🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN TRIUNFO HISTÓRICO PARA IGNACIO BUSE

Después de 18 años, un tenista peruano volvió a ganar un partido en un torneo ATP 1000. Desde Lucho Horna en Roma 2008 el Perú no podía gritar un triunfo de este tipo; sin embargo, este martes, Ignacio Buse selló su primera victoria en un torneo de esta categoría en el Mutua Madrid Open tras vencer al francés y ex-17 del mundo Adrian Mannarino. Un hito histórico para su carrera y para el deporte peruano. Así, ‘Nachito’ logró su pase a segunda ronda, en la que hoy viernes enfrentará a otro francés: el reciente ganador del torneo en Barcelona, Arthur Fils.

🟢PREMIOS LUCES 2026

Anoche, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de nuestros Premios Luces 2026, en su edición número 21. El evento premió, a través del voto del público, la excelencia en la cultura, el arte y el entretenimiento en el año que pasó en ocho categorías principales: Televisión, Cine, Artes Escénicas, Música, Artes Visuales, Moda, Letras y Contenido Digital, y esos rubros estuvieron repartidos en un total de 37 subcategorías. En un contexto donde las industrias culturales aún enfrentan múltiples desafíos, este respaldo entre los lectores de este Diario cumple un rol de validación para los creadores del 2025 y un estímulo para los del 2026.

🔴Beca Generación del Bicentenario en el limbo

La falta de convocatoria en el 2026 de la beca Generación del Bicentenario ha dejado a unos 300 jóvenes en la incertidumbre, pese a haber sido admitidos en universidades extranjeras. Pronabec prioriza financiar a becarios actuales por limitaciones presupuestales, aunque exfuncionarios señalan que sí existían recursos. Los postulantes han invertido miles de soles y algunos ya perdieron oportunidades. La situación evidencia desorganización estatal y amenaza la continuidad de una política clave para formar profesionales y fortalecer el desarrollo del país.

Este principio no es opcional. Está reconocido en la Constitución Política del Perú, en el Código de los Niños y Adolescentes del Perú y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso, deben aplicarlo los jueces, el Estado, los padres y cualquier institución.

Cuando se habla de “lo mejor para el niño”, no se trata solo de dinero. Este principio tiene una visión completa. Incluye su salud, su desarrollo físico, su estabilidad emocional, su educación, el ambiente familiar en el que vive, sus relaciones afectivas y también su opinión, dependiendo de su edad y madurez.

En la práctica, este principio se aplica en muchos casos legales. Por ejemplo:

* Tenencia: decidir con qué padre vivirá el niño.

* Régimen de visitas: establecer cuándo y cómo verá al otro padre.

* Alimentos: fijar una pensión para cubrir sus necesidades.

* Autorización de viaje: permitir o no que salga del país.

En todos estos casos, el juez no decide pensando en los padres, sino en el niño.

Un ejemplo claro: un padre puede tener más dinero que el otro, pero si no brinda estabilidad emocional o no tiene una buena relación con su hijo, el juez podría decidir que el menor viva con el otro padre.

Otro ejemplo: si un niño está acostumbrado a vivir en un lugar, estudiar en su colegio y tener su entorno estable, el juez evitará cambiar esa situación sin una razón importante, porque podría afectarlo emocionalmente.

En los conflictos familiares, este principio cambia la forma de ver las cosas. Cuando los padres discuten, no se trata de quién tiene la razón, sino de qué decisión beneficia más al niño. El foco deja de estar en los adultos y pasa al bienestar del menor.

Además, este principio también guía las decisiones del Estado. Instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú deben crear políticas que protejan a los niños y promuevan su desarrollo.

Para tomar decisiones, los jueces evalúan varios factores, como la edad del niño, la relación que tiene con cada padre, su entorno habitual, la conducta de los padres, si existe violencia familiar y la opinión del menor si tiene la madurez suficiente.

Este principio tiene características importantes. Es dinámico, porque se adapta a cada caso. Es prevalente, porque está por encima de otros intereses. Es interpretativo, porque orienta la aplicación de las leyes. Y es obligatorio, porque todas las autoridades deben cumplirlo.

Conclusión

El Principio del Interés Superior del Niño nos recuerda algo fundamental: los niños no deben ser tratados como parte de un conflicto, sino como personas que necesitan protección y cuidado.

En cualquier decisión legal o familiar, lo más importante no es lo que quieren los padres, sino lo que realmente necesita el niño para crecer sano, seguro y feliz. Por eso, tanto jueces como abogados y padres deben poner siempre al menor en el centro de toda decisión.

Por años, las organizaciones reportaban sus impactos ambientales o sociales como parte de su narrativa institucional, pero sin conexión directa con los resultados financieros. Hoy, con estas nuevas normas, la sostenibilidad se mide, se gestiona y se revela en función de su impacto en el valor económico.

Las NIIF S1 y S2 establecen criterios claros para identificar riesgos y oportunidades vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza que inciden en la rentabilidad, el flujo de caja y la resiliencia de las empresas. Esto implica que aspectos como el cambio climático, la transición energética o la gestión de recursos dejan de ser variables externas para convertirse en elementos estratégicos de decisión.

El desafío no es menor. La implementación, prevista hacia el 2029, exigirá a las empresas fortalecer sus capacidades técnicas, adaptar sus sistemas de información y, quizás, lo más complejo, romper silos internos. Finanzas, sostenibilidad y gestión de riesgos deberán trabajar de manera integrada, bajo un mismo lenguaje y con objetivos alineados. Además, será clave la adopción de estándares internacionales que permitan asegurar comparabilidad y credibilidad de la información.

Sin embargo, los beneficios superan ampliamente los costos de adaptación. Una mayor transparencia fortalece la confianza de los inversionistas, mejora la calidad de la toma de decisiones y facilita el acceso a capital, especialmente en un entorno global donde los criterios ESG son cada vez más determinantes. En ese sentido, el Perú no solo se pone a la par de economías más avanzadas, sino que se inserta en una lógica de competencia global basada en información confiable y comparable.

Las experiencias en la región muestran que este tipo de marcos regulatorios, cuando se implementan de manera progresiva, contribuyen a fortalecer la gobernanza corporativa y a atraer inversión. Pero, más allá de ello, impulsan un cambio cultural: las empresas comienzan a tomar decisiones considerando no solo su rentabilidad inmediata, sino también su impacto en el largo plazo.

En última instancia, con esta normativa no solo se mejora el reporte; sino que se redefine la gestión empresarial. Y ese es, sin duda, su mayor valor.

