Esta realidad no solo evidencia una grave precariedad estructural, sino que también limita la capacidad del sistema penitenciario para cumplir adecuadamente sus objetivos de reeducación, rehabilitación y reinserción social. Un sistema penitenciario hacinado pierde control, y cuando el Estado pierde control dentro de los penales, quienes ganan espacio son las organizaciones criminales que operan desde su interior, planificando delitos como la extorsión y el sicariato.

Durante esta gestión hemos identificado que los mecanismos orientados al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios no se han utilizado con la intensidad que la situación exige. Por ello, el MINJUSDH presentará un Plan Nacional para el Deshacinamiento de Establecimientos Penitenciarios, orientado a destrabar los principales cuellos de botella del sistema: déficit de personal especializado, demoras administrativas y la coordinación con el Poder Judicial para resolver de manera célere la situación jurídica de los internos. En una primera etapa, este plan permitirá el egreso de más de 5 mil internos condenados a penas de hasta 5 años, bajo criterios estrictos de evaluación y control.

Sin embargo, es importante ser absolutamente claros: el deshacinamiento no significa liberar delincuentes peligrosos ni poner en riesgo a la ciudadanía. El enfoque del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es técnico y responsable. Se centra exclusivamente en internos primarios, condenados por delitos de mínima lesividad, que no representan un riesgo para la seguridad pública, aplicando estrictamente los mecanismos legales vigentes, como la sustitución y conversión de penas, los beneficios penitenciarios y la redención de pena.

Pero, sobre todo, se trata de una medida necesaria para fortalecer la seguridad ciudadana. Reducir el hacinamiento permitirá una mejor clasificación de internos según su nivel de peligrosidad, un mayor control y vigilancia efectiva, así como un uso más eficiente de los recursos del Estado. Esto permitirá cerrar espacios al crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios. En otras palabras, este plan no debilita la seguridad: la fortalece.

Por ello, desde el MINJUSDH convocamos a todas las instituciones del sistema de justicia, así como a la sociedad civil, a sumarse a esta política pública responsable, que busca un equilibrio claro entre el respeto a la ley, la eficiencia del sistema y la protección real de los ciudadanos.

Es hora de poner los pies en la tierra para unos; hora de serenar y templar el espíritu para otros, a la luz inequívoca del umbral electoral que tendrán que superar en las elecciones del próximo domingo.

No será tan sencillo exhibir como resultado el 5% de los votos válidos más tres senadores y siete diputados por bancada, para tener presencia en el Congreso.

Si traen detrás de sí una organización política nacional estructurada, quizás no tengan que preocuparse demasiado. Por el contrario, la sola aventura y audacia de crecer en un par de semanas como la espuma en intención de voto no es nada del otro mundo en el Perú, pero termina por no ser suficiente a la hora de toparse con el nuevo umbral del 5%, que no es cualquier cosa y que opera como un lavado de cara del sistema electoral.

De aquí al cierre de campaña de cada organización política y cada candidatura, nada estará finalmente dicho hasta la contabilidad definitiva de la ONPE.

Entre las 7 a.m. y las 5 p.m. del domingo 12, en su único momento de mayor poder cada cinco años, el elector peruano reemplazará su quebradero de cabeza de por quién y por quiénes votar por la incertidumbre que traen consigo los elegidos a los que conoceremos, por sus actos y omisiones, en las nuevas arenas del poder político.

Quien selle, por último, el triunfo y la derrota de unos y otros será el umbral electoral del 5%. Valga la reiteración: no serán más de siete partidos los que lo superen.

Es el cuello de botella con el que de pronto se contrapesa el abanico abierto a una treintena de candidatos a la presidencia y a cientos de candidatos a senadores y diputados, a los que la nefasta fragmentación política ha puesto en la más caótica antesala de suspenso del poder político conocida hasta hoy.

Un umbral electoral realmente efectivo tendría que ser aquel que, desde un comienzo y no al final como ahora, delimite la participación de un sistema de no más de diez partidos.

Pudimos haber llegado a la votación presidencial y parlamentaria del 2026 con un sistema electoral realmente reformado, en la perspectiva también de un revitalizado sistema de partidos. Lamentablemente tenemos apenas, con remiendos mínimos, el mismo sistema electoral que exhibió, flagrantemente, todos sus vicios e ineptitudes en las elecciones del 2021.

Salvo contadas excepciones de partidos políticos con liderazgos, estructura y representación nacional, los demás, en su mayoría, a las justas se movilizan como ONG improvisadas y sus promotores como boletos de suerte en las intenciones de voto y en las elecciones propiamente dichas.

La evidencia es contundente: alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes notificadas globalmente provienen de animales, y el 75% de los más de 30 nuevos patógenos humanos detectados en las últimas tres décadas tuvieron origen animal. Cuando los ecosistemas se degradan, cuando la deforestación avanza y cuando el cambio climático altera la distribución de los mosquitos y otros transmisores de enfermedades, aumentan también las oportunidades para que nuevos patógenos crucen barreras biológicas y se conviertan en amenazas humanas.

La ciencia que sostiene el enfoque “One Health” es, por definición, multidisciplinaria; articula la epidemiología, la ecología, la medicina veterinaria, la microbiología, la genómica y las ciencias ambientales y sociales. Recurre, además, a herramientas como la secuenciación genómica para rastrear patógenos, los modelos predictivos para anticipar brotes, la vigilancia integrada y el análisis de datos y costos para mejorar la toma de decisiones públicas. En esencia, propone dejar atrás una respuesta meramente reactiva, basada en herramientas sanitarias tradicionales, para avanzar hacia una gestión preventiva, predictiva e interdisciplinaria del riesgo.

La expansión del dengue, por ejemplo, no depende de un solo factor, sino de la interacción entre las lluvias, el almacenamiento de agua, el saneamiento deficiente, las altas temperaturas, la urbanización desordenada y la presencia del mosquito vector. Tanto el dengue como la chikungunya y el zika están vinculados principalmente a mosquitos del género Aedes. Otras infecciones virales emergentes, más focalizadas, como la fiebre de Oropouche o la fiebre de Mayaro, se asocian a otros vectores y a ecosistemas selváticos o bosques húmedos tropicales; en el caso de Oropouche, sobre todo a jejenes, y en el de Mayaro, principalmente a mosquitos silvestres.

La leptospirosis ofrece otro ejemplo preocupante. Esta enfermedad bacteriana se transmite por contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, y su riesgo aumenta tras lluvias intensas e inundaciones. Este marzo, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica tras registrar 1.045 casos y cinco defunciones en el país. Estas alertas nos recuerdan que los actuales problemas sanitarios ya no pueden enfrentarse con respuestas fragmentadas; exigen vigilancia integrada, diagnóstico oportuno y coordinación real entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. Aunque el país ha avanzado en mecanismos multisectoriales para abordar las zoonosis –es decir, las enfermedades transmitidas por animales–, incluida una comisión multisectorial permanente creada en el 2019, seguimos lejos de la capacidad de anticipación y respuesta necesaria para enfrentar con solidez una nueva pandemia como la del COVID-19.

