En el papel, la normativa luce adecuada. El problema es que nada garantiza que el Congreso bicameral mantenga el reglamento dejado por la representación unicameral. En efecto, los nuevos parlamentarios podrían introducir cambios o rehacer el reglamento a su medida.

¿Cómo medir los índices de transfuguismo en un Parlamento nuevo? Un indicador es mirar las facciones al momento de su instalación y monitorear su comportamiento y posibles conflictos. Como sucedió con Perú Libre en el 2021, cuando era visible el bloque de profesores que formó su propia bancada. Esto resulta más visible cuando tienes marcas partidarias nuevas (creadas en los últimos cinco años), o incluso con marcas más antiguas, pero que hemos podido ‘trackear’ su comportamiento en el último período legislativo.

En este bloque tenemos a Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. En el caso de los fujimoristas, existe la división entre ‘keikistas’ y ‘albertistas’ que en los últimos años han sabido convivir sin mayores problemas: la ‘bankada’ no ha vuelto a sufrir fugas masivas como en el período 2016-2019, pero lo más probable es que veamos escenarios como el del 2019-2020, con una facción populista y otra de técnicos del partido, sobre todo en temas económicos (en aquel período, el segundo grupo era pequeño, pero votaba en contra o en abstención en medidas como el retiro de las AFP).

En Renovación Popular hay hasta tres facciones: el partidario dirigido por Norma Yarrow, el religioso liderado por Alejandro Muñante (ambos con enfrentamientos tras bambalinas en la campaña) y un tercero de independientes más técnicos, en el que están Roxana Rocha o Lourdes Alcorta.

Juntos por el Perú también tiene tres facciones: los allegados partidarios de Roberto Sánchez, los castillistas (familiares y afiliados al partido de Pedro Castillo) y congresistas independientes que lograron la reelección.

Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras lucen dos facciones: los miembros del partido y los independientes invitados. Este tipo de facciones no suele presentar mayor problema, pero igual existe el riesgo de reacomodos.

En total, son seis bancadas y catorce facciones. La única forma de que estas facciones no se conviertan en nuevas bancadas o ‘grupos mixtos’ es mantener inamovible el reglamento que pone candado al transfuguismo.

Pero este fracaso no es solo un problema de incompetencia individual o falta de voluntad. Es la consecuencia estructural de una contradicción institucional que arrastra el Estado peruano: crear organismos autónomos con mandatos de alcance nacional, pero sin capacidades instaladas descentralizadas para cumplirlos. Y lo más grave: cultivar una cultura institucional que prefiere el fracaso visible antes que la coordinación horizontal con otras entidades del Estado que sí disponen de esas capacidades.

I. La ilusión de la autonomía sin capacidad

La autonomía constitucional de organismos como la ONPE, el JNE o los organismos técnicos especializados como la SUCAMEC se diseñó para protegerlos de interferencias políticas indebidas y otorgarles autonomía jurídica. Sin embargo, no vino acompañada de autonomía operativa real: presencia territorial, personal especializado en regiones alejadas ni logística propia para cumplir funciones en los 1874 distritos del país.

Conozco esta realidad de primera mano. Durante mi desempeño como jefe de la Oficina de Asuntos Nacionales en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, interactué estrechamente con la SUCAMEC en temas de adquisición y gestión de explosivos para minería. La SUCAMEC tiene responsabilidades que requieren presencia nacional: inspecciones de polvorines, control de tráfico de explosivos y supervisión de almacenamiento en zonas mineras remotas. Sin embargo, durante años operó con oficinas solo en Lima y algunas capitales regionales. Aunque se hicieron esfuerzos con entusiasmo para expandir su presencia, jamás logró un nivel óptimo a escala nacional. La estrategia de esta y otras organizaciones se ha limitado a desplazar temporalmente personal desde Lima para inspecciones puntuales: un modelo que no permite conocer a fondo la realidad operativa de la gestión de polvorines en distintos lugares del país. Este mismo patrón se repite en decenas de organismos creados con finalidad nacional, pero sin capacidad instalada descentralizada.

II. El fracaso predecible de la ONPE: cinco años planeando sin estrategia

La ONPE viene planificando el último proceso electoral desde hace cinco años. Seguramente ha elaborado cronogramas, presupuestos y manuales. Pero planificar no es lo mismo que diseñar estrategias. Como he argumentado en mi propuesta sobre separación de funciones institucionales, planificar es organizar recursos conocidos dentro de reglas estables, mientras que hacer estrategia es diseñar victorias específicas. En lugar de predecir un único resultado, explora una gama de futuros plausibles condicionados por incertidumbres clave, lo que equipa mejor a la organización para navegar en lo complejo.

Una verdadera estrategia electoral habría planteado escenarios de riesgo: ¿qué pasa si las empresas de transporte privado contratadas fallan en zonas de difícil acceso?, ¿qué pasa si las lluvias colapsan carreteras en la sierra sur?, ¿qué pasa si hay bloqueos en zonas de conflicto social? Una estrategia capaz de navegar en territorio no mapeado habría establecido protocolos de contingencia específicos: “En provincias con más de X % de ruralidad y accesibilidad terrestre menor a Y horas, activar protocolo logístico con las Fuerzas Armadas mediante convenio preestablecido”.

Pero la ONPE no diseñó esa estrategia porque operó bajo la ilusión de que su autonomía institucional implicaba autosuficiencia operativa. Infortunadamente, cuando la gestión se reduce al planeamiento, el enfoque se limita a pronósticos que sustentan el gasto y la operación de corto plazo, omitiendo el diseño de escenarios de riesgo y protocolos alternativos. El resultado era previsible: cuando las empresas contratadas fallaron en entregar material electoral, no había plan B. Porque el plan B requería coordinación horizontal con el Ministerio de Defensa, y esa coordinación —aunque constitucionalmente viable y operativamente sensata— era probable que se percibiese como una amenaza a la “autonomía” de la ONPE.

III. El Estado tiene las capacidades: solo falta coordinación

El Perú dispone de instituciones con mayor alcance territorial genuino: las Fuerzas Armadas. Cuentan con organizaciones militares en casi todas las capitales de provincia y decenas de instalaciones en zonas donde ningún otro organismo del Estado tiene presencia permanente. Disponen de helicópteros y vehículos para transportar material electoral a zonas inaccesibles, y de sistemas logísticos diseñados precisamente para operar en entornos VUCA. Además, en el pasado ya han apoyado el transporte de material electoral.

Desdeñar esas capacidades y esa estructura descentralizada resulta mezquino. Cuando recomendé ante los directivos de la SUCAMEC que las inspecciones de polvorines para explosivos en minería se ejecutaran en convenio con personal de las Fuerzas Armadas —que disponen de especialistas en normas IATG y están presentes en lugares cercanos a las zonas mineras remotas—, las autoridades de esta entidad coincidieron en su momento en que era una buena idea. Sin embargo, nunca supe por qué no se implementó; al parecer, mantener inspectores civiles con capacidades limitadas era preferible, siempre que siguieran pagando las tasas correspondientes.

