El nuevo gobierno asumirá funciones el 28 de julio con una agenda que no admite improvisaciones. La inseguridad ciudadana –extorsión, sicariato, minería ilegal armada y un crimen organizado que ha desbordado a la policía– exige un ministro del Interior con experiencia comprobada y capacidad operativa real. El fenómeno de El Niño, cuya amenaza ya ha sido advertida por los especialistas para los próximos meses, requiere un equipo en Vivienda, Desarrollo Agrario y Defensa capaz de prevenir, no solo de reaccionar cuando ya es tarde, como ha ocurrido en ciclos pasados en que la desidia costó vidas e infraestructura. Y el Reinfo, ese mecanismo que se ha convertido en un escudo para la minería ilegal y el daño ambiental, demanda un ministro de Energía y Minas con la firmeza técnica y política para ordenar lo que sucesivos congresos prefirieron prorrogar.

Frente a estos tres desafíos, lo que el país necesita no es un debate sobre cuotas partidarias. Si la presidenta decide convocar a cuadros de Fuerza Popular, a independientes o a una alianza amplia con otras fuerzas políticas, esa es una decisión que le compete exclusivamente a ella y a su criterio de gobernabilidad. Lo que no debería de ser negociable para una democracia que arrastra una desconfianza ciudadana profunda, es la idoneidad ética de quienes ocupen cada cartera.

Ningún ministerio puede recaer en una persona que cargue cuestionamientos serios o sentencias que pongan en duda su proceder. No se trata de exigir perfección, sino de un mínimo innegociable: que cada ministro pueda presentarse ante el Congreso, ante la prensa y ante los ciudadanos sin tener que explicar denuncias pendientes.

Keiko Fujimori tiene la oportunidad de demostrar, desde el primer día, que entendió el mensaje de las urnas. Un Gabinete probo y capaz es la condición mínima para que la seguridad ciudadana, la prevención ante El Niño y el ordenamiento del Reinfo dejen de ser promesas de campaña y se conviertan en política de Estado. El país no pide colores partidarios. Pide manos limpias y capaces.

¿Qué se podría decir de la oposición? En principio, en el Senado la oposición podría igualar al oficialismo en número de representantes, sumando los votos de Juntos por el Perú (JP), el Partido del Buen Gobierno (PGB), Obras y Ahora Nación. JP tiene más representantes, pero menor capacidad para articular un bloque, al ocupar un extremo del espectro; Ahora Nación tiene apenas cuatro senadores, pero Alfonso López Chau, Ruth Luque y Mirtha Vásquez cuentan con experiencia política y capacidad para manejarse bien en los complejos asuntos que pasarán por el Senado, por lo que probablemente serán referentes importantes. El PBG ocupa un papel crucial de pivote en el espectro ideológico, pero sus representantes tienen más experiencia técnica que política. La posibilidad de que la oposición en el Senado construya una mayoría parece remota, dada la solidez que proyecta el bloque de Fuerza Popular y Renovación Popular, por lo que su papel parece estar básicamente en contener iniciativas extremistas por parte del oficialismo y empujarlo a posturas más moderadas.

En la Cámara de Diputados, sobre la base del número de representantes de las bancadas, en principio la oposición podría sumar mayoría, pero hay muchos menos referentes de peso en la oposición frente a un bloque oficialista que se percibe más sólido y experimentado. En JP destacan los nombres de Ernesto Zunini y de Yenifer Paredes; en Ahora Nación, Indira Huilca. Se vislumbra un desafío importante en cuanto a evitar la fragmentación de las bancadas de oposición. Es difícil, por ello, imaginar la formación de un bloque de oposición en diputados capaz de articular una agenda parlamentaria, más allá de algunas iniciativas puntuales. Pero deshacer varios de los entuertos del Congreso saliente resulta imperativo, y la construcción de una mayoría, al menos para algunos asuntos, es posible. En cualquier caso, será un escenario incierto y móvil, y altamente dependiente de las iniciativas del Ejecutivo y del oficialismo, con mayor capacidad para definir la agenda política.

Un comentario que enlaza la conducta que hemos visto en Juntos por el Perú después del 7 de junio con la que podría tener en el futuro Congreso. Un dato clave es que Roberto Sánchez no logró ser electo diputado por Lima, y su poder e influencia sobre su representación parlamentaria serán cada vez menores, al igual que su relevancia política. Es más, sus reclamos electorales, sin mayor fundamento, parecen motivados por la necesidad de mantener protagonismo, sabiendo que su momento pasará una vez instalado el nuevo Congreso. Por el momento tampoco parece verosímil la imagen de un Sánchez liderando la oposición desde la sociedad civil, mundo que en realidad se mueve con gran autonomía respecto de los partidos políticos.

La dinámica de los próximos años se completará con el mapa político resultante de las elecciones regionales y municipales. La campaña electoral estará marcada por una gran fragmentación, con 55 partidos políticos habilitados para participar (aunque muchos ya perdieron la inscripción) y 95 movimientos regionales. La relación entre las regiones y el centro político será especialmente importante en este período.

“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.

El documento no solo justificó la rebelión al enumerar una larga lista de quejas contra el rey británico, sino, lo que es mucho más importante, también proclamó un criterio moral detrás de la decisión de romper con el imperio, criterio que informaría el fin legítimo de cualquier gobierno: el de asegurar los derechos de las personas.

Por lo tanto, el experto legal estadounidense Roger Pilon observa que “nuestro sistema político no se fundamenta sobre una voluntad política sino sobre un razonamiento moral accesible a todos”. La revolución americana fue radical porque se basó en una idea radical –la de la libertad– más que en el interés propio.

Thomas Jefferson, autor de la declaración, dijo que intentaba que el documento fuera una “expresión de la mente americana”. John Adams, otro padre fundador, dijo que “la Revolución se llevó a cabo antes de que comenzara la guerra. La Revolución estaba en las mentes y los corazones del pueblo”.

Los padres fundadores de Estados Unidos consideraban que los valores por los que luchaban eran universales y por eso apelaban a toda la humanidad. Destilaban las ideas de los pensadores liberales de la Ilustración, sobre todo las de John Locke, quien hoy es justamente considerado el padre de la filosofía política moderna.

