En primer término, ha fallado el Estado. En efecto, la reciente jornada electoral confirma esta percepción, sobre todo porque resulta evidente que se trata de un momento en que el Estado tiene el monopolio de la acción.

El saldo es lamentable: la convaleciente democracia peruana ha sufrido una recaída, propinada por las fallas logísticas de la ONPE y el desdén y la displicencia con que sus líderes enfrentaron la crisis. Completa este diagnóstico el comportamiento errático del JNE: ¿dónde estaban los fiscalizadores la tarde del viernes para alertar de las tardanzas en la llegada del material de votación?

No faltan las teorías conspirativas que ven en estos errores garrafales una voluntad por torcer la voluntad popular. Sin embargo, tales interpretaciones carecen de evidencia seria. Se trata, más bien, de funcionarios del Estado que actuaron, ante la emergencia, con negligencia, insensibilidad e irresponsabilidad.

El otro lado de la moneda es la laxitud que han exhibido muchos actores políticos en relación con la ley. Las expectativas, por ejemplo, en torno a la anulación de las elecciones van en esa dirección. No obstante, deberían dejar en claro que son solo eso: deseos. No hay un solo correlato con el marco jurídico establecido que justifique tal decisión o, inclusive, la realización de comicios complementarios.

Bien lo resumía la mañana del martes Fernando Rodríguez Patrón en una entrevista con Fernando Carvallo y Mávila Huertas: “Quienes sustentan o alientan una nulidad parcial o total simplemente están expresando un deseo” (RPP, 21/4/2026).

Por ello, preocupan los rumores que circulan al cierre de esta columna: la anulación, de oficio, por el pleno del JNE, de las elecciones en Lima Metropolitana. La eventual concreción de un ‘legicidio’ de esta naturaleza no solo abre una caja de Pandora, sino que sienta un nefasto precedente para procesos electorales por venir. En ese sentido, no le falta razón a Enrique Castillo cuando afirma que “el remedio puede ser peor que la enfermedad” (El Comercio, 19/4/2026).

A lo dicho previamente, se suma la activación de atávicos males que, de un tiempo a esta parte, caracterizan a los balotajes peruanos y que suelen responder a componentes sociales antes que políticos: el racismo, la estigmatización, la intolerancia y, recientemente, la necedad de creer que pueden coexistir varias verdades frente a hechos únicos.

Se suele afirmar que a una persona se le conoce cuando obtiene poder; de igual manera, a una democracia, por la forma en que maneja sus comicios. Hoy el Perú está enfermo.

Cuando esa percepción se enturbia, el daño trasciende lo electoral y alcanza la credibilidad de todo el sistema. A ello se suma la preocupación por hechos logísticos que también impactaron el derecho al voto: la demora en la instalación de cientos de mesas, especialmente en Lima, y la consecuente imposibilidad de miles de ciudadanos de ejercer su derecho al voto. Este tipo de fallas no son menores. Cada ciudadano que no pudo votar representa una fractura en el principio de participación universal que sostiene la democracia.

Frente a este escenario, surgen dos interpretaciones que, aunque distintas, conducen al mismo problema de fondo. Por un lado, la hipótesis de la ineficiencia: una gestión deficiente, incapaz de prever contingencias tecnológicas y operativas en un proceso de tal magnitud. Por otro, una lectura más crítica y suspicaz: la posibilidad de que exista una planificación deliberada orientada a generar retrasos y confusión, operando cuidadosamente dentro de los márgenes formales de la legalidad para evitar sanciones legales, administrativas o penales directas, pero afectando sustancialmente la transparencia y resultados del proceso mismo. Ambas posibilidades –ineficacia o intencionalidad– son muy graves.

La primera evidencia debilidad institucional; la segunda, una potencial manipulación sofisticada y delictiva del sistema. En cualquiera de los casos, la respuesta no puede ser la indiferencia ni la tolerancia pasiva. Se requiere una investigación y acción inmediata, rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer responsabilidades, corregir errores y, sobre todo, restablecer la confianza ciudadana, y allí juega un papel fundamental el Jurado Nacional de Elecciones como ente encargado de la fiscalización y resolución de controversia del proceso electoral. Finalmente, esta situación nos recuerda que la democracia no se agota en el acto de votar. Requiere instituciones sólidas, procesos confiables y una vigilancia activa de la ciudadanía. La confianza es un bien frágil: se construye lentamente, pero puede perderse con rapidez.

Así como se negaba la forma esférica de la Tierra o la relación del tabaco con el cáncer, en el plano de los asuntos ambientales y del clima tales posiciones negacionistas han venido germinando en no pocos países occidentales de altos ingresos. Sin embargo, a diferencia de hace 15 o veinte años, las mencionadas corrientes han sabido sofisticarse y matizarse, sea aceptando que las temperaturas promedio del planeta se han incrementado, sea esperanzándose en que las futuras tecnologías reducirán las emisiones de dióxido de carbono, bajo el imperativo de negar la responsabilidad humana.

Sabedores de que blandir posiciones duras y estridentes resta credibilidad, estos cultores del escepticismo han suavizado su discurso y se muestran menos confrontacionales, pero sobre todo ya no hablan tanto de negar el cambio climático cuanto de postergar la urgencia de acciones necesarias para enfrentarlo: desacreditan la transición energética, cuestionan las energías renovables o retardan las medidas climáticas que, a su entender, perjudican el crecimiento económico. No obstante, los decisores políticos que se respaldan en esta narrativa no han tenido reparos en abandonar acuerdos climáticos globales, desmantelar instituciones públicas ambientalmente especializadas o relajar la legislación respectiva. Ya es un clásico negacionista frases como aquella que afirmaba que el calentamiento global es un cuento inventado por los chinos.

¿Hay negacionismo climático en el Perú? En un país que alberga una gran diversidad biológica y ecosistémica, con glaciares y nevados en dramática evaporación, cuyo territorio es altamente vulnerable a fenómenos hidroclimáticos, resulta difícil sostener y enarbolar públicamente convicciones antiambientalistas. Por ejemplo, a medida que el fenómeno de El Niño y sus variantes como El Niño costero se hacen más frecuentes –y, quién sabe, más intensos– no sería muy popular ni responsable promover discursos de ese tipo en medio de los desastres que aquellos desencadenan.

Cualquier forma de negacionismo por acá se haría más complicado por cuanto el país también alberga a grupos poblacionales que han desarrollado una relación histórica y ecológicamente robusta con sus espacios ecosistémicos.

Una revisión de los planes de gobierno de las agrupaciones políticas que compitieron en las recientes elecciones señala que los temas ambientales y climáticos sí son tomados en cuenta. Experiencias anteriores demuestran, sin embargo, que una vez en el poder dichos lineamientos quedan de lado y no asoman en el desempeño gubernamental. Los vaivenes políticos, las urgencias sociales o las coyunturas económicas indisponen a los gobiernos en adoptar iniciativas sagaces y efectivas, por más comprometidos que estén con la ciencia del clima. Solo reaccionan cuando un fenómeno natural golpea al país. Al final, pareciera que sus coordenadas ideológicas hubieran estado impregnadas de negacionismo climático.

