Un bus de la empresa de transporte interprovincial San Cristóbal–Emmanuel fue blanco de un nuevo ataque armado en menos de 48 horas. El atentado ocurrió alrededor de las 7:40 p. m., a la altura del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, en San Martín de Porres.

Según los primeros reportes, desconocidos interceptaron la unidad de la empresa Enmanuel y dispararon en reiteradas oportunidades contra la cabina del conductor, identificado como Gary Yarleque de 53 años, quien resultó herido de gravedad tras recibir múltiples impactos de bala.

Este es el segundo atentado directo contra la compañía de transportes en un lapso de 24 horas. El primer ataque ocurrió el último miércoles 1 de julio, cuando presuntos extorsionadores balearon un bus interprovincial de la misma empresa Los Olivos mientras viajaba a Huaral con 20 pasajeros a bordo.

“Ya no podemos trabajar con miedo. Exigimos que el Gobierno y la Policía actúen de inmediato. Cada día salimos a la ruta sin saber si vamos a regresar”, declaró un representante del gremio de transportistas para el portal Huaral Mundo Informativo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística cercaron la escena del crimen y hallaron cinco casquillos de bala. Tres impactos se concentraron en el parabrisas, a la altura del asiento del conductor. Tras los disparos, los propios pasajeros evacuaron el vehículo y auxiliaron al chofer herido, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Luego del ingreso de la víctima al nosocomio, la esposa del trabajador denunció públicamente retrasos en la intervención quirúrgica y solicitó el apoyo de la ciudadanía. “Los médicos no quieren operar en el Hospital Cayetano porque no hay camas, y solicitamos donantes de sangre”, declaró en una transmisión en vivo del portal Huaral Al Instante.

Agentes de la Comisaría de San Martín de Porres llegaron al lugar para cercar la zona del ataque e iniciar las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los autores materiales. La principal hipótesis de la PNP vincula este nuevo atentado a una presunta red de extorsión por cobro de cupos. Debido a las reiteradas agresiones en menos de dos días, los directivos de la empresa Emmanuel evalúan suspender temporalmente sus servicios.

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La educación es uno de los retos que enfrenta el nuevo gobierno, especialmente en el fortalecimiento de la lectura desde temprana edad. Esto no solo implica aprender a leer y escribir, sino también desarrollar la comprensión lectora. En medio de esta situación, el Instituto de Evidencia Educativa publicó el informe “Comprender el riesgo, actuar con urgencia”, el cual aborda la magnitud del riesgo que existe en la alfabetización inicial.

De este modo, se reveló que más de 10 millones de niños en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú transitan la etapa de alfabetización con riesgo para el desarrollo de la lectura. En el caso de nuestro país, 4 de cada 10 niños peruanos están en riesgo de no desarrollar la lectura de manera eficiente; esto incluye habilidades como la adecuada escritura, lectura y comprensión lectora.

El informe desarrolla el Indicador de Riesgo para la Alfabetización Inicial (IRA), una herramienta que estima cuántos niños atraviesan los primeros años de la escuela primaria con riesgo de no aprender a leer y escribir adecuadamente.

Panorama nacional

En Perú, el 44% de los niños que están aprendiendo a leer transita sus primeros años de escolaridad con riesgo para el desarrollo de la lectura. La cifra representa a 831 mil niños de entre 6 y 8 años.

El indicador del informe combina dos dimensiones: la privación escolar (niños que están fuera de la escuela) y la privación de aprendizaje (estudiantes escolarizados que no alcanzan los niveles mínimos esperados de lectura y comprensión).

Respecto a los demás países analizados, Argentina registra el mayor porcentaje de niños en riesgo durante la etapa de alfabetización inicial, con un 59% (1.3 millones de menores), seguida por Colombia con 51% (1.3 millones), México con 48% (3.1 millones), Brasil con 47% (3.3 millones), Perú con 44% (831 mil) y Chile con 27% (215 mil), que presenta el porcentaje más bajo del estudio. De este modo, Perú se ubica como el quinto país con mayor proporción de niños en riesgo.

La jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa, Romina Paola Durán, señala que “este informe busca aportar evidencia sobre un aspecto que suele permanecer invisible: cuántos niños están atravesando la etapa clave de alfabetización inicial con riesgo para el desarrollo de la lectura. Dimensionar este riesgo es fundamental para orientar acciones preventivas, focalizar esfuerzos y actuar a tiempo, antes de que las dificultades se consoliden y condicionen las trayectorias educativas futuras”.

Los riesgos

La falta de acciones oportunas frente a las dificultades de aprendizaje puede afectar el desarrollo académico y personal de los niños a lo largo de su vida. Así lo señala el investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), Santiago Cueto, quien indicó que indicadores como este evidencian que el derecho a la educación, entendido no solo como acceso a la escuela sino también como logro de aprendizajes, sigue siendo una meta lejana para millones de niños y niñas. “No actuar sobre esta realidad implica vulnerar oportunidades de desarrollo a lo largo de la vida”, afirma.

Por otro lado, las desigualdades educativas, especialmente entre las zonas urbanas y rurales, continúan siendo uno de los principales obstáculos para garantizar una alfabetización oportuna. Ángela Bravo Chacón, directora ejecutiva de Enseña Perú, resaltó que este primer estudio aporta una mirada comparada regional del riesgo en la alfabetización inicial, enriqueciendo el debate público y orientando la urgencia de actuar. “Abre una ruta para profundizar en las brechas de equidad que subyacen a los indicadores nacionales”, sostiene.

Propuestas

Una de las claves para mejorar la alfabetización inicial es identificar a tiempo las dificultades de los estudiantes y aplicar estrategias adaptadas a sus necesidades desde la escuela. Esto lo plantea Ángela Bravo Chacón. “Hay que explorar factores como el vocabulario o la velocidad de lectura, lo que nos permite priorizar estrategias pertinentes que aseguren que todos los niños y niñas logren alfabetizarse en el momento oportuno, cerrando brechas y transformando oportunidades desde la escuela”, expresó.

Cabe resaltar también que, en 2025, expertos y organizaciones lanzaron el colectivo Leer No Basta, impulsando un proceso de demanda cívica y social para priorizar políticas de alfabetización inicial en el Perú.

Además, la prevención temprana aparece como una de las principales herramientas para evitar que las dificultades lectoras se consoliden durante la trayectoria escolar. Desde una mirada internacional, Silvia Romero-Contreras, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, consideró que el Indicador de Riesgo para la Alfabetización Inicial (IRA) resulta particularmente valioso porque dirige la atención hacia la prevención.

“Permite identificar, desde los primeros años de primaria, a una población que los indicadores tradicionales suelen revelar varios años después, cuando las dificultades ya se han consolidado y son más difíciles de atender. En este sentido, su mensaje es alentador, porque nos recuerda que todavía es posible intervenir de manera oportuna”, agregó.

Además de detectar el riesgo, la especialista resalta la importancia de fortalecer la enseñanza y preparar mejor a los docentes para responder a las necesidades de cada estudiante. “La pregunta importante no es únicamente quién está en riesgo, sino cómo fortalecer las prácticas de enseñanza y la preparación de los docentes para responder a ese riesgo. Si la alfabetización se construye a partir de múltiples recursos que interactúan entre sí, también las respuestas educativas deben ser integrales”, sostiene Romero-Contreras.

Por otro lado, garantizar la alfabetización desde los primeros años también es visto como una estrategia para reducir desigualdades y ampliar las oportunidades futuras de los niños. Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, Colombia, concluyó que “la alfabetización inicial no es solo un desafío educativo; es una condición fundamental para la participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el acceso a oportunidades a lo largo de la vida. Lo que está en juego no es solo el futuro de cada niño y niña, sino también la capacidad de nuestras sociedades para fortalecer la democracia, impulsar la productividad y construir un futuro más equitativo para todos”.

La publicación de las listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deja ver más que una relación de nombres y partidos políticos. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún se encuentra en la etapa de calificación de las postulaciones, las candidaturas presentadas ya permiten identificar algunas de las estrategias que marcarán la contienda en Lima Metropolitana.

Entre ellas figuran 19 alcaldes distritales en funciones que ahora postulan como primeros regidores o tenientes alcaldes en sus propios municipios, así como autoridades que buscan otro cargo de elección popular mientras personas de su entorno político o familiar encabezan las candidaturas en los distritos que actualmente gobiernan.

Según una relación elaborada por el ingeniero Juan Carbajal, con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los casos se concentran principalmente en Podemos Perú y Renovación Popular, con seis candidatos cada uno. Les siguen Somos Perú (4), Avanza País (2), Acción Popular (1) y Alianza para el Progreso (1).

Los alcaldes mencionados son Rafael López Aliaga de Lima Metropolitana, Diego Uceda de La Molina, Malca Schnaiderman de Lince, Franco Vidal de Ate, Pablo Mendoza de Carabayllo, Alfredo Reynaga de Independencia, Richard Soria de El Agustino, Jessica Vargas de Barranco, Jesús Maldonado de San Juan de Lurigancho, Nestor De la Rosa de Rímac, Rennán Espinoza de Puente Piedra y Eulogio Huyhua de Punta Negra.

También figuran como alcaldes Juan Marticorena de Lurín, Mónica Tello de Pueblo Libre, Luis Felipe Castillo de Los Olivos, Luis Felipe De la Mata de Breña, Ricardo Pérez de San Luis, Eduardo Bless de San Miguel, Emilio Chávez de Cieneguilla y George Robles de Santa Rosa.

A ello se suman otros casos en los que alcaldes han decidido postular a un cargo distinto, promoviendo al mismo tiempo candidaturas cercanas para mantener la continuidad de su gestión. Es el caso del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, quien postula a la Municipalidad Metropolitana de Lima mientras su esposa, Carla Robbiano, busca sucederlo en el distrito. Un escenario similar ocurre en Santiago de Surco, donde el alcalde Carlos Bruce también postula a Lima Metropolitana y su asesor Arturo Bobbio encabeza la candidatura distrital.

Las postulaciones han generado un nuevo debate en torno a los alcances de la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes, vigente desde la reforma constitucional aprobada en 2018. Si bien la legislación no impide que una autoridad municipal postule a una regiduría o que un familiar o colaborador cercano participe en una elección, especialistas en materia electoral consultados por El Comercio consideran que estos escenarios abren una discusión sobre los efectos de la normativa y las formas en que los partidos han adaptado sus estrategias electorales.

Para el analista político José Requena, estas postulaciones no vulneran la ley vigente, aunque sí evidencian los efectos que ha generado la prohibición de la reelección inmediata.

“No es un asunto ilegal”, señaló. Sin embargo, considera que se trata de una práctica llamativa que refleja alguna falta de contención de parte de los actores políticos y que finalmente será el electorado quien decida si respalda este tipo de estrategias.

Sobre las candidaturas de familiares o personas del entorno político más cercano, Requena indicó que pueden entenderse como una forma de dar continuidad a una gestión, aunque advierte que también generan cuestionamientos.

“No sé si llamarlo una forma encubierta de reelección (...). Creo que está evidenciando los daños que hace la prohibición de la reelección”, afirmó. A su juicio, la imposibilidad de reelegirse ha llevado a que las organizaciones políticas busquen salidas que llaman la atención y que despiertan dudas entre los ciudadanos.

El especialista consideró que la discusión debería centrarse en revisar la propia prohibición de la reelección y evaluar reformas alejadas de la coyuntura política.

Requena explicó que más allá del debate sobre la conveniencia de estas estrategias, la decisión final recaerá en los ciudadanos. Señaló que, al no existir una prohibición legal para estas postulaciones, será el electorado el que determine en las urnas si respalda o no este tipo de fórmulas para dar continuidad a una gestión municipal.

“No hay nada ilegal en lo que están haciendo y creo que ahí lo que va a tocar es que el elector decida si quiere recurrir a este tipo de salidas o si más bien opta por alguna otra opción. Si termina optando por lo primero será porque valora lo que vienen haciendo los líderes que usan este recurso”, concluyó.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado especialista en derecho electoral José Tello coincide en que actualmente no existe un impedimento legal para este tipo de postulaciones.

“En realidad no hay ningún impedimento legal para que eso ocurra. Pero claramente el sentido de la norma de impedimento de reelección inmediata se desvirtuó completamente”, sostuvo.

Según explicó, desde las elecciones de 2018 comenzaron a multiplicarse distintas fórmulas para mantener la continuidad política: alcaldes que postulan como tenientes alcaldes, autoridades que buscan otra municipalidad o la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como candidaturas encabezadas por funcionarios de confianza o familiares.

Para Tello, el Congreso debió corregir estas situaciones mediante una reforma electoral. “Esto debería corregirse porque han pasado tres congresos (...) y no se ha hecho absolutamente nada para cambiar esta situación”, afirmó.

El especialista advierte además que la actual legislación podría permitir que un alcalde prolongue su permanencia en el poder por varios periodos si posteriormente asume la alcaldía desde la primera regiduría.

“Hay alcaldes que podrían tener poder hasta 12 años”, sostuvo, al describir un escenario en el que una autoridad es reelegida indirectamente tras asumir el cargo por vacancia o renuncia del alcalde electo.

Por ello, planteó que una futura reforma electoral permita una sola reelección consecutiva, pero impida que quien ya ejerció el cargo vuelva inmediatamente al concejo municipal como primer regidor y, eventualmente, retorne a la alcaldía.

Consultado por este medio, el alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Francis Allison, rechazó que exista una estrategia para mantener el control político del distrito a través de la candidatura de su esposa, Carla Robbiano, quien postula a la alcaldía de Magdalena del Mar.

Sobre una eventual coordinación entre ambas candidaturas, Allison sostuvo que se trata de postulaciones independientes, aunque reconoció que, como aspirante a la alcaldía metropolitana, debe coordinar con quienes integran las listas distritales de su organización política. “Son dos candidaturas distintas a dos cargos distintos y con planes propios. Sin embargo, qué duda cabe que en mi condición de candidato a la alcaldía provincial de Lima, tengo la obligación de coordinar con los 42 candidatos y candidatas a las diversas alcaldías distritales de la ciudad”, señaló.

Frente a los cuestionamientos por el vínculo familiar entre ambos candidatos, el burgomaestre afirmó que la decisión recaerá en los electores y aseguró que Robbiano cuenta con una trayectoria propia. “Si eligen a Carla, es porque la conocen y saben que es una mujer autónoma y de carácter firme; asimismo, porque saben que tiene todas las cualidades para ser una gran alcaldesa”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la autonomía de las municipalidades está garantizada por la Constitución y que, de resultar ambos electos, la coordinación entre la Municipalidad Metropolitana y las comunas distritales responderá a las funciones propias de cada nivel de gobierno. Añadió que la candidatura de Robbiano surgió por pedido de vecinos del distrito, quienes —afirmó— buscan dar continuidad al denominado “Modelo Magdalena”, y descartó que el poder municipal permanezca dentro de un entorno familiar. “El poder no es mío ni será de ella si gana las elecciones, ya que seguirá siendo de los vecinos y vecinas de Magdalena del Mar”, manifestó.

En tanto, el secretario general nacional de Avanza País, Luis Ernesto Flores Reátegui, señaló que la decisión de incluir a alcaldes en funciones como candidatos a primeros regidores responde a un criterio basado en la experiencia y los resultados obtenidos durante sus gestiones. Según indicó, el partido considera que estas autoridades pueden seguir contribuyendo al desarrollo de sus distritos desde una función distinta.

“El criterio de Avanza País ha sido priorizar la capacidad de gestión, los resultados obtenidos y la experiencia de gobierno. Consideramos que las autoridades que han demostrado eficiencia (...) pueden seguir aportando al desarrollo de sus comunidades desde una función distinta, siempre dentro del marco de la ley”, afirmó.

Respecto a las críticas que sostienen que esta práctica podría constituir una forma de eludir la prohibición de la reelección inmediata, Flores Reátegui sostuvo que las postulaciones respetan el marco constitucional vigente. Recordó que el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata para el cargo de alcalde, mas no impide que una autoridad municipal postule a una regiduría. En ese sentido, indicó que corresponde a la ciudadanía decidir en las urnas si respalda la continuidad de estos candidatos desde un cargo diferente.

Sobre la posibilidad de que un primer regidor termine asumiendo la alcaldía por una eventual vacancia o renuncia del titular, el dirigente precisó que ninguna organización política puede garantizar escenarios futuros y aseguró que Avanza País no promueve ni incentiva el reemplazo de autoridades electas. Añadió que, de producirse alguno de los supuestos previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, el procedimiento de sucesión se encuentra regulado por la legislación vigente y es aplicable a todas las agrupaciones políticas.

Finalmente, rechazó que estas candidaturas desnaturalicen la prohibición de la reelección inmediata. “La postulación al cargo de regidor constituye una función distinta, con competencias y responsabilidades diferentes a las de un alcalde, y está expresamente permitida por nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo. Añadió que el partido actúa dentro del marco constitucional y que será el electorado quien determine si respalda la experiencia y trayectoria de estos candidatos.

