Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició el despliegue de una serie de medidas con el objetivo de mitigar los riesgos en la salud de la ciudadanía.

¿Qué regiones podrían registrar elevadas temperaturas?

De acuerdo al Indeci, este fenómeno se manifestará, con mayor intensidad, entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. En la sierra norte, los picos de temperatura serán de hasta 33 °C, y 29 °C en la zona centro.

Las principales zonas afectadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

Uno de los factores de mayor preocupación para el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) es la escasa presencia de nubes prevista para el mediodía.

Esta es una condición que facilita el paso directo de la radiación ultravioleta (UV), elevando el riesgo de lesiones cutáneas y deshidratación.

Asimismo, se presentaran ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h durante las horas de la tarde.

Consejos del Indeci

Con el objetivo de evitar golpes de calor y complicaciones médicas, el Indeci recomienda a la ciudadanía usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y prendas de colores claros que permitan la transpiración.

Además, aconseja aplicarse bloqueador solar de manera constante, si se trabaja o transita a la intemperie. Incrementar la ingesta de agua para mantener el cuerpo hidratado y asegurar una ventilación óptima en hogares y oficinas.

Las autoridades locales y regionales permanecen en coordinación directa con el COEN para monitorear cualquier incidente derivado de estas anomalías climáticas y garantizar una respuesta rápida ante posibles emergencias.

El Banco de Crédito del Perú (BCP) entrará en mantenimiento este domingo 19 de abril, lo que afectará la operatividad de su plataforma y el funcionamiento de su billetera digital Yape.

Este apagón digital iniciará a 00:00 horas del domingo hasta las 6:00 a. m. Durante el tiempo que dure el manteamiento, algunos servicios de la entidad bancaria no funcionarán fluidamente.

Sin embargo, si algún usuario necesita hacer alguna operación podrá usar los cajeros automáticos y tarjetas de débito físico en las transacciones económicas.

¿Qué operaciones quedan suspendidas?

De acuerdo a la alerta del BCP, se registraran inconvenientes en los siguientes servicios:

• Banca Móvil BCP
• Aplicativo móvil Yape
• Pagos de servicios como luz, telefonía e internet, servicio de cable, agua, gas, y más.

Diversos colectivos civiles han convocado a una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo es expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración está pactada para las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surge como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido restricciones especiales para la zona del Campo de Marte, aunque se espera un fuerte despliegue policial para garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica en medio de este escenario de alta polarización.

En su presentación del martes 14 de abril ante el Congreso de la República, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció que la jornada previa a las elecciones generales tenía conocimientos sobre “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba”.

Sin embargo, la realidad era otra: la noche previa a las elecciones, en el almacén de la ONPE en Lurín se vivía un auténtico caos que anunciaba el inédito episodio que atestiguaría el país horas más tarde.

A las 9:42 p.m. del sábado 11 de abril, en un chat grupal de WhatsApp llegaba el siguiente mensaje: “Chicos de Villa El Salvador, vengan porque no hay gente en equipos. No hay nada armado”. Minutos más tarde, uno de los participantes predecía el desenlace de este caso al decir que “mañana los electores no podrán sufragar”.

A las 10:47 p.m. se reportaba que la ruta 103 a San Martín de Porres no iniciaba “porque desde el día de ayer falta el camión de materiales”. Tres minutos más tarde, “el único camión que está en San Pedro tiene doble rótulo”. Y añade: “Dice primero materiales y encima está pegado el rótulo de equipos (...) ni el chofer sabe qué cargaron porque cuando llegó el camión ya estaba cargado”.

Estas conversaciones fueron obtenidas por Stefanie Medina, periodista del programa Contracorriente de Willax, quien las compartió con El Comercio. Según la comunicadora, son mensajes intercambiados por auxiliares de la misma ONPE encargados de distribuir el material electoral que, desesperados, buscaban cómo solventar una evidente desorganización por parte del ente electoral.

“Esto corrobora que lo que dijo Piero Corvetto el mismo domingo era mentira. Él busco echarle la responsabilidad completa a la empresa Galaga cuando toda la evidencia que hemos recopilado demuestra que hubo graves irregularidades de organización en las elecciones”, considera Medina.

El Comercio se comunicó ayer con el área de Imagen de la ONPE. La entidad, al no tener conocimiento, nos solicitó acceso a los chats. Sin embargo, por protección de las fuentes, estos no fueron compartidos. En su lugar, se les detalló el contenido y los principales hallazgos de las conversaciones, pero, a pesar de ello, no brindaron explicaciones hasta el cierre de edición.

Los chats revelados por Medina también mostraron que los problemas no cesaron con el final de la jornada electoral, sino que mas bien se mantuvieron por lo menos hasta el lunes 13.

Un mensaje enviado a las 7:41 a.m. por un encargado del grupo felicita “la capacidad de cada uno por el compromiso y la tenacidad por el deber encomendado a cumplir”. El autor del mensaje también lamenta “los tiempos de espera larguísimos que viene tomando la atención para la descarga y cierre documentario de la comisión” y extiende sus disculpas desde el área de equipos “para todos aquellos afectados por la desorganización, falta de comunicación y empatía del área responsable”.

Cabe resaltar que en los mensajes a los que tuvo acceso El Comercio una trabajadora asegura haber cumplido un turno que inició a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó a la medianoche del lunes 13, es decir, más de 24 horas sin descanso.

Otros colaboradores detallaron haber trabajado más de 26 horas consecutivas, superados únicamente por un caso en el que el trabajador ingresó a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó su servicio a las 10:30 a.m. del martes 14.

Eran las 4 y 20 de la tarde de aquel viernes 18 de abril de 1980 cuando el cielo de Lima, algo gris y denso como de costumbre, fue surcado por una aeronave que transportaba, más allá de viajeros y tripulantes, los testimonios vivos de una búsqueda desesperada por un nuevo porvenir

En el vientre de aquel Jet One Eleven, comandado por el capitán Fernando Brune, viajaban 97 personas que acababan de romper las cadenas de un encierro de pesadilla en la embajada del Perú en La Habana, en Cuba.

El viaje, que duró poco más de cuatro horas desde San José de Costa Rica, a donde llegaron primero, fue una explosión de júbilo contenido, de “hurras” al Perú y cánticos que celebraban el fin de una odisea que el mundo seguía con el corazón en la mano.

Al aterrizar, el contraste no pudo ser mayor: del asfixiante hacinamiento bajo el sol del Caribe en la embajada peruana en La Habana, abandonada por la custodia policial castrista, al fresco y ordenado Parque Zonal Túpac Amaru, en San Luis, el cual las autoridades peruanas habían acondicionado a contrarreloj.

Allí, bajo la mirada de socorristas de la Cruz Roja Peruana y una estricta vigilancia policial para evitar desmanes, los recién llegados comenzaron a entender que el miedo ya no era el dueño de sus pasos. Sus rostros, aunque visiblemente desencajados por los días de hambre y vigilia, dejaban escapar tímidas sonrisas al ver las carpas y los suministros de medicinas que el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, ya casi de salida, les había preparado.

Santiago Sánchez Espinosa, un mecánico de 25 años que llegó con su esposa, sus dos hijos y su hermano, fue uno de los primeros en romper el silencio ante el tumulto de periodistas que aguardaba en el frontis del parque. “Atrás ha quedado todo un drama que no se lo deseo a nadie”, confesó con la voz quebrada.

Sánchez recordó cómo el viernes 4 de abril saltó la cerca de la embajada junto a otras quince familias, que el régimen cubano llamaba “lumpen”, pero para las autoridades peruanas eran sencillamente “disidentes” a la dictadura de Castro. El relato de Santiago Sánchez era el de muchos: una semana de horror viviendo en la colapsada embajada peruana “uno encima de otro”, entre el hedor y el temor constante a las enfermedades.

No todos buscaban el sueño americano en Miami; algunos, como Lázaro Ortiz Domínguez, un especialista ferroviario, expresaron de inmediato su deseo de trabajar en el Perú. “No pienso ni remotamente volver a Cuba mientras esté Castro allí”, sentenció Ortiz, agradeciendo el trato humano que recibió desde que pisó la primera escala en Costa Rica.

Los refugiados narraron con horror cómo las “turbas azuzadas” por el régimen castrista los habían atacado con piedras y botellas el sábado anterior, dejando a muchos heridos. Incluso en medio de la tragedia, hubo espacio para la ternura, como la “luna de miel” improvisada entre dos jóvenes.

Los esposos José Manuel Lago Rodríguez y Nereida Cuba, casados recientemente, pasaron ocho días en la embajada sin comer ni dormir, compartiendo un espacio ínfimo con miles de personas que llegaban de todas las provincias de la isla.

José Manuel recordaba con estupor cómo los soldados del gobierno cubano llegaron a balear un taxi colectivo (“Guagua”) que ingresó desesperadamente en la sede diplomática peruana, hiriendo incluso a niños en medio del caos, y luego exigiendo que se les sean devueltos puesto que eran, para ellos, unos simples delincuentes.

Mientras en Lima se instalaba este primer contingente, en La Habana la tensión alcanzaba su punto máximo de ebullición con el anuncio de una manifestación masiva frente a nuestra embajada. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial del Ministerio de RR.EE., denunció la grave responsabilidad de Cuba por cualquier acto hostil.

