🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Importante proyecto para el país

La autorización para explotar La Tapada, inicio del proyecto minero Tía María, significa un respiro económico vital para el Perú. Los ingresos y empleos proyectados prometen reactivar una economía nacional muy golpeada. Sin embargo, este optimismo financiero debe manejarse con cuidado. El Estado y la empresa están obligados a garantizar paz social y respeto ambiental para evitar conflictos sociales en la cercanía del proyecto.

🟢Avances en la inclusión

El impulso de las personas con discapacidad visual por insertarse en el mercado laboral peruano merece reconocimiento. Su valiosa iniciativa demuestra resiliencia frente a enormes barreras. Pero este gran esfuerzo no basta. El Perú todavía carece de políticas sólidas y empatía corporativa para garantizar verdadera equidad. Celebramos su valentía, pero el Estado y las empresas deben despertar. La inclusión exige más que aplausos; requiere acciones concretas en un país que camina a ciegas. Importante proyecto para el país

🔴No apto para peatones

Es inadmisible que el óvalo Tomás Valle opere sin semáforos peatonales, condenando a los vecinos a esquivar vehículos y arriesgar sus vidas. Esta obra evidencia una negligencia estatal alarmante: se privilegió la fluidez vehicular, ignorando por completo la seguridad peatonal. Diseñar infraestructura olvidando al ciudadano no es modernidad, es absoluto desprecio. Las autoridades deben corregir este grave absurdo de inmediato para evitar accidentes fatales. Nuestras calles deben proteger a las personas, no solo privilegiar motores.

La prensa suele ganarse muchas veces la impopularidad de advertir cada entrada fatídica a la oscuridad, así como la satisfacción de contribuir a salir de ella, no importa si tiene que hacerlo a campo traviesa de confrontaciones ideológicas y políticas radicales como las que hoy asfixian la búsqueda de diálogos, acuerdos y consensos.

La prensa es consciente de que su papel en el torbellino de formación de opinión pública, en tiempos de explosión del Internet, es absolutamente solitario, como lo fue en medio de las convulsiones sociales y religiosas que siguieron a la invención de la imprenta, hace más de quinientos años.

De ahí que sea una buena noticia la vuelta de la mesa redonda de El Comercio como el mejor espacio plural de choque de ideas y opiniones que ha podido ofrecer este Diario en muchos momentos cruciales de la vida del país. Puedo atestiguar que no ha habido figuras políticas, presidenciales, parlamentarias y jurídicas, de todos los credos y tendencias, que no hayan pasado, en sus respectivas coyunturas, por ese espacio constructivo. Fue más de una vez la antesala propiciadora de importantes consensos, como la Mesa de Diálogo de la OEA, que avaló y legitimó la transición del régimen de Alberto Fujimori al de Valentín Paniagua en el año 2000.

Este punto de encuentro resurge ante el peor abismo político que hayamos visto en mucho tiempo. Ya no se trata de la sucesión de históricos partidos finalmente colapsados, ni del ciclo de cruzadas anticorrupción de presidentes que acabaron en la cárcel, ni de las transiciones autodestructivas que nos llevan a completar diez mandatarios en diez años ni del recurrente discurso de odio que frecuentemente entierra toda sana visión de país. Ahora se trata del abismo político que convierte al ciudadano votante en un convidado de piedra de una elección presidencial y parlamentaria arrojada a las patas de los caballos.

Ni el caudillismo, ni la fragmentación política, ni la polarización radical ni la presidencia ficticia —como yo la llamo— van a abandonar la triste suerte del escenario político sin los diálogos, acuerdos y consensos que comprometan la voluntad y el compromiso responsable de la clase política, todavía atrapada en la “fiesta caníbal” de cada elección.

Creo sinceramente que “Desde la cúpula”, nombre de la mesa redonda de El Comercio, quiere ser eso: una tribuna abierta y plural, una salida a pulso de la oscuridad, un desafío noble hacia la luz, una alternativa racional y civilizada a la autodestrucción política.

Se necesitan otros muchos espacios de diálogo en la misma dirección, aun cuando sean muy hondas las brechas de la sobreinformación y la desinformación, que interponen una cortina de niebla en la misión de la prensa: hacer claro el conocimiento y el entendimiento de la realidad.

Estos nos permiten conocer mejor el universo y nuestro propio planeta. ¿Qué relación tienen con la vida cotidiana de las y los peruanos? Mucha. La misma infraestructura científica que ha permitido el último viaje alrededor de la Luna está ya mejorando nuestra propia observación de la Tierra, incluyendo el monitoreo ambiental y la gestión del riesgo de desastres naturales, entre otros. El Calendario de Ciencia 2026 de la NASA trae una bellísima imagen de nubes actinoformes (con patrones radiales que recuerdan hojas o rayos) sobre el océano Pacífico frente al Perú. Un instrumento especializado del satélite PACE, también de la NASA, hizo posible esta obra de arte de la fotografía espacial, y forman parte de la misión que estudia el plancton marino y las partículas en las nubes y la atmósfera, con el propósito de desentrañar nuevos misterios en la interacción del océano y el clima.

Las nubes actinoformes se desarrollan sobre una extensa sábana nubosa –tan característica del cielo panza de burro de Lima, expresión usualmente atribuida a Héctor Velarde– que ayuda a regular la radiación solar que ingresa al océano. En interacción con la corriente de Humboldt, este sistema da lugar a una de las zonas marinas más productivas del planeta, pues, aunque representa menos de 0,1% de la superficie oceánica global, aporta alrededor del 10% de la pesca marina mundial. Cuando este sistema se altera –por ejemplo, durante eventos de El Niño– cambian las nubes, la temperatura del mar, las condiciones atmosféricas sobre la costa, la disponibilidad de nutrientes y la productividad pesquera. Esto importa profundamente al Perú, donde casi 6 de cada 10 habitantes viven en la costa. Estudiar estas nubes desde el espacio permite mejorar los modelos de clima y variabilidad oceánica, con impacto directo en seguridad alimentaria, gestión del agua y resiliencia económica.

