Es cierto que hay avances a nivel de propuestas. Según el análisis de UNICEF sobre los 36 planes de gobierno, el 97% propone mejorar los aprendizajes y el 94% plantea reducir la anemia infantil. Pero cuando buscamos cómo piensan abordar las causas de fondo de estos dos problemas, vemos que la educación de las madres que no culminaron la educación básica no aparece como propuesta. La alfabetización de adultos asoma en unos pocos planes de gobierno, pero como meta aislada, desconectada de la primera infancia y, en la mayoría de los casos, sin una ruta clara para implementarla.

La serie sobre desarrollo infantil temprano de The Lancet (2016), referente mundial en este campo, elaborada con el respaldo de la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, identifica el bajo nivel de educación materna como factor de riesgo al mismo nivel que la desnutrición y la pobreza extrema. Esto es relevante porque la serie recomienda que las intervenciones en primera infancia deben ser de doble vía: atender al niño y al cuidador.

Uno de los programas de gobierno que se ha mantenido en las últimas gestiones y que ha duplicado su impacto es Cuna Más, con su Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), que llega a 264 mil hogares en 1500 distritos del Perú. Este programa focaliza su atención en la población en situación de pobreza y pobreza extrema, en zonas rurales principalmente, justo donde el analfabetismo se concentra: allí, cerca de una de cada cuatro mujeres no sabe leer ni escribir.

Si una madre no sabe leer, su capacidad de procesar la información que recibe durante el acompañamiento, de leer las indicaciones de salud y nutrición, de interactuar con un contexto alfabetizado que enriquezca el entorno de aprendizaje del niño, está limitada. El programa trabaja con la madre, pero no trabaja en la madre.

Según el informe de Desarrollo Infantil Temprano de la ENDES 2024 del INEI, uno de cada cuatro niños cuya madre no completó la primaria tiene desnutrición crónica, más del doble del promedio nacional (12,1%). Cuatro de cada diez niños menores de tres años tienen anemia, y en zonas rurales más de la mitad. Además, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024 del Minedu reporta que solo tres de cada diez escolares de cuarto de primaria comprenden lo que leen. Todos estos indicadores son más críticos en las mismas zonas donde se concentra el analfabetismo y donde opera Cuna Más.

Para que las propuestas en materia de educación y desarrollo infantil dejen de sonar a buenas intenciones, se requiere comprender la realidad y aprovechar la estructura existente. Bastaría con seguir las recomendaciones basadas en evidencia: invertir adecuadamente en la primera infancia cuesta apenas 50 centavos de dólar por niño al año cuando se integra con servicios existentes como los de salud o de programas sociales. No hacerlo le cuesta a cada niño el 25% de sus ingresos futuros en la adultez (The Lancet, 2016).

Cuánto ganaríamos como país con la sola decisión de articular Cuna Más con el Programa de Alfabetización del Ministerio de Educación o con iniciativas de alfabetización de mujeres como las que desarrolla la Fundación Dispurse, que se apoya en la tecnología para llegar precisamente a las zonas rurales. No se necesitan mayores presupuestos, sino voluntad política para unir esfuerzos de actores que ya intervienen en el mismo territorio y tomar decisiones que apuesten por la eficiencia.

Recuerdo a María Clotilde, estudiante de Dispurse en Cajamarca, quien después de aprender a leer y escribir pudo involucrarse en el aprendizaje de su hijo pequeño. Nadie tuvo que crear un programa nuevo para ella; bastó con que alguien decidiera llevar la educación a donde ya estaba la necesidad. Antes de votar, vale preguntarnos qué candidato está pensando realmente en nuestros niños y niñas, y qué está dispuesto a hacer por sus madres.

En esta elección, el voto estratégico resulta particularmente trágico por la cantidad de opciones disponibles. La mayoría deja mucho que desear, pero algunas candidaturas han intentado introducir propuestas disruptivas, basadas en ideas, algo escaso en una era dominada por el populismo. Sin embargo, estas alternativas han quedado rezagadas en el pelotón del 1%, con breves momentos de protagonismo que no lograron sostener tras errores políticos frente a un electorado exigente.

Esto plantea una pregunta clave: ¿es el voto estratégico realmente racional? Es decir, ¿responde a una decisión que, desde un enfoque utilitarista, genera más beneficios que costos? Por un lado, la fragmentación del voto ha reducido las diferencias entre candidatos punteros, muchas veces dentro del margen de error. En ese contexto, un tercer, cuarto o quinto lugar podría dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta. Apostar estratégicamente implica entonces creer que pequeños cambios pueden alterar el resultado.

Sin embargo, esta lógica enfrenta un problema: el voto estratégico es, en gran medida, perceptivo. ¿Cuántas personas realmente lo ejercen? Que un entorno cercano lo haga no implica que una masa crítica de votantes actuará igual. No existe forma de cuantificarlo con precisión y, además, la definición de lo “estratégico” varía entre individuos. El problema de acción colectiva dificulta prever que estos votantes se aglutinen en torno a una sola candidatura. Aun así, para algunos esta estrategia ofrece tranquilidad: prefieren votar por una segunda o tercera opción con posibilidades, antes que por su preferida sin opción de pasar.

El voto estratégico también implica considerar no solo quién gana la presidencia, sino con qué respaldo gobernará. La segunda vuelta abre la posibilidad de que el presidente electo no cuente con una bancada significativa en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En ese sentido, votar estratégicamente también supone evaluar qué partidos o candidatos tienen opciones reales de superar la doble valla electoral, hoy más exigente. Surge entonces la duda: ¿conviene alinear el voto legislativo con la opción presidencial o diversificarlo?

En conclusión, el voto estratégico es, en última instancia, un acto de fe. Puede dar cierta paz mental, pero también deja una sensación de frustración: la de no haber votado por lo que realmente se prefiere, sino por lo que se cree más viable dentro de un cálculo incierto.

En un contexto electoral impactado por el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y las burbujas de información que hoy nos llevan a vivan realidades distintas, es importante tener en cuenta cuáles son las fortalezas de nuestro sistema electoral.

La separación del ‘poder electoral’ del ‘poder político’.

A diferencia de lo que ocurre en países vecinos, en Perú los titulares de los organismos electorales no son elegidos ni pueden ser removidos por las autoridades políticas del Ejecutivo y Legislativo. En cambio, el jefe de la ONPE y del Reniec son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, mientras que los cinco miembros del JNE son nombrados por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las universidades públicas y privadas, respectivamente. Esto les da una más independencia de la que tienen las autoridades electorales en otros países.

La división de poder de nuestro Sistema Electoral.

En la mayoría de los países de la región existen un solo organismo electoral. Nuestra división en tres organismos constitucionalmente autónomos (igual que el BCR) no es común, pero conlleva a que resulte más costoso capturar el sistema electoral. Además, las decisiones del Pleno del JNE solo se dan en segunda instancia, ya que para cada elección se crean varios Jurados Electorales Especiales de primera instancia en todo el país. Es decir, al igual que en la ONPE, el poder electoral está dividido incluso dentro del mismo JNE.

Quienes cuentan los votos son ciudadanos, no funcionarios.

No son la ONPE ni el JNE, ni ningún otro funcionario o software en una oficina quien cuenta los votos, sino que lo hacen los miembros de mesa. Es decir, ciudadanos sorteados aleatoriamente. Las cédulas que cada votante deposita en el ánfora de cada mesa son contadas por estos ciudadanos al final del día y, tras ello, esa información se coloca en un acta electoral, que luego la ONPE digitaliza y publica en su web para que todos podamos verla. Y el mismo proceso se repite en todas las mesas.