Para que más niñas lleguen a liderar sectores tecnológicos y empezar a cerrar las distancias que nos separan del futuro, necesitamos atacar dos brechas desde frentes urgentes. La primera es la brecha de acceso a una educación de calidad. Según datos recientes de la SUNEDU, en el Perú apenas 3 de cada 10 estudiantes en carreras de ingeniería y tecnología son mujeres; una cifra que cae drásticamente al 15% cuando hablamos específicamente de tecnologías de la información. No es falta de talento, es falta de ruta. Necesitamos asegurar que la infraestructura digital llegue a cada rincón, pero acompañada de una pedagogía que no segregue los sueños por género desde la primaria. El acceso a la educación digital no es un privilegio técnico, sino un derecho humano básico en el siglo XXI, por lo que, sin conectividad ni herramientas, estamos condenando a mantener en silencio el potencial de millones de niñas.

Sin embargo, el acceso físico es insuficiente si no resolvemos la brecha de aspiración y empoderamiento. Es alarmante observar cómo, incluso en entornos con plena conectividad, muchas niñas desisten de las áreas STEM o las TIC debido a sesgos culturales profundamente arraigados. No basta con aumentar la “oferta” (becas o laboratorios) si no trabajamos en la “demanda”. La sociedad debe entender que la inclusión femenina en sectores tecnológicos no es un acto de caridad, sino una necesidad estratégica. Según el Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de género en sectores clave podría incrementar el PBI mundial hasta en un 26%, mientras que, según la OCDE, si el Perú lograra reducir la brecha digital en un 10% solo en nuestro país, el PBI podría crecer en un 1.5% anual durante la próxima década. El mundo, y en especial el Perú, necesitan la mirada femenina para crear soluciones digitales realmente inclusivas.

Es así como la segunda brecha tiene que ver con la transformación de la narrativa social: la presencia femenina en carreras relacionadas con tecnologías de la información no puede seguir gestionándose como el cumplimiento de una cuota de género, sino como una ventaja competitiva crítica. La diversidad en las mesas de decisión tecnológica no solo aporta equidad, sino que inyecta la innovación y la rentabilidad necesarias para que las organizaciones prosperen en una economía digital globalizada.

Hoy, desde mi rol como ingeniera y directora de operaciones y TI, miro hacia atrás y reconozco que mi posición actual no era el destino obvio que el sistema proyectó para mí. Si ocupo este espacio, es porque en el camino, además de las oportunidades que tomé, hubo un factor determinante que a menudo ignoramos en las estadísticas: la confianza en una misma, a pesar de los múltiples desafíos y barreras que nos impone la sociedad.

A las niñas les decimos a menudo que “pueden ser lo que quieran”, pero las rodeamos de un entorno que duda de su capacidad técnica. Mi mensaje en este día es que la ciencia, la tecnología, las ingenierías y la matemática no tienen género, pero sí tienen dueñas: aquellas que se atreven a reclamar su lugar. Este día será un éxito rotundo el día que ser una mujer liderando un área de TI deje de ser una noticia basada en la resiliencia personal y pase a ser el resultado natural de un sistema que confió en ellas, tanto como ellas confiaron en sí mismas.

Hablar de San Isidro es visualizar el Bosque El Olivar, las huacas Huallamarca y Santa Cruz, el conjunto habitacional del mismo nombre —construido durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry—, sus parques y plazas, sus monumentos, sus casonas, sus áreas verdes y su Centro Financiero.

Pero la principal fortaleza del distrito radica, sin duda, en su comunidad: el verdadero eje de su desarrollo y preservación.

El San Isidro de hoy es también el resultado de vecinos notables que lo habitaron, a quienes tuve el privilegio de conocer, en persona o a través de sus obras: el embajador Javier Pérez de Cuéllar, los artistas Fernando de Szyszlo y Gerardo Chávez, el tribuno Javier Valle Riestra y el empresario y amante de la fotografía Jan Mulder, quien —a diferencia de los otros mencionados— sigue entre nosotros, con una de las colecciones fotográficas más importantes de la región.

Hoy, San Isidro enfrenta una nueva batalla: la defensa de su residencialidad frente a construcciones indiscriminadas que, bajo el disfraz de “vivienda social”, esconden intereses puramente comerciales, así como frente al pretendido desarrollo de vías elevadas que romperían la armonía urbana sin resolver el problema de la congestión vehicular. Son cicatrices urbanas que deben evitarse. Y esa resistencia —firme, organizada, casi instintiva— es parte del ADN vecinal sanisidrino.

No es la primera vez. Ya ocurrió cuando se pretendió desviar la carga vehicular de la avenida Arequipa hacia El Olivar, patrimonio ambiental y monumental del distrito y de Lima. O cuando se impulsó la absurda idea de construir una serie de by-passes en la avenida Salaverry. Y, a propósito de esta última, cómo no recordar la lucha vecinal para evitar la construcción de un grifo en la esquina de Salaverry con Alberto del Campo, liderada con determinación por la distinguida vecina Ana María Álvarez Calderón viuda de Olaechea.

San Isidro es todo eso y mucho más. Se vive, se siente y se respira en sus calles arboladas, en el canto de sus aves, en la vida cotidiana de sus vecinos y sus familias. Avanza firme hacia su primer centenario, consolidándose como un distrito referente de Lima y del país.

Dicho esto, lo ocurrido el último 12 abril demostró que basta con que confluyan solo unas cuantas fallas logísticas –problemas con la distribución, fallas con el sistema de ayuda al escrutinio u otros similares– para que pueda afectarse gravemente el derecho al voto y, con ello, erosionarse gravemente la confianza en el resultado.

Las estrategias que sigamos para empezar a recuperar esa confianza deben ser múltiples. Pero sea cual sea el camino, no deberíamos ignorar hacia dónde avanza hoy el mundo y qué ya funciona en otros países. En ese sentido, quizá el estándar global más alto de un sistema electoral moderno y funcional es el de Estonia, que vota por Internet desde el 2005 y en donde hoy cerca de la mitad sufraga en línea con identidad digital y firma criptográfica. Allá tardaron más de dos décadas en desarrollar ese sistema, que implicó varios procesos de auditorías públicas y consensos políticos. No lo lograron de la noche a la mañana.

El Perú ya intentó implementar gradualmente el voto electrónico hace más de una década, pero ese piloto fue finalmente desestimado. La lección, sin embargo, no debería ser cerrar la puerta, sino elaborar un plan serio y por etapas para eventualmente lograrlo. Podría empezarse, por ejemplo, solo con peruanos en el exterior; y luego continuarse con distritos piloto que sean auditados.

