Vecinos de Jesús María denuncian que las obras de remodelación en el Campo de Marte estarían afectando gravemente las áreas verdes, tras señalar que se ha registrado el secado progresivo de árboles por falta de riego y la posible reubicación de hasta 92 ejemplares, lo que —según advierten— comprometería su supervivencia.

La intervención de obras, ejecutadas por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que inició a fines de octubre de 2025, tenía como objetivo mejorar la infraestructura del parque, incluyendo la renovación de caminos y la implementación de un sistema de riego tecnificado. Sin embargo, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el desarrollo de la obra no solo presenta un avance limitado, sino que también estaría generando impactos ambientales no previstos.

Claudia Gutiérrez, vecina del sector e ingeniera forestal, explicó que el problema central radica en la interrupción del riego desde el cierre del parque, lo que ha expuesto a los árboles a un prolongado periodo de estrés hídrico, especialmente durante los meses de verano. Según detalló, anteriormente el riego se realizaba por gravedad, un sistema deficiente pero constante, que permitía mantener la humedad del suelo.

Desde que cerraron el Campo de Marte, no han estado regando. Son más de tres meses sin agua en una temporada de altas temperaturas, y eso afecta directamente la salud de los árboles".

Claudia Gutiérrez, vecina de Jesús María e ingeniera forestal

Esta situación, añadió, no solo impacta en la vegetación visible, sino también en el ecosistema asociado, que incluye insectos, aves y pequeños mamíferos.

La especialista también cuestionó la planificación del proyecto, al señalar que durante una reunión sostenida entre vecinos y representantes de la empresa ejecutora se informó sobre la posible reubicación de 92 árboles debido a inconsistencias en el diseño del cerco perimétrico.

De acuerdo con lo expuesto en ese encuentro, los planos utilizados no habrían estado actualizados, lo que generó que el trazado previsto coincidiera con zonas donde actualmente existen árboles adultos. Para Gutiérrez, esta situación evidencia una deficiencia técnica significativa.

Maricel Móstiga, ingeniera forestal y docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, explicó que el traslado de árboles está permitido por normativa, pero debe ser la última opción. Señaló que este proceso requiere un sustento técnico riguroso, ya que implica riesgos y no siempre garantiza la supervivencia de los ejemplares.

En términos técnicos, la reubicación de árboles adultos implica un proceso complejo que reduce considerablemente sus probabilidades de supervivencia, incluso en condiciones óptimas. En este caso, la situación sería aún más crítica debido al estado previo de los ejemplares, que habrían sido sometidos a meses sin riego adecuado.

Móstiga advierte que un periodo prolongado sin agua debilita a los árboles, haciéndolos más vulnerables a enfermedades. Este estrés hídrico reduce significativamente sus probabilidades de resistir un eventual traslado.

La reubicación de árboles adultos en zonas urbanas —según indica Móstiga— es una intervención compleja, cuya viabilidad depende de factores como la especie, la edad y la época del año. En ese sentido, precisó que realizar estos procedimientos en temporadas de altas temperaturas incrementa los riesgos.

Desde una perspectiva más amplia, los residentes advierten que la afectación no se limita a los árboles, sino que compromete todo el ecosistema del parque. La pérdida de cobertura vegetal impacta en la regulación de la temperatura, la calidad del aire y la presencia de fauna urbana.

Asimismo, cuestionan el uso que se viene dando a los espacios públicos en la zona. Luis Guillén, vecino del sector, declaró para El Comercio que estas actividades afectan tanto a la población como al entorno natural. “Un árbol es parte de un sistema vivo y su afectación incide en todo el ecosistema”, sostuvo, al tiempo que criticó la falta de control sobre la remodelación del parque.

Los testimonios recogidos también evidencian un impacto directo en la vida cotidiana de los residentes. Hortensia Trujillo, quien vive frente al parque, indicó que las obras han generado restricciones en la movilidad, congestión vehicular y dificultades para desplazarse. “Cierran calles todos los días, hay mucho tráfico y no podemos movilizarnos con normalidad”, afirmó.

A ello se suman problemas como el exceso de polvo, ruido constante y vibraciones producto de la maquinaria, lo que —según los vecinos— ha generado malestar e incluso afectaciones a la salud. En algunos casos, señalan que estas condiciones se han extendido durante varios meses sin que se adopten medidas efectivas para mitigarlas.

Frente a este panorama, los vecinos demandan la implementación inmediata de un plan de riego y recuperación de los árboles afectados, así como la revisión del proyecto para evitar la reubicación masiva de ejemplares. Asimismo, solicitan una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes y la apertura de espacios de diálogo que permitan transparentar el estado de la obra. Los residentes de la zona afirman estar a favor de las obras, pero de manera planificada, sin que afecte la salud ni la calidad de vida de las personas.

Cabe precisar que el Campo de Marte cuenta con una condición especial dentro de la normativa urbana, al ser considerado un área verde de carácter intangible. Esta protección se sustenta en la Ley N.º 16979, que establece que el parque debe destinarse exclusivamente a fines recreativos y paisajísticos, quedando restringida cualquier intervención que reduzca su área verde, altere su ecosistema o afecte su valor ambiental y urbano. En ese sentido, los vecinos advierten que acciones como la tala, el deterioro por falta de riego o la eventual reubicación masiva de árboles podrían contravenir el espíritu de esta norma, por lo que exigen que las obras sean evaluadas con mayor rigor técnico, transparencia y respeto al marco legal vigente.

Mijail Medina, representante de prensa de la Municipalidad de Jesús María, indicó que la municipalidad tiene conocimiento de las denuncias vecinales y ha sostenido reuniones con residentes ante las preocupaciones por el estado de las áreas verdes.

El municipio de Jesús María reconoce que existe una deficiencia en el riego dentro del parque. Por ello ha solicitado a la autoridad metropolitana que se cumplan las medidas contempladas en el proyecto.

Medina también precisó la existencia de cuatro árboles declarados “muertos en pie” y que fueron identificados como tales antes del inicio de la obra, los cuales serán retirados por representar un riesgo para los transeúntes.

Según señalaron, esta intervención cuenta con una resolución de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se realiza conforme a la normativa vigente. Asimismo, indicaron que, como parte del procedimiento, por la tala de estos cuatro árboles se contempla la reposición de 33 nuevos ejemplares.

Según subraya la ingeniera forestal, Móstiga, la pérdida de árboles afecta los servicios ecosistémicos del parque y que la reposición con ejemplares jóvenes no compensa de inmediato estos beneficios.

Sobre la posible reubicación de árboles, Medina indicó que esta responde a un estudio técnico elaborado por la entidad ejecutora y que formaría parte del desarrollo del proyecto.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima señalaron que la obra en el Campo de Marte registra actualmente un 45% de avance y que su culminación se ha reprogramado para finales de julio, debido a modificaciones técnicas surgidas durante la ejecución. Indicaron que, para garantizar la conservación de las áreas verdes, se han implementado distintos sistemas de riego —como cisternas, surcos, aspersión y goteo— de manera paralela, mientras se concreta la instalación del riego tecnificado previsto en el expediente técnico. Asimismo, precisaron que cuentan con un Plan de Manejo Ambiental que viene siendo ejecutado y supervisado para mitigar impactos en el ecosistema.

También precisan que, si bien tienen un inventario de árboles, no detallaron el número de ejemplares, ni tampoco el estado de estos. Respecto al estado en el que se encuentran, la comuna metropolitana indicó que se han identificado ejemplares en zonas intervenidas por trabajos de canalización, los cuales recibirán el tratamiento correspondiente. En relación con la posible reubicación, aclararon que esta se limitará a árboles de menor porte —de hasta cuatro metros de altura— ubicados en el cerco perimétrico de la avenida Salaverry, los cuales serán trasladados dentro del parque para preservar su integridad. En esa línea, enfatizaron que no se intervendrán los árboles ubicados en el interior del parque.

La empresa Hermes, una de las que participó en la licitación donde se eligió a la compañía que distribuiría el material y equipos informáticos de las Elecciones Generales 2026, hizo una importante revelación en medio de los cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por una presunta improvisación para desarrollar los comicios. Las consecuencias de ese grave caso obligaron a Piero Corvetto a renunciar a la jefatura del la entidad electoral.

Como se sabe, la empresa Galaga fue elegida para transportar el material electoral, sin embargo, se presentaron problemas en la entrega, lo que originó que locales de Lima sur y este no pudieran abrir sus mesas de votación y, en consecuencia, más de 50 mil electores no pudieron sufragar el pasado 12 de abril.

Hermes detalló que concursó en el proceso de selección tras la convocatoria formulada por la ONPE, ya que se permitiría que empresas del sector de seguridad y transporte de valores participen en el servicio de traslado de material electoral.

Además, confirmó, tal como lo había señalado El Comercio en un informe anterior, que -en pleno desarrollo del proceso - la comisión de selección de la ONPE usó en la evaluación técnica un criterio que no estaba estipulado en las bases.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la revelación de Hermes fue respecto a que José Samamé, entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, solicitó con “carácter de urgencia” a dicha empresa la mañana del sábado 11 de abril, es decir un día antes de las elecciones, “una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, pero la oferta que hizo Hermes no fue aceptada.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, señaló Hermes.

En medio de las investigaciones de las autoridades por un presunto caso de colusión en el proceso de selección desarrollado por ONPE, Hermes enfatizó que sus servicios están respaldados por “rigurosos” protocolos de transparencia, trazabilidad y respeto del marco legal.

“En estricto cumplimiento de nuestras políticas de integridad, la empresa no ofrece ni acepta ningún tipo de beneficio indebido en sus relaciones con entidades públicas o privadas”, aclaró la empresa.

Fuad Khoury, excontralor de la República explicó a El Comercio, en referencia al caso del pedido que hizo la ONPE a Hermes para que le brinde el servicio de 40 vehículos, que en el Estado no se puede contratar por valores mayores a 8 UIT (44 mil soles) sin un concurso previo. En ese contexto, intuyó que Hermes no iba a cobrar menos del monto que establece como tope la Ley de Contrataciones del Estado en casos de una adjudicación directa.

“Uno no puede contratar directamente con nadie en el Estado, menos si es 40 camiones un día antes de las elecciones. ¿Y cómo iban a sustentar el pago si habían contratado con la otra empresa?”, refirió el especialista.

“No está permitido en el Estado contratar directamente a un proveedor sin antes haber un concurso público por una cantidad mayor a 8 UIT”, agregó.

Remarcó que se habría cometido un hecho irregular si Hermes hubiera firmado contrato con la ONPE y que la responsabilidad habría reacído en los funcionarios. “De haberse consumado ese contrato (con Hermes), habría ocurrido alguna irregularidad o ilícito que va en contra de la Ley de Contrataciones del Estado”, expresó.

“Si se hubiera consumado ese contrato, habría responsabilidades. El tipo de responsabilidades depende de la investigación. No es regular, puede acarrear sanciones administrativas”, añadió.

Khoury indicó que la versión dada por Hermes demuestra que Galaga no tenía los vehículos suficientes para el despliegue del material electoral.

Resaltan falta de experiencia de funcionarios de la ONPE

Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones del Estado, indicó que la decisión de la ONPE de buscar contratar a otra empresa para completar la distribución del material, tal como lo reveló Hermes, denota que hay una falta de experiencia en los funcionarios de la institucional electoral y sospechas de un presunto caso de corrupción.

“Evidencia ineficiencia y, al parecer, falta de experiencia del personal gerencial de la ONPE. Lo que han declarado (los funcionarios) a la Contraloría es que no tienen experiencia anterior, ni siquiera experiencia en las elecciones del 2021. Es decir, el personal gerencial de la ONPE no ha tenido la experiencia necesaria para llevar adelante este proceso de selección y eso es símbolo de negligencia, principalmente del señor Piero Corvetto, quien designa a su personal de confianza”, expresó Yaya.

“Habría un caso de corrupción, ya que es posible que los términos de referencia de la contratación de Galaga hayan sido elaborados a la medida de dicha empresa, de tal manera que no se le habría solicitado más vehículos de los que contaban y finalmente han tenido que buscar a una segunda empresa que cubra esa deficiencia de la empresa que ganó la buena pro”, agregó.

También explicó que la ONPE podría convocar a otra empresa para que le brinde un servicio en caso se encuentre “en inminente desabastecimiento” por un problema con la compañía ganadora del proceso, pero advirtió que eso no exime de sanción al funcionario responsable del tema.

Remarcó que, en adelante ,los términos de referencia de los contratos que suscriban una entidad estatal y una empresa deben ser bien elaborados y que el ganador debe acreditar mucha experiencia en su rubro, a fin de evitar situaciones como la de la ONPE y Galaga.

Un hecho que abona más en los cuestionamientos a Piero Corvetto, durante su paso por la ONPE, es que él mismo había supervisado, la noche del viernes 10 de abril, el despliegue del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao, pero sin hacer, al parecer, el debido seguimiento de la distribución, pese a las advertencias lanzadas por la Contraloría sobre los retrasos en la salida de los vehículos de Galaga.

En su presentación ante la prensa dos días antes de los comicios, Corvetto señaló que la ONPE estaba “cumpliendo de manera progresiva con el cronograma” y que harían todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de la capital.

“En este momento nos encontramos realizando un despliegue para todo Lima y Callao. Comenzamos esta noche con los destinos más alejados, como Carabayllo y Ventanilla. Recuerden que estamos en Lurín, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de nuestra capital y del Callao”, detalló.

Cabe recalcar que la Contraloría había señalado a este Diario que el cronograma de salida de unidades vehiculares del almacén de la ONPE establecía que 168 rutas debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas, pero ninguno de esos horarios se cumplió, lo cual se notificó a la entidad electoral.

La desorganización y la improvisación en que se desarrolló la distribución del material electoral también fue advertido por los propios trabajadores de la ONPE en un chat grupal de WhatsApp, ya que, desde la noche del sábado, se pedía que el personal acuda a la sede de la entidad para apoyar en la selección y distribución del material.

Sin embargo, Corvetto señaló, durante su presentación en el Congreso, el pasado 14 de abril, que había tenido información de que en la víspera de las elecciones hubo solo “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba” a su destino.