La ciencia espacial no comienza ni termina en las grandes potencias. El Perú, por ejemplo, cuenta con capacidades valiosas, aunque todavía modestas: la Base Científica Punta Lobos, en Pucusana, para el monitoreo solar y sus efectos sobre la alta atmósfera; el Centro de Observaciones Espaciales, en Huancayo, con instrumentos de una red latinoamericana de detectores para estudiar rayos cósmicos y clima espacial; el Observatorio Astronómico de Moquegua, donde opera el telescopio óptico de mayor apertura del país; y PerúSAT-1, primer satélite peruano de observación de la Tierra de resolución submétrica, cuyas imágenes se utilizan para el monitoreo de incendios forestales, inundaciones, vigilancia de fronteras y otros procesos críticos. Sin embargo, estas capacidades siguen siendo limitadas frente a la escala alcanzada por Chile, un caso excepcional en Sudamérica por las extraordinarias condiciones astronómicas del desierto de Atacama y por una estrategia nacional sostenida de cooperación científica internacional.

La ciencia básica, la astronomía y las ciencias espaciales no son lujos de países ricos ni extravagancias futuristas. Son inversiones estratégicas que generan capacidades para observar, anticipar, decidir y cooperar mejor. Si el Perú quiere prepararse frente al cambio climático, gestionar con mayor inteligencia sus recursos y formar nuevas generaciones científicas, debería consolidar sus capacidades espaciales y articular mejor los datos satelitales con las políticas públicas. Volver a la Luna no significa solo retomar una gran aventura humana, significa también fortalecer la ciencia y la tecnología que necesitamos para entender mejor la Tierra y enfrentar sus desafíos.

Hay un país que va más allá del eje de izquierda y derecha; sin embargo, se persiste en analizar a ese mismo país bajo esa misma polarización. No obstante –como vale repetir–, en el Perú los fenómenos sociales y políticos son inexplicables bajo esas clásicas coordenadas. Otros cientistas sociales y analistas –más temerarios aún– intentan explicar los resultados electorales organizando una nueva polarización: revanchistas contra institucionalistas; atrevimiento que supera todo límite.

Pero la polarización de izquierda y derecha ya no es fiable para analizar a un país de sociedades emergentes y populares como la peruana. ¿Cómo es que las sociedades capitalistas del sur votan todavía por el proyecto socialista de Sánchez? ¿Por qué Puno, Juliaca o Cusco votan por Belmont, una figura que representa todo lo que los puneños o cusqueños –supuestamente– rechazan? Hay fenómenos sociales y políticos que son inexplicables bajo esa clásica distinción.

Quizá entonces el error de algunos politólogos o analistas políticos sea considerar que tanto izquierda como derecha son esencias políticas universales e inalterables; y que es la sociedad la que se debe acomodar a esas lecturas. Esas identidades políticas serían como fantasmas o espíritus que vagan esperando encarnarse o tomar posesión de una parte de la sociedad. De allí entonces se nos dice que “la sociedad se derechiza” o que existiría una “izquierda popular” frente a una “derecha elitista”. Antauro Humala, más excéntrico aún, nos dice que hay una “derecha pizarrista” y una “izquierda almagrista”; es decir, que Pizarro fue de derecha y Almagro de izquierda.

¿Y entonces, qué hacemos? Nos toca desarrollar aproximaciones y análisis sobre la sociología nacional. En otras palabras: analizar, en primer término y de manera objetiva, la sociología nacional, sobre todo las sociedades emergentes y populares. Allí entonces existen instituciones que no son sino redes de competencia y colaboración, que organizan a estas sociedades. Tradiciones, familia, religiosidad, jerarquías, comunitarismo, sentido del orden (la mano dura), un capitalismo salvaje, entre lo informal y lo ilegal, entre otros. A todo lo anterior le podríamos denominar instituciones populares/conservadoras. Pero –ojo– no son “conservadoras” en el sentido político o ideológico, sino en el sentido sociológico/antropológico.

Por eso Puno, Huancayo o Apurímac, regiones que son inexplicables sin el mercado y la familia, votan por Roberto Sánchez o el mismo Pedro Castillo, proyectos socialistas que van a contramarcha de sus intereses más profundos. Lo que sucede, todo indica, es que estas sociedades emergentes y populares se constituyen políticamente siempre contra un orden establecido, orden en el que ellos “no pertenecen”. El minero informal/ilegal vota por más Reinfo y el joven ‘millennial’ no se reconoce en el mal llamado “pacto mafioso”.

Si uno observa detenidamente verá que estas sociedades emergentes y populares siempre apoyan electoralmente proyectos antiestablishment. Miren al primer Fujimori y hasta a Pedro Castillo. Las sociedades emergentes y populares son conservadoras sociológicamente, pero políticamente puede apoyar proyectos electorales de cualquier tinte ideológico, siempre que alguna de ellas vaya contra el establishment. El problema no es la izquierda, no es la derecha; el problema está en aproximarse de manera objetiva y sin anteojeras ideológicas a esas sociedades que siempre buscarán una representación política y electoral.

Esta no es una segunda vuelta cualquiera. Se configura en un escenario que ha dejado de ser neutral; resultados estrechos, desconfianza acumulada y actores que tensionan el proceso incluso antes de su cierre. A ello se suma el cuestionamiento a las instituciones electorales, que termina trasladando la incertidumbre del conteo hacia una mayor desconfianza ciudadana.

Con este punto de partida, la lógica del voto se transforma. Ya no se trata de elegir al candidato más cercano, sino de identificar quién ofrece mejores condiciones para sostener el gobierno en un país fragmentado y bajo presión.