Lo mismo ocurrió con la ONPE el 12 de abril pasado: presenciamos la misma mezquindad institucional. Una organización incapaz de reconocer sus propias limitaciones operativas prefiere el fracaso visible antes que la coordinación efectiva con otras entidades del Estado. Porque coordinar con las Fuerzas Armadas —en un rol estrictamente logístico y no político— se percibe como una amenaza a la relevancia institucional.

El problema no es legal: la normativa permite convenios interinstitucionales. El problema es cultural: una obsesión por aparentar autosuficiencia institucional aun cuando no se disponga de los medios. Al recurrir al uso indiscriminado de recursos en contratos ineficientes que podrían evitarse mediante coordinación horizontal, parece que nos gusta salir solos en la foto.

IV. Whole of government: la coordinación como arquitectura institucional

El concepto de whole of government —gobierno como un todo integrado— no es mera retórica. Es un principio de diseño institucional aplicado por Estados que enfrentan problemas complejos: Nueva Zelanda en gestión de desastres, Singapur en coordinación de servicios públicos y el Reino Unido en respuesta a pandemias. La idea es simple: los problemas públicos no respetan fronteras institucionales, por lo que las soluciones tampoco pueden estar fragmentadas en silos burocráticos.

Aplicar whole of government al caso de la ONPE habría significado:

Primero, reconocer limitaciones operativas. La ONPE no tiene —ni necesita tener— helicópteros, camiones, bases en zonas remotas ni personal logístico especializado en despliegue. Su fortaleza está en el diseño de cédulas, capacitación de miembros de mesa y sistemas informáticos electorales. Reconocer que se necesita apoyo logístico no es señal de debilidad, sino simple profesionalismo.

Segundo, establecer convenios preelectorales con el Ministerio de Defensa. No se trata de militarizar el proceso electoral, sino de usar capacidades logísticas existentes para un fin constitucional: garantizar el derecho al voto. Un protocolo simple: “En distritos con accesibilidad terrestre mayor a 6 horas desde la capital provincial, el MINDEF provee transporte aéreo para material electoral mediante helicópteros Mi-17 bajo supervisión de la ONPE”. Costo marginal limitado al pago de horas de vuelo (los helicópteros ya están operativos) y efectividad garantizada.

Tercero, crear instancias de coordinación con poder real. No comisiones que producen actas sin consecuencia, sino comités de crisis temáticos con representación de la ONPE, el JNE, el MINDEF, el Ministerio del Interior (PNP para seguridad), el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía y Finanzas, con capacidad de reasignar recursos entre sectores ante emergencias sin trámites interminables de modificaciones presupuestarias y obligación de rendir cuentas al Congreso después de cada elección.

Esto no es una fantasía tecnocrática. Es exactamente lo que propongo en mi análisis sobre capacidades FLUX: crear mecanismos de coordinación horizontal con dientes —instancias formales a nivel de viceministros con capacidad de decisión efectiva— que materialicen el Sistema 2 de Beer (coordinación) con poder real.

V. El CEPLAN y la falacia de los seminarios como desarrollo de capacidades

El problema de autonomía sin capacidad no se limita a organismos como la ONPE o la SUCAMEC. También afecta a entidades como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En los últimos años, el CEPLAN ha tratado de expandir su presencia en ministerios, gobiernos regionales y locales mediante seminarios y talleres de planeamiento estratégico. La intención es loable, pero insuficiente para desarrollar capacidades reales en 19 ministerios, 25 gobiernos regionales y 196 gobiernos provinciales.

La solución no está en que el CEPLAN replique su modelo desde Lima, sino en que facilite convenios entre gobiernos regionales y locales con universidades nacionales en sus territorios. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco tiene capacidad académica para formar planificadores estratégicos para el Gobierno Regional del Cusco. La Universidad Nacional del Altiplano en Puno puede hacer lo mismo para gobiernos locales de esa región. Lo que falta no es conocimiento académico, sino articulación institucional.

Aquí aplica el mismo principio: el CEPLAN debería reconocer que su fortaleza está en diseñar marcos metodológicos, validar instrumentos de planeamiento y coordinar a nivel nacional. Sin embargo, la implementación territorial requiere alianzas con instituciones que sí tienen presencia descentralizada genuina. Eso es whole of government en acción.

VI. Separar políticas de estrategias: la reforma pendiente

El fracaso de la ONPE también expone una deficiencia estructural más profunda: la ausencia de direcciones generales de estrategias en organismos autónomos y técnicos. Como he argumentado en mi propuesta sobre confusión conceptual, hacer políticas no es lo mismo que diseñar estrategias, y hacer estrategia (diseñar victorias ante escenarios inciertos) no es lo mismo que planificar (lo que la ONPE hizo durante cinco años).

Si la ONPE contara con una dirección general de estrategias separada de su área de planeamiento, esa unidad habría tenido como responsabilidad:

Primero, análisis prospectivo: modelar escenarios electorales en entornos VUCA (lluvias, bloqueos, conflictos sociales) y poner a prueba la solidez de los lineamientos de estrategia identificando vulnerabilidades.

Segundo, diseño de protocolos de contingencia: establecer umbrales de activación (“Si la empresa contratada falla en entregar el 30% del material electoral en T-24 horas, activar protocolo MINDEF”).

Tercero, coordinación interinstitucional preventiva: no esperar la crisis para acudir al Ministerio de Defensa, sino tener convenios preestablecidos con protocolos de activación claros.

Esta separación entre política (qué es prioritario: garantizar el voto universal), estrategia (cómo ganar: usando capacidades logísticas del Estado) y planeamiento (cronogramas, presupuestos, contratos) define la diferencia entre el fracaso del 12 de abril y un proceso electoral impecable.

Conclusión: Reconocer limitaciones es el primer paso hacia la efectividad

El fracaso de la ONPE del 12 de abril no es un problema de autonomía constitucional mal diseñada. Es un problema de cultura institucional que confunde autonomía jurídica con autosuficiencia operativa. Es la mezquindad de organismos que prefieren fracasar visiblemente antes que coordinar efectivamente con otras entidades del Estado por temor a perder relevancia institucional.

El Estado peruano tiene las capacidades necesarias para garantizar procesos electorales impecables incluso en las zonas más remotas. Tiene Fuerzas Armadas con presencia territorial genuina, universidades nacionales en cada región y experiencia acumulada en gestión logística compleja. Lo que no tiene es una arquitectura institucional de coordinación horizontal: instancias formales con poder real donde la ONPE, Defensa, Interior, Transportes y los gobiernos regionales puedan diseñar estrategias integradas.

La reforma necesaria requeriría tres acciones específicas:

Primero, sincerar las limitaciones operativas de los organismos autónomos y técnicos con mandatos nacionales y establecer convenios obligatorios con entidades que sí tienen capacidades descentralizadas.

Segundo, crear direcciones generales de estrategias en todos los organismos autónomos y técnicos, separadas de las áreas de planeamiento, con responsabilidad de diseñar escenarios de riesgo y protocolos de contingencia mediante coordinación interinstitucional.