Atribuyó los errores a la Subgerencia de Producción Electoral y negó que las fallas constituyan “graves irregularidades”. “Insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y de Lima sur”, afirmó.

Este martes, en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Puentes de la Carretera Central, que soportan a diario el tránsito de cientos de vehículos, estarían al borde del colapso. Así lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). A través de un informe, la entidad solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconsiderar el permiso que autoriza el tránsito de camiones de hasta 150 toneladas por infraestructuras cuya capacidad máxima es de 60 toneladas por vehículo.

De acuerdo con los oficios presentados por Ositrán, se advirtió que diversos puentes se encuentran en estado crítico o de precariedad, entre ellos 20 ubicados en la Carretera Central. La entidad solicitó evaluar el tipo de intervención que requieren y determinar si deben continuar o no en operación, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad de conductores y pasajeros.

En diálogo con El Comercio, el equipo de Ositrán manifestó su preocupación por la “continuidad en la emisión de autorizaciones otorgadas por Provías Nacional (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, unidad ejecutora del MTC) para el tránsito de vehículos pesados, que llegan a circular con más de 100 toneladas de carga. Esto representa un riesgo para la ciudadanía, por lo que urge reforzar la seguridad en estos puntos”.

Asimismo, señaló que, debido al estado crítico de los puentes, las probabilidades de mayor deterioro e incluso de colapso crecen progresivamente. Esta situación se ve agravada por el tránsito de cargas sobredimensionadas, especialmente en periodos de alerta roja por lluvias intensas.

El Comercio realizó un filtro de los 20 puentes en cuestión, consignando su ubicación, longitud, ancho y carga máxima permitida en cada caso, la cual oscila entre 48 y 60 toneladas por vehículo. Es importante resaltar que, en promedio, 2′240.193 unidades de transporte transitan por la Carretera Central al año.

Pronunciamiento de AFIN

Otra entidad que advirtió sobre los potenciales riesgos de colapso de los puentes fue la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). La entidad destacó que, según evaluaciones técnicas especializadas, los puentes presentan daños estructurales. “Las infraestructuras fueron diseñadas para soportar cargas menores a las hoy permitidas, sometiéndolas a niveles de esfuerzo superiores a los previstos”, subrayó la asociación.

La advertencia, según AFIN, cobra especial relevancia considerando el carácter estratégico de la Carretera Central para el transporte de personas y carga en el país.

En ese sentido, la entidad insistió en la necesidad de que cualquier autorización excepcional relacionada con el tránsito de vehículos pesados se base en evaluaciones técnicas integrales y en una coordinación efectiva entre el Estado y los operadores de la infraestructura.

“Priorizar la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de los activos públicos debe ser el principio rector de la gestión vial”, enfatizó.

El gremio agregó que cualquier decisión que implique mayores exigencias sobre la infraestructura sin un análisis técnico adecuado podría derivar en consecuencias graves para la seguridad vial y la operación logística nacional.

Bajo análisis

Cuando un puente supera las 60 toneladas en la red vial nacional, es necesario realizar un estudio de verificación. Así lo señaló a El Comercio el ingeniero civil Alejandro Sánchez, especialista en gestión y preservación de proyectos de puentes y representante del Colegio de Ingenieros del Perú–Lima. “Estos estudios de verificación de puentes son presentados por quienes están interesados en transportar carga, que generalmente son operadores logísticos que trabajan para una empresa”, explicó.

“Por ejemplo, suelen solicitar estos estudios cuando están a cargo de una construcción y necesitan trasladar equipos especiales. Todo tránsito de gran escala requiere una verificación. De esa manera, el operador logístico contrata a un consultor que realiza un análisis de la carga”, agregó.

El experto precisó que, por lo general, la carga de diseño de un puente supera la que se consigna en los letreros de las carreteras. “Si se indicara en un letrero que el puente puede soportar más toneladas, circularían cargas mucho mayores. Esta es la forma que tiene el Estado de controlar el tránsito en las carreteras, garantizando un límite de carga máxima legal”, sostuvo.

“En el estudio de verificación, el operador logístico debe demostrar si su carga excederá o no la capacidad operativa del puente. De ser así, se deben plantear refuerzos, que pueden ser de carácter temporal o definitivo”, añadió.

Las alternativas

El ingeniero Alejandro Sánchez señaló que, si mediante un estudio se demuestra que una carga superior a las 60 toneladas excede la capacidad del puente, se pueden plantear soluciones para mitigar los riesgos. Una de ellas es permitir el tránsito del vehículo bajo estrictas medidas de control. “Una de las medidas temporales sería apuntalar el puente. Esto significa que, si existe la altura suficiente y no hay un caudal elevado en el río, se puede instalar una serie de torres de apuntalamiento que permitan que la estructura soporte el peso dentro de los límites que establezca el propio estudio, de modo que la carga transite sin inconvenientes”, explicó.

“Una vez que pasa el camión, se puede autorizar la reanudación del tránsito, que previamente fue detenido de extremo a extremo, y todo a una velocidad controlada. Sin embargo, antes de restablecer completamente la circulación, se debe verificar la recuperación elástica del puente, es decir, que retorne a su estado normal. Recién entonces se procede a retirar las torres de apuntalamiento”, indicó.

El especialista también planteó alternativas más drásticas, como el reforzamiento integral de la infraestructura. Esto puede incluir la instalación de planchas metálicas, así como la renovación de aparatos de apoyo y juntas de dilatación para soportar mayores cargas. “Si un elemento estructural tiene una capacidad limitada, además se le pueden incorporar láminas de fibra de carbono para mejorar su resistencia. Esos ya son reforzamientos definitivos”, añadió.

Oficios de Ositrán

Oficio de Ositrán by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

Este Diario se comunicó con el MTC para solicitar su versión. A través de su unidad ejecutora, Provías Nacional, señalaron que el paso autorizado de manera excepcional de camiones con un peso superior a las 100 toneladas por la Carretera Central “se realizó del 14 al 15 de abril y contó con el acompañamiento técnico del equipo de Provías Nacional”.

“El equipo verificó, antes, durante y después, la medición de deflexión (desviación, curvatura o desplazamiento de un elemento estructural desde su posición original debido a cargas aplicadas) de los puentes. Asimismo, constató que las deflexiones no superaran los límites permisibles y que el comportamiento de la estructura se mantuviera dentro del rango elástico”, agregaron.

Provías Nacional precisó que “no se otorgan permisos para el tránsito de vehículos con cargas que excedan la capacidad de los puentes de manera automática ni indiscriminada. La solicitud excepcional es evaluada rigurosamente caso por caso”.

“Solo en situaciones excepcionales, y tras un análisis técnico especializado, se puede autorizar el paso de cargas especiales, siempre que se demuestre que el tránsito no compromete la estabilidad del puente. Para ello, se exige una prueba previa. Además, los solicitantes deben asumir formalmente la responsabilidad por cualquier eventual daño a la estructura del puente mediante una carta de responsabilidad, comprometiéndose a su reparación”, concluyó.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos.

Ciudadanos comparten video de camión trasladándose en el puente Eduardo de Habich de la Carretera Central. El vehículo excedería la capacidad del puente. Mientras pasa la unidad, se escuchan crujidos. @elcomercio_peru pic.twitter.com/kOp3YuOvVX

— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) April 17, 2026

Cabe resaltar que, luego de solicitar los descargos, el MTC se comprometió a que, por medio de Provías Nacional, iniciará desde este lunes una intervención en el puente Habich (uno de los puentes mencionados por Ositrán), que incluirá el reemplazo de cuatro apoyos de neopreno —elementos clave para la absorción de cargas—, así como mejoras en la superficie de rodadura y otros componentes, como péndolas y el sellado de juntas.

Por otra parte, este Diario se comunicó con la minera Chinalco Perú, ya que, de acuerdo con el oficio de Ositrán, los camiones provienen de dicha empresa para trasladar sus distintas maquinarias, entre otros. Álvaro Barrenechea, gerente de Asuntos Corporativos de Chinalco Perú, dijo a El Comercio que “a diferencia de otras unidades mineras grandes, nosotros no tenemos ninguna otra alternativa para trasladar nuestras cargas especiales más que por la Carretera Central. Algunas mineras van por mar, pero nosotros no tenemos ningún otro camino alternativo”.

Pese a ello, resaltó que en el 2016 “Chinalco Perú hizo un refuerzo de puentes en la Carretera Central. A pesar de que no tenemos competencias en mantenimiento ni reparación, decidimos apoyar sin ningún recurso público (…). Ositrán, en su informe, solo se enfoca en la capa superior de los puentes, pero no en toda la estructura. Nosotros hemos presentado varios estudios de deflexiones y elasticidad, los cuales hemos compartido con Provías”.

“Todas las deflexiones han estado debajo de los máximos límites permisibles. En el traslado de la carga también estuvieron presentes nuestros ingenieros, un notario público e ingenieros de Provías Nacional (…). Actualmente, intervenimos en el mantenimiento de puentes que, a criterio de Ositrán, están en estado crítico. Así contribuimos con el Estado peruano y la transitabilidad de la Carretera Central. Estamos trabajando en el mantenimiento de las bases de los puentes y en el reemplazo de las péndolas que no están operativas”, concluyó.

Durante años, Lima ha sido protagonista de un sinfín de cables en postes de luz, techos de casas y distintos lugares, ocasionando así contaminación visual. Sin embargo, en el distrito de Santiago de Surco se ha ejecutado un ambicioso plan que consiste en soterrar los cables; es decir, migrar del cableado aéreo al subterráneo, lo que a su vez ha llamado la atención de otros distritos de la capital para ejecutar sus propios proyectos.

Todo inició durante el primer año de la actual gestión de la Municipalidad de Santiago de Surco. En diálogo con El Comercio, Elías Ruiz, gerente de Servicios a la Ciudad del municipio y encargado del proyecto, comentó que “la idea nació del deseo de remodelar todo el centro histórico del distrito. Se trata del proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo. El soterrado de cables es parte del proyecto, ya que este va más allá; buscamos renovar el centro de manera integral, peatonalizando las vías, generando una zona atractiva para el comercio y el turismo, entre otros aspectos”.

Resaltó que este trabajo se viene realizando en una extensión de 22.000 metros cuadrados, que abarca aproximadamente 12 manzanas alrededor de la Plaza de Armas de Santiago de Surco. En total, son cerca de 88 kilómetros de ductos subterráneos los que se vienen instalando. Los jirones intervenidos son: jirón Sáenz Peña, jirón Bolognesi, jirón José Gálvez, jirón Batalla de Ayacucho, jirón Arica y jirón Tacna.

“Elaborar un expediente de esta naturaleza demora un poco. Se debe tener aprobación del Ministerio de Cultura y coordinaciones con todas las empresas que brindan servicios, lo cual hemos venido ejecutando”, indicó.

El paso a paso

El ingeniero explicó cómo es que funciona este cableado subterráneo. “Soterrar implica, en primer lugar, colocar ductos, en los cuales se insertarán los cables. Posteriormente, se interconectarán dichos ductos con sistemas de buzones. Los buzones son cámaras de control”, dijo.

“Luego de los buzones, estos ductos se trasladan hacia las llamadas buzonetas, que son más pequeñas y están en la vereda, para que luego los cables entren a las casas. La diferencia es que ya no llegan a las casas por los techos, sino por las veredas. Es todo un tejido el que ahora ocurrirá debajo de la ciudad, con tuberías enterradas que luego salen por las veredas”, agregó.

Resaltó que es la misma mecánica que la de un cableado aéreo, solo que ahora, en lugar de tener todo colgado en postes, las fibras estarán debajo del suelo. “La contaminación visual que se tiene ahora con los cables aéreos es de lo peor. Imagínate solamente ese gran cambio de no ver tanta maraña de cables. Ahora la gente no va a ver ni un solo cable colgando en el centro histórico del distrito”, expresó.

Respecto a la profundidad de los trabajos, comentó que es variada; por un lado, la zona donde están colocados los buzones es de 2 metros y medio, mientras que donde están las buzonetas es de 1,80 metros.

“Con este proyecto de cableado subterráneo terminamos la gestión; quizás la próxima gestión pueda retomar el modelo y hacerlo en otros lugares del distrito. Pero definitivamente es un precedente y un ejemplo para que los otros distritos repliquen algo similar”, añadió.

El proyecto lleva poco más de dos meses de ejecución y registra un 25% de avance. Se tiene previsto que esté culminado en noviembre. Sin embargo, la municipalidad asegura que está trabajando aceleradamente para terminarlo a fines de julio.

Otros puntos de Lima

A raíz de este proyecto, otros municipios también están priorizando el cableado subterráneo. Uno de ellos es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que el año pasado ordenó el retiro del cableado aéreo que atravesaba puntos clave del Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) lidera esta labor en áreas como Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau, donde la alta concentración demandó soluciones para ordenar visualmente el entorno.

Se realizaron intervenciones en más de 50 cuadras, abarcando los jirones Andahuaylas, Áncash, Junín, Huallaga y Paruro, además de las trece cuadras que forman el Triángulo de Grau. El plan contempla, a futuro, realizar el soterramiento del cableado en los jirones mencionados, para así mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar el valor de las calles.

Por otro lado, un municipio que ha manifestado interés en replicar el proyecto de Surco es San Miguel. El gerente municipal del distrito, Jorge Román, dijo a El Comercio que saluda la ejecución de esta obra y contó que han participado en la selección de un plan de inversión de Lima Metropolitana para que el Banco Mundial financie con 16 millones de soles su proyecto de soterramiento de cables.

“La municipalidad de San Miguel está totalmente de acuerdo con este tipo de iniciativas. Por ello, queremos hacer lo propio en el distrito. Estamos evaluando en qué sectores podemos hacerlo posible. Mientras tanto, estamos esperando que nuestro proyecto sea aprobado y así financiado por el Banco Mundial. En San Miguel también estamos encaminados hacia la modernidad y buscamos impulsar una iniciativa de este tipo. Por eso aplaudimos a Surco. Nosotros estamos en el mismo camino para que seamos los próximos”, aseguró.