Aquí no se trata de afinidad. Se trata del riesgo –y, en muchos casos, de miedo– que cada candidatura activa en distintos sectores del electorado.

Para Przeworski, la democracia descansa en algo básico, como el que los actores acepten la incertidumbre sobre quién accede al poder. Es decir, que acepten que pueden perder. Cuando esa premisa empieza a ponerse en duda antes de que el resultado se consolide, lo que se erosiona no es solo el conteo, sino la capacidad del sistema para producir una autoridad que el país esté dispuesto a reconocer. Elegir, entonces, exige no premiar cercanía, sino evaluar condiciones reales de gobernabilidad.

Primero, capacidad de ampliar la base política. Un candidato que no logra salir de su núcleo duro puede alcanzar una victoria electoral, pero difícilmente sostener un gobierno. La segunda vuelta no premia convicciones; exige expansión. Y esta empieza a evidenciarse en las alianzas, explícitas o implícitas, que anticipan con quién y bajo qué condiciones se va a gobernar.

Segundo, equipo y operación política. Las campañas se sostienen en discursos. Los gobiernos, no. En un entorno adverso, la diferencia la marcará la capacidad de rodearse de equipos que no solo ejecuten, sino que entiendan cómo funciona el poder: construyan acuerdos, sostengan decisiones y gestionen tensiones en un sistema fragmentado.

Tercero, manejo del conflicto y relación con las instituciones. El próximo gobierno no administrará estabilidad, sino tensión. Y eso exige algo más que firmeza: requiere criterio para evitar que el conflicto escale y termine debilitando aún más a un Estado que ya opera bajo fuertes limitaciones.

La segunda vuelta no corrige la fragmentación. La traslada al gobierno. Elegir, en este punto, no es respaldar; es contener.

Se puede y se debe evitar seguir este mal camino. Este empezó con el desconocimiento de los resultados electorales, que a su vez llevó a buscar la vacancia del presidente electo, bajo cualquier pretexto, desde el inicio de la gestión. Ciertamente los organismos electorales han mostrado un desconcertante muy mal desempeño, y todas las investigaciones y sanciones que correspondan deben desarrollarse y aplicarse. Pero deben respetarse sus decisiones. Se puede eventualmente recurrir a los mecanismos legales existentes para impugnarlas, mas al final deben aceptarse los resultados. No debemos permitir que el conteo de votos termine siendo definido por presiones políticas o amenazas de procesos penales. Deberíamos dejar atrás la excesiva y a todas luces perjudicial dinámica de los últimos años de intentar resolver disputas políticas por vías judiciales. Al mismo tiempo, la policía, los fiscales y los jueces deben evitar entrometerse en decisiones de naturaleza política. Esta debe ser una lección aprendida del último quinquenio.

Para esto es imperativo aislar, no amplificar, los discursos más intolerantes y antiinstitucionales; en este sentido, hace rato que el candidato López Aliaga cruzó el límite del reclamo legítimo para situarse en un discurso abiertamente antidemocrático. Sus votantes y la derecha peruana merecen una mejor representación que la que están teniendo. Ayudaría también que se produzcan gestos que conduzcan a una distensión: desde los propios organismos electorales, desde los líderes políticos, desde la sociedad civil, que afortunadamente ya están ocurriendo.

Ni Roberto Sánchez ni Rafael López Aliaga deben perder de vista que la votación que los podría llevar a la segunda vuelta representa apenas un número cercano al 10% de los votos emitidos, y que con esa votación habrían quedado en cuarto lugar en el 2001, 2006 y 2016, y en quinto lugar en el 2011. Que el primero obtuvo un tercio menos de los votos que obtuvo Pedro Castillo en el 2021, y que tuvo un muy pobre desempeño en Lima, donde se concentra cerca de un tercio de los electores. De otro lado, el segundo debe reconocer que su votación se concentra en Lima y algunas otras regiones de la costa, que se traduce a su vez en una menor representación relativa en el Senado y la Cámara de Diputados (según los cálculos preliminares, Juntos por el Perú obtendría 14 senadores y Renovación Popular, 8; y 31 y 16 diputados, respectivamente). Cualquiera de ellos, para poder competir en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, y mucho más si es que pretendieran gobernar, debe asumir que su gobierno sería imposible si no son capaces de representar al conjunto del país y no solo a sus nichos electorales.

El celebrado biólogo Paul Ehrlich, recientemente fallecido, había declarado que sí o sí cientos de millones de personas iban a morir de hambruna en los setenta y ochenta. El Club de Roma predecía el agotamiento de los recursos naturales. Si no se tomaban medidas drásticas, el mundo se dirigía a la catástrofe.

Felizmente, la humanidad no solo ha evitado tal destino, sino que está viviendo una era de “superabundancia”. Ese es el término que los investigadores Marian Tupy y Gale Pooley usan en un estudio (“Simon Abundance Index”) que será publicado esta semana para describir un mundo caracterizado por una creciente población y mayores recursos.

Los autores examinan el precio de 50 productos básicos –alimentos, minerales, insumos industriales, bienes energéticos– y lo comparan con los ingresos desde 1980 hasta el 2025. De esa manera pueden determinar el precio de un bien en términos de tiempo, o cuántas horas de trabajo requieres para comprar un bien.

Visto de esa manera, los bienes se volvieron más abundantes. Según Tupy y Pooley, “los precios en términos de tiempo de los 50 productos básicos cayeron un 70,9% en promedio […]. Lo que en 1980 requería una hora de trabajo, ahora requiere aproximadamente 18 minutos. Dicho de otro modo, la misma hora de trabajo que en 1980 permitía comprar una sola unidad de un producto típico permite comprar 3,44 unidades en el 2025, lo que supone un aumento del 244% en la abundancia de recursos personales”.