La revolución americana influyó en todas las Américas y el mundo entero. En su libro “El radicalismo de la revolución americana”, el historiador Gordon Wood explica cómo la rebelión no se trataba simplemente de un rechazo a los impuestos exigidos por el imperio, sino más bien de una revolución social en la que los privilegios hereditarios, la aristocracia y otras jerarquías sociales se destruyeron. El republicanismo que los fundadores buscaron establecer terminó creando la democracia de masas que conocemos hoy en día.

Numerosos líderes independistas de América Latina compartieron los ideales revolucionarios y liberales de los estadounidenses. Por ejemplo, el precursor venezolano de la independencia, Francisco de Miranda, se carteaba con varios de los padres fundadores estadounidenses. Tanto creyó en ese proyecto liberal que quiso que el 4 de julio de 1811 sea el día de independencia de Venezuela. La declaración de Venezuela fue la primera que proclamara la independencia en Hispanoamérica, pero terminó siendo el 5 de julio.

Otro precursor de la independencia fue el liberal peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, cuya revolucionaria “Carta dirigida a los españoles americanos” fue extremadamente influyente y es comparable a los escritos de Thomas Paine.

Hoy en día, casi la mitad de los países del mundo se consideran democracias, aunque muchos menos son democracias liberales, y hasta los países autoritarios dicen representar los deseos de sus pueblos y garantizar derechos básicos. La dificultad que han tenido países latinoamericanos en realizar democracias liberales, sin embargo, no debe atribuirse a que las ideas liberales son ajenas.

De hecho, como señala Gabriela Calderón de Burgos, la tradición escolástica española de los siglos XVI y XVII influyó mucho en Locke respecto a conceptos como la igualdad de los hombres, la soberanía del pueblo, los derechos humanos, los límites al poder y el derecho a la rebelión. Tanto Jefferson como Adams leyeron a uno de sus principales representantes, Juan de Mariana.

El 4 de julio es parte de la tradición hispana de la libertad y es aún relevante en la lucha por los derechos humanos en la mayor parte del mundo.

La web del Congreso no parece organizada bajo la lógica del derecho ciudadano a saber, sino bajo la lógica del trámite interno. Su plataforma pública responde más a la necesidad de dejar constancia administrativa de que un expediente ingresó, circuló o fue votado, que a la obligación democrática de permitir que cualquier persona pueda reconstruir con claridad qué se propuso, qué se debatió, cómo se votó y qué documento final se aprobó.

No estamos ante una discusión estética sobre colores, banners o diseño visual. El problema es funcional e institucional. La información legislativa aparece dispersa en buscadores, subdominios, archivos, páginas de comisiones, notas de prensa y rutas paralelas que nunca terminaron de integrarse. Una portada institucional convive con subdominios técnicos, páginas .aspx, buscadores separados y repositorios históricos que responden a lógicas distintas. Esa mezcla de fachada moderna y núcleo heredado de hace varias décadas explica la baja eficacia del buscador y la desconexión entre las notas de prensa que anuncian una decisión política sin conducir directamente a documentos claves.

En una democracia funcional, esa fragmentación no debería normalizarse. Cuando el Congreso aprueba un informe con acusaciones de alto impacto público, el documento completo debería estar disponible en una fuente oficial, con enlace directo desde la nota de prensa, metadatos mínimos, buscador interno y trazabilidad del proceso. No basta con informar que algo fue aprobado. La ciudadanía tiene derecho a leer el sustento, revisar los argumentos, contrastar las conclusiones y formarse una opinión sin depender de filtraciones, interpretaciones interesadas o resúmenes convenientes.

El caso revela una contradicción mayor. El Parlamento produce leyes, exige transparencia a otras entidades y fiscaliza al Ejecutivo, pero su propia casa digital no ofrece un estándar moderno de transparencia activa. La información puede existir dentro del circuito administrativo, pero encontrarla exige paciencia, conocimiento del lenguaje legislativo y cierta habilidad para navegar sistemas poco amigables. Esa dificultad reduce la fiscalización ciudadana a una tarea para periodistas, abogados, asesores o investigadores.

El rezago se vuelve más grave en tiempos de IA, datos abiertos y automatización. Hoy ya no basta con colgar documentos en PDF. Si esos archivos aparecen escaneados como imagen, sin texto seleccionable, sin estructura, sin metadatos y sin posibilidad de descarga ordenada, la transparencia se vuelve apenas formal. Un documento público que no puede buscarse, procesarse ni cruzarse con otros datos queda virtualmente oculto.

Otros parlamentos han avanzado hacia modelos más útiles. Chile, Brasil y España, con distintos niveles de desarrollo, ofrecen experiencias de datos abiertos legislativos, descargas reutilizables, formatos estructurados o servicios que permiten consultar proyectos, votaciones y actividad parlamentaria con mayor trazabilidad. No son sistemas perfectos, pero muestran una dirección clara. La información legislativa debe ser pública por defecto, legible por personas y también por máquinas.

El próximo Congreso bicameral tiene aquí una tarea concreta. Antes de prometer grandes reformas nacionales o modernizar sus oficinas e instalaciones, debería ordenar su propia infraestructura digital. Necesita una ventanilla única legislativa donde cada proyecto, moción, dictamen, informe, debate, votación, acta y video aparezca en una sola línea de tiempo. También requiere publicación oportuna de documentos aprobados, sin usar la burocracia de firmas, oficios o remisiones como excusa para retrasar el acceso ciudadano. Y debe migrar hacia formatos abiertos y legibles por máquinas, con buscadores robustos, enlaces permanentes, archivos descargables y APIs públicas.

La transparencia no consiste en acumular documentos en servidores dispersos. Consiste en permitir que cualquier ciudadano los encuentre, los entienda y los use para fiscalizar el poder. Si el Congreso quiere recuperar algo de legitimidad, debería empezar por la verdadera transformación digital.

Entre muchos de los que se rasgan las vestiduras frente a los nuevos poderes políticos, no hay quien quiera empezar por reconocer sus responsabilidades propias antes de pretender verlas reflejadas en los demás.

Vivimos el festín de la impunidad electoral después del festín presupuestal estatal. En el país donde no se gobierna, no se controla, no se supervisa y no se rinden cuentas, y los responsables pueden reciclarse en otros cargos o fugarse, no hay nada que no sea posible, como organizar un partido y aspirar al gobierno o a la oposición, no importa si violenta, con más de una sentencia penal sobre las espaldas.