Ni el alarmismo ni la negación ayudan si se trata de enfrentar las crisis climáticas e hídricas de forma responsable. Tampoco el cortoplacismo. Menos pensar que todo esto es solamente tema de ecologistas.

Lo que vimos ese día tuvo tanto de tragicómico: mesas que no se instalaban, impresoras que no imprimían, coordinaciones que llegaban tarde o nunca. Y en medio de todo, la tecnología, esa invitada estrella que prometía orden y terminó aportando suspenso. Porque hay una idea sugestiva en el sector público que se acepta sin mayor análisis: que la tecnología hace magia. Que basta con digitalizar para modernizar. Como si los problemas de gestión, planificación y coordinación desaparecieran apenas se enciende una pantalla de PC.

Esta vez, la apuesta de la ONPE por la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) validó la promesa autocumplida: no funcionó, y complicó en lugar de simplificar.

Y es curioso porque no estábamos lanzando un satélite. Era, más bien, algo bastante terrenal: instalar computadoras, configurar impresoras, asegurarse de que todo funcione. Nada épico. Pero claro, hacerlo con anticipación, orden y pruebas ya implica un nivel de disciplina que, al parecer, no estuvo en el mapa de la ONPE.

Aquí es donde la comedia se vuelve incómoda. Porque el problema no fue la tecnología, sino esa fe casi religiosa en que esta iba a compensar todas las falencias que previamente no se habían identificado. No hubo pruebas suficientes, la capacitación fue limitada y los planes de contingencia brillaron por su ausencia. Es decir, salimos a escena con escenografía nueva, pero sin realizar el ensayo general indispensable.

Por eso, cuando la organización internacional Transparencia Electoral sugiere suspender el uso del STAE para la segunda vuelta no está siendo alarmista. Está siendo práctica. Porque usar herramientas tecnológicas sin tareas claras que ejecutar, pero, sobre todo, que supervisar, no es más que decoración tecnológica. Es pertinente, por eso, explicar una vez más que la alfabetización digital es un asunto mandatorio del que tenemos que ocuparnos de una vez.

Porque si bien es cierto que la digitalización facilita mejores servicios ciudadanos, estos no se llegan a entregar si quien los define no los respalda con habilidades digitales de las personas involucradas. Es más, la Unesco ha propuesto recientemente que es necesario reforzar la alfabetización mediática –que propone ir bastante más allá del acceso a la información sobre la tecnología, si es que esta no es confiable, comprensible y útil–, en la construcción de la llamada ciudadanía digital.

La tecnología no hace magia. Hace exactamente lo que puede hacer dentro de las condiciones que le damos. Si hay orden, ayuda. Si no, amplifica el desorden con una eficiencia admirable. Y eso fue, en esencia, lo que vimos en la comedia electoral de la primera vuelta.

De cara a la segunda vuelta quizá convenga ajustar expectativas. Aquí, tres ideas simples a considerar. La primera, probar las herramientas digitales antes de estrenarlas. Con más razón si se pretende implementarlas en actos estelares para la democracia como eran las elecciones del 12 de abril. Segunda, simplificar. En momentos críticos, menos es más; y, salvo que no estemos seguros de que todos los involucrados –o la mayoría de ellos– conocen bien las herramientas, es mejor ir por la solución menos sofisticada. Y tercera, entrenar a las personas, porque ningún sistema opera solo por más “inteligente” que diga ser.

Para cerrar, una invocación poco tecnológica a todos nosotros, los ciudadanos: paciencia. Nos queda aún una segunda vuelta que debemos encarar con la misma ilusión que se expresó en las muchas personas que volvían una y otra vez a sus mesas sin instalar. Pero también con ponderación, si no es mucho pedir.

En los debates presidenciales, una propuesta para enfrentar la corrupción fue una mayor coordinación entre la fiscalía, Poder Judicial, policía y contraloría. En un mundo ideal es lo que debería suceder. Pero los procesos fiscales y judiciales son interminables y, en muchos casos, las instituciones han sido tomadas por grupos políticos y usadas para su beneficio: nuestra justicia ha dejado de ser ciega. La pregunta es: ¿la corrupción solo surge de individuos inescrupulosos que entran a la política buscando sus propios beneficios o hay algo en nuestra normativa que induce a la corrupción? Las investigaciones fiscales muestran que el Estado se ha convertido en un botín, pero también hay casos en los que la propia normativa invita a la corrupción.

Desde finales del 2018 se hicieron cambios en nuestra legislación que podríamos decir que facilitaban la corrupción. Uno fue flexibilizar los requisitos para los contratistas del Estado que, en una medida populista para beneficiar a municipios y regiones, permitieron la entrada de empresas cada vez más pequeñas y sin capacidades técnicas probadas. Esto contrasta con la legislación del 2017, que permitía las obras replicables como forma de atraer empresas profesionalizadas: con un solo expediente técnico se podían hacer muchas obras parecidas de agua y saneamiento o puentes, entre otras.

Otro ejemplo ha sido la desnaturalización del Invierte.pe, el sistema de programación de la inversión pública. En la normativa del 2017 se permitió a municipalidades y regiones programar inversiones con una ficha técnica para permitirles hacer pequeñas obras hasta por S/20 millones y las mayores debían realizarse con un análisis costo-beneficio muy detallado, como el antiguo SNIP. En los decretos legislativos de setiembre del 2018 se permitió hacer obras con ficha técnica hasta por US$500 millones, relajando el control de la obra pública e invitando al abuso.

Algo parecido sucedió con el sistema de asociaciones público-privadas (APP) en el mismo período. En la reforma del 2017 se empoderó a Pro Inversión, institución muy sofisticada técnicamente, para elegir obras que podían ejecutarse como APP; es decir, donde el Estado podía trasladar parte del riesgo y financiamiento a un privado. En los decretos del 2018 se empoderó a los concedentes –ministerios y gobiernos subregionales– para que decidieran, sin grandes capacidades técnicas pero con interés político, qué obras podían ejecutarse como APP. Mas aún, en el 2017, para evitar la excesiva discrecionalidad de los políticos, se planteó cambiar el directorio de Pro Inversión: que pasara de seis ministros a tres ministros y tres independientes (en ambos casos presidido por el titular del MEF), limitando así la influencia política. Lamentablemente, esto se cambió en el 2018.

Pero el mayor aliado de la corrupción es la exagerada tramitología creada en los últimos años. Un proyecto minero tiene que pasar por miles de trámites y toma cerca de diez años en ser aprobado. El tema no son los controles que todo proyecto minero debe cumplir, sino el exceso y demora de los trámites, cuando nuestros competidores como Chile o Canadá logran aprobar proyectos similares en menores plazos. Tampoco hemos logrado usar técnicas modernas como el ‘blockchain’ o la digitalización para asegurar la transparencia y simplificación de procesos.

Donde la tramitología invita a la corrupción es en las aprobaciones que deben realizar los municipios, muchas veces desprovistos de las capacidades técnicas para evaluar los proyectos que se les presentan, o la metodología de aprobación que unifique los procesos entre las distintas municipalidades. No se trata de inventar procesos, sino de usar las tecnologías existentes y las mejores prácticas para evitar la corrupción de funcionarios.