Lamentablemente, el Perú invierte en investigación y desarrollo menos del 0,2% de su PBI, una cifra que revela una debilidad estructural y presupuestal que se traduce en menos laboratorios, menos infraestructura científica, menor masa crítica de investigadores y una capacidad limitada para anticipar brotes, responder a nuevas amenazas y proteger inteligentemente su diversidad biológica. Un país que invierte tan poco en la generación de conocimiento se vuelve más vulnerable, incluso cuando posee grandes ventajas naturales. Por ello, el Perú necesita consolidar una estrategia nacional de “Una sola salud” con metas claras, presupuesto sostenido, laboratorios fortalecidos, interoperabilidad de datos, vigilancia integrada, control activo de vectores, mapas territoriales de riesgo y una coordinación mucho más efectiva entre salud, ambiente, desarrollo agrario, producción, universidades y gobiernos regionales.

Exige también fortalecer al Concytec y lograr que su Comisión Consultiva y su Comisión Multisectorial, creadas en el 2021, no solo existan formalmente, sino que operen con continuidad, capacidad de incidencia y resultados verificables como instancias de articulación entre conocimiento científico, la formulación de políticas y la acción intersectorial del Estado. No bastará con construir más hospitales si seguimos llegando tarde a emergencias sanitarias que pudieron anticiparse y prevenirse mejor.

El banco ha publicado lo que considera “la primera guía completa sobre política industrial para el desarrollo en el siglo XXI”. El análisis contenido en esta nueva guía extensa dista mucho del de su influyente reporte de 1993 sobre el milagro del este asiático. Ese estudio concluyó que “la promoción de sectores específicos no ha dado buenos resultados en general y, por lo tanto, ofrece pocas perspectivas para otras economías en desarrollo”.

Según el Banco Mundial, el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas y ahora hay historias de políticas industriales exitosas. Por ejemplo, la educación ha mejorado notablemente, la inflación es menor y las economías están más globalizadas que antes. Supuestamente, eso hace que las políticas industriales puedan funcionar bien.

Quizás no con la misma confianza en que los promotores de la política industrial japonesa insistían en los ochenta que otros países la copien –justo antes de que Japón colapsara–, el Banco Mundial ahora favorece más de una docena de medidas tan diversas como la creación de los parques industriales, los aranceles y los subsidios a la demanda o a las exportaciones.

No es que el banco se ha olvidado del récord de fracaso que la política industrial ha dejado. Es que su nueva defensa de tales políticas es más matizada que aquella de otros entusiastas. Según el banco, la política industrial funciona mejor cuando el mercado interno es grande y la política fiscal recauda impuestos ampliamente y tiene acceso a mercados de capitales. Se requieren “agencias ejecutoras responsables y competentes, al margen de la política y de las presiones de los grupos de interés”.

Esas condiciones me hacen recordar la pregunta de Milton Friedman: “¿Qué pensarías de alguien que dijera: ‘Me gustaría tener un gato, siempre y cuando ladrara’?”. El reporte del banco no convence porque en países donde el Estado de derecho es débil, como el Perú, las condiciones para una política industrial supuestamente exitosa no se dan.

Esas condiciones ni siquiera son suficientes para hacer funcionar la política industrial en Estados Unidos. La política industrial fracasa debido a problemas que el Banco Mundial no resuelve porque no se pueden resolver. El gobierno no tiene mejor talento o información que el sector privado como para elegir a los ganadores en el mercado. La intervención en el mercado distorsiona las decisiones económicas, haciéndolas menos eficientes y produciendo pérdidas de bienestar general que muchas veces los estudios no miden. Las inversiones se deciden con base en consideraciones políticas y no económicas, perjudicando así a los consumidores y a las empresas competidoras que no reciben tratos favorables. Cuando empiezan a fracasar las industrias favorecidas por culpa de la política industrial, la respuesta frecuentemente es gastar más en ellas o protegerlas a través de otras medidas perjudiciales para la economía.

Uno de los éxitos de política industrial que el reporte nuevo del banco resalta en su resumen ejecutivo es aquel del apoyo de Corea del Sur en los setenta a la industria pesada y química. Pero el texto en el interior del reporte llega a admitir lo siguiente: “Si el gobierno hubiera abierto la economía por completo, en lugar de aplicar una política industrial mediante exenciones a determinadas empresas, el crecimiento podría haber sido aún más rápido y los sectores seleccionados podrían haber surgido por sí solos”.

El Banco Mundial siempre ha sido una agencia politizada. Esa realidad lo manifiesta su estudio nuevo en tiempos en que la política industrial está de moda con los gobiernos que son donantes al banco o recipientes de sus fondos.

Primero, la persona: no es un aspecto menor. Gobernar implica decidir en contextos donde no hay respuestas correctas, sino decisiones que deben sostenerse en el tiempo. Aristóteles definía la prudencia como la capacidad de juzgar bien en situaciones concretas.

No es teoría, es criterio aplicado: decidir qué hacer, cuándo y con qué consecuencias. En política, esa es la diferencia entre administrar y gobernar. Porque gobernar implica decidir bajo incertidumbre y asumir costos. De esta forma, en política, esa prudencia se traduce en criterio, integridad y trayectoria. Cuando esa capacidad no está, el gobernante no decide, delega (indefinidamente). Y cuando delega sin control, deja de gobernar. Por eso, más que propuestas, lo que debe evaluarse es si un candidato ha demostrado ese juicio en la práctica.

Segundo, la experiencia real: gobernar no es un ejercicio declarativo. Es una práctica que exige coordinar actores, priorizar con recursos limitados y sostener decisiones bajo presión. Por eso, la experiencia en gestión pública y, sobre todo, lo que se logró con ella, no es un detalle.

La pregunta no es si alguien “ha estado” en el Estado, sino qué decisiones tomó, en qué contextos y con qué resultados. Pues no es lo mismo haber estado (o pasado) por el Estado que haber sabido gobernarlo. No es lo mismo administrar inercias que conducir cambios ni ocupar cargos, que ejercer poder; por lo mismo, la trayectoria no debe entenderse como un activo suficiente en si mismo. Como ha señalado Fukuyama, el principal problema de los Estados no es la falta de ideas, sino la falta de capacidad para ejecutarlas. Sin esa capacidad, incluso las mejores decisiones quedan en el papel.

Además de ello, y es claro no olvidar que no toda experiencia es equivalente, existe una diferencia sustantiva entre la experiencia política, vinculada a representación, debate o producción normativa, y la experiencia de gestión, que implica ejecutar, implementar y sostener decisiones en el tiempo.