En las últimas elecciones hemos visto a exalcaldes y exgobernadores en carrera a la presidencia y al Congreso culpando alegremente a sus competidores de lo que ellos no pudieron hacer en sus municipios y regiones. Si este recurso de cinismo puede ser normalizado por la política, no debiera ser aceptado por los electores, que terminan por pasar por unos incautos de plazuela o unos perfectos tontos útiles, viendo también la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: la viga de su responsabilidad cívica a la hora de delegar poder con su voto.

Resulta que Puno, Cajamarca, Huancavelica, Loreto y Áncash aparecen, extrañamente, en la óptica de la izquierda, como regiones que nunca hubieran elegido gobernadores y alcaldes, que nunca hubieran recibido presupuestos y canon a raudales y que nunca hubieran tenido competencias directas en salud, educación, transportes, recursos naturales y medio ambiente. Lo que no han tenido es una efectiva rendición de cuentas capaz de desvirtuar el engaño y la narrativa de que la causa de todas las desgracias de las regiones es el “centralismo limeño”.

Hay, sin duda, una acumulación histórica de responsabilidades del Estado en su flagrante desconexión con el interior del país. Pero ya llevamos 25 años de traslados de competencias y presupuestos del Gobierno Central a los gobiernos regionales, y otros 25 años de distribución millonaria de canon minero, pesquero, forestal, gasífero, petrolero e hidroenergético. Los resultados de gestión de los gobiernos regionales y municipales en estos dos ámbitos de manejo económico y financiero no solo son decepcionantes, sino que traducen un alto componente de improvisación, ineptitud y corrupción.

El gobierno y el Congreso entrantes no pueden ser más cómplices del desorden y derroche de recursos económicos y financieros municipales y regionales, ni tampoco cómplices de la distorsión de ver la paja en ojo ajeno (“centralismo limeño”) y no la viga en el propio (alcaldes y gobernadores atrincherados en su incompetencia).

El nuevo ministro de Economía y Finanzas no tendrá que ser el incauto de plazuela ni el tonto útil de turno a la hora de mirar el deformado descontento del Perú profundo.

Seamos honestos, hoy para la Keiko presidenta todo es prioridad, pero debe organizar una lista de ‘prioridades reales’, digamos; sobre todo en el sector minero y sus ‘compartimentos estancos’: la minería informal y la ilegalidad y criminalidad en la minería. Miren estos datos para entender mejor el complejo mundo minero: en el 2025, las exportaciones de la minería formal y moderna superaron los US$62.000 millones; en la minería ilegal fueron más de US$12.000 millones.

Ahora vayamos a lo nuestro. Una primera prioridad es la minería ilegal, problema transversal y pluriofensivo según las leyes y origen de una parte de la criminalidad. En enero, el Congreso promulgó el Decreto Legislativo 1695, ‘arma penal’ que reconoce a la minería ilegal como parte del crimen organizado, incrementa las penas y amplía el tipo penal a otras partes de la ‘cadena’: procesamiento, beneficio, transporte y tráfico ilícito de minerales. Surgen problemas. No hay presupuesto, tampoco se han elaborado metodologías fiscales y judiciales para la trazabilidad. Adicionalmente, hay una ‘debilidad institucional’: hay mucha corrupción que implica a malos jueces y fiscales como a policías y militares. Días atrás capturaron al jefe de inteligencia del Comando Unificado de Pataz. La convergencia entre corrupción, falta de presupuesto y oportunidad.

La segunda ‘prioridad minera’ será proponer una formalización realista, basada en evidencias lejos de las cuotas ideológicas, narrativas y políticas que se desarrollaron en los últimos años. El Reinfo es el centro de la informalidad y origen –muchas veces– de la ilegalidad, y tiene defensores ‘afuera’ y ‘adentro’. ‘Afuera’ están las organizaciones de mineros informales o en vías de formalización, para no herir sensibilidades, que han logrado –entre los suyos– construir un relato poderoso pero que cubre el problema. ¿Cómo una persona con hasta 20 inscripciones del Reinfo se reclama ‘minero artesanal’? ¿Cómo aseguran ser ‘ancestrales’ y acusan que hay acaparamiento?

‘Adentro’, es decir, en el intestino estatal; en el Congreso que termina estuvo Diana Gonzales, una muralla contra el Reinfo en la Comisión de Energía y Minas. ¿Quiénes serán las próximas ‘Diana Gonzales’ en las cámaras de senadores y diputados? Miren quiénes serán los senadores y diputados que defenderán lo indefendible: Víctor Cutipa, Jaime Quito, Ruth Luque o Jesús Pérez, este último representante del poderoso y adinerado gremio informal de Apurímac, protector de los intereses de ilegales en Pamputa.

¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema del Reinfo? Aquí debemos que ser muy cautos y, sobre todo, partir de la dura realidad. El proceso de formalización no ordinario vía el Reinfo debe terminar –en el papel– el 31 de diciembre; no obstante, todo indica que se ampliará por varias razones. De los más de 31.000 Reinfo, unos 6.857 son suspendidos por menos de un año y 24.752 vigentes. En el 2025 solo unos 70 mineros se formalizaron. ¿Cuántos habrá formalizado el Minem a julio de este año con los cambios recurrentes de gobierno? Seamos brutalmente honestos: para diciembre no se llegará a formalizar a los más de 24.000 vigentes. Por lo tanto, la pregunta no es si se ampliará o no el Reinfo, sino qué Reinfo ampliamos y por cuánto más. El gobierno entrante no puede hacerse de un nuevo frente.

Antes del cierre definitivo del Reinfo, debe ser depurado, tarea central del próximo titular del Minem en los 100 primeros días. Debe limpiarlo cruzando información con la Sunat, Inteligencia Financiera, Ingemmet, entre otros. Hay unos 18 cruces. Asimismo, el minero del Reinfo debe estar sujeto a sanciones penales y las plantas de procesamiento deben ser fiscalizadas por el Minem. Seguiremos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Al ritmo de la banda del Conadis

En el Conadis hay 20 talentosos jóvenes y adultos con síndrome de Down, autismo o alguna discapacidad intelectual que muestran su talento a través de una banda musical. La semana pasada ya deleitaron a los asistentes al teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional en “Al ritmo de la inclusión”, un concierto en el que interpretaron temas de cumbia, rock y folclor peruano. La banda se inició como un pequeño taller, pero ahora es un espacio en el que los integrantes potencian sus habilidades.