Muchos candidatos han puesto la simplificación administrativa como compromiso de sus planes de gobierno y ojalá podamos avanzar. Pero hay que ser cuidadosos en la normativa que se aprueba. Sin embargo, y como lo he dicho antes, el verdadero control está en lograr la verdadera profesionalización y un sistema meritocrático de nuestro servicio civil. Solo el BCR lo ha logrado y los beneficios son visibles. El reto es extender estos beneficios al resto del sector público.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Descubrimiento en Caral

Investigadores de la zona arqueológica Caral hallaron una compleja estructura ligada a la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, antigua ciudad pesquera de la civilización Caral ubicada en Supe Puerto (Barranca). El descubrimiento evidencia la existencia de un espacio con el fin mencionado y su nexo con el entorno natural. Los investigadores, dirigidos por Ruth Shady, sugieren que los antiguos pobladores observaron el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios climáticos. Que hallazgos así continúen.

🟢 Homenaje a Julio Velarde

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recibió un merecido homenaje de la Embajada del Perú en Estados Unidos por los 20 años que lleva al frente de la institución. El embajador peruano en Washington D.C., Alfredo Ferrero, presidió el evento, que reunió a altos representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Ferrero destacó la trayectoria de Velarde y su papel en la consolidación de la estabilidad macroeconómica del Perú.

🔴 Proyecto de Kira Alcarraz sobre multas de tránsito

El proyecto de ley de la cuestionada congresista Kira Alcarraz (no agrupada), para que las multas a los infractores de tránsito se calculen sobre la base del sueldo mínimo y ya no sobre la base de la unidad impositiva tributaria (UIT), parece más hecho a la medida de la informalidad que de la seguridad vial. En un país con tasas muy altas de siniestralidad, reducir el castigo económico envía un mensaje de impunidad a los conductores (sobre todo los informales), que ya normalizaron el incumplimiento.

El contexto, como es sabido, es el de la marcha atrás en la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, con el argumento de que debería ser la administración que se instale el próximo 28 de julio la que decida si se procede o no con la adquisición. En entrevistas concedidas a la prensa, Balcázar especuló además sobre la conveniencia de renegociar los acuerdos de compra y, en contra de lo que diversos trascendidos sostenían, negó que hubiera problemas en el interior del Gabinete por este tema. “Los ministros son asesores del presidente y si el presidente toma la decisión, los ministros tienen que respaldarlo”, aseveró con suficiencia.

Lo ocurrido ayer, sin embargo, lo ha dejado en una posición muy incómoda frente a la opinión pública. El ahora excanciller declaró que Balcázar le había mentido al país. “Este contrato [de compra de aviones] se firmó el lunes y después de eso ha estado, incluso anoche, diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, afirmó en RPP.

Balcázar intentó aclarar las cosas en un mensaje a la nación en el que prácticamente no dijo nada. La PCM trató de hacer lo propio con un enredado pronunciamiento. De forma insólita, fue el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien anunció que ayer se estaría efectuando el pago comprometido para la adquisición de los aviones, hecho que finalmente se concretó en el transcurso del día.

Si el proceso ya contaba con el visto bueno de todas las instancias correspondientes, cumplía los requisitos técnicos y existía un acuerdo previo, solo quedaba firmar el contrato y honrar el compromiso. Haber intentado postergarlo ha puesto en duda la credibilidad del Estado Peruano. En momentos en que más se requiere calma, la actitud de Balcázar ha provocado que algunas fuerzas políticas y voces en redes sociales empiecen a anunciar mociones de censura que podrían derivar en una vacancia presidencial, lo que ahondaría la crisis en el país.

Mendacidad y soberbia han sido los ingredientes aportados por Balcázar a esta nueva crisis, que está haciendo volver los ojos, una vez más, hacia quienes lo pusieron en Palacio.

En el papel, la normativa luce adecuada. El problema es que nada garantiza que el Congreso bicameral mantenga el reglamento dejado por la representación unicameral. En efecto, los nuevos parlamentarios podrían introducir cambios o rehacer el reglamento a su medida.

¿Cómo medir los índices de transfuguismo en un Parlamento nuevo? Un indicador es mirar las facciones al momento de su instalación y monitorear su comportamiento y posibles conflictos. Como sucedió con Perú Libre en el 2021, cuando era visible el bloque de profesores que formó su propia bancada. Esto resulta más visible cuando tienes marcas partidarias nuevas (creadas en los últimos cinco años), o incluso con marcas más antiguas, pero que hemos podido ‘trackear’ su comportamiento en el último período legislativo.

En este bloque tenemos a Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. En el caso de los fujimoristas, existe la división entre ‘keikistas’ y ‘albertistas’ que en los últimos años han sabido convivir sin mayores problemas: la ‘bankada’ no ha vuelto a sufrir fugas masivas como en el período 2016-2019, pero lo más probable es que veamos escenarios como el del 2019-2020, con una facción populista y otra de técnicos del partido, sobre todo en temas económicos (en aquel período, el segundo grupo era pequeño, pero votaba en contra o en abstención en medidas como el retiro de las AFP).

En Renovación Popular hay hasta tres facciones: el partidario dirigido por Norma Yarrow, el religioso liderado por Alejandro Muñante (ambos con enfrentamientos tras bambalinas en la campaña) y un tercero de independientes más técnicos, en el que están Roxana Rocha o Lourdes Alcorta.

Juntos por el Perú también tiene tres facciones: los allegados partidarios de Roberto Sánchez, los castillistas (familiares y afiliados al partido de Pedro Castillo) y congresistas independientes que lograron la reelección.

Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras lucen dos facciones: los miembros del partido y los independientes invitados. Este tipo de facciones no suele presentar mayor problema, pero igual existe el riesgo de reacomodos.

En total, son seis bancadas y catorce facciones. La única forma de que estas facciones no se conviertan en nuevas bancadas o ‘grupos mixtos’ es mantener inamovible el reglamento que pone candado al transfuguismo.

Pero este fracaso no es solo un problema de incompetencia individual o falta de voluntad. Es la consecuencia estructural de una contradicción institucional que arrastra el Estado peruano: crear organismos autónomos con mandatos de alcance nacional, pero sin capacidades instaladas descentralizadas para cumplirlos. Y lo más grave: cultivar una cultura institucional que prefiere el fracaso visible antes que la coordinación horizontal con otras entidades del Estado que sí disponen de esas capacidades.

I. La ilusión de la autonomía sin capacidad

La autonomía constitucional de organismos como la ONPE, el JNE o los organismos técnicos especializados como la SUCAMEC se diseñó para protegerlos de interferencias políticas indebidas y otorgarles autonomía jurídica. Sin embargo, no vino acompañada de autonomía operativa real: presencia territorial, personal especializado en regiones alejadas ni logística propia para cumplir funciones en los 1874 distritos del país.

