La derecha tendría, según las proyecciones, la mitad o un poco más del Senado repartido entre Fuerza Popular y Renovacion Popular. Si uno revisa los perfiles de quienes accederán al Senado por estos partidos, solo pueden encontrar tres candidatos con la experiencia política para asumir ese rol: Miguel Ángel Torres y Martha Chávez (Fuerza Popular) y Lourdes Alcorta (Renovación Popular). Los tres tienen una capacidad cada vez más escasa en el Congreso: saber decir que no y votar en contra de medidas populistas.

El resto de la composición se nutrirá de perfiles del actual Congreso, que nunca supo marcar postura contra las olas populistas (retiros de las AFP y otras leyes con impacto fiscal adverso), además de los rostros nuevos que pisarán el Senado siendo esta su primera experiencia parlamentaria: llegarán a aprender, no solo de las dinámicas legislativas, sino del funcionamiento del Senado y del arte de hacer política.

En el otro lado hay dos bloques de bancadas que pueden terminar trabajando en conjunto. Por un lado, la izquierda con Juntos por el Perú y Ahora Nación; por el otro lado, las bancadas ‘surfistas’ del Partido del Buen Gobierno y Obras o País para Todos (por definir según el conteo oficial de la ONPE).

La izquierda llega con su agenda repetitiva de una nueva Constitución, y el bloque ‘castillista’ solo buscará usar la tribuna parlamentaria para reinvindicar la liberación de Pedro Castillo. Obras y País para Todos llegan en lanchas electorales que se mantienen a duras penas y que se moverán según las mareas populistas, por lo que el péndulo de la balanza podría estar en la bancada del partido de Jorge Nieto.

El problema con el grupo de Nieto es que tienen algunos tecnócratas y académicos sin experiencia política. Los últimos períodos nos han demostrado que este tipo de perfiles terminan aislados en el Congreso sin margen de acción y, en algunos casos, absorbidos por el populismo legislativo. Muy buenas ideas y discursos, pero poco impacto en el trabajo legislativo. La última buena ley que el Congreso produjo, desde un punto de vista técnico, fue la ley de reforma universitaria publicada hace 12 años, cuyo artífice fue un militar, Daniel Mora.

El primer año del Senado puede ser caótico con una composición de perfiles que se asemejan más al de un diputado. La clave estará en cuán dispuestos estarán Fuerza Popular y Renovación Popular a sentarse para consensuar una agenda en conjunto. Esto dependerá mucho de dos escenarios: si Renovación Popular llega a la segunda vuelta y cómo se desarrolle la disputa con Fuerza Popular; y en caso de no llegar o perder en la segunda vuelta, conocer la actitud que Rafael López Aliaga adoptará sobre su ingreso al Senado, donde tiene una curul asegurada por su votación. Esos son escenarios que ya deberían estar corriendo en ‘polymarket’.

Me tocó un buen equipo. Uno de los titulares no asistió, pero cuatro suplentes estuvieron allí y uno de ellos se quedó para ser una columna importante del trabajo que tuvimos ese largo día.

Además del escándalo de que no llegara el material electoral y que las computadoras e impresoras no funcionaran, hubo un escándalo previo: la cantidad de candidatos. ¿Cómo es posible que tantos, la mayoría no suficientemente calificados, puedan siquiera atreverse a tal pretensión? Bueno, pueden, porque la ley lo permite. Una que facilita ser candidato allí donde solo los probadamente capaces, preparados y honrados deberían poder acceder. Aunque, vale la pena decirlo, el problema no comienza con esas personas, comienza con los partidos políticos que nacen y pasan de mano en mano, según el mejor postor. Esta vez fueron 35, varios de alquiler, algunos más interesados en la ganancia preelectoral que en ganar las elecciones.

Una de las primeras tareas del nuevo Congreso tendría que ser revisar la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas para subir la valla, hacer más exigentes las condiciones para llamarse partido político y para aspirar a la presidencia de la República, al Congreso o a los municipios.

Mi mesa estuvo en un centro de educación inicial, así que las mesas de trabajo eran bajitas y las sillitas maravillosas para niñitos de nido, pero a los que estuvimos allí durante una jornada que terminó pasada la medianoche, al final nos dolía hasta el pelo. Allí hicimos el escrutinio (los cinco escrutinios), allí completamos las actas (cinco copias para cada elección), no una sino varias veces para corregir algún error por más pequeño que fuera. Ya se pueden imaginar que fue difícil enderezarnos para volver a casa.

Esos fueron los detalles que marcaron una jornada especial y, aunque parezca difícil de creer, también de un encanto particular. En la mesa de votación se genera un ambiente como de comunidad, donde las personalidades se van acomodando para, rápidamente, funcionar de la manera más eficiente posible. Y los que iban entrando a votar, después de la larguísima espera, casi siempre lo hacían con una sonrisa agradecida y, no sin cierta compasión, mostraban su preocupación: cómo están, a qué hora han llegado, que todo les vaya bien, muchas gracias, que Dios los bendiga. Algunos hasta nos dejaban unos sanguchitos, unas galletitas o unos caramelitos que fueron la dulzura de una jornada difícil, pero memorable. No es verdad que no me importe el resultado, qué va. Pero, más allá de ello, este domingo electoral lo recordaré como ese encuentro con tanta gente que pasó por allí.

