No se equivoque. Las cosas esta vez son lo que parecen. Si, como las cifras validadas hasta ahora sugieren, Pedro Castillo termina llegando al poder, lo que nos espera a los peruanos no es una administración socialdemócrata o sesgadita hacia la izquierda, sino el intento de implantar en el país un régimen a la venezolana. Si un cierto pudor lo previene a usted de llamarlo comunista, vaya con la denominación que prefiera: socialista, popular, revolucionario... Lo importante será observar cómo camina, cómo aletea y cómo grazna. Si lo hace como pato, no cabrá duda de que es pato. Y si lo hace como el ave rapaz que nos tememos, quedará confirmado que es el pajarraco que veíamos venir volando desde el inicio de la campaña.

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A los que alimentan ilusiones consoladoras sobre la base de las proclamas firmadas por el candidato de Perú Libre en la segunda vuelta o las ofertas de Pedro Francke de que se respetará la autonomía del BCR y no habrá estatizaciones ni prohibición de importaciones, Vladimir Cerrón acaba de lanzarles dos baldazos de agua fría. El primero, la anulación de su sentencia por negociación incompatible conseguida misteriosamente el miércoles en Huancavelica. Y el segundo, el mensaje que divulgó el viernes a través de las redes sociales. “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre ha ganado las elecciones”, escribió el mandamás de ese partido en su cuenta de Twitter. Y de pronto Francke, el doctor Hernando Cevallos y los otros miembros del “equipo técnico” que merodea los locales en donde Castillo se anda probando réplicas de la banda embrujada comenzaron a lucir como unos ‘okupas’ a punto de ser desalojados.

–Palabras del maestro–

Pero no hace falta en realidad buscar los signos de la tormenta que se avecina sobre la institucionalidad y la economía del país en los gestos o expresiones del tutor del candidato. El propio Castillo ha sido bastante elocuente al respecto en sus discursos en la plaza pública, como la siguiente antología demuestra.

MIRA: Pedro Castillo: los que se van acercando al candidato de Perú Libre

Frases como: “Vamos a desactivar en el acto el Tribunal Constitucional y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular” (14/03/21), “Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo” (19/03/21) o “Si [el Congreso] no está de acuerdo [con una Asamblea Constituyente], tenemos que asumir las facultades presidenciales […]. Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo” (8/04/21), grafican nítidamente sus planes en lo que concierne al orden constitucional.

Y sentencias como: “Que el gas de Camisea sea para los peruanos, hay que nacionalizarlo” (13/04/21), “No más AFP en el Perú, que explotan al pueblo” (18/04/21) o “No habrá importación de lo que el pueblo produce” (1/05/21), dejan poco margen de duda acerca de la impronta económica que quisiera imprimirle a su gobierno.

Por supuesto que los mozos de estoques que el candidato se agenció a lo largo de la segunda vuelta se han afanado por borronear el sentido unívoco de esos enunciados con capotazos del tipo “el maestro no supo explicarse” o “sus palabras han sido sacadas de contexto”. Pero la verdad es que un maestro que no sabe explicarse sería un hombre con una profunda confusión vocacional y que no hay contexto que pueda convertir esos dictámenes en algo distinto de lo que son. La pretensión de que nos encontramos aquí ante el equivalente político de las cuartetas de Nostradamus y que por lo tanto hace falta un colegio de intérpretes para atrapar su exacto significado no ha sido sino el laborioso esfuerzo de los apañadores de Castillo por disfrazar lo evidente.

El pronóstico de lo que la eventual llegada del candidato del sombrero a Palacio supondría es, en consecuencia, tan claro como malo. Y lo peor que podríamos hacer quienes no estaríamos conformes con un destino como el que sus palabras anuncian sería quedarnos cruzados de brazos a esperar que nos caiga la quincha.

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Nadie habla de desconocer resultados o cosa por el estilo, pero sí de impedir el avasallamiento de las salvaguardias constitucionales que evitarían la consumación del proyecto totalitario en marcha: la imposición de una Asamblea Constituyente que reemplace al Congreso elegido el 11 de abril (en el que Perú Libre está lejos de tener la mayoría) y liquide las limitaciones para el ejercicio arbitrario del poder que la actual Carta Magna contiene.