Por su parte, en la Municipalidad de Miraflores, con el objetivo de proporcionar un ambiente armonioso a vecinos y visitantes, se viene trabajando con las empresas de telecomunicaciones para realizar un cableado de forma soterrada. Así, el municipio ha logrado establecer 57 km de cableado bajo tierra y el retiro de más de 18 km de cables en desuso que obstruían el tránsito y generaban contaminación visual.

Además, el reciente proceso de instalación de 113 cámaras de seguridad ciudadana implicó el despliegue de 17 km de fibra óptica en diversas zonas del distrito. Todo el sistema es subterráneo. Asimismo, la empresa Luz del Sur implementará, adicionalmente, medidores para más de 70 cámaras que contarán con cableado subterráneo.

Cableado subterráneo en la ciudad

Respecto a si es posible este tipo de iniciativas en todo Lima, el ingeniero civil especializado en ciudades sostenibles y magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, sostuvo a este Diario que la migración hacia el cableado subterráneo en Lima Metropolitana es técnicamente viable, pero su implementación masiva depende de variables críticas como la densidad urbana, el tipo de suelo, las interferencias con redes existentes (agua, desagüe y gas) y los costos de inversión.

“Enterrar redes eléctricas y de telecomunicaciones implica obras civiles intensivas, rediseño de la infraestructura y una coordinación estricta entre municipalidades, concesionarias y entes reguladores. En términos económicos, es relativamente más costoso que el tendido aéreo, pero se compensa parcialmente con menores costos de mantenimiento, mayor resiliencia ante eventos climáticos y reducción de fallas operativas; además, aquí no solo importa lo económico, sino el impacto directo en la calidad de vida urbana”, dijo.

Sostuvo que, más allá de lo técnico, el retiro del cableado aéreo es fundamental para reducir la contaminación visual que afecta significativamente la calidad del espacio urbano en Lima. “La acumulación desordenada de cables, muchos en desuso, no solo degrada la imagen de la ciudad, sino que evidencia una débil gestión de activos por parte de las empresas operadoras. Iniciativas como las impulsadas en Surco demuestran que, con fiscalización y planificación, es posible avanzar en la eliminación progresiva de este problema. La viabilidad, por tanto, no es solo técnica, sino también institucional; requiere regulación efectiva y una política sostenida de renovación urbana”, concluyó.

Eran las 4 y 20 de la tarde de aquel viernes 18 de abril de 1980 cuando el cielo de Lima, algo gris y denso como de costumbre, fue surcado por una aeronave que transportaba, más allá de viajeros y tripulantes, los testimonios vivos de una búsqueda desesperada por un nuevo porvenir

En el vientre de aquel Jet One Eleven, comandado por el capitán Fernando Brune, viajaban 97 personas que acababan de romper las cadenas de un encierro de pesadilla en la embajada del Perú en La Habana, en Cuba.

El viaje, que duró poco más de cuatro horas desde San José de Costa Rica, a donde llegaron primero, fue una explosión de júbilo contenido, de “hurras” al Perú y cánticos que celebraban el fin de una odisea que el mundo seguía con el corazón en la mano.

Al aterrizar, el contraste no pudo ser mayor: del asfixiante hacinamiento bajo el sol del Caribe en la embajada peruana en La Habana, abandonada por la custodia policial castrista, al fresco y ordenado Parque Zonal Túpac Amaru, en San Luis, el cual las autoridades peruanas habían acondicionado a contrarreloj.

Allí, bajo la mirada de socorristas de la Cruz Roja Peruana y una estricta vigilancia policial para evitar desmanes, los recién llegados comenzaron a entender que el miedo ya no era el dueño de sus pasos. Sus rostros, aunque visiblemente desencajados por los días de hambre y vigilia, dejaban escapar tímidas sonrisas al ver las carpas y los suministros de medicinas que el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, ya casi de salida, les había preparado.

Santiago Sánchez Espinosa, un mecánico de 25 años que llegó con su esposa, sus dos hijos y su hermano, fue uno de los primeros en romper el silencio ante el tumulto de periodistas que aguardaba en el frontis del parque. “Atrás ha quedado todo un drama que no se lo deseo a nadie”, confesó con la voz quebrada.

Sánchez recordó cómo el viernes 4 de abril saltó la cerca de la embajada junto a otras quince familias, que el régimen cubano llamaba “lumpen”, pero para las autoridades peruanas eran sencillamente “disidentes” a la dictadura de Castro. El relato de Santiago Sánchez era el de muchos: una semana de horror viviendo en la colapsada embajada peruana “uno encima de otro”, entre el hedor y el temor constante a las enfermedades.

No todos buscaban el sueño americano en Miami; algunos, como Lázaro Ortiz Domínguez, un especialista ferroviario, expresaron de inmediato su deseo de trabajar en el Perú. “No pienso ni remotamente volver a Cuba mientras esté Castro allí”, sentenció Ortiz, agradeciendo el trato humano que recibió desde que pisó la primera escala en Costa Rica.

Los refugiados narraron con horror cómo las “turbas azuzadas” por el régimen castrista los habían atacado con piedras y botellas el sábado anterior, dejando a muchos heridos. Incluso en medio de la tragedia, hubo espacio para la ternura, como la “luna de miel” improvisada entre dos jóvenes.

Los esposos José Manuel Lago Rodríguez y Nereida Cuba, casados recientemente, pasaron ocho días en la embajada sin comer ni dormir, compartiendo un espacio ínfimo con miles de personas que llegaban de todas las provincias de la isla.

José Manuel recordaba con estupor cómo los soldados del gobierno cubano llegaron a balear un taxi colectivo (“Guagua”) que ingresó desesperadamente en la sede diplomática peruana, hiriendo incluso a niños en medio del caos, y luego exigiendo que se les sean devueltos puesto que eran, para ellos, unos simples delincuentes.

Mientras en Lima se instalaba este primer contingente, en La Habana la tensión alcanzaba su punto máximo de ebullición con el anuncio de una manifestación masiva frente a nuestra embajada. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial del Ministerio de RR.EE., denunció la grave responsabilidad de Cuba por cualquier acto hostil.

Los grupos amenazantes iban a participar en el desfile por el aniversario de Playa Girón. Así pues, el ambiente era de máxima alerta, pues se estimaba que más de un millón de personas marcharían frente a la sede en cuyo interior aún quedaban miles de asilados.

El impasse diplomático se agravaba por la negativa de las autoridades cubanas a aceptar las listas de visas otorgadas por el Perú. Mientras Torre Tagle buscaba agilizar la evacuación, el régimen de Fidel Castro instalaba altoparlantes alrededor de la embajada para amenazar a quienes no se acogieran a las excepciones de salida.

La situación era tan crítica que el gobierno de Cuba decidió suspender ese mismo día todos los vuelos de asilados hacia Costa Rica, alegando supuestos problemas domésticos y falta de publicidad. Pero la presión internacional ayudó a salvar a estas familias de las represalias castristas.

A pesar de las sombras que aún cubrían a los que se quedaron en la isla caribeña, los 97 cubanos de Lima sentían que habían vuelto a nacer en aquel rincón de San Luis, en el inmenso parque zonal, que hoy es la Videna. El gesto del consulado peruano en La Habana fue resaltado por varios refugiados, quienes recordaron cómo el personal trabajó sin descanso, sacrificando su propio sueño para conseguir alimentos básicos para la multitud.

La mayoría negó ser anticastrista y afirmó que solo buscaba llevar una vida normal. Rechazaron la propaganda del gobierno de Castro que los presentaba como marginales y aseguraron que tenían profesiones, oficios y familias, acusando al régimen de intentar desacreditarlos ante el mundo.

Al final de ese día, el Parque Túpac Amaru se convirtió en un refugio temporal, pero, sobre todo, en un símbolo de un país que abría sus puertas a quienes lo habían perdido todo por su búsqueda de libertad. Los cronistas de ese tiempo señalaron que ese “primer viaje” quedaría grabado en la memoria nacional.

Era, sin duda, el inicio de un éxodo que cambió la fisonomía de la ciudad de Lima y el corazón de sus habitantes. Los diarios de la época daban fe de que el Perú había cumplido con su tradición de asilo, frente a la mirada atenta de una comunidad internacional que respaldaba firmemente la posición de nuestra cancillería.

El segundo contingente de cubanos llegó al día siguiente. La mañana del sábado 19 de abril de 1980. A las 6 y 20 de la mañana, el rugido de los motores de un avión de la compañía costarricense “Spartas” marcaba el aterrizaje, en la pista del Grupo Aéreo Nº 8.

Eran 231 rostros marcados por la incertidumbre y esperanza, que descendían bajo un estricto resguardo militar y la mirada atenta de las autoridades de Defensa Civil. La fisonomía de este grupo, igual o más que el primero, reflejaba el drama humano de un éxodo sin precedentes: 113 mujeres, 48 hombres y 37 niños, además de dos infantes, quienes dejaban atrás su isla para iniciar una vida nueva en tierras desconocidas.

Bajo la supervisión del coronel Heraclio Fernández, los refugiados fueron trasladados de inmediato al campamento del Parque Túpac Amaru, donde el primer grupo los aguardaba con historias similares de resistencia y anhelos de porvenir.

En el campamento, la vida empezó a reorganizarse entre carpas y comités elegidos por los propios asilados para gestionar su nueva cotidianidad, mientras la población limeña observaba con empatía el arribo de estos “hermanos del Caribe”.

Lo que ocurrió ese 18 de abril de 1980 y los días siguientes fue, en esencia, una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria que el Perú había registrado hasta ese momento.

Una familia vive horas de angustia en Lima tras la desaparición de Milagros Rispa, una mujer de 66 años que fue vista por última vez cuando abordaba una unidad de transporte público rumbo a un templo evangélico. De acuerdo con sus familiares, la adulta mayor padece esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud, ya que no ha tomado su medicación desde hace dos días.

El hecho ocurrió el último lunes, cuando Milagros viajaba junto a su padre, Armando Rispa, en un vehículo de la línea 33 con destino a las inmediaciones de la plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima.

Según el testimonio del familiar, descendió del bus antes de lo previsto, creyendo que su hija lo seguía. Sin embargo, al darse cuenta de que no estaba con él, inició la búsqueda sin éxito. El padre explicó que la mujer conocía el trayecto habitual hacia el templo que frecuentan desde hace años, lo que hace más desconcertante su desaparición.

Búsqueda incesante

La denuncia fue presentada en la comisaría de Alfonso Ugarte, donde la familia solicitó apoyo para ubicarla.

Lourdes Rispa, hermana de la desaparecida, indicó que algunos ciudadanos aseguran haber visto a Milagros en la avenida Aviación, a la altura del hospital de Neoplásicas. Ante ello, los familiares han colocado afiches en la zona y coordinado con personal de serenazgo para ampliar la búsqueda.

La familia advirtió que la situación es crítica debido a que Milagros no ha recibido su tratamiento médico en las últimas 48 horas. Además, brindaron detalles sobre su vestimenta al momento de la desaparición: llevaba un vestido marrón, casaca beige y zapatos del mismo color. Tiene cabello canoso, que suele llevar recogido en una cola de caballo.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con su ubicación, y brindaron los teléfonos 924192682 o 994393251, para cualquier información.

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El Perú da un paso clave en la protección de la primera infancia con la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS) para gestantes. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca reducir significativamente la mortalidad neonatal, especialmente en bebés prematuros, considerados la población más vulnerable frente a este virus.

La estrategia contempla la inclusión progresiva de esta vacuna en el esquema nacional, como parte de un enfoque integral para prevenir infecciones respiratorias graves desde el nacimiento.

El titular del sector, Juan Carlos Velasco, destacó el impacto que tendrá esta decisión en la salud pública. “Lo que se prometió, se cumplió. Con esta decisión vamos a evitar la muerte de neonatos, especialmente de los prematuros. En el Perú nacen entre 28 mil y 30 mil prematuros cada año, lo que representa cerca del 10 % de los nacimientos, población altamente vulnerable frente al VRS”, señaló.

Asimismo, remarcó la gravedad de este virus en el país: “El virus sincitial respiratorio es la primera causa de muerte en neonatos por infecciones respiratorias. Con esta estrategia vamos a proteger a nuestros recién nacidos, evitar que lleguen a UCI y reducir significativamente el riesgo de fallecimiento”.

Implementación progresiva a nivel nacional

Desde la Dirección de Inmunizaciones del Minsa se vienen realizando las gestiones para incluir estas tecnologías sanitarias en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

La implementación se desarrollará de manera progresiva, considerando procesos de adquisición, lineamientos técnicos y protocolos que aseguren su correcta aplicación en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Además, el Estado garantizará el abastecimiento de las vacunas y productos biológicos necesarios para su ejecución.

Llamado a la vacunación y responsabilidad de las familias

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el ministro hizo un llamado a los padres de familia para cumplir con el calendario de inmunización. “Vamos a garantizar el stock de vacunas. El Estado ya ha hecho su tarea. Hoy todas las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud. Ahora corresponde a los padres y madres cumplir con la suya: llevar a sus hijos a vacunar”, enfatizó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 403-2026/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Norma Técnica de Salud sobre el Esquema Nacional de Vacunación.

Con esta actualización, el país se suma a las naciones que incorporan tecnologías innovadoras para la protección de la primera infancia, reafirmando su compromiso con la reducción de la mortalidad neonatal y el cuidado de las poblaciones más vulnerables.

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Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un concurrido mercado. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, en la urbanización Previ.

La víctima fue identificada como Alex Junior Icer Cerna, conocido en la zona como “Chechi”, quien murió en el lugar tras recibir múltiples disparos en la cabeza.

De acuerdo con información preliminar de la Policía y testimonios de vecinos, el joven habría intentado escapar corriendo por varias cuadras al percatarse de la presencia de sus agresores. Sin embargo, fue alcanzado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Testigos indicaron que uno de ellos vestía un polo negro, mientras que su cómplice llevaba un polo blanco.

Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones. Según las primeras diligencias, realizaron entre cuatro y seis disparos antes de huir con dirección hacia el distrito de San Martín de Porres.