Uno de los debates más conocidos de la historia universal fue entre Cicerón y Catilina, durante la República Romana. Podemos consignar otros grandes debates históricos que anidan en las actas de los parlamentos; por ejemplo, entre los federalistas y antifederalistas sobre cómo debía redactarse la Constitución de Estados Unidos. También el debate entre jacobinos y girondinos durante la Revolución Francesa, donde destacaron grandes oradores como Dantón y Robespierre.

Salvo excepciones, esos debates quedaban encerrados entre cuatro paredes y sabemos de ellos por los historiadores. Hasta que la radio, la televisión y luego Internet llegaron, los debates, sobre todo los de tono político, tuvieron una audiencia de millones de personas. Se caracterizan porque el radioescucha, televidente e internauta podían escuchar, ver e incluso intervenir.

La televisión te levanta, te mata o te deja medio herido. Famoso es el primer debate presidencial televisivo de la historia entre John F. Kennedy y Richard Nixon, donde el primero aplastó al segundo porque tuvo mucho mejor dominio de la escena.

En el Perú, en los congresos del pasado hubo grandes debates porque los legisladores de antaño eran, en su mayoría, cultos y entretenidos. Para mí, hay dos debates que fueron de polendas: el de Luis Bedoya Reyes y el ingeniero Jorge Grieve por la reelección del alcalde de Lima, donde el famoso ‘Tucán’ lo ganó con esta frase: “A los técnicos los alquilo”, cuando Grieve dijo que la Municipalidad de Lima necesitaba un alcalde técnico. El segundo fue entre Héctor Cornejo Chávez, de la Democracia Cristiana, y Bedoya para la Asamblea Constituyente de 1978, que luego dio nacimiento a la Constitución de 1979.

Aunque no soy de los que crean que cualquier tiempo pasado fue mejor, y menos en el Perú, comparando esos debates con los multidebates de la primera vuelta reciente, con uno que otro pullazo, sí podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor porque la oratoria era más fluida y no estaba sometida al burdo tecnicismo. golpear o luchar. Está referida al intercambio de ideas y argumentos donde se “lucha” por imponer una opinión, fundamentar una idea, punto de vista o persuadir al adversario. En la historia política, el lugar natural de los debates han sido las asambleas, que ahora conocemos como congresos o parlamentos, consejos regionales, estaduales o municipales, según los diversos niveles que hay en un Estado. Precisamente, “parlamento”, el famoso ‘The Parliament’ de los británicos, viene de ‘parlare’; es decir, hablar.

Uno de los debates más conocidos de la historia universal fue entre Cicerón y Catilina, durante la República Romana. Podemos consignar otros grandes debates históricos que anidan en las actas de los parlamentos; por ejemplo, entre los federalistas y antifederalistas sobre cómo debía redactarse la Constitución de Estados Unidos. También el debate entre jacobinos y girondinos durante la Revolución Francesa, donde destacaron grandes oradores como Dantón y Robespierre.

Salvo excepciones, esos debates quedaban encerrados entre cuatro paredes y sabemos de ellos por los historiadores. Hasta que la radio, la televisión y luego Internet llegaron, los debates, sobre todos los de tono político, tuvieron una audiencia de millones de personas. Se caracterizan porque el radioescucha, televidente e internauta podían escuchar, ver e incluso intervenir.

La televisión te levanta, te mata o te deja medio herido. Famoso es el primera debate presidencial televisivo de la historia entre John F. Kennedy y Richard Nixon, donde el primero aplastó al segundo porque tuvo mucho mejor dominio de la escena.

En el Perú, en los congresos del pasado hubo grandes debates porque los legisladores de antaño eran, en su mayoría, cultos y entretenidos. Para mí, hay dos debates que fueron de polendas: el de Luis Bedoya Reyes y el ingeniero Jorge Grieve por la reelección del alcalde de Lima, donde el famoso ‘Tucán’ lo ganó con esta frase: “A los técnicos los alquilo”, cuando Grieve dijo que la Municipalidad de Lima necesitaba un alcalde técnico. El segundo fue entre Héctor Cornejo Chávez, de la Democracia Cristiana, y Bedoya para la Asamblea Constituyente de 1978, que luego dio nacimiento a la Constitución de 1979.

Aunque no soy de los que crean que cualquier tiempo pasado fue mejor, y menos en el Perú, comparando esos debates con los multidebates de la primera vuelta reciente, con uno que otro puyazo, sí podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor porque la oratoria era más fluida y no estaba sometida al burdo tecnicismo.

