las calles.

Por otro lado, un municipio que ha manifestado interés en replicar el proyecto de Surco es San Miguel. El gerente municipal del distrito, Jorge Román, dijo a El Comercio que saluda la ejecución de esta obra y contó que han participado en la selección de un plan de inversión de Lima Metropolitana para que el Banco Mundial financie con 16 millones de soles su proyecto de soterramiento de cables.

“La municipalidad de San Miguel está totalmente de acuerdo con este tipo de iniciativas. Por ello, queremos hacer lo propio en el distrito. Estamos evaluando en qué sectores podemos hacerlo posible. Mientras tanto, estamos esperando que nuestro proyecto sea aprobado y así financiado por el Banco Mundial. En San Miguel también estamos encaminados hacia la modernidad y buscamos impulsar una iniciativa de este tipo. Por eso aplaudimos a Surco. Nosotros estamos en el mismo camino para que seamos los próximos”, aseguró.

Por su parte, en la Municipalidad de Miraflores, con el objetivo de proporcionar un ambiente armonioso a vecinos y visitantes, se viene trabajando con las empresas de telecomunicaciones para realizar un cableado de forma soterrada. Así, el municipio ha logrado establecer 57 km de cableado bajo tierra y el retiro de más de 18 km de cables en desuso que obstruían el tránsito y generaban contaminación visual.

Además, el reciente proceso de instalación de 113 cámaras de seguridad ciudadana implicó el despliegue de 17 km de fibra óptica en diversas zonas del distrito. Todo el sistema es subterráneo. Asimismo, la empresa Luz del Sur implementará, adicionalmente, medidores para más de 70 cámaras que contarán con cableado subterráneo.

Cableado subterráneo en la ciudad

Respecto a si es posible este tipo de iniciativas en todo Lima, el ingeniero civil especializado en ciudades sostenibles y magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, sostuvo a este Diario que la migración hacia el cableado subterráneo en Lima Metropolitana es técnicamente viable, pero su implementación masiva depende de variables críticas como la densidad urbana, el tipo de suelo, las interferencias con redes existentes (agua, desagüe y gas) y los costos de inversión.

“Enterrar redes eléctricas y de telecomunicaciones implica obras civiles intensivas, rediseño de la infraestructura y una coordinación estricta entre municipalidades, concesionarias y entes reguladores. En términos económicos, es relativamente más costoso que el tendido aéreo, pero se compensa parcialmente con menores costos de mantenimiento, mayor resiliencia ante eventos climáticos y reducción de fallas operativas; además, aquí no solo importa lo económico, sino el impacto directo en la calidad de vida urbana”, dijo.

Sostuvo que, más allá de lo técnico, el retiro del cableado aéreo es fundamental para reducir la contaminación visual que afecta significativamente la calidad del espacio urbano en Lima. “La acumulación desordenada de cables, muchos en desuso, no solo degrada la imagen de la ciudad, sino que evidencia una débil gestión de activos por parte de las empresas operadoras. Iniciativas como las impulsadas en Surco demuestran que, con fiscalización y planificación, es posible avanzar en la eliminación progresiva de este problema. La viabilidad, por tanto, no es solo técnica, sino también institucional; requiere regulación efectiva y una política sostenida de renovación urbana”, concluyó.

Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Miraflores, San Isidro, Chorrillos, San Miguel y Surquillo. Este fenómeno es típico de la temporada de otoño, pero su aparición repentina generó preocupación entre conductores y peatones.

Neblina reduce visibilidad

La neblina se extendió a importantes vías de tránsito como Paseo de la República, la bajada Armendáriz y varios tramos de la Costa Verde. En estas zonas, la visibilidad fue limitada.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) recomendó manejar con cuidado, mantener las luces encendidas y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

El cambio climático registrado en la capital no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Senamhi ya había advertido que hacia finales de abril e inicios de mayo se empezaría a sentir un descenso progresivo de la temperatura, como parte del inicio de la temporada de otoño en la costa peruana.

De acuerdo con el organismo, durante esta estación serán frecuentes las madrugadas con cielo nublado y presencia de neblina, especialmente en los distritos costeros. Estas condiciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

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Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito del Rímac, donde un hombre fue asesinado a balazos por un delincuente mientras se encontraba en la puerta de su vivienda, en la urbanización Flor de Amancaes. El crimen, que incluyó la detonación de un artefacto explosivo, ha generado temor entre los vecinos.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas, el atacante —que vestía gorro y casaca negra— disparó hasta en cinco ocasiones contra la víctima. Tras el primer ataque, el hombre intentó escapar pese a haber sido herido en el brazo, pero fue perseguido por el agresor.

Ataque armado y explosión

El registro visual muestra que el delincuente siguió a la víctima hasta un pasaje cercano, donde finalmente la alcanzó y le disparó nuevamente, causándole la muerte. Posteriormente, el sujeto ingresó a otra zona de la urbanización y detonó un artefacto explosivo en una vivienda.

Tras el ataque, residentes del sector auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sin embargo, el hombre llegó sin vida al centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.

En la escena del crimen se hicieron presentes agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes inspeccionaron el área para descartar la presencia de más artefactos. Asimismo, peritos de Criminalística y el fiscal de turno iniciaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión relacionado con la víctima. El caso viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal del Rímac.

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El nuevo radar meteorológico de Piura entró a su fase de marcha blanca, desde este 20 de abril. Este dispositivo tiene como objetivo optimizar la vigilancia climática y evitar desastres, ante la ocurrencia de lluvias intensas registradas en el norte del país.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam), es parte central del Sistema de Alerta Temprana (SAT) diseñado para las cuencas de los ríos Piura y Chira.

El radar no solo permite detectar la formación e intensidad de lluvias, sino también observar el desplazamiento de nubes, lo que facilita a anticiparse a fenómenos naturales como inundaciones.

Su capacidad de cobertura, que abarca hasta 250 kilómetros a la redonda, entregará datos precisos para que las autoridades locales y la ciudadanía puedan gestionar planes de contingencia con mayor margen de maniobra.

Según el Minam, esta inversión tecnológica es de vital importancia para salvaguardar la vida de los habitantes y mitigar las pérdidas económicas derivadas de desastres climáticos.

Marcha blanca durará 60 días

En los próximos dos meses, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) supervisará el funcionamiento del radar. A su vez, se brindará instrucción especializada para el personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Una vez culminado la marcha blanca, se formalizará la transferencia del dispositivo al Senamhi, que será el ente encargado de la operación total y el procesamiento de la información meteorológica para la emisión de alertas oficiales en la región.

El radar meteorológico instalado en Piura inició hoy, 20 de abril, su fase de marcha blanca, la cual se extenderá por un periodo de dos meses, como parte de la estrategia del Ministerio del Ambiente (Minam) para fortalecer el monitoreo climático y mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas en el norte del país.

La implementación de esta moderna herramienta tecnológica permite observar en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones y anticipar posibles emergencias en la región.