Es usual que el día de una elección se registren irregularidades puntuales. Más aún ahora que el Congreso ha hecho modificaciones que aumentarán la desconfianza, como el hecho de que ya no se destruirán las cédulas, sino que ahora la ONPE deberá custodiarlas hasta un eventual reconteo. ¿Dónde las va a guardar?, ¿cómo las va a transportar? Pero la ley ya prevé mecanismos para que en la mayoría de los casos en que se registren irregularidades puntuales, esos votos ya no cuenten.

Para que ocurra un fraude real, las irregularidades tendrían que ir en un mismo sentido y ser suficientes en todo el país, de modo que se voltee el resultado originalmente expresado en los votos. Es muy difícil que algo así pueda llegar a darse.

Frente a este escenario, es importante recordar que las encuestas en Perú y en el mundo no predicen elecciones: muestran tendencias. No indican quién ganará, sino que representan una fotografía del momento en que fueron realizadas. Además, el trabajo de campo suele cerrarse días antes de su publicación, por lo que no captura los cambios más recientes del electorado.

Mientras las encuestas se apoyan en metodologías de las ciencias formales, las elecciones pertenecen al ámbito de las ciencias sociales, donde el comportamiento humano introduce un alto grado de variabilidad. El votante cambia, reacciona y decide en función de múltiples factores que evolucionan constantemente.

Entre estos factores destacan:

1. El debate presidencial. Puede modificar percepciones en pocos días. Candidatos con menor visibilidad pueden ganar posicionamiento, mientras otros pueden perder presencia.
2. El comportamiento de los candidatos. Ajustes en el discurso, errores o decisiones estratégicas impactan en distintos segmentos del electorado, ya sea consolidando votos o limitando su alcance.
3. El contexto político y social. Hechos externos pueden alterar el rumbo electoral incluso en los días previos. Un ejemplo es la elección española de 2004, donde un atentado cambió el resultado esperado.

A estos elementos se suman las dinámicas propias de campaña: estrategias, confrontaciones y la movilización del electorado más volátil. Estudios recientes de Imasolu registran, además, niveles de desconfianza hacia las opciones políticas, lo que incrementa la indecisión o el rechazo.

En este contexto, las encuestas cumplen un rol específico: documentar tendencias. No funcionan como predicción definitiva, sino como una aproximación al comportamiento electoral en un momento determinado.

La decisión final puede modificarse incluso el mismo día de la votación, influida por percepciones y circunstancias inmediatas. Por ello, más allá de los datos, el voto sigue siendo un acto individual donde la ciudadanía define el rumbo del país.

Empecemos por la vivienda y la forma de la ciudad. Como hemos desarrollado en diversas columnas, las ciudades peruanas han crecido vertiginosamente en las últimas décadas, siendo que gran parte de esa expansión ha sido informal o ilegal. Más del 90% del nuevo suelo urbano de Lima presenta esta condición, mientras que en ciudades como Arequipa o Cusco bordea el 100% (GRADE, 2020). Este crecimiento responde a una demanda de vivienda insatisfecha y a la limitada capacidad del Estado para atenderla mediante mecanismos formales. El resultado es que cerca del 50% de la población vive lejos de los centros urbanos, con limitado acceso a servicios básicos, parques y equipamientos. Esto, que impacta en su vida cotidiana, también condiciona su participación electoral, pues les obliga a realizar desplazamientos largos, inseguros y costosos.

Al respecto, diversos estudios desarrollados —como los de Gimpel y Schuknecht (2003), Dyck y Gimpel (2005), y Brady y McNulty (2011)— encuentran consistentemente que a mayor distancia, tiempo de viaje o complejidad en el desplazamiento, menor es la participación electoral. Incluso medidas como el transporte gratuito —implementadas recientemente en Brasil (Pereira et al., 2023)— reducen barreras específicas, pero no necesariamente incrementan la participación. El problema no es solo llegar, sino el costo de hacerlo en una ciudad extensa y desarticulada.

En el otro extremo, la compacidad urbana y la calidad de la ciudad y sus espacios públicos facilitan el ejercicio democrático. En un estudio desarrollado en Paraguay (Chong, León-Ciliotta y Valdivia, 2019) se demostró que en entornos más compactos y mejor equipados existía una mayor y mejor participación electoral, pues los electores accedían de forma rápida y segura a su centro de votación, y estaban mejor informados. La evidencia muestra que votar no depende únicamente de la voluntad u obligación cívica, sino que está fuertemente condicionada por la organización espacial y la calidad del entorno donde se habita.

Entonces, las desigualdades socioespaciales impactan directamente en el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos, por lo que el derecho al voto debería estar directamente relacionado con el derecho a la ciudad que habilita su ejercicio; tal como está planteado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (artículo 17).

Otro factor clave es la seguridad, particularmente relevante en estas elecciones. El incremento sostenido de delitos, extorsiones y homicidios —especialmente en zonas periféricas— restringe la movilidad cotidiana y desincentiva la participación. La evidencia regional desarrollada en el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) relaciona la percepción de inseguridad con la menor participación política, porque limita la circulación por las calles y el uso del transporte público.

El resultado es una paradoja: el voto es obligatorio, pero las condiciones de nuestras ciudades dificultan su ejercicio, siendo una variable crítica en las zonas más alejadas, informales y vulnerables.

A pocos días de acudir a las urnas, es importante que comprendamos que la calidad de la democracia no solo se defiende en el diseño de las instituciones y en la oferta política disponible, sino que también se juega en el equipamiento, la seguridad y la accesibilidad de nuestras ciudades y centros poblados.

En ese sentido, el derecho al voto empieza en la ciudad que permite ejercerlo, y el fortalecimiento de la democracia depende, en gran medida, de las condiciones urbanísticas que ofrecemos a nuestros ciudadanos

Un modelo de lenguaje no razona ni evalúa el mundo. Calcula probabilidades sobre qué palabra debería seguir a otra a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos textuales, visuales o sonoros disponibles en la red. El resultado puede ser brillante, pero también problemático. Estos sistemas pueden inventar citas, mezclar fuentes, confundir hechos o reproducir errores ampliamente difundidos. No por mala intención, sino porque no comprenden lo que afirman ni pueden evaluar sus consecuencias

Ese límite técnico tiene una consecuencia directa. Cuando se delega en la inteligencia artificial la producción completa de un texto, se cede también el control del enfoque, del tono y de la responsabilidad. El contenido puede sonar natural, convincente, pero no necesariamente ser preciso, pertinente o éticamente defendible. En entornos profesionales, esa cesión implica riesgo.

Por esa razón, el punto de partida no debería ser la herramienta, sino la idea. La inteligencia artificial funciona mejor cuando opera sobre un insumo humano previo, aunque sea incompleto o desordenado. Allí ya existe intención, contexto y una mirada situada. En ese escenario, la tecnología cumple un rol claro y útil. Ordena, corrige, sintetiza y enriquece. Actúa como asistente editorial, no como autora.

El problema aparece cuando se invierte el proceso. Pedirle a un modelo que escriba desde cero sobre un tema complejo equivale a entregar la voz a un sistema que no conoce los objetivos reales del texto, el entorno social en el que circulará ni las consecuencias de lo que afirma. El resultado suele ser un contenido genérico, sesgado, y, en no pocos casos, impreciso. La comodidad inicial termina pagando un costo alto en calidad y credibilidad.