Los grupos amenazantes iban a participar en el desfile por el aniversario de Playa Girón. Así pues, el ambiente era de máxima alerta, pues se estimaba que más de un millón de personas marcharían frente a la sede en cuyo interior aún quedaban miles de asilados.

El impasse diplomático se agravaba por la negativa de las autoridades cubanas a aceptar las listas de visas otorgadas por el Perú. Mientras Torre Tagle buscaba agilizar la evacuación, el régimen de Fidel Castro instalaba altoparlantes alrededor de la embajada para amenazar a quienes no se acogieran a las excepciones de salida.

La situación era tan crítica que el gobierno de Cuba decidió suspender ese mismo día todos los vuelos de asilados hacia Costa Rica, alegando supuestos problemas domésticos y falta de publicidad. Pero la presión internacional ayudó a salvar a estas familias de las represalias castristas.

A pesar de las sombras que aún cubrían a los que se quedaron en la isla caribeña, los 97 cubanos de Lima sentían que habían vuelto a nacer en aquel rincón de San Luis, en el inmenso parque zonal, que hoy es la Videna. El gesto del consulado peruano en La Habana fue resaltado por varios refugiados, quienes recordaron cómo el personal trabajó sin descanso, sacrificando su propio sueño para conseguir alimentos básicos para la multitud.

La mayoría negó ser anticastrista y afirmó que solo buscaba llevar una vida normal. Rechazaron la propaganda del gobierno de Castro que los presentaba como marginales y aseguraron que tenían profesiones, oficios y familias, acusando al régimen de intentar desacreditarlos ante el mundo.

Al final de ese día, el Parque Túpac Amaru se convirtió en un refugio temporal, pero, sobre todo, en un símbolo de un país que abría sus puertas a quienes lo habían perdido todo por su búsqueda de libertad. Los cronistas de ese tiempo señalaron que ese “primer viaje” quedaría grabado en la memoria nacional.

Era, sin duda, el inicio de un éxodo que cambió la fisonomía de la ciudad de Lima y el corazón de sus habitantes. Los diarios de la época daban fe de que el Perú había cumplido con su tradición de asilo, frente a la mirada atenta de una comunidad internacional que respaldaba firmemente la posición de nuestra cancillería.

El segundo contingente de cubanos llegó al día siguiente. La mañana del sábado 19 de abril de 1980. A las 6 y 20 de la mañana, el rugido de los motores de un avión de la compañía costarricense “Spartas” marcaba el aterrizaje, en la pista del Grupo Aéreo Nº 8.

Eran 231 rostros marcados por la incertidumbre y esperanza, que descendían bajo un estricto resguardo militar y la mirada atenta de las autoridades de Defensa Civil. La fisonomía de este grupo, igual o más que el primero, reflejaba el drama humano de un éxodo sin precedentes: 113 mujeres, 48 hombres y 37 niños, además de dos infantes, quienes dejaban atrás su isla para iniciar una vida nueva en tierras desconocidas.

Bajo la supervisión del coronel Heraclio Fernández, los refugiados fueron trasladados de inmediato al campamento del Parque Túpac Amaru, donde el primer grupo los aguardaba con historias similares de resistencia y anhelos de porvenir.

En el campamento, la vida empezó a reorganizarse entre carpas y comités elegidos por los propios asilados para gestionar su nueva cotidianidad, mientras la población limeña observaba con empatía el arribo de estos “hermanos del Caribe”.

Lo que ocurrió ese 18 de abril de 1980 y los días siguientes fue, en esencia, una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria que el Perú había registrado hasta ese momento.

La policía detuvo en el distrito de Miraflores a un extorsionador de 48 años mientras estaba en proceso de realizar un nuevo cobro a una de sus víctimas, dedicada al rubro de construcción civil.

La intervención se concretó este sábado 18 de abril en horas de la mañana, cuando agente de la policía, con participación de la División de la Investigación de Asuntos Sociales (Divias) acudieron a la Av. Benavides como parte de una operación para dar con un extorsionador que estaba exigiendo pagos a una obra en la cuadra 20.

Es ahí donde los agentes detuvieron a Páucar de la Cruz de 48 años, quien tenía en su poder dinero en efectivo y diversas tarjetas de crédito con las cuales realizaba sus cobros ilícitos.

América Noticias reportó el 24 de noviembre del 2023 que Héctor Páucar de la Cruz había sido intervenido en aquella fecha por el mismo delito pero en el distrito de Surquillo.

En esa oportunidad, la PNP ya reportaba que el sujeto contaba con antecedentes de delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de extorsión. Páucar tenía en su poder dinero que había cobrado a su víctima y una arma, así como listados de nombres de posibles blancos.

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En un megaoperativo ejecutado la madrugada de este sábado, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional (Diviac) capturaron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados II” investigados por los delitos de extorsión y sicariato contra transportistas que operan en las rutas hacia el norte de la capital.

Según la tesis del Ministerio Público, la red era liderada desde el penal de máxima seguridad de Challapalca por Lucio Moreno Jaque, alias “Viejo”. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina confirmó que el cabecilla coordinaba las acciones ilícitas vía telefónica, tras haber sido trasladado previamente desde el penal Ancón II por realizar actividades similares.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), logró la detención de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’, por extorsión a conductores de buses interprovinciales y colectivos en Puente Piedra y Norte… pic.twitter.com/nrmfOrM1tE

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

La organización operaba desde mediados de 2023, cobrando cupos diarios de entre S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales. Estas actividades les permitían una recaudación anual estimada en S/1’800,000, afectando rutas que conectan Lima con las localidades de Chancay, Huaral, Huacho y Barranca.

Durante la intervención se allanaron 22 inmuebles y se requisó una celda en el penal de Juliaca, en Puno. Las autoridades incautaron celulares, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a los ilícitos, incluyendo declaraciones juradas firmadas notarialmente por las víctimas donde negaban ser coaccionadas, una modalidad utilizada para intentar evadir la fiscalización judicial.

Las investigaciones fiscales vinculan además a esta red con un asesinato en julio de 2025, en una disputa por el control del paradero Fundición, en Puente Piedra. La fiscalía sostiene que la banda utilizaba amenazas y violencia sistemática para mantener su hegemonía en los paraderos de la Panamericana Norte.

La fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, a cargo del Segundo Equipo de la fiscalía especializada, gestionó la detención preliminar de los implicados tras ocho meses de investigación. El operativo contó con el apoyo de la defensa pública y personal especializado de la PNP para asegurar el sustento de las pruebas que vinculan a la red con los delitos imputados.

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Temor constante a ser atropellados, demoras para llegar a sus centros de trabajo y una congestión vehicular que parece no tener fin. Eso es lo que enfrentan día a día los vecinos de la urbanización El Trébol, en Los Olivos. Ellos denuncian que, a pocos metros de sus viviendas, existe una amenaza latente; la escasa semaforización inteligente en el óvalo Tomás Valle, lo que genera un enorme caos.

Este punto, ubicado específicamente en el cruce de la avenida Tomás Valle con la Panamericana Norte, cuenta con aproximadamente 19 semáforos distribuidos alrededor de todo el óvalo. Sin embargo, estos funcionan únicamente con luces intermitentes ámbar, que advierten peligro y ordenan a los conductores reducir la velocidad. No obstante, tanto vehículos de transporte público como particulares hacen caso omiso a esta señal.

El panorama se vuelve especialmente crítico durante la hora punta de la mañana, alrededor de las 8 a.m. Los vecinos consideran urgente la implementación de una infraestructura semafórica adecuada y un mayor control del tránsito. Concretamente, proponen la instalación de 29 semáforos vehiculares y 30 peatonales que cuenten con luces roja y verde, a diferencia de los actuales dispositivos intermitentes.

Los vecinos aseguraron a El Comercio que la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad competente en la zona, reconoce la problemática; sin embargo, señaló que el principal obstáculo sería la falta de presupuesto. Así lo indicó el vecino Luis Palacios. “Venimos sufriendo esta situación desde el 2010, cuando la Municipalidad de Lima construyó un bypass en el óvalo Tomás Valle. Nunca se tomó en cuenta la necesidad de instalar semáforos para ordenar el tránsito. Lo único que se colocó fueron semáforos intermitentes, que no ayudan en nada”, afirmó.

“Han pasado más de 15 años y los peatones enfrentan un alto riesgo de ser atropellados y sufrir accidentes. Tenemos dificultades para cruzar y nos sentimos totalmente inseguros. Muchos vecinos son adultos mayores que viven cerca de aquí; esta es ahora una zona de alto riesgo. No obstante, regidores de la Municipalidad Metropolitana han señalado que, si bien entienden la necesidad, primero debe resolverse el tema presupuestal”, añadió.

En esa línea, el vecino reveló que el municipio aún no tiene una fecha definida para intervenir en la zona. “Ya se acercan las elecciones y vivimos con la preocupación de que este tema quede en el aire para las autoridades. Pedimos a la municipalidad que invierta en esta iniciativa para poder ayudar a los cientos de vecinos que necesitamos transitar por este óvalo”, indicó.

Otro de los puntos abordados fueron los graves problemas de salud derivados de la alta congestión vehicular. El vecino José Medina sostuvo que existe una elevada contaminación por monóxido de carbono. “Estamos expuestos a múltiples patologías. No solo hay contaminación ambiental, sino también contaminación sonora. Las autoridades deben velar por nosotros y plantear una solución inmediata”, señaló.

