–El sabor de la semana–

Los electores de la melancólica comarca que habitamos, en efecto, no serán lectores de Dante, pero igual abandonan toda esperanza al llegar a las puertas de ese infierno que es la cámara secreta. Ellos, en su mayoría, han endosado en tantas ocasiones su respaldo a quienes prometían cambiarlo todo para después dejar las cosas intactas o peor de lo que estaban, que ahora no creen realmente ni en los ‘outsiders’ ni en los ‘anti-establishment’. Su experiencia les enseña que, nada más acomodarse en el sillón presidencial, ellos se transforman en aquello que antes vituperaban con amargura. En consecuencia, nos tememos, el sufragio se convierte simplemente en un acto de desfogue. En una manera de poner en el trono a la peor pesadilla de quienes ostentan en ese momento el poder con soberbia… para luego repudiar también a estos nuevos ocupantes del trono y castigarlos en los siguientes comicios. La jornada electoral resulta así un día de furia, y los sondeos y simulacros, los ensayos generales de lo que ocurrirá en ella. Frente a sus interrogadores, los encuestados juegan a levantar al iluso de turno por unos días y después lo observan derrumbarse con malévola complacencia. Esos postulantes son algo así como “el sabor de la semana”, pero en medio de sus devaneos de grandeza son incapaces de comprenderlo. El hipo que los tuvo como protagonistas les crea un complejo de ganadores que, a la larga, hace más humillante la magra cosecha que recogen en las urnas y provoca pataletas tras la derrota. Algo de eso tendremos sin duda a partir del lunes.

Mientras tanto habrá que aguardar para ver a quién pesca el domingo en pleno hipo y rogar que, para la segunda vuelta, el inconsciente que anida en cada uno de nosotros no insista en encumbrarlo por el solo placer de verlo caer más tarde víctima de su propia vileza.

Hoy, más de unciones y la tendencia hacia el autoritarismo. Sin embargo, a siglo después, otra generación se asoma a su propio momento decisivo. Se estima que más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez en esta “fiesta democrática”. Ante ello, resulta difícil no preguntarse: ¿qué nos une y qué nos separa de aquellos jóvenes que heredaron un país desmembrado?

Ambas generaciones crecieron en medio de crisis. Vieron la fragilidad de las instituciones. Incluso aprendieron que la democracia estaba lejos de ser un punto de llegada. Cada una, a su modo, afrontó momentos de quiebre, guerras, transillí donde unos encontraron impulso para reconstruir, otros parecemos haber heredado una inercia más difícil de vencer. Y es que quizá lo que heredamos no fue una pátina, sino solo corrosión.

Hay corrosión en la vida pública, en la confianza ciudadana, en la forma en que pensamos el bien común. La política, que otrora movilizó multitudes y despertó convicciones, hoy se diluye entre el cálculo inmediato, el desencanto y la socarrona banalidad. Las grandes causas se fragmentan y las voces que antes articulaban horizontes colectivos se pierden en el ruido. La ciudadanía, que antes fue motor, parece hoy atrapada en una crónica abulia.

Quizá la diferencia no esté solo en las circunstancias, sino en la respuesta. La generación del dolor hizo de la crisis un punto de partida. Hoy, la nuestra corre el riesgo de hacer de ella un estado permanente. Este país nos vio nacer, pero, a diferencia de los primeros, no sé si nos verá crecer o descansar…

Durante años, buena parte de la escuela y de la universidad premió capacidades que tenían sentido en un mundo donde resumir, redactar, organizar información y producir respuestas aceptables era costoso. Pero ahora la IA ha cambiado el valor de esas tareas. Si una máquina puede ayudarte a hacer en segundos lo que antes tomaba horas, la educación no puede seguir organizada como si el núcleo del aprendizaje fuera solo la respuesta correcta. El problema ya no es solo el acceso y el procesamiento de la información, sino qué hacer con ella, cómo examinarla y con qué criterio decidimos si merece ser tomada en cuenta y utilizada.

Un estudio publicado en 2024 en Humanities and Social Sciences Communications, revista Q1 en Scimago, advierte que los entornos algorítmicos personalizados pueden reducir la exposición a perspectivas diversas y favorecer un estrechamiento del campo de experiencia y de juicio. Es decir, el algoritmo produce mentes estrechas. La cultura general ensancha nuestra forma de entender el mundo, convirtiéndola en el mejor antídoto frente a la dimensionalidad única del algoritmo, ese que nos hace confundir familiaridad con verdad, y preferencia con criterio.

Quizás el problema no sea solo cuánto STEM enseñamos, sino cuánto hemos subestimado la cultura general, la imaginación, el juicio y la formación humanística integral en un momento en que parte de la técnica empieza a volverse asistida. No se trata de oponer humanidades y ciencia, sino de entender que la IA reordena las capas del conocimiento. Gracias a ella, más personas acceden a capacidades técnicas que antes parecían reservadas a especialistas, pero eso no elimina el conocimiento profundo, lo desplaza hacia niveles más especializados. Es justo por ello que se vuelve más importante contar con una base amplia que permita comprender, contextualizar e imaginar mejor qué información es verosímil y de qué manera vale la pena utilizarla.

No es solo una intuición. En un estudio reciente, basado en una encuesta a 2,000 estudiantes y entrevistas a 100 docentes de tres universidades en Vietnam, el 75% de los estudiantes señaló haber fortalecido su pensamiento crítico, mientras que el 68% afirmó analizar los problemas desde perspectivas éticas, históricas y culturales. En un país como el Perú, donde la desigualdad educativa ya condiciona quién interpreta mejor la realidad y quién apenas aprende a reproducir información sin comprenderla a fondo, no podemos seguir tratando la cultura general como un accesorio o un lujo. Si seguimos así, solo crearemos mayores brechas cognitivas y sociales.

La educación de la era de la IA no debería resignarse a formar usuarios eficientes. En un mundo gobernado por algoritmos su tarea es más exigente. Tiene que formar personas capaces de pensar con ellas sin quedar subordinadas por su aparente facilidad.

La tragedia materializa un defecto conceptual del planeamiento peruano: la hibridación entre política y estrategia. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, las Políticas Nacionales contienen “lineamientos” que guían la acción estatal. Estos intentan ser simultáneamente política estable (qué problemas priorizar) y estrategia de intervención (cómo resolverlos). El resultado son instrumentos demasiado vagos para funcionar como estrategia y demasiado rígidos para adaptarse como política. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 - PNGRD 2050 (DS 038-2021-PCM) establece diecisiete lineamientos, pero actualizar cualquiera de ellos requiere modificar un Decreto Supremo, y un proceso de hasta doce meses. Mientras tanto, planes como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2030 - PLANAGERD 2022-2030 operan sin norte estratégico porque la “estrategia” quedó congelada en lineamientos genéricos dentro de una Política inamovible.

Tomemos el Lineamiento 2.1 de dicha política: “Fortalecer la implementación de la GRD en la planificación y gestión territorial”. Esta formulación adolece de una vaguedad operativa funcional: enuncia un deber-ser deseable, pero evita definir qué se priorizará, en qué secuencia y bajo qué criterios. Esta ambigüedad no es inocua; es el refugio de la discrecionalidad política, que permite a la autoridad de turno decidir por conveniencia lo que la estrategia debería determinar por necesidad. El estudio técnico de Arequipa terminó archivado porque ningún lineamiento obligaba a que salvar vidas en las ciudades costeras o andinas tuviera prioridad sobre la inauguración de una plaza o un intercambio vial de alta visibilidad política.