Este radar constituye el componente principal del Sistema de Alerta Temprana para las cuencas de los ríos Piura y Chira, zonas históricamente vulnerables a inundaciones. Con su puesta en funcionamiento, el país refuerza su capacidad para detectar oportunamente eventos extremos, como lluvias intensas y crecidas de ríos, reduciendo el riesgo para miles de familias.

Para el Ministerio del Ambiente, invertir en monitoreo climático y en sistemas de alerta temprana permite mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, proteger la vida de las personas y reducir los impactos económicos y sociales que generan los desastres.

La tecnología del radar permitirá monitorear la intensidad y desplazamiento de las lluvias en un radio de hasta 250 kilómetros, generando información precisa para emitir alertas oportunas. Así, autoridades y ciudadanía podrán tomar decisiones informadas y actuar con anticipación ante posibles eventos climáticos adversos.

Durante la fase de marcha blanca, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estará a cargo del radar y de la capacitación del personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Concluidos los 60 días y formalizada la entrega del sistema, la operación quedará bajo responsabilidad del Senamhi.

Más de 5000 agricultores del Bajo Piura y Sechura se movilizaron, este lunes 20 de abril, en protesta por la caída del precio del arroz y otros productos de la zona. Advierten paro nacional si las autoridades del sector no atienden sus demandas.

Los trabajadores agrarios reclaman la falta de regulación sobre los productos de importación que ingresan al mercado local, lo que provoca una disminución en los precios de sus productos.

El vocero del gremio agrario, Luis Yovera Castro, declaró que el ingreso de productos del exterior, como el arroz importado, afecta directamente a los pequeños agricultores. Por tal razón, exigen medidas que proteja al trabajador agrícola local.

Sumado a ello, los manifestantes hicieron hincapié en los problemas que tienen para acceder a créditos en el sistema financiero privado. Hicieron mención a las altas tasas de interés que sobrepasa su capacidad de pago.

En esa línea, los agricultores resaltaron que las entidades, como Agrobanco, tampoco tuvieron los recursos necesarios para cubrir sus demandas financieras. Por esa razón, plantearon la urgencia de fortalecer los créditos estatales para el sector agrícola.

Mediante un comunicado, la compañía contó que participó del proceso de selección de quienes se encargarían de llevar a los centros de votación todos los elementos electorales, concurso realizado desde febrero de 2026, donde compitió con Servicios Generales Galaga y Consorcio AFE.

Al no ser seleccionados, “Hermes dejó constancia -en el acta notarial- que uno de los criterios que usó el Comité de Selección de la ONPE, para la evaluación técnica, no estaba estipulado en las bases del proceso”, aducen.

Fueron llamados un día antes de las elecciones

“Luego de concluido el proceso, durante la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de las Elecciones Generales, el señor José Samamé Blas, entonces Gerente de Gestión Electoral de la ONPE, se comunicó directamente con Hermes para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, señala la empresa de seguridad.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, aclara la compañía ante los señalamientos que lo vinculan al proceso de elección para la distribución del material electoral.

Por ejemplo, solo en EsSalud, 917,000 citas médicas se perdieron entre enero y julio de 2025 por inasistencias, sin que ninguna haya sido reasignada a otro paciente. Esto equivale a 3,820 citas desperdiciadas cada día, en un sistema donde el tiempo promedio para conseguir atención puede alcanzar los 105 días. A esto se suma un problema aún más profundo: 7 de cada 10 peruanos que necesitaron atención médica no la obtuvieron, según datos de ENAHO y el Banco Mundial, principalmente debido a demoras en la atención.

Esta realidad se traduce para los pacientes en largas esperas en emergencias o semanas, incluso meses, para conseguir una cita, mientras espacios para atención están disponibles mas no se aprovechan. Esto evidencia una brecha crítica entre la demanda y la capacidad instalada del sistema.

El impacto también se traduce en pérdidas económicas relevantes para el sistema. En el sector privado, donde el valor promedio de una consulta supera los S/ 120, las pérdidas por ausentismo se estiman en más de S/ 200 millones anuales, recursos que podrían destinarse a atender a cientos de miles de pacientes adicionales. Esta situación afecta la rentabilidad de las instituciones y limita la capacidad de ampliar cobertura sin necesidad de construir nueva infraestructura.

Parte del problema radica en cómo se gestionan los servicios. En hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad, la programación quirúrgica aún depende, en muchos casos, de llamadas, correos electrónicos y hojas de cálculo, lo que dificulta la coordinación entre áreas y aumenta el riesgo de cancelaciones, reprogramaciones y tiempos muertos en quirófanos, uno de los recursos más costosos del sistema. En la práctica, esto implica que, mientras pacientes esperan meses por una cirugía, parte de la capacidad instalada no se utiliza de manera eficiente, según explica Mauricio Paba, Chief Expansión Officer de COCO Tecnologías.

Experiencias internacionales muestran que este problema no necesariamente se resuelve ampliando infraestructura. En países como Costa Rica, la digitalización de la comunicación con pacientes y la automatización del agendamiento permitieron aumentar la asistencia a programas de tamizaje oncológico hasta en 71 %, mejorando la cobertura y la trazabilidad.

Este tipo de soluciones se basa en herramientas como recordatorios automatizados, listas de espera dinámicas y sistemas de coordinación digital de recursos médicos, orientados a conectar la demanda con la disponibilidad real de atención.

El avance de estas soluciones también ha puesto sobre la mesa el reto de la seguridad de la información. En Perú, la Ley N.º 29733 exige el registro de bancos de datos y la implementación de medidas estrictas para el tratamiento de información sensible en salud. Por ello, la adopción de plataformas con estándares internacionales de ciberseguridad, como certificaciones basadas en ISO 27001, comienza a ser un factor clave en los procesos de modernización.

Para los especialistas el mercado peruano empieza a incorporar soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia operativa del sector salud mediante inteligencia artificial y automatización. “Más allá de la tecnología, el debate de fondo apunta a cómo cerrar la brecha entre la demanda creciente y los recursos disponibles. Con una población que exige mayor acceso y un sistema que no siempre logra responder con rapidez, la eficiencia operativa se perfila como uno de los ejes centrales de la reforma del sector”, comentó Paba.

En ese contexto, la digitalización de procesos, la automatización del contacto con pacientes y la gestión inteligente de citas comienzan a perfilarse como parte de la solución estructural. Ampliar infraestructura puede tomar años, optimizar la capacidad ya instalada -reducir inasistencias, ordenar agendas y mejorar la coordinación de recursos- podría marcar una diferencia inmediata en el acceso a la atención y en la eficiencia del sistema de salud peruano.

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

La medida busca beneficiar a los exmilitares que prestaron servicio en zonas de emergencia y participaron en acciones contra el terrorismo durante las últimas dos décadas..

De acuerdo con esta norma, el beneficio está dirigido a los licenciados reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) al 31 de diciembre de 2024.