🟢 Ignacio Buse avanza a la segunda ronda de Wimbledon

El tenista peruano Ignacio Buse, número 34 del ránking ATP, comenzó su participación en el cuadro principal del Abierto de Wimbledon con un contundente triunfo sobre el estadounidense Emilio Nava ( 86 del ránking). Nacho se llevó la victoria en cuatro sets. Así, logró su primer triunfo en uno de los cuatros torneos grandes del tenis. En la segunda ronda enfrentará a otro estadounidense: Jenson Brooksby ( 81 del mundo), partido que se jugará mañana (hora aún por definir). A seguir con los buenos resultados.

🔴 Más de 1.000 policías pasaron al retiro por faltas muy graves

Durante el 2025, 1.193 efectivos fueron separados de la Policía Nacional del Perú por haber cometido faltas muy graves, las infracciones más severas del régimen disciplinario de la institución (en 445 casos fue por faltar más de 5 días calendario a su unidad sin una causa justificada). Si esa cifra ya es preocupante, lo es más aún que representa el 23% del total de los pases al retiro en la PNP el año pasado. Es decir, uno de cada cinco policías fue dado de baja por esa razón.

La experiencia comparada sobre transiciones de gobierno muestra que este momento cruza tres dimensiones: política, administrativa y estratégica. En el Perú, esa dinámica se expresa en la oficina de la presidencia electa y en los equipos de transferencia de la gestión gubernamental, que reciben, ordenan y procesan información del gobierno saliente para asegurar continuidad del Estado.

La dimensión administrativa es silenciosa pero decisiva. Los equipos sectoriales revisan informes, identifican urgencias, contrastan promesas con restricciones reales y preparan insumos para el mensaje a la Nación y la política general de gobierno que deberá presentarse al Congreso. Sin esa lectura, el nuevo gobierno llega al poder con discursos, pero sin mapa.

La dimensión política es la más visible y, en un escenario polarizado, la más urgente, más aún cuando la polarización puede convivir con demandas inmediatas por seguridad, clima y gestión de emergencias. Allí se negocian respaldos, límites y señales de gobernabilidad con fuerzas políticas, bancadas y actores sociales. No se trata solo de conseguir votos para la investidura o evitar bloqueos tempranos, sino de definir si el gobierno empezará articulando un mínimo de estabilidad o administrando una crisis desde el primer día.

La dimensión estratégica ordena lo anterior. La presidencia electa debe definir prioridades, el relato inicial y la arquitectura de mando. Porque no basta ganar el gobierno si no se construye capacidad real para conducirlo desde el primer día. El primer ministro no puede ser una figura decorativa ni el Gabinete una simple señal de equilibrio político. Cada ministro necesita una línea ejecutiva consistente, con viceministros alineados, un secretario general solvente, direcciones generales capaces y, en organismos públicos claves, una conducción claramente articulada con la cabeza del sector. De lo contrario, los ministros no gobiernan, administran tensiones.

Lo que está en juego estos días no solo es la composición del Gabinete. Es si el nuevo gobierno aprovecha su primera ventana de gobernabilidad para ordenar poder, información y equipos antes de asumir. Gobernar empieza antes del 28 de julio. El poder no se improvisa, se organiza.

Un trabajo del Laboratorio Universitario de El Comercio (en el que intervinieron 47 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del programa de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico), publicado el domingo en nuestras páginas, ha puesto en evidencia que el Titicaca y los ríos que lo alimentan vienen recibiendo desde hace décadas descargas de aguas residuales y basura que, junto con la presencia de arsénico, plomo y mercurio en ellas, están afectando la biodiversidad del lago, así como la salud del ganado que pasta en sus inmediaciones e incluso la de los propios puneños. De hecho, en los últimos 20 años se han registrado 987 muertes relacionadas con el consumo de agua contaminada en la zona, con la particularidad de que los niños menores de 11 años y los adultos mayores conforman los grupos más vulnerables a esa realidad. El daño, no obstante, alcanza a no menos de 42.000 compatriotas, repartidos entre las islas flotantes del lago y sus orillas, que padecen problemas gastrointestinales y renales, entre otros.

La pregunta que se cae de madura, desde luego, es qué han hecho y hacen las autoridades frente a esta dramática situación. Y la respuesta, lamentablemente, es promesas… En el 2019, el proyecto PTAR Titicaca (plantas de tratamiento de aguas residuales) ofrecía tratar los desagües de Puno y Juliaca a través de una inversión de más de S/860 millones. Pero las obras, iniciadas en el 2021, acumularon pronto retrasos y observaciones de la contraloría, y el contrato terminó siendo anulado en el 2023, tras la paralización de los trabajos. Y eso es solo un botón de muestra de la incuria que muestran las autoridades de todo nivel frente a este crítico cuadro. El lago está abandonado y a nadie con poder como para solucionarlo parece importarle.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bomberos peruanos rescatan a mujer que quedó atrapada en Venezuela

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que está en Venezuela rescató con vida a una mujer de 60 años que estuvo atrapada casi tres días bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira por los terremotos del 24 de este mes. El rescate fue aplaudido por los socorristas, familiares y voluntarios que estaban en el lugar. Según informó el jefe del equipo USAR, hay dos grupos de búsqueda en la zona.

🟢 Medalla y clasificación para Evelyn Inga

Un nuevo logro para la marchista peruana Evelyn Inga, quien es parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028. Ayer logró la medalla de oro en la media maratón marcha del Campeonato Panamericano de Atletismo que se realiza en Medellín (Colombia). Su tiempo fue de casi cuatro minutos menos que quien quedó segunda. Con esta victoria, Inga aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En el mismo torneo, Verónica Huacasi consiguió la presea de plata en los 5.000 metros.