Si pensar que hoy estamos lejos nos frena, ¿cuándo empezaremos? Que el Perú logre implementar un voto electrónico seguro sería una revolución. Si no empezamos pronto, nuestros nietos seguirán votando en papel.

Vivimos en un mundo en el que la tecnología es parte de nuestro quehacer diario. Desde cómo nos comunicamos a cómo conseguimos trabajo, pasando por cómo desarrollamos nuestras relaciones humanas o cómo accedemos a sistemas médicos. Sin embargo, y aunque suene paradójico, el uso de voto electrónico presencial (máquinas de votación) o voto digital (mediante plataformas web) no debe implementarse por ser contrario a los principios básicos del secreto del voto y de la auditoría pública de las votaciones.

Y es que no siempre la tecnología es la solución a todos los temas humanos. El hecho de que puedas colocar criptografía asimétrica o cadenas de ‘blockchain’ no hacen el voto secreto, hacen que sea difícil de establecer la vinculación entre el individuo y su voto, pero no lo hace imposible (más aún si pensamos en los cercanos computadores cuánticos que harán que los sistemas de criptografía actuales se vuelvan obsoletos rápidamente). Es decir, aunque pueda parecer que es lo mismo que ir a un cajero automático o usar una aplicación de comida rápida, el principio constitucional requiere que el voto sea secreto, siempre. Así lo entendió el JNE cuando en diciembre pasado suspendió el despliegue del voto digital para las elecciones presidenciales.

Al mismo tiempo, el escrutinio de los votos debe ser público. Cualquier ciudadano debería poder presenciar dicho proceso; en los sistemas automatizados se “transfiere” dicha auditoría a una “confianza en el sistema” y, por ende, en quienes hicieron el sistema. Esta fue la postura de la ONPE para insistir en el voto digital.

No se trata de un rechazo de la tecnología; se trata de un respeto absoluto a los principios de los derechos humanos y constitucionales vinculados a la expresión más democrática que tenemos: votar con la confianza de que nadie sabrá por quién votaste, pero al mismo tiempo pueda permitirse el escrutinio público.

Es frecuente que en ese momento el sistema ya no cuente con herramientas para intervenir y se retire. Cuando la medicina ha llegado a su límite y lo que queda es acompañar, aliviar y estar.

En Perú, menos del 20% de los niños en proceso final de vida tienen acceso a cuidados paliativos pediátricos; el resto pasa sus últimos días en hospitales que no han sido diseñados para acompañarlos en ese momento. Es difícil encontrar espacios cálidos, pensados para brindar contención integral a toda la familia y acompañar la toma de decisiones cuidando lo físico, lo emocional y lo social. Por eso, cuando hablamos de construir un sistema de salud centrado en las personas, hay una pregunta clave: ¿se piensa también en los niños que ya no pueden ser curados?

El Atlas de Cuidados Paliativos de las Américas 2025, publicado este año por el Observatorio ATLANTES y la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, confirma lo que quienes trabajamos en este campo vivimos a diario: el Perú tiene una ley de cuidados paliativos desde 2018, pero su implementación sigue siendo dispersa y concentrada en Lima. Según ese relevamiento, Perú se encuentra en el nivel más bajo de provisión de cuidados paliativos en la región.

En el CADE Salud 2026, el consenso fue claro: el sistema de salud peruano enfrenta desafíos estructurales que ya no admiten más diagnósticos, sino que son necesarias las decisiones concretas. En ese encuentro, la agenda giró en torno a los costos de trasladar a las familias en situaciones específicas que lo demandan, la fragmentación del sistema y la necesidad de avanzar de forma coordinada hacia una atención verdaderamente centrada en las personas. Todos esos desafíos tienen un punto ciego común: qué ocurre cuando a ese sistema, aun fortalecido, llega alguien con un cuadro que ya no se puede curar.

Es justo en ese momento tan trascendental donde el sistema suele retirarse. Las familias quedan solas, sin orientación ni acompañamiento en un escenario en el que deben escuchar información dolorosa. Ello acarrea un costo emocional muy alto para quien transita el proceso final de vida y para sus familias, y generalmente también una gran demanda económica.

Desde Casa Khuyana llevamos cinco años trabajando para cambiar esa realidad. Hemos construido el primer hospice pediátrico del Perú y hemos desarrollado un Modelo de Atención Integral a partir de convocar a expertos nacionales e internacionales. En el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, nuestro hospice integra cuidado clínico, acompañamiento emocional y dignidad, en un entorno acogedor especialmente diseñado para los niños en proceso final de vida y sus familias. Nos encontramos en un momento clave donde convocamos activamente a los aliados necesarios para empezar a funcionar.

Sabemos lo que se necesita y que el tiempo importa. Pero un modelo por sí solo no es suficiente: el Perú necesita una política pública que lo respalde y permita que experiencias como Casa Khuyana dejen de ser la excepción.

En un año electoral, la ciudadanía tiene el poder -y la responsabilidad- de exigir una política pública de salud que se centre en las personas en todas las etapas de la vida, y que los cuidados paliativos pediátricos sean parte de la agenda sanitaria de quienes aspiran a gobernar. Los cuidados paliativos son un derecho.

Un sistema de salud no solo se mide por su capacidad de curar. Se mide también por su capacidad de acompañar. Y en ese acompañamiento, especialmente cuando se trata de niños, el Perú todavía tiene una deuda pendiente. Es momento de saldarla.

A pesar de los inaceptables errores de la ONPE, denunciados y en investigación, que obstruyeron el derecho al voto de decenas de miles de ciudadanos, principalmente en Lima Metropolitana, los grandes números reflejan la firme voluntad de los votantes por ejercer su derecho: el 85% de los 2 millones de nuevos electores hábiles (jóvenes que eligen autoridades por primera vez) acudió a votar; el 76% del total de 27.3 millones de electores hábiles decidió su voto; y hubieron 190,000 votos blancos y nulos menos que en las elecciones de 2021. En los últimos 5 años hemos tenido 4 gobernantes y quizá en breve sean más, lo que resalta el valor excepcional de estas elecciones y la notable respuesta ciudadana en búsqueda de una salida democrática.