Tercero, la capacidad de gobierno: este es, probablemente, el criterio menos visible y el más determinante. No basta con proponer; hay que entender qué implica hacer que algo ocurra. Gobernar no es anunciar decisiones, es producir resultados en sistemas complejos.

La evidencia en gestión pública, como muestran Andrews, Pritchett y Woolcock, es consistente: el principal desafío no está en las ideas, sino en la capacidad de implementación. Es decir, en cerrar la brecha entre lo que se promete y lo que efectivamente se ejecuta.

Esa brecha se observa con claridad en los temas que dominaron el debate:

En seguridad, plantear “más policías” supone reclutar, formar (lo que toma años), asignar, desplegar con inteligencia y coordinar con el sistema de justicia. Si uno de esos eslabones falla, el resultado no cambia. De hecho, cada año egresan miles de efectivos, pero una proporción similar pasa al retiro. Sin una estrategia de crecimiento real, no se incrementa la capacidad, se reemplaza.

En educación, ampliar becas, incluso a nivel de posgrado, puede resultar atractivo. Pero implica decisiones presupuestales concretas en un contexto de recursos limitados. Cada expansión compite con infraestructura, formación docente o educación básica.

El problema es que muchos niños no logran siquiera los aprendizajes fundamentales en primaria. Sin esa base, comprensión lectora, matemáticas básicas, el resto del sistema no se sostiene. Ampliar oportunidades al final del camino, sin asegurar que más niños puedan recorrerlo desde el inicio, tiene efectos necesariamente acotados.

En productividad, el énfasis en el emprendimiento se repite. Pero el problema en el Perú no es la falta de iniciativa, sino la dificultad de crecer, formalizarse y sostenerse.

Esto no se resuelve únicamente lanzando más programas o fondos. Sin cambios en las condiciones que enfrentan las empresas, acceso a financiamiento, regulación, productividad laboral, articulación con mercados, el resultado no varía. El desafío no es crear más iniciativas, sino hacer que las existentes puedan escalar.

Y en corrupción, la promesa de una “lucha frontal” carece de contenido si no se traduce en decisiones concretas: sistemas de control que funcionen, reglas claras, incentivos alineados y capacidad real de sanción.

La corrupción no se reduce con declaraciones, sino cerrando espacios de discrecionalidad y fortaleciendo las instituciones que previenen, detectan y sancionan. Sin eso, el discurso de integridad se mantiene en el plano declarativo.

Como ha insistido la OCDE, las reformas no dependen solo de buenas ideas, sino de capacidades, recursos y tiempo. Es decir, de todo aquello que rara vez se explicita en campaña.

Cuarto, la capacidad política: ningún presidente gobierna en el vacío. En contextos fragmentados, la viabilidad de cualquier decisión depende de la capacidad de construir acuerdos. Sin ella, incluso agendas técnicamente sólidas quedan bloqueadas o se diluyen en la negociación. Pero el extremo opuesto también es problemático. Gobernar no es ceder sin criterio, sino negociar sin perder dirección. Porque cuando todo se negocia, el gobierno deja de conducir y pasa a reaccionar.

Esa tensión, entre viabilidad y convicción es, en la práctica, el núcleo del ejercicio del poder.

Finalmente, elegir también es una forma de gobernar: no decidir, votar en blanco o viciado, no es neutral; es renunciar a incidir en el resultado. Pero decidir sin criterio tampoco es inocuo.

Elegir en función de carisma, cercanía o desempeño comunicacional puede resultar comprensible, pero no es suficiente. En el Perú, más de una vez se ha votado por quien mejor comunica, para luego exigirle capacidades que nunca demostró tener.

Esa brecha, entre lo que se valora al elegir y lo que se necesita para gobernar, explica buena parte de nuestras frustraciones recurrentes.

Durante años se han avalado, por acción o por omisión, decisiones que hoy pasan factura, gobiernos que no se sostienen, liderazgos que caen y prácticas que han erosionado la institucionalidad. Ese deterioro no es casual.

A los jóvenes: no se retiren. Este país también es suyo. Votar no es solo un derecho, es una forma de decidir el futuro que van a construir. Hoy el desafío es doble, de ustedes, participar con criterio, esperanza y compromiso; y de quienes hoy tienen responsabilidad pública, abrir espacios y sembrar condiciones para el cambio. Porque el futuro no se espera. Se decide y se construye; y les tocará liderarlo.

Las jornadas de debates, dado el alto número de participantes y el formato elegido, estaban destinadas a tener un impacto muy limitado. Sin embargo, en un contexto de alta indecisión, de identidades partidarias prácticamente inexistentes y de alta fragmentación, pequeños impactos tuvieron efectos significativos. Así, en el tramo final de la campaña, Carlos Álvarez, Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello lograron meterse en la pelea. Álvarez parecía estancado, pero creció sobre la base de aparecer como el candidato que encarna lo nuevo, el ‘outsider’ cercano a los ciudadanos, buen comunicador, que recoge las demandas por seguridad, la más importante para los electores. Álvarez creció mucho en Lima, capitalizando, aparentemente, votos perdidos por López Aliaga. Belmont también destaca como comunicador, habría crecido en Lima, pero a diferencia de Álvarez llama la atención un desempeño relativamente parejo a nivel nacional; no olvidemos que en los últimos años Belmont tejió relaciones con redes vinculadas a Perú Libre y a Pedro Castillo. De otro lado, Nieto y Pérez Tello crecieron sobre la base de votantes limeños, jóvenes, urbanos y sectores socioeconómicos más altos. Otros, que venían en alza, ralentizaron esa dinámica por un desempeño gris, como el de Alfonso López Chau.

Ahora, el crecimiento súbito consecuencia de la visibilidad que otorgan los debates y la reproducción de pequeños videos en las redes sociales debe ser capaz de sostenerse sobre bases más sustantivas: en semanas anteriores, Wolfgang Grozo y César Acuña parecían levantar sobre la base de algún impacto en redes sociales, para luego decaer. Tendencias que hasta el domingo parecían tener una pendiente muy inclinada podrían caer esta semana en la que está prohibido difundir encuestas.

Con los datos disponibles, lo más probable es que Keiko Fujimori alcance nuevamente la segunda vuelta electoral, con porcentajes similares a los obtenidos en el 2021. En un contexto de partidos extremadamente precarios, destaca la persistencia de la identidad fujimorista, a pesar de tener, simultáneamente, el mayor rechazo entre los ciudadanos en general. Esta aparente paradoja permite entender por qué grupos que generan amplio rechazo lograrán representación política: podría ser el caso de Alianza para el Progreso, sobre la base de un bastión regional en la costa norte. De los grupos actualmente representados en el Congreso, solo tienen opciones de sobrevivir aquellos que lograron anclarse en identidades sólidas, aunque fueran minoritarias: el fujimorismo, el votante conservador de Renovación Popular, la herencia castillista de Juntos por el Perú.