Evidencias clave en la escena del crimen

Peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala en el pavimento, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Agentes de la comisaría de Bocanegra también confirmaron la existencia de cámaras de seguridad en la zona, instaladas por la Municipalidad del Callao y la parroquia Cristo Liberador. Las imágenes serán fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

Investigan presunto ajuste de cuentas

Debido a la violencia del ataque, la Policía Nacional del Perú no descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los sicarios, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque.

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Lima amaneció recientemente cubierta por una densa neblina, sorprendiendo a miles de ciudadanos que en semanas previas experimentaban mañanas soleadas. Este cambio ha generado dudas sobre el comportamiento del clima en los próximos días, especialmente ante la llegada del otoño. En esa línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que este fenómeno responde a condiciones atmosféricas propias de la temporada y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

El ingeniero Matt Nieto, especialista del Senamhi, indicó que existe una alta probabilidad de neblina y lloviznas en distintos distritos de Lima Metropolitana al menos hasta el 28 de abril.

“Este contraste de masa de aire, entre el cálido y el frío, que viene por efecto de los vientos del sur favorece la ocurrencia rápida de la niebla y neblina en los distritos cercanos al mar, incluso con alguna llovizna puntual que se podría intensificar en los próximos días. Esta situación está atribuida principalmente a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur”, señaló.

Además, advirtió sobre los riesgos que estas condiciones pueden generar: “La densa niebla, neblina o lloviznas pueden afectar la visibilidad y provocar incidentes en el transporte, por lo que se recomienda tomar precauciones”.

Temperaturas bajan y sensación de frío aumenta

El especialista explicó que, tras los días calurosos recientes, se prevé una disminución progresiva de la temperatura en la capital. “Las temperaturas máximas en Lima Metropolitana estarán más cercanas a sus valores normales, entre 27 y 28 grados durante el día, mientras que las mínimas podrían descender a 18 grados e incluso 17 en algunos distritos”, puntualizó.

Asimismo, indicó que la sensación térmica será más fresca, especialmente en horas de la madrugada: “Ya se empieza a percibir una ligera sensación de frío, por lo que es recomendable el uso de abrigo ligero, especialmente en población vulnerable”. En tanto, descartó nuevos picos de calor extremos. “Las temperaturas máximas se van a amortiguar y estarán entre los 26 y 30 grados, dentro de un comportamiento más acorde al otoño”.

Clima variará según zonas de Lima

El comportamiento del clima no será uniforme en toda la ciudad. En distritos alejados del mar, como La Molina, San Juan de Lurigancho o Santa Anita, predominarán mañanas frescas con rápida aparición del sol. “Al estar más alejados del mar, la nubosidad se disipa con mayor rapidez y las temperaturas se recuperan durante el día”, explicó el especialista.

En contraste, en zonas cercanas al litoral como Miraflores, Barranco, San Miguel o San Isidro, la neblina y la nubosidad serán más persistentes. “Estos sectores tendrán más horas de cielo cubierto y mayor probabilidad de lloviznas, especialmente en horas nocturnas y de madrugada”, precisó.

Vientos fuertes y riesgo en carreteras

El Senamhi también alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana. “Se esperan ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora en Ica, mientras que en Lima podrían alcanzar o superar los 30 km/h”, indicó.

Estas condiciones podrían generar riesgos adicionales: “El levantamiento de polvo en regiones como Ica puede reducir la visibilidad, por lo que los conductores deben extremar precauciones”.

Respecto al panorama estacional, el especialista señaló que el otoño tendrá una tendencia cálida en promedio, influenciado por el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño costero. “El otoño será en general cálido, aunque con algunos episodios puntuales de frío, como los que estamos observando actualmente”, explicó.

Incluso, esta tendencia podría extenderse al invierno: “No significa que todo el invierno será cálido, pero en promedio se esperan temperaturas por encima de lo normal, sin descartar días fríos específicos”.

Recomendaciones ante el cambio de clima

Finalmente, el Senamhi exhortó a la población a tomar medidas preventivas frente a estas condiciones.

“Es importante usar abrigo ligero en horas nocturnas y de madrugada, sobre todo en adultos mayores, niños y personas vulnerables”, recomendó. Asimismo, pidió precaución en la vía pública. “Ante lloviznas, se debe evitar caminar apresuradamente y conducir con mayor cuidado, ya que las pistas pueden volverse resbalosas”.

También advirtió sobre los efectos del viento: “Asegurar techos y estructuras débiles para evitar daños”, concluyó.

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Un operativo ejecutado durante la madrugada por la Municipalidad de Puente Piedra terminó con la demolición de 22 puestos comerciales informales ubicados en los alrededores del mercado Tres Regiones. La intervención, que contó con maquinaria pesada y resguardo policial, buscó recuperar un área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados que, según las autoridades, era ocupada de manera indebida.

De acuerdo con la comuna, los puestos estaban instalados en la calle Los Ángeles, una vía estratégica que conecta con la Panamericana Norte y cuya ocupación impedía el libre tránsito vehicular y peatonal en la zona.

Operativo con enfrentamientos e incendio

Durante el desalojo se registraron momentos de alta tensión. Un grupo de comerciantes intentó impedir la demolición enfrentándose a personal municipal y agentes de la Policía Nacional del Perú. En medio de los disturbios, se reportó un incendio que se propagó rápidamente, consumiendo parte de la mercadería y las estructuras de los puestos intervenidos. El siniestro agravó la situación de los vendedores, quienes denunciaron pérdidas económicas significativas.

Desde la gerencia de ordenamiento urbano, el funcionario Jesús Salazar indicó que los comerciantes habían sido notificados desde el año pasado sobre la recuperación del espacio público.

“Los puestos se encontraban netamente en un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos”, señaló el representante municipal, quien además precisó que la ocupación de la zona se remontaba al año 2004.

Asimismo, sostuvo que incluso los dirigentes del mercado Tres Regiones no reconocen a estos vendedores dentro de su padrón formal. “La explanada intervenida es un aporte al urbanismo que debía ser liberado para el beneficio del distrito”, agregó.

Comerciantes denuncian desalojo arbitrario

Por su parte, los comerciantes rechazaron la intervención y la calificaron como arbitraria. Aseguraron que adquirieron sus puestos en el año 2003 y que cuentan con documentos que respaldarían su posesión.

“Tenemos contratos de compra y venta y la municipalidad no ha demostrado que no somos los dueños”, manifestó uno de los afectados.

Los vendedores informaron que el incendio los dejó sin su principal fuente de ingresos, mientras que la municipalidad reiteró que el mercado Tres Regiones continuará operando con normalidad dentro del espacio autorizado.

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Un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitió la incautación de 109 celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos que una pasajera intentaba ingresar al país sin declarar. La intervención, realizada por agentes de la Sunat, tuvo lugar la noche del último martes en la zona de llegadas internacionales.

Según información oficial, la mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos con escala en Panamá. La detección de la mercancía fue posible gracias al uso de escáneres de rayos X, que alertaron sobre el contenido irregular en su equipaje.

Hallazgo de equipos valorizados en más de S/400.000

Durante la inspección realizada por la División de Equipajes, las autoridades encontraron 109 celulares de alta gama ocultos en las maletas de la pasajera. Además, se hallaron cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y varios relojes smartwatch.

El hallazgo confirmó que los productos no habían sido declarados, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera. De acuerdo con la Sunat, el valor total de los equipos supera los S/400.000.

Detención e investigación por presunto contrabando

Tras verificarse que los artículos tenían un presunto destino comercial y no cumplían con las obligaciones tributarias, las autoridades procedieron al decomiso total de la mercadería y a la detención inmediata de la pasajera por el presunto delito de contrabando.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los bienes y el inicio de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

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Lima Norte volvió a ser testigo de un nuevo hecho de violencia. Un conductor de combi fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en el distrito de Comas, a solo una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila, en un ataque que, según sus familiares, estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

La víctima fue identificada como Jorge Segundo García Urteaga, quien se desempeñaba como chofer y cobrador de una unidad de transporte informal que cubría la ruta de Pro hacia Belaunde. El ataque ocurrió cuando realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Ataque armado en plena ruta

De acuerdo con información policial, el crimen se produjo en el cruce de las avenidas Gerardo Unger y Guillermo La Fuente. En ese punto, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron la combi cuando se dirigía hacia la avenida Túpac Amaru.

Los delincuentes le cerraron el paso y uno de ellos abrió fuego directamente contra la cabina del conductor. Al menos dos disparos impactaron en la cabeza de García Urteaga, quien murió en el acto, mientras los atacantes huyeron rápidamente del lugar.

La Policía llegó a la escena para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables.

Sospechan de extorsión

La familia del conductor señaló que el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión. Según indicaron, García Urteaga realizaba pagos diarios a delincuentes que operan en la zona para poder trabajar con normalidad. Sin embargo, en los últimos días habría dejado de pagar estos “cupos”, debido a que su unidad presentaba fallas mecánicas. El asesinato deja en la orfandad a dos menores de edad.

No obstante, horas más tarde, según una investigación periodística de América TV, surgió otra hipótesis en torno al crimen. La muerte del chofer informal sería producto de un presunto ajuste de cuentas, ya que, de acuerdo con dichas indagaciones, contaría con antecedentes policiales.

A partir de esta información, la PNP inició nuevas indagaciones para esclarecer el móvil del asesinato.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital, interviniendo los comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau. La acción forma parte de una estrategia para reforzar el orden y la seguridad en zonas de alta congestión.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde tempranas horas se desplegó personal de Fiscalización y Control junto a Seguridad Ciudadana en los principales accesos. El operativo incluyó patrullaje constante y vigilancia para impedir la instalación de comerciantes informales en la vía pública.

Operativo permanente para recuperar el orden en el Cercado

Durante la jornada, efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) recorrieron diversas calles, con especial énfasis en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas. En estos puntos se detectó ocupación ilegal, procediéndose al decomiso de mercadería y vehículos que obstruían el tránsito.

En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Económico supervisó el ingreso y salida de estibadores, así como la operatividad de módulos formales, verificando que cumplan con la documentación correspondiente. Asimismo, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó labores de limpieza para restablecer condiciones sanitarias adecuadas.

Evitar fomentar el comercio informal

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, remarcó que estas acciones no serán temporales. “Esto no es solo de un día. Estamos garantizando el sostenimiento del operativo con aproximadamente 1000 efectivos entre serenos y fiscalizadores, desplegados en todo el conglomerado de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fomentar el comercio informal. “Buscamos orden y transitabilidad. El comercio informal genera desorden y acumulación de residuos”, agregó.

Por su parte, la gerente de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, destacó que la comuna impulsa programas de formalización para los comerciantes. “Contamos con programas que acompañan todo el proceso de formalización, desde la idea de negocio hasta su consolidación como empresa”, indicó.

Finalmente, la funcionaria precisó que existen espacios habilitados para la reubicación de ambulantes. “Conocemos a cada uno de los ambulantes que ocupan la vía pública. A quienes necesiten apoyo, los recibimos y orientamos. Tenemos puntos de reubicación y espacios como la Plaza Emprendedora en la plaza Gastañeta”, señaló. Este operativo se suma a intervenciones recientes en zonas como el Puente Acho, la avenida Abancay y la avenida Aviación.

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A partir de este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de las obras de la Vía Expresa Norte. La medida fue anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, que ejecuta el proyecto en Lima Norte.

El plan contempla rutas alternas, señalización y control del tránsito para minimizar el impacto en conductores y peatones. La intervención responde a la construcción de un paso a desnivel que busca mejorar la movilidad en una zona clave de la ciudad.

Desvíos y cierre parcial en zona clave de Lima Norte

Como parte de los trabajos, se intervendrá la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto. Esto implicará el cierre parcial de un carril en la intersección con la avenida Universitaria, afectando temporalmente la circulación habitual.

En el caso de la avenida Tomás Valle, el tránsito será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, específicamente en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, en la avenida Universitaria se mantendrán dos carriles operativos para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos.

Activación de alertas

Para facilitar la movilidad, el plan incluye la activación de alertas en la aplicación Waze, donde los usuarios podrán conocer en tiempo real las rutas alternas, cierres y condiciones del tránsito en la zona intervenida.

Este proyecto forma parte de la obra denominada “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria”, que abarca el tramo entre la avenida Metropolitana y la avenida José Granda, en distritos como Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente, los trabajos se desarrollan desde el Óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el tramo entre el óvalo y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto para mejorar veredas, calzadas y ciclovías, como parte de la primera etapa del proyecto.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reconoció y entregó a 91 contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota de sus tributos. La iniciativa, que forma parte de las actividades por el trigésimo aniversario institucional, busca fortalecer la cultura tributaria en la capital.

La ceremonia de premiación estuvo marcada por la emoción de los ganadores, quienes recibieron de manos de los representantes del SAT una variada lista de incentivos, gracias a la alianza estratégica con Yape:

* Una camioneta 0 km.

* Una gift card de S/5000 y quince (15) de S/1000.

* Treinta y una (31) gift cards de S/500.

* Televisores Smart de 75”, laptops y 40 vales de combustible.

Los afortunados, elegidos mediante un sorteo público y notariado el pasado 20 de marzo, expresaron su satisfacción por este reconocimiento. Coincidieron en que la puntualidad no solo trae beneficios personales, sino que permite a la ciudad contar con recursos para seguridad, limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes.

Próximos sorteos y vencimientos

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, felicitó a los ganadores y anunció que los incentivos continuarán durante todo el año. “Nuestra meta es retribuir la responsabilidad de los vecinos. Por ello, quienes paguen a tiempo las tres cuotas restantes participarán automáticamente en nuevos sorteos”, destacó la funcionaria.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que el vencimiento de la segunda cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios es el próximo 29 de mayo.

Pagos digitales: Sin colas ni complicaciones

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, el SAT reafirma su apuesta por la transformación digital. Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de forma rápida y segura a través de:

* Billeteras digitales: Yape y Plin.

* Plataformas virtuales: www.sat.gob.pe, BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank.

* Canales directos: Western Union y cajas municipales.

Con un proyecto que plantea la implementación del primer laboratorio de tejido músculo esquelético en el Perú, la doctora Leyla Meléndez Álvarez, cirujana plástica y jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), obtuvo un reconocimiento internacional y el grado de máster en España. La creación de este laboratorio marcará un hito en la salud del país y el tratamiento de cirugías complejas que realiza el INSNSB.