Conozco esta realidad de primera mano. Durante mi desempeño como jefe de la Oficina de Asuntos Nacionales en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, interactué estrechamente con la SUCAMEC en temas de adquisición y gestión de explosivos para minería. La SUCAMEC tiene responsabilidades que requieren presencia nacional: inspecciones de polvorines, control de tráfico de explosivos y supervisión de almacenamiento en zonas mineras remotas. Sin embargo, durante años operó con oficinas solo en Lima y algunas capitales regionales. Aunque se hicieron esfuerzos con entusiasmo para expandir su presencia, jamás logró un nivel óptimo a escala nacional. La estrategia de esta y otras organizaciones se ha limitado a desplazar temporalmente personal desde Lima para inspecciones puntuales: un modelo que no permite conocer a fondo la realidad operativa de la gestión de polvorines en distintos lugares del país. Este mismo patrón se repite en decenas de organismos creados con finalidad nacional, pero sin capacidad instalada descentralizada.

II. El fracaso predecible de la ONPE: cinco años planeando sin estrategia

La ONPE viene planificando el último proceso electoral desde hace cinco años. Seguramente ha elaborado cronogramas, presupuestos y manuales. Pero planificar no es lo mismo que diseñar estrategias. Como he argumentado en mi propuesta sobre separación de funciones institucionales, planificar es organizar recursos conocidos dentro de reglas estables, mientras que hacer estrategia es diseñar victorias específicas. En lugar de predecir un único resultado, explora una gama de futuros plausibles condicionados por incertidumbres clave, lo que equipa mejor a la organización para navegar en lo complejo.

Una verdadera estrategia electoral habría planteado escenarios de riesgo: ¿qué pasa si las empresas de transporte privado contratadas fallan en zonas de difícil acceso?, ¿qué pasa si las lluvias colapsan carreteras en la sierra sur?, ¿qué pasa si hay bloqueos en zonas de conflicto social? Una estrategia capaz de navegar en territorio no mapeado habría establecido protocolos de contingencia específicos: “En provincias con más de X % de ruralidad y accesibilidad terrestre menor a Y horas, activar protocolo logístico con las Fuerzas Armadas mediante convenio preestablecido”.

Pero la ONPE no diseñó esa estrategia porque operó bajo la ilusión de que su autonomía institucional implicaba autosuficiencia operativa. Infortunadamente, cuando la gestión se reduce al planeamiento, el enfoque se limita a pronósticos que sustentan el gasto y la operación de corto plazo, omitiendo el diseño de escenarios de riesgo y protocolos alternativos. El resultado era previsible: cuando las empresas contratadas fallaron en entregar material electoral, no había plan B. Porque el plan B requería coordinación horizontal con el Ministerio de Defensa, y esa coordinación —aunque constitucionalmente viable y operativamente sensata— era probable que se percibiese como una amenaza a la “autonomía” de la ONPE.

III. El Estado tiene las capacidades: solo falta coordinación

El Perú dispone de instituciones con mayor alcance territorial genuino: las Fuerzas Armadas. Cuentan con organizaciones militares en casi todas las capitales de provincia y decenas de instalaciones en zonas donde ningún otro organismo del Estado tiene presencia permanente. Disponen de helicópteros y vehículos para transportar material electoral a zonas inaccesibles, y de sistemas logísticos diseñados precisamente para operar en entornos VUCA. Además, en el pasado ya han apoyado el transporte de material electoral.

Desdeñar esas capacidades y esa estructura descentralizada resulta mezquino. Cuando recomendé ante los directivos de la SUCAMEC que las inspecciones de polvorines para explosivos en minería se ejecutaran en convenio con personal de las Fuerzas Armadas —que disponen de especialistas en normas IATG y están presentes en lugares cercanos a las zonas mineras remotas—, las autoridades de esta entidad coincidieron en su momento en que era una buena idea. Sin embargo, nunca supe por qué no se implementó; al parecer, mantener inspectores civiles con capacidades limitadas era preferible, siempre que siguieran pagando las tasas correspondientes.

Lo mismo ocurrió con la ONPE el 12 de abril pasado: presenciamos la misma mezquindad institucional. Una organización incapaz de reconocer sus propias limitaciones operativas prefiere el fracaso visible antes que la coordinación efectiva con otras entidades del Estado. Porque coordinar con las Fuerzas Armadas —en un rol estrictamente logístico y no político— se percibe como una amenaza a la relevancia institucional.

El problema no es legal: la normativa permite convenios interinstitucionales. El problema es cultural: una obsesión por aparentar autosuficiencia institucional aun cuando no se disponga de los medios. Al recurrir al uso indiscriminado de recursos en contratos ineficientes que podrían evitarse mediante coordinación horizontal, parece que nos gusta salir solos en la foto.

IV. Whole of government: la coordinación como arquitectura institucional

El concepto de whole of government —gobierno como un todo integrado— no es mera retórica. Es un principio de diseño institucional aplicado por Estados que enfrentan problemas complejos: Nueva Zelanda en gestión de desastres, Singapur en coordinación de servicios públicos y el Reino Unido en respuesta a pandemias. La idea es simple: los problemas públicos no respetan fronteras institucionales, por lo que las soluciones tampoco pueden estar fragmentadas en silos burocráticos.

Aplicar whole of government al caso de la ONPE habría significado:

Primero, reconocer limitaciones operativas. La ONPE no tiene —ni necesita tener— helicópteros, camiones, bases en zonas remotas ni personal logístico especializado en despliegue. Su fortaleza está en el diseño de cédulas, capacitación de miembros de mesa y sistemas informáticos electorales. Reconocer que se necesita apoyo logístico no es señal de debilidad, sino simple profesionalismo.

Segundo, establecer convenios preelectorales con el Ministerio de Defensa. No se trata de militarizar el proceso electoral, sino de usar capacidades logísticas existentes para un fin constitucional: garantizar el derecho al voto. Un protocolo simple: “En distritos con accesibilidad terrestre mayor a 6 horas desde la capital provincial, el MINDEF provee transporte aéreo para material electoral mediante helicópteros Mi-17 bajo supervisión de la ONPE”. Costo marginal limitado al pago de horas de vuelo (los helicópteros ya están operativos) y efectividad garantizada.

Tercero, crear instancias de coordinación con poder real. No comisiones que producen actas sin consecuencia, sino comités de crisis temáticos con representación de la ONPE, el JNE, el MINDEF, el Ministerio del Interior (PNP para seguridad), el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía y Finanzas, con capacidad de reasignar recursos entre sectores ante emergencias sin trámites interminables de modificaciones presupuestarias y obligación de rendir cuentas al Congreso después de cada elección.

Esto no es una fantasía tecnocrática. Es exactamente lo que propongo en mi análisis sobre capacidades FLUX: crear mecanismos de coordinación horizontal con dientes —instancias formales a nivel de viceministros con capacidad de decisión efectiva— que materialicen el Sistema 2 de Beer (coordinación) con poder real.

V. El CEPLAN y la falacia de los seminarios como desarrollo de capacidades

El problema de autonomía sin capacidad no se limita a organismos como la ONPE o la SUCAMEC. También afecta a entidades como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En los últimos años, el CEPLAN ha tratado de expandir su presencia en ministerios, gobiernos regionales y locales mediante seminarios y talleres de planeamiento estratégico. La intención es loable, pero insuficiente para desarrollar capacidades reales en 19 ministerios, 25 gobiernos regionales y 196 gobiernos provinciales.