Pero no solo hablamos de números sino también de cualidades: cerca ya al 95% del conteo oficial de votos tenemos 7 partidos con presencia en el nuevo Congreso y 28 partidos en contienda que no pasaron la prueba ácida de la valla electoral; los peruanos y peruanas con su voto soberano y diverso vuelven a manifestar un mapa político tenazmente fracturado de norte a sur cuya esmerada atención debería ser la tarea central de las nuevas autoridades; el voto preferencial ha sido ampliamente utilizado y claramente selectivo para senadores regionales y para diputados revelando al Partido del Buen Gobierno como una nueva fuerza política. Es evidente que los electores se la tomaron en serio acotando y perfilando un voto selectivo por partidos y por candidatos de su preferencia. La enorme cédula de votación no impidió un voto meditado.

En estas complejas circunstancias el elogio al elector es un deber moral.

Pero aún tenemos que resolver el desafío, no menor, de la segunda vuelta electoral entre quienes corresponda. Habrá que escuchar atentamente a los candidatos en los próximos debates electorales, exigir precisiones y detalles, indagar por lo que tienen en mente y cuántas de esas ideas le convienen al país. Ahora la mirada del elector debe elevarse sobre el horizonte para vislumbrar el futuro. Aquí cuentan y mucho los equipos técnicos que se propongan para administrar los distintos sectores del gobierno y las instituciones tutelares. Es evidente que la gestión del Banco Central de Reserva acapara atención y preocupación pero también debería prestarse máxima atención a la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, el poderoso trípode del actual y pujante modelo económico, liderado por la inversión privada y por el gasto público que ya supera $73,000 millones este año (21% del PBI).

La mayor parte del electorado espera propuestas claras y firmes, de los dos candidatos finalistas, en temas muy sensibles y directamente conectados al bienestar de sus familias y al logro de sus intereses: dónde estarán y cuáles serán las principales oportunidades económicas y laborales para el emprendedor y para el trabajador; cómo vamos a mejorar la calidad de la educación pública considerando las particularidades regionales (idiomas, ecologías, historias, usos y costumbres); cuál es el plan para llevar servicios de salud pública con personal calificado, equipos, medicinas y medios de transporte a los distintos territorios y localidades del país; cómo se va a desarrollar la imprescindible conectividad geográfica (carreteras y puentes, puertos marítimos y fluviales, ferrocarriles, aeropuertos e internet de banda ancha); cómo se va a abordar el combate contra la delincuencia y las organizaciones criminales y de qué manera se piensa articular con el Ministerio Público y con el Poder Judicial; estas son algunas preguntas ineludibles para ambos candidatos. Esperamos respuestas concretas.

El domingo 7 de junio, en principio, nos volveremos a encontrar en las urnas para elegir un nuevo gobierno con garantías de continuidad y de éxito. Ahora votaremos por planes de gobierno muy concretos y por compromisos muy firmes. Nuevamente el elector merecerá su elogio!

El viernes pasado, cuando el contrato para la compra estaba “oleado y sacramentado”, Balcázar anunció que no firmaba, que lo mejor era que el presidente que asumiera el 28 de julio decidiera. Esta sola declaración encendió las alarmas, pues no se trataba de una negociación de última hora, sino de un proceso que venía trabajándose por años y que iba más allá de los gobiernos.

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, advirtió entonces: “Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

Balcázar insistía, incluso este lunes 20, en postergar la transacción. Lo que no decía es que el contrato se firmó ese mismo día por un acuerdo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “El señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20”. Así se despedía De Zela del Ejecutivo.

Tras la declaración del renunciante canciller, Balcázar intentó aclarar –sin éxito– sus propias palabras. “Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”. No sabemos si, por ignorancia o por ocultar la verdad, omitió decir en su confuso mensaje que la compra de las naves estaba considerada en la ley de endeudamiento en dos tramos, 2025 y 2026.

Fue un pronunciamiento de la PCM el que zanjó la discusión. “El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la adquisición de dichos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”. Caso cerrado.

El embajador Navarro celebró el cierre del acuerdo. “Puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido. Es un día muy positivo, la compañía ha seguido las reglas del Gobierno Peruano y que no eran las nuestras. Hoy es un día para celebrar la relación entre Estados Unidos y el Perú. Llevamos 200 años como socios, pero este momento sienta las bases para los próximos 200 años”, dijo a Canal N.

Al ver estos acontecimientos, uno se pregunta: ¿en qué posición queda Balcázar? Por lo pronto, en el Congreso ya se escuchan voces de censura.

Debe quedar claro que todo esto no obedece a un presidente distraído o poco prolijo. Aquí hay indicios de sobra para pensar que razones ideológicas habrían pesado más que las de Estado y las del cumplimiento de las normas y decisiones, en las que él mismo participó. Estamos en el país de la crisis sin fin.

Recién al noveno día del irreparable desastre que ocasionó, Piero Corvetto renunció a la ONPE. Se demoró tanto que debe ser hoy el personaje más odiado del país. Su renuncia no es legal y ha generado opiniones encontradas. Corvetto –en camino a una eventual detención preliminar– debe tomar precauciones para él y su familia porque hay mucho desquiciado que podría intentar atacarlo o algo peor.

Por su lado, López Aliaga convocó a una concurrida marcha el domingo pasado. Aconsejado por sus asesores para que no amenace nuevamente al presidente del JNE con sodomizarlo si no le hacía caso, dijo que si el 3 de mayo no se había convocado a elecciones complementarias “no garantizaba nada…”. Dado el perfil del personaje, ¿qué cree usted que pasaba por su mente: reprenderlo, agredirlo o mandarlo al más allá?

Entretanto, una encuesta postelectoral de Ipsos da cuenta de que el 45% considera que ha habido fraude en las elecciones; que la aprobación del (ex)jefe de la ONPE era de apenas 9% y, de paso, que la del presidente del JNE –que, hasta donde se conoce, no ha hecho nada malo– es solo del 16%.

¿Podemos continuar como si nada pasara con las elecciones tal cual? ¿Sería gobernable el Perú en los próximos años?

Creo que la respuesta es no y que el camino menos malo es apelar a la Constitución (artículo 31: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”). De hecho, ya se aplicó –y con aplauso general– para la votación del lunes 13.

He escuchado a varios especialistas señalar que implementar “elecciones complementarias” es tremendamente complicado. Habría que revisar uno a uno los padrones para ver quién votó y quién no, o elaborar uno nuevo, con el tiempo adicional que ello exigiría. Por eso, sería mucho más viable –usando el mismo padrón– realizar nuevas elecciones en Lima Metropolitana. Habría opiniones encontradas y quizás podría retrasarse la entrega del mando algunas semanas, pero así estamos.