Los solicitantes deben haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000, por un periodo consecutivo de 12 a 24 meses, y ostentar grados específicos de tropa, como reclutas, soldados, cabos o sargentos.

En ese sentido, la ley precisa que esta bonificación “no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable” y será intransferible. “La bonificación económica excepcional asciende a la suma de S/ 1,130.00, la cual se entrega a cada licenciado veterano cuya solicitud sea aprobada de forma mensual”, indica el documento.

Proceso y requisitos

Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Además del historial militar, los beneficiarios deben acreditar que no son deudores alimentarios ni poseen antecedentes policiales, penales o judiciales.

El desembolso se realizará de manera progresiva en un periodo de cinco años, estructurado por grupos de edad.

En el primer año se priorizará a los mayores de 60 años y personas con discapacidad.. En el segundo, a quienes tengan entre 55 y 59 años, continuando así hasta el quinto año con el grupo de 40 a 44 años.

A su vez, el Ministerio de Defensa será responsable de gestionar el registro en el aplicativo Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, garantizando que todos los expedientes aprobados estén registrados a más tardar el 31 de julio de 2028.

Según la norma, el financiamiento provendrá del presupuesto del sector Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

El despliegue ocurre en un contexto crítico, ya que, en el Perú, solo el 10% de los estudiantes del sistema público alcanza niveles adecuados en matemáticas al finalizar la secundaria, y apenas 3 de cada 10 estudiantes accede a educación superior, según el INEI. Esta combinación no solo limita las oportunidades de desarrollo, sino que también incrementa el riesgo de que miles de jóvenes queden fuera del sistema educativo y laboral. En un país donde la transición entre la escuela y el futuro es altamente frágil, estas brechas se traducen en mayor informalidad y pérdida de talento.

Sobre esta base, uDocz lideró el desarrollo, en conjunto con el Banco Mundial, la DRELM y Anthropic, de una versión adaptada al entorno escolar que integra dos componentes clave: un tutor de inteligencia artificial en matemáticas, diseñado específicamente para estudiantes de 5° de secundaria y alineado al modelo de competencias del Minedu para 2026, y un asistente de orientación vocacional que permite a los estudiantes identificar sus intereses, explorar rutas formativas y conectarlas con oportunidades reales de educación y empleo. De esta manera, el último año de secundaria deja de ser un punto de incertidumbre y se convierte en una etapa de decisión informada.

Esta solución se basa en despliegues previos de uDocz en educación superior en América Latina, donde sus tutores de IA ya han acompañado a millones de estudiantes en la región, con mejoras comprobadas en desempeño académico y mayor confianza en el aprendizaje. Su implementación en el entorno escolar no es una simple extensión, sino una adaptación diseñada para el contexto de la educación básica, donde el acompañamiento temprano puede tener un impacto decisivo en la trayectoria académica de los estudiantes.

“Desde uDocz, cuando decidimos asumir el reto de desarrollar este tutor de IA para matemáticas en alianza con el Banco Mundial, la DRELM y Anthropic, creamos no una herramienta genérica, sino infraestructura educativa basada en inteligencia artificial que identifica brechas de aprendizaje en tiempo real, acompaña a cada estudiante de forma personalizada y apoya decisiones clave sobre su trayectoria académica, todo dentro del contexto pedagógico del sistema educativo peruano. Pensamos también en el docente y su rol central, por lo que esta tecnología lo potencia al integrarse en el aula como un aliado continuo que interviene el aprendizaje en el momento exacto en que ocurre”, señala Diego Castrillón Dioses, director de alianzas de uDocz.

En su primera fase, entre marzo y julio, la iniciativa impactará a más de 6,600 estudiantes en 110 colegios de Lima Metropolitana. El despliegue se realiza dentro del aula y bajo la guía de docentes previamente capacitados, quienes cumplen un rol central en la implementación de la solución, asegurando un uso responsable de la inteligencia artificial y su integración efectiva en el proceso de enseñanza.

Este despliegue no solo cierra brechas actuales, sino que impulsa una nueva forma de integrar la inteligencia artificial en la educación pública: un sistema de acompañamiento estructurado con un tutor diseñado sobre sólidas bases pedagógicas, que opera dentro del aula, fortalece el rol docente e interviene el aprendizaje en tiempo real. Más allá de este caso, estas implementaciones definen un nuevo estándar para la región, superando herramientas de IA genéricas para avanzar hacia soluciones diseñadas a medida del entorno educativo, capaces de responder a sus dinámicas y generar impacto real a escala.

La empresa Luz del Sur informó la suspensión temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de los distritos de Miraflores y Surquillo este lunes, de forma preventiva ante la fuga de gas natural reportada en la zona.

Según el comunicado oficial de la concesionaria eléctrica, la interrupción del servicio se realizó a solicitud expresa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El suministro será repuesto de manera progresiva una vez que la situación de riesgo sea atendida totalmente.

El incidente que motivó la restricción eléctrica ocurrió aproximadamente a las 9:15 a.m. en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá, en Surquillo, cuando se perforó accidentalmente una tubería matriz de gas natural mientras realizaba trabajos de construcción en el suelo.

La rotura generó una rápida dispersión del combustible, activando los protocolos de seguridad de las empresas de servicios públicos.

Al menos ocho unidades de bomberos se desplazaron al lugar para controlar la fuga y reducir el peligro en la zona urbana.

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Al menos ocho unidades de bomberos llegaron hasta la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo, para atender una fuga de gas natural.

De acuerdo con RPP, la emergencia se reportó pasadas las 8:30 am de este lunes 20 de abril.

En declaraciones a la citada radioemisora, un vecino de la zona responsabilizó a una empresa constructora que realizaba labores y denunció que un trabajador habría provocado la rotura de una tubería de gas de la empresa Cálidda con un rotomartillo.

Como medida de prevención, las autoridades locales optaron por restringir el tránsito vehicular entre las cuadras 49 y 51 de la avenida República de Panamá, mientras los bomberos realizan los trabajos respectivos para controlar la emergencia.

Comunicado de Cálidda

En un comunicado, la empresa Cálidda informó que una tubería de gas natural resultó afectada por una empresa tercera que realizaba trabajos de construcción en la avenida República de Panamá.

“Actualmente, personal de Cálidda se encuentra en la zona atendiendo la emergencia, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El gas natural es un combustible seguro; al ser más liviano que el aire, ante una eventual fuga se disipa rápidamente en el ambiente”, añadió la firma.

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Ahora adultos, los vecinos todavía recuerdan cuando jugaban de niños en los patios de la casona. Hasta podían escuchar la misa del domingo en esa iglesia jesuita de estilo barroco edificada en 1752. El origen de la Casa Hacienda San Juan Grande se remonta a 1581 y, desde esa fecha, se volvió un valioso emblema del pasado limeño y del distrito de Surco.

