En línea con lo anticipado por la propia Fujimori, se tiene la expectativa de que el gabinete sea plural y experimentado. Ambas características abren interrogantes sobre el grado de apertura y la especificidad de la experiencia. ¿Qué tan plural puede ser un gabinete de una fuerza política claramente alineada a la derecha? ¿De qué tipo de experiencia hablamos? ¿Política, profesional, técnica? ¿Todas las anteriores?

Sobre lo primero, es evidente que la convocatoria política de Fujimori difícilmente se extienda a personalidades más allá del centro. Así las cosas, posiblemente los convocados provengan de sus propias filas o de fuerzas o personalidades políticas que en segunda vuelta respaldaron a la entonces candidata de Fuerza Popular. Ir más allá de eso sería no solo incongruente, sino hasta riesgoso, para la viabilidad del gabinete ministerial.

Sobre lo segundo, y en relación con el hartazgo ciudadano en torno a la inestabilidad, la experiencia más valorada sería la política y no, necesariamente, la técnica. Seguramente, y a contracorriente del autoritarismo que se le suele atribuir, Fujimori podría buscar ministros que, en su mandato, rehúyan del perfil discreto de los tiempos recientes a uno de mayor figuración y participación en el debate político.

Algo de esta expectativa se colaba en una reciente encuesta de Ipsos. En dicho sondeo, preguntados sobre la conformación del gabinete, solo uno de cada cinco encuestados (18%) decía preferir técnicos, frente a un mayoritario 74% que optaba por políticos, sean estos del partido de gobierno (21%) o de algún otro grupo político (53%) (Perú.21, 24/06/2026).

En cualquier caso, a lo mínimo que debiera aspirarse, como decía el Editorial de este Diario, es a un gabinete “probo y capaz” (El Comercio, 01/02/2026). Si a ello se agrega la cohesión y la eficacia que sugiere Milagros Muñoz (El Comercio, 27/06/2026), la tarea debería estar encaminada.

Desde el 2001, casi todos los presidentes han anunciado con antelación la identidad de su primer presidente del Consejo de Ministros. El más tempranero fue Pedro Pablo Kuczynski, que el 10 de julio del 2016 anunció a Fernando Zavala para dicho encargo. En los otros casos, se esperó una fecha más cercana a 28 de julio. La excepción fue Castillo, quien, sorpresivamente, tomó juramento a Guido Bellido, en Quinua, Ayacucho, recién el 29 de julio del 2021. ¿Qué camino tomará Keiko Fujimori?

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una respuesta fiscal que protege vidas ante El Niño

El Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la conducción del ministro Rodolfo Acuña, dio una señal positiva al destinar S/300 millones adicionales para enfrentar el fenómeno de El Niño, en el marco del Proyecto de Ley 14799/2025-PE. Esta decisión, sumada a las medidas previas del mismo proyecto, es un primer paso para que el Estado actúe con anticipación con miras a un desastre natural anunciado y no solo reaccione ante la tragedia.

🟢Convocan a voluntarios para colecta

La Liga contra el Cáncer, institución sin fines de lucro fundada en 1950 y dedicada a la prevención oncológica en el Perú, convoca a voluntarios para su Colecta 2026 en agosto. En un país donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, este llamado ciudadano es profundamente valioso. Formar parte como voluntario de esta colecta no solo salva vidas ajenas: construye una sociedad más empática y comprometida.

🔴La tragedia que el mundo no puede ignorar

Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela contabiliza 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Con 782 réplicas registradas y un estimado de casi 59.000 edificaciones dañadas o destruidas, la magnitud del desastre es colosal. La comunidad internacional debe exigir acceso humanitario pleno, transparente e inmediato y el régimen de Delcy Rodríguez no debe obstaculizar el ingreso de esta ayuda.

En apenas 39 segundos, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el estado venezolano de Yaracuy. El saldo preliminar supera los 1,400 fallecidos, más de 4,300 heridos, cientos de desaparecidos, graves daños a la infraestructura y una alerta de tsunami que alcanzó el Caribe. Los modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) incluso anticipaban la posibilidad de decenas de miles de víctimas (10,000 fallecidos con una probabilidad del 44%) debido a la intensidad del evento y a la vulnerabilidad de las edificaciones.

Sin embargo, la amenaza que enfrenta Lima podría ser aún mayor.

Frente a la capital peruana existe un silencio sísmico de casi 280 años. Desde el gran terremoto y tsunami de 1746, la energía entre las placas de Nazca y Sudamericana continúa acumulándose. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha advertido reiteradamente que esa zona podría generar un terremoto de magnitud cercana a 8.8.

La diferencia no es menor. Un sismo de 8.8 libera aproximadamente 251 veces más energía que uno de 7.2 y cerca de 89 veces más que uno de 7.5. Además, ocurriría frente a una metrópoli de más de diez millones de habitantes, con numerosos distritos asentados sobre suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas y con una extensa franja costera expuesta al riesgo de tsunami.