La solución no está en que el CEPLAN replique su modelo desde Lima, sino en que facilite convenios entre gobiernos regionales y locales con universidades nacionales en sus territorios. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco tiene capacidad académica para formar planificadores estratégicos para el Gobierno Regional del Cusco. La Universidad Nacional del Altiplano en Puno puede hacer lo mismo para gobiernos locales de esa región. Lo que falta no es conocimiento académico, sino articulación institucional.

Aquí aplica el mismo principio: el CEPLAN debería reconocer que su fortaleza está en diseñar marcos metodológicos, validar instrumentos de planeamiento y coordinar a nivel nacional. Sin embargo, la implementación territorial requiere alianzas con instituciones que sí tienen presencia descentralizada genuina. Eso es whole of government en acción.

VI. Separar políticas de estrategias: la reforma pendiente

El fracaso de la ONPE también expone una deficiencia estructural más profunda: la ausencia de direcciones generales de estrategias en organismos autónomos y técnicos. Como he argumentado en mi propuesta sobre confusión conceptual, hacer políticas no es lo mismo que diseñar estrategias, y hacer estrategia (diseñar victorias ante escenarios inciertos) no es lo mismo que planificar (lo que la ONPE hizo durante cinco años).

Si la ONPE contara con una dirección general de estrategias separada de su área de planeamiento, esa unidad habría tenido como responsabilidad:

Primero, análisis prospectivo: modelar escenarios electorales en entornos VUCA (lluvias, bloqueos, conflictos sociales) y poner a prueba la solidez de los lineamientos de estrategia identificando vulnerabilidades.

Segundo, diseño de protocolos de contingencia: establecer umbrales de activación (“Si la empresa contratada falla en entregar el 30% del material electoral en T-24 horas, activar protocolo MINDEF”).

Tercero, coordinación interinstitucional preventiva: no esperar la crisis para acudir al Ministerio de Defensa, sino tener convenios preestablecidos con protocolos de activación claros.

Esta separación entre política (qué es prioritario: garantizar el voto universal), estrategia (cómo ganar: usando capacidades logísticas del Estado) y planeamiento (cronogramas, presupuestos, contratos) define la diferencia entre el fracaso del 12 de abril y un proceso electoral impecable.

Conclusión: Reconocer limitaciones es el primer paso hacia la efectividad

El fracaso de la ONPE del 12 de abril no es un problema de autonomía constitucional mal diseñada. Es un problema de cultura institucional que confunde autonomía jurídica con autosuficiencia operativa. Es la mezquindad de organismos que prefieren fracasar visiblemente antes que coordinar efectivamente con otras entidades del Estado por temor a perder relevancia institucional.

El Estado peruano tiene las capacidades necesarias para garantizar procesos electorales impecables incluso en las zonas más remotas. Tiene Fuerzas Armadas con presencia territorial genuina, universidades nacionales en cada región y experiencia acumulada en gestión logística compleja. Lo que no tiene es una arquitectura institucional de coordinación horizontal: instancias formales con poder real donde la ONPE, Defensa, Interior, Transportes y los gobiernos regionales puedan diseñar estrategias integradas.

La reforma necesaria requeriría tres acciones específicas:

Primero, sincerar las limitaciones operativas de los organismos autónomos y técnicos con mandatos nacionales y establecer convenios obligatorios con entidades que sí tienen capacidades descentralizadas.

Segundo, crear direcciones generales de estrategias en todos los organismos autónomos y técnicos, separadas de las áreas de planeamiento, con responsabilidad de diseñar escenarios de riesgo y protocolos de contingencia mediante coordinación interinstitucional.

Tercero, institucionalizar comités de crisis temáticos (electoral, seguridad, desastres) con representación a nivel de viceministros o directores generales, con capacidad de reasignar recursos sin trámites interminables de modificaciones presupuestarias y obligación de rendir cuentas ante el Congreso semestralmente y después de cada evento (proceso electoral).

Esto es whole of government funcionando como un reloj suizo: no 19 ministerios e innumerables organismos autónomos y técnicos compitiendo por relevancia, sino un Estado integrado donde cada institución reconoce sus fortalezas, admite sus limitaciones y coordina con otras para lograr objetivos comunes. Resulta imperativo implementar esta arquitectura de coordinación. ¿Tendremos la humildad institucional para reconocer que la autonomía sin capacidades no es suficiente y que el verdadero profesionalismo se da cuando coordinamos efectivamente para servir al ciudadano?

En el Perú, la evidencia de demanda laboral revela dos realidades muy distintas para egresados universitarios y técnicos. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional y estudios recientes, la demanda anual de egresados universitarios es relativamente baja: apenas unos 13 mil puestos solicitados por año, frente a un mercado que genera más de 200 mil egresados universitarios anuales.

Por otro lado, la demanda de profesionales técnicos supera con amplitud la oferta: se estima que el país necesita alrededor de 300 mil técnicos anuales, mientras que solo egresan aproximadamente 100 mil (algunas fuentes ubican esa cifra entre 107 mil y 110 mil). A la par, la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) proyecta que el sector privado formal en el Perú generará 425 625 nuevas plazas laborales durante 2026. No siempre se trata de puestos completamente nuevos, sino también de la formalización de trabajadores que pasan a la planilla; aun así, esos números nos obligan a ver tanto oportunidades de empleo como déficits que exigen una mejora urgente y concertada.

Entonces, ¿qué nos dice esta radiografía? Que tenemos un sistema que produce lo que nadie pidió y al que le falta lo que todos necesitan. Suena duro, pero se trata de una desconexión estructural: los sistemas formativos avanzan a un ritmo distinto al de los sistemas empresariales y, en ese camino, también se incluye al Estado desde su función reguladora.

¿Por qué ocurre esto? Porque los tres vértices del triángulo se sientan excepcionalmente a la misma mesa. Las instituciones educativas diseñan currículos en función de lo que saben enseñar, no siempre de lo que el mercado demanda. Y las empresas, por su parte, participan muy poco en la coconstrucción de esos perfiles desde las aulas.

El resultado de esta desconexión lo paga siempre el mismo: el egresado. El 85% de los egresados no trabaja en lo que estudió; por ende, no estamos ante un problema individual, sino ante un sistema mal ensamblado. Un sistema con iniciativas relativamente sencillas de implementar que podrían aliviar el dolor y generar grandes cambios, pero que requiere, sobre todo, articulación y disciplina de largo plazo.

Aquí entra un actor muy relevante: el Estado como entidad articuladora. No es necesario que entre desde lo punitivo, sino más bien desde la generación de un mecanismo permanente y vinculante de actualización de perfiles, donde las empresas, periódicamente, le cuenten a las instituciones educativas —no solo a los gremios— qué competencias necesitarán; donde esa información se traduzca efectivamente en currículos modernos y actualizados; y donde el Estado actúe como articulador —no solo como regulador— de ese proceso.

Este 1 de mayo sería un buen momento para recordar que honrar al trabajador no es solo garantizar derechos en el empleo que ya tiene —aunque es un avance sumamente relevante—. Es también asegurarse de que los actores involucrados en el sistema analicen, día a día, las oportunidades reales del mercado y trabajen en conjunto para brindar oportunidades de generar una retribución económica, así como trayectorias laborales con sentido, propósito y posibilidades de crecimiento personal y colectivo.