Actualmente, el Banco de Tejidos del INSNSB es el único oficialmente autorizado en el país y pionero en el procesamiento de tejidos y células. Con este proyecto se busca dar los primeros pasos para la implementación de nuevas áreas como el Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético, para lo cual el instituto ya cuenta con un ambiente dentro del mismo Banco de Tejidos.

La tesina fue preparada por la Dra. Meléndez como parte del programa Máster Alianza 2026, capacitación que auspicia la Organización Nacional de Trasplante (ONT) de España como un apoyo del gobierno español a países de Latinoamérica.

Bajo el nombre “Implementación de un Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético en el Banco de Tejidos del INSNSB”, el proyecto sustenta con cifras e información oficial la necesidad de estos insumos en los hospitales e institutos del Perú. Actualmente, la demanda de tejido óseo en el Perú se cubre, en un 100 %, por importación. Frente a esa situación, la tesina plantea la implementación de un laboratorio propio para el procesamiento de este tipo de tejidos, lo que permitiría reducir los costos y atender la demanda nacional en todos los sistemas de salud.

Estos tejidos se utilizan en intervenciones de traumatología para las fracturas extensas; en neurocirugía para cirugías de columna, casos de traumatismo encéfalo craneano cuando hay pérdida de masa ósea, o en cirugías odontológicas que utilizan un chip de hueso para corregir el defecto óseo. Asimismo, están las cirugías de cabeza y cuello, cuando retiran los tumores y hay que usar tejido óseo para restituir la función de la columna, igual que en oncología cuando se retiran los tumores de hueso y se rellena el orificio que queda.

La capacitación Máster Alianza se desarrolló durante dos meses y culminó con la sustentación del proyecto, que se realizó en la sede del Ministerio de la Sanidad de España. La tesina presentada por la doctora Meléndez fue una de las tres exposiciones reconocidas entre 15 trabajos seleccionados, obteniendo el grado de Máster en Donación, Trasplante y Banco de Tejidos.

La capacitación se desarrolló en las ciudades de Madrid y Coruña, del 26 de enero al 26 de marzo de 2026. Fueron tres los profesionales latinoamericanos que sobresalieron en la presentación de la tesina: Perú, Argentina y Colombia y Perú, que destacaron por la trascendencia, viabilidad y sostenibilidad de sus planteamientos.

La doctora Leyla Meléndez dijo que la experiencia del Máster Alianza fue gratificante, además de ser una gran responsabilidad, ya que este logro no es solo en representación del INSNSB, sino también como peruana, demostrando que en el Perú se pueden plantear proyectos con estándares internacionales. “Nuestra tarea ahora será comprometer a todos los estamentos para lograr su implementación”, expresó.

De acuerdo a lo expuesto en la tesina, la implementación de un Laboratorio de Tejido Musculo esquelético , en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, garantiza seguridad biológica, trazabilidad, calidad del injerto y sostenibilidad operativa, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud del Perú.

Demanda nacional

Meléndez Álvarez, como jefa del Banco de Tejidos del INSNSB, señaló que, con la implementación de un laboratorio músculo esquelético en el instituto, ya no será necesario comprar este tejido del extranjero e, incluso, el proyecto contempla que en tres años el instituto estaría en condiciones de abastecer a hospitales e institutos, tanto del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud, Fuerzas Armadas, y hasta clínicas privadas.

Subrayó que la necesidad existe debido a que hay una alta demanda de estos insumos, dado que el Perú no produce tejido óseo. Agregó, además, que según datos oficiales, en el 2025 se compraron, a nivel de establecimientos del Minsa, alrededor de 372 unidades de injertos óseos y derivados, que representa un gasto aproximado de 200 mil soles. El INSNSB es la IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) que más adquiere tejido óseo, alrededor de 200 a 250 unidades al año, que se usa en el tratamiento de casos complejos.

“Nosotros somos un instituto especializado de alta complejidad, netamente quirúrgico, que atiende a niños y adolescentes”, explicó en España al momento de sustentar el proyecto. Luego del INSNSB le siguen los hospitales María Auxiliadora, Cayetano Heredia, Dos de Mayo y Arzobispo Loayza, que también requieren injertos de hueso.

“Si nosotros como Banco de Tejidos logramos producir este injerto óseo, vamos a ayudar a disminuir el gasto que hace el Minsa, porque seremos nosotros mismos los que proporcionemos este insumo biológico, que se trabaja a partir del hueso de un donante cadavérico”, manifestó la médico especialista.

Condiciones de bioseguridad

Para el procesamiento de estos injertos óseos hay que garantizar un ambiente adecuado en condiciones de bioseguridad, con cabinas de flujo laminar tipo A y un ambiente tipo C, que tenga una cantidad mínima de partículas contaminantes para que el insumo que se procese sea estéril.

Meléndez precisó que el instituto ya cuenta con un ambiente destinado para este laboratorio, y lo que se busca con el proyecto es dar los primeros pasos para su implementación, demostrando su viabilidad y los beneficios para el tratamiento de los pacientes.

“Se proyecta que al primer año de funcionamiento del laboratorio se logrará abastecer a todos los hospitales del Minsa, en el segundo año a las otras IPRESS públicas y, en el tercer año, ser autosuficientes para sostener a todo el país”, señaló la doctora responsable del proyecto.

El Seguro Social de Salud advirtió sobre un incremento significativo de patologías odontológicas en menores de edad tras la pandemia, una situación que ha derivado en la evolución de afecciones leves hacia cuadros más complejos que afectan la salud integral de los niños. Ante este panorama, la institución intensificó sus estrategias de prevención y promoción de la salud bucal, especialmente en la primera infancia.

La doctora Nelly Sánchez explicó que uno de los principales riesgos es la relación entre infecciones bucales y la anemia. Si bien estas infecciones no la generan directamente, sí interfieren en la correcta absorción del hierro, lo que puede impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo de los menores, sobre todo en los primeros años de vida.

En respuesta a esta problemática, la Red Prestacional Rebagliati desarrolló la feria “Sonrisas saludables desde la infancia” en una institución educativa inicial del distrito de Jesús María. La actividad reunió a especialistas en odontología, quienes implementaron espacios educativos orientados a enseñar técnicas adecuadas de higiene bucal y fomentar hábitos saludables desde temprana edad.

Durante la jornada, los niños participaron en sesiones prácticas de cepillado utilizando maquetas, además de actividades lúdicas como juegos interactivos para promover una alimentación saludable que prevenga la aparición de caries. También se realizaron evaluaciones de ortodoncia preventiva y simulaciones sobre cómo actuar ante traumatismos dentales, fortaleciendo así la educación integral en salud oral.

Uno de los elementos más destacados fue la participación de los llamados “guardianes de la salud”, personajes diseñados para transmitir mensajes preventivos de manera didáctica. Esta estrategia buscó captar la atención de los menores y reforzar la importancia del cuidado bucal en su vida cotidiana.

Según EsSalud, actualmente las caries representan más del 30 % de los diagnósticos en consultas infantiles, lo que evidencia la magnitud del problema. En ese contexto, la institución viene fortaleciendo el Programa del Primer Molar, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el objetivo de proteger las piezas dentales permanentes mediante la detección temprana y la aplicación de sellantes.

Finalmente, la entidad reiteró que la salud bucal en la infancia es clave para prevenir complicaciones a futuro y mejorar la calidad de vida. Por ello, exhortó a los padres de familia a reforzar hábitos de higiene, acudir a controles periódicos y prestar atención a cualquier señal de infección o dolor en los menores.

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Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

Una propuesta de la congresista Kira Alcarraz busca que las multas que se apliquen a los conductores por infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), tal como ocurre actualmente. En un país en el que existe una alta tasa de evasión al pago de papeletas, la iniciativa ha llamado la atención.

En el sustento del proyecto N° 14388/2025-CR, que fue presentada el pasado 10 de abril y se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alcarraz señala que se busca “garantizar la proporcionalidad y razonabilidad ante la imposición de una multa de tránsito”.

En su proyecto, Alcarraz precisa que la norma, en caso se apruebe, se aplicaría a los choferes de transporte público de pasajeros y de vehículos menores, así como los conductores de transporte privado, incluyendo vehículos particulares y motocicletas.

No obstante, remarcó que quedarían excluidos del ámbito de aplicación las personas jurídicas, así como las empresas de transporte, concesionarios, operadores y demás sujetos que desarrollen actividad empresarial vinculada al transporte, a quienes se les sancionará con base en la unidad impositiva tributaria (UIT)

Cabe recordar que Kira Alcarraz protagonizó dos incidentes en las vías. En una oportunidad, la congresista fue acusada de agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en otra ocasión, fue intervenida y llevada a la comisaría de San Borja luego que se constara que el conductor de su vehículo presentaba un grado de alcohol superior al permitido.

Kira Alcarraz explicó a El Comercio que su propuesta apunta a que “las multas sean proporcionales a la infracción y a la capacidad de pago de cada persona” y aseguró que, de aplicarse, se acabarían los procesos judiciales y administrativos que plantean los conductores para anular las papeletas o que prescriban.

“Las multas son impagables en la actualidad y se acabaría con los procesos judiciales o administrativos. Lo que se pretende evitar es que quieran impugnar estas multas incalculables”, refirió.

“Se busca que las multas sean más justas y que, de alguna manera, no afecten demasiado a las personas que no tienen dinero y sobreviven con el sueldo mínimo”, agregó.

Remarcó que su proyecto, en caso se convierta en ley, erradicaría las mafias de tramitadores que sorprenden a los conductores respecto al pago de las papeletas. Por ello, aclaró que su iniciativa no pretende fomentar la impunidad.

“Esta iniciativa no busca eliminar sanciones ni promover la informalidad o la irresponsabilidad vial, por el contrario, apunta a fortalecer el cumplimiento de la norma mediante el sistema que sea percibido como justo y razonable”, afirmó.

“No habría tanto proceso administrativo para impugnar papeletas. A veces la gente no puede pagar y lo que hace es esperar que prescriban”, añadió.

No obstante, precisó que su propuesta no contempla que se aplique el beneficio del pronto pago a las papeletas calculadas sobre el salario mínimo, el cual sí se estaría permitido para las multas que son fijadas a través de la UIT. La legisladora espera que su proyecto sea aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y llegue a debatirse en el pleno en la presente legislatura.

Como “populista” calificó Franklin Barreto, especialista en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, la iniciativa de Kira Alcarraz, pues recordó que no corresponde con la realidad del país, ya que se registra un alto porcentaje de evasión al pago de las multas de tránsito.

El especialista indicó a El Comercio que a la gran mayoría de conductores del país no le interesa conocer la base sobre la cual se aplicará la multa por la infracción cometida, pues aseguró que ellos simplemente buscan no pagar la sanción, por ello, recordó que existen “mafias” que tramitan impugnaciones y apelaciones con el objetivo de que las papeletas prescriban.

“Las personas dicen que cambien la base sobre la cual se hará el cálculo (de la multa), pero no les interesa mucho, lo que ellos quieren es simplemente no pagar. Avizoró que en la segunda vuelta (de las Elecciones Generales 2026) uno de los temas será esto”, indicó.

Además, Barreto advirtió que, de aprobarse la propuesta de Kira Alcarraz, se podría generar un desorden en el Estado, ya que, según recordó, se toma como referencia el valor de la UIT para aplicar las diversas multas para tener una uniformidad.

Por ello, remarcó que, en vez de bajar los montos de las multas de tránsito, se deberían mejorar los sistemas administrativos para concretar el cobro de las sanciones.

“Lo que se debe hacer es que los sistemas administrativos que cobran este tipo de infracciones sean más efectivos y puedan cumplir el objetivo, que es disuadir al infractor, corregir su comportamiento, pero acompañado de políticas de educación y seguridad vial”, afirmó.

“El efecto disuasivo se genera cuando se tiene el conocimiento de que la infracción tiene una consecuencia real, pero en nuestra realidad no es así”, agregó.

Barreto indicó que una posible rebaja de las multas sí podría incentivar el pago de papeletas, pero consideró que “eso no significa que la mayoría se acoja a esos descuentos, ya que siempre piensa en no pagar”.

Este diario intentó comunicarse con la congresista Kira Alcarraz. Sin embargo, no fue posible concretar una entrevista.

La propuesta de Kira Alcarraz “no parece adecuada”, ya que el monto del sueldo mínimo no se actualiza cada año, como sí ocurre con el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT), indicó Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, a El Comercio.

“Debe mantenerse el cálculo de la sanción sobre la UIT porque eso hará que cada año la multa pueda actualizarse”, aseveró Vélez.

No obstante, remarcó que las normas deben ser nuevamente reguladas, pues consideró que hay multas cuyos montos son desproporcionados y que se vuelven impagables con el paso del tiempo.

“Lo que hay que hacer es volver a regular las multas porque en muchos casos son demasiadas altas y van en contra del principio de sanción en el sentido de que ya prácticamente son impagables para muchos peruanos”, afirmó Vélez.

“Se debe volver a regular la normativa porque hay sanciones que son extremadamente altas y tienen que ser proporcionales. Prácticamente se ha perdido el principio de proporcionalidad”, agregó.

Explicó que hay sanciones que son muy graves y no tienen los montos de multas que tienen otras que no son tan graves. Además, enfatizó que, pese a que se imponen multas altas, no hay una adecuada fiscalización de parte de las autoridades, lo que permite, según dijo, que colectivos informales sigan circulando pese a que acumulan sanciones millonarias.

Ante las acciones que realizan algunos abogados o tramitadores para lograr que las multas se judicialicen y prescriban, Vélez planteó la creación de tribunales de tránsito para que pueda resolverse las apelaciones u oposiciones de los conductores lo más rápido posible.

Por último, advirtió que en los últimos años se ha visto que se están impulsando “normas demagógicas en vez de normas técnicas”. “Un congresista que quiera mejorar el sistema de transporte y los problemas de seguridad vial debería coordinar con los técnicos, en este caso el MTC, y no proponer normas sin el debido sustento técnico”, explicó.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), opinó que el sueldo mínimo es una “buena base” para calcular las multas de tránsito, pero consideró que eso debería ir acompañado de la aplicación de una “proporcionalidad y racionalidad” de las sanciones.