Roberto Sánchez haría un berrinche, pero con un insignificante 2,79% de los votos válidos no tiene nada que perder. En cambio, parte de los votantes de Keiko Fujimori podrían abandonarla tácticamente –sabiendo que ya está en segunda vuelta– y votar por López Aliaga para sacar de juego a Sánchez.

Por si el país no tuviese ya suficientes problemas urgentes que resolver, se superpone la “crisis Balcázar” por la compra de los F-16, que ya provocó la renuncia del ministro de Defensa e incluso la del canciller, quien hasta entonces se había aferrado al cargo, avalando con su presencia las barbaridades de Jerí y luego las de Balcázar.

La complicación es mucho más grave, porque no se sabe si Balcázar –que ya había firmado un decreto supremo aprobando la compra– mintió, cambió de opinión o simplemente se olvidó.

Con cualquiera de esas opciones, pierde la poquísima legitimidad que tenía –si es que tenía alguna– y pone a no pocos buitres del Congreso a pelearse por alimentarse del cadáver político en que se ha convertido.

¿Habrá un quinto presidente en el quinquenio por responsabilidad de Pedro Castillo y su golpismo? ¿Habrá un noveno presidente en la década por responsabilidad de Keiko Fujimori y su venganza contra PPK?

¿Tendrá algún impacto lo que ocurra sobre la crisis electoral?

Pero si la desnaturalización es el problema, creemos que hay una solución más simple; o, mejor dicho, dos, que van en sentido contrario. En el caso de los aranceles, se puede elevar el límite “al infinito”, como dicen los economistas, que es lo mismo que reducir los aranceles a cero, como hemos propuesto repetidamente en esta columna. En el caso del IGV, siguiendo el principio de neutralidad tributaria, lo que debería reducirse a cero es la exención.

Reducir a cero la exención significa que todas las importaciones, independientemente de su monto, paguen IGV. El sistema tributario no debería hacer diferencias basadas en el origen del producto. Puede parecer impráctico cobrar montos menores de IGV antes de retirar los productos de la aduana, pero hoy en día se puede pagar en línea apenas llega la mercadería, ya sea directamente en la plataforma de la Sunat o en la del “courier”.

El caso de los aranceles es exactamente opuesto. Los aranceles son, en sí mismos, un tributo diferenciado por origen; un tributo que, en nuestra opinión, debería desaparecer, no solamente para las importaciones menores de US$200, sino también para las mayores, ya sea que vengan en sobre o en contenedor.

La reducción de aranceles es buena para el país porque aumenta la competencia en el mercado interno y obliga a los productores nacionales a ser más eficientes. El aumento de las importaciones, además, incrementa la demanda de dólares, lo cual sube el tipo de cambio y hace más competitivas las exportaciones. La reducción sustancial del arancel implícito –un promedio ponderado de las tasas aplicables a los distintos productos importados– entre los años 2000 y 2010 ayudó a que se duplicara el valor real de nuestras exportaciones.

Los ingresos fiscales que se perderían no son muchos: apenas S/1.700 millones o 0,14% del PBI el año pasado, parte de lo cual retornaría al fisco con otro nombre porque aumentarían las utilidades de los importadores. Lo que se ganaría en eficiencia es mucho más.

Así como las fuerzas políticas en el Ejecutivo y el Legislativo no han podido –ni querido– combatir la minería ilegal, mejorar la calidad de la educación universitaria o implementar la reforma del servicio civil, tampoco han buscado realmente resolver los problemas de nuestro sistema electoral y político que han terminado gestando este desastre.

Las elecciones eran una de las pocas cosas que aún hacíamos más o menos bien. Pero el cáncer de la incapacidad y la corrupción en el aparato estatal ya ha hecho metástasis.

Cuando tenemos al jefe de la División de Bandas Criminales de la Policía implicado en robos, al candidato que defienden nuestras supuestas élites ilustradas hablando vulgaridades en un mitin público, cuando políticos y funcionarios proponen salidas a la crisis que violan la Constitución y nuestro marco legal, cuando el presidente es casi un elemento decorativo e igual se las ingenia para crear incendios, no nos debería sorprender demasiado que un proceso logísticamente complejo como las elecciones esté plagado de negligencias y torpezas que reducen aún más la confianza en nuestras instituciones y autoridades. Sin dejar de lado las responsabilidades individuales, que deben investigarse y sancionarse con severidad, esta debacle era casi esperable.

Y esta pesadilla recién comienza. Nos embarcamos hacia una segunda vuelta que, tal vez, no sea la que deseamos pero es la que nuestras fuerzas políticas diseñaron a través de las reformas de los últimos años. A nadie más que a unos cuantos aspirantes a la presidencia les podría haber parecido una buena idea que tengamos elecciones con más de 30 candidatos y que solo dos pasaran a la segunda vuelta. De todas maneras íbamos a tener un escenario en el que una buena parte del país sintiera que su voz no se escucha y, esta vez, le tocó a los limeños lidiar con esa sensación que muchos compatriotas vienen soportando hace décadas.

¿Qué queda ahora? Necesitamos respirar hondo. El país está viviendo un ataque de pánico y lo que es difícil en estas circunstancias es pensar con claridad. Pero ningún problema se ha solucionado con salidas diseñadas en caliente. Exijamos que las decisiones que se tomen no golpeen aún más esa ya muy debilitada institucionalidad y, pasada la tormenta, busquemos que las futuras reformas nos saquen de este hoyo, en lugar de seguir hundiéndonos más.

Pero recordemos brevemente la situación de la estatal. Antes de que acabe el 2025, el entonces gobierno de José Jerí emitió un decreto de urgencia que planteaba una serie de medidas para evitar que Petro-Perú siguiera dilapidando los recursos de los contribuyentes, entre las que se encontraba la reorganización patrimonial de la firma (encargada a Pro Inversión). En paralelo, la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, había descartado nuevos rescates, un anuncio que muchos saludamos, pues no olvidemos que, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 el Estado Peruano le ha prestado apoyo a la petrolera por más de S/24 mil millones. Un dinero que bien pudo haberse destinado a cerrar brechas en salud o educación, por mencionar dos ejemplos.