El contraste con Venezuela ilustra la magnitud del desafío. Mientras Yumare, cercana al epicentro, tiene alrededor de 18 mil habitantes, Lima concentra una población cientos de veces mayor, además de miles de edificaciones informales o antiguas que no cumplen estándares adecuados de resistencia sísmica.

La vulnerabilidad ya quedó en evidencia con el sismo de magnitud 6.1 del Día del Padre de 2025, que provocó desprendimientos en la Costa Verde, caída de muros, interrupciones eléctricas y congestión generalizada. Fue un recordatorio de que incluso un terremoto moderado puede afectar seriamente el funcionamiento de la ciudad.

Hoy gran parte de la atención pública está concentrada, con razón, en la amenaza de un nuevo Fenómeno El Niño Costero. Pero ese riesgo no debe eclipsar otro que permanece acumulándose bajo nuestros pies. A diferencia de los eventos climáticos, un gran terremoto puede ocurrir en cualquier momento y sin aviso previo.

El Perú necesita acelerar el reforzamiento estructural de hospitales, colegios, puentes y viviendas vulnerables; fiscalizar estrictamente el cumplimiento de las normas de construcción; actualizar los planes de evacuación y respuesta ante tsunamis, y destinar recursos efectivos a la prevención.

La experiencia internacional demuestra que prevenir cuesta mucho menos que reconstruir después de una catástrofe. Las inversiones en infraestructura resiliente rara vez ocupan titulares, pero cuando ocurre un desastre son las que terminan salvando miles de vidas.

El doblete sísmico de Venezuela no es una tragedia ajena. Es un espejo de lo que podría enfrentar Lima si continúa postergando las medidas de prevención. La ciencia ya dio la alerta. Ahora corresponde actuar antes de que sea demasiado tarde.

Hace unos días, Venezuela nos recordó que la innovación también puede salvar vidas. Dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron al país con apenas 39 segundos de diferencia. En ausencia de un sistema nacional de alerta sísmica, millones de teléfonos Android emitieron una advertencia antes de la sacudida más intensa. No fue una agencia estatal, sino una red distribuida de millones de celulares que, gracias a sus sensores, detectó las primeras ondas del sismo y envió una alerta en cuestión de segundos.

La escena deja una enseñanza que trasciende la ingeniería. La resiliencia social del siglo XXI ya no depende únicamente de carreteras, hospitales o sismógrafos. También depende de la capacidad de una sociedad para construir soluciones digitales colaborativas que permitan responder mejor a los problemas públicos. Eso es, precisamente, lo que se conoce como civic tech: la tecnología creada para fortalecer la acción ciudadana. Y, junto al civic tech, también están los hackers cívicos, que son ciudadanos que ponen sus conocimientos al servicio de los demás: desarrollan plataformas, verifican información, elaboran mapas colaborativos, coordinan voluntarios, utilizan inteligencia artificial para organizar datos críticos y ayudan a combatir la desinformación cuando el caos amenaza con propagarse más rápido que el propio desastre.

Cuando las redes tradicionales, como las carreteras, colapsan, la noción de conectividad cambia de sentido para enfocarse en otras infraestructuras críticas. Por ejemplo, soluciones satelitales como las que llegan vía Elon Musk y Starlink han demostrado, en diversas emergencias, que pueden mantener comunicadas a comunidades enteras cuando la infraestructura terrestre deja de funcionar. En esos momentos, Internet deja de ser un divertimento para convertirse en un insumo de protección civil. Dado que los peruanos vivimos sobre uno de los cinturones sísmicos más activos del planeta, además de realizar simulacros, deberíamos empezar a interiorizar conductas digitales de emergencia, promover comunidades de civic tech contra desastres y formar ciudadanos capaces de colaborar antes, durante y después de una crisis.

La próxima gran emergencia no pondrá a prueba únicamente nuestras edificaciones. Pondrá a prueba nuestra capacidad para colaborar. Y esta reflexión no solo aplica a un potencial terremoto cercano. El anunciado Fenómeno de El Niño 2026 vuelve a recordarnos que los desastres naturales seguirán llegando y que la diferencia entre la vida y la muerte gravitará en decidir si continuamos reaccionando como espectadores o si decidimos innovar como ciudadanos. Porque la mejor tecnología nunca será la más sofisticada, sino la que encuentre nuevas respuestas para proteger la convivencia social, incluida la propia sobrevivencia.

Sin embargo, existe el riesgo de reducir el éxito de un gobierno únicamente a la evolución de las estadísticas. El crecimiento del PBI, la inflación, la inversión o la pobreza son fundamentales para evaluar el desempeño económico, pero no siempre explican cómo viven realmente las personas. Un país puede mostrar mejores indicadores y, al mismo tiempo, mantener ciudadanos frustrados, inseguros o desconectados de las instituciones.