Pero si la salida de Corvetto era condición necesaria, no es suficiente. El riesgo real que enfrenta el país hoy es que este momento se convierta en un simple cambio de figuritas: un nuevo nombre en el organigrama, los mismos funcionarios en las mismas gerencias, la misma lógica institucional que produjo el caos del 12 de abril. La sociedad civil, los gremios y la ciudadanía no están pidiendo una rotación de cuadros; están exigiendo un giro real en la manera en que la ONPE gestiona los procesos electorales.

La magnitud del problema exige que Bernardo Juan Pachas Serrano, que asume la jefatura de forma interina, tenga la voluntad y la autoridad para remover a todos los funcionarios involucrados en la cadena de irregularidades que derivó en esta crisis. Sostener a los mismos cuadros que fallaron sería prolongar el problema con otro apellido al frente.

Pachas tiene ante sí una tarea de urgencia mayúscula: demostrar, antes del 7 de junio, que la institución es capaz de organizar una segunda vuelta con plenas garantías. Eso implica auditorías internas inmediatas, revisión de los contratos de distribución logística, transparencia en los protocolos de custodia del material electoral y una comunicación veraz con la ciudadanía.

No hay margen para otra jornada como la del 12 de abril. Con los resultados de la primera vuelta todavía en escrutinio y el ambiente político crispado, cualquier nueva falla podría terminar de demoler la legitimidad del sistema.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA

Hace más de un año, los hermanos Joseph, George y Julio Torres empezaron a desarrollar una herramienta para ofrecer una solución a un problema importante en el Perú: el acceso a la justicia. Así, desarrollaron una IA que permite hacer consultas legales en lenguas originarias. Su propuesta: un asistente jurídico capaz de responder consultas legales en lenguas originarias, apoyado en una base sólida de jurisprudencia nacional.

🟢LA NUEVA PROMESA DEL SURF PERUANO

Arena Rodríguez es una joven surfista peruana de 20 años considerada una promesa del deporte, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos. Comenzó a surfear a los 8 años y, gracias a su disciplina y entrenamiento constante, ha logrado destacar en competencias internacionales, como el Señoritas Open Pro. A pesar de algunas derrotas, las usa como motivación para mejorar. Con el apoyo de su familia, busca consolidarse en el circuito mundial y alcanzar el máximo nivel competitivo.

🔴DESASTRE EN SAN MARTÍN

Una falla geológica que generó el hundimiento de tierra, resquebrajamiento de pendientes y grietas de dos metros de profundidad puso en alerta a todo el caserío Eladio Tapullima, en San Martín, y obligó a unas 160 familias a evacuar la zona, dejando atrás viviendas y zonas agrícolas para su subsistencia. Autoridades de la provincia de El Dorado dispusieron la evacuación preventiva de todas las familias del caserío. Según autoridades locales, esto deja hasta el momento un saldo de 400 personas damnificadas y aproximadamente 160 viviendas inhabitables.

Esta caída en la madriguera del conejo, donde la lógica parece no aplicar –donde discutimos sobre fórmulas predictivas matemáticas en relación con patrones de asistencia electoral e interpretaciones constitucionales sobre el derecho al sufragio– quizá nos está distrayendo de una de las preguntas más relevantes que deberíamos hacernos en este momento: ¿cuál será la consecuencia política de tener la segunda vuelta más breve de los últimos tiempos? Es decir, ¿cómo afecta el acortamiento de la segunda vuelta a las candidaturas y sus posibilidades de llegar al asiento presidencial?

Analicemos la situación desde la perspectiva de la protagonista relativamente silenciosa: Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular arranca fortalecida. El acortamiento de la segunda vuelta reducirá el tiempo durante el cual puede recibir ataques de su rival inmediato. De enfrentarse a una segunda vuelta con Sánchez, las fuerzas opositoras tendrían menos tiempo para suavizar su imagen, endosarlo y hacer campaña a su favor. De enfrentarse a López Aliaga, este tendría menos margen para buscar votos fuera de Lima.

Si observamos el mapa electoral actual, Renovación Popular ha concentrado su fuerza en la capital, mientras que el fujimorismo ha logrado posicionarse en otras regiones del país, especialmente en el norte y algunas zonas del centro. En ese contexto, la estrategia del fujimorismo de extender un ramo de olivo a López Aliaga y de posicionar a la izquierda como el adversario principal puede mantenerse durante este período de limbo electoral. Sin un cambio de estrategia, no enfrenta riesgos mayores.

Ahora bien, este inicio tardío de la campaña podría otorgar al fujimorismo una ventaja discursiva: la posibilidad de fijar temas claves en la conversación pública y marcar el tono de la campaña, en lo que se conoce como el efecto de primacía. Sin embargo, el candidato que entra más tarde a la contienda puede introducir temas que resuenen con mayor fuerza entre los votantes menos informados o desconectados, quienes suelen prestar más atención en la recta final; esto es lo que en psicología se denomina efecto de actualidad (‘recency effect’).

En mi diagnóstico, Keiko Fujimori puede partir con una ventaja significativa entre los votantes politizados de derecha, pero le resultará más difícil conquistar al votante indeciso y menos politizado. No olvidemos que ya hemos enfrentado escenarios como los del 2016 y el 2021, donde la segunda vuelta se definió por menos de 50 mil votos. El reto de Keiko es superar ese margen si busca alcanzar la presidencia con holgura.

Utilicemos esta etapa de purgatorio con sabiduría: reflexionando sobre nuestros errores –o sobre lo que dejamos de hacer en los últimos diez años– para salir de este limbo y volver a creer que un cambio productivo en la política es posible.

En el mismo informe, el dato más revelador tiene que ver con nuestra juventud: entre los jóvenes peruanos de 15 a 24 años, la participación femenina en el sector agroalimentario llega a ser mayor que la masculina. Ellas desempeñan un rol invaluable a lo largo de toda la cadena: desde la preservación de semillas, la siembra y la cosecha, hasta la transformación y la comercialización de productos, la preparación de alimentos en restaurantes y hogares, y la prevención del desperdicio de alimentos.

Sin embargo, este ímpetu se enfrenta a barreras estructurales que frenan su potencial y marginan a las mujeres, afectando su productividad. Según datos de la FAO de 2023, a nivel global, la productividad de las tierras administradas por mujeres es un 24% menor a la de los hombres. Las agricultoras se ven más afectadas por los problemas que enfrenta el agro, como la informalidad en la tenencia de la tierra: según una estimación de la CEPAL, en el Perú, solo el 30% del total de propietarios de tierras agrícolas son mujeres, una brecha que se ha mantenido prácticamente inalterada durante más de una década.

Asimismo, las agricultoras enfrentan mayores barreras de acceso a recursos naturales y financieros, y son más vulnerables frente a la degradación de ecosistemas y a los efectos del cambio climático. Sumado a lo anterior, ellas enfrentan desafíos adicionales en materia de trabajo doméstico y de cuidado: en el Perú, las mujeres dedican casi tres veces más tiempo que los hombres a esas tareas, lo que les quita horas vitales para el trabajo productivo, la capacitación técnica y la gestión comercial.