Y justamente allí encontramos uno de los principales problemas estructurales: el exceso de trabas burocráticas. Hoy, para abrir un negocio o desarrollar un proyecto, los peruanos deben enfrentarse a procesos que pueden tomar meses o incluso años. Esta realidad desalienta la inversión y empuja a muchos hacia la informalidad.

Por ello, urge simplificar el Perú. Facilitar la inversión es una necesidad para el desarrollo nacional. El Estado tiene que ser eficiente, moderno y orientado a resultados. Más allá de eliminar controles, se trata de hacerlos más ágiles, claros y predecibles.

La minería es un claro ejemplo de lo que podríamos lograr si destrabamos el país. Contamos con una cartera de proyectos que supera los US$60.000 millones. Si estos proyectos avanzaran, podríamos elevar el crecimiento económico en dos o tres puntos porcentuales adicionales, pasando de crecer 3% a 8%, generando empleo y reduciendo la pobreza de manera sostenida.

En el Perú, tenemos la primera mina digital del mundo, Quellaveco, en Moquegua. También tenemos la planta concentradora más grande del mundo, que es Cerro Verde, en Arequipa, porque la tecnología que se aplica en nuestro país es del Primer Mundo y lo que necesitamos es llamar la atención a nuestra industria minera, porque hay que aplicar esa tecnología eficiente. Y, por supuesto, esto tiene que venir acompañado por fiscalización del Estado.

Asimismo, creemos que debemos trabajar con mecanismos de mercado, facilitando la formalización y no penalizando a los informales. Debemos buscar que se formalicen de forma amigable.

De ahí la importancia de tener reglas claras, estabilidad y un Estado que acompañe el desarrollo con mecanismos que faciliten a los emprendedores peruanos su incorporación a la economía formal.

Vivimos un contexto marcado por la incertidumbre y el desgaste institucional. Son años en los que la inestabilidad política se ha convertido en una constante, afectando la confianza y debilitando nuestra capacidad de avanzar como país. Esa situación impacta en la economía, en la inversión y en la vida diaria de millones de peruanos. El país merece mayor estabilidad para invertir en educación, salud y combatir la pobreza.

Quien asuma la conducción del país en los próximos meses, y especialmente quien resulte elegido en las próximas elecciones, debe tener claro que no es momento de improvisaciones. No podemos paralizar al país; por el contrario, hay que promover la inversión y generar condiciones para que esta fluya.

El Perú tiene una oportunidad enorme por nuestra ubicación estratégica, el potencial de nuestros recursos y la capacidad de nuestra gente que nos colocan en una posición privilegiada. Pero para aprovechar esto necesitamos tomar decisiones correctas.

Estos son temas que deben estar en el centro del debate nacional. Cómo mejorar la competitividad, cómo incorporar más tecnología, cómo lograr una minería más eficiente y responsable, y cómo avanzar en la formalización. Y estos serán algunos de los ejes que se abordarán en el XVI Congreso Nacional de Minería (Conamin), que se realizará del 15 al 19 de junio en la ciudad de Trujillo.

Conamin es una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir. Un país que destrabe sus potencialidades, que confíe en su gente y que entienda que sin inversión no hay desarrollo posible.

Las funciones básicas del sistema electoral son el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales.

Al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le corresponde, según puntualiza la Constitución, organizar los procesos electorales, así como el diseño de la cédula de sufragio, la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de los resultados.

Si uno hace el recuento de las incidencias del pasado domingo 12, resulta claro que las elecciones han quedado afectadas. La demora e incluso no apertura de los locales de votación –que llevó a que se ampliara el horario de votación en aquellos que, finalmente, se pudieron instalar, y a que la votación en las que ello no se pudo se difiera para el día siguiente, el lunes 13– obviamente altera lo que se contempla como finalidad del sistema electoral.

Me consta que muchos ciudadanos no regresaron a votar luego de esperar varias horas sin que el local o mesa respectivos abrieran, por la consabida razón de que se carecía del material electoral. Yo mismo tuve que ir en tres oportunidades al centro donde me tocaba votar, para finalmente poder hacerlo.

Por otro lado, no todos a los que se les habilitó votar el lunes pudieron hacerlo (pensemos nomás en aquellos que por cuestiones de viaje o trabajo no pudieron votar); y, a los que sí pudieron hacerlo, es claro que su voto no fue libre y espontáneo, pues obviamente estuvo influido por los resultados y proyecciones adelantadas el domingo pasado.

Lo ocurrido no puede minimizarse bajo la simplista declaración del señor Piero Corvetto, en el sentido de que finalmente el domingo 12 se lograron instalar el 99,8% de las mesas y las restantes lo hicieron el lunes 13. Como repito, muchos han dejado de votar, habiendo concurrido a hacerlo el día de la convocatoria. En consecuencia, la negligencia grave no se diluye en esa simpleza, ni en la que deriva la responsabilidad de la mala selección del proveedor al que se le encargó el reparto del material electoral.