Lejos de indicar escasez, la caída de tales precios señala copiosidad. Esto ha ocurrido a la vez que la población mundial ha crecido un 85%. Tomando en cuenta esa población, los autores calculan que el planeta es 536,4% más abundante en recursos de lo que lo era en 1980.

Tupy y Pooley muestran que, por cada aumento de un punto porcentual en la población mundial, la abundancia de recursos globales crece por 6,3 puntos porcentuales. En otras palabras, cada persona adicional está “produciendo” mayores recursos.

De los 42 países que los autores estudiaron, ninguno experimentó menor abundancia que en 1980. En el Perú, la abundancia de recursos personales creció por 184%. Otros países vieron un crecimiento espectacular: China (3.847%), Corea del Sur (1.122%), Irlanda (927%).

Puede parecer contraintuitivo pensar que en la medida en que crece la población hay mayor abundancia. Pero la humanidad es creativa y constantemente innovadora. Cuando goza de cierto grado de libertad, es capaz de cooperar, inventar y descubrir soluciones a problemas nuevos y viejos, o simplemente ser más eficiente con lo que hay.

Es así que la productividad de cada hectárea de cultivo se ha multiplicado, que los autos viajan múltiples kilómetros más por cada galón de gasolina, que el iPhone ha reemplazado a numerosos aparatos (radios, cámaras, libros, etc.) y que en los países ricos el uso de decenas de bienes (madera, acero, papel, etc.) en términos absolutos ha estado en caída a la misma vez que crecen esas economías.

Ante la evidencia histórica, todavía hay quienes insisten en una visión pesimista y estática de la humanidad. En este Día de la Tierra, sería bueno que se recuerden las palabras del pionero del optimismo racional, Julian Simon: “El recurso más valioso son las personas […] que pondrán su voluntad y su imaginación al servicio de su propio bien y, de ese modo, inevitablemente nos beneficiarán también al resto de nosotros”.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha advertido sobre la posibilidad de adoptar “decisiones drásticas” ante las irregularidades detectadas, especialmente en Lima. Sin embargo, cualquier determinación debe ceñirse estrictamente a los cauces institucionales. La legitimidad del proceso no puede sostenerse sobre atajos ni presiones. En esa misma línea, resulta indispensable que candidatos como Rafael López Aliaga cesen los insultos gratuitos e inaceptables.

Si bien la prudencia es indispensable, también lo es la oportunidad. El señor Burneo debe pronunciarse con claridad sobre el pedido de elecciones complementarias. Un pedido que voceros de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, las agrupaciones más afectadas por la demora en la instalación de mesas en Lima, no descartan como una opción. Postergar una definición sobre este asunto hasta el 15 de mayo solo alimenta la incertidumbre y debilita la confianza en el proceso. Burneo debe decir pronto si una elección complementaria es viable. También se debe tomar una decisión sobre Piero Corvetto, cuya gestión ha sido desastrosa. Desde aquí hemos dicho que es insostenible que se mantenga en el cargo. No puede seguir encabezando la ONPE durante la segunda vuelta. Su salida, siguiendo el camino que disponga la ley, es imprescindible.

En momentos como este, el país necesita serenidad, rigor y apego a la ley. La institucionalidad se pone a prueba precisamente cuando arrecian las tensiones. Resolver con transparencia y dentro de plazos razonables es la única forma de preservar la legitimidad de los resultados.

Y este hecho es uno que el plan de gobierno de Juntos por el Perú prefiere ignorar: ya gobernaron. Sánchez fue ministro de Castillo de principio a fin. El mismo gobierno en el que Bruno Pacheco, secretario presidencial, fue encontrado con US$20.000 en el baño de su despacho en Palacio “producto de sus ahorros”. El mismo que ofreció comprar urea cuatro veces para la agricultura familiar sin cumplirlo, mientras el sector agrario estaba en emergencia. Y el mismo en el que los homicidios promediaron 4,22 muertes diarias, según el Sinadef, el índice más alto entre todos los presidentes desde el 2017 (y punto de partida del repunte de inseguridad que el Perú no ha revertido). Ese fue el castillismo que ahora vuelve básicamente con las mismas ideas.

Dicen que la Constitución de 1993 ha impedido que el Estado desarrolle proyectos empresariales de gran envergadura. La Refinería de Talara lo refuta: con la misma Constitución vigente, Petro-Perú ejecutó una inversión pública que cuadruplicó su presupuesto hasta bordear los US$6.000 millones. El Estado tuvo todo el espacio para actuar, y lo desperdició igual.

El plan afirma que el modelo no reduce la desigualdad ni la pobreza. Los datos del INEI no le hacen el favor: la pobreza monetaria cayó de 58,7% en el 2004 a 20,2% en el 2019, y el índice de Gini bajó de 53,3 en 1997 a 40,1 en el 2024. ¿El modelo falló? O quizás el problema es que los números no caben en el relato.

Sobre los recursos naturales, el documento dispone la gestión estatal directa del gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. ¿En serio planea gestionarlos vía empresas públicas? Según el Banco Central de Reserva del Perú, a inicios de los noventa esas 180 empresas estatales registraban pérdidas por S/11.274 millones. Tras las privatizaciones, en 1995 el mismo sector generó utilidades por S/514 millones. El experimento ya se hizo. Ya se sabe cómo termina.

También dice que los privados podrán invertir en la explotación de recursos naturales, pero solo en alianza público-privada. ¿Se refiere a que el Estado aporte cofinanciamiento y garantías en operaciones que pueden ser financiadas totalmente por el sector privado? Es absurdo. Y si se trata de preservar la “soberanía”, recordemos que cuando las operaciones se concesionan, el Estado sigue siendo dueño de los recursos naturales.

Sobre los impuestos a la extracción de recursos naturales, el documento afirma como novedad que todo aquel que explote recursos naturales deberá pagar por hacerlo, como si –por ejemplo– la minería no pagara ya impuesto a la renta, regalías e impuesto especial a la minería.