Cuando se antropomorfiza a la inteligencia artificial y se le atribuye capacidad de juicio, se tiende a delegar en ella decisiones que exigen pensamiento propio. Al dejar de escribir, analizar y contrastar por cuenta propia, se debilita la capacidad de tomar posición. En cualquier ámbito donde se ejerza responsabilidad, no basta con información. Se espera criterio. Eso no puede delegarse en un sistema predictivo.

Existe además otro malentendido frecuente. Se asume que la IA puede corregir sesgos o evaluar la solidez de una idea. No es así. Estos modelos no poseen juicio crítico ni capacidad moral. Pueden evitar ciertos discursos dañinos por diseño, pero no están hechos para evaluar la calidad de un razonamiento. Si el punto de partida es confuso o débil, la respuesta tenderá a ser igual.

Esto se observa con claridad cuando el usuario modifica una pregunta o introduce un nuevo matiz. Ante ese cambio, el modelo no rectifica ni reconsidera una postura, simplemente recalcula su respuesta en función de las nuevas instrucciones. La aparente “corrección” no responde a comprensión, sino a un ajuste automático de probabilidades.

Escribir antes de automatizar no es una consigna romántica. Es una necesidad.. Redactar obliga a ordenar el pensamiento, identificar vacíos, jerarquizar argumentos y asumir una postura. Ese proceso fortalece el criterio profesional. Cuando luego se incorpora la inteligencia artificial, lo que se obtiene es retroalimentación, no sustitución. El texto mejora sin perder autoría.

Delegar completamente este proceso puede parecer eficiente en el corto plazo. Sin embargo, empobrece la capacidad analítica en el mediano plazo. En un entorno donde la reputación, la precisión y la ética importan, ese empobrecimiento trae consecuencias.

El uso responsable de la IA exige un orden claro. Primero el pensamiento humano, luego la automatización. Primero la idea, después la herramienta. No se trata de rechazar la tecnología, sino de ubicarla en su lugar. Es una gran asistente, como una calculadora, no una creadora autónoma.

Pensar antes de automatizar es hoy una forma básica de responsabilidad profesional. Esa es la diferencia entre usar la tecnología con criterio y depender de ella sin cuestionamientos.

Pues, todos son estereotipos y, en las últimas tres décadas, son los que han guiado a la mayoría de los peruanos a decidir su voto.

Ahora, esto es entendible en un sistema político como el peruano, sin organizaciones partidarias sólidas, sin programas de gobierno, sin experiencia para gobernar, sin ideología, sin vida institucional ni confianza. Vacíos que nos llevan a generalizar algunos rasgos del candidato que consideramos deseables.

Ya son varias las ocasiones en las cuales los electores peruanos han tomado los estereotipos como criterios para elegir a un presidente de la República.

Alberto Fujimori, siendo de origen japonés, era trabajador y decente. Pedro Pablo Kuczynski, por ser empresario, era eficiente. Pedro Castillo, por ser de origen humilde, era trabajador y recto. Alejandro Toledo era un “cholo sano y sagrado”... Y así también hemos elegido a cientos de alcaldes basándonos en que eran empresarios y profesionales y, por ende, buenos gestores.

La historia, no obstante, nos ha mostrado que los estereotipos son una simplificación y generalización de ciertos rasgos no constatados y no datos objetivos de la realidad.

Ahora, en vísperas de unas nuevas elecciones en el país, nos encontramos, entre otros, con una candidata de origen japonés, con un postulante que es empresario y con un comediante, que creemos que es un crítico social independiente porque se burlaba de los demás.

Por desgracia, los estereotipos son generalizaciones no constatadas que creamos para poder navegar en el mundo social al simplificarlo y darle un sentido, que muchas veces engaña y recrea lo más negativo de las construcciones sociales.

Por ejemplo, el racismo, el sexismo y la xenofobia se construyen sobre caracterizaciones falsas o exageradas sobre las razas, el género o las nacionalidades.

A mediano plazo, el mejor antídoto contra los estereotipos es lo vivido y transmitido dentro de una sociedad. Fuera de bromas, la historia juzga, pero para que cumpla esta función tiene que ser conocida y compartida.

La elección parlamentaria debe analizarse en dos capas: la primera es marcar correctamente para no viciar el voto involuntariamente; la segunda es tener en claro la necesidad de apostar, antes que por individualidades, por equipos.

En estos días es común escuchar sobre el “voto estratégico”, pero este termina orientado a candidaturas individuales, sin mirar el panorama total de las listas. Mejor dicho, una lista puede tener uno, dos o tres perfiles técnicos destacables, pero la mayoría tiene un perfil más personalista o permeable a otro tipo de agendas.

Lo que suele pasar con este tipo de combinaciones es que terminan separándose una vez instalados en el Congreso o se mantienen juntos pero actúan (entiéndase, votan o legislan) de manera dispar. Hay varios ejemplos en los que los perfiles técnicos, al ser minorías, terminan renunciando a las bancadas que los llevaron al poder y acaban relegados como no agrupados sin poder hacer mucho (por no tener experiencia política de negociación) y, a veces, arrastrados en las olas populistas.

Una revisión de las listas parlamentarias en contienda permite visualizar fácilmente muchos grupos dispares. País para Todos cuenta con candidatos que presentan buen perfil técnico (aunque sin mucha o con nula experiencia política), y resulta difícil imaginarlos sobrevivir a la convivencia con la facción de Vladimir Meza (el dueño del partido). En Primero la Gente, ¿quién controlaría la bancada: Marisol Pérez Tello o Miguel del Castillo? Y así la pregunta puede extenderse a Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras.

Este no es un problema exclusivo de los partidos nuevos, pues los tradicionales también enfrentan problemas de facciones, pero sus niveles de erosión han sido más manejables y algunos muestran correcciones en la conformación de sus listas (sin tantos invitados como en procesos anteriores).

En el 2021, Perú Libre logró una bancada de 37 miembros conformada por dos facciones: los cerronistas y los ‘profesores’. Los ‘profesores’ eran rostros nuevos sin experiencia política, que se fueron acomodando a quien les ofrecía viabilizar su agenda y sus propios intereses. El resultado fue la priorización de una serie de leyes dañinas para el sistema educativo pero beneficiosas para su gremios, y que les garantiza mejores condiciones si es que no logran la reelección y deben retornar a las aulas.

De no analizar correctamente la conformación de las listas (y, sobre todo, de los equipos), tanto en agrupaciones nuevas como tradicionales, lo más probable es que tengamos bancadas parlamentarias llenas de bloques con intereses similares a los de los ‘profesores’ del 2021-2026, y este es un riesgo cuyos efectos ya hemos visto

Es una realidad que se repite elección tras elección, que el elector peruano busca los momentos finales, casi ad portas de la fecha de votación -cuando no en la propia cola- para decidir su voto.

De ahí que, los debates, a pesar de que pueden tener una audiencia limitada y no tan amplia como se busca, generan una tendencia que determina que la balanza se incline a un determinado lado que, para sorpresa, puede no ser alguno de los que venían encabezando las encuestas.

Partamos por indicar que los niveles de indecisos son más amplios que aquellos que las proyecciones reflejan, no solo porque hay una cierta tendencia popular por expresarse a favor de quienes vienen encabezando los sondeos previos, sino porque no hay, salvo excepciones muy puntuales y limitadas, un voto realmente consolidado y fidelizado. En ese sentido, la movilidad en la intención de voto en nuestro país es asombrosa. Obvio que ello se debe también y en gran medida a la ausencia de partidos y, por tanto, a la falta de un debate con posiciones doctrinarias determinadas.