Carlos Bruce, actual alcalde de Santiago de Surco y candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Somos Perú, se pronunció en una entrevista con El Comercio sobre la postulación de Jesús Maldonado y Rennán Espinoza como tenientes alcaldes. Señaló que, a diferencia de Rafael López Aliaga, ambos no eran senadores electos, por lo que, según su interpretación, sus candidaturas no contravenían la norma ni constituían una reelección encubierta.

“La ley te permite ir de teniente alcalde siempre y cuando tengas otro cargo de elección popular ya ganado. Esa es la diferencia entre ellos y el señor López Aliaga”, afirmó Carlos Bruce.

Por su parte, la actual alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, quien postula como primera regidora, explicó que decidió asumir este rol porque considera que desde el concejo municipal puede seguir aportando al desarrollo del distrito. Recordó su experiencia como autoridad municipal, dirigenta vecinal y trabajadora municipal en áreas vinculadas principalmente al turismo. “Mi aporte siempre fue hacer cada vez mejor la labor que me tocara desempeñar en mi distrito y en otros municipios”, señaló, al destacar que desde la regiduría se pueden impulsar iniciativas sociales, tributarias y de gestión pública.

Sobre su aporte desde la primera regiduría, sostuvo que el cargo tiene responsabilidades específicas de representación vecinal, fiscalización y toma de decisiones dentro del concejo municipal. “El concejo municipal tiene prerrogativas puntuales y es expresión de la representación vecinal para aprobar, derogar, fiscalizar, entre otras”, afirmó. Además, defendió su trayectoria señalando que su gestión está respaldada por “más de 40 obras” que, según indicó, reflejan eficiencia y cumplimiento de compromisos con los vecinos.

Frente a los cuestionamientos sobre una posible reelección encubierta, Jessica Vargas aseguró que su postulación es compatible con la norma porque como regidora ejercerá únicamente las funciones que corresponden al cargo. “No se puede delimitar la voluntad popular, que premia o castiga nuestro desempeño”, manifestó. Asimismo, indicó que su compromiso es fiscalizar y garantizar la continuidad de proyectos para Barranco, trabajando para que las obras y políticas públicas sigan ejecutándose en beneficio de los ciudadanos.

Este medio se comunicó con los partidos Somos Perú, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular para recoger sus descargos frente a los cuestionamientos surgidos alrededor de estas candidaturas; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta por parte de dichas organizaciones políticas.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la candidatura del exalcalde de Lima Metropolitana Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, al considerar que mantiene vigente su condición de senador electo para el periodo 2026-2031. El organismo electoral sostuvo que la proclamación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa teniendo validez mientras no sea anulada o modificada por la autoridad correspondiente.

El partido Renovación Popular había remitido dos documentos para acreditar que López Aliaga no asumiría el cargo de senador. No obstante, el órgano electoral señaló que los oficios presentados constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, que no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica.

Después de permanecer fuera del país por más de un siglo, un ejemplar único de la obra Prontuario de Ordenanza para el Ejército (1869), que conserva la firma manuscrita de Enrique Bolognesi, hijo del héroe nacional Francisco Bolognesi, fue presentado oficialmente por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) como parte de sus colecciones, tras haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a su excepcional valor histórico, bibliográfico y documental.

La ceremonia protocolar simbolizó mucho más que la incorporación de un bien bibliográfico a las colecciones nacionales, pues representó la recuperación de un fragmento de la memoria republicana del Perú, el fortalecimiento de la protección del patrimonio bibliográfico documental y el valor de la cooperación internacional para preservar la historia compartida entre los pueblos.

Durante el acto, el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla, destacó que la recuperación de este ejemplar constituye un hito para la preservación de la memoria histórica del país.

“Este libro no solo regresa a la Biblioteca Nacional del Perú; regresa a la memoria de todos los peruanos. Cada bien patrimonial que recuperamos fortalece nuestra identidad, reafirma el compromiso del Estado con la protección de nuestro legado documental y permite que las futuras generaciones conozcan y comprendan mejor la historia de la República”, enfatizó.

La singularidad del volumen radica en que conserva la firma autógrafa de Enrique Bolognesi, quien adquirió el libro el 21 de abril de 1877. Esta evidencia de procedencia lo convierte en un ejemplar irrepetible y en una fuente documental de enorme valor para comprender la organización del Ejército peruano durante el siglo XIX, así como el proceso de consolidación del Estado republicano.

Asimismo, el ejemplar posee una historia excepcional. Durante la Guerra del Pacífico salió del país en el contexto del expolio de bienes culturales ocurrido durante ese conflicto. Décadas después permaneció en Chile hasta que Fernando Andrés Rosa Vásquez, ciudadano chileno y director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia, decidió devolverlo voluntariamente al Estado peruano al conocer su trascendencia histórica. Su gesto hizo posible el inicio del proceso de recuperación de este importante bien patrimonial.

La repatriación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Chile y el Ministerio de Cultura, demostrando que la diplomacia cultural constituye una herramienta efectiva para la recuperación y protección del patrimonio cultural de la Nación.

En la ceremonia protocolar participaron Mariela Pérez Aliaga, directora general de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Fernando Rosa Vásquez, ciudadano chileno que realizó la entrega voluntaria del ejemplar, acompañado de dos familiares; Ana Mamie Raguz Bolognesi y Selina Raguz Bolognesi, sobrinas bisnietas de Enrique Bolognesi; el General de Brigada EP Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú; Claudia Alemant, representante de la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Solange Santos Llanos, segunda secretaria de la Embajada de la República de Chile en el Perú.

Obra para el mundo

El jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, recibió certificado de incorporación al Registro Peruano Memoria del Mundo de la Unesco de la obra “Prontuario de Ordenanza para el Ejército”, a cargo de la secretaria técnica, María del Pilar Agapito.

La Biblioteca Nacional del Perú reafirmó que este ejemplar permanecerá bajo su custodia para garantizar su conservación, investigación y difusión, poniendo a disposición de investigadores y ciudadanía un testimonio único de la historia republicana y militar del Perú.

Con nueve puntos de reunión, cuatro albergues temporales y un Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) plenamente operativo, la Municipalidad de Lince fortaleció su capacidad reactiva ante un eventual sismo de gran magnitud. Esto forma parte de las acciones orientadas a proteger a los vecinos y reducir los riesgos frente a una emergencia.

El distrito cuenta con condiciones geológicas favorables al estar asentado sobre un suelo compacto y de origen rocoso, lo que reduce la amplificación de las ondas sísmicas en comparación con otras zonas de Lima. No obstante, debido a la alta densidad poblacional y la presencia de edificaciones antiguas, la comuna mantiene un trabajo permanente para fortalecer la gestión del riesgo de desastres.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Shnaiderman Lara, destacó que la preparación de las autoridades y de la ciudadanía resulta fundamental para responder de manera oportuna ante un evento sísmico de gran magnitud. “Hemos fortalecido nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, implementado los equipos de respuesta y desarrollado capacitaciones con diversas instituciones. La preparación de las familias es clave para actuar de manera organizada y proteger la vida de nuestros vecinos”, afirmó.

Como parte de estas acciones, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha consolidado una red de infraestructura para la atención de emergencias. El distrito dispone de nueve puntos de reunión empadronados, entre ellos los parques Castilla, Ruiz Gallo y Santos Dumont, así como el estadio Melitón Carbajal.

Asimismo, cuenta con cuatro albergues temporales con capacidad para atender a aproximadamente 6,400 personas damnificadas, los cuales operarán de manera articulada con la Comisaría de Lince, la Compañía de Bomberos y seis establecimientos de salud del distrito, entre ellos SISOL y la Clínica Javier Prado.

El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), ubicado en el sótano del parque Pedro Ruiz Gallo, mantiene un monitoreo permanente y coordina las acciones de respuesta con las entidades competentes. Además, el almacén de ayuda humanitaria dispone de 180 kits de emergencia listos para su distribución en caso de ser necesarios, mientras se implementa un segundo almacén que permitirá ampliar la capacidad de atención del distrito.

Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la municipalidad desarrolló capacitaciones y simulacros dirigidos a comerciantes, instituciones educativas, edificios multifamiliares y organizaciones vecinales, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y la preparación de la comunidad.

La Municipalidad de Lince recordó a los vecinos la importancia de contar con un Plan Familiar de Emergencia, preparar una mochila para emergencias, identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas y participar en los simulacros organizados por las autoridades, acciones que contribuyen a una respuesta más segura y organizada ante un eventual sismo.

En el contexto del Día del Inspector de Tránsito, la Municipalidad de San Isidro destacó la labor de sus inspectores municipales, quienes realizaron 6 707 intervenciones vehiculares durante 359 operativos de fiscalización ejecutados entre enero y junio del 2026, contribuyendo al fortalecimiento del orden vial y la seguridad en las principales vías del distrito, de acuerdo con información de la Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, informó que, durante este periodo, el equipo conformado por 119 inspectores municipales impuso 2,900 actas de fiscalización como parte de las acciones de control dirigidas a garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la movilidad urbana.

Asimismo, las intervenciones permitieron fiscalizar a 126 colectiveros informales e internar 18 vehículos en el depósito municipal por incumplir la normativa vigente. Entre las infracciones más recurrentes figuran las correspondientes a los códigos T.1 y T.5, relacionadas con conductas que afectan el orden y la seguridad vial.

En esa misma línea, la comuna realizó 5 579 intervenciones a vehículos mal estacionados utilizando medios electrónicos y tecnológicos para la detección de infracciones al tránsito, en el marco del convenio suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De igual manera, se ejecutaron nueve operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo el control del tránsito en puntos de alta afluencia vehicular.

Estas acciones han permitido reducir la congestión vehicular en el distrito, favoreciendo una circulación más segura, ordenada y eficiente para vecinos, trabajadores y visitantes.

“Nuestros inspectores cumplen una labor fundamental para mantener el orden en las vías y contribuir a una circulación más segura y ordenada. Gracias a su compromiso y al trabajo articulado con la Policía Nacional y las autoridades competentes, seguimos construyendo un distrito con una movilidad más eficiente y una mejor convivencia entre conductores, peatones y ciclistas”, afirmó la burgomaestre Nancy Vizurraga.

La Municipalidad de San Isidro continuará con las acciones de fiscalización y control del tránsito, con el objetivo de promover una movilidad segura, ordenada y sostenible para todos los ciudadanos.

A fin de reducir las brechas de género en el acceso a las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la organización humanitaria Food for the Hungry Perú lanzó oficialmente el proyecto STEM+G 2026: “Aprendizaje que transforma con innovación y equidad”, una experiencia educativa que busca que las escuelas públicas de nivel primaria en Huancavelica se conviertan en centros de innovación tecnológica y que sean las niñas quienes lideren los aprendizajes sobre herramientas de robótica, programación y modelamiento matemático para resolver problemas.

Noemí Gamonal, Directora País de Food for the Hungry Perú, explicó que en el Perú solo el 18% de matrículas en carreras STEM las realizan las mujeres. Ante ello, resaltó la importancia de la participación de las niñas en áreas STEM desde sus primeros años de formación educativa para descubrir talentos, despertar vocaciones tempranas y cerrar las brechas de género que históricamente han limitado el acceso de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.

“Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la equidad y la calidad educativa. Buscamos fortalecer la educación primaria en Huancavelica mediante la implementación de un modelo educativo STEM con enfoque de género y pertinencia territorial. Asimismo, promovemos aprendizajes significativos y cambios transformadores, impulsando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo del capital humano de niñas y niños”, explicó Gamonal durante la ceremonia.

Así, el proyecto STEM+G 2026 tiene como meta que el 60% de los proyectos de aprendizaje desarrollados en el aula sean liderados por niñas y que las estudiantes desarrollen conocimiento técnico que les permita abordar problemáticas locales urgentes; como la gestión de suelos y del agua, así como el impacto de la crisis climática en sus comunidades, lo que, a su vez, fortalecerá su identidad territorial y cultural.

Durante el evento, la coordinadora del Programa de Área (PA) Huancavelica de FH Perú, Blanca Luz Boza Cabrera, explicó que Food for the Hungry Perú, en alianza con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y las UGEL de Huancavelica, impulsará la implementación del modelo STEM+G mediante recursos y materiales pedagógicos para el diseño y desarrollo de proyectos, así como un atlas interactivo STEM+ G para asegurar la sostenibilidad del aprendizaje.

Además, resaltó el rol de los docentes en este proyecto y aseguró que se integrará activamente a directores, padres de familia y las comunidades, a fin de que los escolares puedan seguir accediendo a este tipo de formación. Asimismo, anunció que próximamente, docentes y estudiantes se prepararán intensamente para las Olimpiadas STEM, donde las aulas se convertirán en verdaderos laboratorios de creatividad e innovación.

“También vamos a fortalecer las capacidades de nuestros maestros a través de un programa formativo de manera virtual y presencial, que aborda la deconstrucción de estereotipos, el diseño de soluciones integradas y, sobre todo, resalta el bienestar social humano. La implementación del proyecto se da en un espacio práctico en el aula donde cobra vida la innovación, a través de equipos de instalación científica, pensamiento computacional, programación y el uso de la inteligencia artificial, pero de una manera ética y adaptada a la escuela primaria. Además, vamos a sistematizar la experiencia para asegurar que las buenas prácticas identificadas en las aulas de primero o sexto grado puedan replicarse con éxito en toda la región”, señaló la especialista.

Vale precisar que, en el marco del proyecto, los docentes accederán al Atlas Interactivo STEM+G, una plataforma digital de acceso gratuito que pondrá a disposición de los profesores de todo el país 50 recursos educativos validados con enfoque de género, interculturalidad e innovación. Estos materiales estarán disponibles en línea, pero también podrán descargarse para su uso sin conexión a internet, tomando en cuenta las dificultades de las comunidades.

Asimismo, el director de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, Mg. Walter Gala Palomino, resaltó que el proyecto de Food for the Hungry Perú incorpora metodologías que fortalecerán las competencias STEM y las habilidades socioemocionales de los escolares de la región.

“Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la educación de calidad, para que esta sea inclusiva, innovadora e integre a niños y niñas. El proyecto STEM+G 2026 es una gran oportunidad para nuestra niñez en Huancavelica y para nuestros maestros, quienes van a desarrollar metodologías integradoras donde se trabaja el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la resolución de problemas y la igualdad de oportunidades. Como DRE Huancavelica reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al cierre de brechas educativas y de género articulando esfuerzos con aliados estratégicos para una educación que siga siendo el principal motor del desarrollo de los pueblos de las comunidades de nuestro país”, resaltó el representante.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró un total de 2435 vehículos que prestaban servicio de transporte público de manera informal. Según la entidad, estas unidades fueron intervenidas durante el primer semestre del año 2026, como parte de un conjunto de 507 operativos de fiscalización. Además, se dispuso el internamiento global de 3003 vehículos en los depósitos municipales.

Los operativos se concentraron en las avenidas con mayor flujo vehicular como la Javier Prado, Arequipa, Óscar R. Benavides, Alfonso Ugarte y Universitaria. Según el balance estadístico de la ATU, se detectó que 1141 vehículos operaban sin autorización y registraban una serie de sanciones cuyas multas ascienden a S/ 57 millones 844 000.

Asimismo, las inspecciones de los fiscalizadores de la ATU identificaron severas infracciones operativas y documentales que afectan directamente la seguridad de las vías:

• Conductores sin licencia: un total de 1361 choferes fueron detectados al volante sin poseer el brevete reglamentario.
• Ausencia de SOAT: 545 unidades vehiculares circulaban por la capital sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente.
• Falta de inspección técnica: 530 vehículos no disponían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular obligatorio para el transporte de pasajeros.

Antigüedad y deterioro de la flota informal

La ATU detalló que 643 vehículos intervenidos superan los 30 años de antigüedad. Entre los casos críticos destacan las combis informales con placas de rodaje A4O-789 y H1C-744, intervenidas en las jurisdicciones de San Martín de Porres y el Cercado de Lima, que circulaban en condiciones estructurales deplorables: asientos sujetados con cuerdas, desprendimiento de láminas de la carrocería y la falta total de vidrios en las ventanas laterales. Todo esto ponía en riesgo a los usuarios de transporte.

En ambos casos particulares, se constató que los conductores transportaban ciudadanos, sin tener habilitadas las licencias de conducir.

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Los dos devastadores terremotos –el primero de 7,2 y el segundo de 7,5 grados– que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio han vuelto a reavivar una pregunta: ¿cuán preparado está el Perú frente a un movimiento telúrico de tales magnitudes?

El escenario en Venezuela es desolador: más de 1.700 personas muertas, por lo menos 5.000 heridos y miles de familias que excavan entre los escombros en busca de sus seres queridos.