El plan propone renegociar los tratados de libre comercio para recuperar “soberanía”. Más del 91% de nuestro comercio exterior se realiza con países con los que tenemos tratados. Renegociarlos no recupera soberanía: pone en riesgo cerca de un millón y medio de puestos de trabajo para que el plan pueda usar esa palabra en su portada.

Ya gobernaron, y trajeron las mismas ideas. Tuvieron el poder y lo dilapidaron en corrupción, promesas incumplidas y una gestión que dejó al campo sin fertilizantes y a las ciudades más inseguras. Ahora vuelven con el mismo discurso y el mismo sombrero. La pregunta no es si el plan funcionaría: es si alguien que ya demostró que no puede gobernar merece que se lo volvamos a confiar.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Equipo peruano en el Mars Desert Research Station

A inicios del 2027, un equipo peruano volverá a formar parte de la Mars Desert Research Station, una estación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) donde se simula la vida en una base de Marte. Será la sexta tripulación peruana que participará en este programa. El equipo está formado por un grupo multidisciplinario que lidera Noelia Caballa Huamán, bioingeniera que ya tiene experiencia en misiones análogas, por su presencia en la Lunar Research Station, en Polonia.

🟢 Un merecido reconocimiento para Ramón García

En sus casi 50 años de carrera (que cumplirá en el 2027 ), el actor peruano Ramón García Monteagudo ha destacado en el teatro, el cine y la televisión, sea en producciones peruanas como de fuera del país. Con tremendo camino actoral, este año El Comercio lo ha reconocido con el Premio Luces a la Trayectoria. “Agradezco los reconocimientos, pero para mí el mayor premio sigue siendo poder dejarle algo a la gente: que una obra haga pensar”, dijo en una entrevista con este Diario a propósito del reconocimiento.

🔴 El operador que ‘centraba’ cargamentos de oro

En la trama de los robos de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal, una pieza clave era un operador logístico del sector transporte, como reveló un informe de nuestra Unidad de Investigación. Se trata de José Alberto Barba Huamán, quien figura como gerente de una empresa dedicada al transporte y almacenamiento de carga. Según la PNP, él ‘marcaba’ a quienes trasladaban el oro e informaba a miembros de Los Injertos del Callao, como en el reciente y sonado asalto que hubo en la Costa Verde.

En los dos primeros lapsos y dependiendo de quiénes sean los políticos elegidos, las expectativas económicas afectarán las valorizaciones del sol peruano y de las empresas que operan en el territorio nacional. Sin embargo, el tercer tiempo es el más importante. Dependiendo de uno u otro resultado, la marcha de la economía y los niveles de bienestar de los peruanos, sobre todo de los de menores recursos, serán muy diferentes.

El Jurado Nacional de Elecciones ha expresado que los resultados finales se conocerían hacia mediados de mayo. Ello recortaría la duración de la segunda vuelta y afectaría al elector. Se necesitan como mínimo unos tres debates sobre distintos temas, así como entre los diversos equipos técnicos que acompañan a cada candidato.

En caso de que pasen dos finalistas de derechas, la tensión sobre las variables económicas ya mencionadas y la marcha de la economía se diluirán hasta conocer más sobre el resultado final. En cambio, de pasar el candidato de Juntos por el Perú, las tensiones serán mayores.

La postulante de Fuerza Popular tendría casi un tercio del Senado. En el caso de ganar, ello le aseguraría la estabilidad en ese frente. Recordemos que este ha sido el talón de Aquiles del Ejecutivo en los últimos dos períodos presidenciales.

Sin embargo, tendrá que construir consensos, avanzar en la seguridad ciudadana y en la marcha económica, para mantener una elevada popularidad que le permita enfrentar con mejor soporte un proceso esperable de marchas y protestas, centradas –inicialmente– en los Andes y en el sur peruano.

Una vez estabilizado el gobierno, se esperarían cinco años de mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y aumento del bienestar.

En el caso de un triunfo de Roberto Sánchez, habida cuenta de su plan de gobierno, la economía podría sufrir con una mayor presión en la depreciación del sol, un deterioro de las cuentas fiscales, una caída de la inversión privada y una dinámica económica bastante modesta.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea una reforma del modelo económico para transitar hacia una economía mixta. Cambiar el rol subsidiario del Estado y modificar los contratos que dan estabilidad jurídica a diversas inversiones; así como eliminar los “regímenes laborales que favorecen a las empresas y perjudican a los trabajadores”. Plantea también renegociar contratos en sectores estratégicos para ser gestionados por el Estado y prohibir concesiones que otorguen “ventajas a inversionistas extranjeros”.

Sin embargo, al no tener mayor soporte en el Congreso, sería un gobierno relativamente débil. Parecido al último régimen de Castillo-Boluarte-Jerí-Balcázar.

Si bien es cierto que un gobierno de Juntos por el Perú no tendría mayor apoyo congresal, dentro del Ejecutivo hay espacio para golpear las instituciones y la normal marcha de las políticas públicas y la economía. Algo similar ocurrió bajo la presidencia del profesor Castillo. Recordemos a sus ministros de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Producción, Trabajo y Vivienda, por mencionar algunos. Los mismos presidentes del Consejo de Ministros de ese gobierno embestían de vez en cuando contra la normatividad vigente y los pilares mismos del modelo económico.

De realizar un gobierno débil y mostrar un comportamiento susceptible de ser caracterizado de “incapacidad moral permanente”, el Senado podría usar su herramienta letal de control político discrecional. Así, transitaríamos entre vacancias de presidencia y vicepresidencias hasta iniciar el quinto año, cuando un senador pueda recibir el encargo. Sería un régimen de Roberto Sánchez-Analí Márquez-Brígida Curo… ¿y Vladimir Meza?

Entraríamos a una suerte de bucle histórico de tres periodos presidenciales.