A pocos días de las elecciones, empieza a circular cierto ánimo derrotista: en la derecha porque se teme que un candidato de izquierda se “cuele” en la segunda vuelta, repitiéndose el escenario del 2021. En la izquierda, porque la propuesta de Venceremos nunca despegó, porque la candidatura de Sánchez no alcance la segunda vuelta o porque una postura más moderna como la de López Chau se despinte en el tramo final. Y desde el centro, porque puede ocurrir que ninguna de sus variantes alcance representación en el Congreso. La culpa no es de los votantes, sino de la incapacidad para generar propuestas convincentes por parte de los partidos, lo que dice mucho de la distancia entre nuestras élites y la ciudadanía.

Antes de continuar, vale decir lo siguiente. En las últimas décadas, debido a las reformas de apertura de la economía y al impulso del libre mercado (el ‘albertismo’ de la primera hora, para ser justos), en el Perú emergió una clase media potente, de origen provinciano, con voto y propiedad y con un pie en la informalidad (y algunas veces en la ilegalidad). Estas clases medias emergentes y populares se extendieron en los mal llamados conos, a los que hoy –con justicia– se les denomina “las Limas” (y así sucede en las regiones). Es cierto que la pandemia del COVID-19 (y sobre todo la gestión de los gobiernos respectivos) ralentizó el crecimiento de la economía y debilitó a esta clase media emergente; sin embargo, a pesar del golpe, aún mantiene su fuerza debido a su enorme informalidad (la cual es difícil calcular).

Así, el gran drama de la gobernabilidad nacional no solo es el uso (o abuso) del poder político por parte del Congreso o el Ejecutivo, la guerra de religiones de los ‘antis’ o la compleja arquitectura para lograr pactos políticos de largo aliento; sino, sobre todo, que este mundo popular y emergente no tiene una clara representación en la política nacional de hoy. Es decir, los partidos –realmente existentes– aún no han logrado representar políticamente a este mundo emergente y popular, a sus instituciones, a su cultura, a sus demandas y a sus aspiraciones. El gran drama de hoy es que la política no se encuentra con la nueva sociología nacional. Allí está el problema –digamos– sociológico/político de la nación en marcha.

Las elecciones presidenciales son el mejor termómetro de toda la aproximación anterior. Si uno observa bien, no hay proyectos políticos sostenibles sin el apoyo electoral del mundo popular y emergente. El ‘albertismo’ de la primera hora, como el propio ‘castillismo’ del 2021 (que ganó en los sectores D y, sobre todo, E) son prueba de lo que sostengo. Y si uno ve más atrás, el aprismo fue el primer partido que representó durante décadas al mundo emergente luego de la mal llamada República Aristocrática, pero esa paleontología política es harina de otro costal.

Ahora bien, ¿qué hay allí donde hablamos de mundo popular y emergente? Hay instituciones, hay familia, sentido del orden, mercado (mercantilismo también) y capitalismo (salvaje, muy salvaje). Hay tradiciones también, hay comunitarismo y no comunismo. Miren Huancayo, Puno, regiones inentendibles sin la familia, el mercado o la propiedad. Hay –como decíamos arriba, instituciones populares–, si cabe la palabra, un conservadurismo, pero sociológico. En la visión de una parte del marxismo se dice que hay una “izquierda popular” –sucede igual con lo de “derecha popular”– cuando lo que hay es un conservadurismo no ideológico, no político, sino sociológico.

Ese mundo popular y emergente, con sus instituciones populares, esa nueva sociedad sin representación política nítida, está hoy en disputa electoral en el marco de la campaña presidencial. Hoy la demanda principal es la seguridad, el orden y la certidumbre frente a un país desorganizado. Quizá en el fondo la demanda es por un proyecto de modernidad nacional-estatal, pero sin decirlo de esa manera.

Pero el principal desafío de los partidos existentes no es solo ganar las elecciones presidenciales con el apoyo de ese mundo popular y emergente, sino de representar en el futuro mediato. Ese es el reto para la gobernabilidad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Campaña para que la ciudadanía practique cómo votar

A solo unos días de los comicios, El Comercio y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vuelven a salir hoy a las calles de Lima para seguir con su campaña informativa para que la ciudadanía ensaye su voto en una cédula electoral y así sepa cómo marcar correctamente en esta en el proceso del domingo 12. La cita de hoy será a las 10 a.m. en el parque Kennedy (Miraflores). En marzo, la campaña se realizó en lugares concurridos de Surco, La Victoria y el Centro de Lima.

🟢 El llamado a la paz del papa León XIV

En su primer mensaje de Pascua, el papa León XIV impartió la bendición ‘urbi et orbi’ con un llamado a la paz y la condena de la guerra, pero sin mencionar un conflicto en particular, rompiendo con una tradición de usar esta ocasión para llamar la atención sobre focos de tensión internacional. En cambio, el Papa optó por un enfoque global e instó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra. Sin embargo, sí convocó a una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro. Será el sábado 11.

🔴 El incremento del costo de los fertilizantes

La agroindustria peruana pasa por un momento complicado debido a una serie de factores que han llevado a que el precio de los fertilizantes aumente considerablemente. Por ejemplo, en lo que va del 2026, el costo de la urea, el principal fertilizante usado en el país, se ha incrementado más del 77%, llegando a US$687,50 la tonelada. El alza se ha dado por una combinación de presiones globales que se han intensificado en los últimos meses, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Conviene recordar qué defendía Pérez cuando era fiscal. Sostenía, con vehemencia, que sus investigaciones contra Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y empresarios en el marco del Caso Lava Jato eran estrictamente técnicas, libres de sesgo ideológico. Quienes cuestionaban sus acusaciones eran tildados de obstruccionistas. Ahora, al abrazar la causa de un presidente que intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de facto –y al ponerse del lado de un golpista convicto–, Pérez se pinta de cuerpo entero. Ya no hay ambigüedad posible.

La gravedad de esta decisión trasciende lo personal. Cada investigación que Pérez condujo como integrante del equipo especial Lava Jato queda ahora contaminada por una sombra de parcialidad. Si el fiscal que persiguió al fujimorismo con singular ferocidad resulta ser un simpatizante del castillismo que considera “secuestrado” a un golpista sentenciado, ¿cómo no cuestionar la objetividad con la que llevó esas causas? No se trata de absolver a los investigados ni de negar posibles delitos, sino de reconocer que la credibilidad del persecutor importa tanto como la del acusado. Pérez ha dinamitado la suya.