Me pregunto si, por lo pronto, las personas que no votaron serán exoneradas del pago de la multa respectiva. Lo justo sería que el señor Corvetto asuma de su peculio el monto de dichas multas, a ver si por lo menos así toma conciencia de la gravedad de lo ocurrido.

No puede estar al frente de uno de los organismos centrales del sistema electoral, como es la ONPE, una persona que ya no nos genera garantías, incluso para temas elementales como es, por ejemplo, el diseño de la cédula y el reparto del material necesario para llevar adelante el proceso electoral.

La denuncia de que las cédulas de votación en braille no consignaban correctamente los símbolos de las agrupaciones políticas no es menor y es el mejor reflejo de la incompetencia de Corvetto.

Advertidos estábamos, pero solo una Junta Nacional de Justicia como la anterior, caracterizada por el sesgo político de sus integrantes, pudo haberlo ratificado en el cargo. Ellos también son responsables de lo ocurrido.

Ahora toca librarnos de Corvetto, cuanto antes mejor.

En paralelo, el sistema tecnológico STAE –presentado como garantía de celeridad y seguridad– colapsó en el Callao y Ancón, obligando a los miembros de mesa a usar cuadernos informales. No fueron errores fortuitos: fueron el resultado de una gestión deficiente que recae sobre quien conduce la institución.

Tal como señalamos hace algunos días, la ONPE tiene una misión concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. En esa –su única tarea– falló de manera inadmisible en los comicios más importantes de cada lustro. Las irregularidades descritas no son un problema de mandos medios: la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apunta directamente a Piero Corvetto, jefe de la institución, por conducta omisiva sistemática. Según el documento, Corvetto sabía de la crisis logística y tecnológica antes de que se iniciara la jornada y, sin embargo, no informó oportunamente al JNE, dejando a la ciudadanía en un estado de desinformación total durante horas.

Lo que hace singular esta situación es que jamás, en la historia reciente del sistema electoral peruano, el JNE había denunciado penalmente al presidente de la ONPE. Este hecho, inédito, no es un mero trámite administrativo: es el organismo que supervisa los comicios señalando a quien los organizó como presunto responsable de obstaculizar el derecho de sufragio de decenas de miles de peruanos. La gravedad institucional de esa acción no admite respuestas tibias.

Corvetto ha alegado que, en medio de un proceso electoral, la ley le impide renunciar al cargo. Pero la prohibición de renuncia no lo obliga a permanecer en funciones: puede –y debería– solicitar licencia. La segunda vuelta se avecina y la confianza ciudadana en la ONPE está en su punto más bajo. Conducir esa etapa con un jefe denunciado penalmente por el propio JNE no solo debilita la credibilidad del proceso, sino que convierte a la institución en un problema político cuando su rol debería ser exactamente el opuesto: ser garantía de transparencia.

Si Corvetto se niega a dar ese paso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –organismo que lo nombró y ratificó tiene la facultad de destituirlo– debe actuar sin dilaciones. Los constitucionalistas consultados por este Diario son categóricos: la JNJ puede iniciar un proceso disciplinario inmediato por falta grave, sustentado en la omisión de funciones que la propia denuncia penal detalla. La norma prevé la destitución como causal de vacancia del cargo, y las circunstancias actuales la justifican con creces. Una situación excepcional exige una respuesta excepcional: que Corvetto permanezca al frente de la segunda vuelta no da garantía alguna de un proceso transparente en el que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto.

Ayer, Corvetto compareció ante el Congreso de la República y no manifestó la menor disposición a dar un paso al costado. Lejos de asumir su responsabilidad política con la contundencia que el momento exige, optó por el camino del autoblindaje. Esa actitud no solo es un insulto a los ciudadanos a quienes la ONPE privó del derecho a votar: es también una señal de que no tiene intención de facilitar la segunda vuelta libre de sombras. Pedir licencia en este caso es reconocer que las circunstancias hacen insostenible ejercer el cargo con la autoridad moral que la función exige. Si Corvetto no lo entiende, la JNJ tiene el deber de obligarlo a salir.

El daño causado a la confianza del proceso electoral es de tal magnitud que la responsabilidad funcional e institucional de ambos funcionarios no se resuelve derivando sanciones a segundas o terceras personas. A la luz de lo ocurrido el domingo, con millares de electores (la cifra de unos 52.000 de la ONPE es ridícula) puestos en jaque sin votar, Corvetto y Burneo ya no pueden conducir, en sus niveles jurisdiccional y organizacional, la segunda vuelta electoral. Uno y otro no deberían demorarse en abandonar sus cargos, antes de pasar por la presión de tener que hacerlo o terminar destituidos.