Tercero, institucionalizar comités de crisis temáticos (electoral, seguridad, desastres) con representación a nivel de viceministros o directores generales, con capacidad de reasignar recursos sin trámites interminables de modificaciones presupuestarias y obligación de rendir cuentas ante el Congreso semestralmente y después de cada evento (proceso electoral).

Esto es whole of government funcionando como un reloj suizo: no 19 ministerios e innumerables organismos autónomos y técnicos compitiendo por relevancia, sino un Estado integrado donde cada institución reconoce sus fortalezas, admite sus limitaciones y coordina con otras para lograr objetivos comunes. Resulta imperativo implementar esta arquitectura de coordinación. ¿Tendremos la humildad institucional para reconocer que la autonomía sin capacidades no es suficiente y que el verdadero profesionalismo se da cuando coordinamos efectivamente para servir al ciudadano?

En el Perú, la evidencia de demanda laboral revela dos realidades muy distintas para egresados universitarios y técnicos. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional y estudios recientes, la demanda anual de egresados universitarios es relativamente baja: apenas unos 13 mil puestos solicitados por año, frente a un mercado que genera más de 200 mil egresados universitarios anuales.

Por otro lado, la demanda de profesionales técnicos supera con amplitud la oferta: se estima que el país necesita alrededor de 300 mil técnicos anuales, mientras que solo egresan aproximadamente 100 mil (algunas fuentes ubican esa cifra entre 107 mil y 110 mil). A la par, la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) proyecta que el sector privado formal en el Perú generará 425 625 nuevas plazas laborales durante 2026. No siempre se trata de puestos completamente nuevos, sino también de la formalización de trabajadores que pasan a la planilla; aun así, esos números nos obligan a ver tanto oportunidades de empleo como déficits que exigen una mejora urgente y concertada.

Entonces, ¿qué nos dice esta radiografía? Que tenemos un sistema que produce lo que nadie pidió y al que le falta lo que todos necesitan. Suena duro, pero se trata de una desconexión estructural: los sistemas formativos avanzan a un ritmo distinto al de los sistemas empresariales y, en ese camino, también se incluye al Estado desde su función reguladora.

¿Por qué ocurre esto? Porque los tres vértices del triángulo se sientan excepcionalmente a la misma mesa. Las instituciones educativas diseñan currículos en función de lo que saben enseñar, no siempre de lo que el mercado demanda. Y las empresas, por su parte, participan muy poco en la coconstrucción de esos perfiles desde las aulas.

El resultado de esta desconexión lo paga siempre el mismo: el egresado. El 85% de los egresados no trabaja en lo que estudió; por ende, no estamos ante un problema individual, sino ante un sistema mal ensamblado. Un sistema con iniciativas relativamente sencillas de implementar que podrían aliviar el dolor y generar grandes cambios, pero que requiere, sobre todo, articulación y disciplina de largo plazo.

Aquí entra un actor muy relevante: el Estado como entidad articuladora. No es necesario que entre desde lo punitivo, sino más bien desde la generación de un mecanismo permanente y vinculante de actualización de perfiles, donde las empresas, periódicamente, le cuenten a las instituciones educativas —no solo a los gremios— qué competencias necesitarán; donde esa información se traduzca efectivamente en currículos modernos y actualizados; y donde el Estado actúe como articulador —no solo como regulador— de ese proceso.

Este 1 de mayo sería un buen momento para recordar que honrar al trabajador no es solo garantizar derechos en el empleo que ya tiene —aunque es un avance sumamente relevante—. Es también asegurarse de que los actores involucrados en el sistema analicen, día a día, las oportunidades reales del mercado y trabajen en conjunto para brindar oportunidades de generar una retribución económica, así como trayectorias laborales con sentido, propósito y posibilidades de crecimiento personal y colectivo.

Pero si la salida de Corvetto era condición necesaria, no es suficiente. El riesgo real que enfrenta el país hoy es que este momento se convierta en un simple cambio de figuritas: un nuevo nombre en el organigrama, los mismos funcionarios en las mismas gerencias, la misma lógica institucional que produjo el caos del 12 de abril. La sociedad civil, los gremios y la ciudadanía no están pidiendo una rotación de cuadros; están exigiendo un giro real en la manera en que la ONPE gestiona los procesos electorales.

La magnitud del problema exige que Bernardo Juan Pachas Serrano, que asume la jefatura de forma interina, tenga la voluntad y la autoridad para remover a todos los funcionarios involucrados en la cadena de irregularidades que derivó en esta crisis. Sostener a los mismos cuadros que fallaron sería prolongar el problema con otro apellido al frente.

Pachas tiene ante sí una tarea de urgencia mayúscula: demostrar, antes del 7 de junio, que la institución es capaz de organizar una segunda vuelta con plenas garantías. Eso implica auditorías internas inmediatas, revisión de los contratos de distribución logística, transparencia en los protocolos de custodia del material electoral y una comunicación veraz con la ciudadanía.

No hay margen para otra jornada como la del 12 de abril. Con los resultados de la primera vuelta todavía en escrutinio y el ambiente político crispado, cualquier nueva falla podría terminar de demoler la legitimidad del sistema.

Una similar a la que contempla el artículo 184 de la vigente Carta Fundamental; esto es, cuando los votos emitidos en sus dos terceras partes son nulos o blancos.

La otra, que ya no contempla nuestro régimen constitucional desde hace más de 30 años, permitía la nulidad por graves irregularidades en el proceso electoral que sean suficientes para modificar los resultados de la elección. Era, pues, una causal abierta a la interpretación.

Sin embargo, hoy la única causal que se admite es una estrictamente objetiva, que se da cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios de votos emitidos; debiendo recordarse que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, debe resolver con arreglo a ley y a los principios generales del derecho.

En el actual contexto, hay que indicar que el propio Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de permitir la mayor participación del derecho de sufragio y, en cierta forma, de subsanar lo ocurrido y evitar cualquier reclamación posterior, dictó dos medidas de urgencia: la primera fue dirigida a las mesas que finalmente lograron tener el material electoral el domingo 12, en las que se dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas hasta las 14 horas, además de prolongar la votación hasta las 18 horas; y, la segunda, fue orientada a aquellas mesas que no se lograron instalar el domingo 12, permitiéndose que la votación se realice el lunes 13.

Ambas medidas buscaron, como hemos señalado, reducir los efectos generados por las inaceptables deficiencias producidas por la ONPE, cuya ineptitud ha sido clamorosa. Al momento de ser adoptadas -es decir, el mismo día 12 mientras se llevaba el proceso-, no escuché crítica a ellas por parte de los actores políticos. Sí merecieron algún cuestionamiento de parte de especialistas en materia electoral, pero, finalmente, se entendieron como dictadas para minimizar el daño y lograr superar la situación.

En nuestra columna del pasado miércoles, con claridad indicamos que las incidencias producidas, sin lugar a duda, motivaban que las elecciones queden afectadas; y que ello debía merecer la más pronta salida de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE. Me parece que pretender anular las votaciones de las mesas que abrieron tardíamente el día 12 o de aquellas en las que la votación se produjo el pasado 13 es inviable jurídicamente.