Los resultados de la segunda vuelta son una muestra de ello. Más allá de quién obtuvo la victoria, la elección dejó un país profundamente fragmentado. Según una encuesta de Datum, el 76% de los peruanos considera que el país está dividido. En un contexto así, no basta con que las cifras macroeconómicas mejoren. Una parte importante de la población evalúa la realidad desde su experiencia cotidiana y puede sentir que esos avances no llegan a su vida diaria.

Un ejemplo reciente ilustra bien esa tensión. En mayo, el INEI informó que la pobreza monetaria se redujo de 27,6% a 25,7% durante 2025, lo que significa que alrededor de 567 mil personas salieron de la pobreza. Es una noticia positiva y un dato que no debería minimizarse. Sin embargo, para muchos peruanos esa mejora no se traduce en una percepción de mayor bienestar. Si las personas siguen sintiendo inseguridad, incertidumbre económica o falta de oportunidades, difícilmente harán propia esa estadística. Esa brecha entre los indicadores y la experiencia cotidiana ayuda a entender el voto de protesta que se expresó en las urnas y el amplio respaldo a opciones que prometían un cambio frente a un país que, para una parte importante de la población, no estaba mejorando al mismo ritmo que mostraban las cifras.

Tener más datos no significa necesariamente comprender mejor la realidad. La información es indispensable para tomar decisiones, pero requiere contexto, interpretación y, sobre todo, contacto con las personas que están detrás de cada número. Esta reflexión fue planteada recientemente por Vinay Ahuja, vicepresidente de Analytics and Insights para Europa de Procter & Gamble, en una entrevista para Insights Plaza. Al recordar una visita a la vivienda de una familia durante una investigación de mercado, contó que encontró una realidad que ninguna hoja de Excel había logrado mostrarle. «Nada de lo que veía en la vida diaria coincidía completamente con el modelo construido a partir de los datos». La experiencia le recordó que los números describen patrones, pero las personas explican las razones.

La lección trasciende el mundo empresarial y resulta especialmente pertinente para la política. Los indicadores pueden mostrar cuánto creció la economía, pero difícilmente explican por qué una madre sigue sintiendo miedo cuando su hijo sale a la calle, por qué un pequeño empresario decide no invertir debido a la extorsión o por qué un joven considera que tendrá menos oportunidades que sus padres. Esas respuestas rara vez aparecen en una base de datos.

Gobernar exige combinar evidencia con escucha. Las estadísticas permiten identificar tendencias, asignar recursos y evaluar políticas públicas. Pero escuchar a los ciudadanos, observar cómo viven y comprender sus preocupaciones permite interpretar correctamente esos números y diseñar respuestas más efectivas.

El nuevo gobierno tiene por delante el desafío de recuperar la economía, pero también de reconstruir la confianza. Si las personas no sienten que su vida cotidiana mejora, difícilmente creerán en los avances que muestran las estadísticas. Al final, la información más importante de un país no está solo en los indicadores, sino en la gente, porque son las personas las que dan sentido a los números.

Las elecciones pueden cambiar un gobierno, pero solo las buenas decisiones cambian el rumbo del país. El desarrollo depende de la capacidad del Estado, el sector privado y la sociedad civil para articular una visión compartida y construir los consensos para hacerla realidad.

El Perú tiene fortalezas que muchos países envidiarían. Sin embargo, en los últimos años hemos perdido competitividad, capacidad de ejecución y continuidad en las políticas públicas. El diagnóstico es claro: conocemos nuestros principales retos y muchas soluciones. Lo que ha faltado es la confianza necesaria para construir acuerdos duraderos.

Recuperar esa confianza exige una agenda que trascienda al próximo gobierno. Ello solo será posible mediante una articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Solo alineando capacidades y construyendo consensos podremos transformar las ideas en resultados. Esa agenda debería concentrarse en cinco prioridades. Primero, recuperar la inversión privada. Más del 80% de la inversión proviene del sector privado y sin ella no habrá crecimiento, empleo formal ni recursos para cerrar las brechas sociales.

Segundo, acelerar el cierre de la brecha de infraestructura, que supera los US$100 mil millones y limita la competitividad y la calidad de vida de millones de peruanos. Tercero, recuperar la competitividad y elevar la productividad reduciendo la burocracia, promoviendo la formalidad, acelerando la transformación digital, impulsando la innovación y fortaleciendo la inversión y el emprendimiento.

Cuarto, apostar por el talento. La IA transformará todas las profesiones y exigirá nuevas competencias. Hoy, más de la mitad de nuestros universitarios considera emigrar. Si no recuperamos la confianza y generamos más oportunidades, el Perú corre el riesgo de perder nuestro talento más preparado. Finalmente, impulsar una reforma del Estado para simplificar procesos, fortalecer el talento en el sector público y mejorar la capacidad de ejecución.

El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de liderar, pero su éxito dependerá también del compromiso de todos. Más allá de nuestras diferencias políticas, este es el momento de construir una agenda compartida.