Quizás convenga advertir que el país y muchas de sus autoridades al más alto nivel ya no están para aceptar la tendencia y la práctica muy común de los últimos tiempos, de aceptar los hechos consumados, vengan de donde viniesen. Un día se disuelve inconstitucionalmente el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional de entonces lo avala. Otro día el presidente Pedro Castillo da un golpe de Estado, cometiendo el delito de rebelión, y no solo no le pasa penalmente nada, sino que se convierte para el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez, su traidor de ayer y su defensor de hoy, en sujeto de indulto. Y, claro, cómo no recordar al hoy JNE dictando una decisión de moral política, por todo lo alto, sacando de la carrera electoral a un partido histórico como Acción Popular, habiéndole bastado sencillamente con denunciar penalmente a los responsables de irregularidades en sus elecciones primarias. Sin embargo, este mismo JNE, al más puro estilo que el presidido por Jorge Salas Arenas en las elecciones del 2021, ha permitido la competencia presidencial de candidatos con sentencias judiciales penales, con mentiras públicas en sus hojas de vida y con graves irregularidades en sus registros e inscripciones.

Precisamente, a propósito de las elecciones del 2021, pesan graves cargos contra la administración electoral de la ONPE, que no dejan bien librado a Corvetto. Su ratificación por la JNJ, mediante una apelación de última hora luego de perderla, fue precisamente uno de los hechos consumados que le permitió tomar la responsabilidad de las elecciones del 2026. Ahora son sus propios actos, en flagrancia, los que lo colocan en la necesidad honrosa de dar un paso al costado, del lado de Burneo.

Estas son las elecciones más complejas y endemoniadas de la historia. Lamentablemente, ni Burneo ni Corvetto han estado a la altura de llevarlas a cabo con la confianza y la dignidad que demandan 27 millones de peruanos convocados a votar en ejercicio pleno de su derecho al sufragio.

Quien convocó a estas elecciones, la Presidencia de la República, y quienes eligieron a los señores Burneo y Corvetto, el Poder Judicial y la JNJ, están en el deber de devolverle al país la inmediata confianza en la segunda vuelta electoral.

El hecho de que se hayan dado retrasos significativos y que 63 mil personas no lograran votar durante el domingo por negligencia de la empresa de transportes contratada Servicios Generales Galaga S.A.C. no es un hecho que pueda ser pasado por agua fría, como trató de hacer en su momento la ONPE. Si a ello se le suma la falta de tinta, las fallas del sistema STAE y otros desperfectos, estamos ante un caso de incompetencia supina.

Esto es especialmente grave si es que se analiza a detalle, por ejemplo, a Servicios Generales Galaga S.A.C. De acuerdo con la base de datos Hoovers®, propiedad de Dun & Bradstreet, existen alrededor de 38,000 empresas en Lima que se dedican a la misma actividad económica del proveedor contratado: transporte local sin almacenamiento. En base a las ventas y activos de Servicios Generales Galaga S.A.C. (cifras obtenidas por CIAL Dun & Bradstreet en 2024 por una debida diligencia realizada), esta se ubica por debajo de alrededor de 400 otras empresas que han pasado por un proceso de evaluación similar y cuentan con mayor capacidad de contratación que la empresa de transporte elegida.

¿Por qué se eligió una empresa que de acuerdo con lo reportado a SUNAT solo cuenta con 13 trabajadores y 20 prestadores de servicio? Aún peor, ¿por qué se le dio tan importante responsabilidad a una empresa que ya había sido 3 veces sancionada por la entidad contratante?

Nuevamente insisto con lo mismo que ya he manifestado en distintos artículos y ponencias: no hay que reinventar la rueda. Los procesos de diligencia debida que se realizan en el sector privado pueden y deben ser adoptados por el sector público. Elegir al proveedor idóneo basados en información fehaciente, verificable y tomando en consideración, tamaño, referencias de servicio, situación financiera, situación laboral de los colaboradores, entre otros, incluyendo los procesos de debida diligencia en cumplimiento (prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – en su nombre local) es de carácter imperativo.

Esto, además de ser una negligencia de la ONPE, es una falla estructural que el sistema de contrataciones del Estado permite. Mientras no cambiemos la forma en que se dan las buena pro en el Estado, los puentes se seguirán desplomando, las obras serán paralizadas parcial o totalmente, y la corrupción seguirá imperando. La fórmula para contratar de manera proba ya existe, y es necesario imitar a países que lo vienen realizando, para que, con apoyo del sector privado, podamos tener un proceso estandarizado, objetivo, transparente y eficiente.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un nuevo logro de Kimberly

Kimberly García ha logrado la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética por equipos en Brasil. Este notable triunfo reafirma su innegable capacidad, perseverancia y constancia en una disciplina muy exigente. Felicidades a nuestra gran campeona peruana por llevar la blanquirroja a lo más alto del podio internacional.

🟡¿Se viene una nueva guerra comercial?