El imperativo de un Lineamiento Estratégico Real

Frente a esto, urge transitar hacia lineamientos estratégicos auténticos, diseñados para cerrar el paso a la improvisación y basados en un análisis prospectivo de riesgo. Un modelo de decisión real debería enunciarse así:

“Priorizar intervenciones de reducción de riesgo en ciudades con alta densidad poblacional y recurrencia histórica de desastres, bajo los siguientes criterios vinculantes:”

Criterio de Selección: Inversión concentrada en zonas urbanas con más de 500 mil habitantes y registro de al menos dos eventos significativos en los últimos 20 años, mediante análisis multicriterio que pondere población expuesta, frecuencia de activación de quebradas y daños acumulados.

Secuencia de Intervención: Primero, inmediatez mediante ampliación de secciones hidráulicas en tramos de mayor densidad; segundo, mitigación con sistemas de encauzamiento; y tercero, programas de reubicación asistida como solución definitiva.

Régimen de Recursos: Las tres jurisdicciones con mayor puntaje deben concentrar el 70% del presupuesto quinquenal regional y de ser necesario, gestionarán partidas presupuestales adicionales para completar las obras, aplicando el criterio de focalización estratégica sobre el de distribución política equitativa.

Gobernanza del Gasto: Un ente técnico nacional validará el diseño, la autoridad subnacional ejecutará la obra bajo supervisión concurrente de control, y el organismo de respuesta pre-posicionará capacidades según el escenario de riesgo del proyecto.

Por otro lado, más allá de la vaguedad de los lineamientos, la fragmentación entre el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reproduce organizacionalmente la confusión conceptual. Como advirtió el coronel EP (R) Iván Loayza Abregú en Investigador Asociado – Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN) en su artículo “Enfoque reactivo por Enfoque preventivo en la Gestión de Riesgo de Desastres - GRD en el Perú” publicado en el diario Expreso (8 marzo 2026), unificar ambas entidades se constituye en una necesidad impostergable. Sin embargo, la fusión será insuficiente si no se resuelve la confusión conceptual de fondo: la ausencia de verdadera estrategia de intervención. Para materializar este nivel de precisión, la reforma requiere cinco movimientos diferenciados por horizonte temporal:

Corto Plazo: Reordenamiento y Ejecución

Unificación Orgánica (Nivel Ejecutivo): Evaluar formalmente la unificación de CENEPRED e INDECI bajo un solo ente técnico con mandato integral. El objetivo es consolidar en una sola estructura la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, eliminando los “puntos ciegos” institucionales que hoy separan la identificación del riesgo de la preparación para la respuesta.

Estrategia Nacional de Intervención - ENI (Nivel Directivo): Que la Dirección General de Política y Estrategia (DIGEPE) del Ministerio de Defensa (MINDEF) —ente rector de CENEPRED e INDECI— ejerza su rol estratégico mediante la formulación de una ENI vinculante. Esta estrategia debe articular las capacidades técnicas de los organismos del sector para establecer, por primera vez, una priorización geográfica, una secuencia temporal de intervención y un régimen de asignación de recursos que tanto el ente ejecutor (unificado o no) como los gobiernos subnacionales deberán cumplir bajo responsabilidad funcional.

Mediano Plazo: Reforma Estructural del Sistema

Reforma de la Metodología CEPLAN: Es urgente separar formalmente el nivel de Política (el ‘qué’) del nivel de Estrategia (el ‘cómo’). La Guía de Políticas Nacionales debe modificar su Etapa 5, estableciendo que cada sector formule su propia Estrategia Nacional de Intervención (ENI) como instrumento separado, actualizable mediante Resolución Ministerial. Esto permitiría que, ante un cambio en la situación específica de un problema público, los ministerios puedan actualizar técnicamente la ENI con agilidad, sin necesidad de modificar la Política Nacional, la cual deberá limitarse a definir fines conservando su carácter estable.

Restablecimiento de la Jerarquía Operativa: La cascada debe ser clara: la ENI (DIGEPE-MINDEF) prioriza; el PLANAGERD traduce en acciones multisectoriales; los planes del SINAPLAN (PESEM, PEI, POI) operativizan la inversión sectorial; y los planes territoriales (PDRC, PDLC) se articulan con los objetivos específicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN y las acciones del PLANAGERD según competencias regionales en GRD garantizando que la planificación local ejecute la misma estrategia nacional.

Tipificación de Responsabilidad por Omisión Estratégica: Establecer un marco de responsabilidad administrativa funcional y penal para los titulares de pliego y jefes de las oficinas de planeamiento que, contando con información técnica vinculante y recursos presupuestales, omitan la ejecución de intervenciones priorizadas en la Estrategia Nacional de Intervención (ENI).

Bajo este modelo, cuando un Gobierno Regional como Arequipa reciba un estudio técnico identificando 180 mil personas en riesgo, perderá la facultad de la omisión. Existirá una cadena técnica, normativa y penal que lo obligará a ejecutarlo. Ignorar la evidencia técnica ya no será una prerrogativa política, sino un acto punible; la autoridad que decida archivar la protección de su población estará configurando, simultáneamente, su responsabilidad ante la justicia por exposición de personas al peligro en modalidad de omisión.

Las torrenteras de Arequipa volverán a crecer. La pregunta no es si lloverá, sino si habremos aprendido que los desastres no los producen los fenómenos meteorológicos, sino Estados que confunden formular listas de deseos con diseñar estrategias. Necesitamos Estados que garanticen que la toma de decisiones responda a la necesidad técnica y humana, y no a la conveniencia política; Estados que dejen de multiplicar organismos creyendo que fragmentar instituciones equivale a especializar funciones.

Y así nos ven desde afuera, como ese país raro donde la debacle política no va de la mano de un desastre económico. Una ecuación bastante simple, por cierto, porque nuestra economía podría estar en otra situación si no fuera por la corrupción institucional y la delincuencia política que nos ha gobernado.

Lo que sí no aparece en los medios extranjeros son propuestas de algunos de los postulantes que tengan trascendencia regional, ya no digamos global. La campaña, que ha prendido recién en las últimas semanas tras los debates, ha tenido una mirada nula hacia lo que pasa fuera de nuestras fronteras. En un contexto de conflictos internacionales, con guerras que traen consecuencias energéticas y de consumo, ha sido muy preocupante no escuchar casi nada de cómo los candidatos analizan el contexto externo. Con poquísimas excepciones, los postulantes han hablado de lo mismo y sin ninguna sustancia.

No se ha escuchado decir, por ejemplo, cómo el Perú puede afrontar las consecuencias de la subida del petróleo, cómo solucionar la crisis de los fertilizantes ni mucho menos las consecuencias del cambio climático, que sí afecta directamente nuestros bosques.

¿Quiénes pasen a la segunda vuelta podrían hacer esa tarea? Como se ve el panorama, es pedir peras al olmo. Pero los votantes debemos exigir que el Perú defina cuál va a ser su rol en Latinoamérica, tanto en lo político como en lo económico y comercial. ¿Se alineará el Perú con los Estados Unidos de Trump? ¿Seguiremos teniendo a China como socio estratégico? ¿Miramos hacia Argentina y Chile, o a Brasil y México? ¿O seremos neutrales priorizando nuestros intereses?

La inauguración del megapuerto de Chancay ha sido de los pocos acontecimientos importantes de los últimos años que ha permitido al Perú ponerse en el foco internacional, o la elección del papa León XIV, estadounidense nacionalizado peruano. Y ahí quedamos. Por ello, es tarea sustancial del próximo Ejecutivo no quedarse en la intrascendencia regional. Obviamente hay muchísimas tareas internas, pero nuestro país debe tener una mirada inteligente de lo que ocurre a nuestro alrededor.

