🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Ánforas de donación en los aeropuertos

Aldeas Infantiles SOS Perú y los principales operadores aeroportuarios del Perú suscribieron un convenio que permitirá instalar ánforas de donación en distintos terminales aéreos del país. El fin es recaudar fondos para apoyar a los niños y familias que están en situación de vulnerabilidad en diferentes zonas del territorio nacional. Lo recibido se destinará principalmente a necesidades básicas como alimentación balanceada y a fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas.

🟢 Medallas de oro en surf en los Juegos Suramericanos

Los representantes del surf peruano han tenido grandes resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Catalina Zariquiey (surf femenino), Hannah Saavedra (bodyboard femenino) y Lucciano Campos (bodyboard masculino) lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías. Además, María Paula Conterno (SUP surf) ganó la presea de plata y Emilia Ezcurra (SUP Race) la de bronce (hace unos días). Estas medallas se suman a otras que el joven equipo peruano ha obtenido.

🔴 Alerta en la frontera del Perú con Chile

Luego de que el presidente chileno, José Antonio Kast, anunciara la expulsión de extranjeros que están en una situación migratoria irregular en su país, la Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera del Perú con el país sureño. Los policías ocuparán puestos de vigilancia en toda la línea de frontera. Asimismo, se usarán drones para la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, zonas de difícil acceso. El objetivo es proteger el territorio del ingreso irregular de extranjeros, sobre todo con antecedentes.

Esa narrativa terminó imponiéndose porque se montó sobre la matriz ideológica prevaleciente en los Andes de un centralismo expoliador que se lleva los recursos fuera. Es la ideología del despojo infundida desde los setenta por las izquierdas, Velasco y por Patria Roja y el Sutep en los colegios, de modo que tenemos una población sociológicamente emprendedora y capitalista pero ideológicamente revanchista.

El Perú no ha capitalizado para la conciencia y el orgullo nacionales la excelencia de la estrategia con la que derrotamos a Sendero ni el extraordinario crecimiento desde los noventa que redujo abismalmente la pobreza. La batalla cultural está pendiente.

Por supuesto, el ciclo anárquico de los últimos diez años también ha sido nefasto, pero su efecto deletéreo ha sido agravado por la tesis irresponsable de un pacto corrupto indiscriminado en el Congreso que aprobó leyes procrimen. Por supuesto que el Congreso ha cometido excesos –aunque también aprobó la bicameralidad y la reforma de las pensiones por ejemplo–, pero la única ley procrimen ha sido la que extendió el Reinfo porque no había Ley MAPE. Las demás reparaban extremos que permitieron muchos abusos de la justicia politizada y de la regular.

La promesa de esta elección es que a partir del próximo gobierno se ponga fin al ciclo anárquico e inauguremos una era de estabilidad política que, sumada a las reformas necesarias, dé lugar a un ciclo largo de altísimo crecimiento y reducción acelerada de la pobreza.

Esta vez Keiko Fujimori tiene más posibilidades de ganar: su punto de partida ahora es mejor: ha obtenido 17% en la primera vuelta (más el voto suyo que apoyó a López Aliaga) mientras que el 2021 obtuvo solo 13%. Su antivoto ha disminuido de 62% en el 2021 a 48% según Datum, está más cuajada como política y como persona luego del duro e injusto vía crucis de la cárcel, y ha revalorado la gestión de su padre, lo que le ha permitido recuperar parte del medio rural y darle respaldo al mensaje del “orden”.

Pero tendrá que conversar con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y otros si quien pasa a la segunda vuelta es Roberto Sánchez, sobre todo para formar mayoría en el próximo Congreso. Porque Fuerza Popular y Renovación Popular juntas solo suman hasta ahora 30 senadores (la mitad) y 56 diputados de 130.

Una concertación es factible porque los planes de los tres partidos tienen suficientes puntos en común como para alcanzar un acuerdo de gobierno o en torno a reformas clave. El país lo necesita a gritos. Dios quiera.

La ONPE, responsable de organizar un proceso que involucra a más de 27 millones de electores, no logró garantizar condiciones básicas de operación. Reportes de la Defensoría del Pueblo y de medios de comunicación evidenciaron mesas que no se instalaron a tiempo, material incompleto o inoperativo y una preocupante ausencia de información en tiempo real. No se trata de errores aislados, sino de una falla sistémica.

Pero hay un elemento adicional que no puede ser ignorado: la afectación principal de varios problemas en Lima, donde se concentra casi un tercio del padrón electoral. Y esta distribución no es menor: obliga a plantear una pregunta incómoda pero ineludible: ¿estamos ante una simple ineficiencia o ante una mano negra, también, detrás? No se trata de afirmar sin evidencia la existencia de un fraude o complot, pero sí de reconocer que, en contextos de alta polarización, las fallas que afectan de manera diferenciada a territorios clave dañan la legitimidad del proceso. Cuando los errores no son homogéneos, la duda deja de ser ‘paranoia’ y se convierte en una exigencia democrática: la de explicaciones claras, verificables y oportunas.

Lo más grave es que el propio Estado ha demostrado que cuando se lo propone sí puede hacerlo mejor. Por ejemplo, el Pronabec, en procesos como el examen nacional de Beca 18, ha movilizado a decenas de miles de postulantes con altos niveles de control, trazabilidad y predictibilidad. La diferencia no se reduce a un problema de ‘escala’, sino a uno de gestión: uso intensivo de datos, monitoreo en tiempo real, plan de contingencia en caso sea necesario y sistemas de incentivos alineados a resultados.

Frente a ello, el argumento de la complejidad electoral pierde peso. La ONPE no administra solo una operación logística; administra la base misma de la legitimidad democrática. Fallar en su ejecución no es un desliz administrativo menor: es una vulneración del derecho al voto y un misil directo a la confianza en las instituciones. Pero el problema de fondo es más profundo y persistente: ¡el Estado no aprende! Las buenas prácticas existen, pero no se replican ni se escalan. Se tolera la improvisación donde debería exigirse precisión. Se normaliza el error donde debería haber consecuencias y se deja de entender que la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor es el poder de su ejecutor.