Como ya hemos señalado, la causal que preveía la posibilidad de nulidad por graves irregularidades en el proceso electoral que sean suficientes para modificar los resultados de la elección fue retirada de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien la Ley Orgánica de Elecciones contempla la nulidad de la votación en las mesas de sufragio por diversas causales, entre ellas el fraude, este último habría que probarlo y, además, no habilita una nueva votación de la mesa anulada.

Por lo demás, la nulidad de tales mesas iría a contramano de las propias decisiones que adoptó el mismo Jurado Nacional de Elecciones para permitir la mayor participación. Sería ir, en buena medida, en contra de los actos propios que la propia instancia electoral adoptó.

Necesitamos mesura y serenidad.

En la reciente Pascua, en Florida un gran número de diócesis han informado incrementos entre 30% y 50% en los conversos en comparación con años anteriores. ¿Cómo explicamos esta tendencia en tiempos posmodernos de poca fe, materialismo y disminución en religiosidad? Bueno, hay varias interpretaciones interesantes. Veamos.

Una primera interpretación es la inmigración, pues la tendencia es que la mayoría de los conversos adopten la religión del cónyuge. El aumento de matrimonios entre blancos e hispanos ha inclinado la balanza hacia el catolicismo.

En segundo lugar, el hiperindividualismo y la creciente soledad entre los jóvenes ha creado una demanda para espacios de tipo comunitario y de encuentro y compañerismo.

Uno de los éxitos de la Iglesia Católica en grandes ciudades como Nueva York ha sido la realización de eventos para la juventud. Muchas parroquias se convierten en el lugar de encuentro para esta generación joven que vive la soledad de las redes sociales. Indicó un participante que las reuniones de su parroquia son casi un “Tinder religioso”.

En tercer lugar, la Iglesia Católica es la única religión plenamente global. No solo por su presencia en todo el mundo y por el número de creyentes, sino por el propio peso que tiene como institución en tiempos de tiranos, empresas multinacionales y billonarios abusivos. La Iglesia se transforma en la única institución capaz de contener los excesos actuales, testigo de ello ha sido el mismo Donald Trump, que intentó ningunear al Papa cuando lo criticó por su política y retórica bélica.

En cuarto lugar, aunque parezca paradójico, ese sentido litúrgico y simbólico del catolicismo no tiene rival en el resto del mundo religioso. Las iglesias protestantes, en cambio, son ascéticas. La pompa, sin embargo, se ha puesto de moda. En este caso, el apego a la tradición es considerado valioso por nuevas generaciones.

Sin duda, la Iglesia también tiene enseñanzas y prácticas que están retrasadas con respecto al desarrollo social actual. Por ejemplo, su opinión sobre los temas de género y diversidad. Estos aspectos alejan a los jóvenes, pero ya se han acostumbrado, pues están rodeados de otros conservadores.

Esto hace de Lima la región con mayor presencia en términos absolutos, pero mantiene -e incluso agudiza- su subrepresentación en relación con su peso poblacional, cercano al 30% del total nacional. Más allá de esta situación, que debiera ser atendida en una futura reorganización del Congreso, Lima necesita articular una bancada que impulse una agenda metropolitana, pues enfrenta problemas estructurales de orden económico, competencial y de gobernanza que deben ser tratados en el Poder Legislativo.

Empecemos por el frente económico. Los aportes de Lima Metropolitana representan más del 60% del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún, que se cobra junto al IGV), pero se encuentra entre las jurisdicciones con menor presupuesto por habitante del país, 20 veces menos que Moquegua y trece veces menos que Cusco. Esta brecha se debe principalmente a tres factores. Primero, las municipalidades distritales de Lima solo reciben el 11% del fondo, y la municipalidad metropolitana (MML) un irrisorio 2,5%. El resto se distribuye entre los distritos y provincias del país. Segundo, Lima no percibe ingresos por canon, como si lo hacen otras regiones que además reciben transferencias del Foncomun. Tercero, el canon no cuenta con mecanismos de redistribución territorial, por lo que se concentra en las municipalidades donde se generan los recursos. A esto debemos sumar el hecho que la administración saliente ha elevado el endeudamiento de la MML a niveles críticos, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de las finanzas metropolitanas en los próximos años.

Esta situación no siempre fue así. A inicios de los noventa se modificaron las reglas de distribución del Foncomún, reduciendo significativamente la participación de Lima en el reparto. Desde entonces, la ciudad ha dependido en mayor medida de transferencias extraordinarias del gobierno nacional, endeudamiento o concesión de activos para promover proyectos. En contraste, otros países de la región han avanzado hacia esquemas más equitativos. En Chile, por ejemplo, se ha implementado recientemente un sistema de redistribución de las rentas mineras que incorpora a las regiones sin actividad extractiva, buscando reducir brechas territoriales.

En lo que respecta a las competencias metropolitanas, el Gobierno Central mantiene bajo su ámbito funciones claves para la gestión urbana, tales como la administración del servicio de agua potable y alcantarillado (Sedapal), la educación y la salud. Asimismo, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reconfiguró las competencias en movilidad, reduciendo la capacidad de la MML para gestionar integralmente el sistema de transporte y el espacio vial. Esta fragmentación limita de manera significativa la capacidad de la ciudad para gestionar el suelo, promover vivienda social y articular servicios urbanos de manera eficiente.

En términos de gobernanza, Lima Metropolitana se encuentra políticamente fragmentada en 43 distritos, cada uno con autoridades electas y competencias propias que atomizan la administración de los servicios municipales y complejizan la gestión del territorio. Esta estructura genera ineficiencias y eleva los costos para los vecinos. Además, una proporción significativa de los recursos municipales se destina a sostener estructuras administrativas que podrían optimizarse mediante esquemas de gestión integrados, como ocurre en diversas capitales de la región.

La metrópoli nacional requiere, por tanto, una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión, incrementar considerablemente sus ingresos, optimizar los recursos y concentrar la autoridad necesaria para liderar el desarrollo urbano. La promoción de estas reformas dependerá de la capacidad del siguiente alcalde de articular una bancada metropolitana en el Congreso. Sin ese respaldo político, las limitaciones económicas, competenciales y administrativas descritas no solo persistirán, sino que seguirán condicionando la gobernabilidad y la sostenibilidad de la ciudad.

*Con la notable colaboración de Saúl Barrera Ayala, experto en gestión pública.

En el mismo informe, el dato más revelador tiene que ver con nuestra juventud: entre los jóvenes peruanos de 15 a 24 años, la participación femenina en el sector agroalimentario llega a ser mayor que la masculina. Ellas desempeñan un rol invaluable a lo largo de toda la cadena: desde la preservación de semillas, la siembra y la cosecha, hasta la transformación y la comercialización de productos, la preparación de alimentos en restaurantes y hogares, y la prevención del desperdicio de alimentos.