Que pueda ocurrir que el país no aproveche su propio movimiento a la derecha para volver a crecer a tasas altas y derrotar a la criminalidad es consecuencia, entre otras cosas, de la excesiva fragmentación de la oferta electoral en general y de la derecha en particular. La reforma del 2019 permitió la inscripción de partidos con solo 24 mil firmas, pero había un filtro de modo que luego de las primarias obligatorias (PASO) solo pasaban a la elección general unos pocos partidos. El Congreso derogó las PASO, pero no puso ningún filtro. Nos quedamos con más de 40 partidos y 36 candidatos presidenciales, incrementando el sentimiento de anomia y de rechazo de la gente a los políticos y a la política, rechazo agravado por una campaña negativa masiva (#PorEstosNo) orquestada por los mismos que polarizaron y alimentaron el descrédito de la clase política aplaudiendo la disolución del Congreso por Vizcarra y la persecución política ejecutada por el equipo Lava Jato.

Entonces en ese páramo autogenerado emerge una opción del mundo del entretenimiento y las comunicaciones como Belmont, preñado de un izquierdismo letal asolapado. Es la lotería. También hay responsabilidad de la derecha, que no fue capaz de unirse en su momento y ahora algunos hablan de voto estratégico en favor de Álvarez y otros de consolidar el voto por Keiko.

Estos cinco años que vienen son la oportunidad para volver a dar el gran salto de crecimiento y desarrollo, si es que recuperamos la estabilidad política poniendo fin al ciclo anárquico de vacancias, renuncias y disoluciones congresales y hacemos las reformas estructurales que hay que hacer. Con los precios internacionales de los minerales, superiores aun a los que tuvo Alan García, deberíamos estar creciendo a las tasas que consiguió García, de 8 o 9%, reduciendo la pobreza a razón de cuatro o más puntos por año. Pero eso solo se lograría con estabilidad y con reformas estructurales que tendrían que ser aprobadas por un Congreso en el que el gobierno reformista tenga mayoría, propia o por coalición.

Alguien como Belmont anularía todo ese potencial. Se presenta como marginado y perseguido por el sistema, propone regresar a la Constitución del 79, “revisar y renegociar los contratos sobre recursos naturales”, critica los tratados de libre comercio y defiende el proteccionismo velasquista. La receta para el empobrecimiento colectivo, que ya sufrimos y no aprendemos.

Ojalá Dios nos ilumine mañana. No podemos seguir cayendo en el mismo pozo una y otra vez, teniendo un futuro brillante por delante.

Antes de arrancar este periplo, yo esperaba toparme con un sentimiento generalizado de desafección hacia la política, de insatisfacción frente a la labor que están desempeñando las autoridades en general, y de relativa indiferencia hacia el proceso electoral. Y, en efecto, hay mucha decepción frente al rol que está cumpliendo la clase política en el país.

Pero eso no se traduce necesariamente en desinterés frente a la discusión pública, en que las personas decidan desconectarse de aquello que los trasciende para enfocarse exclusivamente en su entorno más inmediato. Gente que está en el sector privado o en el sector público, que trabaja en organizaciones de la sociedad civil, estudiantes universitarios y hasta escolares, en todo ámbito pude sostener conversaciones con peruanos y peruanas que querían entender cuál debía ser su rol para sacar adelante al país. Más que apatía, lo que encontré en muchos casos fue compromiso, sentido de agencia y cauto optimismo.

Algunos temas de conversación captaron mejor la atención de ciertos públicos. Por ejemplo, me costó mucho menos de lo que esperaba hacerle ver a los jóvenes los aspectos problemáticos del uso de las redes sociales, no solo en cuestiones de salud mental sino por la manera como polarizan la discusión pública y generan un efecto cámara de eco que hace que veamos como radicales a quienes piensan distinto, cuando en democracia deberíamos estar habituados al pluralismo político.

Con los mayores, caló mucho la discusión sobre valores y legado. Sentían que, en efecto, hay algunos antivalores, como la viveza criolla, que hemos permitido que se conviertan en la regla general en nuestra sociedad. Que si vamos a reclamar por los defectos morales que vemos en las autoridades, tenemos que hacerlo también cuando estos se manifiestan en nuestro entorno cercano. Porque nos toca como ciudadanos ser el ejemplo de lo que queremos ver en los políticos.

Quisiera destacar, finalmente, la cantidad de empresas y organizaciones de la sociedad civil que decidieron abrir espacios internos para conversar sobre el proceso electoral y las prácticas de desinformación que se intensifican durante la campaña. Les digo con franqueza que esto es algo que yo nunca había visto a este nivel, porque lo habitual ha sido que las empresas eludan el tema político por el riesgo de que se interprete que están queriendo inducir el voto.

Decenas de compañías decidieron emprender este año programas de voto informado que, de forma abierta y con todos los cuidados del caso, se enfocaban en explicar la complejidad asociada a la cédula de votación que nos entregarán mañana. Sobre todo para comprender qué implica que el Perú haya regresado a tener un Congreso bicameral y los roles diferenciados que tendrán ahora el Senado y la Cámara de Diputados.

A un día de la elección, no tengo cómo saber qué puede pasar mañana. El resultado seguramente dejará contentos a unos y muy descontentos a otros. Y luego nos insertaremos en un período que es mucho más largo que lo aconsejable, vale decir, el ínterin entre la primera y la segunda vuelta presidencial, que nos volverá a hacer sentir que el país está partido en dos. Pero, si algo me dejan estas conversaciones que he tenido en las últimas semanas, es una fe renovada en que, más allá de lo que pueda ocurrir con la política, los ciudadanos del Perú seguiremos queriendo a este país y trabajando para darle la grandeza que se merece.

Hablar de control de la sobrepoblación de perros y gatos en el Perú no es una moda ‘pet friendly’. Se trata de trabajar para reducir a cero los casos de la rabia canina en el país que aún se siguen presentando en regiones como Puno y Arequipa, y que acaban con vidas humanas sin que nadie haga algo realmente efectivo para evitarlo.

Los focos de rabia en esas regiones se producen principalmente en las jaurías de perros ‘ferales’; es decir, aquellos que no tienen contacto con las personas. ¿Y cómo se forman esas manadas? Son consecuencia directa de la tenencia irresponsable de canes: familias que los dejan sueltos y permiten que se reproduzcan sin control; y la falta de una educación sobre la importancia de esterilizar a nuestras mascotas.

Los animales abandonados no llegaron a situación de calle solos. Esos perros (y gatos) son los hijos de aquellos que sí tuvieron un hogar y se perdieron o se reprodujeron en la vía pública.

¿Qué dicen los postulantes a la presidencia de la República sobre un problema presente hace décadas? Sorprendentemente, nada.

Desde Proyecto Libertad, hemos analizado uno a uno los planes de gobierno de los seis candidatos con mayores posibilidades en la elección del 12 de abril.

Los planes de Carlos Álvarez (País para todos), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Ricardo Belmont (Obras) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) no tienen ni una sola mención al tema.

En las propuestas que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) plantea se habla de ejecutar campañas de esterilización enfocadas en animales sin hogar, cuando ya se ha demostrado que esto no es viable (¿dónde harían el post operatorio si no tienen familia?). Lo más grave es que ya existe una ley para ello hace más de 5 años, la denominada Ley 4 Patas. ¿No sería mejor hacerla cumplir en lugar de crear una nueva?