“El sueldo mínimo es una buena base, pero la razonabilidad de la propia multa es también importante. La escala hay que modificarla”, afirmó Kunckel a El Comercio.

En ese contexto, cuestionó que el circular sin luces por una vía tenga una multa mucho menor que el pasarse en 5 km/h la velocidad máxima, pese a que la primera circunstancia es mucho más peligrosa.

También recordó que se sanciona con 2,575 soles a los conductores cuyos vehículos no pasaron por la revisión técnica, pese a que en algunos casos los vehículos tienen solo tres años de antigüedad y se encuentran en perfectas condiciones.

La propuesta de Kira Alcarraz no es la primera que se presenta en el Congreso para reducir el monto de las multas de tránsito. José Luna Gálvez presentó, en enero pasado, una iniciativa para crear el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre, que permita “la reducción de hasta el 98%” del total de las multas impuestas a los transportistas, lo cual sería posible mediante la conversión de las sanciones a cambio de seguir cursos de educación vial.

Remarcó que el objetivo de la iniciativa es aliviar la carga económica de miles de conductores, así como su reinserción vial, promover la formalización del sector y reforzar la educación en seguridad vial en todo el país.

El proyecto establece beneficios de reducción de multas e infracciones impagas, incluyendo intereses y recargos, según la gravedad de la falta. Se propone el 98% de reducción para infracciones leve; 95% para infracciones graves, y 92% para infracciones muy graves.

Luna Gálvez refirió que estas medidas buscan ofrecer una salida viable a conductores que, debido a la acumulación de sanciones y altos costos, “han quedado fuera de la formalidad y sin posibilidad de recuperar su actividad económica”.

“No podrán beneficiarse de este programa quienes cometieron infracciones relacionadas con conducción en estado de ebriedad o drogas, manejo sin licencia, accidentes con lesiones graves o muerte, carreras ilegales o agresiones al personal de fiscalización”, explicó.

El legislador subrayó que, además, esta norma no beneficiará a quienes hayan puesto en riesgo la vida de terceros y que, para acceder a los beneficios planteados, los conductores con infracciones graves o muy graves deberán completar cursos de buenas prácticas en seguridad vial y aprobar exámenes de conocimientos y manejo.

“Este beneficio no es un cheque en blanco. En caso de recuperar la licencia, esta tendrá un periodo de prueba de tres años, durante el cual la acumulación de pocos puntos podría generar su cancelación definitiva”, sostuvo Luna Gálvez cuando sustentó su iniciativa.

“El proyecto implica una reducción en la recaudación por multas. A cambio, ofrece beneficios directos a conductores y un impacto positivo para la sociedad al promover mayor capacitación, menos infracciones y menos siniestros. Además, le damos una nueva oportunidad a miles de peruanos, para que puedan reactivar su propia economía”, agregó.

En medio de esta trama aparece la figura de un hombre, cuya labor como operador logístico resultaba clave para la organización criminal vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

La pieza clave para que los asaltos de ‘Los Injertos del Callao’ fueran exitosos, tiene nombre y apellidos: José Alberto Barba Huamán, alias ‘Barba’. Según la Policía, lejos de ser un delincuente común, ‘Barba’ aprovechaba su trabajo en el sector para “marcar” a sus víctimas. Su objetivo principal eran transportistas que trasladaban oro rumbo el Callao.

Según registros públicos, Barba Huamán figura como gerente de la empresa Garate Logística Integral S.A.C., dedicada precisamente al transporte y almacenamiento de carga. Esta posición le habría permitido conocer de primera manos las rutas, horarios y protocolos de seguridad de los cargamentos.

Fue así como, presuntamente, obtuvo la información para el golpe del pasado 22 de marzo, cuando, mediante un tercero convocó a los taxistas César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres para trasladar ocho kilos de oro desde Miraflores al Callao.

Una vez que tenía la ruta y el horario, ‘Barba’ le lanzaba la información al ‘Cholo Jean’, líder de ‘Los Injertos del Callao’, para que sus sicarios los interceptaran con armas de largo alcance en el puente de la avenida Escardó, en el distrito de San Miguel.

Para evitar sospechas, ‘Barba’ aplicaba una táctica de manual. “Salía del país días antes de la fecha de los atracos como el último asalto en la Costa Verde”, señaló una fuente policial, en referencia al robo de los lingotes de oro en la Costa Verde.

El organigrama de la Dirincri identifica al alias ‘Cholo Jean’ como el jefe absoluto, pero debajo de él operaba un brazo ejecutor altamente violento. Entre ellos destacan sujetos conocidos como “Manuelito”, “Loco Dannfer” y José Nole Palacios (a) “Pepe Nole”. Este último habría escapado herido tras un feroz enfrentamiento a balazos con los agentes, y su captura es hoy una prioridad para la policía.

La banda parece haber tejido una estrategia de defensa con tal de desviar la atención sobre los reales cabecillas de su organización. Ante la Policía, quién asumió la autoría del atraco y liderazgo de la banda fue un sicario de 17 años, integrante de la banda. “Dirigí el asalto en la Costa Verde. Soy yo el que sale con el arma de largo alcance”, le confesó al general PNP Víctor Revoredo.

Sin embargo, el organigrama policial desmiente esta versión.

Sicario liberado

La captura de alias ‘Dominick’ desnudó el nivel de opulencia de la banda. Pese a su corta edad, vivía en un exclusivo condominio en el Rímac y se desplazaba en una costosa y moderna camioneta. Aunque cayó con una pistola y placa clonada, y confesó ser quién empuñó el fusil de guerra en el asalto de la Costa Verde, el menor fue puesto en libertad.

Para los investigadores, la confesión del adolescente sería una estrategia de “autoinculpación” para proteger a la verdadera cúpula debido a su condición de inimputable por tratarse de un menor de edad.

La desarticulación de la red incluyó el allanamiento de 19 inmuebles en Ventanilla, Callao y Breña, donde se incautaron armas de guerra y chalecos policiales.

Respecto a José Barba Huamán, el operador logístico clave en los atracos de ‘Los Injertos del Callao’, si bien la Fiscalía solicitó su detención preliminar, un juzgado desestimó la medida, aunque sí autorizó el allanamiento de su domicilio para que la policía busque evidencias que permitan esclarecer su relación con la banda del ‘Cholo Jean’.

Aún no se han detallado los objetos incautados en dicha diligencia, pero las indagaciones preliminares de la Policía vinculan directamente a Barba con el asalto en la Costa verde. Asimismo, relaciona su último viaje a Brasil del 16 al 23 de marzo como una estrategia para desvincularse del asalto.

La mañana del martes, Reggiardo aseguró a la prensa que “el tren está listo”. Y añadió: “Hemos hablado con el concesionario -Ferrocarril Central Andino - FCCA- y están todas las pruebas hechas”. También comentó que solo se encontraban a la espera de la autorización formal del MTC.

Sin embargo, esa misma noche el ministerio respondió al burgomaestre mediante un comunicado en el que explicaba que para ello aún se requería que la estructura ferroviaria “se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad”.

El MTC resaltó, en ese sentido, que “se necesita la implementación de paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, sistemas de señalización automática, barreras automatizadas o dispositivos de seguridad en cruces a nivel automatizado, y una vía segregada que brinde seguridad tanto a los usuarios como a terceros que puedan cruzar la vía”.

🚨 Comunicado pic.twitter.com/KPqyGgT9sH

— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 1, 2026

La mañana del miércoles Reggiardo insistió en su pedido al MTC y, además, se declaró “preocupado” porque el comunicado del ministerio “no dice cuándo se dará la autorización”. “Necesitamos ese permiso“, agregó el alcalde.

El burgomaestre se refirió especialmente al punto 3 del comunicado del MTC, donde se asegura que la autorización brindada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para habilitar el tránsito de una locomotora con cinco vagones desde Chosica hasta la estación de Monserrate “no implica el inicio de operaciones”.

El recorrido al que hacen referencia fue una “marcha en vacío” realizada el 11 de diciembre, varios días antes de la firma del convenio entre el MTC y la MML, con el fin de evaluar el funcionamiento de las máquinas y la resistencia de la vía.

El gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Florez, recuerda que desde el inicio de la discusión sobre la viabilidad de este proyecto se solicitó que se adecuara la infraestructura para la circulación de un tren de pasajeros.

En sus declaraciones del miércoles, Reggiardo solo aseguró que el sistema ferroviario se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

En enero, El Comercio informó que el FCCA había advertido en una de las cinco mesas técnicas organizadas por el MTC que existen 49 cruces vehiculares de alto riesgo durante el trayecto que cubriría el tren. Precisamente en uno de esos encuentros el MTC había estimado que se necesitaban más de tres años para poder poner en marcha el servicio.

En contraposición, la MML había planteado un plan de tres etapas, donde la primera sería un servicio expreso desde el Parque de la Muralla hasta Chosica; la segunda agregaría paraderos intermedios, mientras que en la tercera se completarían los 14 paraderos previstos y se implementaría una segunda vía para contar con el servicio de ida y vuelta simultáneo.

Durante un recorrido realizado en enero, este Diario pudo constatar que en las zonas de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Santa Clara, Huaycán, Santa Anita, El Agustino y Cercado de Lima se registraban invasiones de vehículos a la vía, había viviendas y paraderos de transporte público construidas cerca de los rieles, además de la ausencia de señalización y barreras de seguridad.

En ese sentido, Florez considera que “es un cruce de palabras en el que ninguno de los dos miente”, pues “es cierto que al material rodante ya le han hecho mantenimiento, correcciones y pruebas”, pero también se mantienen las deficiencias sobre la vía que recorrerá.

“Es como comprarse un carro y no tener brevete ni pista donde manejarlo”, resume.

El experto considera que uno de los principales retos gira precisamente en torno a este punto, pues resulta determinante que se definan responsabilidades sobre una vía “que ya está concesionada a un operador”.

En ese sentido, Florez criticó la falta de detalles en la comunicación del MTC: “Ya sabemos que se necesitan paraderos y arreglar la vía, lo que no sabemos es el calendario de obras valorizadas, quién las va a ejecutar y de dónde saldrán esos fondos”.

Al respecto, el ministerio se limitó a señalar en su comunicado que suscribirá “un Convenio de Delegación de Competencias, a favor de ProInversión”.

Cabe resaltar que El Comercio solicitó descargos a la MML, al MTC y a ProInversión. Al cierre de este artículo el municipio y el ministerio se limitaron a las declaraciones públicas de los últimos días, mientras que la agencia no respondió a la solicitud.

Florez resume este nuevo cruce de declaraciones como una repetición de lo que se ha vivido en los últimos meses y sospecha que se buscaría reavivar el tema con otro propósito. “Para mí tiene claramente un fin electoral. Sirve para refrescarle la memoria al electorado sobre las buenas obras y gestión de López Aliaga, con lo cual no discrepo pero se está utilizando para hacer aparentar como el malo de la película al MTC y no es así”, comenta.

Este debate, además, se da en paralelo a otras iniciativas en el Parlamento que buscan modificar las reglas del servicio de taxi por aplicativo, lo que evidencia un nuevo intento del Legislativo por reconfigurar el sistema de transporte sin una visión integral, al equipararlos al taxi tradicional.

El dictamen fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, y establece una prórroga adicional de 4 años una vez que culmine el plazo vigente para la formalización en diciembre del 2027, extendiendo su vigencia hasta el 24 de diciembre de 2031.

Con ello, se buscaría facilitar el camino para prolongar un régimen de transporte que ha recibido serios cuestionamientos desde que fue aprobado en el 2020. Según precisa la norma, durante el periodo previo al inicio de la nueva prórroga se mantendrá vigente el reglamento del servicio temporal de transporte en vehículos colectivos.

“Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente”, expresó el titular de la comisión, Juan Carlos Mori, durante la sustentación.

Toto empezó en el 2020, cuando, en vez de combatir el transporte informal de pasajeros, el Congreso aprobó y promulgó la Ley N° 31096, con el objetivo de formalizar a los automóviles colectivos, no solo a aquellas unidades de clasificación M1, sino también incorporando a los vehículos de más de 8 asientos (de tipo M2).

La ley contemplaba una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la autoridad competente emitiera una opinión favorable.

Es por ello que en diciembre del 2024, el Congreso aprobó la ampliación de la vigencia para la formalización de autos colectivos a nivel nacional, con excepción de Lima metropolitana y el Callao, por tres años más. El dictamen consiguió 83 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones; y fue exonerado de segunda votación.

Es decir, inicialmente, vencía en el 2024, pero tras pedir una ampliación hasta el 2027, esta recibió el visto bueno del MTC. No obstante, la nueva extensión hasta el 2031, deberá ser una decisión netamente del Congreso, pues, el rol técnico del MTC se agotó con la opinión favorable para el periodo actual. Cualquier ampliación posterior requiere de una ley expresa.

De hecho, cuando se le pidió comentarios sobre este proyecto al ministerio, el 03 de marzo de este año, recordó que ya había dado luz verde para que se amplíe hasta 2027 y que nuevas extensiones recaen en el Congreso.

En tanto, esta norma ha sido objeto de críticas desde su origen. En el 2021, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, frente al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano.

Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, dijo a El Comercio que el dictamen en mención ahora pasará a Pleno, donde de ser aprobado, significaría que los autos colectivos puedan prácticamente transitar libremente sin ser fiscalizados hasta el 2031, lo cual calificó como un “desacierto absoluto”. Indicó que su asociación no está de acuerdo con esta medida ya que consideran que el resultado será involucionar el transporte con pequeñas unidades.

“Estos vehículos ni siquiera pasan por revisión técnica y tampoco son fiscalizados. No solo hacen daño al medio ambiente, sino también a los mismos peatones pues son protagonistas de accidentes. Es una medida demagógica, con criterio político, que va en contra de todo principio técnico", señaló.

En tanto, Adrián Revilla, presidente de la asociación Cruzada Vial, consideró la medida tomada por la Comisión de Transporte del Congreso como “un absurdo”, pues lo que se debe buscar es promover la macro movilidad, en ómnibus por ejemplo, y en vehículos adaptados con medidas de seguridad, choferes debidamente preparados.