Sin embargo, este ímpetu se enfrenta a barreras estructurales que frenan su potencial y marginan a las mujeres, afectando su productividad. Según datos de la FAO de 2023, a nivel global, la productividad de las tierras administradas por mujeres es un 24% menor a la de los hombres. Las agricultoras se ven más afectadas por los problemas que enfrenta el agro, como la informalidad en la tenencia de la tierra: según una estimación de la CEPAL, en el Perú, solo el 30% del total de propietarios de tierras agrícolas son mujeres, una brecha que se ha mantenido prácticamente inalterada durante más de una década.

Asimismo, las agricultoras enfrentan mayores barreras de acceso a recursos naturales y financieros, y son más vulnerables frente a la degradación de ecosistemas y a los efectos del cambio climático. Sumado a lo anterior, ellas enfrentan desafíos adicionales en materia de trabajo doméstico y de cuidado: en el Perú, las mujeres dedican casi tres veces más tiempo que los hombres a esas tareas, lo que les quita horas vitales para el trabajo productivo, la capacitación técnica y la gestión comercial.

Estas desigualdades se traducen inevitablemente en una oportunidad perdida para el país, desaprovechando el talento de quienes ya sostienen los sistemas agroalimentarios. Invertir en este cierre de brechas no es solo una cuestión de justicia social, sino, probablemente, la estrategia más rentable que el país tiene a su alcance para generar un triple dividendo a nivel económico, social y ambiental.

En el plano económico, la FAO estima que cerrar las brechas de productividad y de ingresos entre mujeres y hombres en los sistemas agroalimentarios tiene el potencial de aportar hasta un billón de dólares al PIB global. Esto evidencia que se trata de una estrategia que no solo contribuye al alivio de la pobreza y la desigualdad, sino que también permite aumentar la productividad sin necesidad de expandir la frontera agrícola.

A esto se suma un segundo dividendo, de carácter social. La evidencia muestra que, cuando las mujeres cuentan con mayor autonomía económica, tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación, la salud y la educación del hogar. Esto se traduce en mejoras directas en la nutrición y el bienestar infantil. En consecuencia, el potencial de generar un impacto social es significativo: la FAO estima que este efecto podría contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de hasta 45 millones de personas a nivel mundial.

Finalmente, este enfoque también genera un dividendo ambiental tangible. El empoderamiento de las mujeres en la gestión de recursos naturales impulsa la diversificación productiva, la adopción de prácticas sostenibles y el uso de conocimientos tradicionales, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a la degradación de ecosistemas y al cambio climático. Esto resulta especialmente crítico considerando que un aumento de 1 °C en la temperatura media puede reducir en un 34% los ingresos de los hogares encabezados por mujeres, lo que evidencia que cerrar estas brechas no solo es una cuestión de equidad, sino una condición para sostener sistemas productivos resilientes.

Este 2026, designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultora, nos invita a reconocer —y actuar sobre— el papel clave de las mujeres en el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios. Desde la FAO lideramos este esfuerzo con el firme propósito de que las políticas e inversiones públicas y privadas no solo garanticen las mismas oportunidades, sino que vayan la milla extra, reconociendo que las mujeres enfrentan retos adicionales que necesitan soluciones distintas.

Esto implica aumentar la capacidad productiva y la productividad con sostenibilidad; fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra; dar acceso a crédito y aseguramiento; garantizar un acceso equitativo a espacios de gobernanza, y reducir la carga de cuidados no remunerados.

El desafío es ambicioso y exige una acción articulada entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales para avanzar, con urgencia, en la construcción de un futuro sostenible y sin hambre.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA

Hace más de un año, los hermanos Joseph, George y Julio Torres empezaron a desarrollar una herramienta para ofrecer una solución a un problema importante en el Perú: el acceso a la justicia. Así, desarrollaron una IA que permite hacer consultas legales en lenguas originarias. Su propuesta: un asistente jurídico capaz de responder consultas legales en lenguas originarias, apoyado en una base sólida de jurisprudencia nacional.

🟢LA NUEVA PROMESA DEL SURF PERUANO

Arena Rodríguez es una joven surfista peruana de 20 años considerada una promesa del deporte, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos. Comenzó a surfear a los 8 años y, gracias a su disciplina y entrenamiento constante, ha logrado destacar en competencias internacionales, como el Señoritas Open Pro. A pesar de algunas derrotas, las usa como motivación para mejorar. Con el apoyo de su familia, busca consolidarse en el circuito mundial y alcanzar el máximo nivel competitivo.

🔴DESASTRE EN SAN MARTÍN

Una falla geológica que generó el hundimiento de tierra, resquebrajamiento de pendientes y grietas de dos metros de profundidad puso en alerta a todo el caserío Eladio Tapullima, en San Martín, y obligó a unas 160 familias a evacuar la zona, dejando atrás viviendas y zonas agrícolas para su subsistencia. Autoridades de la provincia de El Dorado dispusieron la evacuación preventiva de todas las familias del caserío. Según autoridades locales, esto deja hasta el momento un saldo de 400 personas damnificadas y aproximadamente 160 viviendas inhabitables.

Esta caída en la madriguera del conejo, donde la lógica parece no aplicar –donde discutimos sobre fórmulas predictivas matemáticas en relación con patrones de asistencia electoral e interpretaciones constitucionales sobre el derecho al sufragio– quizá nos está distrayendo de una de las preguntas más relevantes que deberíamos hacernos en este momento: ¿cuál será la consecuencia política de tener la segunda vuelta más breve de los últimos tiempos? Es decir, ¿cómo afecta el acortamiento de la segunda vuelta a las candidaturas y sus posibilidades de llegar al asiento presidencial?

Analicemos la situación desde la perspectiva de la protagonista relativamente silenciosa: Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular arranca fortalecida. El acortamiento de la segunda vuelta reducirá el tiempo durante el cual puede recibir ataques de su rival inmediato. De enfrentarse a una segunda vuelta con Sánchez, las fuerzas opositoras tendrían menos tiempo para suavizar su imagen, endosarlo y hacer campaña a su favor. De enfrentarse a López Aliaga, este tendría menos margen para buscar votos fuera de Lima.

Si observamos el mapa electoral actual, Renovación Popular ha concentrado su fuerza en la capital, mientras que el fujimorismo ha logrado posicionarse en otras regiones del país, especialmente en el norte y algunas zonas del centro. En ese contexto, la estrategia del fujimorismo de extender un ramo de olivo a López Aliaga y de posicionar a la izquierda como el adversario principal puede mantenerse durante este período de limbo electoral. Sin un cambio de estrategia, no enfrenta riesgos mayores.

Ahora bien, este inicio tardío de la campaña podría otorgar al fujimorismo una ventaja discursiva: la posibilidad de fijar temas claves en la conversación pública y marcar el tono de la campaña, en lo que se conoce como el efecto de primacía. Sin embargo, el candidato que entra más tarde a la contienda puede introducir temas que resuenen con mayor fuerza entre los votantes menos informados o desconectados, quienes suelen prestar más atención en la recta final; esto es lo que en psicología se denomina efecto de actualidad (‘recency effect’).