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se limita a mencionar que frenará el tráfico de fauna silvestre, una propuesta declarativa que no sirve sin acciones concretas. Recordemos que durante su gestión como alcalde de Lima no se avanzó en materia de protección animal.

También estemos alertas sobre supuestos “políticos animalistas”, así tengan como logo a un perrito. Un caso que conocemos –lamentablemente– de cerca es el del postulante del partido Progresemos. No es correcto utilizar a inocentes como un medio para ganar simpatías.

A los que trabajamos en políticas públicas a favor de los animales nos toca ver pasar una nueva elección presidencial como una oportunidad perdida de atacar de raíz una grave problemática que, si hablamos de maltrato animal, es el comprobado precedente de la violencia contra las personas.

Exijamos a los aspirantes al sillón de Pizarro un país más respetuoso con otros seres que sienten y una salud pública que no deje afuera a uno de sus principales componentes: la salud animal. Que este domingo, los animales también cuenten en tu voto.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo, frente a las dificultades, las personas encuentran formas de salir adelante cuando no están solas. En cada acción solidaria, por pequeña que parezca, hay un mensaje poderoso: es posible cambiar realidades cuando elegimos actuar.

El Perú se caracteriza por algo profundamente valioso: la habilidad de encontrar soluciones a problemas del día a día. Lo vemos en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y en cada espacio donde las personas se unen para responder a una necesidad concreta. Esa vocación de colaboración no es casual. Es parte de lo que estamos construyendo como sociedad: una forma de enfrentar los desafíos desde lo colectivo.

La ayuda humanitaria nos recuerda precisamente eso: más allá de nuestras distintas realidades, creencias o perspectivas, existe un terreno común. Ese es el deseo de aliviar el sufrimiento y de construir un futuro mejor para otros. Recientemente, durante la presentación del informe “Cuidar de los necesitados” en la gala “Impacto Social 2026”, pudimos ver reflejado ese espíritu en cifras, pero sobre todo en historias que dan cuenta del poder de la ayuda cuando se convierte en acción compartida.

Cuando una madre recibe atención médica, un niño mejora su nutrición o una familia recupera estabilidad tras una crisis, no solo se atiende una necesidad inmediata, se está sembrando esperanza, una que puede trascender generaciones.

Hoy más que nunca, el mundo necesita espacios de encuentro y personas dispuestas a mirar más allá de sí mismas. Porque es en ese esfuerzo conjunto donde se generan los cambios más significativos. Cada acto de servicio es una forma concreta de creer en algo mejor. Y creer en algo mejor es, en esencia, tener esperanza.

La invitación es simple: seguir encontrándonos en aquello que nos une, seguir construyendo juntos y seguir eligiendo ayudar. Porque al hacerlo, no solo transformamos la vida de otros, también transformamos la nuestra.

Esta vez quiero analizar la macroeconomía. Para mediados de los noventa, el Gobierno redujo la inflación, reinsertó al país en el sistema financiero mundial y logró un crecimiento alto y sostenido. Los analistas de bancos de inversión consideraban el manejo económico del Perú en los noventa como un ‘textbook case’, un ejemplo para el libro de texto de economía.

La crisis asiática del 97 y El Niño del 98 frenaron un poco este desarrollo, pero las bases macroeconómicas ya estaban establecidas. El mérito de los siguientes presidentes fue no modificar las políticas macroeconómicas. Esto llevó a un notable crecimiento en los últimos años. La gente, en otros países, me preguntaba: ¿por qué, con tan buenas cifras macroeconómicas, la aprobación del presidente es de solo 5 a 10%? Cosas de peruanos.

Un milagro actual es que, con siete presidentes en ocho años, y cuatro encarcelados, tenemos las mejores cifras macroeconómicas en términos de PIB. En cuanto al crecimiento: 3,3% comparado con Latinoamérica (LA); 2,2% y 1,8% en países desarrollados (OCDE); una inflación de 2% versus 5,2% en LA y de 5% en OCDE; el déficit fiscal es de 3,5% versus 5% en LA y 4,5% en OCDE; la deuda pública de 35% verrsus 60% en LA y 110% en OCDE; con una cuenta corriente de +2,2% y de 0% en OCDE.

Pero los porcentajes a veces pueden engañar. El PBI per cápita del Perú es 8.000; el de Chile, 16.000; Panamá, 17.000; Colombia, 7.100. Estas cifras contradictorias indican que los éxitos del sector externo, especialmente el de la exportación minera y la agroexportación, que favorecen una balanza comercial positiva, son necesarios, pero no suficientes, para el desarrollo.

La causa y la solución de los problemas no están en el Gobierno, como muchos creemos. Con un 75% de informalidad y un alto porcentaje de congresistas y gobernadores con juicios por delitos penales, es difícil salir de la pobreza.

Por ello, es indispensable votar juiciosamente, no visceralmente; no contra las personas, sino por las ideas, considerando la capacidad de implementarlas, buscando el bien común, especialmente el bien de los más pobres.

Gobernar sin datos es como andar a ciegas, poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos. Aceptar propuestas que no se soportan en datos o, peor aún, que se traduzcan en acciones, es como tirar una moneda al aire.

La toma de decisiones basada en evidencia rigurosa marca la diferencia entre un Estado que aprende y uno que repite sus errores. Y aquí nos encontramos nuevamente, en medio de la desinformación como parte del problema democrático. Cuando la ciudadanía no tiene acceso a conocimiento confiable, el espacio lo ocupa la desinformación.

Por ello se hace prioritario invertir en CTI. No es un cliché, es una necesidad. Al 2024, el Perú invirtió el 0,19% del PBI en Investigación y Desarrollo, lejos del promedio de América Latina que alcanza el 0,56%, y más lejos aún de Brasil, país que más invierte en I+D en Latinoamérica: 1,15% del PBI.

Asimismo, en el 2024, el Perú ocupó el puesto 80, según el ránking del Índice de Innovación Global, puesto bastante distante de Chile, país que encabeza la lista de los países de América Latina y que ocupa el puesto 50 a nivel mundial. Estos datos no son casualidad. Los países que más invierten en conocimiento tienden a tener instituciones más transparentes, ciudadanos más críticos y gobiernos que ejercen mejor su función.

Sin dudas, el ejercicio de la democracia demanda ciudadanos capaces de participar del debate público con criterios racionales y acceso a información verificable. Si esto lo llevamos al ámbito de la CTI, es preocupante que, como país, aún nos mantengamos en índices de analfabetismo científico. Según la I Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, el 42,8% de la población encuestada está poco interesada en temas relacionados con ciencia y tecnología y el 43,7% muestra poco interés en la política.

Este escenario genera gran vulnerabilidad, especialmente en contextos electorales, en la que la desinformación es el mayor capital de manipulación política. La ausencia de cultura científica hace que la ciudadanía sea más vulnerable frente a narrativas populistas sin uso de evidencia que soporte sus propuestas y promesas.

Por eso es indispensable que, como sociedad, exijamos inversión en educación científica, en divulgación responsable y de calidad; que no haya un divorcio entre ciencia, tecnología e innovación con la sociedad, revalorando la apropiación social del conocimiento.

Finalmente, el Perú tiene la tarea de articular una verdadera triple hélice, con tres actores estrechamente interconectados. La academia debe investigar sin perder de vista las necesidades del mercado, con una oferta formativa y de conocimiento que responda a las demandas reales de la sociedad y la economía. Las empresas, por su parte, deben innovar para atender problemas públicos y generar soluciones con impacto. Y el Estado debe cumplir un rol articulador entre ambos, de modo que la CTI se traduzca en políticas públicas efectivas y en tecnologías útiles capaces de resolver desafíos concretos, más allá del valor abstracto de innovar por innovar.