La historia recordará esta elección no solo por quién ganó, sino por nuestra capacidad de recuperar la confianza y convertirla en desarrollo para todos los peruanos.

Con frecuencia, el debate se concentra en las lluvias intensas, los huaicos, las inundaciones o los desbordes de ríos. No obstante, esos eventos corresponden a las manifestaciones de una amenaza natural. El riesgo es distinto. Surge cuando esos eventos pueden comprometer el logro de los objetivos públicos: garantizar la continuidad de los servicios de salud, mantener operativas las vías de comunicación, asegurar el abastecimiento de alimentos, preservar la infraestructura crítica o brindar la atención oportuna a la población.

La diferencia puede parecer únicamente conceptual, pero tiene profundas implicancias para la gestión pública. Si entendemos que el problema son únicamente las lluvias, actuaremos cuando estas ya hayan ocurrido. En cambio, si comprendemos que el verdadero desafío consiste en proteger los objetivos públicos frente a los riesgos que esas lluvias pueden generar, la respuesta cambia: anticipamos escenarios, fortalecemos capacidades, coordinamos instituciones y tomamos decisiones antes de que la emergencia se materialice.

Esa es la esencia de la capacidad preventiva del Estado. No consiste en evitar que ocurra el Fenómeno de El Niño, porque ninguna institución puede impedirlo. Consiste en reducir la probabilidad de que sus efectos comprometan el bienestar de la población y el funcionamiento de los servicios públicos mediante la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos públicos.

Además, El Niño no genera un único riesgo. Produce una cadena de impactos que puede propagarse rápidamente. Una inundación puede inutilizar una carretera; ello puede interrumpir el transporte de alimentos y medicinas; posteriormente pueden incrementarse los precios, afectarse la actividad económica y generarse mayores demandas sobre los servicios públicos. De igual manera, la necesidad de ejecutar contrataciones de emergencia en plazos reducidos puede incrementar la exposición a riesgos de corrupción, conflictos de interés o decisiones apresuradas. Lo que comienza como un fenómeno climático puede terminar comprometiendo el funcionamiento de múltiples instituciones. Cuando los riesgos de distintos sectores se potencian entre sí y generan efectos en cascada, dejan de ser riesgos aislados para convertirse en un riesgo sistémico para el Estado.

Por ello, el verdadero desafío no será únicamente enfrentar lluvias intensas, sino gestionar un riesgo sistémico que afecta la infraestructura, la salud, la educación, la agricultura, el transporte, el abastecimiento de agua, la economía y la gobernanza. Ninguna entidad podrá resolver este problema de manera aislada. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre las instituciones públicas será determinante para reducir sus impactos.

Este escenario adquiere una importancia aún mayor debido al proceso de transición política. Las nuevas autoridades nacionales asumirán funciones cuando las acciones preventivas ya deberían estar en marcha, mientras que los nuevos gobiernos regionales y locales podrían iniciar su gestión cuando el fenómeno alcance su mayor intensidad. Ello exige asegurar la continuidad de las acciones emprendidas, evitar interrupciones en la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de coordinación institucional. La prevención debe ser una política permanente del Estado.

La gestión de riesgos deja de ser un procedimiento técnico para convertirse en una herramienta de gobierno. Su propósito no es producir matrices ni cumplir formalidades administrativas, sino proporcionar información para anticipar escenarios, priorizar decisiones y proteger el logro de los objetivos públicos.

La naturaleza seguirá poniendo al Perú frente a grandes desafíos. La diferencia no la marcará únicamente la intensidad del Fenómeno de El Niño, sino la capacidad del Estado para anticipar sus riesgos, proteger el logro de los objetivos públicos y preservar la continuidad de los servicios que sostienen la vida de millones de peruanos. Esa es, en esencia, la verdadera capacidad preventiva del Estado.

Torrealva Iparraguirre es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz y ha jugado un rol gravitante en lograr que parlamentarios de diversas bancadas se comprometieran con las ampliaciones de los plazos para la formalización minera. Solo entre el 2023 y el 2024, visitó el Congreso 28 veces, frecuentemente en coincidencia con los debates sobre tales ampliaciones. Es, además, dueño o gerente de cuatro empresas dedicadas al transporte o explotación del oro, y una vinculada al almacenamiento de explosivos –materia prima predilecta de los grupos que atacan las minas formales– y actualmente está siendo investigado por minería ilegal.

Mantilla Rodríguez, en tanto, figura como dueño o representante de cinco empresas: tres de ellas dedicadas al transporte de carga y dos, a operaciones mineras. Trabaja con su hermano Segundo, quien está registrado como pequeño minero informal y tiene inscritos a su nombre seis Reinfo en la provincia de Pataz y uno en Tocache (San Martín). Adicionalmente, ambos son accionistas de Marose Contratistas Generales S.A.C., empresa que se dedica a la contratación de personal y maquinarias para las operaciones mineras.