🔴 Lo que esconden las aguas del lago Titicaca

El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y una maravilla del Perú, pero también es víctima de la contaminación ambiental, lo que a su vez afecta a la población de Puno, como reveló un especial del Laboratorio Universitario de El Comercio, en el que participaron 47 estudiantes. Los datos son rotundos. Por ejemplo, el río Ramis llega al Titicaca con concentraciones de hierro 35 veces por encima de lo que el Estado Peruano considera seguro para el ser humano. El especial lo encuentran en elcomercio.pe.

Una cosa es ser oposición, manejar los hilos del poder desde el Congreso con una bancada de más de 70 o de 20 congresistas, o establecer alianzas para vacar o sostener a una presidenta, siempre sin ser señalada como la responsable directa de todo lo que se haga; y otra muy diferente es ser la figura principal que tiene que dar la cara por lo que ella misma haga, o lo que hagan o dejen de hacer todos a su alrededor.

Ya desde estos días Keiko Fujimori es el tema principal de la historia. Lo de Roberto Sánchez es cada vez más marginal; es el nuevo antagonista que se niega a cumplir su nuevo papel, por lo que quedará fuera del escenario o con un papel de extra.

Hay temas de interés, como la conformación del Gabinete, la relación con el Congreso, la relación con la oposición. Otros prefieren hablar de los grandes proyectos, las grandes reformas y las enormes transformaciones. Y algunos ya ven el fin del antifujimorismo.

Hay enormes retos que el nuevo gobierno tendrá por delante, desde la lucha contra la delincuencia, el fenómeno El Niño, la lucha contra la minería ilegal y muchos más que, si son enfrentados con eficiencia, sí pueden cambiar el rumbo de la historia del país.

Pero todos estos desafíos no los enfrenta una sola persona ni un Gabinete. Los enfrenta y gestiona un enorme grupo de trabajo que no puede seguir siendo el mismo o parecido al que durante estos últimos años ha tenido las riendas y el manejo de los ministerios o de otras instituciones vitales para la marcha del Estado o la atención de los ciudadanos.

Por eso, antes de soñar con cualquier reforma o proyecto, hay que pedirle a Keiko Fujimori, si realmente quiere hacer bien las cosas, que rompa con su pasado reciente y las ‘amistades’ peligrosas que han estado o que han acompañado al fujimorismo durante estos cinco años, sea en el Congreso o en otros lugares.

No podrá hacer un gobierno que marque la diferencia si mantiene ‘cuotas’ de poder por compromisos anteriores asumidos con ‘socios’ del Congreso actual; si asimila a ministerios y otras instituciones a excongresistas o exfuncionarios cuestionados o cuestionables por favores, votaciones o apoyos recientes; si ‘respeta’ acuerdos o ‘parcelas’ entregadas en el pasado reciente.

El orden debe empezar por casa, y debe empezar a hacerse visible desde el primer día a través de los nombramientos y decisiones que marquen un antes y un después en instituciones claves como Essalud, la Sunedu y otras.

La principal reforma y desafío está en el fujimorismo mismo y su forma de ejercer el poder, generar alianzas y formar equipos. Si mantiene o ‘camufla’ a los que se aprovecharon de las instituciones del Estado y su presupuesto, nada habrá cambiado.

Varias razones hacen suponer que la ley aprobada no se moverá. Por un lado, el presidente Balcázar está en una posición muy débil y es difícil que tome este tipo de iniciativas. Por otro, el congresista Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento y promotor de la norma, es del entorno de mayor confianza de Keiko Fujimori. Difícil que haya tomado una iniciativa de tal calibre sin consultar con la fundadora y presidenta de su partido.

La sola posibilidad de que Rospigliosi hubiera actuado sin consultar a su lideresa la dejaría a ella en una posición muy incómoda –en especial frente a las fuerzas del orden– sí, derogándola, quisiera dar la señal de que su gobierno se ceñirá al Estado de derecho y respetará los derechos humanos. Aun así, ahí está la oportunidad de derogarla; y que lo hiciera tendría un especial significado.

En fin, asumiendo como evidente ese visto bueno de la presidenta electa –si no explícito, por lo menos implícito–, la medida obedecería sobre todo a dos razones: ratificar la relación de extrema confianza que la futura mandataria quiere establecer con las Fuerzas Armadas y policiales; y dejar claro que, en la lucha contra el crimen organizado –y seguramente en el control de los movimientos sociales de protesta–, su papel será central y tendrán la protección político-legal que necesitan para conducirse sin los límites bien demarcados.

No obstante, sin obviar el peligro de instalar la impunidad militar y policial como consecuencia de la aprobación de normas como la mencionada, militarizar la lucha contra el crimen organizado deja de lado que, más allá de la captura de los delincuentes operativos –sicarios y otros–, en el Perú de hoy el objetivo principal de esta lucha tiene un importante y decisivo componente preferentemente político, al proponerse desmantelar su penetración en el Estado, en la política –en todos sus niveles–, y en la formalidad en general.

Nuestro sistema de salud está fragmentado (Minsa/SIS, Essalud, privado, Fuerzas Armadas), funciona con lógicas, presupuestos e infraestructuras separadas y con poca coordinación entre sí. Si bien el registro administrativo del Seguro Integral de Salud reporta una cobertura superior al 97% (OCDE, 2025), las encuestas de hogares (INEI) muestran que menos del 77% de la población accede efectivamente a algún seguro de salud (Enaho, 2024). Esta es una de las principales paradojas del sistema de salud peruano: tener cobertura de seguro no garantiza la oferta real de servicios ni una atención oportuna.

La brecha entre el derecho a la salud y el acceso a los servicios públicos es especialmente grave en los sectores más pobres y vulnerables, sobre todo en contextos rurales e indígenas. Las condiciones en los establecimientos de atención primaria son precarias. Los recursos (hospitales, camas, equipos especializados) tienden a concentrarse en la capital del país, generando desigualdades territoriales en el acceso a la salud.

Si entendemos las políticas públicas no solo como instrumentos técnicos y presupuestales, sino como una forma de relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿qué nos dice el deterioro del sistema de salud pública y la situación de los servicios realmente existentes en los sectores más vulnerables? Precisamente, la respuesta a la enfermedad desnuda las desigualdades de acceso a servicios de salud, como se evidenció durante la pandemia.