“Todo parte de que no hay un tránsito fluido por la pésima semaforización. Esos semáforos intermitentes de luz ámbar no solucionan el problema. Para poder cruzar, prácticamente hay que ‘torear’ a los carros. Parece que las autoridades lo ven como un gasto, cuando en realidad debería considerarse una inversión para la ciudadanía”, agregó.

El vecino advirtió que ya se han registrado accidentes en la zona, y recordó uno ocurrido en 2021, cuando un adulto mayor fue atropellado mientras cruzaba la vía. “Hay que evitar que este tipo de casos sigan aumentando; para ello, se necesita voluntad”, indicó.

Por su parte, el vecino Leoncio Ramírez señaló que frente al óvalo se ubica el centro comercial Plaza Norte. “Esto genera un gran impacto. Además, muchos vecinos debemos salir a trabajar y nos encontramos con buses y paraderos informales, producto de la falta de semáforos y de fiscalización en la zona. Hay que ser malabaristas para poder cruzar”, afirmó.

“Cuando paso por ahí, siento mucho miedo. Ningún conductor nos respeta. Esto impacta negativamente en nuestra salud mental. Le pido a la Municipalidad de Lima que se ponga a trabajar lo más rápido posible en establecer una red integral de semaforización, lo cual sería de gran beneficio para toda la comunidad”, añadió.

Por su parte, la vecina Mónica Montés reveló que, debido a la congestión, unidades de emergencia como ambulancias y bomberos han llegado a demorar hasta media hora para avanzar apenas una cuadra, lo que incluso habría provocado que algunos heridos fallezcan antes de llegar a un centro médico.

“No hay una ingeniería lógica. Esta es la realidad que vivimos todos los vecinos. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina a la que llevo al colegio y cruzar siempre es un caos. Nunca llega a tiempo por la congestión. Tenemos que hacer señales con las manos para que los autos se detengan. Imagínese cómo se ve afectada una persona en silla de ruedas o un adulto mayor”, manifestó.

Vecinos de todas las edades se ven perjudicados por esta situación. Una de ellas es Julia Tino, de 80 años. “Me veo obligada a cruzar para ir al mercado, pero me da mucho miedo. Por eso tengo que estar acompañada de alguien que me ayude. Tengo la esperanza de que algún día la municipalidad instale semáforos”, expresó.

Otra de las vecinas afectadas es Mara Wakipaco, cirujana dentista que trabaja en dos centros aledaños al óvalo. “Suelo movilizarme caminando y este es mi gran problema del día a día. El tráfico es terrible; si salgo después de las 6:50, ya me ganó. Es una pesadilla porque nadie fiscaliza”, concluyó.

Inseguridad y tráfico

Esta problemática no solo es cuestionada por los vecinos, sino también por especialistas en transporte. Uno de ellos es Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, una asociación civil enfocada en impulsar la movilidad sostenible. En entrevista con El Comercio, señaló que la fuerte congestión se debe a la falta de un sistema de semaforización adecuado que permita controlar el tránsito de manera segura. “Los semáforos con luces intermitentes ámbar tienen un carácter provisional. No puede ser que se mantengan de forma permanente, porque lo único que hacen es advertir a los conductores que tengan cuidado, pero no los obligan a detenerse. En la práctica, son un saludo a la bandera”, afirmó.

“La competencia es de la Municipalidad Metropolitana. Lo preocupante es que algunos vehículos se detienen y utilizan la zona como paradero informal, lo que genera aún más congestión. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos”, agregó.

El Comercio estuvo en el lugar y constató la presencia de personas en la vía que cumplen la función de detener el tránsito para permitir el paso de peatones; sin embargo, luego reciben “propinas” por parte de conductores de combis y buses. Al respecto, Vélez indicó que “se está generando un ecosistema de informalidad, lo que además ocasiona una gran lentitud en el flujo vehicular”.

“Definitivamente se deben instalar semáforos con luces roja, verde y ámbar. Así, por un lado, se mejorará el flujo vehicular y, por otro, los ciudadanos podrán cruzar la vía sin el riesgo de ser atropellados”, concluyó.

Poca importancia al peatón

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es que este circuito semafórico esté conformado únicamente por dispositivos intermitentes. Para el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro y exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, esto evidencia que los semáforos han sido pensados para los vehículos, mas no para los peatones. “Debería existir también una semaforización peatonal, sobre todo en una vía tan transitada y congestionada como la de este óvalo. Se está dejando de lado a los transeúntes y favoreciendo a los vehículos”, señaló a El Comercio.

“Esto también provoca un uso excesivo del claxon y frenadas bruscas. Todo ello repercute en la salud mental de los vecinos, generándoles estrés y malestar general”, concluyó.

Pedido de semaforización en el óvalo Tomás Valle: expediente con documentos presentados por los vecinos ante la Municipalidad de Lima

Expediente by Sebastian Ramirez Mendoza

Descargos

El Comercio se contactó con la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar sus descargos, específicamente para conocer si consideran necesario implementar semáforos peatonales en el óvalo y, de ser así, cuándo se llevaría a cabo esta medida. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta al cuestionario enviado.

Otro problema detectado: ciclovía deteriorada

Los vecinos también alertaron sobre una problemática relacionada con la ciclovía ubicada entre los cruces de la avenida Tomás Valle con Túpac Amaru y Tomás Valle con Angélica Gamarra. Señalan que, a pocos metros del óvalo Tomás Valle, a la altura del Parque Internacional, la infraestructura presenta acumulación de basura, desmonte y desagüe.

Advierten que esta situación representa un riesgo para los ciclistas que transitan por la zona, ya que incrementa la probabilidad de accidentes.

Con el objetivo de acercar los servicios de salud especializados y reducir las brechas de atención en las diversas regiones, EsSalud desplegará su servicio itinerante, denominado Hospital Perú, en la provincia de Chepén (La Libertad), en coordinación con la Red Prestacional Lambayeque donde se estima brindar 4,556 atenciones médicas especializadas del 17 al 25 de abril.

Durante esta jornada, los asegurados podrán acceder a consultas en medicina interna, medicina general, ginecología, oftalmología, cardiología y otorrinolaringología, además de servicios de apoyo como ecografía, enfermería, laboratorio y farmacia.

La atención se realizará en el Hospital I Chepén de EsSalud, ubicado en la Av. Palma Bella s/n, en dos turnos: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Este despliegue forma parte de la estrategia del Seguro Social de Salud para fortalecer la atención médica descentralizada y ampliar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, especialmente en zonas con alta demanda y limitada oferta especializada.

Al respecto, la gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. Denisse Chávez, destacó que Hospital Perú permite llevar atención integral a diferentes regiones del país. “A través de estas intervenciones, desplegamos brigadas especializadas con equipamiento moderno para atender de manera oportuna a los asegurados y responder a la demanda acumulada en diversas especialidades”, señaló.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, desmintió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que había asegurado que un fiscalizador de dicha institución había asegurado el traslado de las cajas con cédulas de sufragio, que al final terminaron en plena vía pública, en Surquillo.

“Contrariamente a lo que indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportados por vehículos no registrados, vehículos particulares y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, puntualizó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Burneo anunció que, ante esta situación, el JNE tomará acciones. “Estamos realizando los informes correspondientes y ya estamos comunicando a la autoridades como la Procuraduría para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, corresponde”.

En otro momento de su presentación, reiteró que el JNE no acompañó, ni fue parte de ese traslado y advirtió que la carga fue puesta “subrepticiamente en otra unidad no declarada”.

“Como les he indicado no es cierto lo que señaló la ONPE respecto a que fiscalizar (del JNE) acompañó esa unidad”, remarcó.

#EnVivo

Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre caso de material electoral en la calle: Es preciso indicar que a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares,… pic.twitter.com/2RfnBZGVxy

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Luego de que en el programa de Beto Ortiz se revelara que cuatro cajas con cédulas de sufragio de la ODPE Surco fueron halladas en uh basurero de Surquillo, la ONPE emitió un comunicado en el que aseguraba que en el vehículo, en el que transportaban el material, viajaron un coordinador de la ONPE, un efectivo policial y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.

“Tal como ha explicado en ese mismo programa la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oste 3, Claudia Sandoval Carmona, se contrató a una empresa que brindó el servicio de movilidad para trasladar material electoral desde un local de votación hacia dicha oficina”, indicó la ONPE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladas, faltaban 4, que por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo sin obtener respuesta”, añadió el comunicado emitido a la medianoche.

Lee aquí el comunicado, cuyo contenido fue calificado como “falso” por el presidente del JNE:

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw

— ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización:

Congreso citará por tercera vez a Roberto Burneo

Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad la moción que solicita citar ante el pleno del Parlamento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

El titular del JNE deberá brindar un informe detallado, documentado y bajo responsabilidad sobre las irregularidades detectadas durante las elecciones generales.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

El grupo parlamentario solicitará que Burneo expliqué las causas estructurales, técnicas y operativas que habrían generado los problemas durante los comicios de 12 de abril, como la no instalación de mesas de sufragio.

Asimismo, tendrá que informar sobre las responsabilidades de funcionarios o las acciones que se adoptaron para determinarlas.

La Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), impulsada como parte de la modernización del aparato electoral, buscaba agilizar la transmisión de información desde los locales de votación en Lima. Sin embargo, su ejecución evidenció que la eficiencia tecnológica depende directamente de una logística operativa adecuada.