Así, el voto responde, principalmente, a la impresión e influencia que generan los candidatos como consecuencia, además, de la confrontación directa con sus adversarios. Ahí surge una suerte de clic.

Entonces, será difícil que alguien que entra al debate como favorito mantenga la preferencia si su desempeño en el debate desilusiona al elector; ni qué decir del caso de quien no se presenta a la confrontación, ¡ahí mismo pierde la elección! Y es que el debate permite imaginar a los candidatos en un futuro desempeño presidencial.

Al elector le surgen las siguientes interrogantes y reflexiones: ¿esta persona que no es ecuánime la quiero como presidente?, ¿será bueno elegir a alguien que solo agravia e insulta, si, más allá de las decepciones y frustraciones, lo que queremos los peruanos es vivir en armonía y en paz?, ¿debemos elegir a quien con las justas balbucea su nombre y es, en buena cuenta, una suerte de meme o caricatura andante?, ¿quien nos ofrece todo -una auténtica lista de lavandería- no está acaso tomándonos el pelo?, ¿quien solo lee nos estará diciendo lo que realmente piensa o lo que otros le han dicho que lea?, ¿o quien no lee, pero cuando le preguntan algo se va por las ramas y repite un discurso aprendido de paporreta, pero que se nota que no siente?

Es entonces cuando el elector, con razón o sin ella, inclina la balanza por quien percibe que le habla desde las entrañas. No le importan los títulos académicos o curriculum vitae que exhiba, sino la autenticidad que refleja el candidato. Eso genera una vertiginosa ola de adhesiones que no hay dinero, asesor internacional o maquinaria que la pueda igualar.

Nuestra elección no es analítica ni responde a una predeterminada orientación; es simplemente emotiva y sentimental. Un solo gesto o palabra puede acabar con todo lo construido o, por el contrario, generar un romance casi sin límites, llegándose a una idealización excesiva del candidato que, probablemente, luego termine en una nueva decepción.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Científicas peruanas destacan en la Antártida

Durante 98 días, un equipo de científicas peruanas se internó en uno de los territorios más extremos e impresionantes del planeta: la Antártida. La misión, conocida como Antar XXXII y organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del Programa Nacional Antártico, reunió a investigadores de distintas disciplinas con un objetivo común: entender cómo se están modificando los ecosistemas frente al avance del cambio climático.

🔴Leptospirosis en el Perú

El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. Además, 219 personas han sido hospitalizadas. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura ( 4 ), Lima ( 2 ), Tumbes ( 2 ), Apurímac ( 1 ), Ica ( 1 ), Madre de Dios ( 1 ), San Martín ( 1 ). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.

🔴 Lejos de una solución

Los proyectos de drenaje pluvial en el norte del Perú, claves para prevenir inundaciones por el fenómeno de El Niño costero, avanzan lentamente y aún están en etapas iniciales. Solo en algunas ciudades como Sullana y Talara se han empezado obras, mientras que el resto sigue en diseño. La falta de presupuesto retrasa su ejecución y podría postergarlos hasta el 2030, dejando a varias regiones vulnerables ante lluvias intensas y desbordes que ya generan riesgos y daños.

En el caso de los candidatos, tal desesperación se materializa en la repentina oferta de medidas descabelladas y populistas. O, para ser precisos, más descabelladas y populistas que las que ya venían haciendo a lo largo de la campaña. Un buen ejemplo de ello es la reciente promesa del aspirante presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, de indultar al golpista Pedro Castillo de llegar al poder. Mientras jugaba a ser la alternativa “razonable” de la izquierda, no lo decía. Pero ahora que, de acuerdo con las últimas encuestas de divulgación lícita, su intención de voto se encoge en tanto las de otros postulantes abiertamente castillistas crecen, no tiene empacho en abrazar esa causa, por reñida con la democracia que sea. Algo semejante, por lo demás, ha ocurrido con su disposición a cambiar la Constitución vigente. Lo que sea con tal de pescar el voto de los ilusos parecería ser la consigna.

Más grave aún es, sin embargo, la desesperación de los jóvenes que, en su afán de evitar darles su respaldo a los partidos cuya penosa performance han verificado en los últimos años, se fijan en políticos del pasado igual de peligrosos, pero lo suficientemente antiguos como para estar fuera de su radar. El paradigma de ese tipo de candidatos es Ricardo Belmont, el dos veces alcalde de Lima que ahora compite por el partido Obras. Los sondeos del fin de semana pasado detectaron un cierto incremento en la intención de voto por él, y eso sugeriría que hay un sector de la población que no conoce su historia ni su identidad ideológica. ¿Saben acaso esos jóvenes que durante sus administraciones municipales Lima fue pasto de ambulantes? ¿Saben que, en el 2018, volvió a postular a la alcaldía metropolitana, pero esa vez por Perú Libertario –el nombre que tenía entonces el partido del prófugo Vladimir Cerrón– y que llevó adelante una campaña xenófoba y machista? ¿Saben que, en el 2021, pasó en solo una semana de ser un feroz crítico de Pedro Castillo a estar a punto de ser su asesor? Probablemente no, y por eso lo recordamos hoy aquí.

Y si la figura de Belmont no bastara para encender las alarmas, basta con observar quiénes lo acompañan en la fórmula presidencial del Partido Cívico Obras. Su primer vicepresidente, Daniel Hugo Barragán Coloma, tiene vínculos documentados con Antauro Humala, el etnocacerista condenado por el asesinato de cuatro policías durante el ‘andahuaylazo’ de enero del 2005; llegó, además, a ser designado por Pedro Castillo como ministro de Defensa. Su segunda vicepresidenta, Dina Irene Hancco Hancco, carga con una sentencia por el delito de contrabando. En un país que en los últimos años ha padecido en carne propia las consecuencias de no revisar con cuidado los antecedentes de quienes aspiran al poder, ignorar quiénes acompañan a un candidato en la fórmula es una negligencia que no nos podemos permitir. Votar por Belmont no es solo votar por él: es votar por toda esa compañía.

Esta realidad no solo evidencia una grave precariedad estructural, sino que también limita la capacidad del sistema penitenciario para cumplir adecuadamente sus objetivos de reeducación, rehabilitación y reinserción social. Un sistema penitenciario hacinado pierde control, y cuando el Estado pierde control dentro de los penales, quienes ganan espacio son las organizaciones criminales que operan desde su interior, planificando delitos como la extorsión y el sicariato.

Durante esta gestión hemos identificado que los mecanismos orientados al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios no se han utilizado con la intensidad que la situación exige. Por ello, el MINJUSDH presentará un Plan Nacional para el Deshacinamiento de Establecimientos Penitenciarios, orientado a destrabar los principales cuellos de botella del sistema: déficit de personal especializado, demoras administrativas y la coordinación con el Poder Judicial para resolver de manera célere la situación jurídica de los internos. En una primera etapa, este plan permitirá el egreso de más de 5 mil internos condenados a penas de hasta 5 años, bajo criterios estrictos de evaluación y control.

Sin embargo, es importante ser absolutamente claros: el deshacinamiento no significa liberar delincuentes peligrosos ni poner en riesgo a la ciudadanía. El enfoque del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es técnico y responsable. Se centra exclusivamente en internos primarios, condenados por delitos de mínima lesividad, que no representan un riesgo para la seguridad pública, aplicando estrictamente los mecanismos legales vigentes, como la sustitución y conversión de penas, los beneficios penitenciarios y la redención de pena.