Mucha historia corrió ante los ojos de esta hacienda. Los siglos pasaron mientras la ciudad fue creciendo: las casas, edificios y avenidas la fueron acorralando. Mientras realizamos el recorrido junto a Betsalí Curi, historiadora de la Municipalidad de Surco, nos va contando, siglo por siglo, cómo estas tierras fueron cambiando desde su primer dueño, Diego de Porras Sagredo, quien en 1559 recibió la chacra del segundo marqués de Cañete para trabajarla.

Posteriormente, la dona a los jesuitas. En sus inicios coloniales había trapiches para la producción de azúcar y, con la administración jesuita hasta su expulsión en 1767, se ampliaron los cultivos de caña, vid y olivo.

Uno de los recuerdos anidados en el corazón de quienes conocen la casa hacienda es la historia del niño que se volvió héroe durante la Guerra del Pacífico. Este era Julio César Escobar, Julito. Desde aquí el ejército peruano se defendía del ataque chileno durante la batalla de San Juan: “Esta era la línea número uno de defensa de San Juan. Aquí estaba el coronel Belisario Suárez. Había bastante neblina y no se podía ver el avance de los chilenos. Cuenta la tradición que el niño de 13 años, Julito Escobar, se subió con agilidad a un pino inmenso desde donde logró observar por dónde estaban llegando”, declara la historiadora. Desde lo alto podía informar la posición de los soldados enemigos para atacarlos, pero fue descubierto y murió tras varios disparos.

Con la invasión chilena, el área de las rancherías, donde vivieron los indígenas y esclavos que trabajaron estas tierras, se convirtió en cuartel y caballerizas de las tropas chilenas. “Luego de unos años la recuperan los jesuitas, pero la hacienda estaba destruida y comienza a pasar de mano en mano. A fines del siglo XIX es que se empieza a plantar uva y a producir vino en todo este valle, y se instalan varias familias italianas”. El pino histórico cayó en 2001 con 247 años de vida, pero todavía se conserva. Su tronco se guardó y se encuentra cerca de la iglesia principal, haciendo recordar este triste pasaje de nuestra historia decimonónica. En el patio interior de la casona plantaron un nuevo pino que se luce actualmente mirando la ciudad.

Un referente cultural

Durante los últimos 50 años, la Casa Hacienda San Juan Grande fue ocupada por invasores que alteraron su arquitectura, la misma que está siendo recuperada poco a poco. Ahora se encuentra cercada y solo transita ese esplendor virreinal todavía presente a través de su iglesia, con su fachada, murales y techos restaurados, al igual que buena parte de la casa hacienda levantada en 1719 y sus patios interiores.

Pronto, el área de las rancherías será reconstruida y restaurada gracias a un convenio de la Municipalidad de Surco con la Fundación Ignacia, dueña del predio, para convertirlo en un punto clave del turismo y la cultura. Al caminar por las rancherías, ahora destruidas, todavía se ven las señales de su invasión. Hay muros de adobe original cubiertos de cemento y paredes levantadas con ladrillo para crear más divisiones. Todo este espacio tendrá una nueva cara: “A partir del anteproyecto realizado por la Universidad de Lima hemos desarrollado el expediente técnico de esta obra que se empezó a ejecutar desde la semana pasada. El objetivo es que se genere un punto obligado de turismo en Lima”, nos comenta el ingeniero Elías Ruiz, gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Surco.

Después de la reconstrucción del sector de las rancherías se implementarán salas de exposiciones, espacios de usos múltiples, áreas audiovisuales, áreas de talleres vitivinícolas y gastronómicos. También se construirá una plaza con pérgola al centro destinada a actividades gastronómicas y exposiciones; estacionamientos, jardines y un muro perimétrico. El ingeniero Ruiz anuncia que los trabajos demorarán 240 días calendario —es decir, ocho meses—.

La iglesia San Juan y la casona no se abrirán al público, pero sí toda la zona de las rancherías y espacios que estarán diseñados precisamente para que los vecinos disfruten del espíritu original de esta casa hacienda, una de las pocas que se encuentran aún en pie. //

Las empresas Sedapal y Pluz Energía Perú (anteriormente Enel) informaron la ejecución de cortes programados en los servicios de agua potable y electricidad en diversos distritos de la capital los días 20, 21 y 22 de abril de 2026.

Estas interrupciones tienen como objetivo realizar trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y mejoras en la infraestructura para optimizar el suministro.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía almacenar agua y tomar medidas de precaución con sus equipos electrónicos antes del inicio de las labores.

Lunes 20 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

• Comas (08:00 – 18:00): Asoc. Prop. César Vallejo (Mzs. A, B), Ex Fundo Chacra Cerro (Mz. S/N), Lotización Chillón (Mz. B) y Tambo Río (Mz. S/N).
• Breña (08:30 – 10:30): Urbanización Chacra Colorada, Av. Tingo María (cdras. 2-5, 12), pasaje Privado (cdra. 3), Jr. Pariacoto (cdras. 7, 11, 12), Jr. Aija (cdra. 3), Jr. Mantaro (cdras. 1, 2), Jr. Jangas (cdras. 5, 6) y Jr. Manoa (cdras. 3-5).
• Los Olivos (08:30 – 18:30): Urbanización Las Casuarinas del Naranjal, Av. Naranjal y Av. Los Pinos (Mz. A), Av. Praderas de Naranjal (Mzs. A-G), A.H. Mayorazgo (Mzs. B, C Etapa 1) y A.H. Casuarinas Ampliación (Mzs. A-G).
• Carabayllo (09:00 – 18:00): Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado (Mzs. A-P), Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (Mz. B) y Asoc. Cruz del Norte (Mzs. E-G).
• San Juan de Lurigancho (09:00 – 18:00): Urbanización Azcarrunz, calle San Francisco (cdras. 7, 8) y Jr. Las Mercedes (cdra. 10).
• Puente Piedra (09:30 – 17:30): Asociación Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. E, E1, H).
• San Miguel (13:00 – 15:00): Jr. Cristóbal de Lozada y Puga (cdra. 1), Av. Parque de las Leyendas (cdras. 1-5), calles Alfredo Novoa Cava (cdras. 1, 3), Fidel Olivas Escudero (cdras. 1, 3) y urbanizaciones Maranga y Pando.

Servicio de Agua (Sedapal):

• San Juan de Lurigancho (13:00 – 23:00): A.H. Alta Paloma, A.H. El Chaparral y A.H. Villa Los Andes.
• San Martín de Porres (12:00 – 20:00): Asociación Rosa de América, Programa de Vivienda Señor de los Milagros y urbanizaciones Santa Isolina, Santa Luisa y Santa Luzmila.
• Chaclacayo (Turno 1: 07:00 – 19:00): Urbanización El Cuadro.
• Chaclacayo (Turno 2: 12:00 – 23:50): Urbanización El Cuadro.
• San Juan de Miraflores (06:42 – 16:00): Urbanización C.H. San Juan de Miraflores.
• La Molina (07:40 – 15:00): Urbanizaciones Matazango, Camino Real y Santa Magdalena Sofía.