Queda claro que ni de lejos se da el caso que contempla la Constitución: el Jurado Nacional de Elecciones declarará fallido el proceso “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos” (artículo 184).

No obstante, la crisis continúa y la posibilidad de que se agudice proviene también del candidato Rafael López Aliaga. Advierte, maoístamente, que está dispuesto a “incendiar la pradera” si no pasa a segunda vuelta. Asegura que hay fraude y pide a funcionarios que le entreguen pruebas, lo que equivale a no tenerlas (la recompensa de S/20.000 por prueba desapareció, quizá porque lindaba con el delito). En una acción más que repudiable, lanza aberrantes amenazas de índole sexual contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ojo, no hay que confundirse: como ocurre en otros países, el insulto despiadado y las amenazas de todo calibre no son un arrebato, sino que forman parte de una estrategia política. Son los tiempos que corren.

Eso sí, hay que tomar en cuenta el escaso respaldo a los más votados, reflejado en los bajos porcentajes de voto válido obtenidos: Keiko Fujimori 17%, Roberto Sánchez 12%, y Rafael López Aliaga 11,9% (ONPE, al 93,487%). Valgan como comparación los resultados de primera vuelta en Chile (noviembre, 2025): la oficialista Jeannette Jara obtuvo 26,7%, y el posterior ganador, José Antonio Kast, 23,9%. Entre ambos, más del 50%. Incluso Franco Parisi (tercero) obtuvo 19%, es decir, más que Keiko Fujimori.

¿Qué hay de nuevo? En el Congreso podrían conformarse hasta tres bloques: derecha, centro e izquierda. El ideal es que se constituyan un oficialismo y una oposición política sólidos. No obstante, salvo en el fujimorismo, es probable que se imponga el reflejo tribal. Si esto ocurre, el escenario político nacional podría estar constituido por un gobierno autoritario, una oposición fraccionada y un Estado crecientemente débil, penetrado por intereses privados. El encargo que reciben los partidos con representación en el Congreso es enorme. ¿Podrán con la responsabilidad?

¿Era previsible imaginar un resultado electoral en el que dos candidatos pelearían su ingreso a la segunda vuelta? Sin ninguna duda. Era previsible también que uno de ellos podría ser de izquierda. Entonces, difícilmente hemos sido sorprendidos con la posibilidad de que Sánchez haya obtenido los votos necesarios para hacerlo. ¿Porque qué cambió entre abril del 2021 y abril del 2026 para la gran mayoría de peruanos que se siente agraviado por el sistema? ¿Mejoró su acceso a servicios básicos, educación o salud? ¿Será que su calidad de vida aumentó en estos cinco años? Porque, si no es el caso, ¿por qué los resultados de las elecciones serían distintos? Para quien no tiene nada que perder, no hay razón para seguir votando por quienes ofrecen mantener el modelo. Modelo que para ellos no funciona. Lo más frustrante es que seguimos creyendo que, si dos candidaturas de derecha pasan a la segunda vuelta, ya la hicimos. Y nos despreocuparemos de la cosa pública hasta la próxima elección. Mientras tanto, una mayoría de la población seguirá sintiéndose invisible.

Pero tal vez valdría la pena analizar las razones por las que desde el 2006 el Perú se encuentra con una candidatura que busca romper el sistema y que tiene acogida en un grupo importante de la población. Por lo menos lo suficiente como para pasar o pelear su pase a segunda vuelta.

Los peruanos tenemos hoy que esperar con calma los resultados de las elecciones. Y trabajar por lograr que lo que sucedió el 12 de abril no se repita en la segunda vuelta. Pero vale hacer una reflexión: la cantidad de ciudadanos indignados por lo que ocurrió significa que cuando queremos podemos involucrarnos en defender la democracia y las instituciones. Pero la democracia no es imponer al candidato de mi preferencia. La democracia es respetar la decisión de la mayoría. ¿Estaríamos pidiendo nuevas elecciones en Lima si RLA estuviera seguro en segunda vuelta? ¿O es el temor que nos genera Roberto Sánchez lo que nos hace gritar fraude?

Nuevas elecciones podrían terminar con resultados aún menos esperanzadores. Y si bien en Lima se concentró la mayoría de los problemas, regiones como Puno, Ayacucho, Loreto, Cajamarca y Piura también sufrieron retrasos. Proponer una nueva elección o reabrir la votación solo en aquellas mesas que se instalaron tarde en Lima significaría otorgar a los limeños una ventaja frente al resto de peruanos. Porque la Constitución establece que todos los peruanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Si estos han sido afectados por una institución no debería importar el lugar de residencia, salvo que lo que realmente queramos sea inclinar la balanza.

Mi memoria tiene el sonido de un teléfono timbrando sin parar. Tenía quince años cuando Velasco tomó los diarios. Mientras mi hermano salía a las calles de Miraflores a defender la libertad, yo me quedé en casa, encargada de anotar nombres, registrar incidencias e intentar rastrear a los detenidos que se llevaban a El Potao. A esa edad aprendí que en mi país no siempre se sabe a dónde se llevan a la gente.

Poco después celebré mis quince años en Washington y Filadelfia. Recuerdo estar sentada con una familia americana viendo las noticias: el ‘Limazo’, la huelga policial del 75, el caos y los saqueos en Lima. Sentí una urgencia desesperada de llamar a mis tíos, de que me recogieran, de estar cerca. No sé si era patriotismo o simplemente la necesidad de sentirme protegida frente a un país que se desmoronaba a la distancia.

A los dieciséis, durante un retiro escolar, escuché que Velasco había sido destituido. Las monjas decían que todo estaría bien, pero yo pedí que me recogieran. Quería entender. Siempre he querido entender.