En este año de celebración para nuestra comunidad universitaria, además de recordar la trayectoria institucional, corresponde mirar con lucidez los retos de un mundo en transformación. No hablo solo en nombre de la universidad que me honra conducir, sino también desde mi compromiso con el sistema universitario. Los desafíos son muchos, pero al menos tres resultan hoy especialmente urgentes por su vigencia y proyección.

El primero es la incorporación de la inteligencia artificial a la educación superior. La universidad debe integrarla como una competencia transversal de toda la formación, no únicamente como una especialización. Esto exige no solo nuevos contenidos en los planes de estudio, sino también una redefinición del papel del docente. Quien antes transmitía conocimientos hoy debe formar criterio, estimular la creatividad y acompañar un aprendizaje en el que la IA sea una aliada, nunca un sustituto del pensamiento.

El segundo desafío consiste en establecer criterios claros para un uso ético, transparente y responsable de esta tecnología. Más allá de cualquier regulación, necesitamos reforzar conocimientos sólidos, pensamiento crítico y valores. Ante una inteligencia artificial usada sin orientación, la lectura y la investigación conservan plena vigencia. Por ello, la Universidad de Lima inaugura este mes una nueva biblioteca, en el marco de su aniversario 64. Se trata de una apuesta de futuro: un espacio donde la tecnología, incluida la basada en IA, amplía las posibilidades de acceso, análisis y creación de conocimiento, sin desplazar el valor insustituible de los textos.

El tercer reto es la capacidad de respuesta de la institución universitaria ante el entorno en el que viven los estudiantes: hiperconectado, global y cambiante. Debemos ofrecerles una formación que les permita desenvolverse con solvencia en un escenario profesional cada vez más competitivo e impredecible. La universidad debe ser el espacio donde se construyan las competencias para usar con sentido y responsabilidad herramientas tecnológicas que ya forman parte de su presente.

Hay aportes que trascienden el tiempo. Uno de ellos es el rol de la universidad como fuente de conocimiento y referente de sensatez en medio de coyunturas turbulentas. Durante más de seis décadas, la Universidad de Lima ha brindado un valioso aporte en esa dirección. Pero no dejamos de mirar al futuro. Nuestros planes –como el nuevo edificio académico que construiremos próximamente– nos permiten afirmar que seguiremos contribuyendo, desde nuestro lugar, al desarrollo del país. ¡Felices 64 años, Universidad de Lima!

El último jueves, el programa “Beto a saber” de Willax Televisión denunció que un grupo de ciudadanos encontró cajas abandonadas en una calle de Surquillo que contenían las cédulas de cuatro mesas electorales pertenecientes a Surco. El problema con ese hallazgo es que el reglamento para el recuento de votos, emitido hace menos de un año, es bastante claro al establecer los protocolos de custodia y destrucción de estos documentos. La razón tras ello es bastante simple: en caso de que las autoridades electorales lo consideren pertinente, debe realizarse un recuento público de votos para el que se necesitan, lógicamente, las cédulas de votación.

La respuesta del organismo electoral ante el descubrimiento ha sido bastante penosa. Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) responsable del distrito de Surco, afirmó que se trató de un “error involuntario” debido a que los trabajadores que llevaron el material desde el centro de votación hasta el lugar de almacenamiento olvidaron dichas cajas en el vehículo utilizado para el traslado. La ONPE también mintió al afirmar que dicho material fue custodiado por la policía y personal del JNE. Para empeorar las cosas, ayer se conoció una denuncia presentada en una comisaría de San Juan de Lurigancho en la que personal de la ONPE advirtió sobre la pérdida de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de votación del mencionado distrito, pero lo que es peor: chats internos de auxiliares del organismo encargados de la distribución del material electoral han salido a la luz y revelan un panorama de desorganización y caos que contradice cualquier explicación oficial, al tiempo que taxistas han denunciado públicamente que fueron ellos quienes, ante la ausencia de un sistema logístico funcional, terminaron distribuyendo por su propia cuenta el material de sufragio.

Estas revelaciones dan pie a una certeza y una duda. La certeza es que no se cumplió el protocolo establecido en la ley para el traslado y almacenamiento de las cédulas de sufragio, poniendo en riesgo el principal documento que recoge la voluntad ciudadana. La duda, entre tanto, es cuántos otros casos puede haber que todavía ignoramos no solo en Lima, sino en todo el país. La palabra de la ONPE, lamentablemente, ya no ofrece ninguna garantía.

Días atrás, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, minimizó el caos generado por la impuntualidad en la entrega del material de sufragio calificando la situación de un “error puntual”. Pues bien, ¿cuántos más errores “puntuales” o “involuntarios” cometió la ONPE el día de la elección que aún no conocemos? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus autoridades electorales al ver, literalmente, decenas de votos botados en la vía pública? En este Diario, creemos que no basta solo con una explicación; hace falta que se vaya de una vez Corvetto. No puede haber una segunda vuelta con él a la cabeza.

Bien haría la ONPE en responder las siguientes preguntas cuanto antes. El JNE, autoridades de control y sociedad civil deben obligarlos a hacerlo.

En cada elección hay mesas que se instalan tarde ¿Cuántas más mesas se instalaron tarde y qué tan tarde en la elección 2026? ¿Cuántos votantes corresponden a esas mesas electorales que se instalaron con retraso?

En cada elección hay ausentismo. En las elecciones de 2011 y 2016 fue de hasta 13% en Lima. En 2025 fue de 25%, pero sería un error comparar el ausentismo de 2026 con esta cifra porque era aún un año de pandemia COVID. En 2026 el ausentismo en Lima ronda el 19%. Cada punto porcentual de diferencia en el ausentismo en la capital representaría alrededor de 80 mil votantes. ¿Cuánto más ausentismo se tuvo en las mesas que se instalaron tarde?