Desde este Diario, en su momento, se defendió que los fiscales del equipo especial pudieran continuar sus investigaciones cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó removerlos arbitrariamente. También, sin embargo, advertimos que la caída del juicio por el Caso Cocteles era previsible: la acusación tuvo defectos graves, no se especificaban los delitos atribuidos a cada imputado, se elaboraron tesis sin asidero y se mancharon honras en el camino. Se reconoció el valor del trabajo anticorrupción, pero también los excesos de quienes lo conducían.

Es cierto que todo abogado tiene derecho a elegir a sus clientes. Nadie discute ese principio. Pero la elección no ocurre en el vacío: dice algo sobre quién la toma. Cuando el exfiscal que investigó a políticos como Keiko Fujimori o Alan García elige como primer cliente a un expresidente golpista, cuando lo llama “secuestrado” y promete luchar por su libertad, y cuando declara que él también es “víctima de la mafia que gobierna las instituciones”, no está ejerciendo simplemente la abogacía: está haciendo declaraciones políticas que confirman las sospechas que pesaban sobre sus motivaciones.

Pérez decidió ayer dinamitar la labor del equipo especial Lava Jato y cualquier atisbo de imparcialidad que podía mantener en las investigaciones que realizó. Con sus actos se ha terminado de quitar la careta. Queda claro ahora, con la elección de su más reciente defendido, que sus acusaciones no estuvieron nunca libres de sesgos ideológicos.

Un ejemplo sobre esto es EsSalud, entidad que continúa desaprovechando recursos en lugar de abandonar arreglos institucionales y prácticas ineficaces. Cerca del 50% de los asegurados en EsSalud no se atienden en sus centros de salud y, aun así, hay colas y racionamiento de servicios y medicamentos. En 2026, su presupuesto fue de S/17,400 millones, pero sus asegurados gastan de su bolsillo en atención de salud y medicamentos un aproximado de S/6,100 millones (el equivalente al 35% del presupuesto total de EsSalud). En ese sentido, EsSalud ha fracasado en dar protección financiera a sus afiliados.

El apartado organizacional y prestacional, y la asignación de recursos humanos y presupuestales, son ineficientes. EsSalud solo tiene el 12% del presupuesto y el 16% del personal en el primer nivel de atención, cuando en ese nivel se debe responder al 70% de las enfermedades. Los hospitales de nivel III que deberían cubrir 10% del total de pacientes con atenciones de complejidad alta, poseen el 49% del presupuesto y el 43% del personal. Por otro lado, la sostenibilidad financiera está en rojo: El estudio actuarial de la OIT EsSalud señala que la proyección a partir de 2023 enfrenta costos unitarios mayores a los ingresos unitarios. Esta situación, determina más tiempos de espera para la atención ambulatoria y cirugías, y una menor disponibilidad de medicamentos.

En tanto, la corrupción es el flagelo número 1 en EsSalud: de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, de 2,928 entidades públicas a nivel nacional, la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) tiene 87 puntos sobre 100 en nivel de corrupción, mientras que el Seguro Social de Salud ESSALUD (Lima) asciende a 86.2 puntos, siendo estos centros los que lideran el ranking de mayores riesgos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional.

Maquillajes de gestión no van a resolver el problema actual. Se requiere un cambio de timón drástico: la separación de roles de financiamiento y provisión es urgente. Se sugiere que la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFA-EsSalud) administre el fondo de salud, multiplicando el dinero vía inversiones y comprando servicios de calidad a prestadores al menor costo posible, a través de contratos que use mecanismo de pagos, con metas de atención y resultados sanitarios. Este proceso promueve un mercado competitivo y regulado donde los prestadores ofertan servicios de calidad y controla costos de producción. Las redes de salud tendrían que organizarse en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), bajo diversas modalidades de gestión y abriendo la opción de alianzas público-privadas. Finalmente, se debe iniciar el proceso de cambios con un cronograma corto sobre la base de la legislación vigente del DS-010-2016, que establece la separación de roles de financiamiento y provisión. El sueño es posible: construir una seguridad social resiliente y eficaz que, de resultados sanitarios, asegure satisfacción del usuario y protección financiera plena.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Locales de votación en Lima y el Callao

Para las elecciones del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitará un total de 2.260 locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría estará en instituciones educativas y universidades. Los que más mesas de sufragio tendrán son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 100, y la Universidad Ricardo Palma, con 80. En el Callao, los centros con más mesas son el estadio Campolo Alcalde (La Perla), con 46, y la Universidad Federico Villarreal (local F01L01 ), con 42.

🟢 Mayor alcance de campaña contra infractores

La campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, extendió el alcance de su sistema de papeletas ciudadanas en las principales carreteras del país en un contexto marcado por el movimiento vehicular de la Semana Santa. Además de reportar la invasión del carril de emergencia, ahora se podrá denunciar cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito en vías nacionales como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central. Las denuncias se canalizan en el WhatsApp 937714189.

🔴 El Perú pierde más médicos de los que recibe

Un estudio publicado en “International Journal of Health Governance”, que siguió a más de 68.000 médicos entre 1994 y el 2021, evidencia un gran problema para el Perú: desde el 2016 salen más médicos que los que llegan. En el período 2019-2021, el déficit neto incluso llegó a 427 profesionales. Lo peor es que la tendencia no se habría detenido. En el 2023, España, principal destino de los médicos peruanos, homologó un récord histórico de 8.747 títulos médicos extranjeros, un 179% más que en el 2017.

No es un problema de transporte. Es un sistema basado en la probabilidad de salir impune. Solo en el 2025 fallecieron 3.000 personas en nuestras pistas, superando significativamente los homicidios. En el 2026, los accidentes de tránsito siguen liderando las causas de muerte. Y, sin embargo, ningún candidato presidencial tiene en su plan de gobierno el transporte como prioridad.

Este caos no es un accidente: es un sistema sostenido por la falta de visión del Estado, que no entiende que un sistema de transporte es mucho más que solo construir vías rápidas y asfaltar calles. Un sistema moderno requiere, además de infraestructura de primer nivel, seguridad vial, gestión inteligente del tránsito, conductores mejor formados, fiscalización efectiva y tecnología aplicada a la movilidad. Pero para que el sistema de transporte funcione se requiere, además, de un Estado eficiente y con visión, de la participación del sector privado y de los ciudadanos. Con la altísima tolerancia social que hay a la corrupción y a la mediocridad del Estado, y con la ausencia de sanción efectiva, no hay incentivos para mejorar. Recordemos cómo un hoy candidato presidencial lanzó la ampliación de la Vía Expresa sin considerar los ‘by-pass’ necesarios, los puentes peatonales ni una vía para el Metropolitano. ¡Y es aplaudido!