En el 2007, el Perú también vivió una tragedia producto de un terremoto. El 15 de agosto de ese año, un sismo de 7,9 grados sacudió a Pisco, en Ica, al sur de Lima. El resultado fue doloroso: casi 600 muertos, más de 2.000 heridos y miles de damnificados.

En lo que va del siglo XXI, sismos devastadores han azotado distintas regiones del país. Loreto, en la Amazonía, y Arequipa, en el sur, están entre las zonas más afectadas.

ECData hace un repaso por los movimientos telúricos más fuertes ocurridos en el país y el mundo en los últimos 26 años.

En ese período, en el Perú se registraron 62 sismos de más de 6 grados, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), institución de los Estados Unidos especializada en el registro de información geofísica.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió el 23 de junio en Arequipa en el 2001 (8,4 grados) y dejó un trágico saldo de 104 muertos, 2.713 heridos y en cuanto a pérdidas materiales 22.399 viviendas destruidas.

Precisamente Arequipa es la región peruana en la que más sismos se registraron en el período 2001–2026. Ahí se registró un movimiento telúrico de 7.2 grados el 28 de junio de 2024, el cual dejó más de 40 heridos y 3.000 edificaciones destruidas o afectadas.

Además, mayo, julio, agosto y noviembre fueron los meses del año en los que se registraron más sismos en el mencionado período, con tres movimientos en cada uno.

A cuatro meses de que El Niño costero alcance su máxima intensidad dentro del país, según estimaciones de la Comisión Multisectorial del Estudio del fenómeno El Niño (Enfen), la construcción de la infraestructura preventiva básica que fue diseñada en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC) para evitar futuros desbordes e inundaciones está lejos de ser culminada.

De 87 proyectos de inversión orientados hacia la prevención -y valorizados al menos en unos S/19.938 millones-, 28 tienen avances por encima del 80% y solo 10 de estos lograron culminar su ejecución física al 100%. Mientras tanto, otros 41 no han reportado avances o mantienen un nivel de ejecución de 0%, de acuerdo con información proporcionada a ECData por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Los proyectos abarcan nueve regiones del país y pertenecen principalmente a Lima, Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque, Ica y Tumbes, zonas con un nivel alto de vulnerabilidad frente a desastres asociados con las lluvias e inundaciones que trae este fenómeno climatológico.

Asimismo, 42 de las 87 intervenciones iniciaron su ejecución antes del 2020; es decir, llevan al menos seis años y medio en proceso de implementación.

De esta lista, que incluye obras de drenajes, defensas ribereñas, muros de contención, así como las descolmataciones y encausamiento de ríos, 31 intervenciones actualmente están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad creada en el 2024 que sustituyó y asumió las competencias de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta última dejó de funcionar a fines del 2023. Las intervenciones a cargo de la ANIN forman parte del “Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027″.

Según destaca REDES, 14 de los 31 proyectos correspondientes a la ANIN tienen un avance físico nulo o menor al 20%, mientras que solo seis tienen un avance físico superior al 80%.

Los 56 proyectos restantes están asignados a otras entidades de los tres niveles de gobierno, entre las que destacan gobiernos regionales y municipios. De esta lista, 29 proyectos no reportan avance físico o lo tienen en 0%.

¿Qué medidas podrían plantearse para reducir esta brecha en la ejecución de los proyectos? Giacomo Puccio, economista de REDES, señaló a ECData que habría que asegurar una forma para que la ANIN cuente con el financiamiento suficiente para empezar las obras, aunque remarca que las solicitudes debieron hacerse con antelación, inmediatamente después del último Niño costero en el 2023.

“Cuando se disuelve la ARCC y se crea la ANIN, esta toma todos los proyectos con la modalidad de ejecución de gobierno a gobierno y el resto quedaron para otras instancias del Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios. Hay algunas obras que están en riesgo de paralizarse si es que no se les habilita el presupuesto, lo cual va a ser complejo porque estamos en un contexto de una caja fiscal ‘dolida’. Hay ciertas limitaciones de la ANIN para darle prioridad a todos los proyectos”, explicó.

Proyectos de inversión en infraestructura hídrica

Obras de drenaje y protección ante inundaciones — Perú

Si bien hay cierta heterogeneidad en los avances dentro de las 31 obras que la ANIN tiene a su cargo, el experto comenta que la infraestructura preventiva importante, como el sistema de protección ante inundaciones en el río Huarmey, en Áncash (S/829 millones), o la protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo (S/1.241 millones) ya tienen un avance físico del 80% y solo les faltaría el último tramo.

Por otro lado, los recursos del programa presupuestal 068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias ante desastres”, alcanzaron los S/3.062 millones durante la primera mitad del año. Sin embargo, solo el 26% de este monto (S/ 929 millones) ha sido destinado a obras para prevenir desastres. De este último monto, solo se ha ejecutado el 26% (S/ 239 millones).

Esta cifra aún está 25% por debajo del presupuesto final alcanzado en el 2024, el segundo año del último Niño costero que experimentó el país.

Proyectos de inversión en infraestructura hídrica

Obras de defensa ribereña, evacuación y protección ante inundaciones — Perú

“Si vemos solamente la parte del programa 068 que corresponde a las obras de prevención, ha crecido muy poco. Incluso en los años en los que hubo Niño, 2017 y 2023, creció 12% y 13% respecto al año anterior. Después del 2023 viene cayendo en picada”, opinó.

¿Qué se puede hacer para mitigar de la manera más eficiente los futuros daños en los pocos meses que quedan? Para Puccio, hay proyectos de descolmatación que pueden ser mucho más baratos que las grandes obras de infraestructura prometidas y que no se concretaron. “Si bien son intervenciones menores, se pueden ejecutar en poco tiempo y tener un impacto importante para la prevención”, puntualizó Puccio.

En entrevista con el programa Versus de El Comercio, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro, iniciativa empresarial que coordina acciones de preparación y de primera respuesta frente a desastres, señaló que, pese a que no hay tiempo para concretar grandes obras de infraestructura, sí se puede avanzar con acciones elementales, como limpieza de drenes, limpieza de cuencas, así como campañas educativas masivas y de salud para evitar brotes de enfermedades como el dengue, que suelen aparecer durante las inundaciones por la permanencia de aguas empozadas.

“El ente más importante en la atención de desastres es el alcalde distrital, a quien no conoceremos hasta noviembre. Una de las sugerencias que queremos llevar al nuevo gobierno es que haya una especie de ‘Comando Niño’ en el que, desde el gobierno, haya un compromiso fuerte para traer a Lima a los alcaldes provinciales y distritales y enseñarles herramientas básicas de gestión, como llenar el EDAN [procedimiento utilizado por los alcaldes y el Indeci para recopilar información sobre los impactos de un desastre en una determinada localidad]“, opinó.

La próxima entrada en vigencia de la obligatoriedad de contar con el Seguro Obigatoria de Accidente de Tránsito (SOAT), placa y licencia para las personas que manejan motos eléctricas y diversos vehículos eléctricos ha generado reacciones en los sectores involucrados en el tema, como los ciclistas, especialistas y colectivos. El Comercio ya había puesto en evidencia que dichas unidades invaden la ciclovía de la avenida Arequipa, pese a que está prohibido, por lo que representan un peligro. La normativa establece que los vehículos de movilidad personal (VMP), como scooters y monopatines eléctricos, no deben superar los 25 km/h para poder circular por ciclovías.

Existe mucha confusión sobre cuáles son vehículos de movilidad personal (VMP), por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dictó el pasado 19 de junio, mediante la Resolución Directoral Nº 0016-2026-MTC/18, la modificación de la Directiva N° 002-2006-MTC/15 a fin de establecer los criterios técnicos y gráficos referenciales aplicables a los VMP a fin de contribuir a su identificación uniforme y facilitar su diferenciación respecto de los vehículos menores de la categoría L. En pocas palabras, determinó las unidades que sí se consideran VMP.

“Los VMP, tales como las patinetas eléctricas, monociclos, hoverboards y otros dispositivos similares, se encuentran definidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. En tal sentido, la modificación incorpora descripciones y gráficos referenciales de estos vehículos facilitando su reconocimiento y diferenciación”, indicó el MTC.

La Asociación de Motos Eléctricas del Perú (AMEP) pidió que la implementación de las “nuevas exigencias” a las bicimotos, motocicletas eléctricas livianas y otros vehículos livianos, en referencia a la obligatoriedad del SOAT, placas y licencia de conducir, se realice de “manera clara, gradual y razonable, considerando las características de cada tipo de vehículo y la realidad de miles de usuarios en el país”.

Recordó que actualmente más de 150 mil personas usan algún tipo de vehículo eléctrico. “Por ello, resulta necesario contar con criterios claros sobre la clasificación vehicular, los requisitos administrativos, las condiciones de circulación y los procedimientos de fiscalización, brindando a los usuarios la información y el tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con los procesos de regularización”, señaló AMEP.

“Solicitamos a las autoridades competentes a evaluar una ampliación razonable del plazo de adecuación o la implementación de un régimen transitorio que permita a los usuarios regularizarse de manera ordenada y sin afectar a quienes tienen la voluntad de cumplir con la normativa”, agregó.

Por su parte, GreenLine, integrante de AMEP, indicó que se desarrollará una reunión con los funcionarios del MTC para abordar las medidas dispuestas por las autoridades.

La norma que regula el tema de las motos eléctricas no es nueva, ya que fue incluida en el Reglamento Nacional de Vehículos desde el 2018, por lo que las autoridades no han realizado una adecuada fiscalización, indicó Franklin Barreto, especialista en temas de seguridad vial, tránsito y transporte, a El Comercio.

“Esta norma no es reciente. Hasta el 2018 se tenía una clasificación para vehículos menores, a partir de ese año se modifica el Reglamento Nacional de Vehículos y se incorporan los vehículos de la categoría L1. En esta nueva clasificación se entiende que los vehículos L1 son los que pueden tener una velocidad máxima de hasta 50 km/h. Es ahí donde se incorpora a los vehículos eléctricos. En el 2019 se modifica el Reglamento Nacional de Vehículos y se incorpora la definición de lo que significa el vehículo de movilidad personal (VMP) y se establece con claridad que solo puede llegar a desarrollar una velocidad máxima de 25 km/h”, afirmó el especialista.

“En el 2021 se incorpora en el Reglamento Nacional de Tránsito un capítulo especial de vehículos de movilidad personal y se adiciona infracciones de tránsito para dichos vehículos”, agregó.

Barreto cuestionó que las autoridades no hayan tomado acciones en el tema, pues afirmó se ha permitido que las motos eléctricas ingresen al país bajo la denominación de “vehículos de juego” y que los comerciantes estafen a los compradores al señalarles que se trata de vehículos de movilidad personal que, supuestamente, no tendrían ningún tipo de regulación. Sobre la invasión a las ciclovías por parte de las motos eléctricas, remarcó que la fiscalización debió darse desde el 2021, año en que se incorporaron las infracciones y las sanciones.

“Las autoridades se durmieron en el tema de la fiscalización y dejaron que el concepto de los vehículos de movilidad personal fuera tergiversado de tal manera que se consideró que cualquier vehículo pequeño era un vehículo de movilidad personal”, afirmó.

“Las autoridades no le dieron la importancia debida y permitieron que empresas comercializadoras hicieran lo que, en realidad, es una estafa porque han inducido a error a los compradores indicándoles que esos vehículos no necesitan ningún tipo de regulación”, añadió.

“No ha habido ningún tipo de fiscalización ni de revisión porque no hubo una coordinación directa con Aduanas para la importación de los vehículos y las exigencias que deben cumplir, de tal manera que esos vehículos han ingresado como vehículos de juego, de entretenimiento y de desplazamiento y lamentablemente los han dejado ingresar”, puntualizó.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no debería ceder ni modificar la norma que regula y sanciona el funcionamiento de las motos eléctricas en el país, indicó Octavio Zegarra, vicepresidente de colectivo Cicloaxión, a El Comercio.

Zegarra explicó que en varias publicaciones en redes sociales que promocionan la venta de motos eléctricas se señala que se puede modificar el límite de velocidad, incluso recordó que muchos usuarios denuncian que son los propios negocios los que se ofrecen a realizar tal cambio.

Cuestionó que las empresas integrantes de la Asociación de Motos Eléctricas del Perú (AMEP) consideren como “nuevas exigencias” las disposiciones de las autoridades en el temas de las motos eléctricas, pese a que tienen varios años de implementadas.

“En su comunicado dicen las nuevas exigencias, pero eso no es nada nuevo, la norma tiene varios años. Las empresas deben conocer estas obligaciones, esta reglamentación. Si piden plazo, eso es algo que el MTC tendrá que considerar, pero no se debería considerar modificar ni retroceder en esta clasificación vehicular que se tiene para este tipo de vehículos. No es lo mismo un VMP que una moto eléctrica o una bicimoto”, manifestó.

“He visto a varias empresas que se unirán a la marcha de los usuarios, pero es algo paradójico porque los usuarios han sido las víctimas de estas empresas al comprar un vehículo y ofrecerles condiciones que realmente no pueden cumplir”, agregó.

En ese contexto, denunció que las motos eléctricas han invadido las ciclovías, por lo que estas resultan peligrosas, ya que, según recordó, los vehículos eléctricos tienen un peso y una velocidad mayor en comparación con las bicicletas, por lo que puede causar lesiones graves a ciclistas o peatones.

“Tienen potencia, alcanzan velocidades mayores y tienen un peso diferente a las bicicletas, por lo que en cualquier incidente que se dé pueden ocasionar lesiones graves a los ciclistas o peatones. Esto es algo que se debe considerar y se tiene que tomar acción ya, por eso la fiscalización se tiene que dar de manera urgente, pues ya han ocurrido accidentes que terminan en lesiones graves”, refirió.

La Policía Nacional del Perú sancionará, a partir del 2 de agosto, a los conductores de motos eléctricas que transiten por las ciclovías, por lo que efectuará una campaña informativa durante 45 días. Advirtió que los vehículos eléctricas se encuentran clasificados dentro de la categoría L, que agrupa a las unidades motorizadas de dos y tres ruedas, por lo que tienen prohibido el ingreso a las ciclovías que son de uso exclusivo para bicicletas o scooters.

Además, remarcó que las motocicletas eléctricas deben circular con placa y por el lado derecho de la pista, mientras que los conductores tienen que portar licencia de conducir vigente adecuada a la cilindrada o potencia, el SOAT activo y los implementos de seguridad personal, como cascos reglamentarios.

Por su parte, la Municipalidad de Lima (MML) advirtió que los conductores de las motos eléctricas que invadan la ciclovía cometen la infracción M43, por lo que podrían recibir una multa de 660 soles, equivalente al 12% de una UIT.

La tuneladora Delia culminó al 100% la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao al llegar a la Estación Insurgentes (E-04), en el Callao, culminando así la excavación de los 27 kilómetros de la vía del primer metro subterráneo del Perú.

Desde el inicio de sus trabajos en la estación San Juan de Dios (E-19), “Delia” excavó un total de 14,3 kilómetros de túnel. Durante su recorrido atravesó las estaciones Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes.

Para completar este tramo, la tuneladora colocó 8.412 anillos estructurales, integrados por 58.884 dovelas de concreto instaladas con precisión milimétrica. Cada anillo, de cerca de 40 toneladas, permitió asegurar la estabilidad del túnel, mientras “Delia” avanzaba a un promedio de 15 metros diarios.

La excavación de los 27 kilómetros del túnel de la Línea 2 se realizó mediante el método tradicional NATM y el uso de las tuneladoras “Delia” y “Micaela”.

Municipalidad de Lima abre nueva sede de licencias de conducir en Av. Gray del Cercado de Lima

Cabe señalar que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao unirá los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y Callao en tan solo 45 minutos.

Vías libres tras finalizar excavación

Se retiraron al 100% los cerramientos vehiculares a la altura de las estaciones Manco Cápac, Cangallo, Plaza Bolognesi, Óscar R. Benavides y Carmen de la Legua. Asimismo, se dispuso el retiro parcial de las restricciones en las estaciones San Juan de Dios, Nicolás Ayllón, Puerto Callao, Buenos Aires, Juan Pablo e Insurgentes.

Además, se restableció la circulación en la avenida Guardia Chalaca y el acceso a la Vía Expresa desde el Paseo de los Héroes Navales, lo que contribuyó a mejorar el flujo vehicular en la zona.

Beneficios de la Línea 2

En la etapa 1A, que conecta las estaciones Evitamiento y Santa Anita, se realizan diariamente alrededor de 60.000 viajes gratuitos. Desde el inicio de operaciones, en diciembre de 2023, se han registrado más de 41 millones..

La Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una nueva sede para la emisión de licencias de conducir en la cuadra 1 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima, para descentralizar y modernizar la atención a los ciudadanos que requieren realizar trámites de sus brevetes.