En ambos casos corresponde hacer el análisis a nivel nacional y, en especial, en Lima que fue donde se reportaron incidencias. Luego, contrastar.

Los datos abiertos de la ONPE permitirían responder a estas preguntas y aproximar la magnitud del impacto sobre los resultados que ha tenido su incapacidad de llevar adelante esta elección correctamente. Algunas estimaciones en esa línea han circulado en redes sociales; sin embargo, ninguna oficial ni lo suficientemente rigurosa. El avance en conteo de votos ha dado escasa diferencia entre Sánchez y López Aliaga, pero son resultados con una legitimidad seriamente deteriorada. No es un reclamo basado en teorías conspirativas, es un reclamo basado en factos y negligencias. No es un reclamo de fraude, pero el daño está hecho y como todo daño es necesario que lo dimensionen, enmiendan y prevengan. Es muy posible que en muchos casos este no haya sido un ausentismo por decisión propia del elector sino por responsabilidad directa de la ONPE y sus acciones y omisiones que escapan de la fuerza mayor.

Lo que ha ocurrido en esta elección y la gestión en la ONPE es un reflejo también de la crisis de instituciones en el Perú. Sin embargo, este caso es sumamente grave. Representan un daño inconmensurable a una institución electoral, gravitante para garantizar la democracia. La economía y la prosperidad de un país no son posibles sin esta última. Si no se pueden elegir autoridades de manera transparente, ¿qué futuro le queda al país?

Una de ellas es si los hechos conocidos podrían ameritar un análisis desde la perspectiva de la prevención de la colusión en contratación pública.

El punto de partida es el proceso llevado a cabo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la contratación del servicio de distribución de material electoral.

Desde un plano estrictamente formal, no se ha informado acerca de la existencia de impedimentos legales para dicha contratación. No obstante, en materia de compliance, la legalidad no constituye un estándar suficiente. La cuestión relevante es si la decisión fue consistente con una adecuada gestión de riesgos, particularmente tratándose de una operación crítica para el desarrollo del proceso electoral.

En ese contexto, adquieren relevancia ciertos elementos: la existencia de antecedentes administrativos del proveedor, la naturaleza altamente sensible del servicio contratado y, finalmente, las deficiencias en su ejecución.

Conviene recordar que los casos de colusión rara vez inician a partir de una evidencia directa de concertación. Por el contrario, suelen construirse con la concurrencia de indicios: irregularidades en el proceso de selección, decisiones que no optimizan el interés público o incumplimientos en la prestación del servicio. Incluso con elementos menos consistentes, el Ministerio Público ha dispuesto en otros casos la apertura de investigaciones preliminares bajo el estándar de sospecha simple.

No obstante, dos precisiones resultan indispensables para un análisis equilibrado.

En primer lugar, el ordenamiento jurídico peruano proscribe la responsabilidad penal objetiva. La sola condición de funcionario o directivo —sea en una entidad pública o en una empresa— no genera responsabilidad penal. Esta es siempre personal y exige la verificación de actos concretos dentro del ámbito de competencia de cada interviniente.

En segundo lugar, el factor temporal y probatorio es decisivo. Si bien las irregularidades administrativas -de verificarse- pudiesen justificar el inicio de una investigación, la Corte Suprema ha sido clara en que estas, por sí solas, no permiten configurar un delito de colusión. Para ello, es necesario acreditar, siquiera de manera indiciaria, la existencia de concertación -algún punto de encuentro- entre el funcionario y el particular.

Dado que dicha concertación difícilmente se prueba de manera directa, la eficacia de cualquier investigación dependerá de la adopción temprana de diligencias orientadas a preservar evidencia relevante: aseguramiento de comunicaciones, revisión de dispositivos electrónicos y otras actuaciones que, siempre bajo autorización judicial y con respeto al debido proceso, permitan reconstruir los hechos sin incurrir en investigaciones prospectivas.

Este punto no es menor. Una actuación tardía o desordenada no solo debilita la posibilidad de esclarecer los hechos, sino que también incrementa el riesgo de que el caso se diluya en el plano administrativo o se instrumentalice políticamente.

Ello no implica afirmar la existencia de un acuerdo colusorio ni atribuir responsabilidad penal a persona alguna. Pero sí plantea una interrogante legítima: ¿existen elementos suficientes como para justificar, al menos, una investigación preliminar bajo dicha óptica?

En el Perú, el voto es obligatorio y si uno no lo ejerce está sujeto al pago de multa. Por eso ha sido un grave atentado al derecho al sufragio que el domingo 12 de abril los ciudadanos en Lima tuvieran serias dificultades para votar.

El domingo fueron 13 los centros de votación de Lima Sur afectados porque no llegó el material electoral. Ciudadanos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac no pudieron sufragar el domingo, y fue una decisión del Jurado Nacional de Elecciones la que resolvió que quienes no votaron en esos locales pudieran hacerlo el lunes 13 de 7 a.m. a 6 p.m., en un hecho inédito nunca antes visto en otras elecciones.

Si bien los electores de los 13 colegios que recién pudieron votar el lunes están cuantificados (se estiman en más de 50.000 electores), no se puede decir lo mismo de los ciudadanos en Lima que se acercaron a sus centros de votación y, al no haberse instalado la mesa (por la demora en la llegada del material electoral), se retiraron y no regresaron. Se han reportado casos de personas que hicieron fila para votar hasta por cinco horas.

La tasa histórica de ausentismo en elecciones en Lima es de 13%; el 2021 llegó al 25%, en plena pandemia, mientras que este año se ha estimado en 20%.

Esta grave irregularidad se encuentra en investigación, e incluso llevó a una detención contra el exgerente de Gestión Electoral de ONPE José Samamé, cuya dependencia contrató a Galaga, empresa cuya contratación era S/100.000 más alta que la de la empresa Hermes, por ejemplo.

La primera reacción del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el mismo día de las elecciones, fue evadir su responsabilidad directa y apuntar a la empresa contratada para dar el servicio, que se ha defendido alegando que los camiones estaban listos, pero que no había material por trasladar. Todo sigue en investigación.