Cada año ocurren entre 80.000 y 87.000 accidentes de tránsito con decenas de miles de heridos. No hay mejora estructural en la última década. Antes de la pandemia, la tendencia era al alza. En el 2020, las cifras cayeron porque el país dejó de moverse y luego el número de accidentes regresó a donde estaba. No es ignorancia. No es falta de normas. Las causas están identificadas: imprudencia del conductor, exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad. Es decir, comportamiento. Subirse a la vereda para avanzar más rápido. Cruzar en rojo porque “no viene nadie”. Manejar a alta velocidad porque saliste tarde. En un país donde no pasa nada.

Buena parte de los accidentes involucran vehículos de transporte público urbano cuya imprudencia y exceso de velocidad es conocida. Miles de combis y colectivos circulan sin autorización por pistas y carreteras, poniendo en riesgo a los pasajeros. Muchas tienen centenares de multas y hasta órdenes de incautación, pero siguen operando porque el control estatal es inexistente, y la corrupción, rampante. Transportistas que operan bajo la lógica de impunidad, pero que ahora exigen protección estatal cuando pasan a ser víctimas de los extorsionadores. Ahora sí quieren Estado. Pero la ley no puede aplicarse solo cuando me conviene. O nos comprometemos a exigir un Estado eficiente y a cumplir la ley, o seguiremos viviendo en tierra de nadie. Sin orden. En un equilibrio donde el más fuerte siempre gana, y el resto pierde.

Desde la Asociación Automotriz del Perú llevamos este tema al centro del debate. En ese mismo foro trasladamos preguntas directas sobre caos vehicular, seguridad vial, brecha de infraestructura y reforma del sistema de transporte. Hubo respuestas y propuestas, sí, pero en términos generales quedó la sensación de que, salvo algunas menciones puntuales, el problema sigue siendo tratado con diagnósticos amplios, propuestas gaseosas y compromisos aún insuficientes para responder a la magnitud de la crisis. El país no necesita más frases correctas sobre movilidad; necesita una hoja de ruta clara, con plazos, responsables, financiamiento y decisión política. Esa es la diferencia entre reconocer un problema y querer resolverlo de verdad.

Seguir minimizando este tema ya no es solo una omisión; es una irresponsabilidad. El Banco Central de Reserva del Perú ha advertido que la congestión vehicular en Lima hace que una persona pierda en promedio S/3.800 al año por el tiempo desperdiciado en sus desplazamientos, y que, al sumar ese impacto sobre la población ocupada, la pérdida asciende a cerca de S/20.000 millones, alrededor del 2% del PBI. Pero sería un error seguir creyendo que esta es una crisis exclusiva de la capital. El TomTom Traffic Index 2025 confirma que el problema golpea también a otras ciudades del país. Tenemos a Lima que pierde 195 horas al año en hora punta; Arequipa, 154 horas; y Trujillo, 130 horas. Es decir, no estamos frente a una molestia urbana más, sino ante un problema nacional que drena productividad, deteriora la calidad de vida y le arrebata a millones de peruanos tiempo que deberían dedicar al trabajo, al estudio, al descanso o a sus familias.

Y si ampliamos la mirada a Lima y Callao, el golpe es todavía mayor. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional ha advertido que la congestión genera pérdidas anuales por S/27.691 millones, una cifra que por sí sola retrata la enorme factura económica del desorden vial. Pero reducir este problema al dinero sería quedarse solo en la superficie. También estamos hablando de salud y de vidas humanas. La EPA de Estados Unidos estimó que en Lima y el Callao la exposición a PM2.5 provoca más de 10.000 muertes al año, en una ciudad donde el transporte es una de las principales fuentes de contaminación. Y, además, está la tragedia diaria de la inseguridad vial. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 el Perú registró 3.002 muertes y 56.747 lesiones por siniestros de tránsito; es decir, más de ocho fallecidos y 155 heridos por día. Por eso, el transporte no puede seguir siendo tratado como un asunto secundario ni sectorial; es economía, sí, pero también salud pública, seguridad, bienestar y calidad de vida.

Por eso ya no basta con decir que se harán obras. El Perú necesita continuidad, ejecución y autoridad. No podemos seguir postergando proyectos estructurales ni conformándonos con soluciones fragmentadas. La propia ATU aprobó en diciembre del 2025 el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, que contempla cerca de 200 proyectos para 11 millones de habitantes y proyecta, al 2030, la operación de la Línea 2, el ramal de la Línea 4 y una red de más de 200 kilómetros de corredores preferenciales para buses. Es decir, el país ya tiene una base técnica sobre la mesa. Lo que falta no es diagnóstico; lo que falta es voluntad para ejecutar, articular y sostener una reforma seria.

El próximo gobierno tiene que asumir, de una vez por todas, que el tránsito y el transporte terrestre deben estar al nivel de la salud, la educación y la seguridad dentro de las prioridades nacionales. Porque no se trata solo de mover vehículos, sino de mover personas, oportunidades, estudio, producción, trabajo y desarrollo. Lo verdaderamente inaceptable no es que el problema exista; lo inaceptable es que la política siga administrándolo con indiferencia, como si pudiera esperar. El Perú no puede seguir retrocediendo ni resignándose a vivir atrapado en el caos. Lo que se requiere es una reforma integral, con infraestructura suficiente, gestión eficiente del tránsito, fiscalización real, renovación del parque vehicular y un sistema de transporte público moderno, seguro, eficiente y sostenible. Y lo necesitamos ahora.

Álvarez –y parte de su partido– no han estado en ninguno de los poderes del Estado durante los últimos cinco años. Vienen de ‘afuera’ del sistema. Se podría decir que es una especie de ‘outsider’ cultural, alguien que ha construido notoriedad a partir del humor, y que ahora busca traducir esa cercanía en capital político.

En un contexto de hartazgo, las personas no necesariamente buscan al mejor preparado, sino al más cercano. Alguien que sienten que es como uno. Y aquí el humor juega un rol clave: hace que la gente baje sus defensas, humanice al personaje y reduzca la distancia con este.

Pero el humor, por sí solo, no explica el fenómeno. Si uno revisa las propuestas de Álvarez, notará que pone un gran énfasis en aquellas vinculadas con la lucha contra la inseguridad. Y en un país donde el miedo se ha vuelto pan de cada día, a muchos votantes no les importan las normas, los derechos humanos ni la resocialización del preso. Quieren mano dura, durísima.

Y es ahí donde Álvarez conecta con muchos votantes al proponer salirnos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte a los sicarios, extorsionadores, violadores de menores y feminicidas, cadena perpetua mientras no se pueda aplicar la pena de muerte, proteger al policía de los juicios que los defensores de los derechos humanos les abran al usar sus armas, resocialización solo para delitos menores, presos sin visitas ni beneficios y que trabajen para que se mantengan, etc.