“Tiene que haber una política integra, nacional, del Ministerio de Transportes, para avanzar hacia un buen sistema de transporte público. No podemos pretender avanzar con parches”, manifestó.

Revilla agregó que muchos autos colectivos hacen “trampa”, llevando el servicio de transporte por donde no está permitido. Asimismo, la persona que quiere llegar temprano a su destino aborda estos vehículos sin medir los riesgos y las consecuencias.

“Está tomando un vehículo conducido por una persona que no tiene ni habilidad de manejo ni las capacidades requeridas. El vehículo tampoco presta la debida seguridad. O sea, el irrespeto que tenemos por las personas en el Perú que tienen que movilizarse en transporte público es muy grave“, destacó.

Por otro lado, Alfonso Florez, gerente general de Fundación Transitemos, detalló que estos tipos de vehículos, como lo son los taxis colectivos, no cuentan con GPS ni rutas definidas. Indicó que supuestamente se trató de regularlo para que puedan brindar un servicio en rutas no atendidas o con insuficiente atención en el ámbito intrarregional, con una limitación en kilómetros. Sin embargo, precisó que no respetan lo establecido.

“Vemos cómo le sacan la vuelta al tema tramitando licencias en cada departamento, con lo cual pueden hacer un viaje de Lima a Tumbes cambiando de licencia por cada región. Se previó que esto iba a pasar. No cumplen con la norma de velocidad que está reglamentada, van a exceso de velocidad y nadie los fiscaliza porque no tienen GPS", explicó.

Para Revilla, debe de haber un fuerte interés de por medio para que ciertos congresistas estén “desesperados” en pretender ampliar la vigencia de la formalización de autos colectivos aun a dos años de que se venza. “Pretender ampliarlo sin ningún criterio responde a intereses que están detrás simplemente”, dijo.

Antes de pensar en prorrogar el plazo de una norma, son saber realmente si se requiere o no, hay que ver y analizar qué es lo que se ha logrado hasta ahora con la ley, si se ha conseguido mejorar el servicio, si ha sido útil, si ha servido de algo, si funciona o no.

Por otro lado, Vélez resaltó que “justamente” esta medida se aprueba en un momento próximo a las elecciones y teniendo a muchos de los congresistas que van a la reelección. Sostuvo que definitivamente hay intereses en juego. “Hay que tener en cuenta que los colectivos informales no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, hay muchos intereses que corre diariamente en este negocio“, dijo.

Por ello, Vélez espera es que el Pleno del Congreso no termine por aprobar esta medida y muchos menos que obtenga el respaldo del Ejecutivo. “Tiene que que primar el criterio técnico y tenemos que ir hacia una formalización, a una evolución del sistema de transporte", sentenció.

En tanto, Florez subrayó que desde Transitemos se muestran en contra de esta medida, pues afirmó que han pasado varios años y no se demuestra ningún beneficio del servicio de transporte en taxi colectivo. Por ello, opinó que la prórroga se da simplemente por “intereses políticos”.

“Están cosechando votos de un sector de la población que de forma ilegal trabaja brindando servicio de transporte en condiciones deplorables. Entonces, no estamos de acuerdo con esto. Claramente se ve una vez más cómo en el Congreso, ahora que estamos en etapa electoral, están en una carrera por cosechar votos con propuestas totalmente antitécnicas, inseguras y sin ningún valor”, puntualizó.

Un fatal accidente de tránsito se registró en Villa El Salvador, donde un trabajador de limpieza perdió la vida luego de que un bus de transporte público impactara contra un camión compactador. El hecho ocurrió en la avenida Revolución.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Etupsa, conocida como “La 1”, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Villa El Salvador. Según información preliminar, el choque se produjo cuando el trabajador se encontraba en la parte posterior del camión realizando sus labores.

Maniobra brusca y exceso de velocidad bajo investigación

El jefe de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, informó que el fallecimiento se produjo como consecuencia del fuerte impacto generado por la unidad de transporte público. Asimismo, indicó que el conductor realizó una maniobra brusca, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Según precisó, estas imágenes serán entregadas a las autoridades para contribuir con las investigaciones. Además, detalló que el camión compactador se encontraba estacionado al lado derecho de la vía y contaba con las luces intermitentes encendidas al momento del accidente.

Conductor fue detenido

El funcionario también solicitó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y sancionar al responsable. En ese sentido, se conoció que la unidad de transporte público registra al menos dos papeletas por exceso de velocidad.

🔴 Choque en Villa El Salvador dejó una persona fallecida.
La víctima fue identificada como Juan Carlos Pomalaya Quinto, quien perdió la vida en el accidente ocurrido en la avenida Revolución, a la altura del parque Huáscar.

Según información preliminar, el impacto se produjo… pic.twitter.com/gxBOUFnEfI

— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 21, 2026

Por otro lado, el conductor del bus, identificado como Gian Carlos Campos Cárdenas, fue intervenido de inmediato tras el accidente y trasladado a la comisaría de Pachacámac, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

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“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Un incendio se registró la madrugada de este martes en el distrito de Supe, donde un bus interprovincial quedó completamente envuelto en llamas mientras se encontraba estacionado en un grifo. El hecho generó gran preocupación debido a la cercanía con combustible y estructuras que pudieron agravar la emergencia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 198 de la antigua carretera Panamericana Norte, en la salida sur de la localidad. Según los primeros reportes, la unidad no transportaba pasajeros al momento del incidente y comenzó a incendiarse de manera repentina, sin que se conozcan aún las causas.

Fuego generó riesgo de explosión en estación de combustible

Las llamas consumieron rápidamente gran parte de la estructura del vehículo, generando alarma entre los trabajadores del grifo y conductores que transitaban por la zona.

Agentes de serenazgo del municipio de Supe fueron los primeros en llegar al lugar y procedieron a aislar el área para evitar daños personales. Posteriormente, llegaron los bomberos de la Compañía N.º 73 de Barranca, quienes iniciaron las labores de control del incendio pasada la 1:30 a.m.

Los trabajos para sofocar las llamas se extendieron por más de dos horas, debido a la intensidad del fuego y al riesgo que implicaba la cercanía con materiales inflamables. Finalmente, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran víctimas.

Las autoridades confirmaron que el siniestro solo dejó daños materiales, aunque el susto fue considerable para el personal que se encontraba en el lugar.

Se conoció que el ómnibus era utilizado para el transporte de personal privado que labora en el valle de Supe.

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Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos por un presunto sicario. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma, una zona transitada del distrito.

De acuerdo con información preliminar, el atacante interceptó a la víctima y le disparó a quemarropa, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras perpetrar el crimen, el sujeto huyó del lugar.

Ataque armado en plena vía pública

El asesinato se produjo a plena luz del día, según testigos, los disparos fueron escuchados a varias cuadras. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se espera la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un posible caso de ajuste de cuentas o extorsión, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en diversos distritos de la capital.

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Un accidente de tránsito se registró este martes en Jicamarca, donde una combi se despistó en una pendiente y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos siete heridos. El siniestro ocurrió en la avenida Unión, en el sector de Las Praderas, Anexo 8, cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo.

Según las primeras informaciones, la combi terminó impactando contra una vivienda —que se encontraba desocupada— y luego contra una mototaxi que circulaba por el lugar.

Pendiente peligrosa y exceso de velocidad

Testigos en la zona señalaron que la unidad transportaba pasajeros en plena hora punta, incluidos menores de edad que se dirigían a sus colegios.

Un vecino que presenció el accidente indicó que la víctima mortal sería una adulta mayor que viajaba en la mototaxi junto a dos menores. Según su relato, logró rescatar a los niños y trasladarlos a un centro de salud cercano antes de que fueran derivados a un hospital.

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona del accidente. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada oficialmente.

Minsa se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú informó que desplegó brigadistas y ambulancias para atender la emergencia. Los siete heridos fueron trasladados al Hospital de Lima Este - Vitarte, donde reciben atención especializada.

🔴 #Ahora | Ante el despiste de una unidad de transporte público en el sector San Pedro y San Pablo de Jicamarca, el Minsa desplegó brigadistas y ambulancias para la atención inmediata de la emergencia.

Siete personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Lima Este -… pic.twitter.com/g5ylgOwdzx

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 21, 2026

Finalmente, vecinos del sector señalaron que la vía presenta una pendiente pronunciada y denunciaron que las combis suelen circular a excesiva velocidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

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El Ministerio de Salud del Perú informó que no existe transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana, pese al reciente reporte de cuatro casos registrados en la capital. La aclaración fue realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que mantiene activa la vigilancia sanitaria a nivel nacional.

El director del CDC, César Munayco, explicó que las acciones desplegadas responden a una alerta epidemiológica emitida por el sector Salud. “En Lima, en la actualidad, no se registra transmisión local de la enfermedad”, precisó.

Casos detectados

Según el reporte oficial, durante las semanas epidemiológicas 3 y 8 se identificaron dos casos en hombres residentes de San Isidro. El primero fue importado, mientras que el segundo es de fuente aún desconocida. A estos se suman otros dos casos: una joven de 20 años procedente de Puno y un familiar cercano de ella.

El Minsa indicó que todos los pacientes se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, las autoridades recalcaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en menores de 10 años, considerados población vulnerable frente a esta enfermedad.

En la capital, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro han intensificado las jornadas de vacunación, la difusión de mensajes preventivos y la vigilancia epidemiológica; con el fin de evitar la propagación del virus y detectar oportunamente posibles nuevos casos.

Munayco también hizo un llamado a los padres de familia para proteger a sus hijos mediante la inmunización. “Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país”, enfatizó.

En regiones como Puno, donde se ha registrado un mayor número de casos, el Minsa ha garantizado el abastecimiento de vacunas e insumos, además de implementar estrategias como vacunación casa por casa, monitoreo permanente y respuesta rápida ante posibles brotes.

Todas estas medidas forman parte de la alerta epidemiológica AE-CDC N.° 005-2026.

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En medio de unas elecciones caracterizadas por la tardanza en la llegada del material electoral a los locales de votación, con gente indignada reclamando afuera de colegios y universidades, y una serie de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un documento clave para esclarecer por qué ocurrió esta negligencia sale a la luz. El Comercio tuvo acceso a un acta de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) que revela situaciones informales durante el proceso logístico de la entidad.

Dicha intervención fue realizada el mismo 12 de abril, a las 12:25 p.m., en las instalaciones de la ONPE en Lurín, mientras la ciudadanía se encontraba molesta y confundida debido a que no sabía por qué el material electoral tardaba en llegar a sus locales de votación, registrándose casos en los que nunca llegó y los ciudadanos tuvieron que votar al día siguiente, en la extensión que brindó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los auditores de la Contraloría que lideraron esta visita fueron César Wildor Ordóñez Enriquez y Percy Euler Torres Corzo, quienes en el acta describieron el detalle de los procesos logísticos que siguió la ONPE. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la información sobre las salidas de vehículos y horarios no se registraba mediante algún mecanismo formal, sino a través de un grupo de WhatsApp entre personal de seguridad y funcionarios.

“Al ingresar al local de Lurín, se verificaron vehículos que realizaron la distribución del material electoral; al respecto, se solicitó al personal de seguridad el registro del último vehículo que salió del mencionado local. En respuesta, el personal de seguridad manifestó que él se encargaba de realizar un registro fotográfico de las unidades vehiculares que salían y las enviaba a un grupo de WhatsApp de funcionarios de la ONPE”, se lee en el acta.

Los auditores entrevistaron a los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado. Solicitaron el detalle de los vehículos y los horarios en que salieron del local de Lurín con dirección a los locales de votación desde las 00:00 horas hasta la hora de la visita de aquel 12 de abril. Los funcionarios señalaron que no tenían un reporte de los vehículos ni de los horarios, sino que toda la información se compartía en dicho grupo de WhatsApp que tenían con el personal de seguridad.

De esta manera, se evidenció que algunos vehículos retornaron al local tras completar sus rutas sin que exista un control documentado y sostenido de sus recorridos.

Además, se informó que el cronograma de transporte fue modificado el día previo, pero no contaba con una aprobación formal al momento de la revisión. “Se solicitó el sustento y/o justificación documental de la modificación del cronograma inicial del transporte del material electoral del centro de Lurín a los locales de votación. Los funcionarios alcanzaron correos electrónicos de coordinación de fecha 10 de abril de 2026 a las 12:48 p.m. con la programación de carga del material electoral”, dijeron.

Posteriormente, “alcanzaron el cronograma modificado con horarios de salida desde las 19:30 hasta las 24:00 horas del 11 de abril de 2026, el cual habría sido elaborado el mismo 11 de abril de 2026 a las 12:00, según refiere el Área de Distribución de la ONPE; sin embargo, mencionaron que este cronograma no estaría aprobado”. Esto habría generado demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondientes al área de Gestión de Material Electoral.

Los trabajadores de la ONPE señalaron que, en ese momento, no se encontraban laborando las personas responsables de las áreas mencionadas. “De acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para el despliegue de material electoral y 217 unidades vehiculares para el despliegue de equipos informáticos. Se utilizaron adicionalmente unidades vehiculares de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades”, indicaron.

Por otro lado, el equipo de la ONPE aseguró a la Contraloría que parte del material electoral y equipos informáticos fueron devueltos al local debido a mesas de sufragio que no llegaron a instalarse.

“Se constató la presencia de personal de la ONPE que se apersonó a recoger material electoral que no habría sido entregado. Asimismo, material electoral y equipos de cómputo fueron devueltos por no haberse llegado a instalar las mesas de sufragio”, se consigna en el acta.

De igual forma, se constató cómo los vehículos que salieron del local desde la noche del viernes 10 de abril, como había informado El Comercio, y que debían llegar la mañana del sábado 11, terminaron llegando al mediodía del 12 de abril (el mismo día de las elecciones). Incluso se registró que algunos vehículos recién salieron en la madrugada del domingo, y no desde el viernes. De este modo, surge la interrogante sobre a dónde fue a parar el material electoral que se retrasó y por qué no todos los vehículos salieron desde el viernes, sino que algunos lo hicieron el mismo domingo.