Martes 21 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

• San Miguel (Bloque 1: 08:00 – 18:00): Urb. Miramar (Jr. 28 de Julio, Jr. Atahualpa), Av. Libertad (cdras. 25-29), Av. La Paz (cdras. 22-29) y Av. Costanera (cdras. 25, 29).
• San Miguel (Bloque 2: 09:00 – 11:00): Calle Manco II (cdra. 1) esquina con Padre Urraca.
• San Miguel (Bloque 3: 13:00 – 15:00): Av. Venezuela (cdras. 53, 54).
• Puente Piedra (Bloque 1: 09:00 – 18:00): A.H. Santa Rosa (Mzs. 95F a 113), Av. Prolongación Huancayo (Mz. 97, 97B, 98) y Agrup. Familiar Villa Norte (Mzs. A-Z).
• Puente Piedra (Bloque 2: 09:30 – 17:30): Asoc. El Dorado de Zapallal (Av. El Dorado cdra. 1) y Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. A, B, C, Z).
• Breña (Bloque 1: 10:00 – 15:00): Av. Gral. Varela (cdra. 16) y Av. Restauración (cdra. 4).
• Breña (Bloque 2: 13:00 – 15:00): Av. Centenario (cdras. 4, 5), Av. Jorge Chávez (cdras. 13-15) y Av. Restauración (cdras. 4, 5).
• Carabayllo (09:30 – 17:30): C.P. Chocas Alto (Mzs. A-E).
• Lima Cercado (10:00 – 13:00): Urbanización Conde de la Vega y Av. Luis Carranza (cdras. 21, 22).
• Los Olivos (13:00 – 16:00): Urb. Industrial Infantas, Av. Alfredo Mendiola (cdras. 55-57), Jr. El Sodio y Jr. Helio.

Servicio de Agua (Sedapal):

• Lurigancho (Turno 1: 08:00 – 20:00): Urb. San Antonio de Carapongo (4ta etapa) y Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta.
• Lurigancho (Turno 2: 13:00 – 23:50): Urb. San Antonio de Carapongo (1ra etapa) y Urb. Los Girasoles Parte Baja.
• San Juan de Lurigancho (Turno 1: 10:00 – 18:00): A.H. Nueva Juventud.
• San Juan de Lurigancho (Turno 2: 13:00 – 21:00): A.H. Los Ángeles, A.H. Las Casuarinas de Collique y A.H. Collique 4ta zona.
• San Miguel (Bloque 1: 10:00 – 21:00): Urbanizaciones Las Leyendas y Maranga.
• San Miguel (Bloque 2: 10:00 – 22:00): Cuadrante de las avenidas Elmer Faucett, Venezuela, Parque de las Leyendas y La Marina.
• Chaclacayo (08:00 – 20:00): Urbanización El Cuadro.
• Santa Anita (09:00 – 21:00): Cooperativa Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres y Urb. Productores.
• Independencia (12:00 – 20:00): A.H. 3 de Junio, José C. Mariátegui, San Camilo y Urb. José Gálvez.
• La Molina (13:00 – 23:50): Urb. Las Lomas de La Molina Vieja (2da etapa) y Residencial La Alameda II.

Miércoles 22 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

• Ventanilla (Bloque 1: 08:30 – 20:30): A.H. Hiroshima, A.H. Las Casuarinas, A.H. 6 de Diciembre y A.H. Los Cedros.
• Ventanilla (Bloque 2: 09:00 – 17:00): Av. Carretera a la Playa Los Delfines (Mz. A).
• Lima Cercado (08:30 – 18:30): Jr. José Celendón (cdra. 7).
• Jesús María (08:30 – 10:30): Urbanización Los Patricios, Av. Brasil (cdra. 24) y Jr. Diego de Almagro (cdra. 1).
• Callao (09:00 – 17:00): A.H. Concentración Ruggia, Jr. Vigil (cdras. 3-7), Jr. Arica (cdras. 4-7) y Jr. Loreto (cdras. 11, 12).
• Puente Piedra (09:30 – 17:30): Asociación El Dorado (Av. Alberto Anaya, Av. Junín, Av. Rosendo Sandoval).
• Independencia (09:30 – 15:30): Urb. Tahuantinsuyo (Calle Antisuyo cdras. 4, 5, Av. Sacsayhuamán cdra. 3).
• El Agustino (10:00 – 18:00): Coop. Villa del Mar (Av. 1 de Mayo cdras. 1, 22), Conjunto Tayacaja y A.H. Vicentelo Alto (Av. Ferrocarril cdras. 19, 23).
• San Martín de Porres (09:00 – 14:00): Urbanización Santa Luzmila (Mz. S).

Servicio de Agua (Sedapal):

• La Molina (Turno 1: 08:00 – 20:00): Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla y Urb. Portada del Sol (II etapa).
• La Molina (Turno 2: 13:00 – 23:50): Urbanizaciones Sol de La Molina (I-IV etapas), San Remo y Las Laderas.
• San Juan de Lurigancho (Turno 1: 08:00 – 23:55): Complejo Sargento Lorentz II, Av. Bayóvar y Agrupamiento Alejandro Toledo.
• San Juan de Lurigancho (Turno 2: 10:00 – 18:00): A.H. Nueva Juventud.
• Lima Cercado (Bloque 1: 10:00 – 21:00): Urb. Avep (2da etapa), C.H. Antúnez de Mayolo y Urb. Las Brisas (2da etapa).
• Lima Cercado (Bloque 2: 10:00 – 22:00): Cuadrante entre Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. Las Alborada y Jr. Santa Teodosia.
• Carabayllo (12:00 – 20:00): C.P. Las Piedritas, A.H. Los Jardines y A.H. Juan Pablo II.
• San Miguel (10:00 – 22:00): Urb. Maranga (1ra etapa), Urb. Pando (2da y 4ta etapa) y proximidades de la Av. La Marina y Av. Universitaria.
• Villa María del Triunfo (08:00 – 20:00): Urbanización Pachacámac y parcelas 2A y 3A.

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Fotografías y videos registrados dentro de un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín revelan que había camiones disponibles para el traslado de material electoral antes del pasado 12 de abril, contradiciendo las versiones que dio Piero Corvetto sobre una falta de unidades por parte de la empresa contratista.

Según el de Panorama, decenas de camiones de la empresa contratista Gálaga se encontraban dentro de los almacenes de la institución listos para operar antes del domingo 12, cuando se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026.

Las imágenes y videos registrados en el almacén de Lurín muestran que diversas unidades de transporte permanecieron inmovilizadas durante horas entre la noche del viernes 10 y la mañana del sábado 11 de abril. Asimismo, registros de conversaciones de WhatsApp revelan que el gerente de la empresa Gálaga informó al subgerente de producción electoral de la ONPE sobre la disponibilidad de 35 unidades vacías que esperaban cargar el material poco antes de la medianoche previa a la elección.