Pero, sobre todo, se trata de una medida necesaria para fortalecer la seguridad ciudadana. Reducir el hacinamiento permitirá una mejor clasificación de internos según su nivel de peligrosidad, un mayor control y vigilancia efectiva, así como un uso más eficiente de los recursos del Estado. Esto permitirá cerrar espacios al crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios. En otras palabras, este plan no debilita la seguridad: la fortalece.

Por ello, desde el MINJUSDH convocamos a todas las instituciones del sistema de justicia, así como a la sociedad civil, a sumarse a esta política pública responsable, que busca un equilibrio claro entre el respeto a la ley, la eficiencia del sistema y la protección real de los ciudadanos.

La evidencia es contundente: alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes notificadas globalmente provienen de animales, y el 75% de los más de 30 nuevos patógenos humanos detectados en las últimas tres décadas tuvieron origen animal. Cuando los ecosistemas se degradan, cuando la deforestación avanza y cuando el cambio climático altera la distribución de los mosquitos y otros transmisores de enfermedades, aumentan también las oportunidades para que nuevos patógenos crucen barreras biológicas y se conviertan en amenazas humanas.

La ciencia que sostiene el enfoque “One Health” es, por definición, multidisciplinaria; articula la epidemiología, la ecología, la medicina veterinaria, la microbiología, la genómica y las ciencias ambientales y sociales. Recurre, además, a herramientas como la secuenciación genómica para rastrear patógenos, los modelos predictivos para anticipar brotes, la vigilancia integrada y el análisis de datos y costos para mejorar la toma de decisiones públicas. En esencia, propone dejar atrás una respuesta meramente reactiva, basada en herramientas sanitarias tradicionales, para avanzar hacia una gestión preventiva, predictiva e interdisciplinaria del riesgo.

La expansión del dengue, por ejemplo, no depende de un solo factor, sino de la interacción entre las lluvias, el almacenamiento de agua, el saneamiento deficiente, las altas temperaturas, la urbanización desordenada y la presencia del mosquito vector. Tanto el dengue como la chikungunya y el zika están vinculados principalmente a mosquitos del género Aedes. Otras infecciones virales emergentes, más focalizadas, como la fiebre de Oropouche o la fiebre de Mayaro, se asocian a otros vectores y a ecosistemas selváticos o bosques húmedos tropicales; en el caso de Oropouche, sobre todo a jejenes, y en el de Mayaro, principalmente a mosquitos silvestres.

La leptospirosis ofrece otro ejemplo preocupante. Esta enfermedad bacteriana se transmite por contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, y su riesgo aumenta tras lluvias intensas e inundaciones. Este marzo, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica tras registrar 1.045 casos y cinco defunciones en el país. Estas alertas nos recuerdan que los actuales problemas sanitarios ya no pueden enfrentarse con respuestas fragmentadas; exigen vigilancia integrada, diagnóstico oportuno y coordinación real entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. Aunque el país ha avanzado en mecanismos multisectoriales para abordar las zoonosis –es decir, las enfermedades transmitidas por animales–, incluida una comisión multisectorial permanente creada en el 2019, seguimos lejos de la capacidad de anticipación y respuesta necesaria para enfrentar con solidez una nueva pandemia como la del COVID-19.

Lamentablemente, el Perú invierte en investigación y desarrollo menos del 0,2% de su PBI, una cifra que revela una debilidad estructural y presupuestal que se traduce en menos laboratorios, menos infraestructura científica, menor masa crítica de investigadores y una capacidad limitada para anticipar brotes, responder a nuevas amenazas y proteger inteligentemente su diversidad biológica. Un país que invierte tan poco en la generación de conocimiento se vuelve más vulnerable, incluso cuando posee grandes ventajas naturales. Por ello, el Perú necesita consolidar una estrategia nacional de “Una sola salud” con metas claras, presupuesto sostenido, laboratorios fortalecidos, interoperabilidad de datos, vigilancia integrada, control activo de vectores, mapas territoriales de riesgo y una coordinación mucho más efectiva entre salud, ambiente, desarrollo agrario, producción, universidades y gobiernos regionales.

Exige también fortalecer al Concytec y lograr que su Comisión Consultiva y su Comisión Multisectorial, creadas en el 2021, no solo existan formalmente, sino que operen con continuidad, capacidad de incidencia y resultados verificables como instancias de articulación entre conocimiento científico, la formulación de políticas y la acción intersectorial del Estado. No bastará con construir más hospitales si seguimos llegando tarde a emergencias sanitarias que pudieron anticiparse y prevenirse mejor.

Es hora de poner los pies en la tierra para unos; hora de serenar y templar el espíritu para otros, a la luz inequívoca del umbral electoral que tendrán que superar en las elecciones del próximo domingo.

No será tan sencillo exhibir como resultado el 5% de los votos válidos más tres senadores y siete diputados por bancada, para tener presencia en el Congreso.

Si traen detrás de sí una organización política nacional estructurada, quizás no tengan que preocuparse demasiado. Por el contrario, la sola aventura y audacia de crecer en un par de semanas como la espuma en intención de voto no es nada del otro mundo en el Perú, pero termina por no ser suficiente a la hora de toparse con el nuevo umbral del 5%, que no es cualquier cosa y que opera como un lavado de cara del sistema electoral.

De aquí al cierre de campaña de cada organización política y cada candidatura, nada estará finalmente dicho hasta la contabilidad definitiva de la ONPE.

Entre las 7 a.m. y las 5 p.m. del domingo 12, en su único momento de mayor poder cada cinco años, el elector peruano reemplazará su quebradero de cabeza de por quién y por quiénes votar por la incertidumbre que traen consigo los elegidos a los que conoceremos, por sus actos y omisiones, en las nuevas arenas del poder político.

Quien selle, por último, el triunfo y la derrota de unos y otros será el umbral electoral del 5%. Valga la reiteración: no serán más de siete partidos los que lo superen.

Es el cuello de botella con el que de pronto se contrapesa el abanico abierto a una treintena de candidatos a la presidencia y a cientos de candidatos a senadores y diputados, a los que la nefasta fragmentación política ha puesto en la más caótica antesala de suspenso del poder político conocida hasta hoy.

Un umbral electoral realmente efectivo tendría que ser aquel que, desde un comienzo y no al final como ahora, delimite la participación de un sistema de no más de diez partidos.

Pudimos haber llegado a la votación presidencial y parlamentaria del 2026 con un sistema electoral realmente reformado, en la perspectiva también de un revitalizado sistema de partidos. Lamentablemente tenemos apenas, con remiendos mínimos, el mismo sistema electoral que exhibió, flagrantemente, todos sus vicios e ineptitudes en las elecciones del 2021.

Salvo contadas excepciones de partidos políticos con liderazgos, estructura y representación nacional, los demás, en su mayoría, a las justas se movilizan como ONG improvisadas y sus promotores como boletos de suerte en las intenciones de voto y en las elecciones propiamente dichas.

El banco ha publicado lo que considera “la primera guía completa sobre política industrial para el desarrollo en el siglo XXI”. El análisis contenido en esta nueva guía extensa dista mucho del de su influyente reporte de 1993 sobre el milagro del este asiático. Ese estudio concluyó que “la promoción de sectores específicos no ha dado buenos resultados en general y, por lo tanto, ofrece pocas perspectivas para otras economías en desarrollo”.