La responsabilidad de Corvetto en este asunto es constitucional. El artículo 182 de la Constitución establece que al jefe de la ONPE “le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio”.

En una elección tan arduamente disputada, cuya definición del candidato que pase a la segunda vuelta podría definirse por menos de 10.000 votos, es urgente que la investigación sobre el descalabro del domingo 12 se conozca, porque las consecuencias han sido que una fiesta electoral se convierta en una triste comedia de errores.

No se trata de un episodio aislado. Perú Posible perdió vigencia tras el gobierno de Alejandro Toledo; el Partido Aprista Peruano dejó de ser una fuerza parlamentaria decisiva después del segundo mandato de Alan García; el Partido Nacionalista no sobrevivió políticamente al ciclo de Ollanta Humala; Peruanos por el Kambio se desintegró tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora Perú Libre repite esta peculiar tendencia que no es ajena a agrupaciones nuevas y viejas.

Una explicación central de este patrón está en la desconexión entre el partido y la bancada parlamentaria, un problema persistente en la política peruana. En sistemas partidarios consolidados, la bancada funciona como prolongación orgánica de la agrupación y actúa con disciplina política. En el Perú, en cambio, esa relación se rompe con facilidad una vez que el partido llega al poder.

El desgaste acelerado de la figura presidencial influye decisivamente en este proceso. Cuando cae la popularidad del presidente –o del líder que articula al partido– se debilita también la cohesión interna. Los congresistas comienzan a tomar distancia para proteger su propia supervivencia política: renuncian, migran a otras bancadas, forman nuevos bloques o actúan con autonomía frente a la dirigencia partidaria. Así, las bancadas oficialistas se fragmentan y el partido pierde capacidad de conducción.

Perú Libre vivió ese proceso con claridad, pero no fue el único. También ocurrió con el nacionalismo y con PPK: organizaciones que llegaron al gobierno con expectativas de consolidación y terminaron erosionadas por divisiones internas y fuga de cuadros.

El resultado es paradójico: ganar una elección presidencial deja de ser un activo duradero para el partido. El acceso al poder no fortalece su vigencia, sino que muchas veces acelera su deterioro. Esto afecta directamente la representación política porque impide la consolidación de partidos estables, fomenta el transfuguismo y debilita la formación de una clase política con continuidad. Mientras esa lógica persista, nuestro destino como país parece estar marcado por lo efímero. Allí está el reto para lo que viene.

Los responsables de los organismos electorales tienen el desafío de reducir la incertidumbre de la gente, sobre todo ahora que se viene la segunda vuelta, en junio, y las elecciones municipales y regionales, en octubre de este año. Y la comunicación es fundamental.

La comunicación no puede ser reactiva. Informar después de los hechos resulta insuficiente. Hoy, más que nunca, la política y todo lo que la rodea debe comunicar antes de actuar. ¡El voto no es una ecuación, también es una emoción!

La vieja forma de hacer política sostenía que el elector debía ser un sujeto racional, capaz de evaluar propuestas y comparar planes de gobierno para decidir. Esa visión, heredera de la teoría del ‘rational choice theory’, resulta insuficiente para explicar lo que ocurre en las ánforas.

El elector moderno no responde exclusivamente a argumentos, sino a percepciones. No vota solo por lo que se promete, sino por quién hace la promesa. La credibilidad de los políticos, y también de las instituciones electorales, son el verdadero y principal activo político.

Y prueba de ello es la fragmentación del voto que refleja la debilidad de la política. El riesgo es que el elector ya no se sienta representado por estructuras tradicionales de instituciones ni por discursos ideológicos para el caso de los políticos. Existe un votante más individualista sin lealtad partidaria y, sobre todo, es más emocional con motivaciones propias como necesidades, miedos o esperanza.

Por ejemplo, las candidaturas de Ricardo Belmont o Carlos Álvarez expresaron curiosidad, hartazgo y deseo de romper con lo establecido, aunque sea por un momento porque los sentimientos adquieren mayor relevancia. A veces por encima de la razón.

La accidentada primera vuelta electoral ha dejado una señal clara: no basta con ajustes menores, se requieren decisiones firmes y visibles para garantizar que el sufragio del 7 de junio se desarrolle con normalidad. La ciudadanía no solo espera eficiencia, sino también responsabilidad política frente a los errores cometidos.

Una primera medida sería la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Más allá de las limitaciones legales que establece su ley orgánica, el propio artículo 10 contempla como excepción a la irrenunciabilidad cuando exista un impedimento debidamente fundamentado. La magnitud de las fallas operativas configura un escenario en el que, por decoro y legitimidad institucional, corresponde una renuncia o retiro del cargo, además de las sanciones respectivas a los que resulten responsables.

En segundo lugar, resulta indispensable que la ONPE articule de manera efectiva el apoyo de las Fuerzas Armadas para la distribución del material electoral. Su capacidad logística y presencia territorial pueden contribuir a generar confianza de que los insumos lleguen a tiempo, especialmente en zonas críticas.

Una tercera medida clave es la realización de simulacros o pruebas reales del funcionamiento de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), al menos una semana antes de la jornada, considerando que se continúa la previsión para volverse a aplicar en Lima Metropolitana y el Callao. Estas pruebas deben verificar aspectos técnicos esenciales como conectividad, operatividad de equipos e insumos básicos, como la tinta de impresoras.

Asimismo, es urgente replantear la capacitación de los miembros de mesa. No se trata solo de repetir contenidos, sino de adoptar estrategias más prácticas y focalizadas que aseguren su desempeño en condiciones reales.

Finalmente, se debe fortalecer integralmente el proceso logístico de distribución electoral. Sin una cadena eficiente y supervisada, cualquier esfuerzo adicional perderá impacto.

La segunda vuelta no admite improvisaciones. Recuperar la confianza ciudadana pasa por asumir responsabilidades y ejecutar soluciones inmediatas.