Donald Trump ha amenazado a China con imponerle aranceles del 50% si decide brindar ayuda militar a Irán. Esta peligrosa advertencia podría desencadenar una nueva guerra comercial. De concretarse la medida, las represalias de Beijing desestabilizarían las cadenas de suministro globales, golpearían severamente el comercio internacional y agravarían la inflación mundial. Mezclar tensiones geopolíticas con agresivas barreras económicas traerá inevitables y graves consecuencias para la economía del mundo.

🔴Nulidad de las multas electorales

Las autoridades electorales deben contemplar la exoneración total de multas por omisión al sufragio en los comicios del pasado domingo. Las circunstancias fueron inusuales: graves demoras en la llegada del material y retrasos en la instalación de mesas impidieron votar a miles de ciudadanos. Resulta injusto penalizar a los electores por las claras deficiencias logísticas del propio sistema. Por ello, no se debería cobrar ninguna multa en esta oportunidad.

Esos casos parecen formar parte de un patrón más amplio. Ya en febrero, Thalía Flores y Flores, periodista en otro medio, expresó un sentimiento cada vez más extendido: “Algo serio está pasando con el periodismo ecuatoriano”.

En el caso de los dos periódicos en protesta, su empresa editora (Granasa) denunció que el gobierno ha intentado adueñarse del 40% de las acciones de la firma a base de supuestas irregularidades hace seis años. Según Granasa, se trata de un “intento de hostigamiento y amedrentamiento del gobierno nacional, con el único objetivo de doblegar la línea editorial, lo que no han logrado con falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, ni con una ilegal intervención de la Superintendencia de Compañías”.

Granasa ha prometido dar la lucha. “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve”, escribió “Expreso” en su portada.

En otros casos, medios críticos del gobierno han pasado a tener otros dueños que son afines o amigos del oficialismo. Según la ONG Fundamedios, una empresa controlada por un individuo que pertenece a la alianza política del presidente Daniel Noboa compró el medio digital “La Posta” y el 80% de la empresa matriz de Radio Centro. Posteriormente, los periodistas fundadores de “La Posta” renunciaron.

Quizás el caso más llamativo ha sido el de “El Universo”, recientemente vendido. Tras no publicarle cinco dibujos críticos del gobierno, el celebrado caricaturista Bonil (Xavier Bonilla) lo dejó a fines de marzo. Tenía tres décadas con el periódico.

Varios columnistas del medio también han anunciado su salida. Una de ellas es mi colega Gabriela Calderón de Burgos, quien comunicó este fin de semana lo siguiente al público: “Los periódicos son empresas privadas con derecho a ejercer la línea editorial que deseen y yo respeto su derecho. Bajo la nueva línea editorial no caben libremente mis opiniones, entonces he decidido buscar otro espacio”. Por primera vez en los 20 años en los que escribió para “El Universo”, le negaron publicar su entrega semanal. Criticaba “el populismo con dinero de otros”, una política crediticia nueva del gobierno.

Es muy temprano saber hasta dónde llegarán las presiones del gobierno. Pero el patrón es familiar y preocupante. Tanto regímenes de izquierda como de derecha han ejercido o intentado ejercer control sobre la prensa a través de la coerción regulatoria, el uso de pautas en forma de premio o castigo, y el traspaso de la propiedad de los medios a individuos o grupos amigos del oficialismo, muchas veces de manera no transparente. Esas prácticas se vieron en el gobierno de Rafael Correa como en el del gobierno húngaro de Víktor Orbán, recién derrotado en las urnas, y se están viendo hoy en Ecuador.

El control político o ideológico de la prensa típicamente viene acompañado de otras medidas que centralizan el poder. Es llamativo que estas amenazas se estén dando en momentos en que Noboa ha declarado toques de queda y estados de excepción en su lucha contra la inseguridad. Sus políticas no han reducido el crimen, pero la alta violencia le ha ayudado al presidente a consolidar poder.

Las recientes amenazas a la prensa también vienen después de que la propuesta de Noboa de realizar una constituyente constitucional (sin sugerir qué aspectos quería cambiar ni de qué modo) fuera rechazada abrumadoramente en noviembre. Especularíamos si dijéramos que, ante la falta de apoyo popular, el presidente decidió eliminar focos de opinión que difieren con el gobierno. Pero esa actitud seguiría un patrón que hemos visto demasiadas veces.

Los jóvenes sí están mirando, pero el problema es qué están viendo. Porque ese mayor interés convive con una desafección profunda y con una institucionalidad cada vez más erosionada. Han crecido con 10 años de inestabilidad, ocho presidentes de la República, crisis encadenadas e instituciones que no terminan de sostenerse.

¡Cómo se extrañan esos tiempos donde la política peruana estaba estructurada alrededor de partidos con identidad, militancia y continuidad! El Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, entre otros, ofrecían trayectorias. Podían gustarnos o no, pero representaban posiciones reconocibles, con liderazgos formados y redes orgánicas en el país.