Precisamente, durante la jornada electoral, tanto el sistema operativo como la logística presentaron fallas que afectaron su funcionamiento integral. Reportes desde distritos de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco evidenciaron retrasos en la llegada del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas y generó malestar entre los ciudadanos.

A ello se sumaron dificultades en la transmisión de actas y demoras en el procesamiento de datos, poniendo en cuestión la efectividad del STAE.

La implementación del STAE durante las Elecciones Generales 2026 buscaba facilitar el trabajo de los miembros de mesa mediante la digitalización de actas y la automatización de procesos clave, con el objetivo de reducir errores humanos y disminuir la cantidad de actas observadas. No obstante, terminó generando el efecto contrario en diversos puntos de Lima y Callao, donde miembros de mesa y electores reportaron que las dificultades técnicas del sistema retrasaron el inicio de la jornada electoral, obligando en varios casos a recurrir al método tradicional de registro manual.

Para su funcionamiento, el STAE se requería de equipos como laptops, impresoras y dispositivos USB que contenían el sistema, además de condiciones básicas como acceso a energía eléctrica y conexión a internet. Sin embargo, en la práctica, estos requisitos no pudieron cumplirse de manera uniforme en todos los locales de votación.

Entre las principales fallas reportadas se encontraron problemas de conectividad, dificultades para reconocer códigos de acceso y equipos que no funcionaban adecuadamente. Estas incidencias, también advertidas por la Defensoría del Pueblo, impidieron que muchas mesas pudieran instalarse con normalidad. A través de redes sociales, miembros de mesa señalaron que, pese a que durante las pruebas previas no se registraron inconvenientes, el día de la elección el sistema presentó múltiples errores, esto los llevó a optar por el registro físico en cuadernos.

Frente a esto se añaden cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del personal asignado para asistir en el uso del sistema. Aunque la ONPE dispuso la presencia de coordinadores de mesa STAE, usuarios indicaron que estos no contaban con la capacitación suficiente para resolver los problemas técnicos en tiempo real.

Según explicó el especialista electoral José Villalobos, en una entrevista con El Comercio, parte de las fallas también se debió a limitaciones básicas de infraestructura, como la falta de electricidad o una conexión estable a internet en algunos locales.

Por su parte, Erick Iriarte, especialista en derecho digital, advirtió que los problemas registrados —como laptops inoperativas, errores de acceso y fallas de internet— impidieron que la herramienta opere según lo previsto, generando retrasos en lugar de agilizar el proceso.

Asimismo, en una declaración para Exitosa noticias, cuestionó que estas deficiencias no hayan sido detectadas durante las pruebas piloto, aquello evidenciaría falencias en la evaluación previa del sistema antes de su aplicación en los comicios.

Cabe recordar que el STAE es un sistema implementado por la propia ONPE. Si bien el costo de su creación no se ha detallado de forma específica, la inversión para su aplicación está incluida dentro del presupuesto electoral general. Para el caso de las Elecciones 2026 se destinó S/ 4 mil millones.

El abogado penalista y especialista en cibercrimen, Ricardo Elías Puelles, explicó para El Comercio que sistemas como el STAE deben cumplir con estándares básicos de ciberseguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información electoral. Señaló que, antes de su implementación, es clave verificar que los datos estén correctamente protegidos —evitando filtraciones, pérdidas o alteraciones— y que el sistema haya sido previamente supervisado. Asimismo, destacó que el funcionamiento de estas herramientas no depende solo del software, sino también de la capacitación del personal y de condiciones logísticas adecuadas, como conectividad y acceso a energía, durante su ejecución.

En esa línea, advirtió que es necesario diferenciar entre fallas por negligencia operativa —como la falta de planificación o ausencia de contingencias— y riesgos propios de la seguridad informática, como posibles ciberataques o sabotajes. De cara a futuros procesos electorales, recomendó fortalecer la supervisión externa del sistema, mejorar los planes de prevención y contingencia, y asegurar que el personal encargado cuente con el perfil y la capacitación adecuados. Estas medidas, indicó, son fundamentales para reducir vulnerabilidades y evitar cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral.

El especialista en temas electorales y políticas públicas, Jorge Jáuregui, explicó en una entrevista para El Comercio que este tipo de soluciones tecnológicas, como lo es el sistema STAE, disminuye la cantidad de actas observadas, uno de los principales factores de retraso en los cómputos electorales. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta limitaciones estructurales en el país, como la falta de acceso uniforme a electricidad e internet, así como restricciones presupuestales.

Respecto a las fallas registradas durante la jornada electoral, Jáuregui, indicó que estas responderían principalmente a problemas logísticos, más que a deficiencias tecnológicas o de planificación. En ese sentido, consideró inusual lo ocurrido con la distribución del material electoral, dado que —según su experiencia— la ONPE suele tener un control riguroso en las etapas de despliegue y repliegue.

La responsabilidad política y administrativa del proceso recae en la ONPE, pero la empresa contratada debe responder por el incumplimiento.”

Jorge Jáuregui, experto en políticas públicas.

Finalmente, sostuvo que, de cara a futuros procesos, es clave reforzar la supervisión en la ejecución logística y realizar una evaluación exhaustiva de lo ocurrido, sin que ello ponga en cuestión la validez de los resultados electorales.

Pese a que la ONPE había sostenido que el STAE permitiría acelerar la entrega de resultados, lo ocurrido durante la jornada evidenció brechas entre el diseño del sistema y su aplicación en campo. La imposibilidad de utilizar la herramienta en varias mesas, incluso en Lima Metropolitana y Callao —zonas con mayor acceso a servicios—, plantea interrogantes sobre la viabilidad de su implementación a mayor escala sin antes garantizar condiciones técnicas y logísticas adecuadas.

Ante esta situación, se le suman situaciones que reflejan problemas estructurales en la organización electoral. Personal de la ONPE permaneció más de 24 horas en los locales de votación, evidenciando una sobrecarga laboral y falta de previsión en la gestión de recursos humanos. De igual manera, una extensa fila de camiones quedó varada en los exteriores del almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de entregar material electoral trasladado desde diversos distritos de Lima, revelando fallas en la coordinación logística posterior a la jornada.

Lo ocurrido durante estas elecciones no solo cuestiona el desempeño de una herramienta tecnológica, sino también la capacidad operativa del sistema electoral en su conjunto. Los especialistas advierten que la implementación de soluciones digitales como el STAE exige no solo inversión, sino también condiciones técnicas y logísticas adecuadas que garanticen su funcionamiento en campo.

Coincidieron en que la modernización del sistema electoral no puede sostenerse únicamente en la incorporación de tecnología. Sin una planificación integral y una ejecución eficiente, los avances corren el riesgo de convertirse en nuevos focos de vulnerabilidad. Garantizar procesos ágiles, ordenados y confiables sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades electorales.

Las autoridades siguen intentando determinar responsabilidades detrás del caos generado el último domingo 12 de abril que afectaron al desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizara directamente a Servicios Generales Galaga SAC por las demoras que obligaron a extender los comicios una fecha más, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, respondió enviando una carta notarial al jefe de la institución, Piero Corvetto, exigiendo que se rectifique y culpando al ente estatal por las demoras.

En conversación con El Comercio, Castillo asegura que sus representados no incumplieron con las especificaciones del contrato.

Un informe de la Contraloría General de la República publicado el 14 de abril detalla que el contrato suscrito entre la ONPE y Galaga detallaba que la distribución a 168 rutas debía iniciar a las 10:00 p.m. del viernes 10 de abril, mientras que las 49 restantes estaban programada para las 07:00 a.m. del 11 de abril.

Sin embargo, el último vehículo salió del almacén de ONPE recién el 12 de abril, el mismo día de la elección, a las 5:51 a.m. luego de que el cronograma de salida se modificara el 11 de abril entre las 7:30 p.m. y la medianoche sin evidencia documental de aprobación.

Al respecto, el abogado asegura que Galaga dispuso “los 424 camiones en la puerta del almacén de ONPE” a la hora indicada del 10 de abril y el trabajo se desarrolló con normalidad “hasta la noche previa al proceso electoral cuando nos encontramos con que no había posibilidad de cargar más camiones porque no tenían material. Teníamos 35 camiones esperando ser abastecidos de material del sistema de cómputo”.

“La mejor forma de comprobarlo es que nosotros no tenemos ningún requerimiento de cumplimiento de obligaciones, no tenemos ningún correo, no tenemos ninguna notificación de parte de ONPE que nos diga que no están los camiones”, señala Castillo, quien asegura que al momento de retraso no hubo ninguna explicación oficial por parte de ONPE, “lo que ha habido son comentarios por parte de los mismos trabajadores que estaban descontentos, que no tenían las herramientas para trabajar, que no había la cantidad de asistentes para poder embalar, ese tipo de comentarios. Lo que sí tenemos es la comunicación cerca de la medianoche del sábado, en la cual que decimos que tenemos 35 camiones a la espera de que le envíen el material”.

El Comercio solicitó acceso a dicho documento para constatar los argumentos de Galaga; sin embargo, Castillo indicó que ”esa documentación va a ser presentada en la Fiscalía y por disposición de la empresa no podemos compartirla con nadie hasta entonces. Por seguridad nos reservamos hasta que primero se entregue al Ministerio Público".