Es claro, pues, que están lejos de ser los candidatos ideales para convertirse en la autoridad de la que hablábamos al principio. Por el contrario, se diría que, si uno es malo, el otro es peor. Puede usted escoger cuál es cuál…

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 UNA NUEVA PROMESA DEL K-POP CON RAÍCES PERUANAS

Lee San, cantante de 21 años con madre peruana y padre surcoreano, hizo historia al ganar el programa musical coreano “The Scout” y se consolida como una de las nuevas promesas del k-pop. El artista, que vivió parte de su infancia en Lima y conserva un fuerte vínculo con sus raíces peruanas, destacó por su talento vocal y carisma. Su triunfo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el respaldo de una creciente comunidad de seguidores tanto en Corea del Sur como en el Perú.

🟡 ALERTA POR EL QUINTO FRIAJE DEL AÑO

El Senamhi alertó sobre el ingreso del quinto friaje del año, que ocasionará lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas en varias regiones de la selva peruana. El fenómeno afectará principalmente la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte. La entidad recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas.

🔴 CUIDADO CON LOS TAXIS  NO AUTORIZADOS DEL AEROPUERTO

Una investigación de El Comercio reveló que más de la mitad de los taxis que operan en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez figuran como no autorizados por la ATU, pese a ofrecer servicio dentro del terminal. La situación genera preocupación por la seguridad de los pasajeros y evidencia deficiencias en los controles. La ATU señaló que intensificará las fiscalizaciones y recordó que solo los vehículos con autorización vigente pueden brindar el servicio formal en el aeropuerto.

Un estudio publicado en la revista científica Insects por investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Universidad Nacional de Jaén modeló, por primera vez con detalle topoclimático, la distribución actual y futura del vector en el país.

Los resultados muestran que el 10.23% del territorio nacional, es decir 132,053 km², presenta condiciones de alta probabilidad para la presencia del zancudo, mientras que otro 23.65% reúne condiciones moderadas. Entre los departamentos con mayor exposición figuran San Martín, Piura y Loreto, pero también Cajamarca, Amazonas y Cusco. La sierra empieza a aparecer en el mapa del dengue.

Esto obliga a replantear cómo se enfrenta la enfermedad. Durante años, las estrategias de control estuvieron concentradas en las regiones donde el dengue era más frecuente. Sin embargo, si el vector está alcanzando altitudes superiores a los 1,000 metros, ciudades serranas que nunca prepararon sus sistemas de salud para enfrentar esta enfermedad podrían quedar expuestas.

Muchas no cuentan con experiencia acumulada en vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno o manejo de brotes, porque hasta hace poco el dengue no formaba parte de sus principales preocupaciones sanitarias.

El Niño

Detrás de esta expansión se encuentra una combinación de factores climáticos. El cambio climático genera condiciones más favorables para la supervivencia y reproducción del zancudo, mientras que fenómenos como el inminente El Niño pueden acelerar el proceso.

Las temperaturas elevadas reducen la duración del ciclo de vida del Aedes aegypti y pueden acortar el tiempo que necesita el virus para desarrollarse dentro del insecto. En la práctica, esto significa más mosquitos, una mayor capacidad de transmisión y un riesgo creciente de brotes.

El Perú ya conoce las consecuencias de esta dinámica. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), en 2023, el país registró más de 222,620 casos de dengue y 381 fallecidos, en una de las epidemias más severas de su historia reciente. Las altas temperaturas, las lluvias intensas, la acumulación de agua estancada y las dificultades para responder con rapidez contribuyeron a la expansión de la enfermedad.

Lo que el estudio de Vergara y Valqui-Reina añade es una mirada hacia el futuro. Bajo escenarios conservadores de cambio climático, las áreas con alta probabilidad de presencia del zancudo podrían expandirse un 4.47% adicional hacia 2070. Puede parecer una cifra modesta, pero representa la continuidad de una tendencia que ya está en marcha y que podría exponer a nuevas poblaciones al riesgo de transmisión.

El nuevo gobierno que asume en julio encontrará un escenario complejo. La expansión del zancudo hacia zonas donde históricamente no estaba presente plantea complejidades de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria que difícilmente podrán resolverse únicamente con medidas de emergencia.

Los resultados del estudio sugieren la necesidad de incorporar esta nueva realidad en la planificación de largo plazo, especialmente en las regiones que hasta ahora no han sido consideradas prioritarias frente al dengue.