Imaginemos un Perú donde el 1% del PBI se destina a investigación, donde las universidades públicas compiten por fondos vinculados a problemas nacionales concretos, donde una empresa colabora con el sector público para desarrollar tecnología propia, y donde el ciudadano puede evidenciar en tiempo real cada sol del presupuesto público. Ese país no es una utopía, es la dirección que han tomado países como Chile o Uruguay con decisiones sostenidas en el tiempo. La pregunta no es si el Perú puede llegar ahí, la pregunta es si tenemos la voluntad política de empezar hoy.

Pero existe un problema todavía mayor entre el electorado con consecuencias descomunales en el destino del país: el ausentismo. En las elecciones generales del 2011 y 2016 –tanto en primera como en segunda vuelta–, el porcentaje de votantes peruanos que no acudió a las urnas osciló entre el 16% y 20% del total. Esta cifra creció en el 2021, cuando llegó al 30% en primera vuelta y al 25% en el balotaje. Dicho de otro modo, hace cinco años, casi seis millones y medio de peruanos no votaron en el cara a cara entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, una elección que, como todos sabemos, se definió por menos de 45.000 votos. Y, a juzgar por lo apretadas que están las preferencias en las últimas encuestas, ir o no a votar hará la diferencia en el resultado final.

El llamado a cumplir con el país, sin embargo, no es solo para los electores. Los más de 800.000 peruanos que han sido sorteados para ser miembros de mesa son una pieza clave para el éxito de la jornada electoral. Recordemos que, en el 2021, en Lima, los votantes de distritos como Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro tuvieron que esperar durante horas para poder sufragar debido a que las mesas no estaban instaladas por la demora –o inasistencia– de quienes las integraban. El domingo pasado, este Diario informó que, según la ONPE, solo el 52% de los miembros de mesa había cumplido con las capacitaciones correspondientes. Ojalá que quienes faltan lo hayan hecho en estos días, más aún considerando que pueden capacitarse de manera virtual. No está de más mencionar que quienes cumplan con su labor recibirán un pago.

Hace cinco años, en la segunda vuelta, casi 19 millones de peruanos –incluidos grupos vulnerables, como los adultos mayores– fueron a votar en medio de una pandemia, con mascarilla y con una serie de restricciones. Por lo que sería inadmisible que hoy, en un contexto sanitario completamente diferente y sin el azote de fenómenos climáticos, millones de peruanos decidan quedarse en sus casas en lugar de acudir a su local de votación (locales, en muchos casos, que ellos mismos han elegido). No hay excusa que valga. Todos a votar mañana.

Como es evidente, la jornada del domingo brindará algunas certezas. Son pocas, pero son. En primer término, las cifras difundidas al cierre del plazo legal confirman a uno de los dos participantes de la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. La segunda vuelta será, como es usual, una campaña breve e intensa.

También podemos avizorar el tono que tomará el balotaje, dependiendo de los participantes. Tanto los debates como los actos en torno a los respectivos cierres de campaña darán pistas sobre si se tratará de una campaña de choque o de debate alturado. Un componente adicional será el ánimo con el que los contendores asuman los resultados del domingo, algunos, probablemente, muy ajustados tanto a nivel nacional como subnacional.

En tercer lugar, tendremos un acercamiento a la composición congresal. Se avizorará, al menos, a gran parte de los pocos partidos que superen la valla, aunque con escaños sin nombre. Ello será particularmente relevante en la mitad del Senado elegida por voto de distrito electoral múltiple. Es que, en todas las circunscripciones (excepción de Lima), la votación puede ganarse, en teoría, por un voto, por lo que las impugnaciones estarán a la orden del día.

Finalmente, es altamente probable que se reproduzcan las viejas brechas que separan a Lima de las regiones. La diferencia de resultados, por ejemplo, entre Lima y el sur, seguramente, generará asombro e incredulidad entre una buena porción de observadores asentados en la capital. ¿Cómo es que no vimos venir a tal personaje? ¿De dónde tal candidato obtuvo ese porcentaje en aquella localidad?

Debe recordarse que, en las regiones, la campaña estuvo signada por la apatía y el desinterés. ¿Tiene sentido ocuparse de una elección de un jefe o jefa del Estado que probablemente estará más a merced de la indulgencia del Parlamento que de la empatía del ciudadano de a pie? ¿No tiene más sentido estar atentos a los comicios de octubre, cuando se elijan alcaldes y gobernadores? Al final de cuentas, en las regiones la política se valora más en lo concreto y en lo cotidiano, pues ‘all politics is local’, como reza el dicho norteamericano.

Frente a ello, hay acciones que profundizan y agravan estas distancias. Por ejemplo, la reciente decisión de las autoridades electorales que, desde incomprensibles “interpretaciones antojadizas”, no hace más que “ahondar la crisis de representatividad”, como bien señala Carlos Meléndez al referirse al fallo del JNE sobre la valla electoral para el Senado (El Comercio, 5/4/2026).

Hace unos meses sostuve que ello hacía más urgente que se escucharan voces sabias: aquellas que inspiran respeto por su experiencia, conocimiento y compromiso con el país, y de quienes han vivido lo suficiente como para que sus consejos sean reconocidos como honestos y desinteresados. Uno de ellos, Ramón Barúa Alzamora*, partió hace unos días.

Ramón perdió a su padre en su temprana juventud. Antes de morir, le pidió que se hiciera cargo de su madre –maestra de escuela pública– y de sus seis hermanos. Para cumplir, tuvo que trabajar intensamente, empezando por vender y contar boletos en el hipódromo.

Lo hizo sin descuidar sus estudios de ingeniería en lo que hoy es la UNI –su alma mater–, los que luego complementó en la Universidad de Lovaina.

Fue en esos años cuando, muy jóvenes, Rosa María y Ramón se enamoraron, y no dejaron de estarlo por más de 50 años, hasta el último día. Construyeron una familia muy unida, en la que sus cinco hijos pudieron beneficiarse de los valores que les inculcaron.

A Ramón se le conoce sobre todo por su carrera empresarial, que inició en Cosapi y que, en las últimas décadas, la consagró en el Grupo Interbank. No por nada recibió el Premio IPAE al Empresario del Año 2017.

Su visión empresarial se expresaba en una frase que repetía con frecuencia: “Lograr que el Perú sea el país de la región más propicio para el desarrollo de cada familia”.

Se interesó en múltiples ámbitos de interés colectivo.

Incursionó en la política como jefe del plan de gobierno de Mario Vargas Llosa, experiencia que recordaba con comprensible orgullo.

Desde entonces, su compromiso con lo público se canalizó desde la sociedad civil. Así, cuando defender los derechos humanos era estigmatizado –como vuelve a serlo hoy–, tuvo el coraje de integrar el Consejo de Reparaciones a las víctimas de la violencia.

Más adelante, su pasión por una educación de calidad para todos lo llevó al Consejo Nacional de Educación. Más recientemente, fue durante años miembro de la directiva y –hasta el final de sus días– de la asamblea de la Asociación Civil Transparencia, promotora de la democracia y las elecciones libres.

Actuaba sin buscar reconocimiento. Por eso, recién en su concurridísimo velorio supe de otros compromisos de esa índole: fue miembro del Patronato del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. También apoyó a Proética –ONG dedicada a la lucha contra la corrupción–, prestando el auditorio de Interbank para eventos importantes y, en un período de crisis, sirviendo de aval para la obtención de fondos.