De acuerdo con la investigación, el retraso en el despliegue se debió a que el material electoral no estaba preparado para su distribución, presentándose falta de equipos informáticos, actas y la ausencia de comisionados de la ONPE necesarios para autorizar la salida de los convoyes. La Contraloría General de la República también identificó que las limitaciones y demoras internas en la entrega del material por parte de la ONPE impactaron en el cumplimiento del cronograma de transporte.

Cristian Castillo, abogado de la empresa Gálaga, sostuvo que su representada contaba con la flota necesaria y que la inactividad de los vehículos respondió a que los documentos no estaban listos para ser despachados. Esta desorganización provocó que 13 centros de votación en Lima Sur no recibieran el material electoral, impidiendo que más de 55,000 ciudadanos ejercieran su derecho al voto el domingo 12 de abril.

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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 1 reportó formalmente el extravío de dispositivos USB que contenían actas digitales de votos a la presidencia de diecisiete mesas de sufragio en el distrito de Magdalena del Mar.

El reporte fue emitido por la jefa de la ODPE Magdalena Castro Sánchez mediante el Memorando N° 000037-2026-ODPELIMAOESTE1EG2026/ONPE, el 19 de abril. El documento fue difundido por redes sociales por el periodista Paolo Benza.

#Urgente ONPE ha perdido 17 actas en Magdalena. En concreto, ha perdido los USB con las actas digitales de 17 mesas que se crearon usando el nuevo y "más eficiente" sistema STAE 👇

(@RonaldCrossPeru ahí está la respuesta a tu pregunta de por qué falta contar tanto en Magdalena). pic.twitter.com/3SQJrMS7yE

— Paolo Benza (@paolobenza) April 20, 2026

Los dispositivos desaparecidos contienen exclusivamente las actas presidenciales de locales de votación como la Institución Educativa Coronel FAP Marco Antonio Schenone y la Institución Educativa 72-San Martín de Porres. Asimismo, el documento detalla la pérdida de registros correspondientes a la Institución Educativa Juan Raggio Chichizola.

La sede 06 de la Universidad Nacional Federico Villarreal es la ubicación más afectada, con un total de trece mesas cuyos registros digitales no han sido localizados. Según la comunicación oficial, estos archivos deben ser considerados como actas extraviadas para los fines del procesamiento de datos de la jornada electoral.

Castro Sánchez dirigió el memorando a Katherine de los Milagros Elías Quispe de la ODPE Lima Oeste 1 para solicitar que esta situación sea integrada formalmente en el sistema del centro de cómputo. El reporte especifica detalladamente los números de las mesas de sufragio involucradas para asegurar la transparencia en la contabilidad del material electoral.

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Desde antes de las 5 de la tarde, hora programada en la que iniciaría el evento, ya era visible una gran cantidad de simpatizantes. La convocatoria se desarrolló en un contexto marcado por las críticas de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, al proceso electoral y a la gestión de Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo responsable de la organización de los comicios.

El punto de concentración fue un estrado improvisado sobre un vehículo de carga, desde donde se coordinaron las arengas.

En su mayoría, los participantes eran adultos mayores de 30 años, muchos de ellos acompañados por familiares y amigos, quienes portaban banderas nacionales y carteles que exigían que se respete su derecho al voto.

La indignación de los asistentes se fundamenta en una serie de incidentes reportados durante la jornada electoral previa. Entre las principales quejas de los manifestantes resaltan los retrasos severos en la entrega de material que impidieron que diversas mesas de votación se abrieran, las denuncias sobre la desaparición de actas de escrutinio y el presunto extravío de ánforas con cédulas de sufragio.

Entre los ponentes del partido de Renovación Popular aparecieron figuras como Norma Yarrow y Lourdes Alcorta. Ambas figuras políticas exigen que la ONPE esclarezca lo sucedido durante las elecciones y que se haga valer el voto de todos los peruanos.

Por su parte, el líder de la organización, Rafael López Aliaga, exigió directamente a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se convoque a elecciones complementarias, proponiendo el 3 de mayo como plazo máximo para dicha acción.

Temor constante a ser atropellados, demoras para llegar a sus centros de trabajo y una congestión vehicular que parece no tener fin. Eso es lo que enfrentan día a día los vecinos de la urbanización El Trébol, en Los Olivos. Ellos denuncian que, a pocos metros de sus viviendas, existe una amenaza latente; la escasa semaforización inteligente en el óvalo Tomás Valle, lo que genera un enorme caos.

Este punto, ubicado específicamente en el cruce de la avenida Tomás Valle con la Panamericana Norte, cuenta con aproximadamente 19 semáforos distribuidos alrededor de todo el óvalo. Sin embargo, estos funcionan únicamente con luces intermitentes ámbar, que advierten peligro y ordenan a los conductores reducir la velocidad. No obstante, tanto vehículos de transporte público como particulares hacen caso omiso a esta señal.

El panorama se vuelve especialmente crítico durante la hora punta de la mañana, alrededor de las 8 a.m. Los vecinos consideran urgente la implementación de una infraestructura semafórica adecuada y un mayor control del tránsito. Concretamente, proponen la instalación de 29 semáforos vehiculares y 30 peatonales que cuenten con luces roja y verde, a diferencia de los actuales dispositivos intermitentes.

Los vecinos aseguraron a El Comercio que la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad competente en la zona, reconoce la problemática; sin embargo, señaló que el principal obstáculo sería la falta de presupuesto. Así lo indicó el vecino Luis Palacios. “Venimos sufriendo esta situación desde el 2010, cuando la Municipalidad de Lima construyó un bypass en el óvalo Tomás Valle. Nunca se tomó en cuenta la necesidad de instalar semáforos para ordenar el tránsito. Lo único que se colocó fueron semáforos intermitentes, que no ayudan en nada”, afirmó.

“Han pasado más de 15 años y los peatones enfrentan un alto riesgo de ser atropellados y sufrir accidentes. Tenemos dificultades para cruzar y nos sentimos totalmente inseguros. Muchos vecinos son adultos mayores que viven cerca de aquí; esta es ahora una zona de alto riesgo. No obstante, regidores de la Municipalidad Metropolitana han señalado que, si bien entienden la necesidad, primero debe resolverse el tema presupuestal”, añadió.

En esa línea, el vecino reveló que el municipio aún no tiene una fecha definida para intervenir en la zona. “Ya se acercan las elecciones y vivimos con la preocupación de que este tema quede en el aire para las autoridades. Pedimos a la municipalidad que invierta en esta iniciativa para poder ayudar a los cientos de vecinos que necesitamos transitar por este óvalo”, indicó.

Otro de los puntos abordados fueron los graves problemas de salud derivados de la alta congestión vehicular. El vecino José Medina sostuvo que existe una elevada contaminación por monóxido de carbono. “Estamos expuestos a múltiples patologías. No solo hay contaminación ambiental, sino también contaminación sonora. Las autoridades deben velar por nosotros y plantear una solución inmediata”, señaló.