Pues bien, no hemos llegado a mayo y ambos compromisos –la reorganización de Petro-Perú y la negativa a darle nuevos rescates– hacen agua. Un reportaje publicado ayer en este Diario reveló que la gerencia general de la estatal ha realizado sospechosas movidas en tres gerencias que venían trabajando con Pro Inversión en el marco de la reorganización: las de recursos humanos, administración y legal. Según fuentes internas, sus funcionarios fueron enviados de “vacaciones forzadas” y, en su lugar, esas áreas pasaron a ser lideradas por empleados que formarían parte del círculo de confianza de Óscar Vera, el exgerente de Petro-Perú recordado por sus esfuerzos para mantener el statu quo. Y se estaría buscando despedir a dos importantes funcionarias que, contra viento y marea, han buscado empujar la reforma de la empresa.

Esto, mientras el gobierno de Balcázar prepara, según ha trascendido, un nuevo rescate financiero por unos US$2.500 millones al que, seguramente, tratarán de darle otra nomenclatura para evitar la indignación ciudadana. Como ha venido ocurriendo, además, este salvavidas se dará sin mayores compromisos de cambiar las cosas, lo que significa que el gobierno volverá a tirar al agua dinero de todos los contribuyentes.

Todo lo anterior sugiere que estamos a punto de ver, nuevamente, cómo los pequeños esfuerzos para evitar que Petro-Perú siga siendo una máquina de despilfarro fracasan. Se podrá engañar a la ciudadanía con anuncios inexactos y promesas vacías, pero la verdad es que, mientras no haya un compromiso político firme para hacer frente a las cofradías que se han encostrado en la petrolera, nada cambiará. Y el gobierno de Balcázar no lo tiene.

Cuando esa percepción se enturbia, el daño trasciende lo electoral y alcanza la credibilidad de todo el sistema. A ello se suma la preocupación por hechos logísticos que también impactaron el derecho al voto: la demora en la instalación de cientos de mesas, especialmente en Lima, y la consecuente imposibilidad de miles de ciudadanos de ejercer su derecho al voto. Este tipo de fallas no son menores. Cada ciudadano que no pudo votar representa una fractura en el principio de participación universal que sostiene la democracia.

Frente a este escenario, surgen dos interpretaciones que, aunque distintas, conducen al mismo problema de fondo. Por un lado, la hipótesis de la ineficiencia: una gestión deficiente, incapaz de prever contingencias tecnológicas y operativas en un proceso de tal magnitud. Por otro, una lectura más crítica y suspicaz: la posibilidad de que exista una planificación deliberada orientada a generar retrasos y confusión, operando cuidadosamente dentro de los márgenes formales de la legalidad para evitar sanciones legales, administrativas o penales directas, pero afectando sustancialmente la transparencia y resultados del proceso mismo. Ambas posibilidades –ineficacia o intencionalidad– son muy graves.

La primera evidencia debilidad institucional; la segunda, una potencial manipulación sofisticada y delictiva del sistema. En cualquiera de los casos, la respuesta no puede ser la indiferencia ni la tolerancia pasiva. Se requiere una investigación y acción inmediata, rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer responsabilidades, corregir errores y, sobre todo, restablecer la confianza ciudadana, y allí juega un papel fundamental el Jurado Nacional de Elecciones como ente encargado de la fiscalización y resolución de controversia del proceso electoral. Finalmente, esta situación nos recuerda que la democracia no se agota en el acto de votar. Requiere instituciones sólidas, procesos confiables y una vigilancia activa de la ciudadanía. La confianza es un bien frágil: se construye lentamente, pero puede perderse con rapidez.

En primer término, ha fallado el Estado. En efecto, la reciente jornada electoral confirma esta percepción, sobre todo porque resulta evidente que se trata de un momento en que el Estado tiene el monopolio de la acción.

El saldo es lamentable: la convaleciente democracia peruana ha sufrido una recaída, propinada por las fallas logísticas de la ONPE y el desdén y la displicencia con que sus líderes enfrentaron la crisis. Completa este diagnóstico el comportamiento errático del JNE: ¿dónde estaban los fiscalizadores la tarde del viernes para alertar de las tardanzas en la llegada del material de votación?

No faltan las teorías conspirativas que ven en estos errores garrafales una voluntad por torcer la voluntad popular. Sin embargo, tales interpretaciones carecen de evidencia seria. Se trata, más bien, de funcionarios del Estado que actuaron, ante la emergencia, con negligencia, insensibilidad e irresponsabilidad.

El otro lado de la moneda es la laxitud que han exhibido muchos actores políticos en relación con la ley. Las expectativas, por ejemplo, en torno a la anulación de las elecciones van en esa dirección. No obstante, deberían dejar en claro que son solo eso: deseos. No hay un solo correlato con el marco jurídico establecido que justifique tal decisión o, inclusive, la realización de comicios complementarios.

Bien lo resumía la mañana del martes Fernando Rodríguez Patrón en una entrevista con Fernando Carvallo y Mávila Huertas: “Quienes sustentan o alientan una nulidad parcial o total simplemente están expresando un deseo” (RPP, 21/4/2026).

Por ello, preocupan los rumores que circulan al cierre de esta columna: la anulación, de oficio, por el pleno del JNE, de las elecciones en Lima Metropolitana. La eventual concreción de un ‘legicidio’ de esta naturaleza no solo abre una caja de Pandora, sino que sienta un nefasto precedente para procesos electorales por venir. En ese sentido, no le falta razón a Enrique Castillo cuando afirma que “el remedio puede ser peor que la enfermedad” (El Comercio, 19/4/2026).

A lo dicho previamente, se suma la activación de atávicos males que, de un tiempo a esta parte, caracterizan a los balotajes peruanos y que suelen responder a componentes sociales antes que políticos: el racismo, la estigmatización, la intolerancia y, recientemente, la necedad de creer que pueden coexistir varias verdades frente a hechos únicos.

Se suele afirmar que a una persona se le conoce cuando obtiene poder; de igual manera, a una democracia, por la forma en que maneja sus comicios. Hoy el Perú está enfermo.

Así como se negaba la forma esférica de la Tierra o la relación del tabaco con el cáncer, en el plano de los asuntos ambientales y del clima tales posiciones negacionistas han venido germinando en no pocos países occidentales de altos ingresos. Sin embargo, a diferencia de hace 15 o veinte años, las mencionadas corrientes han sabido sofisticarse y matizarse, sea aceptando que las temperaturas promedio del planeta se han incrementado, sea esperanzándose en que las futuras tecnologías reducirán las emisiones de dióxido de carbono, bajo el imperativo de negar la responsabilidad humana.