Otra forma de ayudar fue el apoyo económico discreto que brindó a muchísimas personas: desde las más humildes y en urgente necesidad, hasta quienes atravesaban crisis diversas, así como a quienes requerían un impulso para que algún pequeño proyecto empresarial pudiera germinar. Es difícil saber a cuántos alcanzó su generosidad, porque –como me comentaron un par de beneficiados– la condición era que quedara entre ellos.

Dejo para el final un rasgo esencial de su identidad, sin el cual no se entenderían su vida y su obra: fue un católico fervoroso. Y el Dios en el que tanto creyó lo retribuyó permitiéndole morir el Sábado de Gloria y ser cremado el Domingo de Resurrección. “Buen punto”, le habrá dicho Ramón agradecido al llegar a destino.

*Es pariente y amigo.

Además, hay un elemento que no ha sido parte de nuestra experiencia electoral reciente, y que podría resultar importante para la confianza en el proceso: el recuento de votos. Si un acta tiene errores graves o inconsistencias que no pueden corregirse mediante el cotejo con otras copias, un Jurado Electoral Especial puede activar el mecanismo. En términos simples, esto implicaría volver a contar manualmente las cédulas en una audiencia pública. Si bien su finalidad es corregir errores y evitar que votos válidos se anulen, al tratarse de un procedimiento público y probablemente difundido en tiempo real en plataformas digitales, puede incidir en la percepción de legitimidad del proceso.

¿Las y los miembros de mesa nos preocupan entonces? Sí. Tendrán una jornada exigente y larga, como en procesos previos, pero esta vez con más formatos que completar por la bicameralidad y la elección mixta del Senado, además de formatos más extensos debido al mayor número de organizaciones políticas en competencia. También es posible que continúe la menor participación de miembros de mesa, lo que obligaría a recurrir con más frecuencia a ciudadanos de la fila; sin embargo, medidas como el aumento de la compensación económica a S/165 y la ampliación del número de suplentes podrían ayudar a mantenerla o incluso mejorarla. Para apoyarlos mejor, conviene partir de su propia experiencia. Una encuesta de la ONPE a casi 24.000 miembros de mesa tras las elecciones del 2022 mostró que su principal problema fue la falta de tiempo para almorzar (43%). Le siguieron las dificultades en el llenado de actas (27%), el conteo de votos (21%) y las dudas sobre la validez de los votos (17%).

Pero no son los únicos que sostienen la jornada. El proceso funciona como un ecosistema en el que intervienen múltiples actores dentro y fuera de los locales de votación: el personal de los organismos electorales, que acompaña y supervisa el desarrollo de la jornada; los personeros y observadores; así como las propias organizaciones políticas, los medios de comunicación y las redes de periodistas en regiones. A esto se suma la coordinación entre los tres organismos electorales para atender de manera oportuna cualquier contingencia. Es en esa red de responsabilidades compartidas donde se sostiene y se refuerza la credibilidad del proceso electoral.

Los candidatos asumen que hay un problema de desempleo juvenil porque la tasa de empleo es mayor en ese grupo de edad que en otros. En efecto, según las últimas cifras del INEI, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana es de 13.5% en el rango de edad de 15 a 24 años, 5.8% entre los 25 y los 44 años y 4.7% entre los mayores de 45 años. Pero ese patrón es típico alrededor del mundo. Salvo en Norteamérica, donde la diferencia es de 5 puntos porcentuales, las tasas de desempleo juvenil suelen estar 8 o 10 puntos por encima del promedio. Esas diferencias no se deben a la falta de oportunidades ni a las fallas del sistema educativo. Se deben, por un lado, a que los jóvenes suelen tener menos responsabilidades y menos urgencia, por lo tanto, de encontrar un trabajo permanente; y, por otro lado, a que todavía están –ellos y sus potenciales empleadores– en una etapa de descubrimiento de sus habilidades e intereses laborales.

No es, pues, sensato sacrificar ingresos fiscales para incentivar la contratación de jóvenes. Trabajo van a encontrar en su momento. No serán los mejor pagados al principio, pero con el tiempo mejorarán sus habilidades y, con ellas, sus ingresos. Hasta los gerentes más experimentados fueron en algún momento trabajadores sin experiencia.

Los incentivos tributarios para la contratación de jóvenes crean tantos empleos como los que destruyen. Si no hay mayores diferencias de productividad entre un joven de 29 años y otro de 30, las empresas tomarán el subsidio y contratarán al primero, prescindiendo del segundo. Difícilmente van a contratar a ambos a la vez. El candidato, ya convertido en presidente, podrá decir más adelante que su propuesta fue un éxito, señalando la cantidad de jóvenes de 29 que fueron contratados gracias a los incentivos tributarios; pero no nos dirá cuántos de 30 fueron despedidos.

Y las elecciones de este domingo nos encuentran precisamente en medio de estos acostumbrados sube y baja, y en caída libre, y ya no sabemos si vale la pena el esfuerzo.

Hemos visto desfilar a expresidentes detenidos y la frivolidad de una mandataria, y la vacancia se convirtió en algo tan cotidiano que la última vez que un presidente cayó nada se detuvo y el país caminó en piloto automático, como ya está acostumbrado.

Quizás la única consecuencia de esa destitución fue el humor en la campaña política y en las preferencias electorales. Nada volvió a ser lo mismo, y estoy segura de que usted ya olvidó el nombre del famoso chifa en San Borja y hasta del empresario chino verdugo de José Jerí. ¿Zhihua qué...?

Este domingo, los peruanos nos enfrentaremos a una inmensa cédula llena con 35 rostros, símbolos, recuadros y más incógnitas que certezas, y solo basta ir al lugar de votación y marcar a conciencia. Con ese gesto, ya estaremos haciendo la diferencia.

Nuestra marca en uno (o varios) símbolos definirá nuestro futuro inmediato y también el de mediano y largo plazo. Decir: “Nos estamos jugando el país” es mucho más que una frase hecha o un eslogan de campaña. No dejemos que nadie nos quite ese inmenso poder de decisión.

Este 12 de abril tendremos la oportunidad de convertir la apatía en esperanza y el pesimismo en motor de cambio.

Hemos vivido demasiado tiempo enfrentados los unos con los otros, mirándonos con recelo y desconfianza. Hagamos una pausa este domingo. Pongámonos en modo rojiblanco y quizás se da el milagro y esta vez sí hacemos historia.

¡Volvamos a ser un país con ilusión! Esos peruanos que, cuando nos decidimos a saltar juntos, somos capaces de producir un movimiento telúrico como aquella noche de noviembre del 2017, cuando la celebración del gol de Jefferson Farfán que nos llevó a Rusia 2018 hizo que los acelerómetros del Instituto Geofísico del Perú percibieran un sismo de un grado en los alrededores del Estadio Nacional, y no era para menos: volvíamos a un Mundial después de 36 años de ausencia.

Talento y ganas nos sobran, solo falta decisión. El Perú está listo para las grandes ligas.

Así que este domingo 12 de abril… ¡pensá!

En el caso de Sánchez, su candidatura representa la continuidad de prácticas políticas que ya han demostrado su precariedad. Su cercanía ideológica con Perú Libre no es un detalle menor, sino una señal de advertencia. Como se desprende de su plan de gobierno, respalda una reforma total de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, bajo el argumento de que los problemas estructurales del país se originan en la Carta Magna de 1993. Esta narrativa comunista, repetida hasta el cansancio en distintos contextos de América Latina, ha servido más como pretexto para concentrar poder que como solución real a las demandas ciudadanas.