El local, ubicado específicamente en la avenida Grau 169, permite gestionar la revalidación, duplicado y otros procedimientos administrativos para licencias de las clases A y B. Asimismo, las instalaciones cuentan con ambientes acondicionados para que los usuarios rindan el examen de conocimientos requerido por la normativa vigente.

Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la comuna, señaló que esta iniciativa responde a un proceso de modernización impulsado por la gestión del alcalde Renzo Reggiardo. El funcionario indicó que el centro cuenta con estacionamiento y atiende solicitudes de duplicados de ciudadanos de cualquier lugar del país.

La apertura de esta sede se enmarca en la transferencia de funciones, donde la Municipalidad de Lima asumió la competencia de emitir licencias de conducir, antes a cargo del MTC. Para los trámites, se exige el DNI vigente y no registrar multas pendientes ante el Jurado Nacional de Elecciones o el MTC.

Desde abril a la fecha, la comuna limeña ha emitido más de 30 mil licencias de conducir. Según informó la gerencia, la optimización de procesos mediante el área de Gobierno Digital permitió establecer los tiempos de entrega de la licencia en un rango que oscila entre los 15 y 25 minutos.

Peralta exhortó a la población a evitar el uso de tramitadores y realizar sus gestiones directamente en las ventanillas con funcionarios autorizados. Esta recomendación busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de personas externas al sistema administrativo durante el proceso de obtención o renovación de su documento de conducir.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y los sábados hasta la 1:00 p. m. Los costos por duplicado son de 14.70 soles para clase A y 26 soles para clase B, requiriendo contar con el examen médico para las revalidaciones.

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La aparición de decenas de pelícanos muertos en las playas de Pisco ha encendido las alertas. El fenómeno de El Niño estaría relacionado con la escasez de anchoveta, principal fuente de alimento de estas aves marinas, situación que ha generado preocupación por el impacto en el ecosistema costero.

De acuerdo con los primeros reportes, las aves llegan debilitadas a la orilla tras recorrer largas distancias en busca de alimento. Sin encontrar suficientes peces para alimentarse, muchas terminan muriendo por inanición, dejando una imagen preocupante en distintos sectores del litoral de Pisco.

El biólogo Julio Reyes, de la organización Acorema, explicó que esta mortandad está vinculada a los cambios que experimenta el mar debido al fenómeno de El Niño. El fallecimiento de estas aves estaría asociada a la reducción de peces por el calentamiento del Pacífico, lo que obliga a las especies marinas a recorrer mayores distancias en busca de alimento.

Reyes señaló que el monitoreo realizado en la zona permite confirmar que los pelícanos son una de las especies más afectadas, aunque también se han identificado otras aves marinas perjudicadas por la falta de recursos alimenticios.

“La mortandad se debe a que están toseadas las aguas por el efecto del fenómeno del niño que está alejando el alimento disponible que principalmente es anchoveta para estas aves”, indicó el biólogo a Buenos Días Perú.

Cabe señalar que las autoridades señalaron que realizan un seguimiento diario para contabilizar el número de ejemplares afectados y determinar si la mortandad continúa incrementándose. “Hacemos el monitoreo diario, tratando de contabilizar, que especies les está afectando, pero principalmente las aves guaneras y pelícanos”, precisó.

Como se recuerda, un escenario similar se dio hace algunos días en Tumbes, donde diversas aves denominadas piqueros de patas azules fueron halladas sin vida, situación que ha alarmado a la población ante las aparentes consecuencias del fenómeno de El Niño.

Con un llamado a consolidar al Perú como una potencia agroexportadora y a fortalecer la innovación para enfrentar los retos del cambio climático y la competitividad global, este miércoles se inauguró la quinta edición de AgroFest 2026. El evento, que se desarrolla hasta el 3 de julio en el Polideportivo N.° 3 de La Videna, en San Luis, reúne a autoridades, empresarios, productores, investigadores y representantes de diversos países. La jornada marcó además la apertura de la zona ferial y el inicio de un programa que incluye congresos especializados, ruedas de negocios, conferencias técnicas y espacios de articulación entre el sector público, privado y la academia.

Durante la ceremonia inaugural, diversas autoridades coincidieron en resaltar el peso que ha alcanzado la agroindustria dentro de la economía peruana. El ministro de la Producción, César Quispe, sostuvo que el sector aporta actualmente el 16,8% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, informó que las agroexportaciones peruanas superaron los 15 mil millones de dólares en 2025, un crecimiento de 18,3% respecto al año anterior, con lo que el sector acumuló trece años consecutivos de expansión y pasó a representar el 16,5% de las exportaciones nacionales.

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, sostuvo que el Perú ya demostró su capacidad para competir en el mercado global al ubicarse entre los principales exportadores mundiales de frutas y hortalizas. Recordó que el país ocupa actualmente el octavo lugar a nivel mundial en ese rubro y lidera las exportaciones de productos como el arándano y la uva. “El sector agrario no es un problema, es parte de la solución para desarrollar el país”, afirmó, al señalar que el siguiente paso consiste en fortalecer la competitividad mediante mayor inversión, apertura de mercados e innovación.

Para Gonzalo Díaz Arias, director del evento, el reto es aprovechar ese posicionamiento para que el Perú deje de ser reconocido únicamente como proveedor de materias primas y avance hacia una industria con mayor valor agregado. En ese sentido, señaló que el objetivo del evento es contribuir a convertir al país en “la capital mundial del agro”, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos de transformación e investigación aplicada que permitan impulsar productos agroindustriales con mayor nivel de sofisticación.

Desde una mirada del sector privado, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, destacó que la experiencia de los cítricos refleja el proceso de evolución que ha seguido la agroexportación peruana durante las últimas décadas. Explicó que, aunque el país tenía una larga tradición en el cultivo de estos productos, fue necesario incorporar tecnología, mejorar los procesos logísticos y desarrollar conocimiento especializado para que la fruta pudiera llegar en óptimas condiciones a mercados distantes como Estados Unidos y Europa. Agregó que una de las principales fortalezas del Perú es su capacidad para abastecer esos mercados durante periodos en los que los países del hemisferio norte no producen, lo que le permite aprovechar una ventana comercial estratégica frente a otros competidores.

Durante su intervención, Gabriel Amaro advirtió que el sector agrícola afronta un escenario complejo debido a la amenaza del fenómeno El Niño, el incremento de los costos internacionales de fertilizantes, combustibles y transporte marítimo, así como la necesidad de ampliar mercados para las exportaciones peruanas.

Entre las prioridades planteadas al próximo gobierno mencionó la ejecución de proyectos de irrigación, la reducción de trabas regulatorias para incentivar nuevas inversiones y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad encargada de abrir nuevos mercados para los productos nacionales.

Precisamente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, informó que solo durante el 2026 el SENASA logró la apertura de 19 nuevos mercados internacionales, de los cuales siete corresponden a productos de origen vegetal y doce a productos de origen animal.

Asimismo, Gabriel Amaro destacó que el sector agrario se desarrolla en un mercado “ultracompetitivo”, por lo que consideró indispensable impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la formación técnica especializada. En ese contexto, resaltó iniciativas como Food for Life Perú y el futuro Instituto Tecnológico Agrario que impulsa AGAP para fortalecer la productividad del sector.

El director de AgroFest y gerente de Vistacom, Gonzalo Díaz considera que la quinta edición representa un paso más hacia un objetivo ambicioso.

“El AgroFest tiene un propósito muy claro, convertir al Perú en la capital mundial del agro”, señaló.

Explicó que la edición 2026 incorpora una mayor presencia internacional con delegaciones de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Chile, Panamá, Italia y China, además de una nueva edición del Gran Mercado, el Congreso Internacional Universitario Agrario (CIUA), el Congreso Agrario y las ruedas de negocios.

El organizador indicó que la meta es superar los 15 millones de dólares estadounidenses en transacciones comerciales durante los tres días del evento y convertir a AgroFest en una plataforma de negocios que beneficie especialmente a pequeños y medianos productores, facilitando su acceso a nuevos mercados, tecnologías y oportunidades de capacitación.

Añadió que el éxito de esta edición será evaluado mediante indicadores como la cantidad de visitantes, las ventas registradas en la zona ferial y los resultados alcanzados en las ruedas de negocios.

La innovación tecnológica se posicionó como uno de los principales ejes de AgroFest 2026. A lo largo de los tres días del evento se desarrollarán conferencias y paneles dedicados a la inteligencia artificial, la agricultura regenerativa, la bioeconomía, la gestión eficiente del agua, la inocuidad alimentaria y la transformación digital del agro, además del Primer Foro Internacional de Polinización Global, que reunirá a especialistas para abordar el papel de las abejas en la productividad agrícola.

Según explicó Gabriel Amaro, la incorporación de estas herramientas responde a una necesidad estratégica. El presidente de AGAP afirmó que el mercado agrícola mundial es “ultracompetitivo”, por lo que el Perú necesita acelerar el desarrollo de investigación, innovación y nuevas tecnologías si quiere mantener el liderazgo alcanzado en la agroexportación. En tal sentido, destacó que la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y los sistemas automatizados ya forman parte de la transformación del sector y deben complementarse con una mayor formación técnica para productores y trabajadores.

En esa línea, explicó que AGAP impulsa el ecosistema Food for Life Perú, iniciativa que reúne a empresas, universidades y centros de investigación para desarrollar soluciones frente a desafíos como las plagas, nuevas variedades agrícolas y el tratamiento de metales pesados. Asimismo, anunció que el gremio trabaja en la creación de un Instituto Tecnológico Agrario que contribuya a formar profesionales con competencias adaptadas a las nuevas exigencias del mercado internacional.

Por su parte, Gonzalo Díaz señaló que la incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías responde al objetivo de preparar al agro peruano para la siguiente etapa de crecimiento.

“La agricultura peruana ya es referencia en la región y en breves años va a ser referente a nivel global”, sostuvo. Agregó que adoptar estas herramientas permitirá incrementar la productividad de los cultivos, impulsar el desarrollo de productos con mayor valor agregado y fortalecer la competitividad de las nuevas generaciones de productores frente a un mercado cada vez más exigente.

Desde la perspectiva empresarial, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, destacó que AgroFest representa la consolidación de un proyecto impulsado por AGAP desde su creación para contar con un espacio exclusivamente dedicado al agro.

El ejecutivo recordó que la agroindustria es actualmente el segundo sector generador de divisas del país y el principal empleador de mano de obra, por lo que consideró fundamental seguir fortaleciendo este tipo de plataformas para exhibir el desarrollo alcanzado por el sector.

Respecto a los cítricos, explicó que el Perú ha logrado consolidarse como proveedor de mercados como en Norte América y países de Europa gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten mantener la calidad de la fruta durante largos trayectos. Sin embargo, advirtió que el cultivo enfrenta desafíos asociados al cambio climático y las plagas.

En ese sentido, señaló que la campaña actual registra una reducción cercana al 20% en los volúmenes exportados debido al retraso en la maduración de la fruta ocasionado por la falta de frío, aunque manifestó su expectativa de recuperar los niveles de producción hacia el cierre del año.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mariana Escobar, sostuvo que el Perú enfrenta desafíos estructurales en su agricultura que ningún actor podrá resolver de manera aislada. Según indicó, el cambio climático está modificando las condiciones de producción de miles de familias rurales y exige una mayor coordinación entre el Estado, la empresa privada, la academia y los organismos internacionales.

Ese mensaje fue compartido por Gabriel Amaro, quien resaltó que el desarrollo del agro dependerá de la capacidad de construir consensos entre todos los actores involucrados. “Tenemos que estar unidos en el país y poner las mejores cabezas”, afirmó.

Como media partner de AgroFest 2026, El Comercio participa en la cobertura de esta quinta edición, que busca consolidarse como el principal espacio de encuentro del sector agrario peruano y fortalecer la articulación entre productores, empresas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales.

Un conductor de una cúster de transporte público falleció luego de recibir un disparo de parte de un policía durante una intervención de tránsito en el distrito de San Juan de Miraflores. El incidente se produjo tras una persecución que inició cuando el chofer, presuntamente, no se detuvo ante la orden de un efectivo policial, provocando un accidente en la vía pública.

La víctima fue identificada como Lisandro José Arellano Quintana (24), quien conducía una unidad de la Línea D. De acuerdo con la información preliminar, la intervención se produjo el miércoles 1 de julio, cerca de las 3 p.m., en el cruce de la avenida César Vallejo con la calle Los Eucaliptos, cuando el vehículo habría cometido una infracción de tránsito al cruzar una luz roja.

Durante la persecución, un efectivo realizó un disparo que impactó en las piernas del conductor. A pesar de la herida, el chofer avanzó varios metros antes de perder el control de la unidad, que terminó chocando contra un automóvil y una motocicleta.

En las grabaciones de una cámara de seguridad se muestra que luego de causar el accidente, el chofer intenta huir de la escena, pero un efectivo policial aparece y apunta al conductor con el arma de fuego, donde presuntamente le dispara.

Tras lo ocurrido, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

La pareja de la víctima aseguró que el conductor mostró la documentación del vehículo en formato digital y que incluso aceptó dirigirse a una dependencia policial. Sin embargo, sostuvo que el disparo se produjo cuando la unidad volvió a avanzar. Asimismo, denunció que la víctima no recibió atención inmediata tras ser baleado.

“El presentó su cédula por foto, pero el oficial no se lo quiso aceptar y le dijo que si no había físico (el documento) se lo iba a llevar, lo iba a enmarrocar. Me amenazo a mí, cuando yo me baje a intentar conversar con el oficial, lo que hizo fue darme con la vara que ellos portan”, contó Dania Plaza, pareja del chofer, quien también indicó que los efectivos del orden no la dejaron ayudar a la víctima tras el disparo.

El Ministerio Público y la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo se desarrolló la intervención y establecer si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos vigentes. Mientras tanto, los familiares del conductor exigen una investigación y que se sancione a los responsables.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano en ambos sentidos está sufriendo demoras por un accidente vehicular a la altura de la Estación Caquetá, en San Martín de Porres, y que se encuentran trabajando para resolver el problema.

Según informaron a través de redes sociales, el incidente ocurrió esta mañana entre una moto lineal y un tráiler a la altura de la estación Caquetá, por lo que la institución dijo que los buses "presentan demoras de unos 10 minutos aproximadamente, en ambos sentidos“.

🚨#ATUInforma | Debido al siniestro de tránsito ocurrido entre un tráiler y una moto lineal a la altura de la estación Caquetá, los servicios del Metropolitano presentan demoras de unos 10 minutos aproximadamente, en ambos sentidos. pic.twitter.com/fKEasTDw8i

— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 2, 2026

La ATU aseguró que cuenta con personal en el lugar del incidente y en los alrededores para realizar labores que permitan acelerar el tránsito y agilizar la circulación de unidades del Metropolitano, y luego agregaron que lamentan los inconvenientes generados.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la construcción de una red de ocho teleféricos, como parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045. El objetivo es conectar a los ciudadanos que viven en las laderas de los cerros con las estaciones de las líneas del Metro, el Metropolitano y las redes de corredores complementarios.

Este nuevo sistema de cable tendrá una extensión de 46,8 kilómetros y se estima que beneficiará a más de 950 000 ciudadanos. Según la ATU, con esta red se evitarán los desplazamientos informales o el recorrido a pie que actualmente realizan los usuarios de estas zonas para descender hacia los ejes de transporte de la ciudad.

¿En dónde se ubicarán los teleféricos en Lima y Callao?

La ATU comunicó que uno de los trazados principales unirá San Martín de Porres con San Juan de Lurigancho mediante una línea de 6 kilómetros. Este trayecto facilitará el transbordo entre la actual estación Tomás Valle del Metropolitano (y la proyectada parada homónima de la Línea 3 del Metro) con la estación Los Jardines de la Línea 1, situada en la avenida Próceres de la Independencia, lo que beneficiará de forma directa a 173 000 habitantes.

Las otras líneas contempladas en el plan maestro se distribuyen de la siguiente manera:

• Comas y San Juan de Lurigancho: tendrá la mayor cantidad de beneficiarios directos con 226 000 personas a lo largo de sus 8 kilómetros de red.
• Ventanilla y Puente Piedra: será el tramo más largo con 8,9 kilómetros de infraestructura para atender a 124 000 ciudadanos.
• Lurigancho y San Juan de Lurigancho: contará con 7,4 kilómetros de extensión y una población objetivo de 126 000 usuarios.
• Lurigancho: se construirá una línea interna de 3,9 kilómetros diseñada para movilizar a más de 50 000 vecinos.
• La Victoria y El Agustino: un trayecto corto de 1,5 kilómetros enfocado en resolver la accesibilidad de 105 000 residentes.
• Villa María del Triunfo y Pachacámac: Estará fraccionado en dos sectores operativos; el primero cubrirá 3,2 kilómetros (99 000 beneficiarios) y el segundo se extenderá por 7,8 kilómetros para conectar con la zona de Manchay (46 000 usuarios).