Estas son algunas de las preocupaciones presentes en la vasta obra de Carmen Yon Leau, referente de la antropología médica peruana, quien realizó aportes fundamentales en salud sexual y reproductiva, género, interculturalidad y desigualdades. Junto con sus investigaciones realizadas en el Instituto de Estudios Peruanos, Manuela Ramos y claustros universitarios, el legado de Carmen Yon vive en las generaciones de antropólogos, a quienes formó con rigor intelectual y compromiso por el país en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las investigaciones de Yon han sido claves para comprender la salud, la enfermedad y el funcionamiento del sistema sanitario desde las vivencias de las personas. A inicios de este milenio, su libro “Hablan las mujeres: preferencias reproductivas y anticoncepción” (2000) constituyó un aporte pionero para entender las decisiones reproductivas de mujeres rurales quechuas y aimaras, evidenciando su agencia y conocimientos. En una de sus más recientes publicaciones, “La voluntad de hablar: antropóloga médica y paciente en tiempos del COVID-19 en Perú” (2025), Yon convirtió su propia experiencia como paciente oncológica en evidencia científica. Inspirada en Audre Lorde (“el silencio nunca ha traído nada de valor”), este texto ilustra la valentía, coherencia y gran sensibilidad que caracterizó la trayectoria intelectual de Carmen Yon.

El debate público sobre salud suele enfocarse en cifras y metas de cobertura. La obra de Yon nos brinda dos lecciones para mirar más allá. La primera: que las políticas y programas de salud que ignoran las voces y las experiencias de las personas terminan siendo ineficientes y pueden reproducir las desigualdades que buscan combatir. La segunda: evaluar la salud pública desde el costo-beneficio y la efectividad es útil, pero no suficiente. La justicia también es un criterio relevante. El legado de Carmen Yon nos motiva a construir un sistema de salud que no solo sea eficiente, sino también más humano.

Aunque la costa atraviesa un invierno inusualmente cálido, las heladas ya comenzaron a golpear la sierra sur. En los últimos días las temperaturas descendieron hasta -22°C en Chuapalca (Tacna), -19°C en Patahuasi (Arequipa) y -17,6°C en Pisacoma (Puno). Según el Cenepred, cerca de 637.000 personas en Puno, Cusco y Arequipa se encuentran expuestas a un riesgo muy alto por el descenso extremo de las temperaturas nocturnas.

Nada de esto es una sorpresa. El Perú cuenta con mapas de ocurrencia de heladas desde 1984 y registros de temperaturas mínimas desde 1981. Sabemos dónde ocurren, cuándo ocurren y quiénes serán los más afectados. Sin embargo, cada año cientos de niños y adultos mayores mueren. Y no por el frío. Mueren por las complicaciones derivadas de infecciones respiratorias, favorecidas por la pobreza, la desnutrición, la anemia, viviendas precarias y un acceso insuficiente a servicios de salud oportunos y de calidad.

El Estado conoce también esos factores de riesgo. Existe un Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje que identifica distritos prioritarios y coordina acciones entre los sectores de salud, vivienda, agricultura, educación, desarrollo e inclusión social y mujer. En el papel, el diagnóstico es correcto, pero en la realidad no funciona porque todos los años la ayuda no llega a tiempo y el resultado vuelve a ser el mismo: muertes que pudieron evitarse.

La respuesta no pasa por repartir frazadas cuando las temperaturas ya cayeron. Requiere una estrategia sostenida de desarrollo para las zonas más vulnerables: mejores viviendas, infraestructura básica, nutrición, servicios de salud y oportunidades económicas. Con los más de S/20.000 millones que el Estado ha destinado a Petro-Perú podrían haberse financiado miles de viviendas adecuadas para soportar las heladas. Porque el frío no mata por sí solo. Matan la pobreza, el abandono y la incapacidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitan.

Y las heladas no son el único desafío. Desde hace meses conocemos la probabilidad de un nuevo El Niño costero y de un evento asociado a El Niño. Son fenómenos recurrentes. También previsibles. Sin embargo, seguimos reaccionando como si fueran inesperados. De acuerdo con Videnza Instituto, el programa presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres recibe, desde el 2014, uno de los mayores presupuestos por habitante de la región. El problema es que el 93% de esos recursos se destina a gasto corriente (administración y remuneraciones), mientras apenas el 7% financia obras de prevención. Una asignación difícil de justificar.

La situación es aún más indignante si recordamos que, nueve años después de El Niño costero del 2017, más de 200 obras de la Reconstrucción con Cambios, valorizadas en más de S/10.000 millones, permanecen paralizadas. La naturaleza no puede evitarse. La negligencia, sí.

Keiko Fujimori tiene dos enormes desafíos por delante. Y mientras más recursos legales presente Roberto Sánchez y más se demore el JNE en proclamar oficialmente a la presidenta electa, menos tiempo tendrán los equipos de transición para prepararse frente a riesgos que, una vez más, todos sabemos que vienen.

Esa visión es parcialmente acertada, pero tiene un problema: para que la aprobación llegue a los 18 meses, necesitas acciones en el corto plazo que acumulen capital político. Acciones que no son obras de infraestructura, ni atención de emergencias, ni programas sociales. Hay un tipo de reforma que puede generar ese capital rápidamente, sin mayor presupuesto, sin licitaciones y sin esperar la luna de miel: la desregulación.

Desregular no es simplificar trámites. Es eliminar autorizaciones, certificaciones, permisos, requisitos. Es devolver a los privados el derecho a actuar sin pedir permiso al Estado cada vez que quieren emprender algo. La distinción importa porque en el debate político el concepto se confunde con la desburocratización cosmética, que deja los candados en pie, pero los pinta de otro color.

El caso para mirar es Argentina. Cuando Milei asumió, creó el Ministerio de la Desregulación como primera señal de su gobierno. De las 930.000 regulaciones analizadas se han eliminado 8.000. El ahorro calculado: US$2.000 millones. No es el número lo que importa, sino la señal que manda: existe una institución dedicada 24/7 a identificar qué regulaciones traban el flujo de trabajo privado.

El contexto importa. Las condiciones que permitieron ese movimiento disruptivo en Argentina las creó la crisis: cuando la economía colapsa, la gente compra discursos que en tiempos normales rechazaría. El Perú no está en ese momento. La pregunta es si el fujimorismo –asumiendo que compre la idea– debe hacerlo al empezar su gobierno o esperar a los 18 meses que Galarreta estima necesarios para tener más respaldo.