–Combatir y resistir–

Como se sabe, de acuerdo con ese texto constitucional, el presidente de la República no puede convocar a referéndum alguno, y menos para implantar una figura que nuestro ordenamiento legal no contempla. Pero Castillo ha dicho que él será respetuoso de esta Constitución “hasta que el pueblo lo decida”. Una decisión que, al parecer, él habrá de conocer en el momento en que se produzca por intuición revolucionaria.

La estrategia para forzar lo que la ley no consiente sería, al parecer, la misma que hemos observado recientemente en Chile o Colombia: la de la violencia de las turbas. Con el agravante de que aquí un potencial Ministerio del Interior cómplice las dejaría actuar a sus anchas. Un escenario pavoroso, pero ante el que no deberíamos rendirnos, sino más bien hacer aquello que el enemigo describe con la consigna “combatir y resistir”. Con apego a la legalidad, desde luego, pero también con agallas.

No se equivoque, insistimos. Las cosas esta vez son lo que parecen.

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A doscientos años de la Independencia, la nación se encuentra dividida en dos. Ninguno de los lados se entiende, no se conocen ni consiguen encontrarse el uno con el otro. Separados por múltiples factores, la consecuencia es una aguda desconfianza.

Es entonces imprescindible que cese ese absurdo antagonismo, esa forma de agrietar la nación en la que, sin mucha reflexión, se han volcado los extremos políticos.

Se sabe que tenemos un estado disfuncional. Falla en seguridad, educación, salubridad, alcance territorial, entre otras muchas cosas. También está claro que durante estos treinta años de crecimiento se han concentrado los beneficios en unos cuantos, lo que, al no alcanzar al grueso de los ciudadanos, es una constante fuente de reclamos. Además, la pandemia se encargó de mostrar el verdadero rostro del crecimiento sin bienestar, del profundo deterioro de la economía en amplios sectores de la población.

Se ha llegado al punto en el que el político antisistema, sin capacidad de gestión pública, con evidente ausencia de un equipo para gobernar, con ideas entreveradas e impracticables, sea el que tenga mayor posibilidad de llegar a la presidencia. Este resultado logró que se intensifique la polarización.

Se han dado las peores de las reacciones. En vez de proceder a una reflexión seria para entender la raíz del problema, se buscó la más aguda confrontación. Sucede que la reacción emotiva es enemiga de la reflexión, lo que podría estar conduciendo a un punto sin retorno.

En un artículo anterior se puntualizó que nos compete a nosotros, la sociedad civil, jugar un rol central de ahora y en adelante frente a los poderes del Estado y a su conducción.

Pero no es suficiente. En 1972, luego de un período de ostracismo, Deng Xiaoping reiteró una de sus tesis en la famosa frase “no importa de qué color sea el gato, mientras cace ratones”. Aquí, en nuestro Perú, se ha llegado a un punto en el que ser de derecha o de izquierda importa muy poco. Es poco relevante porque no aporta en el camino a los cambios que se requieren con urgencia e inmediatez.

Ante ello, se requiere tender puentes. Primero, en la sociedad civil, como sujetos activos de nuestro destino. Segundo, con el Estado, para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar compartido, para superar esa diaria pobreza que se reproduce en la informalidad. No puede ser que el Perú sea un país rico en recursos con ciudadanos pobres y marginados.

¿Pero quién dará el primer paso con un aparato estatal disfuncional y que mantiene una desconfianza consuetudinaria por sus ciudadanos y viceversa?

A 200 años de iniciada la república, esta sigue siendo un intento, una vocación inacabada, en la cual la igualdad, la libertad, la inclusión ciudadana y, sobre todo, el bienestar para todos, sigue siendo un grave pendiente. Los puentes en la sociedad civil (ciudadanía) y de esta con el Estado requieren de un alto grado de reflexión para ir al encuentro de los puntos básicos. De esta manera, se podrá enfrentar la crítica situación actual, enrumbando a un cambio con bienestar. Ese debería ser el compromiso ciudadano por adoptar. Esa debería ser nuestra contribución para el bicentenario.

H.L.M.