Sin embargo, podría explicar por qué la ONPE ha evitado aplicar hasta el momento las multas de 2% de la UIT por cada hora de retraso injustificado que especifica el contrato suscrito con Galaga.

Según el abogado, además, la ONPE fue la encargada de definir las rutas de distribución del material electoral. Al respecto, consideró que estas “han demostrado deficiencias de planificación porque nos ordenaban avanzar a un centro educativo y de ahí regresar a otro para dejar el material. Lo óptimo habría sido una línea recta, pero en vez de avanzar, hemos dado dos pasos para adelante y uno para atrás“.

Al ser consultado por El Comercio sobre si existió posibilidad de sugerir cambios o rediseñar la ruta, Castillo aseguró que “no se nos ha permitido, no se nos ha participado, no se nos ha convocado para hacer el diseño de ingeniería al detalle para ver lo más óptimo”.

Este Diario solicitó a la oficina de prensa de la ONPE sus descargos en referencia a la demora en la entrega del material para su distribución, al trazado de las rutas y a las observaciones que realizó la Contraloría en cuanto a la idoneidad del contratista. Sin embargo, al cierre de este informe no recibió respuesta oficial.

Sin embargo, la Unidad de Investigación de El Comercio tuvo acceso a la manifestación brindada por el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, a la Fiscalía en la que asegura que el contrato con Galaga nació con vicios operativos que él mismo detectó el sábado previo a la elección y por los que responsabiliza al gerente de Administración y señaló a la Subgerencia de Producción de la ONPE, Juan Phang.

Desde que se identificó a Galaga como proveedora del servicio de distribución del material electoral, se acumularon los cuestionamientos sobre la capacidad operativa que poseían para cumplir con dicha labor.

Al respecto, Castillo señaló que “es una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Tiene contratos con particulares, con grandes empresas que por obvias razones no se puede divulgar quiénes son pero acreditan una solidez empresarial fuerte. Está en capacidad de asumir cualquier contrato”.

Cabe recordar que Galaga superó a la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. y el Consorcio AFE en la licitación referente a este servicio. En el proceso, ambos competidores cuestionaron la metodología utilizada para calcular el metraje de los vehículos.

Castillo calificó los reclamos como carentes de fundamento técnico y aseguró que “no es la primera vez que una entidad del Estado, a la hora de calificar los vehículos para transporte, tiene preferencias sobre la carga útil, que es lo que le interesa al Estado y a todo contratista cuando se trata de transporte. Y eso ya ha sido resuelto por ONPE en anteriores procesos, no solamente en este, sino simplemente descuentan de la capacidad total los dos metros cúbicos que significa la cabina”.

Sobre las publicaciones que realizó la empresa en las últimas semanas en busca de choferes y unidades destinadas al transporte del material electoral, el abogado aseguró que mas bien se trataba de un acto de responsabilidad de la empresa. “Es responsable de sus actos y ha convocado a choferes, camiones y repartidores para cubrir las posibles suplencias que podían suscitarse“, señaló.

Pese a ello, al ser cuestionado por las observaciones de Contraloría sobre la presencia de conductores distintos a los declarados por la empresa, Castillo primero aseguró que esto hacía referencia a que los conductores no contaban con las licencias adecuadas, “lo cual es totalmente falso”.

“Contraloría parte del principio de que las licencias para manejar el transporte deberían tener A-III y A-II, cuando la ley de la materia nos permite que sea A-I. Los términos de referencia dicen que los conductores deben tener licencias de acuerdo al tipo de vehículo que la norma exige. Para los furgones de hasta 2.5 toneladas, si no me equivoco, se permite el brevete A-I“, señaló.

El informe de Contraloría alerta que en una muestra de 15 conductores, cinco de ellos y tres vehículos eran distintos a los declarados por la empresa para el servicio. Ante ello, Castillo señaló que “los conductores pueden ser reemplazados, no tiene nada que ver con incumplimientos porque no es personal clave para el cumplimiento del servicio”.

En otra parte de su informe, Contraloría advierte que al menos cuatro choferes de Galaga habían recibido papeletas por faltas muy graves, cuando el contrato estipulaba como requisito que no cuenten con ninguna sanción de este tipo durante los últimos 12 meses.

El abogado no supo confirmar si este era uno de los Términos de Referencia del contrato, pero aseguró que “si lo había nosotros hemos sido prolijos en la documentación que ha sustentado la experiencia, la calidad de los conductores y todo lo demás”.

Por primera vez, los principales operadores aeroportuarios del país se han unido para luchar por una misma causa: el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este miércoles 15 de abril, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Aeropuertos del Perú, Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) realizaron la firma del convenio “Alianza estratégica nacional en favor de la niñez”, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Este convenio tiene como objetivo proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad. En la firma estuvieron presentes la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco; la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria; el gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino; el gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Aeropuertos Andinos del Perú, Juan Sánchez; y el gerente del Aeropuerto de Cusco por parte de Corpac, Jonathan Pareja.

Tanto Aldeas Infantiles SOS Perú como las cuatro entidades aeroportuarias serán parte de esta alianza estratégica, que contempla la colocación de ánforas o “alcancías” en los aeropuertos, donde los pasajeros podrán realizar donaciones simbólicas.

Todo lo recaudado se utilizará para mejorar el acceso a necesidades básicas, principalmente la alimentación balanceada, y fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas —entre niños, niñas, adolescentes y sus familias— en situación de vulnerabilidad a nivel nacional, durante el periodo 2026-2030. Además, se tiene la meta de contribuir con 12 millones de raciones de alimentos hacia 2030.

Los ciudadanos pueden sumarse a esta iniciativa a través de las ánforas ubicadas en los terminales aeroportuarios administrados por las empresas aliadas, donde podrán dejar su donativo.

Pronunciamientos

En diálogo con El Comercio, la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco, señaló que esta es una alianza estratégica relevante, ya que, al articularse con las entidades aeroportuarias, se contribuirá al bienestar integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

“Aldeas Infantiles SOS Perú trabaja desde hace cerca de 55 años a nivel nacional, en regiones donde hay miles de niños y niñas en situación compleja, sin acceso a educación, salud o salud mental, entre otros servicios. Por lo tanto, esta alianza nos permitirá llegar a esas poblaciones”, agregó.

“Al colocar estas ánforas o ‘alcancías’ en los aeropuertos, los pasajeros que transiten podrán hacer su donativo. De esta forma, llevamos el mensaje de que los niños no están solos. Nuestro objetivo es llegar a todos los aeropuertos del país. Por el momento, estamos presentes en 10 aeropuertos en los que se han instalado ánforas, y esperamos poder llegar a muchos más. Estamos trabajando para que ningún niño ni niña crezca solo”, concluyó.

Por otro lado, la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria, indicó a El Comercio que “me parece muy importante involucrarnos, porque es nuestra contribución a la niñez del Perú. Somos un intermediario en la recolección de fondos que, finalmente, permiten que los niños tengan un hogar seguro, puedan desarrollarse y cuenten con mayores oportunidades en la vida”.

“Tenemos un gran compromiso con la defensa de la niñez. Al permitir que se coloquen estas ánforas en nuestro espacio aeroportuario, incentivamos a que, con lo recaudado, los niños tengan un lugar seguro. De este modo, tendrán mayores oportunidades y se evitará que caigan en la delincuencia o en situaciones de peligro”, sostuvo.

“En estas ánforas, los pasajeros del aeropuerto podrán donar de forma totalmente libre. Están ubicadas tanto en las áreas domésticas como en las internacionales, lo que permite que los viajeros puedan contribuir sin importar su destino. Esperamos que cada vez más personas se sumen”, concluyó.

El gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino, señaló a este Diario que “esta alianza es muy significativa porque refleja nuestro rol en el país. No solo nos enfocamos en conectar familias, negocios y destinos, sino también en generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Aliarnos con una organización como Aldeas Infantiles SOS Perú nos permite unir esfuerzos por una causa común y amplificar ese impacto. Nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso”.

“Esto no se trata solo de participar, sino de involucrarnos activamente para que los resultados sean tangibles. Vamos a seguir facilitando espacios en nuestros aeropuertos y promoviendo esta causa para que más personas se sumen, siempre alineados con nuestro propósito de ampliar oportunidades para las personas”, añadió.

Alberto Huby, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, sostuvo que “entendemos que nuestros espacios no solo conectan destinos, sino también personas y causas. Poder brindar visibilidad a la labor de Aldeas Infantiles nos permite sensibilizar a miles de pasajeros sobre la importancia de garantizar entornos seguros y oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

“Nuestro compromiso es habilitar nuestros aeropuertos como plataformas activas de impacto social, facilitando la recaudación de fondos y dando visibilidad a esta causa a través de puntos de contribución y acciones de comunicación. Esta alianza, además, se articula con otros operadores aeroportuarios del país, lo que nos permite sumar esfuerzos para asegurar un impacto sostenido, medible y de alcance nacional”, remarcó.

Finalmente, desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) indicaron que la firma de la alianza estratégica nacional representa una oportunidad para colaborar con la niñez, conjuntamente con los principales operadores aeroportuarios del país. “Esta iniciativa reafirma el rol de Corpac no solo como gestor de infraestructura estratégica, sino también como actor comprometido con el desarrollo del país y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. Asimismo, esta alianza permite potenciar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes”, manifestó la institución.