Sabedores de que blandir posiciones duras y estridentes resta credibilidad, estos cultores del escepticismo han suavizado su discurso y se muestran menos confrontacionales, pero sobre todo ya no hablan tanto de negar el cambio climático cuanto de postergar la urgencia de acciones necesarias para enfrentarlo: desacreditan la transición energética, cuestionan las energías renovables o retardan las medidas climáticas que, a su entender, perjudican el crecimiento económico. No obstante, los decisores políticos que se respaldan en esta narrativa no han tenido reparos en abandonar acuerdos climáticos globales, desmantelar instituciones públicas ambientalmente especializadas o relajar la legislación respectiva. Ya es un clásico negacionista frases como aquella que afirmaba que el calentamiento global es un cuento inventado por los chinos.

¿Hay negacionismo climático en el Perú? En un país que alberga una gran diversidad biológica y ecosistémica, con glaciares y nevados en dramática evaporación, cuyo territorio es altamente vulnerable a fenómenos hidroclimáticos, resulta difícil sostener y enarbolar públicamente convicciones antiambientalistas. Por ejemplo, a medida que el fenómeno de El Niño y sus variantes como El Niño costero se hacen más frecuentes –y, quién sabe, más intensos– no sería muy popular ni responsable promover discursos de ese tipo en medio de los desastres que aquellos desencadenan.

Cualquier forma de negacionismo por acá se haría más complicado por cuanto el país también alberga a grupos poblacionales que han desarrollado una relación histórica y ecológicamente robusta con sus espacios ecosistémicos.

Una revisión de los planes de gobierno de las agrupaciones políticas que compitieron en las recientes elecciones señala que los temas ambientales y climáticos sí son tomados en cuenta. Experiencias anteriores demuestran, sin embargo, que una vez en el poder dichos lineamientos quedan de lado y no asoman en el desempeño gubernamental. Los vaivenes políticos, las urgencias sociales o las coyunturas económicas indisponen a los gobiernos en adoptar iniciativas sagaces y efectivas, por más comprometidos que estén con la ciencia del clima. Solo reaccionan cuando un fenómeno natural golpea al país. Al final, pareciera que sus coordenadas ideológicas hubieran estado impregnadas de negacionismo climático.

Ni el alarmismo ni la negación ayudan si se trata de enfrentar las crisis climáticas e hídricas de forma responsable. Tampoco el cortoplacismo. Menos pensar que todo esto es solamente tema de ecologistas.

En los debates presidenciales, una propuesta para enfrentar la corrupción fue una mayor coordinación entre la fiscalía, Poder Judicial, policía y contraloría. En un mundo ideal es lo que debería suceder. Pero los procesos fiscales y judiciales son interminables y, en muchos casos, las instituciones han sido tomadas por grupos políticos y usadas para su beneficio: nuestra justicia ha dejado de ser ciega. La pregunta es: ¿la corrupción solo surge de individuos inescrupulosos que entran a la política buscando sus propios beneficios o hay algo en nuestra normativa que induce a la corrupción? Las investigaciones fiscales muestran que el Estado se ha convertido en un botín, pero también hay casos en los que la propia normativa invita a la corrupción.

Desde finales del 2018 se hicieron cambios en nuestra legislación que podríamos decir que facilitaban la corrupción. Uno fue flexibilizar los requisitos para los contratistas del Estado que, en una medida populista para beneficiar a municipios y regiones, permitieron la entrada de empresas cada vez más pequeñas y sin capacidades técnicas probadas. Esto contrasta con la legislación del 2017, que permitía las obras replicables como forma de atraer empresas profesionalizadas: con un solo expediente técnico se podían hacer muchas obras parecidas de agua y saneamiento o puentes, entre otras.

Otro ejemplo ha sido la desnaturalización del Invierte.pe, el sistema de programación de la inversión pública. En la normativa del 2017 se permitió a municipalidades y regiones programar inversiones con una ficha técnica para permitirles hacer pequeñas obras hasta por S/20 millones y las mayores debían realizarse con un análisis costo-beneficio muy detallado, como el antiguo SNIP. En los decretos legislativos de setiembre del 2018 se permitió hacer obras con ficha técnica hasta por US$500 millones, relajando el control de la obra pública e invitando al abuso.

Algo parecido sucedió con el sistema de asociaciones público-privadas (APP) en el mismo período. En la reforma del 2017 se empoderó a Pro Inversión, institución muy sofisticada técnicamente, para elegir obras que podían ejecutarse como APP; es decir, donde el Estado podía trasladar parte del riesgo y financiamiento a un privado. En los decretos del 2018 se empoderó a los concedentes –ministerios y gobiernos subregionales– para que decidieran, sin grandes capacidades técnicas pero con interés político, qué obras podían ejecutarse como APP. Mas aún, en el 2017, para evitar la excesiva discrecionalidad de los políticos, se planteó cambiar el directorio de Pro Inversión: que pasara de seis ministros a tres ministros y tres independientes (en ambos casos presidido por el titular del MEF), limitando así la influencia política. Lamentablemente, esto se cambió en el 2018.

Pero el mayor aliado de la corrupción es la exagerada tramitología creada en los últimos años. Un proyecto minero tiene que pasar por miles de trámites y toma cerca de diez años en ser aprobado. El tema no son los controles que todo proyecto minero debe cumplir, sino el exceso y demora de los trámites, cuando nuestros competidores como Chile o Canadá logran aprobar proyectos similares en menores plazos. Tampoco hemos logrado usar técnicas modernas como el ‘blockchain’ o la digitalización para asegurar la transparencia y simplificación de procesos.

Donde la tramitología invita a la corrupción es en las aprobaciones que deben realizar los municipios, muchas veces desprovistos de las capacidades técnicas para evaluar los proyectos que se les presentan, o la metodología de aprobación que unifique los procesos entre las distintas municipalidades. No se trata de inventar procesos, sino de usar las tecnologías existentes y las mejores prácticas para evitar la corrupción de funcionarios.

Muchos candidatos han puesto la simplificación administrativa como compromiso de sus planes de gobierno y ojalá podamos avanzar. Pero hay que ser cuidadosos en la normativa que se aprueba. Sin embargo, y como lo he dicho antes, el verdadero control está en lograr la verdadera profesionalización y un sistema meritocrático de nuestro servicio civil. Solo el BCR lo ha logrado y los beneficios son visibles. El reto es extender estos beneficios al resto del sector público.

Lo que vimos ese día tuvo tanto de tragicómico: mesas que no se instalaban, impresoras que no imprimían, coordinaciones que llegaban tarde o nunca. Y en medio de todo, la tecnología, esa invitada estrella que prometía orden y terminó aportando suspenso. Porque hay una idea sugestiva en el sector público que se acepta sin mayor análisis: que la tecnología hace magia. Que basta con digitalizar para modernizar. Como si los problemas de gestión, planificación y coordinación desaparecieran apenas se enciende una pantalla de PC.