La coyuntura electoral mantiene al país en vilo y partido en dos. Los simpatizantes de Pedro Castillo (Perú Libre) están convencidos de que se les quiere robar una elección que dan por ganada, mientras que los que apoyan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) creen firmemente que la desventaja de su candidata en el conteo de la ONPE es consecuencia de acciones tramposas del contrincante. Mientras tanto, las actas cuestionadas están en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que necesitará tiempo para decidir sobre cada una de ellas. En suma, un escenario de crispación absoluta en la que los pasos en falso de personas o instituciones con influencia pueden complicar las cosas, justamente lo que ha venido ocurriendo.

Lo último han sido las idas y venidas del JNE con respecto al plazo para presentar recursos de nulidad. Ayer, tras acordar por unanimidad prorrogar la fecha que venció el miércoles, decidió recular (por tres votos contra uno), luego de que múltiples ciudadanos (y los representantes de Perú Libre) cuestionasen la decisión. Una actitud errática, que perjudica su solvencia institucional justo cuando más la necesita, y que genera dudas legítimas en los electores.

Otra muestra de impertinencia fue la llamada del presidente Francisco Sagasti a Mario Vargas Llosa. Aunque difícilmente se puede asegurar que esta acción violó la neutralidad que debe reservar el jefe del Estado, comunicarse con los dos bandos envueltos en el balotaje con el objetivo “de bajar la tensión” puede generar más problemas que soluciones. Una acción que, al generar sospechas, puso en riesgo la investidura de quien las lleva a cabo, de forma gratuita y torpe.

Las consecuencias de estas acciones se vieron de inmediato, cuando se supo de la comunicación del mandatario con el Nobel: más de un líder de opinión y político empezó a sugerir que se censure a Sagasti. Posiciones destempladas y apresuradas que ni siquiera esperaron los descargos del Gobierno y que se quedaron con una versión de los hechos que obviaba los detalles que los protagonistas luego ofrecieron, aclarando que no se buscó forzar a la candidata Fujimori a aceptar una derrota sin que el JNE se haya expresado.

Echar leña al fuego en una coyuntura como esta, abogando –sin verdadero asidero legal– por la remoción del actual gobierno, es una irresponsabilidad casi antipatriótica y hace evidente que se tiene que insistir en exigir calma. Especialmente a aquellos con el poder para influenciar reacciones en algunos ciudadanos.

Los partidos políticos en competencia también tienen que ser prudentes. Que personas como Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ventile las claras desavenencias al interior de la coalición formada en la segunda vuelta (“algunos invitados no son conscientes de su espacio”, ha dicho), poco ayuda para aliviar a una porción importante del país que valora la moderación por la que algunos voceros de la campaña de Pedro Castillo están apostando. La posición de Cerrón, más bien, sugiere que un potencial gobierno del lápiz estará cargado de desencuentros y, por ende, de inestabilidad.

En este recuento de imprudencias también hay que mencionar a todos los ciudadanos que vienen señalando los hogares de directores de medios o funcionarios públicos como escenarios de protesta. Eso es inaceptable. Son actos de matonería que poco tienen que ver con el ejercicio del derecho a la protesta. Solo hacen más violenta una atmósfera que ya está bastante cargada.

Así las cosas, queda exigir, por enésima vez, que la calma y la prudencia primen sobre todo. A poco más de un mes del cambio de mando, y con los organismos electorales todavía haciendo su trabajo, solo queda esperar y aceptar, como demanda el civismo, los designios del sistema democrático, los mismos que se nutren de la transparencia del proceso, que el JNE haría bien en transmitir en vivo en su totalidad. Todo lo demás resta más que sumar y hará difícil una transferencia pacífica del poder. Que el bicentenario no nos coja con el país en llamas.

Poco después de que surgiera el nuevo coronavirus, se secuenció su genoma y se desarrollaron vacunas. Sí, a una velocidad increíble. Todas estas son tareas hercúleas que merecen elogios. Pero el logro de Estados Unidos se detiene ahí. La estrategia inicial de la vacuna fue reactiva y táctica, no decisiva y estratégica. Si bien priorizó la introducción de vacunas seguras y efectivas en los cuerpos lo más rápido posible, no consideró cómo prevenir variantes u oleadas posteriores del virus.