Dos: Piero Corvetto no ha cometido fraude, pero ha causado un terremoto de proporciones cuyas réplicas nos afectarán por mucho tiempo. ¿No se dio cuenta de que, para Lima –donde vota un tercio de los electores–, se escogió de manera corrupta a una empresa que ya había causado serios problemas antes, cuando había opciones mejores y menos costosas?

Ello ocasionó que cientos de mesas –si no miles– tuvieran que instalarse más allá del mediodía, causando indignación ciudadana, y que los miembros de mesa debieran permanecer cerca de 24 horas en sus funciones. Más serio aún, hizo que alrededor de 60.000 electores tuvieran que votar el lunes, entre otros problemas.

¡Tiene que irse del cargo ya!

Sé que la ley prohíbe su renuncia, pero de seguro no puede impedirla si argumenta problemas de salud. Ello le permitiría dedicarse a tiempo completo a defenderse del cúmulo de acusaciones que enfrenta.

Tres: Rafael López Aliaga, incluso antes de la votación y antes de que ocurrieran los estropicios de la ONPE, ya había anunciado que ganaría la primera vuelta porque sus encuestas así lo indicaban, o que al menos obtendría un 25%.

Ya avanzado el conteo y cuando quedó meridianamente claro que Keiko Fujimori lo había pasado por encima y que su posibilidad de pasar a la segunda vuelta trastabillaba, sostuvo que, incluso si él pasaba, el fraude se había producido, y exigió al presidente del JNE volver el proceso a fojas cero o, de lo contrario, “le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo para que se haga hombre”.

Pero cuando se dio cuenta de que nadie relevante se sumaba a su “insurrección” y que hasta sus elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados lo dejarían colgado de la brocha, sin una mínima autocrítica viró hacia exigir al JNE que no proclame los resultados hasta que se sepa quiénes pasan a la segunda vuelta. Léase: “Si yo no paso, hubo fraude”. Pues habrá que esperar sentados, porque hay más de 5.000 actas observadas.

Tanta chusquedad en el hablar y recurrentes desequilibrios emocionales dan cuenta de su inmenso parecido con su mentor, Donald Trump.

Cuatro: también hay algunas buenas noticias en medio de esta desgraciada situación que nos obliga a elegir entre dos opciones de segunda vuelta, cada una peor que la otra.

Así, si bien el crimen violento no ha disminuido un ápice –sino que ha empeorado en los últimos meses–, ningún candidato fue asesinado, como sí ocurre en países de la región con situaciones criminales similares a la nuestra.

Hay que resaltar también que el comportamiento de los electores en todo el país fue impecable: no hubo ningún incidente violento, pese a la tensión política y la polarización existentes.

Muy positivo, dado el rol que cumplieron en estos años de destrucción institucional, que siete de los diez partidos del Congreso ya no estarán en el siguiente, y que –como individuos– muy pocos puedan repetir el plato.

La más importante: la composición del Congreso no permite que quien gobierne pueda hacer cambios constitucionales –aquellos que requieren las propuestas más radicales de ambos extremos–, por lo que se necesitará dialogar y construir acuerdos. Sin embargo, hay importantes evidencias de que muchos nuevos congresistas de diversas bancadas no son precisamente lo mejor de cada casa, por lo que no queda claro cuál será su conducta ni las motivaciones que la guiarán.

No se trata solamente de improvisación. En una campaña con treinta y tantos candidatos, no es rentable, en términos electorales, dedicar mucho esfuerzo a elaborar propuestas detalladas porque no captan la atención del público. Los votos se consiguen con una frase, un “meme”, una parodia. El cálculo costo-beneficio degrada la oferta electoral.

Más allá de la estrategia de campaña, el objetivo de dotar de internet a todos los colegios puede ser loable, pero quienquiera que resulte elegido debe tener claro que el Estado no necesita hacerse cargo de expandir la red. Basta que contrate el servicio. La empresa privada es perfectamente capaz de hacerlo y ya lo ha demostrado.

Tan solo en los últimos 20 años, los usuarios de internet han pasado de menos del 40% a más del 80% de la población urbana y de menos del 10% a casi el 60% de la población rural. Y esa expansión no ha estado limitada a los más pudientes. Según los informes sobre la evolución de la pobreza monetaria del INEI, el acceso a internet entre los hogares pobres subió del 0,1% en el 2007 al 7% en el 2019, antes de la pandemia; pero en el 2020, cuando más lo necesitaban, saltó al 18%. Desde entonces ha seguido subiendo, y hoy el 32% de los hogares pobres tiene acceso a internet.

La expansión de la red ha sido posible gracias a que el mercado ha estado abierto para el ingreso de nuevos competidores, que han detectado oportunidades para ampliar y mejorar la cobertura. La demanda de internet por parte de los colegios públicos sería un incentivo adicional. Pero la lección fundamental es que este modelo económico, que algunos candidatos quisieran cambiar, es el que ha permitido aumentar la oferta a lo largo y ancho del país, en beneficio de ricos y pobres; y, siendo realistas, el único que les permitiría cumplir su promesa de campaña.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Denuncias ciudadanas generaron más de 2 mil multas

Más de 2.000 infractores fueron sancionados gracias a las denuncias ciudadanas enviadas a la campaña #NoTePases. Este esfuerzo cívico, auspiciado por SOAT Mapfre y Mitsubishi, demuestra el enorme poder de la participación cívica para ordenar nuestras calles y promover el respeto vial. Esta alianza entre el sector privado y los ciudadanos evidencia que la tecnología es un arma muy eficaz contra la impunidad de quienes no respetan las reglas de tránsito.

🟢Dos peruanos entre los más influyentes del mundo

Es un gran orgullo que la defensora ambiental Mari Luz Canaquiri Murayari figure entre los 100 personajes más influyentes del mundo, según la prestigiosa revista “Time”. Este reconocimiento visibiliza su valiente lucha por la Amazonía y demuestra que el liderazgo peruano tiene impacto global. Afortunadamente, no es nuestra única alegría en esta lista: el papa León XIV también ha sido destacado, con lo que se consolida un gran año para la influencia peruana en el ámbito internacional.