Estas desigualdades se traducen inevitablemente en una oportunidad perdida para el país, desaprovechando el talento de quienes ya sostienen los sistemas agroalimentarios. Invertir en este cierre de brechas no es solo una cuestión de justicia social, sino, probablemente, la estrategia más rentable que el país tiene a su alcance para generar un triple dividendo a nivel económico, social y ambiental.

En el plano económico, la FAO estima que cerrar las brechas de productividad y de ingresos entre mujeres y hombres en los sistemas agroalimentarios tiene el potencial de aportar hasta un billón de dólares al PIB global. Esto evidencia que se trata de una estrategia que no solo contribuye al alivio de la pobreza y la desigualdad, sino que también permite aumentar la productividad sin necesidad de expandir la frontera agrícola.

A esto se suma un segundo dividendo, de carácter social. La evidencia muestra que, cuando las mujeres cuentan con mayor autonomía económica, tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación, la salud y la educación del hogar. Esto se traduce en mejoras directas en la nutrición y el bienestar infantil. En consecuencia, el potencial de generar un impacto social es significativo: la FAO estima que este efecto podría contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de hasta 45 millones de personas a nivel mundial.

Finalmente, este enfoque también genera un dividendo ambiental tangible. El empoderamiento de las mujeres en la gestión de recursos naturales impulsa la diversificación productiva, la adopción de prácticas sostenibles y el uso de conocimientos tradicionales, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a la degradación de ecosistemas y al cambio climático. Esto resulta especialmente crítico considerando que un aumento de 1 °C en la temperatura media puede reducir en un 34% los ingresos de los hogares encabezados por mujeres, lo que evidencia que cerrar estas brechas no solo es una cuestión de equidad, sino una condición para sostener sistemas productivos resilientes.

Este 2026, designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultora, nos invita a reconocer —y actuar sobre— el papel clave de las mujeres en el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios. Desde la FAO lideramos este esfuerzo con el firme propósito de que las políticas e inversiones públicas y privadas no solo garanticen las mismas oportunidades, sino que vayan la milla extra, reconociendo que las mujeres enfrentan retos adicionales que necesitan soluciones distintas.

Esto implica aumentar la capacidad productiva y la productividad con sostenibilidad; fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra; dar acceso a crédito y aseguramiento; garantizar un acceso equitativo a espacios de gobernanza, y reducir la carga de cuidados no remunerados.

El desafío es ambicioso y exige una acción articulada entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales para avanzar, con urgencia, en la construcción de un futuro sostenible y sin hambre.

Una similar a la que contempla el artículo 184 de la vigente Carta Fundamental; esto es, cuando los votos emitidos en sus dos terceras partes son nulos o blancos.

La otra, que ya no contempla nuestro régimen constitucional desde hace más de 30 años, permitía la nulidad por graves irregularidades en el proceso electoral que sean suficientes para modificar los resultados de la elección. Era, pues, una causal abierta a la interpretación.

Sin embargo, hoy la única causal que se admite es una estrictamente objetiva, que se da cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios de votos emitidos; debiendo recordarse que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, debe resolver con arreglo a ley y a los principios generales del derecho.

En el actual contexto, hay que indicar que el propio Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de permitir la mayor participación del derecho de sufragio y, en cierta forma, de subsanar lo ocurrido y evitar cualquier reclamación posterior, dictó dos medidas de urgencia: la primera fue dirigida a las mesas que finalmente lograron tener el material electoral el domingo 12, en las que se dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas hasta las 14 horas, además de prolongar la votación hasta las 18 horas; y, la segunda, fue orientada a aquellas mesas que no se lograron instalar el domingo 12, permitiéndose que la votación se realice el lunes 13.

Ambas medidas buscaron, como hemos señalado, reducir los efectos generados por las inaceptables deficiencias producidas por la ONPE, cuya ineptitud ha sido clamorosa. Al momento de ser adoptadas -es decir, el mismo día 12 mientras se llevaba el proceso-, no escuché crítica a ellas por parte de los actores políticos. Sí merecieron algún cuestionamiento de parte de especialistas en materia electoral, pero, finalmente, se entendieron como dictadas para minimizar el daño y lograr superar la situación.

En nuestra columna del pasado miércoles, con claridad indicamos que las incidencias producidas, sin lugar a duda, motivaban que las elecciones queden afectadas; y que ello debía merecer la más pronta salida de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE. Me parece que pretender anular las votaciones de las mesas que abrieron tardíamente el día 12 o de aquellas en las que la votación se produjo el pasado 13 es inviable jurídicamente.

Como ya hemos señalado, la causal que preveía la posibilidad de nulidad por graves irregularidades en el proceso electoral que sean suficientes para modificar los resultados de la elección fue retirada de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien la Ley Orgánica de Elecciones contempla la nulidad de la votación en las mesas de sufragio por diversas causales, entre ellas el fraude, este último habría que probarlo y, además, no habilita una nueva votación de la mesa anulada.

Por lo demás, la nulidad de tales mesas iría a contramano de las propias decisiones que adoptó el mismo Jurado Nacional de Elecciones para permitir la mayor participación. Sería ir, en buena medida, en contra de los actos propios que la propia instancia electoral adoptó.

Necesitamos mesura y serenidad.

En la reciente Pascua, en Florida un gran número de diócesis han informado incrementos entre 30% y 50% en los conversos en comparación con años anteriores. ¿Cómo explicamos esta tendencia en tiempos posmodernos de poca fe, materialismo y disminución en religiosidad? Bueno, hay varias interpretaciones interesantes. Veamos.

Una primera interpretación es la inmigración, pues la tendencia es que la mayoría de los conversos adopten la religión del cónyuge. El aumento de matrimonios entre blancos e hispanos ha inclinado la balanza hacia el catolicismo.

En segundo lugar, el hiperindividualismo y la creciente soledad entre los jóvenes ha creado una demanda para espacios de tipo comunitario y de encuentro y compañerismo.

Uno de los éxitos de la Iglesia Católica en grandes ciudades como Nueva York ha sido la realización de eventos para la juventud. Muchas parroquias se convierten en el lugar de encuentro para esta generación joven que vive la soledad de las redes sociales. Indicó un participante que las reuniones de su parroquia son casi un “Tinder religioso”.

En tercer lugar, la Iglesia Católica es la única religión plenamente global. No solo por su presencia en todo el mundo y por el número de creyentes, sino por el propio peso que tiene como institución en tiempos de tiranos, empresas multinacionales y billonarios abusivos. La Iglesia se transforma en la única institución capaz de contener los excesos actuales, testigo de ello ha sido el mismo Donald Trump, que intentó ningunear al Papa cuando lo criticó por su política y retórica bélica.

En cuarto lugar, aunque parezca paradójico, ese sentido litúrgico y simbólico del catolicismo no tiene rival en el resto del mundo religioso. Las iglesias protestantes, en cambio, son ascéticas. La pompa, sin embargo, se ha puesto de moda. En este caso, el apego a la tradición es considerado valioso por nuevas generaciones.