Esta vez, la apuesta de la ONPE por la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) validó la promesa autocumplida: no funcionó, y complicó en lugar de simplificar.

Y es curioso porque no estábamos lanzando un satélite. Era, más bien, algo bastante terrenal: instalar computadoras, configurar impresoras, asegurarse de que todo funcione. Nada épico. Pero claro, hacerlo con anticipación, orden y pruebas ya implica un nivel de disciplina que, al parecer, no estuvo en el mapa de la ONPE.

Aquí es donde la comedia se vuelve incómoda. Porque el problema no fue la tecnología, sino esa fe casi religiosa en que esta iba a compensar todas las falencias que previamente no se habían identificado. No hubo pruebas suficientes, la capacitación fue limitada y los planes de contingencia brillaron por su ausencia. Es decir, salimos a escena con escenografía nueva, pero sin realizar el ensayo general indispensable.

Por eso, cuando la organización internacional Transparencia Electoral sugiere suspender el uso del STAE para la segunda vuelta no está siendo alarmista. Está siendo práctica. Porque usar herramientas tecnológicas sin tareas claras que ejecutar, pero, sobre todo, que supervisar, no es más que decoración tecnológica. Es pertinente, por eso, explicar una vez más que la alfabetización digital es un asunto mandatorio del que tenemos que ocuparnos de una vez.

Porque si bien es cierto que la digitalización facilita mejores servicios ciudadanos, estos no se llegan a entregar si quien los define no los respalda con habilidades digitales de las personas involucradas. Es más, la Unesco ha propuesto recientemente que es necesario reforzar la alfabetización mediática –que propone ir bastante más allá del acceso a la información sobre la tecnología, si es que esta no es confiable, comprensible y útil–, en la construcción de la llamada ciudadanía digital.

La tecnología no hace magia. Hace exactamente lo que puede hacer dentro de las condiciones que le damos. Si hay orden, ayuda. Si no, amplifica el desorden con una eficiencia admirable. Y eso fue, en esencia, lo que vimos en la comedia electoral de la primera vuelta.

De cara a la segunda vuelta quizá convenga ajustar expectativas. Aquí, tres ideas simples a considerar. La primera, probar las herramientas digitales antes de estrenarlas. Con más razón si se pretende implementarlas en actos estelares para la democracia como eran las elecciones del 12 de abril. Segunda, simplificar. En momentos críticos, menos es más; y, salvo que no estemos seguros de que todos los involucrados –o la mayoría de ellos– conocen bien las herramientas, es mejor ir por la solución menos sofisticada. Y tercera, entrenar a las personas, porque ningún sistema opera solo por más “inteligente” que diga ser.

Para cerrar, una invocación poco tecnológica a todos nosotros, los ciudadanos: paciencia. Nos queda aún una segunda vuelta que debemos encarar con la misma ilusión que se expresó en las muchas personas que volvían una y otra vez a sus mesas sin instalar. Pero también con ponderación, si no es mucho pedir.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Descubrimiento en Caral

Investigadores de la zona arqueológica Caral hallaron una compleja estructura ligada a la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, antigua ciudad pesquera de la civilización Caral ubicada en Supe Puerto (Barranca). El descubrimiento evidencia la existencia de un espacio con el fin mencionado y su nexo con el entorno natural. Los investigadores, dirigidos por Ruth Shady, sugieren que los antiguos pobladores observaron el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios climáticos. Que hallazgos así continúen.

🟢 Homenaje a Julio Velarde

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recibió un merecido homenaje de la Embajada del Perú en Estados Unidos por los 20 años que lleva al frente de la institución. El embajador peruano en Washington D.C., Alfredo Ferrero, presidió el evento, que reunió a altos representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Ferrero destacó la trayectoria de Velarde y su papel en la consolidación de la estabilidad macroeconómica del Perú.

🔴 Proyecto de Kira Alcarraz sobre multas de tránsito

El proyecto de ley de la cuestionada congresista Kira Alcarraz (no agrupada), para que las multas a los infractores de tránsito se calculen sobre la base del sueldo mínimo y ya no sobre la base de la unidad impositiva tributaria (UIT), parece más hecho a la medida de la informalidad que de la seguridad vial. En un país con tasas muy altas de siniestralidad, reducir el castigo económico envía un mensaje de impunidad a los conductores (sobre todo los informales), que ya normalizaron el incumplimiento.

El contexto, como es sabido, es el de la marcha atrás en la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, con el argumento de que debería ser la administración que se instale el próximo 28 de julio la que decida si se procede o no con la adquisición. En entrevistas concedidas a la prensa, Balcázar especuló además sobre la conveniencia de renegociar los acuerdos de compra y, en contra de lo que diversos trascendidos sostenían, negó que hubiera problemas en el interior del Gabinete por este tema. “Los ministros son asesores del presidente y si el presidente toma la decisión, los ministros tienen que respaldarlo”, aseveró con suficiencia.

Lo ocurrido ayer, sin embargo, lo ha dejado en una posición muy incómoda frente a la opinión pública. El ahora excanciller declaró que Balcázar le había mentido al país. “Este contrato [de compra de aviones] se firmó el lunes y después de eso ha estado, incluso anoche, diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, afirmó en RPP.

Balcázar intentó aclarar las cosas en un mensaje a la nación en el que prácticamente no dijo nada. La PCM trató de hacer lo propio con un enredado pronunciamiento. De forma insólita, fue el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien anunció que ayer se estaría efectuando el pago comprometido para la adquisición de los aviones, hecho que finalmente se concretó en el transcurso del día.

Si el proceso ya contaba con el visto bueno de todas las instancias correspondientes, cumplía los requisitos técnicos y existía un acuerdo previo, solo quedaba firmar el contrato y honrar el compromiso. Haber intentado postergarlo ha puesto en duda la credibilidad del Estado Peruano. En momentos en que más se requiere calma, la actitud de Balcázar ha provocado que algunas fuerzas políticas y voces en redes sociales empiecen a anunciar mociones de censura que podrían derivar en una vacancia presidencial, lo que ahondaría la crisis en el país.

Mendacidad y soberbia han sido los ingredientes aportados por Balcázar a esta nueva crisis, que está haciendo volver los ojos, una vez más, hacia quienes lo pusieron en Palacio.