Todos los coronavirus producen variantes. De hecho, surgieron variantes del SARS-CoV-2 cuando el virus se propagó desde Wuhan, China, por todo el planeta. Sin embargo, el siguiente peligro es la evolución de variantes que pueden superar la inmunidad proporcionada por las vacunas existentes y las infecciones anteriores.

La segunda generación de vacunas contra el COVID-19, que ahora están en desarrollo como inyecciones de refuerzo, está dirigida a variantes conocidas, pero no están diseñadas con variantes futuras en mente. Este es el desarrollo de una vacuna “whack-a-mole”, un enfoque ineficiente y costoso que persigue el virus de ayer. Lo que necesitamos es inmunidad al “disparo mortal”, que protegería a las personas contra todas las variantes actuales y futuras, y pondría fin a la pandemia.

Es posible hacer una vacuna como esta si los científicos estudian de cerca los patrones de mutación de los virus y diseñan vacunas para los que estamos a punto de enfrentar, no solo los que tenemos ahora. Este enfoque es especialmente importante teniendo en cuenta la cantidad de formas en que los virus pueden surgir en los seres humanos, incluida la propagación natural o un accidente en un laboratorio de investigación de virus. Ambos escenarios son objeto de una seria investigación.

Cualesquiera que sean los resultados de esas investigaciones, Estados Unidos debe utilizar esta pandemia para garantizar que el desarrollo de vacunas de emergencia pueda abordar todas las posibilidades.

Un enfoque es predecir qué variantes son más probable que ocurran en un virus circulante y prepararse para vencerlas de antemano utilizando vacunas prediseñadas. Esto puede parecer futurista, pero la capacidad ya existe.

La capacidad de predecir y contrarrestar los patógenos que surgen naturalmente, así como los genéticamente alterados liberados de laboratorios no regulados, fue desarrollada por primera vez por el gobierno de los Estados Unidos hace más de una década.

Entre 2008 y 2016, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa desarrolló un programa llamado Prophecy para estudiar la evolución de los virus para predecir mutaciones y desarrollar vacunas. La agencia lo combinó con una red de alerta dirigida por médicos que trabajaban en al menos siete hospitales de todo el mundo.

Desafortunadamente, los cambios en el liderazgo político de EE.UU. en 2016, así como los cambios presupuestarios, llevaron a la desaparición de las colaboraciones de investigación en nueve países, incluidos China, Rusia, Indonesia y Nigeria.

El nuevo compromiso de la administración de Biden con la salud global señala una oportunidad para reiniciar Prophecy o un programa similar.

Si bien el primer acto de Prophecy fue una predicción precisa de la evolución de los patógenos, fue el segundo acto del programa el que mejor nos sirve ahora: la capacidad de anticipar mutaciones virales antes de que ocurran y de contrarrestar las mutaciones mediante el uso de vacunas. Este tipo de vacunas ya se están estudiando en ensayos clínicos avanzados para prevenir la recurrencia de cánceres resistentes a los medicamentos y producir una vacuna universal contra la influenza. Llevar estas tecnologías a la lucha contra las variantes del coronavirus podría ayudar a poner fin a la pandemia actual y prevenir la próxima. La nación debería moverse rápidamente.

–Glosado y editado–

© The New York Times

Tras un proceso electoral que se sintió eterno y con múltiples entramados legales aún por resolverse, la probabilidad de que Keiko Fujimori logre arrebatarle el triunfo a Pedro Castillo es infinitesimal. En esa línea, sin detrimento a que los fuerzapopulistas sigan utilizando toda la metralleta de instrumentos legales que tienen a su disposición, sería bueno empezar a prestarle atención a quien ya tiene un pie y 99% del otro dentro de Palacio de Gobierno: Pedro Castillo.

La probable victoria de Castillo estará revestida de una cuota de ironía digna de la política nacional. Sería el primer outsider en 30 años, cuando el último fue el padre de su contrincante. Le ganaría a la candidata de las élites, igual que cuando Alberto Fujimori derrotó a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa perdería por primera vez en 20 años, tras apoyar sucesivamente a candidatos que alcanzaron la presidencia.