Esa arquitectura se erosionó y lo que vino después fue la dispersión que vemos ahora. La política dejó de organizarse en partidos para fragmentarse en vehículos electorales. Agrupaciones que aparecen para una elección y desaparecen en la siguiente, sin memoria, sin responsabilidad, sin incentivos para construir confianza en el tiempo. En ese contexto, pedirle a los jóvenes que confíen en la política suena absolutamente desubicado. Y pedirles esperanza en el sistema suena cínico. No porque no les importe el país, sino porque ninguna oferta política los interpela de verdad.

Cuando el sistema democrático no logra canalizar el interés político, ese interés se desplaza hacia opciones más autoritarias. Se vuelve más permeable a soluciones simples para buscar resolver problemas complejos. Y ahí es donde aparece el riesgo, como señala Cuenca. No porque los jóvenes quieran autoritarismo, sino porque empiezan a valorar atributos que la democracia no está entregando: orden, eficacia, capacidad de decisión. Cuando las instituciones fallan, esas promesas ganan terreno, aunque impliquen recortar reglas.

Ese es el verdadero desbalance: más interés político, pero menos confianza en la democracia que debería procesarlo. El problema, entonces, no está en los jóvenes. Está en la oferta. En un sistema que no logra construir liderazgos creíbles, propuestas consistentes ni canales de representación efectivos.

Este domingo 12 de abril, dos millones y medio de jóvenes votaron por primera vez, pero para esta generación que recién entra al sistema, la política es un sistema que nunca funcionó. Es fragmentación, improvisación, desconexión estructural con la ciudadanía.

El voto joven no es indiferente, sino que se moviliza rápidamente porque no encuentra quién pueda representarlos. Mientras eso no cambie, el voto joven seguirá moviéndose. Y los ‘políticos’ seguirán pensando que, para ganarse su voto, basta con abrir cuentas en TikTok.

Actualmente, existen 56 conflictos activos que implican al menos un Estado. Según ONU Mujeres y el International Institute for Strategic Studies (IISS), estamos viviendo los niveles más altos de violencia contra las mujeres en zonas de guerra desde la década del noventa. Se estima que el 70% de las muertes en Gaza han sido mujeres, niños y niñas. En el 2024, Naciones Unidas registró 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos armados, casi el doble que el año anterior, y la escalada continúa.

La portavoz del Fondo de Población de la ONU, Anandita Filipos, publicó este febrero el impacto devastador sobre las mujeres y niñas del Líbano, donde 11.600 mujeres embarazadas se encontraban entre los desplazados, y se esperaba que 4.000 darían a luz en los próximos tres meses. La portavoz describe la falta de servicios de salud maternal, con mujeres dando a luz al borde de la carretera, mientras huyen del conflicto.

La Resolución 1325 supuso una visión transformadora en torno a tres pilares: protección y prevención frente la violencia, ampliación de derechos, y participación de las mujeres en la consolidación de la paz y reconstrucción. En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres: “Los procesos de paz en los que las mujeres tienen un papel activo tienen un 35% más de probabilidades de durar al menos 15 años”.

Eso en base a experiencias en conflictos donde las mujeres colaboraron en los acuerdos de paz en asuntos básicos como el acceso al agua, en el caso de Sudán del Sur; o la conformación de unidades para la búsqueda de personas desaparecidas, en el caso de Colombia. A pesar de ello, las mujeres representaban solo el 7% del personal negociador de los procesos de paz en el 2024. Este abril, en plena guerra con Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por 15 miembros, tenía a solo cinco mujeres, incluidas una colombiana y una panameña.

En el 2024, CARE Internacional, una de las agencias humanitarias más antiguas del mundo, publicó el informe "Women in War: Leaders, Responders, and Potential“. Sus investigadoras desafían la imagen de las mujeres en conflictos como víctimas pasivas, mostrando que son las principales líderes y rescatistas en sus comunidades. Evidencian que, de cada diez mujeres, nueve participan en grupos comunitarios, seis se enfocan en mantener algún servicio de educación, cuatro priorizan conseguir comida y alimentar a sus familias, siete proporcionan servicios de salud y ocho toman medidas para mejorar la seguridad de su entorno, conformando el tejido de supervivencia en contextos de conflicto.

Aún así y a pesar de su increíble liderazgo, las mujeres están subrepresentadas en el debate global. Mujeres que enfrentan hambruna, partos sin asistencia médica, violencia sexual y pérdida total de ingresos consiguen encontrar formas de mantener su comunidad unida, sin que nadie las escuche.

Los conflictos armados a lo largo de la historia han cambiado radicalmente el papel que las mujeres jugaban en la sociedad. Solo falta recordar a los millones de amas de casa que se convirtieron en obreras de fábricas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ocho décadas después, las mujeres están cubriendo los servicios de los hospitales bombardeados, de las escuelas destruidas y de las cocinas derrumbadas. Sería hora también de avanzar para tomar un lugar en las mesas de negociación para la paz.