Según el Banco Mundial, el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas y ahora hay historias de políticas industriales exitosas. Por ejemplo, la educación ha mejorado notablemente, la inflación es menor y las economías están más globalizadas que antes. Supuestamente, eso hace que las políticas industriales puedan funcionar bien.

Quizás no con la misma confianza en que los promotores de la política industrial japonesa insistían en los ochenta que otros países la copien –justo antes de que Japón colapsara–, el Banco Mundial ahora favorece más de una docena de medidas tan diversas como la creación de los parques industriales, los aranceles y los subsidios a la demanda o a las exportaciones.

No es que el banco se ha olvidado del récord de fracaso que la política industrial ha dejado. Es que su nueva defensa de tales políticas es más matizada que aquella de otros entusiastas. Según el banco, la política industrial funciona mejor cuando el mercado interno es grande y la política fiscal recauda impuestos ampliamente y tiene acceso a mercados de capitales. Se requieren “agencias ejecutoras responsables y competentes, al margen de la política y de las presiones de los grupos de interés”.

Esas condiciones me hacen recordar la pregunta de Milton Friedman: “¿Qué pensarías de alguien que dijera: ‘Me gustaría tener un gato, siempre y cuando ladrara’?”. El reporte del banco no convence porque en países donde el Estado de derecho es débil, como el Perú, las condiciones para una política industrial supuestamente exitosa no se dan.

Esas condiciones ni siquiera son suficientes para hacer funcionar la política industrial en Estados Unidos. La política industrial fracasa debido a problemas que el Banco Mundial no resuelve porque no se pueden resolver. El gobierno no tiene mejor talento o información que el sector privado como para elegir a los ganadores en el mercado. La intervención en el mercado distorsiona las decisiones económicas, haciéndolas menos eficientes y produciendo pérdidas de bienestar general que muchas veces los estudios no miden. Las inversiones se deciden con base en consideraciones políticas y no económicas, perjudicando así a los consumidores y a las empresas competidoras que no reciben tratos favorables. Cuando empiezan a fracasar las industrias favorecidas por culpa de la política industrial, la respuesta frecuentemente es gastar más en ellas o protegerlas a través de otras medidas perjudiciales para la economía.

Uno de los éxitos de política industrial que el reporte nuevo del banco resalta en su resumen ejecutivo es aquel del apoyo de Corea del Sur en los setenta a la industria pesada y química. Pero el texto en el interior del reporte llega a admitir lo siguiente: “Si el gobierno hubiera abierto la economía por completo, en lugar de aplicar una política industrial mediante exenciones a determinadas empresas, el crecimiento podría haber sido aún más rápido y los sectores seleccionados podrían haber surgido por sí solos”.

El Banco Mundial siempre ha sido una agencia politizada. Esa realidad lo manifiesta su estudio nuevo en tiempos en que la política industrial está de moda con los gobiernos que son donantes al banco o recipientes de sus fondos.

Primero, la persona: no es un aspecto menor. Gobernar implica decidir en contextos donde no hay respuestas correctas, sino decisiones que deben sostenerse en el tiempo. Aristóteles definía la prudencia como la capacidad de juzgar bien en situaciones concretas.

No es teoría, es criterio aplicado: decidir qué hacer, cuándo y con qué consecuencias. En política, esa es la diferencia entre administrar y gobernar. Porque gobernar implica decidir bajo incertidumbre y asumir costos. De esta forma, en política, esa prudencia se traduce en criterio, integridad y trayectoria. Cuando esa capacidad no está, el gobernante no decide, delega (indefinidamente). Y cuando delega sin control, deja de gobernar. Por eso, más que propuestas, lo que debe evaluarse es si un candidato ha demostrado ese juicio en la práctica.

Segundo, la experiencia real: gobernar no es un ejercicio declarativo. Es una práctica que exige coordinar actores, priorizar con recursos limitados y sostener decisiones bajo presión. Por eso, la experiencia en gestión pública y, sobre todo, lo que se logró con ella, no es un detalle.

La pregunta no es si alguien “ha estado” en el Estado, sino qué decisiones tomó, en qué contextos y con qué resultados. Pues no es lo mismo haber estado (o pasado) por el Estado que haber sabido gobernarlo. No es lo mismo administrar inercias que conducir cambios ni ocupar cargos, que ejercer poder; por lo mismo, la trayectoria no debe entenderse como un activo suficiente en si mismo. Como ha señalado Fukuyama, el principal problema de los Estados no es la falta de ideas, sino la falta de capacidad para ejecutarlas. Sin esa capacidad, incluso las mejores decisiones quedan en el papel.

Además de ello, y es claro no olvidar que no toda experiencia es equivalente, existe una diferencia sustantiva entre la experiencia política, vinculada a representación, debate o producción normativa, y la experiencia de gestión, que implica ejecutar, implementar y sostener decisiones en el tiempo.

Tercero, la capacidad de gobierno: este es, probablemente, el criterio menos visible y el más determinante. No basta con proponer; hay que entender qué implica hacer que algo ocurra. Gobernar no es anunciar decisiones, es producir resultados en sistemas complejos.

La evidencia en gestión pública, como muestran Andrews, Pritchett y Woolcock, es consistente: el principal desafío no está en las ideas, sino en la capacidad de implementación. Es decir, en cerrar la brecha entre lo que se promete y lo que efectivamente se ejecuta.

Esa brecha se observa con claridad en los temas que dominaron el debate:

En seguridad, plantear “más policías” supone reclutar, formar (lo que toma años), asignar, desplegar con inteligencia y coordinar con el sistema de justicia. Si uno de esos eslabones falla, el resultado no cambia. De hecho, cada año egresan miles de efectivos, pero una proporción similar pasa al retiro. Sin una estrategia de crecimiento real, no se incrementa la capacidad, se reemplaza.

En educación, ampliar becas, incluso a nivel de posgrado, puede resultar atractivo. Pero implica decisiones presupuestales concretas en un contexto de recursos limitados. Cada expansión compite con infraestructura, formación docente o educación básica.

El problema es que muchos niños no logran siquiera los aprendizajes fundamentales en primaria. Sin esa base, comprensión lectora, matemáticas básicas, el resto del sistema no se sostiene. Ampliar oportunidades al final del camino, sin asegurar que más niños puedan recorrerlo desde el inicio, tiene efectos necesariamente acotados.

En productividad, el énfasis en el emprendimiento se repite. Pero el problema en el Perú no es la falta de iniciativa, sino la dificultad de crecer, formalizarse y sostenerse.

Esto no se resuelve únicamente lanzando más programas o fondos. Sin cambios en las condiciones que enfrentan las empresas, acceso a financiamiento, regulación, productividad laboral, articulación con mercados, el resultado no varía. El desafío no es crear más iniciativas, sino hacer que las existentes puedan escalar.

Y en corrupción, la promesa de una “lucha frontal” carece de contenido si no se traduce en decisiones concretas: sistemas de control que funcionen, reglas claras, incentivos alineados y capacidad real de sanción.

La corrupción no se reduce con declaraciones, sino cerrando espacios de discrecionalidad y fortaleciendo las instituciones que previenen, detectan y sancionan. Sin eso, el discurso de integridad se mantiene en el plano declarativo.

Como ha insistido la OCDE, las reformas no dependen solo de buenas ideas, sino de capacidades, recursos y tiempo. Es decir, de todo aquello que rara vez se explicita en campaña.