Vivir en la incertidumbre. No saber si llegaremos al final del día, al final de la semana, al final del mes, si tendremos que dejarlo todo, si algun sicario nos va a disparar o va a dispararle a mi papá o a mi hermano o hermana. No saber si lo que vamos a vender en nuestro kiosko o nuestro puesto va a alcanzar para algo al final del día. No saber si nos va a dar alguna enfermedad o vamos a tener un accidente, lejos de cualquier posta médica donde tendremos que hacer cola desde las cinco de la mañana. No saber si nos demorará menos de tres horas llegar al trabajo después de tomar una mototaxi, un micro pequeño y un ómnibus o un tren, bajando del lugar donde vivimos. Saber que por más que haya habido elecciones y hay un nuevo gobierno, en el mejor de los casos las condiciones seguirán igual, al menos por un buen tiempo. No saber si podremos vacunar a los hijos, si será suficiente con las contribuciones en los comedores populares y con las asociaciones parroquiales.

No saber si podremos encontrar un trabajo donde haya un sueldo decente, unas condiciones mínimas, una relación productiva, si podemos sobrevivir a las corruptelas, a los favoritismos, a las preferencias de camarillas o caudillos. No saber si llegará el agua a nuestro barrio que depende de un camión cisterna o no, de vez en cuando, o si alguna vez nos acostumbraremos como muchos peruanos a vivir sin agua, sin luz, sin desagüe, sin las condiciones de vida decente mínimas. No saber si las elecciones podrán asegurar algo nuevo, o si la vida es un plano de hechos sin sentido, sin razón, el diseño de un dios de la historia desquiciado que juega a los dados, como en el poema de Vallejo. Jugar a no perder la esperanza, la fe, sabiendo que una persona o una familia puede vivir en las peores condiciones pero no sin la mínima convicción de que algún día las cosas pueden cambiar. Haber salido a votar por alguien y pensar que esa persona o ese partido o esas ideas puedan ser una farsa, como cuando depositamos nuestra fe en alguien que nos traiciona, en un relato definido por los traidores.

La incertidumbre le debe su imperio en el Perú a una historia hecha de contradicciones, de fragmentación y de división. Nada es seguro, todo es posible, me dijo alguna vez una amiga extranjera. Ese mismo lema, sin embargo, se extiende al mundo de hoy. La incertidumbre de cómo acabará la guerra de Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, con los bombardeos constantes en el Líbano, no dan señales de terminar. Los acuerdos de paz y las conversaciones sirven de poco. Por otro lado, con el calentamiento global, los indicios de veranos ardientes y de inviernos càlidos, gracias a la quema de combustibles fósiles y a la tala de árboles, no sabemos qué será de este planeta.

Y en la América Latina, con nuevas elecciones, la incertidumbre de los más pobres y necesitados es la más urgente. Viendo las posiciones radicales que muestran los políticos, uno tiende a pensar que el “futuro ya no es lo que era”. Con frecuencia recuerdo el dicho andaluz que repetía nuestro querido Alfredo Bryce: “A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, mi esperanza la mantiene”.

Una indica que la figura adoptada por el senador elegido no está contemplada pues “todavía él no ha asumido el cargo para el cual ha sido elegido”, precisando que, como quiera que no va a llenar las declaraciones juradas y formularios que exige el Reglamento del Senado, además de no jurar, corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones llamar al siguiente de la lista.

Otra opinión hace un símil con lo ocurrido en el año 2015 cuando una regidora no quiso asumir el cargo y la Municipalidad comunicó ello al Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo este con llamar al siguiente de la lista, concluyéndose: “Son casos similares porque el regidor, como el senador, es un cargo de elección popular”. 

Me permito, con todo respeto, discrepar de tales argumentos, y de la constitucionalidad de que López Aliaga pueda adoptar la posición que ha esgrimido.

En primer término, debe indicarse que en Derecho cada término jurídico tiene una significación particular, y ello condiciona y determina sus efectos.

Así, es bueno partir por analizar la pretensión de López Aliaga desde la Constitución, que es la norma que está en el vértice superior de nuestro sistema jurídico y cuyos efectos irradian a todas las normas.  

En ese sentido, la Constitución en sus artículos 92 y 95 tiene dos disposiciones que creo no han sido analizadas. En el primero de ellos, la norma suprema taxativamente ordena que “el mandato de senador o diputado es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional”.  En el caso del artículo 95, se sanciona que “el mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable”.

Como podrá apreciarse, en ambos artículos constitucionales no se habla del ejercicio de la función congresal sino del mandato congresal recibido; y ese mandato, otorgado por el pueblo a través de la elección, no está sujeto a la voluntad personalísima de quien lo ha recibido; de ahí que, incluso, este se encuentre atado y no pueda renunciar. 

En cuanto al símil que se hace respecto a lo ocurrido en el pasado con la no asunción de una regidora, diría que la invocación es impertinente, pues el cargo de regidor no tiene las características que sí le da la Constitución al de senador. Tómese en cuenta nomás que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante, entre otros casos, por ausencia de la jurisdicción municipal por más de treinta días; por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción municipal; o, incluso, por la inasistencia injustificada a las sesiones del Concejo Municipal.

Como indica Alberto Borea, quienes conforman el Parlamento “deben estar conscientes que tienen durante el lapso por el que fueron electos un mandato y una responsabilidad con el pueblo, y, además, un respaldo que le debe de venir dado por la propia institución a la que han accedido”.