🔴Contraloría detectó graves hechos adversos en trabajo de ONPE

La Contraloría General de la República detectó graves hechos adversos en el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en más de 270 informes. El escándalo logístico y la falta de material electoral en este reciente proceso afectaron lo que debió ser una jornada pulcra y transparente. La ONPE debe asumir su responsabilidad directa y no simplemente culpar a terceros por su deficiente planificación y falta de reacción.

La constatación de esta realidad motivó en días recientes sendos mensajes de dichos candidatos que sugerían que se apartarían de la política nacional. En el caso de Álvarez, el asunto fue particularmente llamativo: apenas cerradas las urnas, publicó un video imitando al jefe de la ONPE, como si los resultados de una elección que mantiene al país en vilo fuesen material para el humor. Previamente había agradecido a sus votantes afirmando: “Seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará allí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar” –frase que dio a entender a muchos que abandonaba la política activa–, para luego salir a desmentirse: “Yo no huyo ni soy cobarde”. En el caso de Belmont, su mensaje fue más directo: “Yo me voy, como dije, es mi última batalla, me voy tranquilo, ya terminó mi pelea”. En este caso, la noticia es bienvenida: su salida definitiva de la vida política peruana es, sencillamente, un buen augurio para el país. Aunque el partido Obras se apresuró a desmentirlo y asegurar que su “líder” seguirá “haciendo política en el Perú”.

Lo ocurrido alrededor de los mensajes de Álvarez y Belmont —y la conducta de tantos otros candidatos que participaron de esta elección sabiendo que no tenían posibilidad real de ganar— es sintomático de un problema que arrastra la política peruana desde hace ya algunos años: candidatos que en campaña piden a los ciudadanos que voten por ellos y por sus listas parlamentarias, y que, una vez derrotados, se desentienden por completo del partido y de la bancada que contribuyeron a instalar en el Congreso. Muchos de estos postulantes fueron, en los hechos, meros aventureros electorales cuya única contribución fue fragmentar un voto que ahora tiene al país en vilo. Uno de estos casos fue el del condenado expresidente Martín Vizcarra (que dejó Somos Perú para formar su propio partido), pero hay muchos otros antecedentes que podríamos citar aquí.

Si queremos reformar la manera como se hace política en el Perú, necesitamos más políticos y menos candidatos; esto es, líderes que entiendan que su responsabilidad con los ciudadanos no acaba cuando se cierran las urnas, sino que empieza justamente allí. Y que sean capaces de construir un liderazgo más allá de una campaña en concreto.

Como si hubiera un fuerte temor por parecer concesivo, la derecha política parece reacia al aprendizaje y, lejos de tender puentes a quienes se manifiestan de centro, opta por refugiarse en una zona segura. En consecuencia, para estos sectores, todos los matices del rojo no hacen más que coquetear con el comunismo.

De hecho, la primera en formularlo ha sido la misma Keiko Fujimori, la única candidata segura en el balotaje de junio. La noche del domingo 12, en una breve alocución tras la difusión del conteo rápido de Datum, recalcó que “el enemigo es la izquierda”.

Pero el enemigo que presiente Fujimori parece, finalmente, colársele en la segunda vuelta, aunque esto todavía deberán ratificarlo los resultados oficiales. Sea como fuere, parece tratarse de un enemigo menor, al menos según lo reportan los más recientes sondeos de opinión.

En efecto, un reciente estudio del IEP (febrero, 2026), por ejemplo, indica que solo uno de cada cuatro peruanos (26%) se identifica como de izquierda. El resto se reparte de la siguiente manera: 42% de derecha y 32% de centro.

En cualquier caso, ¿es la diferenciación ideológica la que debe imponerse en la segunda vuelta? Para el elector promedio, aquel volátil conglomerado que no votó ni por Fujimori ni por su acompañante en la segunda vuelta, hay temas de mayor trascendencia.

Tal es así que, sumados sus respectivos votos válidos, Fujimori y su eventual contendiente no superan el 30%, lo que deja un amplio margen de votantes por conquistar. Difícilmente, ese inasible grupo poblacional se interese en disputas más propias de otros tiempos o coyunturas.

Por el contrario, para este sector, los temas urgentes han estado ausentes del debate electoral y, sin duda, exigirá que se discutan ahora. El momento es idóneo, pues acotar posiciones entre dos resulta más efectivo que porfiar por un titular en un coro de treinta y cinco.

Así, será el momento de presentar propuestas referidas a la lucha contra la criminalidad, el impacto del populismo económico de los últimos tiempos (en el que tanto el partido de Fujimori como los votos de Sánchez han tenido un rol), o el estruendoso ruido político que ralentiza la toma de decisiones.

Ciertamente, toda segunda vuelta es una hoja en blanco y supone una historia por llenar. Quizás convenga reseñar aquella frase de Marx que señala que todo en “la historia ocurre dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa”.

Y mientras esa incertidumbre, ese drama nacional se estira como un chicle masticado, hay algo que ya no está en discusión: los que se quedaron fuera. Porque si la segunda vuelta aún se discute con decimales, la otra mitad de la elección –la de los partidos que desaparecen del Congreso– ya fue sentenciada sin apelación. La valla del 5% dejó de ser un requisito técnico para convertirse en un filtro sin anestesia. Separó a quienes todavía tienen un electorado –aunque sea pequeño, aunque sea fiel– de quienes confundieron ruido con respaldo.

Ahí aparece César Acuña con Alianza para el Progreso, probablemente el caso más ilustrativo de esta elección. Hubo dinero, mucho dinero. Hubo estrategia digital, ‘streamers’, presencia constante en redes. Todo calibrado para captar la atención de un electorado joven al que se le habló como si no tuviera memoria.