Cuarto, la capacidad política: ningún presidente gobierna en el vacío. En contextos fragmentados, la viabilidad de cualquier decisión depende de la capacidad de construir acuerdos. Sin ella, incluso agendas técnicamente sólidas quedan bloqueadas o se diluyen en la negociación. Pero el extremo opuesto también es problemático. Gobernar no es ceder sin criterio, sino negociar sin perder dirección. Porque cuando todo se negocia, el gobierno deja de conducir y pasa a reaccionar.

Esa tensión, entre viabilidad y convicción es, en la práctica, el núcleo del ejercicio del poder.

Finalmente, elegir también es una forma de gobernar: no decidir, votar en blanco o viciado, no es neutral; es renunciar a incidir en el resultado. Pero decidir sin criterio tampoco es inocuo.

Elegir en función de carisma, cercanía o desempeño comunicacional puede resultar comprensible, pero no es suficiente. En el Perú, más de una vez se ha votado por quien mejor comunica, para luego exigirle capacidades que nunca demostró tener.

Esa brecha, entre lo que se valora al elegir y lo que se necesita para gobernar, explica buena parte de nuestras frustraciones recurrentes.

Durante años se han avalado, por acción o por omisión, decisiones que hoy pasan factura, gobiernos que no se sostienen, liderazgos que caen y prácticas que han erosionado la institucionalidad. Ese deterioro no es casual.

A los jóvenes: no se retiren. Este país también es suyo. Votar no es solo un derecho, es una forma de decidir el futuro que van a construir. Hoy el desafío es doble, de ustedes, participar con criterio, esperanza y compromiso; y de quienes hoy tienen responsabilidad pública, abrir espacios y sembrar condiciones para el cambio. Porque el futuro no se espera. Se decide y se construye; y les tocará liderarlo.

Las jornadas de debates, dado el alto número de participantes y el formato elegido, estaban destinadas a tener un impacto muy limitado. Sin embargo, en un contexto de alta indecisión, de identidades partidarias prácticamente inexistentes y de alta fragmentación, pequeños impactos tuvieron efectos significativos. Así, en el tramo final de la campaña, Carlos Álvarez, Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello lograron meterse en la pelea. Álvarez parecía estancado, pero creció sobre la base de aparecer como el candidato que encarna lo nuevo, el ‘outsider’ cercano a los ciudadanos, buen comunicador, que recoge las demandas por seguridad, la más importante para los electores. Álvarez creció mucho en Lima, capitalizando, aparentemente, votos perdidos por López Aliaga. Belmont también destaca como comunicador, habría crecido en Lima, pero a diferencia de Álvarez llama la atención un desempeño relativamente parejo a nivel nacional; no olvidemos que en los últimos años Belmont tejió relaciones con redes vinculadas a Perú Libre y a Pedro Castillo. De otro lado, Nieto y Pérez Tello crecieron sobre la base de votantes limeños, jóvenes, urbanos y sectores socioeconómicos más altos. Otros, que venían en alza, ralentizaron esa dinámica por un desempeño gris, como el de Alfonso López Chau.

Ahora, el crecimiento súbito consecuencia de la visibilidad que otorgan los debates y la reproducción de pequeños videos en las redes sociales debe ser capaz de sostenerse sobre bases más sustantivas: en semanas anteriores, Wolfgang Grozo y César Acuña parecían levantar sobre la base de algún impacto en redes sociales, para luego decaer. Tendencias que hasta el domingo parecían tener una pendiente muy inclinada podrían caer esta semana en la que está prohibido difundir encuestas.

Con los datos disponibles, lo más probable es que Keiko Fujimori alcance nuevamente la segunda vuelta electoral, con porcentajes similares a los obtenidos en el 2021. En un contexto de partidos extremadamente precarios, destaca la persistencia de la identidad fujimorista, a pesar de tener, simultáneamente, el mayor rechazo entre los ciudadanos en general. Esta aparente paradoja permite entender por qué grupos que generan amplio rechazo lograrán representación política: podría ser el caso de Alianza para el Progreso, sobre la base de un bastión regional en la costa norte. De los grupos actualmente representados en el Congreso, solo tienen opciones de sobrevivir aquellos que lograron anclarse en identidades sólidas, aunque fueran minoritarias: el fujimorismo, el votante conservador de Renovación Popular, la herencia castillista de Juntos por el Perú.

A pocos días de las elecciones, empieza a circular cierto ánimo derrotista: en la derecha porque se teme que un candidato de izquierda se “cuele” en la segunda vuelta, repitiéndose el escenario del 2021. En la izquierda, porque la propuesta de Venceremos nunca despegó, porque la candidatura de Sánchez no alcance la segunda vuelta o porque una postura más moderna como la de López Chau se despinte en el tramo final. Y desde el centro, porque puede ocurrir que ninguna de sus variantes alcance representación en el Congreso. La culpa no es de los votantes, sino de la incapacidad para generar propuestas convincentes por parte de los partidos, lo que dice mucho de la distancia entre nuestras élites y la ciudadanía.

Antes de continuar, vale decir lo siguiente. En las últimas décadas, debido a las reformas de apertura de la economía y al impulso del libre mercado (el ‘albertismo’ de la primera hora, para ser justos), en el Perú emergió una clase media potente, de origen provinciano, con voto y propiedad y con un pie en la informalidad (y algunas veces en la ilegalidad). Estas clases medias emergentes y populares se extendieron en los mal llamados conos, a los que hoy –con justicia– se les denomina “las Limas” (y así sucede en las regiones). Es cierto que la pandemia del COVID-19 (y sobre todo la gestión de los gobiernos respectivos) ralentizó el crecimiento de la economía y debilitó a esta clase media emergente; sin embargo, a pesar del golpe, aún mantiene su fuerza debido a su enorme informalidad (la cual es difícil calcular).

Así, el gran drama de la gobernabilidad nacional no solo es el uso (o abuso) del poder político por parte del Congreso o el Ejecutivo, la guerra de religiones de los ‘antis’ o la compleja arquitectura para lograr pactos políticos de largo aliento; sino, sobre todo, que este mundo popular y emergente no tiene una clara representación en la política nacional de hoy. Es decir, los partidos –realmente existentes– aún no han logrado representar políticamente a este mundo emergente y popular, a sus instituciones, a su cultura, a sus demandas y a sus aspiraciones. El gran drama de hoy es que la política no se encuentra con la nueva sociología nacional. Allí está el problema –digamos– sociológico/político de la nación en marcha.

Las elecciones presidenciales son el mejor termómetro de toda la aproximación anterior. Si uno observa bien, no hay proyectos políticos sostenibles sin el apoyo electoral del mundo popular y emergente. El ‘albertismo’ de la primera hora, como el propio ‘castillismo’ del 2021 (que ganó en los sectores D y, sobre todo, E) son prueba de lo que sostengo. Y si uno ve más atrás, el aprismo fue el primer partido que representó durante décadas al mundo emergente luego de la mal llamada República Aristocrática, pero esa paleontología política es harina de otro costal.

Ahora bien, ¿qué hay allí donde hablamos de mundo popular y emergente? Hay instituciones, hay familia, sentido del orden, mercado (mercantilismo también) y capitalismo (salvaje, muy salvaje). Hay tradiciones también, hay comunitarismo y no comunismo. Miren Huancayo, Puno, regiones inentendibles sin la familia, el mercado o la propiedad. Hay –como decíamos arriba, instituciones populares–, si cabe la palabra, un conservadurismo, pero sociológico. En la visión de una parte del marxismo se dice que hay una “izquierda popular” –sucede igual con lo de “derecha popular”– cuando lo que hay es un conservadurismo no ideológico, no político, sino sociológico.