Luego vino la vida adulta y, con ella, el primer gobierno de Alan García. Mi hija mayor nació en 1985, entre colas interminables para comprar un kilo de arroz y conseguir kerosene, en medio de la falta de energía y de gas para cocinar. A eso se sumaba la búsqueda desesperada de pañales descartables americanos porque su piel no resistía el algodón local. Era una lucha diaria por lo básico: una economía de guerra en tiempos de paz.

En 1992 llegó otra ráfaga: la imagen de Roberto ‘Bobby’ Ramírez del Villar detrás de las rejas de su casa tras el autogolpe de Fujimori. Yo tenía treinta y tres años, y esa mirada suya —firme pero cautiva— todavía me estremece. Era la prueba visual de que nuestra democracia volvía a cerrarse bajo llave.

Hoy los nombres del poder se atropellan en mi memoria: Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar… demasiados nombres en un suspiro histórico que aún nos zarandea.

Pero esta vez ha sido distinto. Es el primero que enfrento sin mi amigo, mi parejo, mi compañero de ruta. Enviudé poco antes de cumplir cuarenta años de matrimonio. Nuestro vínculo no conoció las crisis de los libros, quizá porque yo siempre tuve mis propios planes y mis propios rumbos. Pero hoy me falta su abrazo. Siento el mismo miedo de la niña que contestaba el teléfono en 1974: esa necesidad de ser sostenida frente a la incertidumbre.

Y a ese miedo se suma la ausencia de Francisco, mi hijo, que partió hace doce años. Pienso en él, en su negativa a aceptar un país injusto, en la curiosidad genuina que lo llevó a recorrer el Cusco y subir solo a un bus hacia Puno, con un libro en la mano, para conocer comunidades y escuchar otras realidades. Francisco no solo recorría el Perú: lo pensaba, lo sufría y lo soñaba distinto.

Cada proceso electoral pone a prueba no solo la voluntad de los ciudadanos, sino también la capacidad del Estado para garantizar que esa voluntad pueda expresarse. Y el pasado domingo, esa capacidad volvió a resquebrajarse.

Desde temprano, miles de peruanos acudieron a votar en medio del inusual calor sofocante de abril. Pero el malestar no vino solo del clima. En muchos locales, las mesas no se instalaban, el material electoral no llegaba y la desorganización se multiplicaba ante la mirada impotente de los ciudadanos. Otra vez el Estado fallando en lo esencial.

Lo ocurrido dejó algo más grave que retrasos logísticos: dejó la amarga sensación de que incluso el acto más básico de la democracia puede quedar atrapado entre negligencias, improvisaciones e irresponsabilidades. Cuando un ciudadano no puede votar por fallas del propio sistema, lo que se vulnera no es solo un procedimiento: se hiere la confianza.

La decisión de extender la jornada electoral al día siguiente evidenció la magnitud del problema. Lo que debía ser una excepción terminó revelando una precariedad institucional alarmante. Y cuando esa precariedad compromete derechos fundamentales, la distancia entre incompetencia y corrupción empieza a volverse inquietantemente pequeña.

Tal vez por eso este episodio me golpea más de lo que debería. Porque no solo veo mesas sin instalar ni funcionarios desbordados: veo la repetición de una historia. Veo al Perú tropezando otra vez con las mismas fragilidades, repitiendo el mismo desorden, dejando a sus ciudadanos expuestos a la incertidumbre.

Quizá por eso el miedo regresa como una memoria corporal. Porque detrás de cada crisis presente reaparecen todas las crisis anteriores: la adolescente que esperaba noticias, la madre que hacía colas interminables, la mujer que vio cerrarse la democracia, la viuda que aprendió a sostenerse sola, la madre que acompañó partir a un hijo que soñaba con un país distinto.

Cada nuevo desorden institucional despierta todas esas memorias al mismo tiempo. Entonces entiendo que mi temor no nace únicamente de la coyuntura política, sino de una historia acumulada de fracturas, decepciones y sobresaltos que siguen latiendo bajo la superficie.

El Perú me ha dado una piel dura frente a las crisis, pero el corazón sigue buscando el abrazo que me proteja de la próxima ráfaga.

Una investigación del Círculo de Estudios de Derecho Procesal de la Universidad del Pacífico revela que el Perú enfrenta una grave crisis judicial: una cantidad inaceptable de jueces provisionales.

Los jueces provisionales son quienes ocupan temporalmente plazas vacantes dentro del sistema judicial y, a diferencia de los jueces titulares, no cuentan con estabilidad en el cargo: su permanencia depende de decisiones administrativas y, pese a desempeñar las mismas funciones, no reciben una remuneración ni trato equivalente. Esta situación pone en grave peligro la independencia del juez, es decir, su capacidad de decidir sin la intromisión de influencias o presiones externas. Si quienes imparten justicia no cuentan con la protección necesaria para decidir con libertad, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo podemos asegurar que el sistema de justicia en nuestro país funcione si más de la mitad de los jueces son provisionales?

Según datos del Poder Judicial, en junio del 2025 existían 3,714 jueces a nivel nacional, de los cuales solo 1.560 (42%) eran titulares, mientras que 2.154 (58%) ejercían como provisionales o supernumerarios. A la fecha de este artículo, esas cifras no han cambiado de manera sustantiva.

Esta situación no es nueva, pero sí creciente. En los últimos seis años, el número de jueces titulares disminuyó en 291, mientras que los jueces en condición de provisionalidad aumentaron en 719. El resultado es un sistema judicial cada vez más dependiente de figuras temporales.

Entre las zonas más afectadas por la provisionalidad se encuentran Madre de Dios (83,7%), Huancavelica (78,7%), Lima Este (77,4%), Loreto (75,8%) y Lima Sur (70,6%). La situación es aún más preocupante en el ámbito penal. En lugares como Madre de Dios y Loreto, el 90% de los jueces penales en promedio son provisionales.

Estos elevados índices de provisionalidad afectan directamente a la capacidad del Estado para combatir, de manera especial, delitos complejos, como los casos vinculados a criminalidad organizada.