Más aún, su propuesta económica carece de claridad y sostenibilidad. Propone un impuesto a la riqueza sin una estrategia integral de mejora en la recaudación fiscal. A ello se suma la intención de expandir el aparato estatal mediante la creación de nuevas entidades, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin explicar cómo se evitará que dichas instituciones se conviertan en espacios de clientelismo político o ineficiencia administrativa.

Tampoco puede pasarse por alto la composición de su entorno político. La inclusión de figuras investigadas por presuntos actos de corrupción en su lista parlamentaria no solo debilita su discurso, sino que contradice cualquier pretensión de renovación ética en la función pública.

Por su parte, Ricardo Belmont se presenta como una alternativa distinta, pero su trayectoria evidencia lo contrario. Lejos de ser un outsider, ha transitado por diversas agrupaciones políticas, muchas de ellas con propuestas inconsistentes o inviables. Esta constante movilidad partidaria no refleja apertura, sino falta de definición ideológica y de compromiso con un proyecto serio de país.

Su plan de gobierno confirma estas dudas. En apenas 27 páginas, no logra articular un diagnóstico sólido ni proponer soluciones estructuradas a los principales problemas nacionales. La ausencia de rigor técnico no es un detalle menor: gobernar un país no es un ejercicio de improvisación, sino una tarea que exige preparación, claridad y responsabilidad.

Además, su fórmula presidencial incorpora figuras con antecedentes cuestionables. Este aspecto resulta particularmente relevante si se considera la fragilidad política que ha caracterizado al país en los últimos años. En un contexto donde la vacancia presidencial ha dejado de ser una hipótesis remota, la idoneidad de quienes podrían asumir el poder no puede ser ignorada.

Más preocupante aún es el punto de convergencia entre ambas candidaturas: su disposición a favorecer un eventual indulto a Pedro Castillo. Esta coincidencia no solo revela una afinidad política, sino también una preocupante relativización de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando se intentó quebrar el orden constitucional. Normalizar ese episodio o minimizar su gravedad constituye un riesgo directo para la democracia.

En este escenario, el elector no puede darse el lujo de elegir guiado por el desencanto. La historia reciente ha demostrado que votar “contra todo” suele terminar siendo, en la práctica, votar contra uno mismo. El país no necesita más experimentos ni apuestas al vacío, sino liderazgo responsable y compromiso con la institucionalidad.

Y si aun así alguien duda, convendría plantearlo en términos simples: entre propuestas que buscan reescribir las reglas de juego para concentrar poder, como lo planteado por Juntos por el Perú; y otras que ni siquiera logran explicar cuáles son esas reglas, como el partido de Ricardo Belmont, la elección no es compleja, sino preocupante. Apostar por cualquiera de estas opciones es, en el mejor de los casos, un acto de ingenuidad política; en el peor, una invitación abierta a repetir los errores que tanto han costado al país.

Porque si algo ha quedado claro en los últimos años, es que el Perú no se cae de un día para otro: se deteriora lentamente cada vez que se elige mal. Y, a estas alturas, insistir en tropezar con la misma piedra ya no es mala suerte, sino una decisión consciente de seguir equivocándonos como país.

A vísperas de las elecciones, un común denominador nuevamente se identifica del debate presidencial -terreno no exento de pullas y moretones- y de las propuestas de los planes de gobierno: reforma integral de la justicia o reorganización del sistema judicial. Así como se escucha, suena bien; empero, cuidado con las reformas de traje o torcidas que terminan finalmente convirtiéndolas en expresiones trilladas.

La reforma de la impartición de la justicia debe plantearse mínimamente en cuatro grandes bloques o dimensiones: normativa, organizativa, implementación-seguimiento y de la capacitación-cultura (para seguir a Gonzáles y Cooper). Ese carácter multidimensional y permanente tiene en la democracia constitucional el espacio propicio para su desarrollo y significa también invertir en la magistratura (alto grado de prioridad, como acertadamente señalan las Naciones Unidas y la OEA).

Invertir en la impartición de justicia para disminuir la brecha permanente supone replantear el modelo consensuado de definición presupuestal, que en la práctica podría estar desprovisto de los principios constitucionales básicos: competencia y justicia presupuestaria; debiendo involucrar la optimización de técnicas presupuestarias asociadas a resultados en búsqueda de las cuatro “e”: eficiencia, eficacia, economía y equidad en la gestión judicial.

Repensar la justicia “sin” los jueces o “sólo” de jueces no funciona; por ello, el Poder Judicial debe asumir el rol protagónico de liderar una reforma participativa y sistémica con la actuación indispensable de los diferentes poderes públicos, sectores de la sociedad, de los gremios y de la universidad. Sin la sinergia y el diálogo interpoderes, sin el compromiso político, institucional y económico del binomio ejecutivo-legislativo, el camino será muy difícil y complicado.

En consecuencia, una transformación judicial sin asignación presupuestal suficiente y sin intencionalidad política para hacerlo termina siendo hueca, como ha ocurrido con los dos momentos estelares de la reforma del siglo XXI, Ceriajus y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

Para no hablar de una renovación de papel o de la “inutilidad” de la reforma, esta debe ser desde sus bases (construida desde abajo hacia arriba), como es la necesidad de una reingeniería de la formación inicial y continua de los cuerpos judiciales y fiscales; y debe tocar la cima del Poder Judicial y del Ministerio Público (desde arriba hacia abajo), como es el certiorari y la función nomofiláctica en la Corte Suprema de Justicia, cambios sustantivos en los órganos de gobierno y sincerar el número de jueces y fiscales supremos.

En esta “ola” de reestructuraciones se debe implementar un Sistema Nacional Especializado de Justicia Constitucional al compás de los avances de la interoperabilidad entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

La transformación de la justicia es todo un proceso continuo de políticas públicas y medidas concretas, un devenir haciéndose constantemente por las exigencias sociales, hacia una justicia independiente, predecible, confiable, moderna y hacer de carne y hueso a los millones de peruanos invisibles, en tanto la judicatura nacional en una democracia no es solo un poder necesario per se; apunta a ser eficiente y justo por sus resultados.

Ese sueño no se cumplió, pues los candidatos se dedicaron a defenderse y a atacar a sus contrincantes, aunque López Aliaga sí encontró tiempo para prometer que su gobierno apoyará a los mineros informales y Keiko Fujimori aguantó golpes y recordó los logros del gobierno de su padre. López Chau resaltó sus planes para el agro y Roberto Sánchez insistió en sus críticas al modelo económico.

Nada que no estuviera previsto. Lo que sí es sorprendente es el resto de nombres que completaban, tras los debates y hasta la encuesta de Datum del pasado domingo, la lista de postulantes que tienen más del 4% de las preferencias electorales: Carlos Álvarez, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Marisol Pérez Tello.

Este último es un grupo que, luego de revisar los planes de gobierno, creo que se divide en dos categorías: aquellos que se han tomado el tiempo para identificar los principales problemas económicos del país y proponer soluciones y el partido Obras, de Ricardo Belmont.

El lenguaje sencillo y accesible del exalcalde de Lima durante el debate se condice con el nivel básico de su plan de gobierno. Con solo 27 páginas, el partido Obras plantea como única estrategia frente a la informalidad laboral exigir que los contratistas del Estado garanticen la formalidad de sus trabajadores y plantea una simplificación de trámites de los municipios.

Tal vez por el currículo del candidato, gran parte de sus planteamientos están a nivel municipal e, incluso, dos de sus 10 objetivos fundamentales –llamados “vigas maestras”– son fomentar los valores y la cultura en los medios de comunicación. Ojo, que el décimo es: “revisar y renegociar los contratos sobre recursos naturales cautelando los intereses del país”, algo que lo acerca bastante a Sánchez.