“Corpac asume el compromiso de contribuir activamente a la sostenibilidad y continuidad de esta iniciativa solidaria, facilitando espacios dentro de los aeropuertos bajo su administración para la recaudación de fondos a través de las ánforas de Aldeas Infantiles SOS Perú. De igual manera, la empresa se compromete a promover esta causa entre sus usuarios, pasajeros y colaboradores, fomentando una cultura de solidaridad que permita ampliar el alcance de la ayuda. No cabe duda de que cada aporte canalizado se traducirá en acciones concretas orientadas a garantizar el acceso a alimentación balanceada para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, concluyó.

La falta de unidades para transportar todo el material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la accidentada jornada del domingo 12 de abril sigue siendo el foco de atención hoy lunes, cuando se puede ver que se usan taxis por aplicativo para trasladar todo el material electoral.

América Noticias, durante su cobertura en las afueras de un colegio en Villa El Salvador donde se pudo sufragar este domingo, vio cómo había una cola de taxis por aplicativo fuera de las instalaciones con papeles tamaño A4 pegados en sus parabrisas.

Esa era la única documentación que se podía ver desde afuera de los taxis para poder identificar que habían sido contratados por la ONPE para trasladar el material electoral que normalmente es transportado en camiones oficiales al inicio y al final del sufragio.

En este colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa y personeros pernoctaron luego de sufrir demoras en las instalación de las aulas y la implementación de todo el material a lo largo del domingo. Las cédulas recién terminaron de ser contadas y las actas llenadas en horas de la madrugada.

Por este motivo, los taxis hicieron cola durante las primeras horas de hoy lunes 13 de abril, en paralelo a la jornada electoral extraordinaria que se llevó a cabo en otros 13 locales de votación donde, por no haber recibido el material de la ONPE a tiempo, no se pudo sufragar el domingo.

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero hasta enero de 2027 debido a la alta probabilidad de que el evento climático continúe con una magnitud débil en los próximos meses.

En su comunicado, la entidad destaca que, según análisis técnicos, el fenómeno podría alcanzar una intensidad moderada entre los meses de junio y julio del presente año.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento continuaría hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año.

Comunicado ➡️ https://t.co/WdLtV84mJm pic.twitter.com/TcLwAH7rB0

— ENFEN (@enfenperu) April 17, 2026

Para el Pacífico central, se estima que las condiciones neutras predominarán durante el bimestre de mayo y junio de 2026. A partir de julio, la probabilidad de desarrollo de un evento El Niño se incrementa, pudiendo extenderse hasta inicios del próximo año. Según las proyecciones actuales, este evento en la región central alcanzaría su mayor intensidad entre los meses de noviembre y diciembre de 2026.

Se espera que las temperaturas del aire se mantengan por encima de lo habitual en toda la costa peruana. En cuanto a las lluvias, entre abril y junio se prevén niveles de normales a superiores en la costa norte, concentradas principalmente en abril y de forma localizada, al tratarse del cierre de la temporada de precipitaciones.

El pronóstico hidrológico señala que los caudales de los ríos que desembocan en el océano Pacífico se mantendrán mayoritariamente dentro de los rangos normales. Sin embargo, la institución no descarta la ocurrencia de incrementos puntuales en los niveles de los ríos situados específicamente en la zona norte del país. Estas estimaciones se fundamentan en los escenarios de riesgo y avisos meteorológicos procesados por los organismos técnicos.

En cuanto a los recursos pesqueros, el ENFEN estima que el stock de anchoveta en la zona norte-centro continuará concentrado mayormente dentro de las primeras 30 millas frente a la costa en las próximas semanas. Del mismo modo, se proyecta que el bonito seguirá disponible para la pesca a lo largo de todo el litoral peruano. La evolución de estas condiciones biológicas estará sujeta a la estabilidad de las anomalías térmicas del mar.

Finalmente, la comisión recomendó a los tomadores de decisiones considerar estos escenarios para la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres. Es necesario fortalecer las acciones de preparación ante posibles peligros inminentes o emergencias derivadas de las condiciones climáticas extendidas. Se exhortó a la población a seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la institución.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 16 de abril se cumplió el tercer día consecutivo de temperaturas elevadas de la semana.

Este jueves, detalló que las estaciones de La Molina y Jesús María reportaron temperaturas diurnas extremas 30.8 °C y 29.7 °C, respectivamente.

El 13 de abril, Senamhi había adelantado que las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana oscilarán entre los 26°C y 27°C en los distritos cercanos al mar, mientras que en los alejados del litoral se llegará hasta los 29 y 30°C.

Según especialista del servicio, estas cifras se asocian a las condiciones cálidas del mar y al ingreso de vientos del norte.

En su reporte, informaron que la costa norte y central del Perú continuarán presentando altas temperaturas diurnas, en hasta el domingo 19 de abril. Se esperan registros de 37°C en la costa norte.

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Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

Según reporte, el evento meteorológico se desarrollará desde la medianoche de este sábado 18 hasta las 23:59 horas del domingo 19 de abril, y estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, representa un riesgo para las estructuras ligeras y la navegación fluvial.

Las regiones a las que se extiende esta advertencia son: Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali

Según el pronóstico del Senamhi, la intensidad de las lluvias variará de acuerdo al día y la ubicación geográfica:

• Sábado 18 de abril: se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, 65 mm/día en la selva centro y 60 mm/día en la selva sur.
• Domingo 19 de abril: Las precipitaciones se intensificarán en el norte y sur, alcanzando los 60 mm/día y 65 mm/día respectivamente, mientras que el centro mantendrá un promedio de 60 mm/día.

Yajaira Janet Sigueñas Urbano, de 32 años de edad, fue víctima de una agresión perpetrada por su expareja el pasado sábado alrededor de las 4:00 a. m. en el distrito de Surquillo.

El presunto atacante, identificado como Luis André Flores Julca, su expareja, ingresó a la vivienda ubicada en la calle Irribarren sin autorización previa para violentarla físicamente.

Según los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de allegados, el sujeto utilizó un arma punzocortante y golpeó la cabeza de la mujer contra un lavadero. Tras la agresión, el individuo prendió fuego al departamento con la víctima en su interior y huyó del lugar robando una computadora portátil y un teléfono celular.

La mujer logró salir del inmueble por sus propios medios al percatarse de la llegada de los bomberos, quienes atendían la emergencia provocada por el incendio. Antes de ser trasladada al hospital Casimiro Ulloa, Sigueñas identificó verbalmente a su expareja ante los médicos y el personal de rescate como el responsable del ataque.

El estado de salud de la paciente es crítico y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido centro médico. Los informes médicos señalan que tiene los riñones comprometidos, por lo que requiere diálisis, y presenta las vías respiratorias obstruidas por la inhalación de hollín.

Las autoridades han tipificado el hecho como un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. El sospechoso, quien se desempeña como tatuador, se encuentra con paradero desconocido, aunque se reportó que mantendría actividad en sus redes sociales personales tras el suceso.

Cifras de feminicidio en Perú

Según cifras de este año del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre 2015 y 2024 se registraron 1.345 feminicidios en el país. El nivel de incidencia varía levemente por año; sin embargo, entre 2023 y 2024, se observó un incremento interanual de 5,5% casos registrados.

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Una acción de supervisión ejercida por la Contraloría sobre el servicio que prestó Galaga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la distribución del material electoral de las Elecciones General 2026 evidencia que dicha empresa no estaba cumpliendo con lo dispuesto en el contrato firmado con la entidad electoral, lo que se reflejó en que muchos locales de votación de Lima sur no pudieron abrir porque no recibieron a tiempo el material.

Un equipo de la Contraloría constató, tras visitar dos locales de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE ubicados en Lurín, tres situaciones adversas que podrían haber afectado la continuidad del proceso de distribución del material electoral.

A través de un informe al que accedió El Comercio, desarrollado entre el 8 y 13 de abril, el órgano de control detalló que el despliegue del material no se realizó en la fecha y hora programada, ya que, de acuerdo con información que proporcionó la Gerencia de Gestión Electoral al Órgano de Control Institucional de la ONPE, el cronograma de salida de unidades vehiculares establecía que 168 rutaS debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas.

Sin embargo, personal de seguridad del local denominado Lurín Live, donde permanecían los vehículos que distribuyeron el material electoral, informó que la última unidad salió a las 5:51 am del 12 de abril, lo que evidenció un incumplimiento del cronograma.

Además, una funcionaria de la ONPE explicó a la Contraloría que esta situación se habría generado por demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondiente al área de Gestión de Material Electoral y que, en el momento del levantamiento del acta, las personas responsables de las áreas mencionadas no se encontraban laborando.

Además, la ONPE señaló que, de acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para trasladar material electoral y 217 unidades para el despliegue de equipos informáticos, y que incluso utilizaron más unidades, pero sin precisar ni sustentar dichas cantidades.

El segundo hecho que la Contraloría resaltó fue que los conductores y vehículos que propuso la empresa Galaga en un inicio no fueron incluidos durante el despliegue, tal como como lo constató su Comisión de Control durante una visita de inspección realizada el 10 de abril a los dos locales de la ONPE en Lurín.

“Se ha evidenciado de una muestra de 15 conductores, que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente por la empresa Servicios Generales Galaga”, señaló la Contraloría en su informe, por lo que considera que dicha situación ocasionó que no se cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato.