Evitemos el error de evaluar la campaña desde sus resultados, y explicar las cosas retrospectivamente. Lo justo es verlos más bien desde el punto de partida; así, partíamos desde una gran dispersión y escaso respaldo para todos los competidores. Sabíamos que algunos partían con cierta ventaja: candidatos conocidos y con un voto duro significativo, como Fuerza Popular o Renovación Popular. Después estaban los partidos representados en el Congreso, con más recursos, recordación y capacidad de movilizar bolsones con lógicas populistas y clientelares (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre). Luego, partidos débiles, aunque con figuras conocidas: Carlos Álvarez, Yonhy Lescano, Fernando Olivera o Ricardo Belmont. Finalmente, partidos a los que se atribuía cierta capacidad de movilización, aunque de segmentos pequeños: el Apra, Venceremos, Unidad Nacional, Frepap. Condiciones más adversas las tenían candidatos no tan conocidos liderando partidos precarios.

Así, fuimos constatando a lo largo de la campaña que, dentro del bolsón de votos de derecha, el espacio fue copado por Fuerza Popular y Renovación Popular; de un perfil populista y conservador; opciones de carácter liberal, como las de Libertad Popular, nunca llegaron a despegar. Tampoco Avanza País, que se superponía al electorado de Renovación, o Unidad Nacional, lo que mostró la escasa tracción que tienen en el Perú de hoy las viejas estructuras partidarias; hablando de ellas, el Apra tampoco logró levantar vuelo, ni siquiera en sus antiguos ‘bastiones’ territoriales. En esta misma línea, en la orilla de la izquierda, la candidatura de Venceremos tampoco logró tracción, a pesar de ser la heredera de lo que en el pasado inmediato fue el Frente Amplio, Nuevo Perú, Fuerza Social y muchos otros grupos de izquierda. Llama la atención que sí progresaron fuerzas que más bien se asociaron directamente a la figura de Pedro Castillo.

Muchas de las fuerzas políticas representadas en el actual Parlamento pagaron el precio del alto desprestigio del mismo. Partidos como Alianza para el Progreso, Somos Perú (y Acción Popular) que, en las elecciones del 2016, 2020 y 2021 parecían asentarse desde alguna presencia subnacional, tuvieron un muy mal desempeño, incluso en regiones donde supuestamente eran fuertes. Acción Popular, preso de sus contradicciones internas, ni siquiera pudo postular. Iniciativas demagógicas y populistas no rindieron fruto, y tampoco salvaron a Perú Libre o a Podemos.

La presentación de 35 candidaturas presidenciales y 37 listas parlamentarias fue fruto de un intento de reforma política desmantelado, y de un exceso de entusiasmo de políticos sin experiencia. La valla electoral funcionó como filtro, lo que no es una mala noticia. De aquí en adelante, los que se van (muchos de ellos personas valiosas que deberían continuar en la vida política) deberían integrarse a alguno de los grupos más grandes y consolidados, en vez de buscar continuar con una fragmentación indefendible. Pero para esto debe haber democracia interna y competencia en el interior de los partidos o frentes; restablecer las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias sería útil, o cuando menos elecciones internas para todos los afiliados organizadas por la ONPE, con resultados vinculantes.

Refugio de mochasueldos y permanentes alentadores de medidas populistas que atentan contra el equilibrio fiscal, favorecen la minería ilegal y el transporte informal, las bancadas de esos partidos han hecho todos los méritos para que la ciudadanía los castigue en las urnas y, al parecer, lo han conseguido. En lo que concierne específicamente a César Acuña, además, cabe notar que hasta la región de La Libertad, su bastión electoral de otros tiempos, le ha dado la espalda de forma contundente. Acuña perdió el tiempo gastando muchísimo dinero para hacer el ridículo con ‘streamers’ y ha aprendido de la forma más dura que ‘likes’ no son votos y que los jóvenes no son idiotas como al parecer él creía.

Las encuestas ya pronosticaban de tiempo atrás un resultado así, pero ellos se paseaban por calles y plazas denunciando que esas estadísticas eran falsas y que el día de la verdad obtendrían un espaldarazo popular. El problema con los discursos grandilocuentes y triunfalistas de campaña, sin embargo, es que, más temprano que tarde, se tienen que contrastar con la realidad. Un aserto que vale también para describir lo ocurrido con el postulante presidencial y las listas parlamentarias de Perú Primero. La aventura política de Martín Vizcarra ha tenido que medirse también finalmente con la verdad: la candidatura engañosa de su hermano Mario Vizcarra acabó en el rubro ‘Otros’ y, salvo algún mínimo apoyo en Moquegua, ignorada olímpicamente por la ciudadanía. Todos ellos podrían ser denominados los “idos de abril”. Y aquellos miembros de sus bancadas que tentaban la reelección, también.

Después de todo, se diría que algún aprendizaje ha habido en el electorado del país tras tantas experiencias amargas. Esperemos que tales lecciones se mantengan vigentes para la segunda vuelta.