Cualquiera sea el caso, debe considerarse que el tiempo es el activo más crítico en este tipo de reforma. Como dijo hace unos días Martín A. Rossi, exsecretario de Desregulación de Argentina, en una exposición ante la Sociedad Nacional de Industrias, el gradualismo suele fracasar: los grupos de interés afectados tienen tiempo para organizarse, hacer lobby y bloquear. La velocidad reduce la capacidad de resistencia. No es brutalidad política: es reconocer cómo funciona la resistencia al cambio.

Rossi fue preciso sobre por qué las regulaciones son un problema sistémico. Nacen para corregir fallas reales –externalidades, asimetría informativa, riesgos de seguridad y calidad–, pero se convierten en fuentes de corrupción, barreras de entrada y costos fijos que castigan desproporcionadamente a las pequeñas empresas. Las grandes absorben licencias, certificaciones y demoras legales con mayor facilidad. Las pequeñas no. La regulación termina siendo, en economías abiertas, el equivalente funcional de un arancel.

Y ante eventos extraordinarios –un edificio derrumbado, un accidente aéreo, una crisis de salud pública–, la reacción política típica es sobrerregular. No porque sea la respuesta correcta, sino porque los incentivos del funcionario están sesgados: poner una regulación tiene alto rédito político visible, quitarla tiene beneficio difuso e invisible. El resultado es acumulación permanente de restricciones que nadie evalúa en su costo real para el sistema.

Un organismo de nivel ministerial con mandato explícito para desregular, dotado de capacidad técnica y respaldo político desde el primer día, podría ser la apuesta del nuevo gobierno para ganar capital político sin esperar 18 meses. No necesita presupuesto extraordinario. Necesita voluntad, velocidad y un diagnóstico claro de dónde están los nudos que más dañan a las pymes y a la inversión privada. Ahí está el margen. La pregunta es si el nuevo gobierno lo ve.

Las proyecciones climáticas para finales del 2026 advierten una alta probabilidad de un nuevo episodio de El Niño global que podría coincidir con El Niño costero. Este escenario elevaría la temperatura superficial del mar, reduciría la disponibilidad de nutrientes y afectaría la producción de fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. La disminución de este organismo repercutiría en la abundancia de peces, moluscos y crustáceos.

El impacto no sería solo ambiental. En el Perú, el consumo de pescado supera los 17 kilos por habitante al año y cada mes se consumen más de 40 millones de platos de ceviche. Además, entre 38.000 y 70.000 cevicherías sostienen el trabajo de miles de familias vinculadas a la pesca, la agricultura, el transporte y la gastronomía. Un océano menos productivo afectaría tanto a la economía como a una de las principales expresiones culturales del país.

Los efectos también alcanzarían a las especies más utilizadas para preparar ceviche. Pescados como la corvina, el lenguado, el mero, la merluza, el pejerrey, el bonito, el jurel, la caballa y el perico responderían de manera distinta al aumento de la temperatura del agua. Mientras las especies de aguas frías podrían desplazarse hacia mayores profundidades o hacia el sur, otras modificarían sus rutas migratorias en busca de alimento. Paralelamente, especies tropicales podrían volverse cada vez más frecuentes en el litoral peruano.

Ese escenario supondría una mayor diversidad de especies en la preparación del ceviche. No porque cambie la tradición culinaria, sino porque el océano ofrecería recursos distintos. La innovación gastronómica será necesaria, aunque solo podrá sostenerse con el respeto a las vedas, una pesca responsable, el fortalecimiento de la cadena de frío y políticas públicas orientadas a proteger los ecosistemas marinos.

La historia del ceviche demuestra que la adaptación ha sido parte de su evolución. Las investigaciones dirigidas por Ruth Shady revelan que desde la civilización Caral y el asentamiento pesquero de Áspero existía un amplio aprovechamiento de los recursos marinos. Mucho antes de la llegada del limón, los antiguos peruanos ya preparaban pescado con ajíes e insumos ácidos nativos.

Siglos antes de la llegada de los españoles, los Moche empleaban frutos del territorio para macerar el pescado y la cultura Nasca dejó evidencias de preparaciones con ají y ciruela de fraile. Con el tiempo se incorporaron el limón, la cebolla y el culantro, enriqueciendo la receta sin alterar su esencia.

La costa peruana también ha experimentado repetidamente los efectos de El Niño. Estos episodios favorecieron la llegada de especies tropicales apreciadas por las culturas prehispánicas, como el Strombus (churo) y el Spondylus (mullo), pero también provocaron graves desastres, documentados por Hipólito Unanue en “El Mercurio Peruano” tras el mega El Niño de 1791 y, posteriormente, en los grandes eventos registrados en 1828, 1982 y 1997.

La diferencia es que hoy estos fenómenos ocurren en un contexto de cambio climático que incrementa la presión sobre el ecosistema marino y exige pasar de una respuesta reactiva a una cultura de prevención. Después de más de cinco mil años de historia, el reto ya no consiste únicamente en preservar una receta, sino en proteger el océano, la biodiversidad y las comunidades que hacen posible que el ceviche siga siendo parte de la identidad del Perú.

Sin embargo, antes de analizar dichas propuestas, resulta indispensable distinguir entre minería informal y minería ilegal, conceptos que con frecuencia se utilizan como sinónimos pese a tener alcances jurídicos distintos.

La minería informal es aquella desarrollada por personas naturales o jurídicas que operan en zonas permitidas y se encuentran en un proceso de formalización. En cambio, la minería ilegal se configura cuando la actividad extractiva se realiza al margen de los requisitos mínimos establecidos por la ley, como la inscripción en el Reinfo, la acreditación de derechos sobre el terreno o la concesión minera correspondiente, así como la aprobación de los instrumentos ambientales exigidos.

Esta distinción es relevante porque algunas propuestas del proceso electoral pareciera que parten de una premisa equivocada: que la reducción de controles y exigencias facilitará automáticamente la formalización. Por el contrario, existe el riesgo de que determinadas medidas terminen consolidando espacios de impunidad y debilitando los mecanismos de supervisión estatal.