Se requiere fortalecer nuestra institucionalidad y no debilitarla con posiciones antojadizas.

Lo mismo ocurre en el mundo de las opiniones políticas. Una vez que uno asume una posición explícita —sea votando por cierto candidato o pronunciándose públicamente a favor o en contra de una postura—, es muy complicado retroceder sobre ello. Solemos pensar que nuestras opiniones dictan nuestro comportamiento, pero muchas veces es al revés: nuestro comportamiento dicta qué tan estables son nuestras opiniones en el tiempo.

El comportamiento es uno de los componentes de la “actitud” o la “opinión”. Nuestras opiniones son tripartitas: se basan en las emociones, la cognición y el comportamiento. Una opinión basada en la emoción puede ser muy inestable, mientras que la basada en el comportamiento muestra más estabilidad que la que se sustenta en la cognición.

¿Por qué somos así? Cuando manifiestas una postura política abiertamente —un acto de comportamiento—, lo más probable es que te importe que el público no te vea como hipócrita o inconsistente si cambiaras de opinión. A esto se le llama la teoría de la autopresentación, y ayuda a entender la inflexibilidad en el cambio de posturas, por ejemplo, en líderes de opinión o en referentes de la corriente antifujimorista.

Por ello consideramos que “no habrá luna de miel”, expresión que se refiere al período de gracia que tradicionalmente se otorga a un gobierno entrante en sus primeros 100 días. Usamos esta frase para la actitud de fuerzas opositoras que buscan ser menos confrontacionales al inicio de un gobierno. También aplica a los medios que dan apertura a que el nuevo gobierno manifieste ciertas virtudes.

No veremos esta actitud en los medios con postura antifujimorista, pues la hostilidad comenzó incluso antes de tener resultados oficiales. Estos líderes de opinión no otorgarán ninguna luna de miel al gobierno fujimorista, porque hacerlo comprometería la coherencia de la línea antifujimorista con la que durante años han sostenido a su audiencia. El comportamiento exhibido durante años condiciona sus opiniones, y cualquier virtud del nuevo gobierno será descartada de su línea editorial. Renunciar a las narrativas antifujimoristas —en especial las que extrapolan las actitudes autoritarias del padre a la hija— sería incoherente. El nuevo gobierno aún no asume pero, según ellas, ya es autoritario. Se luchará por defender este relato hasta el final, y estará por verse si la opinión pública lo asimila o se rebela. El accionar del gobierno y la interpretación de la prensa serán determinantes

El 60% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) están sobrepoblados, y más del 50% de los internos son mayores de edad. Ahí conviven niños de 14 años hasta padres que bordean los 30.

El contexto en el que se trabaja por la justicia penal juvenil está casi desbordado. En el último mes, 55 menores han sido recluidos en un centro juvenil, 38 de ellos de Lima y Callao. ¿La razón? Tenencia ilegal de armas, extorsión o robo agravado.

En las últimas semanas, ocurrieron crímenes en el Callao protagonizados por menores de edad, y como director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), pude conocer a dos de ellos. Tenían el mismo patrón que los que llegan vinculados a la criminalidad organizada; vulnerabilidad inicial, seguida por un empoderamiento repentino por hacer respetar el honor de su banda.

Pero no es exclusivo de la capital. Trujillo es un semillero de jóvenes infractores liderados por delincuentes que buscan a “presas” fáciles de involucrar por unos cuantos soles. Por ello, aquí está el CJDR más sobrepoblado del país.

Con un 80% de población con nivel de riesgo moderado y alto, este CJDR fue declarado en emergencia por dos razones: no es seguro para nadie y se ha desvirtuado nuestra razón de ser, que es reinsertar a la sociedad a los infractores.

Desde el Pronacej estamos implementando un plan de deshacinamiento, que contempla presentar expedientes para variar medidas de internación a no privativas de la libertad; redistribución de adolescentes a otros CJDR, considerando su nivel de riesgo e infracción; gestión para aumentar el presupuesto para atender necesidades que garanticen la seguridad; y proponer la modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Sabemos que el tiempo para ejecutarlo es corto, pero queremos marcar los primeros pasos para que el sistema penal juvenil cumpla su misión, y no sea visto como consecuencia de la falta de prevención. Para eso servimos al Estado, para atrevernos a actualizar normas desfasadas, priorizar acciones y articular entre nosotros por un mismo fin.

Lima y Caracas comparten un rasgo preocupante: alrededor del 70% de sus viviendas han sido autoconstruidas. En ambas ciudades, además, una parte importante de la población ocupa laderas y otros terrenos de alta vulnerabilidad. Sin embargo, Lima enfrenta una amenaza geológica superior. Está ubicada sobre una de las zonas más activas del planeta, donde la placa de Nasca converge con la Sudamericana, y acumula un silencio sísmico de casi tres siglos, capaz de generar un terremoto de magnitud superior a 8 (IGP). Ante un evento de esa magnitud, la gran incógnita es cómo responderán esas millones de edificaciones que han sido construidas sin diseño estructural y supervisión profesional. 