Ese mundo popular y emergente, con sus instituciones populares, esa nueva sociedad sin representación política nítida, está hoy en disputa electoral en el marco de la campaña presidencial. Hoy la demanda principal es la seguridad, el orden y la certidumbre frente a un país desorganizado. Quizá en el fondo la demanda es por un proyecto de modernidad nacional-estatal, pero sin decirlo de esa manera.

Pero el principal desafío de los partidos existentes no es solo ganar las elecciones presidenciales con el apoyo de ese mundo popular y emergente, sino de representar en el futuro mediato. Ese es el reto para la gobernabilidad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Campaña para que la ciudadanía practique cómo votar

A solo unos días de los comicios, El Comercio y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vuelven a salir hoy a las calles de Lima para seguir con su campaña informativa para que la ciudadanía ensaye su voto en una cédula electoral y así sepa cómo marcar correctamente en esta en el proceso del domingo 12. La cita de hoy será a las 10 a.m. en el parque Kennedy (Miraflores). En marzo, la campaña se realizó en lugares concurridos de Surco, La Victoria y el Centro de Lima.

🟢 El llamado a la paz del papa León XIV

En su primer mensaje de Pascua, el papa León XIV impartió la bendición ‘urbi et orbi’ con un llamado a la paz y la condena de la guerra, pero sin mencionar un conflicto en particular, rompiendo con una tradición de usar esta ocasión para llamar la atención sobre focos de tensión internacional. En cambio, el Papa optó por un enfoque global e instó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra. Sin embargo, sí convocó a una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro. Será el sábado 11.

🔴 El incremento del costo de los fertilizantes

La agroindustria peruana pasa por un momento complicado debido a una serie de factores que han llevado a que el precio de los fertilizantes aumente considerablemente. Por ejemplo, en lo que va del 2026, el costo de la urea, el principal fertilizante usado en el país, se ha incrementado más del 77%, llegando a US$687,50 la tonelada. El alza se ha dado por una combinación de presiones globales que se han intensificado en los últimos meses, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Conviene recordar qué defendía Pérez cuando era fiscal. Sostenía, con vehemencia, que sus investigaciones contra Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y empresarios en el marco del Caso Lava Jato eran estrictamente técnicas, libres de sesgo ideológico. Quienes cuestionaban sus acusaciones eran tildados de obstruccionistas. Ahora, al abrazar la causa de un presidente que intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de facto –y al ponerse del lado de un golpista convicto–, Pérez se pinta de cuerpo entero. Ya no hay ambigüedad posible.

La gravedad de esta decisión trasciende lo personal. Cada investigación que Pérez condujo como integrante del equipo especial Lava Jato queda ahora contaminada por una sombra de parcialidad. Si el fiscal que persiguió al fujimorismo con singular ferocidad resulta ser un simpatizante del castillismo que considera “secuestrado” a un golpista sentenciado, ¿cómo no cuestionar la objetividad con la que llevó esas causas? No se trata de absolver a los investigados ni de negar posibles delitos, sino de reconocer que la credibilidad del persecutor importa tanto como la del acusado. Pérez ha dinamitado la suya.

Desde este Diario, en su momento, se defendió que los fiscales del equipo especial pudieran continuar sus investigaciones cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó removerlos arbitrariamente. También, sin embargo, advertimos que la caída del juicio por el Caso Cocteles era previsible: la acusación tuvo defectos graves, no se especificaban los delitos atribuidos a cada imputado, se elaboraron tesis sin asidero y se mancharon honras en el camino. Se reconoció el valor del trabajo anticorrupción, pero también los excesos de quienes lo conducían.

Es cierto que todo abogado tiene derecho a elegir a sus clientes. Nadie discute ese principio. Pero la elección no ocurre en el vacío: dice algo sobre quién la toma. Cuando el exfiscal que investigó a políticos como Keiko Fujimori o Alan García elige como primer cliente a un expresidente golpista, cuando lo llama “secuestrado” y promete luchar por su libertad, y cuando declara que él también es “víctima de la mafia que gobierna las instituciones”, no está ejerciendo simplemente la abogacía: está haciendo declaraciones políticas que confirman las sospechas que pesaban sobre sus motivaciones.

Pérez decidió ayer dinamitar la labor del equipo especial Lava Jato y cualquier atisbo de imparcialidad que podía mantener en las investigaciones que realizó. Con sus actos se ha terminado de quitar la careta. Queda claro ahora, con la elección de su más reciente defendido, que sus acusaciones no estuvieron nunca libres de sesgos ideológicos.

Un ejemplo sobre esto es EsSalud, entidad que continúa desaprovechando recursos en lugar de abandonar arreglos institucionales y prácticas ineficaces. Cerca del 50% de los asegurados en EsSalud no se atienden en sus centros de salud y, aun así, hay colas y racionamiento de servicios y medicamentos. En 2026, su presupuesto fue de S/17,400 millones, pero sus asegurados gastan de su bolsillo en atención de salud y medicamentos un aproximado de S/6,100 millones (el equivalente al 35% del presupuesto total de EsSalud). En ese sentido, EsSalud ha fracasado en dar protección financiera a sus afiliados.

El apartado organizacional y prestacional, y la asignación de recursos humanos y presupuestales, son ineficientes. EsSalud solo tiene el 12% del presupuesto y el 16% del personal en el primer nivel de atención, cuando en ese nivel se debe responder al 70% de las enfermedades. Los hospitales de nivel III que deberían cubrir 10% del total de pacientes con atenciones de complejidad alta, poseen el 49% del presupuesto y el 43% del personal. Por otro lado, la sostenibilidad financiera está en rojo: El estudio actuarial de la OIT EsSalud señala que la proyección a partir de 2023 enfrenta costos unitarios mayores a los ingresos unitarios. Esta situación, determina más tiempos de espera para la atención ambulatoria y cirugías, y una menor disponibilidad de medicamentos.

En tanto, la corrupción es el flagelo número 1 en EsSalud: de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, de 2,928 entidades públicas a nivel nacional, la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) tiene 87 puntos sobre 100 en nivel de corrupción, mientras que el Seguro Social de Salud ESSALUD (Lima) asciende a 86.2 puntos, siendo estos centros los que lideran el ranking de mayores riesgos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional.

Maquillajes de gestión no van a resolver el problema actual. Se requiere un cambio de timón drástico: la separación de roles de financiamiento y provisión es urgente. Se sugiere que la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFA-EsSalud) administre el fondo de salud, multiplicando el dinero vía inversiones y comprando servicios de calidad a prestadores al menor costo posible, a través de contratos que use mecanismo de pagos, con metas de atención y resultados sanitarios. Este proceso promueve un mercado competitivo y regulado donde los prestadores ofertan servicios de calidad y controla costos de producción. Las redes de salud tendrían que organizarse en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), bajo diversas modalidades de gestión y abriendo la opción de alianzas público-privadas. Finalmente, se debe iniciar el proceso de cambios con un cronograma corto sobre la base de la legislación vigente del DS-010-2016, que establece la separación de roles de financiamiento y provisión. El sueño es posible: construir una seguridad social resiliente y eficaz que, de resultados sanitarios, asegure satisfacción del usuario y protección financiera plena.