Otro punto en el que incide la Contraloría es que, tomando como muestra las licencias de conducir de 60 conductores de Galaga, unos cuatro contaban con papeletas de tránsito calificadas de muy grave, lo que contraviene los términos de referencia del contrato, donde se señala que el chofer no debe registrar papeletas muy graves en los últimos 12 meses.

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría, señaló a El Comercio que remitieron a la ONPE unos 274 informes, pero que más del 83% de las situaciones de riesgo o adversas que se alertó no fueron implementadas por la entidad electoral.

En ese contexto, recordó que el 24 de marzo advirtió a la ONPE que los conductores que habían presentado la empresa Galaga “no cumplían con algunos requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y eso ponía en riesgo la gestión y la conducción de los vehículos”.

Además, según explicó el funcionario, un equipo de la Contraloría acudió el viernes 10 de abril al local de la ONPE para conocer el estado de los vehículos y la cantidad que se emplearía para cubrir las 217 rutas definidas por la entidad electoral para distribuir el material electoral en Lima Metropolitana, pero se evidenció que ya había un retraso en la salida de las unidades.

“Entre la ONPE y la empresa no habían coordinado el tema logístico, por lo tanto, se inició un proceso de retraso, salidas a destiempo, lo que iba a impactar directamente en el cronograma”, expresó el funcionario.

Remarcó que alertó de esa situación a la ONPE, pero que no se tomaron medidas correctivas. Incluso, recordó que la Contraloría volvió a acudir al local de la entidad electoral el mediodía del domingo 12 de abril para verificar que todos los equipos ya estén fuera del almacén, pero se dio con “la ingrata sorpresa” que ese mismo día seguían saliendo vehículos y que se había aplicado una restructuración de rutas de entrega del material electoral. Por ello, según dijo, hubo vehículos que hicieron recorridos de hasta 20 horas entre el sábado y domingo.

“(Las furgonetas) estaban entregando material, pero las rutas habían sido modificadas. Este plan de 217 rutas que habían sido establecido inicialmente fueron redistribuidas, y generó que hubiera material que tenía que ir a Surco, pero en el mismo vehículo había material que debía estar en Lurín”, refirió.

Castillo Torrealva remarcó que otro hecho llamativo que se detectó fue que no se efectuó un monitoreo en tiempo real de los GPS de los vehículos, algo que estaba dentro del contrato entre Galaga y ONPE. “Era importante y necesario monitorear las rutas porque estaban llevando material electoral”, agregó.

Remarcó que el material electoral debía estar en los locales de votación a más tardar la medianoche del sábado. “Todo el material se quedaba en el colegio para que las mesas puedan ser abiertas a primera hora (del domingo)”, añadió.

Consultado por lo que hará la Contraloría en el futuro, el funcionario explicó que se terminará de recopilar la información sobre el traslado y repliegue del material electoral y determinar las presuntas irregularidades y, de ser el caso, iniciar los servicios de control posterior.

“A la poca proactividad que ha mostrado la ONPE en poder subsanar o mitigar las situaciones adversas que se han identificado, se están evaluando todas ellas y definir si es que existen o no presuntos hechos irregulares con respecto a las acciones que han hecho”, anotó.

Castillo precisó que las responsabilidades que identifique involucra solo a los servidores y funcionarios de la ONPE. “Con respecto a las sanciones que amerita la empresa, la entidad electoral, a partir del informe que emitamos, tendrá que comunicarle al OSCE para que suspenda o sancione a la empresa, de ser el caso”, puntualizó

Enfatizó que en la segunda vuelta de los comicios habrá un “mayor ímpetu” de la Contraloría para “asegurar que los recursos públicos que se están destinando para estas elecciones se usen de manera adecuada”.

Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, señaló que los términos de referencia del contrato que ganó Galaga fueron mal elaborados, ya que no se exigió a dicha empresa que acreditara de manera fehaciente que contaba con la disponibilidad de los vehículos que se requería para transportar material electoral. Eso en referencia a que dicha compañía solicitó, una semana antes de las elecciones, el alquiler de una flota de furgonetas.

“Podemos advertir que tiene errores (los términos de referencia) porque, por ejemplo, no se puso que el ofertante debía acreditar, por lo menos, la disponibilidad de todos los vehículos necesarios para el transporte de las cédulas de votación”, afirmó Yaya.

“Si se hubiera puesto que se debía garantizar la disponibilidad de vehículos identificados con sus placas, Galaga no hubiera estado buscando, después de haber ganado la buena pro, vehículos para el traslado del material”, agregó.

La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.

El jefe policial de la región, general PNP Víctor Luna Velarde, precisó que el personal desplegado ocupará puestos de vigilancia a lo largo de la línea de frontera.

Además, anunció que también se hará uso de drones que cubrirán la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, que comprende zonas de difícil acceso.

Este despliegue tienen como objetivo proteger el territorio peruano del ingreso irregular de extranjeros que puedan contar con antecedente o ser parte de actividades ilícitas.

Chile anuncia expulsión masiva de migrantes irregulares

El Gobierno de Kast comunicó la expulsión masiva de extranjeros que se encuentran residiendo, en situación migratoria irregular, dentro del territorio chileno.

La medida iniciará desde este jueves 16 de abril, con vuelos y transporte terrestre a la frontera con Perú. Esto ha generado preocupación entre las autoridades peruanas.

El gremio del transporte interprovincial denuncia que todavía presenta dificultades para operar luego de la escasez de gas que se vivió en el Perú. Y es que, a raíz de esa coyuntura, se incrementó el precio de los combustibles, especialmente del diésel, el cual es utilizado por este sector. Es por eso que los transportistas llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde este último se comprometió a otorgar un subsidio al gremio para apoyarlos. No obstante, han pasado más de dos días desde que se firmó el pacto y todavía no se ha publicado ningún decreto.

Los transportistas exigen que se publique lo más pronto posible, ya que sin ello el Estado no financiaría parte de los costos operativos de este servicio. El gremio afirmó que, de no tener respuesta, convocarán a un paro, ya que, debido al aumento del precio del diésel, sus operaciones están en riesgo. Advierten que no solo los pasajeros se verían perjudicados, sino también el comercio, ya que, si la situación no mejora, no se podrían trasladar alimentos ni materiales a distintos puntos del Perú.

Anuncio del paro

Mediante una carta dirigida al Consejo de Ministros, el gremio de transporte interprovincial solicitó que, a la mayor brevedad posible, se disponga la elaboración de una norma, preferentemente mediante decreto de urgencia, a fin de establecer un subsidio excepcional dirigido a los operadores del transporte terrestre de pasajeros y carga.

La solicitud se sustentó en el incremento “excesivo y sostenido del precio del combustible diésel”, el cual —según indicaron— viene afectando de manera directa la estructura de costos operativos del sector, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte a nivel nacional. “A la fecha, el sector viene operando por más de un mes en condiciones de pérdida económica, situación que resulta insostenible y que pone en grave riesgo la continuidad de nuestras operaciones”, señala el documento.

Asimismo, el gremio indicó que “se encuentran dadas las condiciones técnicas necesarias para avanzar de manera inmediata en la formulación y aprobación del dispositivo legal correspondiente, el cual contribuirá a mitigar el impacto económico en el sector y a evitar distorsiones en la prestación del servicio público de transporte”.

En esa línea, advirtieron que, de no contarse con una propuesta concreta debidamente aprobada, los gremios del sector convocarán a un paro nacional e indefinido del transporte terrestre de carga y pasajeros como medida de protesta frente a la inacción del Poder Ejecutivo.

Consecuencias

En diálogo con El Comercio, el gerente del gremio del transporte interprovincial, Martín Ojeda, explicó cuáles serían las consecuencias para el sector y para los ciudadanos si continúa el incremento del precio del diésel. “El costo del diésel equivalía, antes de esta subida, a un promedio del 45% de los gastos operativos. Actualmente, ha pasado del 45% al 70%. Además, el costo por galón era de S/12,80 antes del alza, y ahora oscila entre S/25 y S/26 en algunos casos”, señaló.

“Pese a que el usuario no está acostumbrado a una subida de pasajes tan abrupta, si la situación no mejora, el costo de los pasajes se incrementaría en no menos de un 30%, lo que afectará directamente la canasta familiar”, agregó.

Ojeda indicó que los ingresos ya no alcanzan para sostener el servicio, razón por la cual algunas empresas están reduciendo sus viajes o incluso dejando de operar. “Esto está afectando principalmente a las empresas pequeñas, que ya no pueden subsistir”, afirmó.

“La subida de precios de los pasajes no es una solución, porque la gente tampoco tiene el dinero de antes. Esto se puede ver en los resultados de esta Semana Santa; el movimiento en el transporte no ha sido como el del año pasado, porque la población ya no puede costear los viajes”, añadió.

El gerente del gremio enfatizó que no solo se perjudica a los pasajeros, ya que el 40% de los ingresos del transporte interprovincial proviene de las encomiendas, un negocio que también se vería afectado. “Por ello, como gremio hemos tenido reuniones con la PCM y el MTC. Nos prometieron un subsidio del Estado, pero, lamentablemente, no han cumplido y el precio del diésel sigue en aumento”, indicó.