Uno de los planteamientos más preocupantes es la posibilidad de aplicar esquemas de aprobación automática con fiscalización posterior para determinadas actividades mineras. Esta propuesta desconoce que la minería es una actividad de alto riesgo ambiental y social, cuyos impactos pueden ser irreversibles. Además, resulta difícil sostener la eficacia de una fiscalización posterior cuando los propios gobiernos regionales, responsables de supervisar la pequeña minería y la minería artesanal, enfrentan severas limitaciones de personal, presupuesto y capacidad operativa. En tales condiciones, flexibilizar el control previo equivaldría a asumir riesgos que el Estado no está en capacidad de corregir posteriormente.

También genera preocupación la propuesta de establecer períodos de “sinceramiento” o “gracia” para que operadores mineros declaren recursos o transacciones realizadas fuera del sistema financiero. Desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, una medida de esta naturaleza podría convertirse en un mecanismo de legitimación de capitales de origen ilícito. No debe perderse de vista que la minería ilegal moviliza importantes flujos económicos cuya incorporación al circuito formal exige precisamente controles más rigurosos, no excepciones regulatorias.

En la misma línea, los planteamientos de flexibilización tributaria y contable requieren un análisis particularmente cuidadoso. La contabilidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias no constituyen simples cargas burocráticas; son herramientas esenciales para garantizar la trazabilidad de las operaciones económicas, prevenir la evasión fiscal y detectar posibles esquemas de lavado de activos. Relajar estos estándares sin mecanismos efectivos de control podría generar incentivos perversos y profundizar los problemas que se pretende resolver.

El próximo gobierno deberá asumir una decisión que ha sido postergada durante años: poner fin a la lógica de las prórrogas indefinidas del Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos claros y exigibles. Quienes realmente buscan incorporarse a la economía formal deben contar con procedimientos más eficientes y asistencia técnica adecuada; quienes no cumplan los requisitos mínimos dentro de un plazo razonable no deberían continuar desarrollando la actividad bajo el amparo de mecanismos transitorios que, en la práctica, han servido como cobertura para la ilegalidad.

Paralelamente, resulta indispensable fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, de las fiscalías especializadas en materia ambiental y de las entidades encargadas de la fiscalización minera. Sin instituciones sólidas, cualquier política de formalización estará destinada al fracaso.

El verdadero desafío no consiste en ofrecer mensajes populistas o promesas de flexibilización indiscriminada, sino en construir un modelo que facilite la formalización de los operadores legítimos sin renunciar a los estándares mínimos de transparencia, fiscalización y protección ambiental que exige un Estado de derecho.

Desde el 1987, cada 26 de junio la ONU conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hay gobiernos que han usado esta fecha para colgarse medallas por la quema de campos o el encarcelamiento de los eslabones más débiles de la cadena. Frente a esa narrativa, en el 2013 nació la contracampaña global Apoye, No Castigue (Support, Don’t Punish). No es una celebración; es una respuesta llevada a cabo en más de 206 ciudades en 65 países para exigir un cambio de paradigma. Es el reclamo de que los presupuestos públicos que hoy se gastan en perseguir –S/1.396′331.627 en el Perú entre el 2020 y 2025– se destinen a donde realmente importa: la salud mental, información, educación, vivienda y redes de contención.

Si el sistema se basara realmente en el cuidado, el alcohol y el tabaco estarían prohibidos desde hace décadas. Incluso el azúcar ultra procesada lo estaría. El alcohol es una de las sustancias con mayor daño social y personal comprobado, muy por encima de muchas plantas y moléculas hoy ilegalizadas. Sin embargo, como sociedad seguimos celebrando la resaca mientras justificamos la militarización de los barrios por otras sustancias. Esto no tiene que ver con la farmacología ni con bienestar; tiene que ver con control selectivo e intereses económicos.

Las sustancias no tienen moral. No son buenas ni malas; son compuestos químicos. La carga moral se la ponemos a través del prejuicio. Prohibir una sustancia porque a una parte de la sociedad no le gusta es tan absurdo como prohibir la torta de chocolate porque causa diabetes. Si no te gusta, o no puedes, no la consumas, pero el uso ajeno no debería ser materia de legislación moral. La guerra contra las drogas jamás fue una guerra contra las moléculas; fue, y es, una guerra contra las personas.

La prohibición no eliminó las sustancias; lo que intenta es eliminar la ciudadanía de quienes las usan, empujándolas a la clandestinidad, al estigma y a la violencia institucional. Creó mercados sin regulación –donde el Estado renuncia a su deber de cuidar– para luego criminalizar a quien sobrevive dentro de ellos, construyendo enemigos útiles: comunidades empobrecidas, personas usuarias, campesinas y mujeres. Lo más doloroso es que, incluso en espacios de derechos humanos, se sigue tratando a quienes usamos como “seres rotos” que necesitan rescate, que su dignidad depende de la abstinencia. Hay más muertes causadas por la prohibición que por las sustancias mismas.

En Proyecto Soma hablamos de reducción de riesgos y posibles daños, que no es una invitación al uso, sino un aterrizaje forzoso en la realidad. El 87% de las personas que usan drogas no presentan un uso problemático; conviven con ellas de manera funcional, recreativa o terapéutica (dato de UNODC). Muchas personas usamos sustancias para el placer, descansar, conectar, crear, soportar jornadas laborales extenuantes o, simplemente, escapar de la realidad por un momento.

Escapar no tiene nada de malo; leemos libros, vemos películas y dormimos con el mismo fin. El riesgo existe, igual que en el paracaidismo, pero no justifica la pérdida de la libertad. El sufrimiento, el placer, el trauma o la necesidad de alivio no son temas que una ley penal resuelva. Tampoco se trata de defender una legalización solo corporativa, en la que grandes empresas reemplacen a los cárteles ignorando la reparación y la memoria de las comunidades devastadas por esta guerra. Se trata de regular pensando en la realidad.

Mi activismo tiene un corazón innegociable: las libertades personales y la soberanía sobre el propio cuerpo. Exigir políticas basadas en la evidencia, la autonomía y la compasión. Desde la verdad. Es absurdo sostener un sistema que fabrica muerte y dolor en nombre de la seguridad. Al final, parece que lo que más le molesta a esta sociedad es la libertad ajena. Pero podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Necesitamos hacerlo mejor.