La instalación de este nuevo sistema de transporte por cable modificará los tiempos de viaje urbano y se convertirá en una vía de aproximación a zonas geográficas periféricas que albergan ecosistemas de lomas, complejos arqueológicos y humedales, abriendo un margen de desarrollo ecoturístico en los conos.

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Una modalidad de estafa está ganando cada vez más terreno en el Perú. Todo empieza con un mensaje SMS con un contenido atractivo para los usuarios —porque supuestamente se ganaron un premio— o también con un mensaje alarmante, como un supuesto problema en su banca móvil. Sin embargo, todo se trata de una farsa orquestada por delincuentes que se hacen pasar por entidades financieras para engañar a los ciudadanos. El modus operandi consiste en enviar estos mensajes junto con un enlace fraudulento y, al hacer clic, las víctimas pueden terminar perdiendo todo el dinero de sus cuentas.

Si bien esta modalidad de estafa virtual ya tiene un largo historial en Europa, en el Perú se están empezando a detectar casos de manera progresiva. Los delincuentes utilizan mensajes de texto para robar información personal almacenada en dispositivos móviles. La clave está en incluir dentro de estos SMS enlaces que dirigen a páginas web falsas, diseñadas para imitar a las originales.

En estos sitios se solicita a las víctimas que ingresen sus datos personales, como nombres completos, números de identificación, direcciones e información de cuentas bancarias, entre otros. De esta forma, los estafadores pueden cometer diversos delitos, como acceder a cuentas bancarias, solicitar créditos fraudulentos o realizar compras no autorizadas.

Testimonio

Incluso hay casos en los que las víctimas pierden todo con solo ingresar al enlace. Esto le ocurrió a Sheyla Aguilar, a quien le robaron S/5.500 que había ahorrado para retomar sus estudios.

Los delincuentes se hicieron pasar por el BCP para vulnerar la seguridad de su cuenta. Sheyla contó que recibió un mensaje de alerta en su celular que parecía legítimo y creyó que, efectivamente, había sido enviado por su banco. El SMS le advertía que tenía una transferencia retenida y contenía un enlace para supuestamente activar la operación.

“Me llegó el mensaje de texto que decía que tenía una transferencia retenida. Entonces accedí al link y me redireccionó a una página que era muy similar a la banca por internet del BCP, pero al ver que no tenía el candado de seguridad simplemente atiné a cerrar la página y entrar al aplicativo”, contó.

Pese a ello, ya era demasiado tarde. Con solo hacer clic en el enlace que acompañaba el mensaje, su aplicación se bloqueó y comenzaron a llegarle correos electrónicos notificándole sobre transferencias realizadas.

“Me salía que tenía que comunicarme con la banca por teléfono. Entonces llamé y me dijeron que mis tarjetas estaban bloqueadas, que habían sacado todo el dinero de mi cuenta”, relató la víctima.

Sheyla Aguilar indicó que el robo la ha perjudicado enormemente, pues con ese dinero planeaba retomar sus estudios. “Me he retrasado casi un año y medio y quería retomarlos. Estaba ahorrando desde hace bastante tiempo”, agregó.

Más casos

Un mensaje muy similar fue recibido por un equipo de El Comercio hace apenas dos días. El SMS decía: “Estimado usuario de Yape, tienes 11.548 puntos que están por caducar. Canjéalos ahora por regalos”. Junto al mensaje aparecía un enlace que aparentemente pertenecía a Yape, pero cuyo dominio terminaba en una extensión sospechosa (.one).

Ante ello, el equipo de Yape informó a este Diario que “no contamos con un programa de puntos ni enviamos enlaces para canjear beneficios vía SMS con dominios externos. Recordamos a nuestros yaperos que nuestros canales oficiales son @yapeoficial (Instagram, Facebook, YouTube y TikTok), el WhatsApp +51 939 339 299 y la página web www.yape.com.pe“.

Otra de las empresas suplantadas fue Claro. Los estafadores utilizaban el nombre de la compañía para informar sobre supuestos beneficios o advertencias dirigidas a los usuarios. El mensaje incluía un enlace que simulaba dirigir a una tienda virtual oficial de Claro y solicitaba a los usuarios ingresar los datos de su tarjeta de crédito o débito. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa alertó a los usuarios y dejó en claro que no está vinculada con estos mensajes fraudulentos que vienen circulando entre distintos números de celular.

Análisis

En diálogo con El Comercio, el abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte explicó que la modalidad en la que se engaña a una persona para que entregue su información financiera se conoce como phishing cuando se realiza mediante correo electrónico. “En este caso, cuando se envía un SMS, se llama smishing. Los usuarios hacen clic y pueden ocurrir dos cosas: la primera es que sean dirigidos a una página web muy similar a la original, donde les solicitan sus datos. La segunda es que, al hacer clic, automáticamente se descargue un archivo en el equipo que toma el control del dispositivo o monitorea los movimientos del usuario para obtener sus contraseñas”, indicó.

“Como medida de prevención, es importante saber que cada vez hay más celulares que cuentan con mecanismos de seguridad para impedir la instalación de archivos sin la autorización explícita del usuario. Esa función puede configurarse desde el propio teléfono. También es recomendable instalar un antivirus”, añadió.

Respecto a qué debe hacer una persona que ingresó a uno de estos enlaces, Iriarte señaló que lo primero es cambiar todas sus claves de acceso y comunicarse de inmediato con la entidad financiera para evitar que se considere que uno mismo realizó las operaciones fraudulentas. “También es importante presentar una denuncia, ya sea en una comisaría o ante la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia”, sostuvo.

Consultado sobre si conviene formatear el celular, el especialista explicó que esta medida puede servir para eliminar cualquier archivo malicioso que haya sido instalado en el dispositivo, pero no evita que los delincuentes ya hayan accedido a la información personal de la víctima.

“Es necesario crear una cultura de ciberseguridad. Lamentablemente, el Estado no cuenta con una política educativa en materia de ciberseguridad y protección de datos. Tampoco existe una política de Estado para combatir el cibercrimen. Ahora hay un cambio de gobierno y habrá que ver qué medidas adopta en esta materia”, agregó.

Para reconocer un SMS fraudulento, Iriarte precisó que “normalmente el banco no te pide ingresar a un enlace. Lo que hace es enviar algún reporte o una simple notificación”.

Por su parte, el especialista en tecnología y gerente de Moventi, Eduardo Quesquén, explicó a El Comercio que estos delincuentes utilizan el nombre de marcas reconocidas, como una billetera digital, y aprovechan el tipo de campañas que estas empresas suelen realizar, por ejemplo, aquellas en las que premian a sus usuarios con puntos o dinero.

“Hacen creer a los usuarios que se trata de una campaña real. Por eso es fundamental revisar el dominio al que se está accediendo. Generalmente, los estafadores utilizan dominios muy parecidos al de la empresa original. Por ejemplo, si una empresa termina en ‘.com’, ellos usan ‘.pe’ o ‘.net’. Siempre se debe contrastar con el dominio oficial. Basta con ingresar el nombre de la empresa en un navegador y verificar cuál es su dirección web. Si el dominio no coincide, no se debe ingresar a ese enlace”, explicó.

El experto precisó que, si bien esta problemática escapa al control de las empresas, estas deberían implementar campañas de comunicación periódicas para alertar a sus usuarios sobre nuevas modalidades de estafa y brindar recomendaciones que les permitan evitar caer en ellas.

El exjefe del grupo táctico “Halcones” de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional de Juliaca, José Gutiérrez, fue condenado a seis años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Según la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, en noviembre del año 2019, Gutiérrez estableció un sistema de extorsión para cobrar cupos al personal subalterno que se encontraba desplegado bajo su comando operativo en la región altiplánica.

El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto provincial Juan Elías Jamachi Cueva, determinó que Gutiérrez exigía a su personal, montos entre S/ 200 (mencionados bajo la jerga de “dos ferros”) y S/ 50 (denominados como “una mano”) a cambio de no tramitar reportes contra ellos de supuestas faltas o infracciones disciplinarias ante la Inspectoría General de la institución.

Para corroborar la acusación penal, la Fiscalía presentó testimonios directos de los efectivos afectados, que coincidieron con la posterior anulación de las sanciones impuestas por el propio sentenciado, debido a que el órgano de control interno determinó en su momento que carecían de sustento técnico y legal.

Poder Judicial dispuso inhabilitación

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial fijó un periodo de seis meses de inhabilitación contra el exjefe policial para el ejercicio de cualquier función pública. Además, determinó el pago obligatorio de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

Pese a que la sanción punitiva impuesta es de carácter efectivo, la judicatura dispuso la suspensión provisional de su ejecución inmediata, debido a que el condenado apeló la sentencia ante la Corte Superior.

Mientras que la sala evalúe y resuelva la apelación en segunda instancia, José Gutiérrez estará obligado a cumplir con restricciones de conducta dictadas por el juzgado de origen.

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El despiste y volcadura de un vehículo, ocurrido en la mañana de este miércoles 1 de julio, en la provincia de Yauyos, región Lima, provocó la muerte de tres artistas y dejó a una cuarta persona herida de gravedad. Entre las víctimas mortales se identificó al cantautor de huayno con arpa Teodardo Clemente Carlos Tadeo, de 69 años, conocido en el mundo folclórico como “Gorrión Tauripampino”. Los otros dos fallecidos serían parte de su agrupación musical.

Según los primeros informes, la unidad en la que viajaba la agrupación musical Los Chéveres de Yauyos se salió de la carretera y se precipitó por una pendiente en el distrito de Quinocay. El compositor y su bajista, identificado como Flavio Tucta, fallecieron de forma instantánea en el lugar del accidente. La tercera víctima mortal fue el animador Wilmer Romero “Charronquito”, quien perdió la vida mientras era trasladado en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Mala, en Cañete.

Por su parte, el baterista Nilo Huaraca Trucios sobrevivió al impacto y fue llevado de emergencia al hospital de Mala, en Cañete, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo diagnóstico reservado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició los peritajes correspondientes en la carretera para determinar los factores que habrían provocado el accidente. De forma preliminar, una de las hipótesis apunta al cansancio físico del conductor como presunta causa; sin embargo, los resultados concluyentes dependen de las pericias mecánicas de ley.

Trayectoria artística y política del Gorrión tauripampino

El accidente de la agrupación musical se produjo mientras retornaban de cumplir con una serie de compromisos en la región. El sábado 27 de junio, el cantautor celebró su aniversario artístico en un local del distrito de Villa El Salvador. El lunes se presentó de manera estelar en la fiesta patronal de San Pedro de Pilas.

Al momento del accidente, el grupo retornaba del distrito de Quinocay a donde viajaron para amenizar la fiesta patronal del lugar. Tras la tragedia, la comisión organizadora suspendió las actividades programadas para el cuarto día de la celebración patronal.

Carlos Tadeo nació el 10 de septiembre de 1956 en el distrito de Tauripampa, en el ceno de una familia campesina. Realizó sus estudios entre su tierra natal, la capital de la provincia de Yauyos y Cañete, para luego abocarse a la composición e interpretación del huayno con arpa. Su repertorio musical se caracterizó por piezas orientadas al romance, las vivencias del ámbito rural y el sufrimiento social.

Paralelamente el artista también ejerció funciones dentro de la administración pública local. En el año 2007 se desempeñó en el cargo de gerente municipal de la comuna de Tauripampa y, en otros periodos, ocupó el cargo de regidor en el Consejo Provincial de Yauyos. Hasta el cierre de este reporte, los familiares no han definido el lugar de los velatorios ni del sepelio.

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Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este miércoles 1 de julio en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:19 p. m. a 18 kilómetros al sur del distrito de Maca.

Según el IGP, el temblor tuvo una profundidad focal de 14 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de carácter superficial. No obstante, debido a la cercanía del epicentro a la superficie, el sismo se percibió con una intensidad de grado II-III, lo que provocó un leve remezón percibido por los pobladores de esta zona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa no han reportado daños materiales ni víctimas humanas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;

Antes del sismo

• Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.
• Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.
• Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.

Durante el sismo

• Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo.
• Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.
• Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.
• En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.

Después del sismo

• Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.
• Dirigirse a las zonas de concentración vecinal establecidas por las autoridades municipales para recibir asistencia técnica o médica.
• Utilizar exclusivamente linternas autónomas para la inspección de los espacios. Se prohíbe el uso de fósforos, encendedores o velas ante la posibilidad de fugas de gas no detectadas.

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En el mundo, 114 mujeres por cada 100 hombres estudian educación superior, sostuvo Borhene Chakroun, director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Unesco, en el “Innovative Universities - IU26 Educación sin fronteras” organizado por la Universidad Continental.

Sin embargo, dijo que, si bien se trata de un logro extraordinario, esto no se visibiliza en puestos laborales de liderazgo. “Las mujeres no están siendo representadas en puestos clave en sectores como mercados, ciencias de computación o las ingenierías, por ejemplo”, destacó.

Basado en cifras del reporte de educación al 2030 de Unesco, Chakroun dijo también que el 77% de los países priorizan la digitalización como objetivo en los planes nacionales de educación superior, aunque un tercio de la población mundial permanece sin conexión.

Además, recordó que el mundo registra hoy 269 millones de estudiantes que están matriculados en la educación superior, frente a los 100 millones del 2000.

Esta versión del IU26, también tuvo como expositores a Andrés Núñez Álvarez, fundador de la edtech colombiana Griky; y a David Bullón, líder en iniciativas relacionadas con la innovación educativa.

En su intervención, Bullón sostuvo que “los pronósticos sugieren que quizá para el 2033 ya tengamos inteligencia artificial generalizada, o sea, la inteligencia artificial más capaz, más inteligente que toda la humanidad junta”.

Dijo que una vez que ya se llegue a ese punto, la IA misma será capaz de acelerar sustancialmente la creación de nuevas tecnologías. “Eso significa que las modalidades a través de las cuales funciona la educación, mediadas por la tecnología, van a estar cambiando posiblemente cada tres años”, refirió.

En ese sentido, sostuvo que se vuelve evidente que el primer desafío que enfrenta cualquier universidad es la reinvención continúa.

Finalmente, Andrés Núñez Álvarez brindó algunas proyecciones de la educación superior como que al 2030 al menos 39% de las habilidades clave cambiarán, forzando a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades y actualización; o que se van a perder 92 millones de trabajos, pero se van a crear 170 millones.

Habló sobre la universidad holoversity del 2030, una universidad omnipresente. “Será un ecosistema de aprendizaje hiperconectado, flexible e hiperpersonalizado. No será un lugar físico tradicional, sino un entorno virtual y físico fusionado que permita una experiencia educativa sin fronteras”, acotó.

En ese sentido, dijo que el futuro de la educación no reside en campus estáticos, sino en un ecosistema de aprendizaje para toda la vida. “Las instituciones de educación superior deben trascender sus roles tradicionales y emerger como centros de aprendizaje a lo largo de la vida”, añadió.

Haciendo uso de diferentes herramientas digitales de investigación, metaverso, diseño, multimedia, syllabus y video, mostró diferentes productos que ya se vienen desarrollando, desde infografías hasta cursos universitarios completos.

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La Policía Nacional halló el cuerpo de un hombre en una zona pantanosa de Pitumarca, provincia de Canchis, en Cusco. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para verificar si los restos pertenecen al ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, cuyo paradero se desconoce desde el 13 de mayo.

El descubrimiento se realizó en una de las rutas que conducen a la montaña Vinicunca, conocida como la Montaña de Siete Colores, en el sector de Pampa Cancha, perteneciente a la comunidad campesina de Chilca. Fueron los comuneros quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en un área inhóspita y pantanosa, situada cerca de un riachuelo.

Debido a la condiciones geográficas y al tiempo transcurrido desde la desaparición, la recuperación de los restos requirió la intervención de agentes de Criminalística, la División de Investigación Criminal (Divincri), y efectivos de los equipos de rescate de alta montaña y el grupo Kallpas.

Pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo, debido al tiempo y las condiciones climatológicas, el general Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, manifestó que “se halló algunas prendas de vestir que coinciden con las del desaparecido, como un gorro blanco, una polera que coincide con sus prendas, además del cabello rubio que presentan los restos”.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, coronel PNP Walter Poma, aseguró que personal de Criminalística se desplegó con la finalidad de tomar muestras biológicas y ejecutar las pericias forenses. “El cadáver sería de una persona con cabello rubio. El lugar del hallazgo es inhóspito. El personal especializado va a realizar las diligencias para acreditar fehacientemente si se trata de la persona desaparecida”, indicó.

Madre de Thomas Treger denunció su desaparición

Ian Thomas Treger ingresó al territorio peruano el pasado 11 de abril, y su último contacto registrado fue una fotografía dentro de su hospedaje antes de partir hacia el Cusco.