“Es importante resaltar que todo este problema viene de la especulación de precios originada en los grifos, es decir, el aumento de los precios de bienes y servicios básicos a niveles mucho mayores de lo razonable. Por si fuera poco, el Estado no está cumpliendo con su rol de fiscalización para evitar esta situación. Por lo tanto, estamos cansados”, sostuvo.

“Si el Gobierno no publica el decreto para subsidiar el diésel, el precio se irá por los cielos. La última reunión con la PCM fue hace más de una semana y los técnicos parecen no tener voluntad. Si no se concreta, nos vamos a un paro”, concluyó.

Panorama en otros países

En distintos países, los gobiernos han brindado subsidios a los transportistas cuando se han producido alzas en los precios de los combustibles. Uno de esos casos es el de España, donde en 2022 el Gobierno aprobó un descuento general al precio de los combustibles, incluido el diésel. Esta medida benefició directamente a transportistas y ciudadanos, y posteriormente se complementó con ayudas específicas al sector del transporte de carga para evitar paralizaciones.

Solicitud de elaboración de Decreto de Urgencia para subsidio al transporte terrestre de pasajeros y carga

Solicitud de elaboración de Decreto de Urgencia para subsidio al transporte terrestre de pasajeros y carga by Sebastian Ramirez Mendoza

Otro caso es el de Chile, que ha aplicado mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). A través de este sistema, el Estado interviene para amortiguar las fuertes variaciones en el precio internacional del petróleo, evitando subidas abruptas que afecten tanto a transportistas como a consumidores.

En Colombia, por su parte, el Gobierno ha recurrido durante años a subsidios a los combustibles mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha permitido contener el precio interno del diésel, que es clave para el transporte de carga.

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

La medida busca beneficiar a los exmilitares que prestaron servicio en zonas de emergencia y participaron en acciones contra el terrorismo durante las últimas dos décadas..

De acuerdo con esta norma, el beneficio está dirigido a los licenciados reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) al 31 de diciembre de 2024.

Los solicitantes deben haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000, por un periodo consecutivo de 12 a 24 meses, y ostentar grados específicos de tropa, como reclutas, soldados, cabos o sargentos.

En ese sentido, la ley precisa que esta bonificación “no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable” y será intransferible. “La bonificación económica excepcional asciende a la suma de S/ 1,130.00, la cual se entrega a cada licenciado veterano cuya solicitud sea aprobada de forma mensual”, indica el documento.

Proceso y requisitos

Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Además del historial militar, los beneficiarios deben acreditar que no son deudores alimentarios ni poseen antecedentes policiales, penales o judiciales.

El desembolso se realizará de manera progresiva en un periodo de cinco años, estructurado por grupos de edad.

En el primer año se priorizará a los mayores de 60 años y personas con discapacidad.. En el segundo, a quienes tengan entre 55 y 59 años, continuando así hasta el quinto año con el grupo de 40 a 44 años.

A su vez, el Ministerio de Defensa será responsable de gestionar el registro en el aplicativo Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, garantizando que todos los expedientes aprobados estén registrados a más tardar el 31 de julio de 2028.

Según la norma, el financiamiento provendrá del presupuesto del sector Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Los recientes allanamientos a las casas de un grupo de exfuncionarios y trabajadores de la Municipalidad del Callao, entre ellos el exalcalde chalaco Pedro Spadaro y su sucesor, César Pérez, han puesto nuevamente sobre el tapete el caso que denunció, en agosto del 2025, el diario El Comercio sobre sospechosos pagos a personas vinculadas a las mencionadas autoridades.

Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía allanaron, la madrugada de este jueves, 15 viviendas ubicadas en los distritos de San Isidro, San Martín de Porres, Miraflores, Surquillo y Pueblo Libre, así como la sede de la Municipalidad del Callao. En el caso están implicados siete funcionarios chalacos y se busca determinar un presunto delito de colusión agravada.

Lo que llamó la atención de las autoridades, según fuentes judiciales, es que César Pérez y Pedro Spadaro no se encontraban en sus domicilios, ubicados en San Isidro, por lo que sospechan que fueron alertados y salieron antes de la llegada de la PNP y la Fiscalía, pese a que contra ellos no había un mandato de detención. Las fuentes también informaron que el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao no aceptó ordenar la detención preliminar de ambos personajes, por lo que solo dispuso el allanamiento de sus casas.

La Municipalidad del Callao afirmó que, hace 8 meses, el alcalde y sus funcionarios han brindado todas las facilidades y han atendido los requerimientos de la PNP y del Ministerio Público. Por ello, consideró que se le estaría dando un “uso político” al caso.

“Por el contexto en el que se desarrollan estas diligencias, existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, con una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, señaló el municipio chalaco.

Toda la historia comienza cuando Pedro Spadaro y César Pérez fundaron en el 2022 la empresa Glamour & Style Salon Spa S.A.C., la cual brindaba servicios estéticos en un centro comercial de Ate. El vínculo de ambos nació cuando trabajaron juntos en el municipio distrital de Ventanilla, donde Spadaro era alcalde y Pérez fue regidor y teniente alcalde, y continuó en la Municipalidad del Callao.

Sin embargo, una investigación de este Diario evidenció que la gerenta de Glamour & Style Salon Spa, identificada como Sindel Spray Palomino, y el apoderado de la empresa, Julio Chanamé Bedón, siguieron obteniendo órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras Spadaro y Pérez eran las autoridades edilicias, es decir, entre 2022 y 2025.

Sindel Spray obtuvo, siendo gerente del mencionado salón de belleza, órdenes de servicios de la Municipalidad de Callao por montos que suman 63 mil soles. Ella también fue anteriormente locadora de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Ventanilla y postuló en abril del 2019 a un puesto en la Subgerencia de Recaudación de Miraflores. También trabajó durante el 2011 en la Subgerencia de Administración Tributaria de San Juan de Miraflores.

Por su parte, Chanamé Bedón había recibido, desde setiembre del 2023, cuando ejerce la representación de la empresa, unos S/96.000 de las gestiones edilicias chalacas bajo el mandato de Spadaro y Pérez. En la Municipalidad de Ventanilla, él trabajó en la Subgerencia de Rentas y Ejecutoría Coactiva.

Sindel Spray era estudiante de Administración cuando fue nombrada, en febrero del 2022, gerenta de la empresa, mientras que Chanamé no registra grados académicos. La estrecha cercanía de la joven con Spadaro y Pérez se evidenció cuando se le delegó a este último, como autoridad chalaca, la facultad de celebrar el matrimonio civil de Spray Palomino, desarrollado el 24 de marzo de 2025.

El Ministerio Público halló 360 mil soles durante un allanamiento, ejecutado el 15 de julio de 2023, en la casa del entonces teniente alcalde del Callao César Pérez, como parte de una investigación reservada.

Sin embargo, el Ministerio Público decidió no continuar con la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito porque Pérez Barriga demostró que dicho dinero era producto de la venta de un inmueble.

“Ese dinero fue producto de un adelanto de la venta de una propiedad que yo adquirí hace más de ocho años atrás, antes de ejercer cualquier cargo de envergadura en el Callao. Eso nos da la tranquilidad de poder decir que ese dinero es producto de una venta transparente de una propiedad”, agregó.

Pérez Barriga asumió como alcalde del Callao tras la renuncia presentada por Pedro Spadaro, quien anunció que postulará al Gobierno Regional del Callao.

Juan Carlos Portugal, abogado de Pedro Spadaro, señaló que las órdenes de servicio que obtuvo Sindel Spray durante la gestión de su patrocinado en la Municipalidad de Callao fue de acuerdo con lo que estipula las normas, por lo que descartó alguna irregularidad.

“La persona ha sido contratada de manera regular, la norma lo permitía, no ha sido fantasma, ha brindado los servicios. La locación de servicios, que es la naturaleza contractual de la ciudadana, es un tipo de contrato permitido, se da en cualquier parte del mundo, en cualquier entidad, así que no es una situación inusual o apresurada que se haya generado aquí (Municipalidad del Callao). Es una contratación permitida, lo prohibido y no permitido es que se contrate una persona que no preste servicios. Nada de eso ha ocurrido”, afirmó el abogado.

“La contratación, según señaló la OSCE en un informe, no es un procedimiento irregular, ese procedimiento es normado y es perfectamente regulado”, agregó.

Desde las redes sociales, Spadaro señaló que, con el allanamiento a su casa, se ha vulnerado la intimidad de su familia “sin motivo legal alguno” y cuestionó que eso ocurra en la etapa final de la investigación en su contra. Por ello, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables.

“La fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis dos menores hijas, sin motivo legal alguno y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, señaló Spadaro en su pronunciamiento.

“También tengo que decirlo con claridad: esto no es justicia, es un show mediático. La fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa”, agregó.

Cuestionan allanamiento

A su turno, Aurora Silva, quien ejerce la defensa legal de César Pérez, cuestionó que el fiscal Wils Gonzales Morales recién haya dispuesto los allanamientos cuando faltan, según dijo, cinco días para que concluya la etapa de investigación preliminar, que abarca 8 meses. Remarcó que la actuación fiscal genera en el actual “contexto político” un “menoscabo” a su patrocinado.

“No hay ninguna irregularidad, se han realizado más de 37 actos de investigación durante 8 meses y no se sabe por qué, a cinco días de terminar la investigación, se está requiriendo allanamientos, no tiene sentido. Pareciese que tuviera fines políticos”, aseveró Silva.