En mi diagnóstico, Keiko Fujimori puede partir con una ventaja significativa entre los votantes politizados de derecha, pero le resultará más difícil conquistar al votante indeciso y menos politizado. No olvidemos que ya hemos enfrentado escenarios como los del 2016 y el 2021, donde la segunda vuelta se definió por menos de 50 mil votos. El reto de Keiko es superar ese margen si busca alcanzar la presidencia con holgura.

Utilicemos esta etapa de purgatorio con sabiduría: reflexionando sobre nuestros errores –o sobre lo que dejamos de hacer en los últimos diez años– para salir de este limbo y volver a creer que un cambio productivo en la política es posible.

Estos nos permiten conocer mejor el universo y nuestro propio planeta. ¿Qué relación tienen con la vida cotidiana de las y los peruanos? Mucha. La misma infraestructura científica que ha permitido el último viaje alrededor de la Luna está ya mejorando nuestra propia observación de la Tierra, incluyendo el monitoreo ambiental y la gestión del riesgo de desastres naturales, entre otros. El Calendario de Ciencia 2026 de la NASA trae una bellísima imagen de nubes actinoformes (con patrones radiales que recuerdan hojas o rayos) sobre el océano Pacífico frente al Perú. Un instrumento especializado del satélite PACE, también de la NASA, hizo posible esta obra de arte de la fotografía espacial, y forman parte de la misión que estudia el plancton marino y las partículas en las nubes y la atmósfera, con el propósito de desentrañar nuevos misterios en la interacción del océano y el clima.

Las nubes actinoformes se desarrollan sobre una extensa sábana nubosa –tan característica del cielo panza de burro de Lima, expresión usualmente atribuida a Héctor Velarde– que ayuda a regular la radiación solar que ingresa al océano. En interacción con la corriente de Humboldt, este sistema da lugar a una de las zonas marinas más productivas del planeta, pues, aunque representa menos de 0,1% de la superficie oceánica global, aporta alrededor del 10% de la pesca marina mundial. Cuando este sistema se altera –por ejemplo, durante eventos de El Niño– cambian las nubes, la temperatura del mar, las condiciones atmosféricas sobre la costa, la disponibilidad de nutrientes y la productividad pesquera. Esto importa profundamente al Perú, donde casi 6 de cada 10 habitantes viven en la costa. Estudiar estas nubes desde el espacio permite mejorar los modelos de clima y variabilidad oceánica, con impacto directo en seguridad alimentaria, gestión del agua y resiliencia económica.

La ciencia espacial no comienza ni termina en las grandes potencias. El Perú, por ejemplo, cuenta con capacidades valiosas, aunque todavía modestas: la Base Científica Punta Lobos, en Pucusana, para el monitoreo solar y sus efectos sobre la alta atmósfera; el Centro de Observaciones Espaciales, en Huancayo, con instrumentos de una red latinoamericana de detectores para estudiar rayos cósmicos y clima espacial; el Observatorio Astronómico de Moquegua, donde opera el telescopio óptico de mayor apertura del país; y PerúSAT-1, primer satélite peruano de observación de la Tierra de resolución submétrica, cuyas imágenes se utilizan para el monitoreo de incendios forestales, inundaciones, vigilancia de fronteras y otros procesos críticos. Sin embargo, estas capacidades siguen siendo limitadas frente a la escala alcanzada por Chile, un caso excepcional en Sudamérica por las extraordinarias condiciones astronómicas del desierto de Atacama y por una estrategia nacional sostenida de cooperación científica internacional.

La ciencia básica, la astronomía y las ciencias espaciales no son lujos de países ricos ni extravagancias futuristas. Son inversiones estratégicas que generan capacidades para observar, anticipar, decidir y cooperar mejor. Si el Perú quiere prepararse frente al cambio climático, gestionar con mayor inteligencia sus recursos y formar nuevas generaciones científicas, debería consolidar sus capacidades espaciales y articular mejor los datos satelitales con las políticas públicas. Volver a la Luna no significa solo retomar una gran aventura humana, significa también fortalecer la ciencia y la tecnología que necesitamos para entender mejor la Tierra y enfrentar sus desafíos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Importante proyecto para el país

La autorización para explotar La Tapada, inicio del proyecto minero Tía María, significa un respiro económico vital para el Perú. Los ingresos y empleos proyectados prometen reactivar una economía nacional muy golpeada. Sin embargo, este optimismo financiero debe manejarse con cuidado. El Estado y la empresa están obligados a garantizar paz social y respeto ambiental para evitar conflictos sociales en la cercanía del proyecto.

🟢Avances en la inclusión

El impulso de las personas con discapacidad visual por insertarse en el mercado laboral peruano merece reconocimiento. Su valiosa iniciativa demuestra resiliencia frente a enormes barreras. Pero este gran esfuerzo no basta. El Perú todavía carece de políticas sólidas y empatía corporativa para garantizar verdadera equidad. Celebramos su valentía, pero el Estado y las empresas deben despertar. La inclusión exige más que aplausos; requiere acciones concretas en un país que camina a ciegas. Importante proyecto para el país

🔴No apto para peatones

Es inadmisible que el óvalo Tomás Valle opere sin semáforos peatonales, condenando a los vecinos a esquivar vehículos y arriesgar sus vidas. Esta obra evidencia una negligencia estatal alarmante: se privilegió la fluidez vehicular, ignorando por completo la seguridad peatonal. Diseñar infraestructura olvidando al ciudadano no es modernidad, es absoluto desprecio. Las autoridades deben corregir este grave absurdo de inmediato para evitar accidentes fatales. Nuestras calles deben proteger a las personas, no solo privilegiar motores.

Hay un país que va más allá del eje de izquierda y derecha; sin embargo, se persiste en analizar a ese mismo país bajo esa misma polarización. No obstante –como vale repetir–, en el Perú los fenómenos sociales y políticos son inexplicables bajo esas clásicas coordenadas. Otros cientistas sociales y analistas –más temerarios aún– intentan explicar los resultados electorales organizando una nueva polarización: revanchistas contra institucionalistas; atrevimiento que supera todo límite.

Pero la polarización de izquierda y derecha ya no es fiable para analizar a un país de sociedades emergentes y populares como la peruana. ¿Cómo es que las sociedades capitalistas del sur votan todavía por el proyecto socialista de Sánchez? ¿Por qué Puno, Juliaca o Cusco votan por Belmont, una figura que representa todo lo que los puneños o cusqueños –supuestamente– rechazan? Hay fenómenos sociales y políticos que son inexplicables bajo esa clásica distinción.

Quizá entonces el error de algunos politólogos o analistas políticos sea considerar que tanto izquierda como derecha son esencias políticas universales e inalterables; y que es la sociedad la que se debe acomodar a esas lecturas. Esas identidades políticas serían como fantasmas o espíritus que vagan esperando encarnarse o tomar posesión de una parte de la sociedad. De allí entonces se nos dice que “la sociedad se derechiza” o que existiría una “izquierda popular” frente a una “derecha elitista”. Antauro Humala, más excéntrico aún, nos dice que hay una “derecha pizarrista” y una “izquierda almagrista”; es decir, que Pizarro fue de derecha y Almagro de izquierda.