Fíjense, no plantea medidas como un plan de reforma integral de la policía, sino medidas más concretas que aparentan que está dispuesto a enfrentar el problema sin matices (incluso sin matices de la actual legalidad). Y tal parece que, teniendo un bajo antivoto, viene convenciendo a los indecisos, sobre todo de derechas, de que él es una opción viable.

El crecimiento de Álvarez no se ancla en un partido sólido, no responde a una estructura territorial de bases ni arrastra un electorado ideologizado. Proviene de los indecisos, el voto en blanco, y los ciudadanos que no se sentían representados. Esta volatilidad explica por qué puede subir, pero también bajar rápido.

El verdadero reto ahora es dar un salto que muchos ‘outsiders’ no logran: pasar de ser solo una expresión de malestar, para volverse una opción de gobierno.

Álvarez tiene propuestas concretas a nivel de lucha contra la corrupción (reducción de la burocracia, muerte civil para funcionarios corruptos), educación (usar los millones de impuestos que se recaudan de las universidades societarias para triplicar Beca 18, becas por impuestos), salud (foco en salud mental, aborto en casos de violación, bajar cinco puntos la anemia hasta el 2031), crecimiento económico (destrabar obras sin corrupción, un Estado más pequeño pero con mejor gestión), tributación (ampliar la base tributaria, dos años de gracia antes de que la nueva empresa empiece a pagar impuestos), etc.

Pero para que la gente pase de conectar emocionalmente con el candidato a decidir entregarle el país, Álvarez necesita con urgencia mostrar un equipo de personas con capital político propio que lo acompañe. No puede seguir apareciendo solo. El votante puede tolerar que esté distanciado de su partido, pero no la sensación de improvisación total. Y ese equipo que lo acompañe debe poder profundizar sus propuestas en áreas como salud, educación, lucha contra la corrupción, crecimiento económico, tributación, etc.

El humor puede haberle abierto las puertas, pero difícilmente le alcanzará cuando el público deje de reír y empiece a evaluar.

Salvo error u omisión –algo que no se puede descartar en este mundo electoral tan inestable– la segunda vuelta será como la del 2016, pero con una derecha más a la derecha. Pero es evidente, como dicen los hípicos antes de cantar victoria: la carrera hay que correrla.

La pregunta de fondo es si este eventual nuevo gobierno de derecha será como el del 2016, o si las derechas con más sentido común que en esos años se ponen de acuerdo para cogobernar, porque parece evidente que ninguna fuerza tendrá mayoría absoluta en el Congreso, y la vacancia será siempre un fantasma. Todo indica que será autoritario y que su pasión por capturar el sistema judicial se mantendrá intacta. ¿No se abrirá un pequeño espacio durante la campaña de segunda vuelta para que los dos candidatos se comprometan a preservar algunos derechos democráticos fundamentales?

De los candidatos que vienen inmediatamente detrás se puede solamente colegir tres cosas: es muy difícil que alguno suba hasta el segundo lugar; disputarán bolsones muy parecidos; y, por último, la mayoría de ellos representa un ánimo democrático que en el Perú actual no pudo agruparse, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, y en el Perú en el lejano 1945, cuando se ensayó el Frente Democrático Nacional, que agrupó, con grandes tensiones internas, a fuerzas muy diversas, desde el Apra de entonces hasta variadas corrientes democráticas.

Una interrogante importante es la composición del Congreso. Las reglas para el Senado tienen el grave problema de que, al poner una valla muy alta, es factible, como ya lo han adelantado analistas varios, que cerca del 35% o 40% de los votos se licuen en favor de los seis o siete que pasarán la valla. Este grave problema le restará más legitimidad y representación democrática al Congreso.

El alto porcentaje que persiste en votar en blanco o nulo, que continúa indeciso o que afirma que no irá a votar, además de los 35 candidatos, demuestran que la crisis política sigue siendo muy profunda. En tales circunstancias, un grave desafío es: ¿cómo acercar la política a las preocupaciones y angustias de la amplia mayoría de peruanos?

Obviamente debemos proceder siempre teniendo en cuenta los valores cristianos como la justicia y la caridad, la vida y la paz, rechazando la injusticia y el odio, la muerte en todas sus dimensiones artificiales (suicidio, aborto, muerte asistida, etc.) y el conjunto de medidas ordenadas a pacificar la sociedad, combatiendo de verdad la corrupción administrativa, la delincuencia organizada, la extorsión y el sicariato, así como todas las otras acciones que desobedecen los mandamientos de Moisés.

Otra cita que viene a pelo: “Que os améis unos a otros; como yo os he amado” (Juan 13:34). Hay un tercer elemento que tiene un valor en la elección del voto político: la amistad, cuando va acompañada de los valores y responsabilidades del amigo. Es natural que entre dos candidatos uno elija a quien tiene más cercano, por parentesco, vecindad, compañerismo laboral o simpatía. No podemos objetar este argumento, salvo que el elegido por alguno de estos candidatos proponga un ideario materialista, marxista, anarquista, mentiroso o arbitrario, de tal manera que se anule él mismo por esas razones.

Creo que no me equivoco si añado que hay una diferencia clara entre quien tiene unos antecedentes de formación universitaria, de responsabilidad política concreta, de honradez demostrada a través de su trayectoria pública y quien es un arribista que cree que puede ser presidente porque arranca unos votos de una parte de la ciudadanía que no responde a una elección por el bien común sino al compadrazgo, el partidarismo ciego, el pago recibido, el interés de lograr un beneficio individual, la ignorancia, el desconcierto, o cuantas otras razones que hemos visto en el movimiento de las decisiones parlamentarias en los últimos años.

La campaña publicitaria de los candidatos deja cicatrices por el odio expresado por algunos postulantes y periodistas contra otros, las mentiras sobre el pasado del rival, la insistencia por denunciar un delito sin tener certeza que lo ha cometido o no, entre otras clases de engaños a la opinión pública para reducir los votos de los que van delante y subir a los que están en un segundo grupo o, ni digamos, a la cola del total de los candidatos. Una vez superada la elección hay que perdonar los agravios. Hay que pasar por alto a los intrigantes y acusadores inmorales. Es más, una vez terminada la segunda vuelta, todos deben pensar cuál es su papel en el nuevo poder político... o cuál es otro sector laboral en el que los perdedores pueden insertarse.

Como se titulaba una vieja película francesa que en su tiempo tuvo merecida fama: “Todos somos asesinos”. Pasemos la página. Pongamos, con sentido cristiano, el grano de arena que cada cual puede aportar por construir un Perú sin las lacras que estamos sufriendo, aprovechando nuestros recursos naturales para trabajar formalmente en el sector que nos toque. Solo así haremos patria.