Originalmente, Thomas Treger planeaba visitar el parque arqueológico de Choquequirao, pero el joven modificó su itinerario de último momento para dirigirse hacia la Montaña de Siete Colores y el nevado Ausangate. El joven decidió realizar la ruta de forma particular, sin confirmar la contratación de un guía turístico.

La desaparición de Treger fue presentada por la madre de la víctima, Mishell Ludwig, quien formalizó la denuncia ante la embajada de los Estados Unidos, lo que activó de inmediato las labores de rastreo por parte de las comisarías locales y unidades especializadas.

Semanas atrás, Ludwig se trasladó hasta el Cusco para supervisar las operaciones de búsqueda por parte de las brigadas policiales de Alta Montaña de Arequipa y del Cusco. “Él nunca había hecho esto antes, a él le gusta hacer caminatas y viajar, pero siempre regresó. Antes de partir, él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días. Él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scout y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, comentó a la prensa local en su momento.

El Ministerio Público ya se encuentra coordinando con los peritos correspondientes para acelerar la necropsia de ley en la morgue de la jurisdicción y certificar la identidad legal del fallecido. Sin embargo, las primeras indagaciones de la Policía no descartan que la causa del deceso responda a un accidente de montaña derivado de las condiciones del terreno agreste.

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La siguiente relación reúne a los candidatos y las organizaciones políticas que solicitaron su inscripción en cada uno de los distritos de la capital, de acuerdo con la información oficial publicada por el JNE. No obstante, la autoridad electoral precisó que algunas solicitudes permanecen en etapa de calificación o en condición de inadmisibilidad, por lo que las organizaciones políticas podrán subsanar las observaciones formuladas dentro de los plazos establecidos.

Según el cronograma electoral, la calificación de las candidaturas concluirá el 5 de agosto. Posteriormente, los Jurados Electorales Especiales resolverán las tachas y solicitudes de exclusión hasta el 20 de agosto, mientras que el Pleno del JNE tendrá hasta el 4 de septiembre para resolver las apelaciones. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre.

A cuatro meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al menos 22 candidatos buscan llegar a la Alcaldía Metropolitana de Lima, de acuerdo con las solicitudes de inscripción presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre los principales aspirantes figuran Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Santiago de Surco, quien postula por Somos Perú, y Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, candidato de Avanza País.

La contienda también reúne a otras figuras políticas conocidas, como Ricardo Belmont, quien busca la alcaldía por el partido Obras, luego de haber participado como candidato presidencial en las últimas Elecciones Generales.

Asimismo, Daniel Urresti postula por Podemos Perú. En marzo de este año recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia de 12 años de prisión que se le había impuesto por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. Urresti permaneció cerca de tres años en prisión mientras el proceso era revisado.

Otra de las candidatas es Elizabeth León Chinchay, del Frente de la Esperanza 2021, quien vuelve a postular a la Alcaldía de Lima. En las elecciones municipales de 2022 ocupó el cuarto lugar, por detrás de George Forsyth, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, quien resultó elegido alcalde de la capital.

La relación de candidatos también incluye a la actual congresista Susel Paredes, quien postula por Ahora Nación; a Carlos Tejada, exalcalde de San Borja durante tres periodos, por Acción Popular; a Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros y exgobernador regional de Lambayeque, por Coalición Transformadora Tierra Verde; y a Luis Rubio, representante de Renovación Popular, cuya lista de regidores tiene como primer integrante al exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

En los distritos de Lima, las listas también presentan candidatos con trayectoria política, vínculos familiares y municipales.

Breña cuenta con Isabel Rodríguez, de Renovación Popular, quien busca la alcaldía por segunda vez. De acuerdo con el archivo periodístico, fue denunciada por presunta estafa en 2018. También postula Luis Felipe de la Mata, de Podemos Perú, actual alcalde del distrito, quien participa en los comicios tras solicitar una licencia sin goce de haber desde el 5 de septiembre hasta el 4 de octubre, autorizada mediante el Acuerdo de Concejo N.° 019-2026-MDB.

Jesús María tiene como candidatos a Jorge Quintana, de Acción Popular, quien fue alcalde del distrito durante el periodo 2019-2022; Raphael Valencia, de Ahora Nación, que en las elecciones municipales de 2022 fue candidato por el Partido Morado; y el actor Renato Rossini, quien participa en la contienda por Alianza para el Progreso.

En Lima Este, Ate presenta las candidaturas de Manuel Vidal, de Avanza País, padre del actual alcalde Franco Vidal; Edde Cuéllar, de Podemos Perú; y Waler Rivera, de Acción Popular. La candidatura de Manuel Vidal ha cobrado atención por su vínculo familiar con el actual burgomaestre del distrito. Por su parte, Santa Anita tiene como postulantes a Leonor Chumbimune, de Podemos Perú; David Alegría, de Alianza para el Progreso; y José Nole, de Somos Perú, quien busca volver a la jefatura de la comuna.

San Juan de Lurigancho también presenta candidatos con vínculos familiares y trayectoria política. César Usquiano, sobrino del actual alcalde Jesús Maldonado, encabeza la lista de Somos Perú, que lleva al burgomaestre como primer regidor.

Otro de los postulantes es José Luna, conocido como “Pepe Luna Jr.”, quien busca la alcaldía por Podemos Perú, partido fundado por su padre, el congresista José Luna Gálvez. El candidato fue investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. En 2022 se le dictó prisión preventiva, medida que posteriormente fue revocada por la justicia, que ordenó su libertad y le impuso comparecencia con restricciones.

El Agustino tiene como candidato a Liboria Soria, de Podemos Perú, hijo del actual alcalde del distrito, Richard Soria, quien integra la misma lista como candidato a primer regidor y busca convertirse en teniente alcalde. También participan Carmen Castillo, de Renovación Popular, y Carlos Juscamayta, de Perú Primero.

Puente Piedra es otro de los distritos donde figuran candidatos con vínculos familiares. La lista de Somos Perú es encabezada por Rennán Espinoza Venegas, hijo del actual alcalde del distrito, Rennán Espinoza, quien postula como primer regidor en la misma nómina. Espinoza Venegas fue regidor durante el periodo 2019-2022, tras ser elegido en las elecciones municipales de 2018. También participan Milton Jiménez, de Avanza País, quien fue alcalde del distrito durante tres periodos, y Esteban Monzón, de Renovación Popular, que ejerció el cargo entre 2011 y 2014.

Los Olivos tiene como candidato a Carlos Romero, quien encabeza la candidatura de Podemos Perú, cuya lista lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde del distrito, Luis Felipe Castillo. También postulan Felipe Castillo, de Avanza País, y Luis Milla, de Renovación Popular.

Carabayllo presenta la candidatura de Rosario Peláez por Somos Perú, cuya nómina incluye como primer regidor al actual alcalde del distrito, Pablo Mendoza. También postulan Belica Bravo, de Fuerza Popular; Nandy Córdova, de Renovación Popular; y Joe Robles, de Avanza País.

En Comas, Raúl Díaz postula a la alcaldía por Avanza País, mientras que la actual alcaldesa del distrito, Carmen Acuña, integra la candidatura de Podemos Perú como aspirante al mismo cargo. También participan Ana Niño de Guzmán, de Somos Perú, y Pierre Apian, de Acción Popular.

Independencia tiene como candidata de Somos Perú a Felicita Rodríguez, cuya lista lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde del distrito, Alfredo Reynaga. También participan José Espejo, de Ahora Nación; Henrry Álvarez, de Avanza País; y María Ríos, de Fuerza Popular.

San Isidro reúne candidatos con experiencia política como César Augusto Combina Salvatierra, quien postula por Avanza País y fue congresista de la República durante el periodo 2020-2021. Por Somos Perú figura Víctor Hugo Bazán Pastor, exregidor del distrito y excandidato a la alcaldía de San Isidro en anteriores procesos electorales. Otra candidatura es la de Carlomagno Chacón Gómez, representante de Acción Popular y con experiencia en la administración pública.

Magdalena tiene como candidata a Carla Robbiano, esposa del actual alcalde Francis Allison, quien postula por Avanza País. También participan Franz Neyra, de Ahora Nación; José Haro, de Podemos Perú; Víctor Pulini, de Renovación Popular; y Johan Chávez, de Alianza para el Progreso.

En Lince, Mirtha Uribe busca llegar a la alcaldía con Renovación Popular, cuya lista lleva como primera regidora a la actual alcaldesa del distrito, Malca Schnaiderman. Otros candidatos son Luis Flores, de Avanza País; Víctor Noriega, de Acción Popular; y Otilia Merino, de Fuerza Popular.

Un escenario similar se presenta en San Miguel y Pueblo Libre, donde los actuales alcaldes de Renovación Popular, Eduardo Bless y Mónica Tello, respectivamente, integran las listas como candidatos a primeros regidores. En San Miguel, la candidatura a la alcaldía la encabeza Marcos Cabrera, mientras que en Pueblo Libre figura Cecilia Acosta.

San Borja tiene entre sus candidatos a Gina Casanova, quien postula por Somos Perú luego de haber participado en las elecciones municipales de 2022 como candidata de Alianza para el Progreso. También figura Alberto Tejada, de Acción Popular, quien fue alcalde del distrito en tres periodos y se desempeñó como ministro de Salud durante el gobierno de Ollanta Humala. Asimismo, participa Roberth Montoya, de Avanza País, actual primer regidor de la comuna.

Miraflores presenta la candidatura de Jorge Muñoz, de Avanza País, quien busca retornar a la alcaldía del distrito luego de haber ejercido el cargo durante dos periodos (2010-2018) y posteriormente ocupar la Alcaldía de Lima entre 2018 y 2022.

Entre los actuales regidores que también participan en la contienda figura Mario Otiniano, quien postula por el Partido Morado y ha sido uno de los principales opositores de la actual gestión municipal. Asimismo, participa Von Ehren, regidor elegido en 2022 por Renovación Popular como parte de la lista del actual alcalde Carlos Canales. El candidato ha postulado en dos ocasiones a la alcaldía y en otras dos al Congreso de la República.

Surquillo tiene como candidatos a José Luis Huamaní, de Avanza País y exalcalde del distrito; Sandra Gutiérrez, de Somos Perú y exministra de la Mujer; y Phill Barriga, de Acción Popular.

La Victoria presenta las candidaturas de Alberto Moreno, de Somos Perú; Aldo Rosales, de Perú Primero; Joe Zanabria, de Avanza País; Nilda Carranza, de Ahora Nación; y Susana Saldaña, de Renovación Popular, quien además es dirigente y empresaria del Emporio Comercial de Gamarra.

Barranco cuenta con Manuel Espinoza como candidato de Renovación Popular, cuya lista lleva como primera regidora a la actual alcaldesa del distrito, Jessica Vargas. También participan Felipe Mezarina, de Somos Perú; José Rodríguez, de Libertad Popular; y María Cardoso, de Acción Popular.

La Molina tiene como postulante a Juan Carlos Zurek, de Somos Perú. Zurek fue alcalde del distrito durante dos periodos (2011-2018), etapa en la que su gestión estuvo vinculada a obras de infraestructura vial, seguridad ciudadana y proyectos de modernización urbana. Otra candidatura es la de Edmundo del Águila Herrera, quien representa a Acción Popular y fue congresista de la República.

Además, por Alianza para el Progreso postula María Perla Espinoza Aquino, mientras que Avanza País presenta la candidatura de Sergio Joan Castromonte Chaparro, ambos con presencia en actividades vinculadas a la gestión local y la representación vecinal.

Santiago de Surco tiene como candidato a Roberto Gómez, quien postula por Avanza País y fue alcalde del distrito durante dos periodos consecutivos (2015-2022). También participa Jean Combe, de Alianza para el Progreso, quien asumió la alcaldía del distrito en 2022 por un periodo. Asimismo, por Somos Perú figura Arturo Bobbio, empresario y asesor del actual alcalde Carlos Bruce.

San Juan de Miraflores presenta las candidaturas de Edgar Mejía, por el Frente de la Esperanza 2021; Eloy Chávez, por Somos Perú; y Alex Trujillo, por Acción Popular. Lurín tiene como postulantes a Walter Valeriano, de Alianza para el Progreso; Antonio Caycho, de Libertad Popular; y Rosa Torrejón, de Renovación Popular.

Más al sur, San Bartolo cuenta con Yolanda Chávez, de Renovación Popular; Rufino Enciso, de Somos Perú; y Fernando Loayza, del PPC. En Punta Hermosa participan Felipe Moreno, de Fuerza Popular; Jorge Linares, de Renovación Popular; Max Ampuero, de Somos Perú; y Héctor Portugal, de Avanza País.

Villa María del Triunfo reúne a David Morales, de Avanza País; Guido Íñigo, de Somos Perú; Roger Parra, de Acción Popular; Juan Castillo, de Obras; y Carlos Chávez, de Perú Primero. Villa El Salvador tiene como candidatos a Walter Quispe, de Podemos Perú; Marcelino Huamán, de Alianza para el Progreso; Homero Díaz, de Avanza País; y Alberto Peralta, de Renovación Popular.

Entre las decenas de taxis que esperan pasajeros en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez conviven vehículos autorizados junto a otros que, de acuerdo con la información disponible en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), no tendrían habilitación para brindar este servicio.

El Comercio realizó un recorrido el pasado 23 de junio, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., en las zonas de estacionamiento para vehículos particulares y en los espacios utilizados por taxis ubicados en la salida de llegadas nacionales e internacionales del terminal aéreo Jorge Chávez. Durante ese periodo se fotografiaron 42 placas de vehículos que ofrecían el servicio de transporte de pasajeros.

Posteriormente, cada una de esas placas fue consultada en el portal de la ATU para verificar si contaba con autorización para operar como taxi.

Los resultados muestran que 21 de las 42 unidades observadas no aparecerían habilitadas para prestar el servicio. De ellas, ocho figuran con el estado de “No habilitado”, mientras que trece aparecen como “No registrado” en la plataforma de consulta de la entidad.

Registro de vehículos sin el permiso de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para brindar el servicio de taxi:

Los otros 21 vehículos sí registraban una habilitación vigente para operar como taxi, según la información disponible en la ATU.

Antes de revisar los antecedentes de los vehículos, El Comercio observó cómo se ofrece el servicio de taxi en los exteriores del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Durante el recorrido realizado el 23 de junio se constató que, al igual que ocurría en el antiguo terminal aéreo, un grupo de personas aborda a los pasajeros apenas salen por las puertas de llegadas nacionales e internacionales para ofrecerles transporte.

Estos hombres permanecen en una zona cercana a los puntos de pago del estacionamiento de corta estancia, por donde necesariamente transitan quienes abandonan el aeropuerto.

A diferencia de la imagen tradicional de un captador de pasajeros, visten ropa formal y entablan conversaciones con los viajeros con un trato cordial para ofrecerles un taxi. Frases como “¿A dónde va, amigo?” o “Tengo un vehículo disponible” forman parte de los primeros acercamientos.

Durante las cuatro horas de observación realizadas, se advirtió que varios pasajeros eran abordados por tres o más personas en pocos metros de recorrido. Si aceptaban el servicio, uno de estos intermediarios tomaba el equipaje y acompañaba al usuario hasta el vehículo asignado.

En distintos momentos se observó la presencia de efectivos policiales y personal de seguridad, quienes recorrían la zona, aunque los ofrecimientos de transporte continuaban una vez que estos se retiraban.

El Comercio siguió a varios de los vehículos contratados mediante esta modalidad para registrar sus placas. En todos los casos observados, las unidades se encontraban estacionadas en la zona B E1 del estacionamiento de corta estancia del aeropuerto, espacio destinado a vehículos particulares. Desde allí iniciaban el servicio una vez concretado el acuerdo con el pasajero.

Fue precisamente a partir de estas unidades que se elaboró la muestra de 42 placas analizadas posteriormente en los portales de consulta de la ATU y del SAT para verificar su habilitación como taxis y sus antecedentes por infracciones de tránsito.

La revisión también incluyó el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar si los vehículos acumulaban infracciones de tránsito.

El análisis encontró que siete unidades registran papeletas vigentes. Sin embargo, un aspecto llama la atención es que ninguna de estas sanciones figura a nombre del propietario registrado del vehículo, sino de otros conductores identificados en las resoluciones.

Los casos identificados son los siguientes:

1. Placa Z7B091. Registra una papeleta por la infracción M20a, correspondiente a exceso de velocidad. En el expediente no figura el DNI del conductor sancionado. Al consultar la placa en el portal de la ATU, el vehículo aparece habilitado para brindar el servicio de taxi hasta el 2 de octubre de 2026 y le pertenece a la empresa BIANCA MOLDURAS Y DIPLOMAS EIRL.

2. Placa D9O233. Acumula dos infracciones: una G10, por circular por vías restringidas, y otra G47, por estacionar en un lugar no permitido. Esta última fue impuesta al conductor cuya licencia de conducir figura vencida desde el 30 de abril de 2022. Además, el vehículo aparece como “No habilitado” en el portal de la ATU.