En ese sentido, el peligro inminente no es el próximo terremoto, sino la enorme fragilidad de las ciudades que hemos construido. Sin embargo, esta situación crítica debiera mostrarnos el camino para una posible solución.

La autoconstrucción es el principal mecanismo mediante el cual las familias acceden a la vivienda, y representa cerca del 60% de la actividad económica del sector construcción. Resulta llamativo que, mientras las empresas cementeras expanden sostenidamente su presencia en todo el país, los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros mantienen una participación muy limitada en este mercado. 

Otro sector relevante que se mantiene al margen es el financiero formal y tradicional. La mayoría de las familias financia sus obras con ahorro propio, apoyo familiar o créditos personales. Como señala Grade en su estudio del 2024, la autoconstrucción termina costando, en promedio, un 33% más que una construcción formal equivalente, demanda más tiempo y produce viviendas inseguras y de menor calidad.

Como vemos, la construcción informal ha permitido resolver una necesidad que el mercado formal y el Estado no han sido capaces de atender. Genera empleo, dinamiza la economía y facilita el acceso a la vivienda. Pero también expone a millones de familias a riesgos innecesarios y dificulta la posterior formalización de sus propiedades. Es por ello que las políticas públicas deberían enfocarse en mejorar la seguridad de las edificaciones existentes, y evitar que estas se sigan produciendo de manera informal. En esa línea, el reforzamiento estructural constituye una respuesta inmediata frente al riesgo sísmico y, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer el patrimonio de las familias e impulsar la inclusión financiera. Además, dinamizaría el propio sector construcción al incrementar la demanda de materiales, promover la formalización de empresas y abrir un enorme mercado para arquitectos e ingenieros.

Otro aspecto clave es el financiamiento. Durante décadas el Estado ha concentrado sus esfuerzos en facilitar la compra de viviendas nuevas, pero el verdadero desafío está en reducir la vulnerabilidad de las que ya están construidas.

Tomando el modelo del Crédito Mivivienda, se debería crear un fondo de garantía que permita canalizar, a través de la banca privada, créditos destinados al reforzamiento estructural. Una vez culminadas las obras y certificada su seguridad, esas viviendas podrían incorporarse plenamente a la formalidad, incrementando el valor del patrimonio familiar, y ampliando el acceso de sus propietarios al sistema financiero formal.

Como vemos, la amenaza sísmica no puede evitarse, pero la fragilidad de nuestras ciudades sí puede reducirse. Si queremos que el próximo terremoto no se convierta en una tragedia nacional, debemos empezar por hacer seguras las viviendas donde ya vive la mayoría de los peruanos.

El nuevo gobierno asumirá funciones el 28 de julio con una agenda que no admite improvisaciones. La inseguridad ciudadana –extorsión, sicariato, minería ilegal armada y un crimen organizado que ha desbordado a la policía– exige un ministro del Interior con experiencia comprobada y capacidad operativa real. El fenómeno de El Niño, cuya amenaza ya ha sido advertida por los especialistas para los próximos meses, requiere un equipo en Vivienda, Desarrollo Agrario y Defensa capaz de prevenir, no solo de reaccionar cuando ya es tarde, como ha ocurrido en ciclos pasados en que la desidia costó vidas e infraestructura. Y el Reinfo, ese mecanismo que se ha convertido en un escudo para la minería ilegal y el daño ambiental, demanda un ministro de Energía y Minas con la firmeza técnica y política para ordenar lo que sucesivos congresos prefirieron prorrogar.

Frente a estos tres desafíos, lo que el país necesita no es un debate sobre cuotas partidarias. Si la presidenta decide convocar a cuadros de Fuerza Popular, a independientes o a una alianza amplia con otras fuerzas políticas, esa es una decisión que le compete exclusivamente a ella y a su criterio de gobernabilidad. Lo que no debería de ser negociable para una democracia que arrastra una desconfianza ciudadana profunda, es la idoneidad ética de quienes ocupen cada cartera.

Ningún ministerio puede recaer en una persona que cargue cuestionamientos serios o sentencias que pongan en duda su proceder. No se trata de exigir perfección, sino de un mínimo innegociable: que cada ministro pueda presentarse ante el Congreso, ante la prensa y ante los ciudadanos sin tener que explicar denuncias pendientes.

Keiko Fujimori tiene la oportunidad de demostrar, desde el primer día, que entendió el mensaje de las urnas. Un Gabinete probo y capaz es la condición mínima para que la seguridad ciudadana, la prevención ante El Niño y el ordenamiento del Reinfo dejen de ser promesas de campaña y se conviertan en política de Estado. El país no pide colores partidarios. Pide manos limpias y capaces.