Como era de esperarse, esto es mal que bien lo que se ha visto en los planes de gobierno, durante la campaña electoral y, más recientemente, en los debates de las semanas pasadas. La superficialidad en la discusión de políticas públicas, los insultos y los lugares comunes no son, por supuesto, materia exclusiva del presente ciclo electoral. Siempre han existido. Pero la proliferación de aspirantes a la presidencia ha agravado problemas endémicos.

Por ejemplo, de acuerdo con el informe del Instituto Peruano de Economía, publicado ayer en este Diario, ninguno de los partidos evaluados presenta propuestas mínimamente responsables con el equilibrio fiscal. Más bien, abundan las promesas de trenes, autopistas e incrementos injustificados de sueldos para trabajadores públicos. Otros, además, expanden el costo de su populismo al sector privado, con propuestas de aumentos enormes del salario mínimo y sobrecostos a la contratación formal. El destrabe e inauguración de innumerables obras públicas es una oferta constante; cómo pagar por todo ello está, en cambio, siempre ausente.

Si el Perú es de los países más insatisfechos del continente con el funcionamiento de su democracia, eso probablemente se debe en parte a que se ha perdido el respeto por la promesa al ciudadano. El número de candidatos a presidente que honestamente prefiere solo prometer lo que puede cumplir quizá se cuenta con una mano. Y cuando el futuro presidente, diputado o senador inevitablemente incumpla su ofrecimiento, la actual desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política y la democracia solo se volverá aún más amarga.

En estos últimos días de campaña lloverán aún más promesas entre improvisadas e irresponsables. Entrando al siguiente quinquenio con una caja fiscal más ajustada que antes, estos ofrecimientos no son juego. La mayoría de los candidatos hará todo lo que pueda para escalar posiciones en el apretado pelotón. Los ciudadanos estamos advertidos de que, si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente lo mejor sea dejarlo pasar.

La prohibición de publicar encuestas electorales, una norma anacrónica que increíblemente sigue vigente en el 2026, responde a un argumento paternalista: la idea de que los resultados pueden ‘influir’ en el electorado. Este punto de vista subestima la inteligencia y la capacidad de discernimiento de los ciudadanos, y les niega el derecho a conocer las últimas tendencias de intención de voto.

Como toda restricción obsoleta, esta es fácilmente burlada. En redes sociales, comenzarán a difundirse los tradicionales menús, en los que se darán a conocer los últimos precios del chancho al palo, el chijaukay, el cebiche playero o el tallarín rojo. El problema es que muchas personas no podrán distinguir con certeza cuáles de estos menús corresponden a encuestas reales, realizadas durante el período de veda informativa, y cuáles son pura invención y deseo de quien los difunde. Así, se consigue exactamente lo contrario de lo que se pretende: se impide que circule la información verificable y se deja vía libre a los rumores y datos falsos.

Los medios extranjeros seguirán difundiendo encuestas sin restricción alguna. Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede consultarlos. Lo que, en una era predigital, pudo haber tenido cierto sentido, en tiempos de redes sociales e información instantánea es simplemente ridículo. Y es además discriminatorio. Establece dos categorías de votantes: aquellos que podrán informarse y aquellos no.

Permitir que una norma caduca continúa vigente no le hace bien a un proceso que seguramente algunos querrán deslegitimar. Impedir que la información se conozca no es precisamente la más democrática de las prácticas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Saludable crecimiento del crédito hipotecario

El BCR reportó que el crédito hipotecario ha registrado un crecimiento del 7,1% interanual en febrero del 2026, una cifra que refleja cierta recuperación del sector inmobiliario y del poder adquisitivo de las familias. Este aumento, aunque moderado, contribuye a dinamizar la construcción, generar empleo y fortalecer la estabilidad financiera, por lo que merece reconocimiento, pese a que aún quedan desafíos por superar para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.

🔴 Más de 800 toneladas de basura en las playas

El jueves pasado la Municipalidad de Lima recogió más de 800 toneladas de residuos en las playas, número que muestra tanto la cantidad de basura producida como el descuido de muchos ciudadanos que no depositan sus desechos en los contenedores adecuados y los dejan en la arena. Lamentamos esta indiferencia y saludamos las medidas de las autoridades para limpiar nuestras playas, esperando que se refuercen las campañas para evitar que vuelva a suceder.

🔴 Tragedia evitable

Lamentamos la tragedia ocurrida anteayer durante el llamado banderazo aliancista, en el que la multitud desbordó las barreras y se produjo un accidente que dejó varios heridos y un fallecido. Este hecho evidencia la falta de control y planificación en eventos masivos. Instamos a las autoridades municipales y al club Alianza Lima a reforzar los protocolos de seguridad, controlar el aforo y garantizar la integridad de todos los hinchas para evitar que se repita y trabajar conjuntamente en una prevención eficaz.

Si la tendencia continúa, el exalcalde de Lima perdería las elecciones. Para que no continúe la tendencia, el candidato debería cambiar de estrategia. Ha preferido, sin embargo, mostrar más sus defectos.

En Talavera, Andahuaylas, el líder de Renovación Popular recibió, de parte de opositores, huevazos, botellazos y tomatazos. No fue una expresión democrática de esa porción (grande o chica) del electorado. López Aliaga no supo manejarlo.

“El Perú quiere amor, trabajo, no quiere odiadores, gente cobarde, gente basura. Sacaremos adelante al Perú en base a la gente que chambea. Por culpa de esa gente de mierda el Perú no camina”, dijo con énfasis el expositor. “Odiadores de mierda, sigan, acá estoy, apunten bonito. Siempre les he ganado la batalla. Ustedes son una minoría”, señaló. Y luego agregó: “Este Perú saldrá adelante con ustedes o sin ustedes”.

“Odiadores de mierda” no es lo que un tolerante le dice a un intolerante. Es lo que responde un intolerante a otro intolerante. Entre intolerantes solo cabe el enfrentamiento, la guerra.

López Aliaga debe aumentar el número de electores. En sus discursos se refiere al excremento. Difícil pensar que tales referencias y sentimientos lo ayuden a aumentar seguidores.

Los oponentes de López Aliaga en Apurímac lograron su objetivo. Lo sacaron de sus casillas y, de paso, lo sacaron de la carrera.

López Aliaga ha dicho que es miembro del Opus Dei (la Obra de Dios), “a mucha honra”. Excrementar a los adversarios no suena muy cristiano, y debe estar muy lejos de la obra de Dios.

La intolerancia no es atractiva. Frente a la caída, López Aliaga pierde el control. Denuncia que se cocina un fraude en su contra. El jefe de la ONPE “es un sinvergüenza”, según él.

La ONPE actuó mal con Fuerza Popular, declaró. “Si me hacen eso a mí, yo al señor Corvetto voy a su oficina y no sé si quede vivo”.

López Aliaga hace todo lo posible por perder las elecciones. Y le echa la culpa a los demás. El desequilibrio no es una virtud para gobernar. Menos para ganar un proceso electoral.