La Corte Suprema tampoco escapa al alto nivel de provisionalidad que afecta al sistema judicial. De acuerdo con la información obtenida de la página web del Poder Judicial, solo existen 20 jueces supremos titulares. Sin embargo, la totalidad de jueces supremos asciende a 61, lo que indica que 41 jueces supremos tienen la condición de provisionales. Como bien se indica en la referida investigación universitaria, este alto nivel de provisionalidad en la Corte Suprema impide que cumpla con su principal función: interpretar la ley y unificar la jurisprudencia; lo cual, a su vez, afecta a la predictibilidad y seguridad jurídica.

Esta lamentable realidad se ve reflejada negativamente a nivel internacional. El Proyecto de Justicia Mundial [WJP], evaluó a 140 países. El Perú se encuentra en el puesto 120 en la justicia civil y en el 115 para lo justicia penal.

La provisionalidad judicial fue concebida como una solución excepcional para cubrir vacíos temporales. En el Perú, sin embargo, la excepción se ha convertido en regla. Y cuando un sistema de justicia funciona mayoritariamente con jueces temporales, no solo queda suspendida la estabilidad de sus funcionarios, sino la credibilidad de nuestro sistema judicial.

La reforma del sistema de justicia, lamentablemente, ha estado ausente, una vez más, en las propuestas de los candidatos a la presidencia. Esperemos que quienes pasen a segunda vuelta muestren una sincera preocupación por la administración de justicia en el Perú.

Al mismo tiempo, la labor del periodismo serio demanda contribuir a levantar la mirada para buscar patrones, analizar causas estructurales, comparar experiencias y proponer soluciones que vayan más allá de la vorágine del momento. Es en ese espíritu de responsabilidad con sus lectores que El Comercio dio inicio a un ciclo de mesas redondas con el nombre Desde la Cúpula, por la emblemática sala dentro del edificio del Diario en el que tienen lugar. En la primera sesión, cuyos resultados se publicaron ayer, seis expertos en derecho electoral, derecho constitucional y ciencias políticas analizaron los errores que nos llevaron hasta esta situación y qué opciones tenemos para fortalecer el sistema político e ir hacia adelante.

Una de las conclusiones más compartidas entre los expertos es que el problema de fondo –con la explosión del número de candidatos, con la disfuncionalidad del Congreso, con la precariedad de la figura del presidente de la República, etc.– pasa por la debilidad de los partidos políticos. Si quienes aspiran a los cargos de elección popular son principalmente oportunistas que se cobijan en organizaciones cascarón o prebendarias, el futuro de la democracia estará necesariamente hipotecado.

Otra discusión interesante giró en torno a la figura del presidencialismo, en contraposición con un gobierno oficialmente parlamentarista. La mayoría coincidió en que, como mínimo, había méritos para discutir un espacio de transición hacia regímenes en los que el Congreso tenga un poder más formal sobre la designación y la labor del Ejecutivo. Hoy se tiene un sistema presidencialista desgastado y subordinado de facto al Legislativo, como consecuencia del formato electoral vigente, que solo recogería lo peor de los dos mundos. Pero ello también supone partidos políticos más consolidados.

Ocasiones de crisis e incertidumbre como la actual deberían ser aprovechadas para poner sobre la mesa las discusiones de fondo que influirán en el debate futuro. El Comercio se compromete a continuar con la difusión de ideas en formatos que sean útiles a los ciudadanos para construir una opinión informada y desde distintos ángulos. Hoy por hoy, es el sistema político y electoral el que necesita repensarse desde la raíz.

La ONPE murió por propia mano. No murió sola, sin embargo. Se llevó consigo la confianza de los ciudadanos, la seguridad del voto y, por tanto, la mínima garantía de la democracia.

En su aspecto más formal, la democracia es el cambio de mando pacífico, conforme a derecho. Es la voluntad de los ciudadanos lo que hace el cambio. En eso confiamos y a eso nos sometemos.

En el caso de las elecciones recientes, la ONPE tiró al basurero los supuestos democráticos. La crisis se reveló el mismo día de las elecciones: el material electoral no llegó a la hora indicada.

La ONPE quiso culpar de ello a la empresa Galaga. Sus representantes han dicho que la versión de la ONPE es falsa. El material no fue entregado a los camiones a la hora necesaria.

A esta empresa hay que investigarla. No contaba con el número de camiones necesario. Convocó a subcontratar una semana antes del evento. Hizo un sospechoso aumento de capital para calificar en la adjudicación.

Más allá de la culpa de la empresa, está la responsabilidad institucional de la ONPE. La ONPE buscó y contrató a esta empresa, que tenía procesos y vicios ya señalados.

Quizá Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no tenía noción de esta contratación. Quizá lo engañaron. Tal vez delegó demasiado.

La ONPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cuida los procesos electorales. Lo hace durante todo el año, cada día, cada hora. No hace otra cosa.

Esta entidad ha tenido un presupuesto de más de 900 millones de soles. Ha hecho contratos y órdenes de compra de camiones, laptops, impresoras, grupos de energía, toldos, lapiceros y un largo etcétera.

Ojalá todas esas órdenes de compra sean santas. Aun si fueran santas, no han sido eficientes. Es grosero: impresoras que se quedaban sin tinta, laptops que no funcionaban y material electoral que no llegaba para la instalación de las mesas.

Los votos habrían sido distintos si hubiéramos tenido un solo acto electoral. No se respetó, por tanto, la voluntad ciudadana en las elecciones del 12 de abril de este año.

Este caos fue gestado con anterioridad. Se debe a la corrupción en la ONPE, la ineficiencia en la ONPE, la negligencia en la ONPE, la irresponsabilidad de y en la ONPE.

No sabremos a quién quiso el elector como contendiente de la segunda vuelta. Sabemos, en cambio, quién es el principal responsable de esa emasculación del derecho electoral.