¿Y entonces, qué hacemos? Nos toca desarrollar aproximaciones y análisis sobre la sociología nacional. En otras palabras: analizar, en primer término y de manera objetiva, la sociología nacional, sobre todo las sociedades emergentes y populares. Allí entonces existen instituciones que no son sino redes de competencia y colaboración, que organizan a estas sociedades. Tradiciones, familia, religiosidad, jerarquías, comunitarismo, sentido del orden (la mano dura), un capitalismo salvaje, entre lo informal y lo ilegal, entre otros. A todo lo anterior le podríamos denominar instituciones populares/conservadoras. Pero –ojo– no son “conservadoras” en el sentido político o ideológico, sino en el sentido sociológico/antropológico.

Por eso Puno, Huancayo o Apurímac, regiones que son inexplicables sin el mercado y la familia, votan por Roberto Sánchez o el mismo Pedro Castillo, proyectos socialistas que van a contramarcha de sus intereses más profundos. Lo que sucede, todo indica, es que estas sociedades emergentes y populares se constituyen políticamente siempre contra un orden establecido, orden en el que ellos “no pertenecen”. El minero informal/ilegal vota por más Reinfo y el joven ‘millennial’ no se reconoce en el mal llamado “pacto mafioso”.

Si uno observa detenidamente verá que estas sociedades emergentes y populares siempre apoyan electoralmente proyectos antiestablishment. Miren al primer Fujimori y hasta a Pedro Castillo. Las sociedades emergentes y populares son conservadoras sociológicamente, pero políticamente puede apoyar proyectos electorales de cualquier tinte ideológico, siempre que alguna de ellas vaya contra el establishment. El problema no es la izquierda, no es la derecha; el problema está en aproximarse de manera objetiva y sin anteojeras ideológicas a esas sociedades que siempre buscarán una representación política y electoral.

La prensa suele ganarse muchas veces la impopularidad de advertir cada entrada fatídica a la oscuridad, así como la satisfacción de contribuir a salir de ella, no importa si tiene que hacerlo a campo traviesa de confrontaciones ideológicas y políticas radicales como las que hoy asfixian la búsqueda de diálogos, acuerdos y consensos.

La prensa es consciente de que su papel en el torbellino de formación de opinión pública, en tiempos de explosión del Internet, es absolutamente solitario, como lo fue en medio de las convulsiones sociales y religiosas que siguieron a la invención de la imprenta, hace más de quinientos años.

De ahí que sea una buena noticia la vuelta de la mesa redonda de El Comercio como el mejor espacio plural de choque de ideas y opiniones que ha podido ofrecer este Diario en muchos momentos cruciales de la vida del país. Puedo atestiguar que no ha habido figuras políticas, presidenciales, parlamentarias y jurídicas, de todos los credos y tendencias, que no hayan pasado, en sus respectivas coyunturas, por ese espacio constructivo. Fue más de una vez la antesala propiciadora de importantes consensos, como la Mesa de Diálogo de la OEA, que avaló y legitimó la transición del régimen de Alberto Fujimori al de Valentín Paniagua en el año 2000.

Este punto de encuentro resurge ante el peor abismo político que hayamos visto en mucho tiempo. Ya no se trata de la sucesión de históricos partidos finalmente colapsados, ni del ciclo de cruzadas anticorrupción de presidentes que acabaron en la cárcel, ni de las transiciones autodestructivas que nos llevan a completar diez mandatarios en diez años ni del recurrente discurso de odio que frecuentemente entierra toda sana visión de país. Ahora se trata del abismo político que convierte al ciudadano votante en un convidado de piedra de una elección presidencial y parlamentaria arrojada a las patas de los caballos.

Ni el caudillismo, ni la fragmentación política, ni la polarización radical ni la presidencia ficticia —como yo la llamo— van a abandonar la triste suerte del escenario político sin los diálogos, acuerdos y consensos que comprometan la voluntad y el compromiso responsable de la clase política, todavía atrapada en la “fiesta caníbal” de cada elección.

Creo sinceramente que “Desde la cúpula”, nombre de la mesa redonda de El Comercio, quiere ser eso: una tribuna abierta y plural, una salida a pulso de la oscuridad, un desafío noble hacia la luz, una alternativa racional y civilizada a la autodestrucción política.

Se necesitan otros muchos espacios de diálogo en la misma dirección, aun cuando sean muy hondas las brechas de la sobreinformación y la desinformación, que interponen una cortina de niebla en la misión de la prensa: hacer claro el conocimiento y el entendimiento de la realidad.

Se puede y se debe evitar seguir este mal camino. Este empezó con el desconocimiento de los resultados electorales, que a su vez llevó a buscar la vacancia del presidente electo, bajo cualquier pretexto, desde el inicio de la gestión. Ciertamente los organismos electorales han mostrado un desconcertante muy mal desempeño, y todas las investigaciones y sanciones que correspondan deben desarrollarse y aplicarse. Pero deben respetarse sus decisiones. Se puede eventualmente recurrir a los mecanismos legales existentes para impugnarlas, mas al final deben aceptarse los resultados. No debemos permitir que el conteo de votos termine siendo definido por presiones políticas o amenazas de procesos penales. Deberíamos dejar atrás la excesiva y a todas luces perjudicial dinámica de los últimos años de intentar resolver disputas políticas por vías judiciales. Al mismo tiempo, la policía, los fiscales y los jueces deben evitar entrometerse en decisiones de naturaleza política. Esta debe ser una lección aprendida del último quinquenio.

Para esto es imperativo aislar, no amplificar, los discursos más intolerantes y antiinstitucionales; en este sentido, hace rato que el candidato López Aliaga cruzó el límite del reclamo legítimo para situarse en un discurso abiertamente antidemocrático. Sus votantes y la derecha peruana merecen una mejor representación que la que están teniendo. Ayudaría también que se produzcan gestos que conduzcan a una distensión: desde los propios organismos electorales, desde los líderes políticos, desde la sociedad civil, que afortunadamente ya están ocurriendo.

Ni Roberto Sánchez ni Rafael López Aliaga deben perder de vista que la votación que los podría llevar a la segunda vuelta representa apenas un número cercano al 10% de los votos emitidos, y que con esa votación habrían quedado en cuarto lugar en el 2001, 2006 y 2016, y en quinto lugar en el 2011. Que el primero obtuvo un tercio menos de los votos que obtuvo Pedro Castillo en el 2021, y que tuvo un muy pobre desempeño en Lima, donde se concentra cerca de un tercio de los electores. De otro lado, el segundo debe reconocer que su votación se concentra en Lima y algunas otras regiones de la costa, que se traduce a su vez en una menor representación relativa en el Senado y la Cámara de Diputados (según los cálculos preliminares, Juntos por el Perú obtendría 14 senadores y Renovación Popular, 8; y 31 y 16 diputados, respectivamente). Cualquiera de ellos, para poder competir en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, y mucho más si es que pretendieran gobernar, debe asumir que su gobierno sería imposible si no son capaces de representar al conjunto del país y no solo a sus nichos electorales.