3. Placa CHF284. Registra una papeleta por la infracción L01, correspondiente a dejar el vehículo mal estacionado en lugares permitidos.

4. Placa B4Z040. Registra dos papeletas, una por la infracción L01, por dejar el vehículo mal estacionado en lugares permitidos, y otra por la infracción R01, impuesta por prestar el servicio de taxi sin contar con autorización de la ATU. Al consultar la placa en el portal de la entidad, el vehículo figura como “No registrado” para brindar este servicio.

5. Placa AWK643. Presenta dos infracciones, L05, por utilizar el carril de giro para continuar la marcha en una dirección distinta a la permitida, y L04, por abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular. Ambas sanciones fueron impuestas al conductor identificado cuya licencia de conducir aparece vencida desde el 27 de octubre de 2025.

6. Placa AVJ526. Registra una papeleta M40, por manejar con la licencia de conducir vencida, impuesta al conductor cuya licencia figura expirada desde el 31 de mayo de 2022. Asimismo, presenta una infracción G40, por estacionar en una zona rígida o prohibida. El vehículo aparece como “No registrado” en el portal de la ATU.

7. Placa CEX517. Registra una papeleta por la infracción G57, correspondiente a no respetar las señales de tránsito. Al consultar la placa en el portal de la ATU, el vehículo figura como “No registrado” para brindar el servicio de taxi.

Ello evidencia que las infracciones fueron cometidas mientras los vehículos eran conducidos por terceros, pues el SAT identifica al conductor responsable cuando la papeleta se impone de manera directa. En consecuencia, las sanciones no recaen sobre el propietario del vehículo, sino sobre quien manejaba la unidad al momento de cometer la infracción.

Esta situación suele ser recurrente en unidades destinadas al servicio de taxi, donde un mismo automóvil puede ser utilizado por distintos choferes.

La constatación de este diario también permitió identificar que, de los siete vehículos con papeletas registradas, tres de las infracciones fueron cometidas por conductores cuya licencia de conducir figuraba vencida al momento de la sanción.

Los casos identificados por El Comercio son los siguientes:

1. Placa D9O233. El vehículo registra una infracción G10, por circular por vías restringidas, y una G47, por estacionar en un lugar no permitido. Esta última fue impuesta a Jennifer Paola Yuyes Hamann, cuya licencia de conducir de categoría AI figura vencida desde el 30 de abril de 2022, según la consulta realizada en los registros oficiales. Además, la unidad aparece como “No habilitado” en el portal de la ATU.

2. Placa AWK643. Esta unidad registra las infracciones L05, por utilizar el carril de giro para continuar la marcha en una dirección distinta a la permitida, y L04, por abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado dificultando la circulación vehicular. Ambas sanciones fueron impuestas a Hugo Adolfo Barrera Obregón, cuya licencia de conducir de categoría AIIb figura vencida desde el 27 de octubre de 2025. Pese a ello, el vehículo aparece habilitado por la ATU para brindar el servicio de taxi hasta el 18 de junio de 2027.

3. Placa AVJ526. El vehículo registra una infracción M40, precisamente por conducir con la licencia de conducir vencida, además de una G40, por estacionar en una zona prohibida o rígida. La sanción fue impuesta a Adolfo Quiñones Rodríguez, cuya licencia de categoría AIIa figura vencida desde el 31 de mayo de 2022. Asimismo, la unidad aparece como “No registrado” en el portal de la ATU.

Los tres casos fueron corroborados mediante la consulta de los expedientes del SAT y del estado de las licencias de conducir consignado en los registros oficiales, lo que permitió verificar que los conductores mantenían sus brevetes vencidos al momento de cometer las infracciones.

Para Roberto Vélez Salinas, abogado especializado en regulación de servicios públicos, infraestructura y transporte y gerente general de la Asociación A Movernos, los hallazgos de esta investigación evidencian una deficiente supervisión del servicio de taxi en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

"No existe una supervisión real por parte de la ATU y ofrecen un servicio realmente deficiente. A pesar de que existen módulos autorizados para atender a los pasajeros, en la parte exterior continúan ofreciendo el servicio personas que abordan a los usuarios de manera informal“, señaló.

Respecto a los vehículos que figuran como “No habilitado” o “No registrado” en el portal de consulta de la ATU, el especialista explicó que la primera condición correspondería a unidades que no reúnen los requisitos para obtener la autorización, mientras que la segunda evidenciaría que ni siquiera forman parte del registro de la autoridad. “En ambas situaciones lo que demuestra es que hay una total falta de fiscalización y regulación”, sostuvo.

Vélez indicó que la facultad para fiscalizar el servicio corresponde a la ATU. Sin embargo, consideró que Lima Airport Partners (LAP) también debe asumir un rol activo para garantizar la seguridad de los pasajeros. “LAP no puede hacerse de la vista gorda. Tiene que ejercer presión para que la ATU, con apoyo de la Policía, ponga orden porque ahí se ve una ausencia de la autoridad”, afirmó.

Sobre los tres casos detectados por El Comercio en los que los conductores sancionados tenían la licencia vencida al momento de la infracción, el especialista advirtió que se trata de un hallazgo el cual debería ser imposible que pase como desapercibido. “Es muy grave porque implica que, al no haber regulación ni fiscalización, cualquier delincuente podría hacerse pasar por un chofer de taxi y cometer cualquier delito”, manifestó.

Como medidas para reducir la informalidad, Vélez propuso mantener presencia permanente de fiscalizadores de la ATU con apoyo de la Policía Nacional, instalar señalización visible para orientar a los pasajeros hacia los servicios autorizados y restringir la captación de usuarios fuera de los módulos habilitados. “No puede ser que cualquier persona que salga del aeropuerto sea inmediatamente abordada. Es muy peligroso y muy riesgoso para los pasajeros”, concluyó.

Consultada por El Comercio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que mantiene un convenio de cooperación interinstitucional con Lima Airport Partners (LAP) para realizar labores de control, verificación y fiscalización en la vía libre del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. No obstante, precisó que la zona donde este Diario identificó a los vehículos que ofrecían el servicio de taxi —el primer nivel y el estacionamiento de corta estancia— corresponde a un área particular administrada por LAP, por lo que no forma parte del ámbito de control establecido en dicho convenio. Por lo tanto, no establece sanciones ni fiscalización en el área de estacionamiento.

La entidad indicó que la fiscalización de taxis se realiza de manera permanente en las zonas bajo su competencia, tanto mediante intervenciones presenciales como a través de un sistema de monitoreo con cámaras compartidas por LAP. Asimismo, sostuvo que todos los vehículos que prestan el servicio de taxi en el aeropuerto, sean ejecutivos o independientes, deben contar con autorización vigente de la ATU y que, cuando detectan una unidad informal durante sus operativos, esta es sancionada con la infracción T1, trasladada al depósito y el conductor puede recibir una multa de S/5.500, mientras que el propietario afronta una sanción de S/11.000, de corresponder.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP) señaló que mantiene una coordinación permanente con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para contribuir a que las operaciones del aeropuerto se desarrollen de forma segura y ordenada. Según indicó, este trabajo conjunto permite la realización continua de operativos de fiscalización y ordenamiento en distintas zonas del terminal aéreo, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, la concesionaria informó que viene implementando herramientas orientadas a fortalecer el ordenamiento y la fiscalización de los vehículos que ingresan al aeropuerto, las cuales —precisó— facilitarán las labores de control a cargo de las autoridades competentes. Sin embargo, en su pronunciamiento no se refirió específicamente a los hallazgos de esta investigación relacionados con los vehículos que ofrecían el servicio de taxi sin figurar habilitados o registrados en el portal de la ATU ni a la captación de pasajeros en el estacionamiento de corta estancia.

hola

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Más de 1.000 policías fueron separados de la institución en el 2025 por haber cometido faltas muy graves, las infracciones con las sanciones más severas en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La cifra, 1.193 efectivos expulsados por la razón mencionada, representa el 23% del total de pases al retiro registrados el año pasado, según información que la PNP envió a El Comercio en respuesta a una solicitud de información pública.

En otras palabras, uno de cada cinco policías fueron dados de baja en el 2025 a causa de infracciones muy graves, las cuales están clasificadas con el código MG en la Ley 30714.

En el 2019, el último año antes de la pandemia, los agentes que pasaron al retiro por faltas muy graves representaban el 17,9% del total. En el 2023 se registró la cifra más alta: el 24,9% de las bajas.

Para César Bazán Seminario, experto en seguridad ciudadana y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la situación en la PNP es incluso más grave que la que muestran las estadísticas oficiales.

“En la institución hay muchas personas que cometen infracciones, incluso más de las que vemos. Las sanciones exitosas se dan después de procesos complejos, llenos de burocracia y en algunos casos se aplica el espíritu de cuerpo [para evitar la expulsión]”, destacó en diálogo con este Diario.

Conductas y castigos

“Faltar por más de 5 días calendario en forma consecutiva a su unidad, sin causa justificada” (MG 39) es la infracción muy grave más recurrente en la Policía Nacional: el 37,3% de los efectivos que pasaron al retiro por infracciones disciplinarias cometió esa falta.

Para Carlos Tuse, exdirector del Sistema Disciplinario de la PNP, esto refleja un problema crítico. A su juicio, en la institución hay agotamiento y estrés laboral extremos.

“¿Se trata realmente de indisciplina o de crisis emocionales, de estrés o psicológica? Además, los subordinados [oficiales y suboficiales de grados más bajos] son quienes tienen la mayor presión. El ‘burnout’ es un problema que nadie está viendo en la policía”, sostuvo el general en retiro.

Al respecto, Bazán remarca que en muchos casos los agentes “trabajan en condiciones terribles” y que incluso se los podría considerar “un grupo en situación de vulnerabilidad”. “Estos policías están cansados, molestos y ven ahí [en faltar al trabajo sin justificación] una forma de salir [de la PNP] no tan problemática”, agregó.

Sin embargo, entre las 10 faltas más frecuentes existen algunas que no pueden justificarse por el estrés o la excesiva carga laboral.

Por ejemplo, solo en el 2025, 150 efectivos (12,6%) fueron expulsados por “solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase” (MG 76), mientras que 56 (4,7%) dejó la institución por “actuar o participar directa o indirectamente en abuso del ejercicio de sus funciones, atentando contra la libertad personal o patrimonio público o privado” (MG 85).

Rangos y formación

De los 1.193 policías expulsados por infracciones muy graves el año pasado, más de la mitad (56,1%) eran suboficiales de tercera, el rango más bajo de la PNP. Estos efectivos son precisamente aquellos que tienen más contacto directo con los ciudadanos.

“Hay una asimetría punitiva, pues las sanciones solo se aplican a la gran base de subalternos. No se refleja la corrupción sistemática de los altos mandos ni los delitos de cuello blanco. […] También deberían ser sancionados sus superiores por falta de supervisión y control”, cuestiona Carlos Tuse.

César Bazán afirma que el gran número de sanciones en los grados más bajos refleja las relaciones de poder. “Si un oficial o suboficial de más rango comete un acto de corrupción y le pide a un suboficial de tercera que participe, el superior tiene muchas más herramientas para librarse de los procesos disciplinarios. Es más fácil convertir a un suboficial de tercera en un chivo expiatorio”, explicó el docente de la UARM.

En el otro extremo del escalafón, el único general –el grado máximo en la institución– que pasó al retiro por faltas disciplinarias en el mismo período fue sancionado por conducir un vehículo motorizado con alcohol en la sangre (MG 94).

El Comercio solicitó una entrevista a la Policía Nacional a través de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, pero la respuesta fue negativa.

Sin embargo, en marzo del 2024, el entonces inspector general de la institución, Jhonny Veliz, reconoció que “los filtros [para entrar a la PNP] de repente no son los más adecuados, los más apropiados” y que eso explica el aumento de expulsiones por faltas muy graves.

Para Carlos Tuse, el problema va mucho más allá. “Las escuelas de formación no preparan adecuadamente a los futuros policías. Asimismo, se están empleando procesos acelerados de formación: los nuevos efectivos salen en menos tiempo y no saben cómo actuar ante determinadas situaciones”, aseveró.

Finalmente, la confianza en el trabajo de la Policía Nacional ha llegado a su cifra más baja desde el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El estudio “Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, publicado en mayo último, revela que la confianza en la PNP es de 13,2%, 3,5 puntos porcentuales menos que en el 2025.

El trabajo también muestra que la delincuencia (53,6%) y la falta de seguridad (22,1%) son dos de los principales problemas del país, solo superados por la corrupción (59,6%).

Este Diario intentó contactar a Fuerza Popular, partido que gobernará en el próximo quinquenio, para conocer cómo enfrentará la crítica situación de la policía, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Pero en su plan de gobierno, “Perú con orden”, el partido de Keiko Fujimori plantea el “fortalecimiento de las escuelas policiales a macrorregionales de alta calidad”, así como la “ampliación y fortalecimiento del proceso de convocatoria policial para identificar, formar y seleccionar a jóvenes con vocación de servicio, disciplina e integridad, asegurando el ingreso de futuros policías con valores éticos y compromiso ciudadano”.

Movistar informó que durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, ocurrió una interrupción en el servicio de internet fijo que afectó a diversos sectores de Lima Este, generando inconvenientes en la conectividad de usuarios residenciales y comerciales.

Según detalló la compañía, la incidencia fue ocasionada por un corte en la red de fibra óptica provocado por un grupo de personas en las avenidas Aragón, Asturias, en La Molina.

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Distritos afectados sin internet

La empresa precisó que el problema se extendió también en las zonas de Chaclacayo, Ate, Santa Clara y Chosica. La situación obligó a desplegar equipos técnicos en campo para atender la emergencia.

Además, indicó que su equipo técnico se trasladó a la zona y ejecutó trabajos de reparación con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Ante estos hechos, la compañía presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Colegio Médico del Perú pide al Gobierno no promulgar ley que modifica normas de especialización

Cabe señalar que este incidente se sumó a otros dos casos de vandalización de la red de fibra óptica registrados durante el último fin de semana en el distrito de La Molina, los cuales también impactaron a usuarios de servicios fijos y móviles.

Asimismo, recordó que atentar contra la infraestructura de telecomunicaciones constituye un delito grave, ya que afecta el derecho de los ciudadanos a la conectividad y al acceso a servicios de emergencia. En esa línea, exhortó a la población a reportar cualquier manipulación sospechosa de cableado, postes o cámaras subterráneas.

El Colegio Médico del Perú (CMP) pidió al Ejecutivo que observe la autógrafa del Proyecto de Ley 13830/2025-CR que modifica el Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme) al advertir que esas nuevas disposiciones comprometen los estándares de educación médica y representan un riesgo directo para la seguridad de los pacientes.

En su comunicado este miércoles 1 de julio, el gremio exige que el Poder Ejecutivo devuelva la norma al Parlamento para que se inicie un nuevo debate técnico. El CMP también ha solicitado reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Despacho Presidencial para sustentar su postura.

La norma aprobada por el Congreso propone diversificar las modalidades para obtener el título de médico especialista mediante la modificación de la Ley 30453. El proyecto introduce dos vías alternativas al residentado médico tradicional: la posgraduación “lato sensu” y la certificación por competencias profesionales. Según el Legislativo, estas medidas buscan reducir la brecha de especialistas que afecta principalmente a las regiones del interior.

La modalidad “lato sensu” permitiría reconocer estudios de especialización cursados en el extranjero a través de un examen de suficiencia o un proyecto de investigación. Sin embargo, el CMP advierte que muchos de estos programas internacionales incluyen formatos semipresenciales o virtuales. Además, la orden señala que en países como Brasil estos estudios no habilitan legalmente para ejercer la especialidad en el sistema de salud.

Por otro lado, la especialidad por competencias está dirigida a médicos con al menos diez años de experiencia asistencial continua. El proceso incluiría la evaluación de un portafolio de evidencias y exámenes teóricos y prácticos para otorgar el título correspondiente. Para el colegio, la trayectoria laboral no puede sustituir el entrenamiento intensivo, supervisado y presencial que ofrece el sistema de residentado tradicional.

El decano nacional del CMP, Pedro Riega, calificó la iniciativa como una vía para precarizar y debilitar la formación médica especializada. Riega enfatizó que otorgar títulos sin garantizar la adquisición de habilidades reales genera especialidades que no aseguran una atención de calidad para la ciudadanía. Asimismo, precisó que el problema central del sector radica en la falta de plazas y contratos estables.

Aunque el Congreso sostiene que la ley es necesaria para el acceso universal a la salud, el gremio demanda fortalecer el sistema actual. La solución propuesta por el CMP consiste en incrementar progresivamente las plazas de formación y mejorar la infraestructura de los campos clínicos. La decisión final sobre la promulgación u observación de la ley está bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

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En la madrugada del 1 de julio, el distrito de San Martín de Porres registró un nuevo hecho de sangre que cobró la vida de un trabajador del sector transporte menor. Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda, de 26 años, fue asesinado por sicarios mientras realizaba sus labores habituales a bordo de una mototaxi.