Sin duda, la Iglesia también tiene enseñanzas y prácticas que están retrasadas con respecto al desarrollo social actual. Por ejemplo, su opinión sobre los temas de género y diversidad. Estos aspectos alejan a los jóvenes, pero ya se han acostumbrado, pues están rodeados de otros conservadores.

Esto hace de Lima la región con mayor presencia en términos absolutos, pero mantiene -e incluso agudiza- su subrepresentación en relación con su peso poblacional, cercano al 30% del total nacional. Más allá de esta situación, que debiera ser atendida en una futura reorganización del Congreso, Lima necesita articular una bancada que impulse una agenda metropolitana, pues enfrenta problemas estructurales de orden económico, competencial y de gobernanza que deben ser tratados en el Poder Legislativo.

Empecemos por el frente económico. Los aportes de Lima Metropolitana representan más del 60% del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún, que se cobra junto al IGV), pero se encuentra entre las jurisdicciones con menor presupuesto por habitante del país, 20 veces menos que Moquegua y trece veces menos que Cusco. Esta brecha se debe principalmente a tres factores. Primero, las municipalidades distritales de Lima solo reciben el 11% del fondo, y la municipalidad metropolitana (MML) un irrisorio 2,5%. El resto se distribuye entre los distritos y provincias del país. Segundo, Lima no percibe ingresos por canon, como si lo hacen otras regiones que además reciben transferencias del Foncomun. Tercero, el canon no cuenta con mecanismos de redistribución territorial, por lo que se concentra en las municipalidades donde se generan los recursos. A esto debemos sumar el hecho que la administración saliente ha elevado el endeudamiento de la MML a niveles críticos, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de las finanzas metropolitanas en los próximos años.

Esta situación no siempre fue así. A inicios de los noventa se modificaron las reglas de distribución del Foncomún, reduciendo significativamente la participación de Lima en el reparto. Desde entonces, la ciudad ha dependido en mayor medida de transferencias extraordinarias del gobierno nacional, endeudamiento o concesión de activos para promover proyectos. En contraste, otros países de la región han avanzado hacia esquemas más equitativos. En Chile, por ejemplo, se ha implementado recientemente un sistema de redistribución de las rentas mineras que incorpora a las regiones sin actividad extractiva, buscando reducir brechas territoriales.

En lo que respecta a las competencias metropolitanas, el Gobierno Central mantiene bajo su ámbito funciones claves para la gestión urbana, tales como la administración del servicio de agua potable y alcantarillado (Sedapal), la educación y la salud. Asimismo, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reconfiguró las competencias en movilidad, reduciendo la capacidad de la MML para gestionar integralmente el sistema de transporte y el espacio vial. Esta fragmentación limita de manera significativa la capacidad de la ciudad para gestionar el suelo, promover vivienda social y articular servicios urbanos de manera eficiente.

En términos de gobernanza, Lima Metropolitana se encuentra políticamente fragmentada en 43 distritos, cada uno con autoridades electas y competencias propias que atomizan la administración de los servicios municipales y complejizan la gestión del territorio. Esta estructura genera ineficiencias y eleva los costos para los vecinos. Además, una proporción significativa de los recursos municipales se destina a sostener estructuras administrativas que podrían optimizarse mediante esquemas de gestión integrados, como ocurre en diversas capitales de la región.

La metrópoli nacional requiere, por tanto, una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión, incrementar considerablemente sus ingresos, optimizar los recursos y concentrar la autoridad necesaria para liderar el desarrollo urbano. La promoción de estas reformas dependerá de la capacidad del siguiente alcalde de articular una bancada metropolitana en el Congreso. Sin ese respaldo político, las limitaciones económicas, competenciales y administrativas descritas no solo persistirán, sino que seguirán condicionando la gobernabilidad y la sostenibilidad de la ciudad.

*Con la notable colaboración de Saúl Barrera Ayala, experto en gestión pública.

Estos nos permiten conocer mejor el universo y nuestro propio planeta. ¿Qué relación tienen con la vida cotidiana de las y los peruanos? Mucha. La misma infraestructura científica que ha permitido el último viaje alrededor de la Luna está ya mejorando nuestra propia observación de la Tierra, incluyendo el monitoreo ambiental y la gestión del riesgo de desastres naturales, entre otros. El Calendario de Ciencia 2026 de la NASA trae una bellísima imagen de nubes actinoformes (con patrones radiales que recuerdan hojas o rayos) sobre el océano Pacífico frente al Perú. Un instrumento especializado del satélite PACE, también de la NASA, hizo posible esta obra de arte de la fotografía espacial, y forman parte de la misión que estudia el plancton marino y las partículas en las nubes y la atmósfera, con el propósito de desentrañar nuevos misterios en la interacción del océano y el clima.

Las nubes actinoformes se desarrollan sobre una extensa sábana nubosa –tan característica del cielo panza de burro de Lima, expresión usualmente atribuida a Héctor Velarde– que ayuda a regular la radiación solar que ingresa al océano. En interacción con la corriente de Humboldt, este sistema da lugar a una de las zonas marinas más productivas del planeta, pues, aunque representa menos de 0,1% de la superficie oceánica global, aporta alrededor del 10% de la pesca marina mundial. Cuando este sistema se altera –por ejemplo, durante eventos de El Niño– cambian las nubes, la temperatura del mar, las condiciones atmosféricas sobre la costa, la disponibilidad de nutrientes y la productividad pesquera. Esto importa profundamente al Perú, donde casi 6 de cada 10 habitantes viven en la costa. Estudiar estas nubes desde el espacio permite mejorar los modelos de clima y variabilidad oceánica, con impacto directo en seguridad alimentaria, gestión del agua y resiliencia económica.

La ciencia espacial no comienza ni termina en las grandes potencias. El Perú, por ejemplo, cuenta con capacidades valiosas, aunque todavía modestas: la Base Científica Punta Lobos, en Pucusana, para el monitoreo solar y sus efectos sobre la alta atmósfera; el Centro de Observaciones Espaciales, en Huancayo, con instrumentos de una red latinoamericana de detectores para estudiar rayos cósmicos y clima espacial; el Observatorio Astronómico de Moquegua, donde opera el telescopio óptico de mayor apertura del país; y PerúSAT-1, primer satélite peruano de observación de la Tierra de resolución submétrica, cuyas imágenes se utilizan para el monitoreo de incendios forestales, inundaciones, vigilancia de fronteras y otros procesos críticos. Sin embargo, estas capacidades siguen siendo limitadas frente a la escala alcanzada por Chile, un caso excepcional en Sudamérica por las extraordinarias condiciones astronómicas del desierto de Atacama y por una estrategia nacional sostenida de cooperación científica internacional.

La ciencia básica, la astronomía y las ciencias espaciales no son lujos de países ricos ni extravagancias futuristas. Son inversiones estratégicas que generan capacidades para observar, anticipar, decidir y cooperar mejor. Si el Perú quiere prepararse frente al cambio climático, gestionar con mayor inteligencia sus recursos y formar nuevas generaciones científicas, debería consolidar sus capacidades espaciales y articular mejor los datos satelitales con las políticas públicas. Volver a la Luna no significa solo retomar una gran aventura humana, significa también fortalecer la ciencia y la tecnología que necesitamos para entender mejor la Tierra y enfrentar sus desafíos.