“Todo parte de que no hay un tránsito fluido por la pésima semaforización. Esos semáforos intermitentes de luz ámbar no solucionan el problema. Para poder cruzar, prácticamente hay que ‘torear’ a los carros. Parece que las autoridades lo ven como un gasto, cuando en realidad debería considerarse una inversión para la ciudadanía”, agregó.

El vecino advirtió que ya se han registrado accidentes en la zona, y recordó uno ocurrido en 2021, cuando un adulto mayor fue atropellado mientras cruzaba la vía. “Hay que evitar que este tipo de casos sigan aumentando; para ello, se necesita voluntad”, indicó.

Por su parte, el vecino Leoncio Ramírez señaló que frente al óvalo se ubica el centro comercial Plaza Norte. “Esto genera un gran impacto. Además, muchos vecinos debemos salir a trabajar y nos encontramos con buses y paraderos informales, producto de la falta de semáforos y de fiscalización en la zona. Hay que ser malabaristas para poder cruzar”, afirmó.

“Cuando paso por ahí, siento mucho miedo. Ningún conductor nos respeta. Esto impacta negativamente en nuestra salud mental. Le pido a la Municipalidad de Lima que se ponga a trabajar lo más rápido posible en establecer una red integral de semaforización, lo cual sería de gran beneficio para toda la comunidad”, añadió.

Por su parte, la vecina Mónica Montés reveló que, debido a la congestión, unidades de emergencia como ambulancias y bomberos han llegado a demorar hasta media hora para avanzar apenas una cuadra, lo que incluso habría provocado que algunos heridos fallezcan antes de llegar a un centro médico.

“No hay una ingeniería lógica. Esta es la realidad que vivimos todos los vecinos. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina a la que llevo al colegio y cruzar siempre es un caos. Nunca llega a tiempo por la congestión. Tenemos que hacer señales con las manos para que los autos se detengan. Imagínese cómo se ve afectada una persona en silla de ruedas o un adulto mayor”, manifestó.

Vecinos de todas las edades se ven perjudicados por esta situación. Una de ellas es Julia Tino, de 80 años. “Me veo obligada a cruzar para ir al mercado, pero me da mucho miedo. Por eso tengo que estar acompañada de alguien que me ayude. Tengo la esperanza de que algún día la municipalidad instale semáforos”, expresó.

Otra de las vecinas afectadas es Mara Wakipaco, cirujana dentista que trabaja en dos centros aledaños al óvalo. “Suelo movilizarme caminando y este es mi gran problema del día a día. El tráfico es terrible; si salgo después de las 6:50, ya me ganó. Es una pesadilla porque nadie fiscaliza”, concluyó.

Inseguridad y tráfico

Esta problemática no solo es cuestionada por los vecinos, sino también por especialistas en transporte. Uno de ellos es Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, una asociación civil enfocada en impulsar la movilidad sostenible. En entrevista con El Comercio, señaló que la fuerte congestión se debe a la falta de un sistema de semaforización adecuado que permita controlar el tránsito de manera segura. “Los semáforos con luces intermitentes ámbar tienen un carácter provisional. No puede ser que se mantengan de forma permanente, porque lo único que hacen es advertir a los conductores que tengan cuidado, pero no los obligan a detenerse. En la práctica, son un saludo a la bandera”, afirmó.

“La competencia es de la Municipalidad Metropolitana. Lo preocupante es que algunos vehículos se detienen y utilizan la zona como paradero informal, lo que genera aún más congestión. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos”, agregó.

El Comercio estuvo en el lugar y constató la presencia de personas en la vía que cumplen la función de detener el tránsito para permitir el paso de peatones; sin embargo, luego reciben “propinas” por parte de conductores de combis y buses. Al respecto, Vélez indicó que “se está generando un ecosistema de informalidad, lo que además ocasiona una gran lentitud en el flujo vehicular”.

“Definitivamente se deben instalar semáforos con luces roja, verde y ámbar. Así, por un lado, se mejorará el flujo vehicular y, por otro, los ciudadanos podrán cruzar la vía sin el riesgo de ser atropellados”, concluyó.

Poca importancia al peatón

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es que este circuito semafórico esté conformado únicamente por dispositivos intermitentes. Para el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro y exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, esto evidencia que los semáforos han sido pensados para los vehículos, mas no para los peatones. “Debería existir también una semaforización peatonal, sobre todo en una vía tan transitada y congestionada como la de este óvalo. Se está dejando de lado a los transeúntes y favoreciendo a los vehículos”, señaló a El Comercio.

“Esto también provoca un uso excesivo del claxon y frenadas bruscas. Todo ello repercute en la salud mental de los vecinos, generándoles estrés y malestar general”, concluyó.

Pedido de semaforización en el óvalo Tomás Valle: expediente con documentos presentados por los vecinos ante la Municipalidad de Lima

Expediente by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

El Comercio se contactó con la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar sus descargos, específicamente para conocer si consideran necesario implementar semáforos peatonales en el óvalo y, de ser así, cuándo se llevaría a cabo esta medida. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta al cuestionario enviado.

Otro problema detectado: ciclovía deteriorada

Los vecinos también alertaron sobre una problemática relacionada con la ciclovía ubicada entre los cruces de la avenida Tomás Valle con Túpac Amaru y Tomás Valle con Angélica Gamarra. Señalan que, a pocos metros del óvalo Tomás Valle, a la altura del Parque Internacional, la infraestructura presenta acumulación de basura, desmonte y desagüe.

Advierten que esta situación representa un riesgo para los ciclistas que transitan por la zona, ya que incrementa la probabilidad de accidentes.

Los problemas para la ONPE empezaron la noche del viernes 10, cuando el propio personal de Corvetto se dio cuenta de una incongruencia: se había anunciado -mediante una nota de prensa- que partían 434 unidades de transporte hacia los centros educativos de la capital, pero solo habían contabilizado poco más de 340 unidades. La propia empresa Gálaga reconoce que, ese viernes por la noche, partieron 170 unidades para repartir material electoral, lo cual continuó a lo largo de la madrugada del sábado.

La propia gente de ONPE hizo las consultas a José Samamé, gerente de la Gerencia de Gestión Electoral, y a Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, sobre las incongruencias en las cifras, pero ambos aseguraron que todos estaba bajo control. Según las fuentes consultadas, Phang informó que los camiones saldrían en dos turnos.

¿Cómo es que se anunció, en una nota de prensa, la partida de las unidades en una sola tanda cuando en realidad habían dos turnos? Las fuentes de la ONPE indican que Phang y Samamé no supieron explicarlo y que en todo momento dijeron que la situación estaba bajo control. Este Diario buscó las versiones de los dos funcionarios implicados, pero ninguno contestó nuestros mensajes.

El personal de la ONPE se retiró, el viernes por la noche, confiando en que todo estaba encaminado. Ese solo era el inicio del caos.