“Un vehículo retornó al local de Lurín a las 12:55 horas. Su conductor, identificado como Amílcar Puriz Alcanara, señaló que habría repartido a 13 locales de votación, que salió del local de Lurín a las 05:30 a.m. y que su última entrega se habría realizado en el colegio Inmaculada School a las 12:00 aproximadamente. También se constató que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor que retornaba de hacer su última entrega a las 12:30 horas en Pachacámac”, comunicó la Contraloría.

Asimismo, se registró que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor, José Luis Yatance Medina, que salió del local a las 05:00 a.m. y retornaba de hacer su última entrega a las 12:00 aproximadamente en el colegio Inmaculada Concepción. “El último vehículo que salió del local de Lurín con material electoral lo hizo a las 05:51 a.m. del 12 de abril de 2026 con dirección a Villa El Salvador, el cual contenía equipos informáticos”, concluyeron.

Este Diario se contactó con la ONPE para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

En medio de las elecciones del 12 de abril, la ONPE comunicó que la tardanza en la llegada del material electoral y el cierre de mesas en locales de votación se debieron a un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios. Sin embargo, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, responsabilizó a la ONPE por las demoras en las entregas.

Señaló que la empresa Galaga no incurrió en “ningún incumplimiento” debido a que, según refirió, “no tenían los materiales a tiempo para poder trasladarlos a los centros de votación. No teníamos qué trasladar”.

Además, este último viernes, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en el almacén de la ONPE, tras las fallas logísticas y las denuncias sobre el manejo del material electoral durante las elecciones. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

La entidad abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril.

Acta de intervención de la Contraloría General de la República

Acta Contraloría by Sebastian Ramirez Mendoza

Un trágico accidente se registró esté martes en el distrito de El Agustino, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, un comerciante que, según sus familiares, solía salir a esa hora para adquirir productos y abastecer un mercado cercano, donde iniciaba su jornada laboral diariamente. Su rutina terminó de forma trágica en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Investigan circunstancias del accidente

De acuerdo con versiones preliminares, el tren —perteneciente a la empresa Ferrocarril Central Andino— arrolló al hombre y lo arrastró varios metros, dejando su cuerpo tendido frente a su casa.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado cómo ocurrió exactamente el accidente, por lo que el caso se mantiene en investigación.

Un familiar de la víctima señaló la importancia de revisar el material audiovisual del tren. “Estamos esperando que nos den el registro de las cámaras, porque el tren tenía cámaras para saber lo que ha pasado”, declaró.

El fallecido deja dos hijas en la orfandad, causando más dolor entre sus seres queridos y vecinos, quienes lo describen como un trabajador constante que salía cada madrugada para ganarse la vida.

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Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Miraflores, San Isidro, Chorrillos, San Miguel y Surquillo. Este fenómeno es típico de la temporada de otoño, pero su aparición repentina generó preocupación entre conductores y peatones.

Neblina reduce visibilidad

La neblina se extendió a importantes vías de tránsito como Paseo de la República, la bajada Armendáriz y varios tramos de la Costa Verde. En estas zonas, la visibilidad fue limitada.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) recomendó manejar con cuidado, mantener las luces encendidas y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

El cambio climático registrado en la capital no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Senamhi ya había advertido que hacia finales de abril e inicios de mayo se empezaría a sentir un descenso progresivo de la temperatura, como parte del inicio de la temporada de otoño en la costa peruana.

De acuerdo con el organismo, durante esta estación serán frecuentes las madrugadas con cielo nublado y presencia de neblina, especialmente en los distritos costeros. Estas condiciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

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Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito del Rímac, donde un hombre fue asesinado a balazos por un delincuente mientras se encontraba en la puerta de su vivienda, en la urbanización Flor de Amancaes. El crimen, que incluyó la detonación de un artefacto explosivo, ha generado temor entre los vecinos.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas, el atacante —que vestía gorro y casaca negra— disparó hasta en cinco ocasiones contra la víctima. Tras el primer ataque, el hombre intentó escapar pese a haber sido herido en el brazo, pero fue perseguido por el agresor.

Ataque armado y explosión

El registro visual muestra que el delincuente siguió a la víctima hasta un pasaje cercano, donde finalmente la alcanzó y le disparó nuevamente, causándole la muerte. Posteriormente, el sujeto ingresó a otra zona de la urbanización y detonó un artefacto explosivo en una vivienda.

Tras el ataque, residentes del sector auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sin embargo, el hombre llegó sin vida al centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.

En la escena del crimen se hicieron presentes agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes inspeccionaron el área para descartar la presencia de más artefactos. Asimismo, peritos de Criminalística y el fiscal de turno iniciaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión relacionado con la víctima. El caso viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal del Rímac.

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El nuevo radar meteorológico de Piura entró a su fase de marcha blanca, desde este 20 de abril. Este dispositivo tiene como objetivo optimizar la vigilancia climática y evitar desastres, ante la ocurrencia de lluvias intensas registradas en el norte del país.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam), es parte central del Sistema de Alerta Temprana (SAT) diseñado para las cuencas de los ríos Piura y Chira.

El radar no solo permite detectar la formación e intensidad de lluvias, sino también observar el desplazamiento de nubes, lo que facilita a anticiparse a fenómenos naturales como inundaciones.

Su capacidad de cobertura, que abarca hasta 250 kilómetros a la redonda, entregará datos precisos para que las autoridades locales y la ciudadanía puedan gestionar planes de contingencia con mayor margen de maniobra.

Según el Minam, esta inversión tecnológica es de vital importancia para salvaguardar la vida de los habitantes y mitigar las pérdidas económicas derivadas de desastres climáticos.

Marcha blanca durará 60 días

En los próximos dos meses, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) supervisará el funcionamiento del radar. A su vez, se brindará instrucción especializada para el personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Una vez culminado la marcha blanca, se formalizará la transferencia del dispositivo al Senamhi, que será el ente encargado de la operación total y el procesamiento de la información meteorológica para la emisión de alertas oficiales en la región.

El radar meteorológico instalado en Piura inició hoy, 20 de abril, su fase de marcha blanca, la cual se extenderá por un periodo de dos meses, como parte de la estrategia del Ministerio del Ambiente (Minam) para fortalecer el monitoreo climático y mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas en el norte del país.

La implementación de esta moderna herramienta tecnológica permite observar en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones y anticipar posibles emergencias en la región.

Este radar constituye el componente principal del Sistema de Alerta Temprana para las cuencas de los ríos Piura y Chira, zonas históricamente vulnerables a inundaciones. Con su puesta en funcionamiento, el país refuerza su capacidad para detectar oportunamente eventos extremos, como lluvias intensas y crecidas de ríos, reduciendo el riesgo para miles de familias.

Para el Ministerio del Ambiente, invertir en monitoreo climático y en sistemas de alerta temprana permite mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, proteger la vida de las personas y reducir los impactos económicos y sociales que generan los desastres.

La tecnología del radar permitirá monitorear la intensidad y desplazamiento de las lluvias en un radio de hasta 250 kilómetros, generando información precisa para emitir alertas oportunas. Así, autoridades y ciudadanía podrán tomar decisiones informadas y actuar con anticipación ante posibles eventos climáticos adversos.

Durante la fase de marcha blanca, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estará a cargo del radar y de la capacitación del personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Concluidos los 60 días y formalizada la entrega del sistema, la operación quedará bajo responsabilidad del Senamhi.

Más de 5000 agricultores del Bajo Piura y Sechura se movilizaron, este lunes 20 de abril, en protesta por la caída del precio del arroz y otros productos de la zona. Advierten paro nacional si las autoridades del sector no atienden sus demandas.

Los trabajadores agrarios reclaman la falta de regulación sobre los productos de importación que ingresan al mercado local, lo que provoca una disminución en los precios de sus productos.

El vocero del gremio agrario, Luis Yovera Castro, declaró que el ingreso de productos del exterior, como el arroz importado, afecta directamente a los pequeños agricultores. Por tal razón, exigen medidas que proteja al trabajador agrícola local.

Sumado a ello, los manifestantes hicieron hincapié en los problemas que tienen para acceder a créditos en el sistema financiero privado. Hicieron mención a las altas tasas de interés que sobrepasa su capacidad de pago.

En esa línea, los agricultores resaltaron que las entidades, como Agrobanco, tampoco tuvieron los recursos necesarios para cubrir sus demandas financieras. Por esa razón, plantearon la urgencia de fortalecer los créditos estatales para el sector agrícola.

Mediante un comunicado, la compañía contó que participó del proceso de selección de quienes se encargarían de llevar a los centros de votación todos los elementos electorales, concurso realizado desde febrero de 2026, donde compitió con Servicios Generales Galaga y Consorcio AFE.

Al no ser seleccionados, “Hermes dejó constancia -en el acta notarial- que uno de los criterios que usó el Comité de Selección de la ONPE, para la evaluación técnica, no estaba estipulado en las bases del proceso”, aducen.

Fueron llamados un día antes de las elecciones

“Luego de concluido el proceso, durante la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de las Elecciones Generales, el señor José Samamé Blas, entonces Gerente de Gestión Electoral de la ONPE, se comunicó directamente con Hermes para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, señala la empresa de seguridad.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, aclara la compañía ante los señalamientos que lo vinculan al proceso de elección para la distribución del material electoral.

Por ejemplo, solo en EsSalud, 917,000 citas médicas se perdieron entre enero y julio de 2025 por inasistencias, sin que ninguna haya sido reasignada a otro paciente. Esto equivale a 3,820 citas desperdiciadas cada día, en un sistema donde el tiempo promedio para conseguir atención puede alcanzar los 105 días. A esto se suma un problema aún más profundo: 7 de cada 10 peruanos que necesitaron atención médica no la obtuvieron, según datos de ENAHO y el Banco Mundial, principalmente debido a demoras en la atención.

Esta realidad se traduce para los pacientes en largas esperas en emergencias o semanas, incluso meses, para conseguir una cita, mientras espacios para atención están disponibles mas no se aprovechan. Esto evidencia una brecha crítica entre la demanda y la capacidad instalada del sistema.

El impacto también se traduce en pérdidas económicas relevantes para el sistema. En el sector privado, donde el valor promedio de una consulta supera los S/ 120, las pérdidas por ausentismo se estiman en más de S/ 200 millones anuales, recursos que podrían destinarse a atender a cientos de miles de pacientes adicionales. Esta situación afecta la rentabilidad de las instituciones y limita la capacidad de ampliar cobertura sin necesidad de construir nueva infraestructura.

Parte del problema radica en cómo se gestionan los servicios. En hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad, la programación quirúrgica aún depende, en muchos casos, de llamadas, correos electrónicos y hojas de cálculo, lo que dificulta la coordinación entre áreas y aumenta el riesgo de cancelaciones, reprogramaciones y tiempos muertos en quirófanos, uno de los recursos más costosos del sistema. En la práctica, esto implica que, mientras pacientes esperan meses por una cirugía, parte de la capacidad instalada no se utiliza de manera eficiente, según explica Mauricio Paba, Chief Expansión Officer de COCO Tecnologías.

Experiencias internacionales muestran que este problema no necesariamente se resuelve ampliando infraestructura. En países como Costa Rica, la digitalización de la comunicación con pacientes y la automatización del agendamiento permitieron aumentar la asistencia a programas de tamizaje oncológico hasta en 71 %, mejorando la cobertura y la trazabilidad.

Este tipo de soluciones se basa en herramientas como recordatorios automatizados, listas de espera dinámicas y sistemas de coordinación digital de recursos médicos, orientados a conectar la demanda con la disponibilidad real de atención.

El avance de estas soluciones también ha puesto sobre la mesa el reto de la seguridad de la información. En Perú, la Ley N.º 29733 exige el registro de bancos de datos y la implementación de medidas estrictas para el tratamiento de información sensible en salud. Por ello, la adopción de plataformas con estándares internacionales de ciberseguridad, como certificaciones basadas en ISO 27001, comienza a ser un factor clave en los procesos de modernización.

Para los especialistas el mercado peruano empieza a incorporar soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia operativa del sector salud mediante inteligencia artificial y automatización. “Más allá de la tecnología, el debate de fondo apunta a cómo cerrar la brecha entre la demanda creciente y los recursos disponibles. Con una población que exige mayor acceso y un sistema que no siempre logra responder con rapidez, la eficiencia operativa se perfila como uno de los ejes centrales de la reforma del sector”, comentó Paba.

En ese contexto, la digitalización de procesos, la automatización del contacto con pacientes y la gestión inteligente de citas comienzan a perfilarse como parte de la solución estructural. Ampliar infraestructura puede tomar años, optimizar la capacidad ya instalada -reducir inasistencias, ordenar agendas y mejorar la coordinación de recursos- podría marcar una diferencia inmediata en el acceso a la atención y en la eficiencia del sistema de salud peruano.

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

La medida busca beneficiar a los exmilitares que prestaron servicio en zonas de emergencia y participaron en acciones contra el terrorismo durante las últimas dos décadas..

De acuerdo con esta norma, el beneficio está dirigido a los licenciados reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) al 31 de diciembre de 2024.

Los solicitantes deben haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000, por un periodo consecutivo de 12 a 24 meses, y ostentar grados específicos de tropa, como reclutas, soldados, cabos o sargentos.

En ese sentido, la ley precisa que esta bonificación “no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable” y será intransferible. “La bonificación económica excepcional asciende a la suma de S/ 1,130.00, la cual se entrega a cada licenciado veterano cuya solicitud sea aprobada de forma mensual”, indica el documento.

Proceso y requisitos

Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Además del historial militar, los beneficiarios deben acreditar que no son deudores alimentarios ni poseen antecedentes policiales, penales o judiciales.

El desembolso se realizará de manera progresiva en un periodo de cinco años, estructurado por grupos de edad.

En el primer año se priorizará a los mayores de 60 años y personas con discapacidad.. En el segundo, a quienes tengan entre 55 y 59 años, continuando así hasta el quinto año con el grupo de 40 a 44 años.

A su vez, el Ministerio de Defensa será responsable de gestionar el registro en el aplicativo Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, garantizando que todos los expedientes aprobados estén registrados a más tardar el 31 de julio de 2028.

Según la norma, el financiamiento provendrá del presupuesto del sector Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.