Pero la política no es un algoritmo. Mientras los videos circulaban, también lo hacían los recuerdos: las componendas, los cuestionamientos por las graves irregularidades en Essalud, en el Ministerio de Salud, y una gestión desastrosa al frente del Gobierno Regional de La Libertad. La campaña fue vistosa. El veredicto, seco.

Perú Libre, el partido que alguna vez se sentó en Palacio como si hubiera llegado para quedarse, hoy ni siquiera existe. No es una derrota: es un desfondamiento. Y ocurre, además, con su líder prófugo Vladimir Cerrón convertido en una sombra incómoda que ya no moviliza adhesiones sino sospechas. Durante años se presentaron como la voz de los olvidados, pero terminaron atrapados en sus propias contradicciones, incapaces de explicar lo básico: cómo se pierde un rumbo, cómo se pierde –con la misma facilidad– la confianza de quienes alguna vez creyeron en ellos. Porque en política, como en la vida, hay extravíos que no se recuperan con discursos. Y este parece ser uno de ellos.

Podemos Perú, de José Luna Gálvez, insistió en la fórmula que lo había hecho visible: exposición, gritos destemplados, promesas inmediatas –como la liberación de fondos de las AFP– y un tono confrontacional que funciona mejor en titulares que en balances. Pero el Congreso le pasó factura. Y esta vez se la pasó completa.

Avanza País tampoco logró sostener lo que parecía un inicio sólido. Bajo el liderazgo de José Williams, el partido se quedó en su propio perímetro. Ni Adriana Tudela ni Alejandro Cavero –dos figuras visibles, constantes en el debate– lograron convertir notoriedad en votos. En el Perú, ser conocido ya no alcanza. Hace falta algo más difícil: convencer.

El caso de Somos Perú confirma otra cosa: la historia no vota. El legado de Alberto Andrade no se traduce automáticamente en presente. Y figuras como José Jerí y su frívolo paso por la presidencia de la República acabaron por eliminarlo. El partido estuvo, pero no pesó.

Roberto Chiabra, con su perfil técnico y su apuesta por el orden también quedó fuera. Como si el electorado hubiera decidido, esta vez, que el problema no era desde dónde se hablaba, sino para cuántos se hablaba.

Por encima de todos ellos operó algo más simple y eficaz que cualquier campaña: una consigna sin dueño. No repetir. “Por estos no”. No hacía falta convertirla en programa. Bastaba con recordarla al momento de marcar.

Los que sí cruzaron la valla lo hicieron sin necesidad de reinventarse. El fujimorismo, con Keiko Fujimori, conserva ese núcleo duro que resiste cualquier tormenta. Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, mantiene una identidad clara, sin matices incómodos. Y Roberto Sánchez, desde Juntos por el Perú, logra sostener una presencia donde otros se deshicieron en el camino.

El mapa que queda es más estrecho. Menos partidos, menos dispersión, menos margen para esconderse. Y, sobre todo, menos paciencia. Porque esta vez el mensaje no se perdió en la fragmentación: el votante decidió recordar. Y cuando recuerda, la política –por fin– deja de explicarse y empieza a rendir cuentas.

Hay algo inquietantemente familiar en el momento político presente que padecemos. Más que la diferencia de ideas –que es natural en una democracia–, lo que inquieta es el tono: una narrativa que mezcla revancha social con deudas históricas no saldadas. Como si cada elección fuera una oportunidad para ajustar cuentas en lugar de construir futuro.

Y aunque eventualmente podrían coexistir dos ‘pirúes’ –o varios más–, el problema no es que existan. El problema es que han dejado de hablarse. Se observan con sospecha, se reducen a caricaturas y, en el camino, se diluye la posibilidad de un proyecto común. Así, la política deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un campo de disputa donde el Estado debe ser depredado.

Y ese es el verdadero punto de quiebre. En un país con una informalidad estructural tan extendida y con una presencia estatal muchas veces intermitente, la tentación de capturar el Estado –para redistribuir, castigar o compensar– puede sonar seductora. Pero es, en realidad, una trampa. Un Estado debilitado o depredado no corrige desigualdades: las profundiza.

Reconciliar en la diferencia no significa diluir posiciones ni negar conflictos. Significa construir un Estado suficiente para todos y sobre todo capaz de arbitrar las nuevas tensiones. Un Estado que no responda a impulsos revanchistas, sino a criterios de eficacia y servicio, a cualquier costo. Incluyendo los pactos de gobierno (algo como la Concertación en Chile o los Pactos de la Moncloa en España).

Quienes pasen a la segunda vuelta de junio del 2026 no solo enfrentarán una elección. Enfrentarán un país más fracturado –si los entremeses que estamos viviendo no se resuelven con ponderación–, en el que la desconfianza compite con la lógica de la compensación y la reparación social. Su desafío no será ganar, sino gobernar sin fracturar más.

Eso implicará resistir la tentación de usar el imaginario de lo público como una revancha y convertirlo en un verdadero brazo de desarrollo. Reconciliar lo irreconciliable no es un gesto simbólico. Es una decisión política sostenida, respaldada por un Estado solvente, y que pueda protegerse de los ‘Robin Hood’ caricaturescos que vuelven con sus fuegos artificiales.

Porque el Perú no necesita elegir entre dos visiones. Necesita, usando las armas del siglo XXI, integrarlas definitivamente.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Medallas del equipo peruano

El equipo peruano que participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá, sigue dando buenos resultados. Keiji Takeda logró la medalla de plata en tenis de mesa individual, mientras que la surfista Emilia Ezcurra y Yesus Parea obtuvieron la de bronce en SUP surf y en judo -66 kg. Estas preseas se suman a la de oro que Francesko Canayo logró en la categoría 51 kg de lucha libre y a la de plata obtenida por Oziel Herrera en 60 kg. La delegación peruana consta de 141 deportistas entre 14 y 17 años.