Cristian Castillo, abogado de Servicios Generales Gálaga (la empresa contratada para el transporte del material), sostiene que en el plan operativo siempre se estableció que serían dos turnos. El primero salía el viernes 10, a las 10:00 p.m.; y el segundo, el sábado 11 a las 8:00 a.m. Todo el material debían estar en los locales de votación el sábado 11.

Este es el primer punto de versiones contradictorias que dan origen al caos de la ONPE. La empresa Gálaga alega que siempre fueron dos turnos, pero fuentes de la ONPE aseguraron que recién se enteraron que serían dos turnos el viernes por la noche, cuando salió el primer bloque de unidades.

Las mismas fuentes de la ONPE explicaron que existía la necesidad de que todo el material esté entregado el sábado 11 -24 horas antes del día de la elección- para la instalación correcta de las mesas de sufragio, principalmente de las computadoras, impresoras y material anexo para el funcionamiento de los equipos.

Las unidades que Gálaga debía transportar eran dos tipos de materiales: en un camión, las cédulas, las actas y la cabina armables; y en otro tipo de camión, las computadoras, impresoras y anexos. “El primer camión terminaba de cargar, salía hasta donde estaba el comisionado de ONPE y el resguardo policial. Esperaban al segundo camión y salían en convoy”, detalló el abogado. Cada convoy de camiones debía realizar entregas entra 10 a 15 locales de votación.

La demora en las entregas de computadoras e impresoras -producida, en primero momento, por dividir las rutas en dos horarios- ocasionó que el día de la elección varios miembros de mesas reportaran demoras en la instalación porque no tenían configurados los aparatos o no podían acceder para su funcionamiento. “Las máquinas debieron ser instaladas 24 horas antes, desde el sábado, para que cuando llegaran los miembros de mesas, los aparatos estén operativos”, indicó una fuente de la ONPE.

El segundo punto para el caos generado en ONPE ocurrió a lo largo del sábado 11. Cristian Castillo, abogado de Gálaga, sostuvo que fue en el segundo turno cuando empezaron los retrasos, responsabilizando a la institución que dirige Piero Corvetto.

“Se comenzó a registrar merma de gente de almacén, merma de comisionados de ONPE. Es decir, se les reducía el personal. Avanzaba el día, seguía el retraso, incluso a las 11:43 p.m. tenemos el registro de que les informamos que teníamos 35 unidades disponibles para salir. A la medianoche, ya debía estar todo terminado, pero teníamos aún 35 camiones esperando la carga de equipos informáticos. A las 6 de la mañana, del mismo domingo de la elección, recién salió el último camión por la demora de ONPE”, relató el abogado a este Diario.

El mensaje de la empresa Gálaga fue remitido a Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, a las 11:43 p.m. del sábado 11. El funcionario de la ONPE les respondería, minutos después, diciendo que “en cualquier momento” llegaría el material para llevarlo a los centros de votación, pero el abogado Castillo asegura que esto no se concretó hasta la madrugada.

“Phang no tiene explicación lógica, no nos explicó nada por correo electrónico ni por WhatsApp. A nosotros se nos acusó de retrasar el reparto y no han presentado ni un solo elemento probatorio ante la Policía o la Fiscalía. [...] Lo que se vio fueron comisionados que empezaron a no llegar, se escapaban y tenían que ser reemplazados. También hubo incidentes de reclamos de policías, no querían prestar el servicio porque habían esperado mucho tiempo”, dice Castillo.

El representante legal de Gálaga fue enfático en alegar que sus camiones no tuvieron acceso a los almacenes. Ellos esperaban a que el personal contratado por la propia ONPE retirara el material de los almacenes para cargarlos en sus unidades. “Ellos sacaban las parihuelas con los bultos, nuestro trabajo era de plataforma”, anotó.

La misma empresa Gálaga afrontó problemas con sus trabajadores debido a los retrasos, según el relato de Castillo. “Los de la ONPE no decían nada, no te decían anda y regresa a tal hora. Los conductores esperaban cinco, 10 minutos y hasta 24 horas en algunos casos porque a las 6 de la mañana llegó el último camión. Entonces los conductores reclamaban pagos extras”, contó.

Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, no solo dejó de brindar explicaciones a Gálaga, sino a la propia ONPE. Fuentes de la entidad indicaron que a lo largo del sábado buscaron explicaciones sobre el retraso, y Phang simplemente no contestaba. Lo mismo sucedía con Juan Samamé.

Al día siguiente, el día de la elección, la única información brindada fue que la responsabilidad de los retrasos era de la empresa de transportes. Esa información fue la que tomó la gestión de Corvetto para culpar públicamente a la empresa, y por la cual esta les ha remitido una carta notarial. El abogado Castillo indicó que acaban de recibir la respuesta de la ONPE alegando que no podrán emitir ningún pronunciamiento mientras duren las investigaciones del caso.

Según las fuentes de la ONPE, Phang en un momento no solo dejó de contestar los pedidos de información en la institución, sino que indicó que toda comunicación en adelante sería a través de sus abogados. Al cierre de esta edición, se desconoce el paradero de Phang, después de que fuera suspendido de su cargo.

Consultado por la Contraloría, el mismo 12 de abril, Phang señaló que no tenían un reporte de los vehículos y horas de salida. Sin embargo, el personal del máximo órgano de control detectó que dicha información se encontraba en un grupo de WhatsApp que tenía con el personal de seguridad del local de almacenaje en Lurín.

Phang Sánchez ha sido señalado por el propio José Samamé como el responsable de las demoras en el traslado del material a los centros de votación. Samamé es el funcionario que fue detenido por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), aunque luego fue liberado.

Samamé señaló ante la Policía que se decidió continuar utilizando los servicios de la empresa Gálaga, mientras se evaluaban alternativas para reforzar la distribución. También indicó que desde la gerencia de administración se informó sobre la posibilidad de contratar unidades móviles adicionales mediante un mecanismo de asignación de recursos.

Todos los implicados, incluido el jefe de la institución Piero Corvetto, vienen siendo investigados, e incluso la Policía emitió una alerta ante una posible orden de detención en su contra.

La investigación no solo es por la demora en la entrega de material, sino por el contrato con la empresa Gálaga. El Comercio accedió a documentos en los que se evidencia que Gálaga fue elegida por la ONPE para trasladar el material electoral pese a que su propuesta económica, ascendente a S/ 6,368,332.75, era más alta en comparación a los otros dos competidores.

El documento que contiene los términos de referencia del contrato fue firmado por dos funcionarios de la ONPE, cuyos nombres se repiten en toda la trama: Juan Phang y José Samamé.

Diversos colectivos civiles se movilizaron en una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo fue expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración fue en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surge como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio, así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido restricciones especiales para la zona del Campo de Marte, aunque se espera un fuerte despliegue policial para garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica en medio de este escenario de alta polarización.

Una importante cantidad de personas se concentró este domingo en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en el marco de una convocatoria para protestar por las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo de las Elecciones generales 2026 y el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surgió como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE.

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio, así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

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