El atentado ocurrió específicamente en la cuadra 3 del Jr. Mariano Melgar. Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima acababa de desembarcar a una pasajera cuando fue interceptado por una motocicleta lineal ocupada por dos individuos. Los atacantes abrieron fuego de manera directa, impactando al joven conductor en el rostro y el pecho antes de emprender la huida en sentido contrario por las vías aledañas.

Aun con signos vitales, Zavala Miranda fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron su deceso poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones causadas por los proyectiles de arma de fuego.

Las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a un presunto ajuste de cuentas como el móvil principal del crimen. Los peritos de criminalística llegaron a la escena para recolectar evidencias y se encuentran a la espera de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los homicidas.

Este suceso se enmarca en medio de una crisis de inseguridad que afecta críticamente a los transportistas en Lima Norte.

De acuerdo con reportes recientes, los trabajadores del rubro denuncian ser víctimas constantes de redes de extorsión y cobro de cupos. San Martín de Porres se mantiene como uno de los distritos con mayor concentración de homicidios en la capital, registrando altos índices de violencia letal vinculada al uso de armas de fuego.

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Un taxista identificado como Jhony Huari (34) y su pasajero, Anderson Coronado Torres (32), fueron asesinados por sicarios en la provincia de Cañete la mañana del martes 30 de junio en la carretera que une los distritos de Imperial y Quilmaná.

El vehículo en el que se desplazaban recibió 13 impactos de bala en un sector desolado de la vía pública. Según las primeras diligencias, las víctimas fueron interceptadas en el sector de San Isidro Chico – El Establo por delincuentes armados, quienes dispararon de forma directa contra el automóvil en circulación.

Los peritos de Criminalística hallaron múltiples orificios en el parabrisas y las ventanas laterales de la unidad que fue acribillada por los atacantes. En la escena del crimen se recolectaron numerosos casquillos de municiones esparcidos sobre el pavimento y dentro del vehículo. El caso fue reportado inicialmente por agentes de Serenazgo que patrullaban la zona.

Jhony Huari se dedicaba diariamente al servicio de taxi para el sostenimiento económico de su hogar y había iniciado su jornada pocas horas antes del atentado. Sus familiares llegaron al punto del ataque y protagonizaron escenas de dolor al confirmar el fallecimiento. Por su parte, las autoridades confirmaron que el pasajero, Anderson Coronado Torres, contaba con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, usurpación de terrenos y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

La Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público procedieron con el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la morgue central de la provincia. Los investigadores de la división policial de Cañete mantienen como principal línea de análisis el historial delictivo del pasajero para esclarecer el móvil de un presunto ajuste de cuentas.

Cámaras ayudarán a identificar a responsables

Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los accesos de Imperial y Quilmaná para identificar la ruta de escape de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a este doble crimen.

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El incendio de código 4 registrado la mañana de este lunes en un almacén de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, movilizó a más de 150 bomberos durante cuatro horas para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos industriales. La emergencia también deterioró la calidad del aire en varios distritos de la capital debido a la emisión de material particulado fino, mientras especialistas advirtieron que la exposición al humo puede ocasionar afectaciones respiratorias, irritación ocular y reacciones en la piel.

El incendio fue reportado alrededor de las 6:28 a.m. y comprometió un inmueble dedicado a la fabricación y almacenamiento de productos de PVC y otros materiales altamente inflamables, como caucho, fibra de vidrio, drywall y baterías de litio. Debido a la intensidad del fuego, una enorme columna de humo negro fue visible desde diversos puntos de Lima, incluso desde distritos como Miraflores, Magdalena y Jesús María.

La emergencia también afectó establecimientos vecinos, entre ellos un taller de mecánica automotriz donde se encontraban vehículos almacenados, instalaciones de la empresa Shalom —que guardaba baterías de litio y motocicletas eléctricas— y un local de revisiones técnicas de Farenet.

De acuerdo con especialistas consultados por El Comercio, las condiciones meteorológicas favorecieron el desplazamiento de los contaminantes hacia distritos ubicados al norte y noreste de Lima.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incendio de código 4 registrado en la avenida Óscar Benavides generó un incremento de la contaminación del aire debido a la emisión de material particulado fino, el principal contaminante monitoreado por la institución durante este tipo de emergencias. Brian Chávez Lino, especialista ambiental del Senamhi, explicó a El Comercio que la entidad activó el seguimiento del evento luego de que el Cuerpo General de Bomberos confirmara la magnitud del siniestro y elaboró modelos para determinar la dispersión de los contaminantes según las condiciones meteorológicas.

El especialista precisó que, debido a la dirección predominante del viento, los contaminantes fueron transportados principalmente hacia los distritos ubicados al norte y noreste de la capital. Entre las zonas con mayor impacto mencionó al Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia y parte de San Juan de Lurigancho.

“Nosotros no podemos determinar exactamente el impacto de cada material que ha sido consumido. Lo que determinamos es hacia dónde se van a dispersar estos contaminantes de acuerdo con las condiciones meteorológicas que predominan en ese momento”, explicó.

Chávez indicó que, aunque el incendio involucró materiales como PVC, fibra de vidrio, caucho, drywall y baterías de litio, el Senamhi centra su monitoreo en el material particulado por ser el contaminante que permanece por más tiempo suspendido en el aire y representa un mayor riesgo para la población.

Asimismo, señaló que el monitoreo realizado durante la emergencia evidenció un incremento de las concentraciones de este contaminante. De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire utilizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el distrito de Los Olivos alcanzó la categoría de “muy insalubre”, mientras que otros distritos cercanos registraron niveles considerados “insalubres”.

El especialista explicó que la velocidad del viento, que durante la emergencia osciló entre los 3 y 4 metros por segundo, favoreció la dispersión progresiva del humo. En ese sentido, estimó que la calidad del aire podría recuperarse entre dos y cuatro horas después de controlado el incendio, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas.

Finalmente, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por el Senamhi para conocer qué distritos presentan mayores niveles de contaminación y, mientras persista el humo, evitar salir de casa, mantener puertas y ventanas cerradas y, en caso de ser necesario desplazarse al exterior, utilizar mascarilla para reducir la exposición al material particulado.

La exposición al humo generado por el incendio de gran magnitud registrado en el Cercado de Lima puede provocar afectaciones inmediatas en el sistema respiratorio, además de irritación en los ojos y reacciones alérgicas en la piel, advirtió Ronald Sánchez, personal especializado del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en diálogo con El Comercio.

El especialista explicó que los pulmones son el órgano más vulnerable frente a la inhalación de los gases y partículas emitidos durante la combustión de materiales como PVC, fibra de vidrio, caucho, drywall y baterías de litio. “Lo primero que está en riesgo es nuestro sistema respiratorio. Los pulmones son los primeros que se pueden afectar al inhalar estos humos tóxicos. En segunda instancia, nuestra piel, que puede sufrir algún tipo de intoxicación o una alergia. También los ojos pueden irritarse por estos humos”, indicó.

Sánchez señaló que los primeros síntomas de exposición suelen aparecer de manera inmediata e incluyen tos, dificultad para respirar, irritación y dolor en los ojos, así como enrojecimiento de la piel. Precisó que, si las molestias respiratorias se intensifican o la persona presenta dificultad para respirar, debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención médica y, de ser necesario, oxigenoterapia.

El personal del SAMU indicó que los grupos más vulnerables son los niños, especialmente los de menor edad, y los adultos mayores. En el caso de los menores, explicó que son más propensos a presentar irritación en los ojos y la piel, mientras que las personas de edad avanzada tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias.

Como primera medida de protección, recomendó alejarse del área afectada y trasladarse a un ambiente con aire limpio para favorecer la oxigenación. Asimismo, aconsejó lavar los ojos con abundante agua si presentan irritación y retirar de la piel cualquier residuo de humo o partículas, además de cambiarse de ropa y asearse cuando sea posible.

Respecto al uso de mascarillas, Sánchez señaló que la protección más adecuada corresponde a respiradores diseñados específicamente para filtrar gases tóxicos, equipos que normalmente utilizan quienes trabajan expuestos a este tipo de sustancias. No obstante, indicó que, si la población no dispone de estos implementos, lo más efectivo sigue siendo evitar la exposición alejándose de la zona del incendio.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio registrado en el Cercado de Lima, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, activó su respuesta de emergencia y movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención oportuna a las personas que pudieran resultar afectadas.… pic.twitter.com/tFM9fPzoB7

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 29, 2026

El especialista añadió que las personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras afecciones respiratorias deben extremar las precauciones, ya que la inhalación del humo puede desencadenar crisis o agravar su condición. En esos casos, recomendó acudir a un establecimiento de salud para una evaluación médica.

Finalmente, Sánchez advirtió que el riesgo no desaparece inmediatamente después de controlar el incendio, pues los contaminantes pueden permanecer en el ambiente durante varias horas e incluso más tiempo, dependiendo de las condiciones de dispersión. Por ello, exhortó a la población a no acercarse por curiosidad a la zona de la emergencia y a priorizar el resguardo de niños, adultos mayores y otras personas vulnerables hasta que las autoridades confirmen que el área es segura.

El comandante departamental de Lima Centro, Marcos Pajuelo, informó a El Comercio que la principal estrategia durante las primeras horas fue impedir que el fuego se extendiera hacia los predios colindantes, objetivo que finalmente fue alcanzado.

"Tenemos cuatro horas de trabajo. La emergencia ya está controlada. Se planteó una estrategia de proteger las posiciones a fin de evitar la propagación, lo cual dio un buen efecto. Al momento estamos en el segundo período operacional, que es el control para ingresar a la extinción y remoción de escombros“, explicó.

El oficial precisó que los trabajos continuarán durante varias horas más debido a la complejidad del siniestro.

"Más o menos cuatro horas de trabajo es la parte más pesada, justamente la remoción de escombros, a fin de evitar que se quede algún foco expuesto“, indicó.

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Durante la emergencia participaron alrededor de 150 bomberos y más de 40 unidades, entre autobombas, cisternas, ambulancias y dos escalas telescópicas, que permitieron atacar las llamas tanto desde la avenida Colonial como desde la calle Ricardo Treneman, debido a las dificultades para acceder al foco del incendio.

En un primer momento, los bomberos intentaron ingresar desde un tercer piso hacia el área donde se originó el fuego; sin embargo, el avanzado deterioro estructural del inmueble y el riesgo de nuevos colapsos obligaron a modificar la estrategia. Incluso fue necesario realizar un forado para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

Uno de los principales retos para controlar el incendio fue la gran cantidad de materiales combustibles almacenados dentro del inmueble.

Según detalló Marcos Pajuelo, entre los productos presentes había caucho, fibra de vidrio, baterías de litio, PVC y drywall, materiales que generan una elevada carga térmica y aceleran la propagación de las llamas.

"Según refieren, ha habido caucho, fibra de vidrio, baterías de litio, PVC, drywall. Todo eso complica por la gran carga térmica de estos materiales“, sostuvo.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, explicó además que el fuego comprometió un almacén donde también se encontraban fierro, bronce, motocicletas y baterías de litio, elementos que requieren procedimientos especiales para su extinción.

"El agua no le hace nada al litio. Hay que dejar que se consuma y esperar que termine de hacer su trabajo“, indicó el funcionario, quien añadió que el principal objetivo fue mantener el incendio confinado para impedir que alcanzara las empresas vecinas.

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Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos: Los bomberos están haciendo denodados esfuerzos por confinar el incendio y no pase a la empresa que está al lado

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— Canal N (@canalN_) June 29, 2026

Casaretto advirtió además que, según los mapas y sobrevuelos realizados con drones, muy cerca del área afectada funcionaba un taller de conversión de GLP y GNV, por lo que existía un riesgo considerable si las llamas llegaban hasta esas instalaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incendio comprometió un área superior a los 800 metros cuadrados e incluso podría acercarse a los mil metros cuadrados. La zona concentra numerosos almacenes, talleres y predios industriales edificados sobre amplios terrenos, lo que incrementó el riesgo de propagación.

Uno de los factores que ayudó a contener el avance del fuego fue la existencia de un terreno baldío que separaba parte del almacén de algunos edificios multifamiliares cercanos. No obstante, detrás de estos espacios existen conjuntos residenciales, por lo que las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas.

Como medida preventiva, vecinos de condominios cercanos fueron evacuados debido al intenso humo y al riesgo de intoxicación por la inhalación de gases tóxicos. Asimismo, durante las primeras horas de la emergencia se reportaron varias explosiones, situación que incrementó la preocupación entre los residentes.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales.

Las labores de atención contaron con la participación de diversas entidades. Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima cercó el perímetro para impedir el ingreso de curiosos y facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia, mientras agentes de fiscalización, serenazgo y Defensa Civil colaboraron con el control de la zona.

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También participaron ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), efectivos de la Policía Nacional y técnicos de Cálidda, quienes adoptaron medidas preventivas relacionadas con la red de gas natural.

Pajuelo destacó que la respuesta fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones.

"Es un trabajo multisectorial. Sedapal y la Municipalidad de Lima nos ayudaron con el abastecimiento de agua“, señaló.

Precisamente, Sedapal informó que desplegó tres camiones cisterna, incrementó la presión de la red de distribución y habilitó los hidrantes de la zona para garantizar el suministro continuo de agua durante toda la emergencia.

Asimismo, la Municipalidad de Lima puso a disposición maquinaria pesada, entre ella una retroexcavadora y un volquete, para apoyar en las labores de remoción de escombros una vez controlado el incendio.

Aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas oficialmente, una de las hipótesis preliminares apunta a que el fuego se habría iniciado tras la quema de basura en los exteriores del almacén. Otra versión, proporcionada por un representante de una de las empresas afectadas, señala que personas de mal vivir habrían prendido fuego a una caja ubicada fuera del local.

Ambas versiones serán evaluadas por la División de Investigación de Delitos contra el Estado, cuyos agentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer el origen del siniestro.

Mientras tanto, los bomberos continuarán con las labores de enfriamiento, remoción de estructuras colapsadas y eliminación de puntos calientes para evitar que el incendio vuelva a reactivarse.

Un bus interprovincial con pasajeros fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores la madrugada de este martes en el distrito de Comas, a pocos metros del Óvalo Infantas. De acuerdo con información policial, uno de los delincuentes disparó cinco veces contra la unidad antes de escapar en una motocicleta conducida por un cómplice. El conductor, los trabajadores de la empresa de transportes y los pasajeros resultaron ilesos.

Según las primeras diligencias, el bus fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo menor. Uno de ellos descendió y efectuó cinco disparos dirigidos contra el parabrisas y la carrocería del vehículo, para luego abordar nuevamente la motocicleta y huir con rumbo desconocido.

Trabajadores de la empresa indicaron que los proyectiles impactaron en distintas partes de la estructura del bus mientras la unidad permanecía detenida. Durante el ataque, los pasajeros buscaron resguardo entre los asientos, mientras que, tras comprobar que no había personas heridas, dieron aviso a las autoridades.

Personal de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar y acordonó la escena para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística. Los agentes recogieron los casquillos de bala e iniciaron la toma de declaraciones de los testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los comercios cercanos al Óvalo Infantas.

Las investigaciones preliminares señalan que mafias dedicadas a la extorsión de transportistas estarían detrás del atentado. Asimismo, representantes de la empresa afectada solicitaron la intervención de las unidades especializadas de la Policía para investigar presuntas amenazas previas contra la empresa.

Un trabajador del sector transporte pidió el incremento del resguardo policial y medidas para enfrentar los hechos de violencia que afectan a los transportistas. En tanto, la Policía continuará con las diligencias y el operativo de búsqueda para identificar y capturar a los responsables del ataque.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

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El exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, falleció la noche de este martes a los 72 años, según se conoció en las últimas horas. Hasta el momento, la familia ni las autoridades han informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, de manera preliminar se indicó que el exburgomaestre habría sufrido complicaciones de salud.

La muerte de Juan Sotomayor fue confirmada por diferentes portales de noticia, aunque todavía no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su deceso.

En las próximas horas se espera que familiares y allegados brinden información sobre las exequias y las actividades de despedida para el exalcalde del primer puerto.

En tanto, la Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresaron su pesar por el fallecimiento de Sotomayor.

#Condolencias | La Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y de Bellavista. pic.twitter.com/E1jIoSyhU5

— Consejo Regional Callao (@CallaoConsejo) July 1, 2026

Una figura política ligada al Callao

Juan Sotomayor García fue una de las figuras políticas más conocidas del Callao y tuvo una amplia trayectoria en la gestión pública y la política local. Su paso por la Municipalidad Provincial del Callao lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la vida política chalaca durante las últimas décadas.