🔴 Larga espera para dejar material electoral

A las demoras que hubo en la votación del domingo se suma la larga espera de centenares de camiones que debían entregar el material electoral e insumos usados ese día (planillones sobrantes o computadoras): una fila de hasta 500 camiones estuvo estacionada frente al almacén de la ONPE en Lurín. Recién se les permitió ingresar al mediodía del martes, tras casi 48 horas de espera. Los conductores, a quienes no se les dio una explicación, tuvieron que dormir en sus vehículos.

🔴 “Problemas graves” y “retrasos”

Es preocupante que la Misión Electoral de la Unión Europea concluya que solo hubo “problemas graves” y “retrasos” en las elecciones del domingo. Esta postura minimiza las evidentes anomalías denunciadas por miles de ciudadanos y observadores locales. Al avalar un proceso empañado, la misión pierde credibilidad y abandona su rol objetivo, y se convierte en una especie de validador ciego. Ignorar las graves irregularidades profundiza la crisis de confianza en nuestro sistema electoral.

La realidad de los últimos años nos indica que la incertidumbre ha dejado de ser un fenómeno transitorio para convertirse en nuestro campo de juego cotidiano. Podríamos resumirlo en una frase: ya no existe ‘normalidad’. En este escenario, la habilidad más crítica del líder empresarial pasa a ser la gestión de la ambigüedad. El empresario moderno debe ser capaz de trazar una dirección sólida –un ‘norte’ innegociable que dé seguridad a sus equipos–, pero tener al mismo tiempo la flexibilidad táctica para ajustar velas ante los cambios de viento. Esta doble disposición requiere una mentalidad abierta para desaprender modelos que ayer fueron exitosos y acoger innovaciones, no solo para sobrevivir, sino para transformar.

Manejar la incertidumbre implica gestionar miedos, los propios y los ajenos. Un empresario que sabe mantener la calma y proyectar una visión clara bajo presión inspira a su organización a ver en el cambio una ventana de oportunidad. No se trata de saber todas las respuestas, sino de tener la madurez para hacer las preguntas correctas y la humildad para integrar diversas perspectivas en la toma de decisiones.

Esta cualidad se une a la de la curiosidad intelectual. El líder empresarial que deja de aprender, deja de liderar. En una era de transformación digital acelerada y cambios en los paradigmas de consumo, la capacidad de anticipar tendencias depende de qué tan conectado esté el líder con lo que sucede fuera de su burbuja corporativa y entienda las tensiones sociales y los desafíos éticos que definen nuestro tiempo.

La verdadera fortaleza ya no reside, pues, en el control rígido, sino en la empatía estratégica, en saber escuchar y generar consensos con un modelo de gobernanza más horizontal. El líder actual es, ante todo, un gestor de ecosistemas humanos y cadenas de valor. Los jóvenes talentos hoy buscan un propósito en su trabajo y la sociedad demanda transparencia. Construir puentes de confianza con sus grupos de interés –reguladores, vecinos, gremios empresariales, académicos, sociedad civil, sus propios colaboradores– es hoy una ventaja competitiva más potente que cualquier tecnología. El cumplimiento y la integridad ya no son solo marcos legales; son convicciones personales que el líder debe irradiar a la reputación de su organización.

Finalmente, el rol del empresario peruano actual es el de un constructor de institucionalidad. Su labor trasciende las fronteras de la oficina para ser un agente de cambio que, a través de la coherencia entre lo que dice y lo que hace, fortalece el tejido social del país. Hoy, el éxito de una empresa no se mide solo en el balance financiero, sino en su capacidad de integrarse armónicamente con su cadena de valor, con el enfoque puesto en un negocio sostenible. Seguramente ese es el aprendizaje más valioso que se requiere en la actualidad: entender que una empresa es un organismo vivo que respira el mismo aire que su entorno y que es fundamental la capacidad de inspirar confianza para transformar la incertidumbre en un terreno fértil de crecimiento compartido.

Durante la Semana Santa, León XIV reclamó negociaciones de paz para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El Papa habló de la “delusión de la omnipotencia” y rechazó las afirmaciones de Trump sobre la posibilidad de destruir la civilización iraní. La irritación del presidente es comprensible, aunque no disculpable: Irán, a pesar de haber sufrido pérdidas severas en su arsenal militar y naval, ha prolongado la guerra con miles de drones que están golpeando instalaciones petroleras de los aliados estadounidenses en Medio Oriente. El desabastecimiento de petróleo en Europa, África y Asia ya no es una amenaza retórica sino una perspectiva real, con consecuencias gravísimas para la economía mundial. Trump esperaba una victoria rápida y reconocible. No la tuvo. Y cuando un hombre acostumbrado a ganar no gana, busca culpables.

La reacción de Giorgia Meloni fue inmediata: las palabras de Trump contra el Papa son “inaceptables”. Trump respondió con descalificaciones. En un solo movimiento, se alejó de Italia, su principal aliado en la Unión Europea. Es una forma peculiar de hacer diplomacia.

Frente a ese estilo, León XIV ha revelado en su primer año de pontificado un talante distinto: reflexivo, meticuloso, cauteloso con las palabras pero firme con los principios. Es plenamente consciente de que su función como líder espiritual de más de mil millones de católicos le impone tomar posición ante lo que afecta a la humanidad. La Iglesia no puede mirar hacia otro lado ante el sufrimiento en Ucrania, Gaza o el Líbano, ni ante las consecuencias de este nuevo conflicto que amenaza con extenderse.

Este desencuentro entre el Papa y Trump es, ante todo, un síntoma. Confío en que la serenidad de uno y la prudencia del otro permitan encauzar una relación que el mundo necesita que funcione.

Mientras tanto, el Perú aguarda. León XIV ha expresado su amor por este país en numerosas ocasiones durante su pontificado, y todo indica que su visita –que incluiría Argentina y Chile– podría materializarse antes de que acabe el año. Será un momento de renovación de la fe, sí, pero también algo más difícil de definir, y quizá más necesario: la posibilidad de reunir, aunque sea por unos días, a creyentes y no creyentes en torno a una figura que ha demostrado que la autoridad moral todavía existe, y que a veces se atreve a decirle al poder lo que el poder no quiere escuchar.