Carlos Álvarez, Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello se esforzaron por mencionar algunas de sus propuestas económicas durante el debate y sus planes tienen ejes en común como modificar los regímenes tributarios para que aumente la formalidad, medidas para incrementar la productividad de las microempresas y pequeñas empresas y fomentar la inversión privada, aunque Álvarez, más dado al espectáculo, está agregando propuestas populistas como el fin de la ATU o la pena de muerte, que parecen contradecir su plan de gobierno.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SISTEMA DE ALERTAS EN ÁNCASH

Un sistema de monitoreo y alerta temprana fue implementado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Áncash, en cinco quebradas consideradas de alto riesgo de la Cordillera Blanca, ubicada en la zona andina de la región Áncash. Así lo informó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, quien destacó que la iniciativa consolida un esfuerzo conjunto para la gestión del riesgo de desastres.

🟢RESGUARDO PARA EL VOTO

El Ejecutivo puso en marcha un operativo de seguridad con el despliegue de más de 45.000 efectivos de las FF.AA. en el territorio nacional, con miras a garantizar el normal desarrollo de las elecciones. El presidente de Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que esta acción busca asegurar el libre ejercicio del voto ciudadano este domingo 12 de abril. En total, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales más de 26 millones están en territorio nacional.

🔴BELMONT AMENAZA A LA PRENSA

Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan y ponen la lupa sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre él. En una transmisión en TikTok, el exalcalde de Lima anunció que presentará denuncias por difamación contra periodistas que, según sus espectadores, lo habían acusado de diversos delitos en reportajes e informes publicados durante las últimas semanas.

En los últimos veinte años, además, ha crecido de forma sostenida pese a las turbulencias. Las exportaciones se han multiplicado gracias a tratados de libre comercio con economías clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, China y gran parte de Asia. Además, macroproyectos como el puerto de chancay y la modernización de la logística están posicionando al Perú como un hub logístico cada vez más relevante.

A ello se suma el dinamismo a niveles récord de sectores como la minería cuyas exportaciones crecieron 27.2% en 2025 al alcanzar los US$ 62.848 millones. En tanto, la agroexportación tuvo envíos cercanos a los US$ 13.200 millones y crecimiento a doble dígito. Incluso, las reservas internacionales de Perú bordean los US$ 100 mil millones.

Sin embargo, todo este escenario propicio para las inversiones extranjeras no garantiza, por sí solo, el éxito de quienes deciden ingresar al mercado peruano. Por el contrario, muchas empresas que llegan con capital y expectativas altas terminan enfrentando resultados por debajo de lo proyectado, no por falta de oportunidades, sino por una lectura incompleta del entorno.

Es importante destacar que desde nuestra experiencia en el Grupo Fuentes hemos notado que el principal error de los inversionistas no es financiero, sino estratégico, es decir, no entender cómo funciona realmente el país. La normativa, los tiempos, la cultura empresarial y la dinámica institucional tienen particularidades que no siempre son evidentes desde fuera.

Los errores más comunes comienzan incluso antes de iniciar operaciones. Uno de los más comunes es no elegir bien al socio o gerente local. No son pocos los casos en los que se contrata a alguien por referencias o afinidad cultural, sin una validación rigurosa de su trayectoria. Ese tipo de decisiones puede costar tiempo, dinero y credibilidad.

El segundo error es subestimar los plazos regulatorios. Por ejemplo, una empresa farmacéutica puede asumir que obtendrá un registro sanitario en pocos meses, cuando en la práctica el proceso puede tomar cerca de un año. En minería, los permisos y autorizaciones también pueden extenderse mucho más de lo previsto, dependiendo del tipo y la ubicación del proyecto. Sin una planificación realista, el resultado suele ser capital inmovilizado y pérdida.

Cuando las empresas ya operan en el mercado aparecen otros desafíos desde tres frentes: contable, tributario y laboral. Muchas compañías no comprenden del todo cómo se estructura la contabilidad local ni cómo optimizar su carga fiscal, lo que las lleva a pagar más impuestos de los necesarios. En el ámbito laboral, el desconocimiento de los regímenes de contratación, los tipos de contrato y los procedimientos adecuados de desvinculación puede generar contingencias significativas.

¿Cómo evitar estos errores? La clave está en contar con un aliado local que no solo domine los aspectos legales y contables, sino que entienda la lógica del negocio en distintos sectores, desde minería e infraestructura hasta agroindustria, farmacéuticas o tecnología. Ese acompañamiento permite construir un adecuado blindaje legal y financiero, además de diseñar la estructura societaria correcta, que puede variar significativamente según el tipo de operación.

Otro elemento importante es el networking estratégico, con un enfoque claro. Conocer proveedores, potenciales socios y stakeholders públicos resulta fundamental para reducir fricciones y acelerar procesos.

Las inversiones que funcionan en Perú comparten tres rasgos: un buen partner local que guíe el camino, una red de contactos sólida y la capacidad suficiente para adaptarse. Las que fracasan suelen tener exceso de confianza en el capital y escasa lectura del contexto.

Por eso mi recomendación para el inversionista extranjero es clara: venga con capital, pero sobre todo venga con oído atento y disposición para aprender. De esa manera, podrá tener éxito en el Perú.

Como parte de esas reflexiones, desde este Diario, queremos invocar a los ciudadanos a que hagan un uso efectivo de la herramienta que la democracia les otorga, sin distinción de clase o lugar de origen, para poder definir el rumbo que tomará el país en los próximos cinco años. Esto es: que voten, por la opción con la que realmente se sienten identificados o por la que les parezca menos mala, pero que lo hagan. Y que no dejen escapar el gran poder que tienen entre manos votando en blanco o viciado.

No ignoramos que, en una democracia, no apoyar ninguna opción es una postura legítima. Sin embargo, en la práctica, genera muchísimos problemas. Para comenzar, reduce el universo de votos válidos, lo que significa que quienes terminen pasando a segunda vuelta lo harán con un porcentaje marcadamente mayor del que realmente tienen. En el 2021, por ejemplo, un 19% de los peruanos que votaron no escogió a ninguna opción presidencial. En aquella elección, Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron al balotaje con el 19% y el 13% de los votos válidos (es decir, casi un tercio del total); sin embargo, considerando todos los votos emitidos, el porcentaje de ambos, sumados, fue de apenas 26% (un cuarto del electorado), lo que da una imagen más precisa del poco interés que dichas opciones suscitaban entre los votantes.

Este problema se agrava en lo que respecta al voto parlamentario. Hace cinco años, el 27% de quienes votaron para el Congreso vició su voto o votó en blanco. Esto redujo considerablemente el universo de votos y, en consecuencia, partidos que no hubiesen pasado la valla terminaron haciéndolo. Como sabemos, que un partido pase la valla no solo significa que conservará su inscripción, sino también que logrará una importante cuota de poder (incluso mayor de la que debería) y que recibirá millones en financiamiento público en los próximos años.

Según la última encuesta de Datum publicada en este Diario el último domingo, un 8% de electores pensaba viciar su voto o votar en blanco, un porcentaje suficiente para definir el destino de las elecciones. No está de más recordarles que, al hacerlo, no estarán haciendo otra cosa que cediéndoles a otros el poder para decidir sobre el futuro del país. Entre 35 candidatos presidenciales, de todas las tendencias y posturas, es prácticamente imposible que no haya alguno que les resulte mínimamente endosable. Quizás les falta más información para decidirse; afortunadamente, aún tienen dos días para hacerlo.