El celebrado biólogo Paul Ehrlich, recientemente fallecido, había declarado que sí o sí cientos de millones de personas iban a morir de hambruna en los setenta y ochenta. El Club de Roma predecía el agotamiento de los recursos naturales. Si no se tomaban medidas drásticas, el mundo se dirigía a la catástrofe.

Felizmente, la humanidad no solo ha evitado tal destino, sino que está viviendo una era de “superabundancia”. Ese es el término que los investigadores Marian Tupy y Gale Pooley usan en un estudio (“Simon Abundance Index”) que será publicado esta semana para describir un mundo caracterizado por una creciente población y mayores recursos.

Los autores examinan el precio de 50 productos básicos –alimentos, minerales, insumos industriales, bienes energéticos– y lo comparan con los ingresos desde 1980 hasta el 2025. De esa manera pueden determinar el precio de un bien en términos de tiempo, o cuántas horas de trabajo requieres para comprar un bien.

Visto de esa manera, los bienes se volvieron más abundantes. Según Tupy y Pooley, “los precios en términos de tiempo de los 50 productos básicos cayeron un 70,9% en promedio […]. Lo que en 1980 requería una hora de trabajo, ahora requiere aproximadamente 18 minutos. Dicho de otro modo, la misma hora de trabajo que en 1980 permitía comprar una sola unidad de un producto típico permite comprar 3,44 unidades en el 2025, lo que supone un aumento del 244% en la abundancia de recursos personales”.

Lejos de indicar escasez, la caída de tales precios señala copiosidad. Esto ha ocurrido a la vez que la población mundial ha crecido un 85%. Tomando en cuenta esa población, los autores calculan que el planeta es 536,4% más abundante en recursos de lo que lo era en 1980.

Tupy y Pooley muestran que, por cada aumento de un punto porcentual en la población mundial, la abundancia de recursos globales crece por 6,3 puntos porcentuales. En otras palabras, cada persona adicional está “produciendo” mayores recursos.

De los 42 países que los autores estudiaron, ninguno experimentó menor abundancia que en 1980. En el Perú, la abundancia de recursos personales creció por 184%. Otros países vieron un crecimiento espectacular: China (3.847%), Corea del Sur (1.122%), Irlanda (927%).

Puede parecer contraintuitivo pensar que en la medida en que crece la población hay mayor abundancia. Pero la humanidad es creativa y constantemente innovadora. Cuando goza de cierto grado de libertad, es capaz de cooperar, inventar y descubrir soluciones a problemas nuevos y viejos, o simplemente ser más eficiente con lo que hay.

Es así que la productividad de cada hectárea de cultivo se ha multiplicado, que los autos viajan múltiples kilómetros más por cada galón de gasolina, que el iPhone ha reemplazado a numerosos aparatos (radios, cámaras, libros, etc.) y que en los países ricos el uso de decenas de bienes (madera, acero, papel, etc.) en términos absolutos ha estado en caída a la misma vez que crecen esas economías.

Ante la evidencia histórica, todavía hay quienes insisten en una visión pesimista y estática de la humanidad. En este Día de la Tierra, sería bueno que se recuerden las palabras del pionero del optimismo racional, Julian Simon: “El recurso más valioso son las personas […] que pondrán su voluntad y su imaginación al servicio de su propio bien y, de ese modo, inevitablemente nos beneficiarán también al resto de nosotros”.

Esta no es una segunda vuelta cualquiera. Se configura en un escenario que ha dejado de ser neutral; resultados estrechos, desconfianza acumulada y actores que tensionan el proceso incluso antes de su cierre. A ello se suma el cuestionamiento a las instituciones electorales, que termina trasladando la incertidumbre del conteo hacia una mayor desconfianza ciudadana.

Con este punto de partida, la lógica del voto se transforma. Ya no se trata de elegir al candidato más cercano, sino de identificar quién ofrece mejores condiciones para sostener el gobierno en un país fragmentado y bajo presión.

Aquí no se trata de afinidad. Se trata del riesgo –y, en muchos casos, de miedo– que cada candidatura activa en distintos sectores del electorado.

Para Przeworski, la democracia descansa en algo básico, como el que los actores acepten la incertidumbre sobre quién accede al poder. Es decir, que acepten que pueden perder. Cuando esa premisa empieza a ponerse en duda antes de que el resultado se consolide, lo que se erosiona no es solo el conteo, sino la capacidad del sistema para producir una autoridad que el país esté dispuesto a reconocer. Elegir, entonces, exige no premiar cercanía, sino evaluar condiciones reales de gobernabilidad.

Primero, capacidad de ampliar la base política. Un candidato que no logra salir de su núcleo duro puede alcanzar una victoria electoral, pero difícilmente sostener un gobierno. La segunda vuelta no premia convicciones; exige expansión. Y esta empieza a evidenciarse en las alianzas, explícitas o implícitas, que anticipan con quién y bajo qué condiciones se va a gobernar.

Segundo, equipo y operación política. Las campañas se sostienen en discursos. Los gobiernos, no. En un entorno adverso, la diferencia la marcará la capacidad de rodearse de equipos que no solo ejecuten, sino que entiendan cómo funciona el poder: construyan acuerdos, sostengan decisiones y gestionen tensiones en un sistema fragmentado.

Tercero, manejo del conflicto y relación con las instituciones. El próximo gobierno no administrará estabilidad, sino tensión. Y eso exige algo más que firmeza: requiere criterio para evitar que el conflicto escale y termine debilitando aún más a un Estado que ya opera bajo fuertes limitaciones.

La segunda vuelta no corrige la fragmentación. La traslada al gobierno. Elegir, en este punto, no es respaldar; es contener.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha advertido sobre la posibilidad de adoptar “decisiones drásticas” ante las irregularidades detectadas, especialmente en Lima. Sin embargo, cualquier determinación debe ceñirse estrictamente a los cauces institucionales. La legitimidad del proceso no puede sostenerse sobre atajos ni presiones. En esa misma línea, resulta indispensable que candidatos como Rafael López Aliaga cesen los insultos gratuitos e inaceptables.

Si bien la prudencia es indispensable, también lo es la oportunidad. El señor Burneo debe pronunciarse con claridad sobre el pedido de elecciones complementarias. Un pedido que voceros de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, las agrupaciones más afectadas por la demora en la instalación de mesas en Lima, no descartan como una opción. Postergar una definición sobre este asunto hasta el 15 de mayo solo alimenta la incertidumbre y debilita la confianza en el proceso. Burneo debe decir pronto si una elección complementaria es viable. También se debe tomar una decisión sobre Piero Corvetto, cuya gestión ha sido desastrosa. Desde aquí hemos dicho que es insostenible que se mantenga en el cargo. No puede seguir encabezando la ONPE durante la segunda vuelta. Su salida, siguiendo el camino que disponga la ley, es imprescindible.

En momentos como este, el país necesita serenidad, rigor y apego a la ley. La institucionalidad se pone a prueba precisamente cuando arrecian las tensiones. Resolver con transparencia y dentro de plazos razonables es la única forma de preservar la legitimidad de los resultados.