Durante la campaña, el candidato de Perú Libre no supo disipar las dudas en torno a un posible gobierno suyo. No quedó claro quiénes conformarían su equipo de gobierno, qué proponía, ni cómo lo llevaría a cabo. Cambió de versión constantemente respecto a su política económica y a su relación con el sector privado y no pudo explicar cómo continuaría y mejoraría el proceso de vacunación contra el COVID-19. Hoy, es urgente que dé señales claras de cómo será un gobierno suyo.

Sin embargo, a pesar de los evidentes riesgos que trae consigo, Pedro Castillo será, muy probablemente, el presidente que acompañará al país en su bicentenario. Y con ello viene una gran oportunidad.

Una de las principales razones por las que Castillo mantuvo ventaja sobre Keiko Fujimori durante toda la campaña de segunda vuelta y por la que tuvo un ascenso meteórico en la primera es porque su figura carga con un simbolismo potente. Castillo representa a un sector enorme de la población que ha sido históricamente relegado, que no tiene acceso a los círculos de poder de la capital y que no ha sido atendido de manera adecuada por el Estado. No es casualidad que su voto haya estado concentrado en los niveles socioeconómicos con menor poder adquisitivo, y en el centro y sur del país.

La gran oportunidad de Pedro Castillo es ayudar a reconciliar, un poco al menos, a este país quebrado por las diferencias étnico raciales, económicas y de representación política. Aunque no voté por él, sinceramente espero que, de confirmarse su llegada al poder, tenga un gobierno exitoso, que tenga la lucidez para anteponer los intereses del país y sus ciudadanos al despliegue ciego de políticas ideologizadas sin sustento en la evidencia y que logre estar a la altura de los enormes retos que enfrenta el Perú.

P. D. Entre la estela de escombros que dejó esta campaña, se encuentra buena parte de la reputación de los medios de comunicación. Desafortunadamente, los principales medios del país quebraron sus principios rectores e impulsaron una narrativa que promovía la polarización, sin preocuparse por la difusión de la verdad. Tomaron una posición que favorecía evidentemente a una candidata y esta no se transparentó al público. En ese devenir de sesgo editorial, numerosos periodistas a quienes respeto y admiro, que no estaban dispuestos a aceptar esa distorsión de su labor, fueron separados de sus cargos.

Aunque siempre he tenido plena libertad en esta columna, el cúmulo de cuestionables decisiones de este conglomerado mediático me impiden sentirme cómoda opinando en uno de sus medios. Es por ello que esta será mi última columna. Muchas gracias a Juan Aurelio Arévalo, Juan José Garrido y Fernando Berckemeyer por haberme aguantado todos estos años. Y gracias sobre todo a ustedes, estimados lectores, por haberse tomado la molestia de leer este espacio. Seguramente nos volveremos a encontrar.

El miércoles, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su agrupación ha presentado recursos de nulidad para 802 actas de votación a nivel nacional, tras haber identificado supuestas irregularidades que, a su juicio, revelarían un “fraude en mesa” durante los comicios del pasado 6 de junio. Asimismo, ayer se supo que Perú Libre ha presentado el mismo recurso contra 209 actas. Así, quedan en pugna millares de votos que, en una elección tan ajustada como la actual, podrían determinar quién será el siguiente presidente del Perú. Por el momento, la ventaja de Pedro Castillo es de alrededor de 70 mil votos.

Más allá de cómo se evalúe la pertinencia o conveniencia de las acciones tomadas, estas se desarrollan en un ambiente de grave crispación política. Cada parte está convencida de que la otra pretende robarle la elección y es importante evitar que esto se nos vaya de las manos.

Sin embargo, todo lo que vaya a ocurrir de aquí hasta que se declare un ganador está en las manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo que tiene la responsabilidad de juzgar si las denuncias presentadas por las partes tienen sustancia o no. El sistema electoral y nuestro marco jurídico permiten a los partidos acogerse a este tipo de recursos y hasta que estos se resuelvan no se puede determinar quién será el siguiente jefe del Estado.

En ese sentido, tanto el lado de la señora Fujimori como el del señor Castillo le deben al país un poco de prudencia. El primero, aunque tiene derecho a tomar las medidas que ha tomado, no está facultado para definir que, en efecto, hubo irregularidades y deberá esperar que se lo confirme (o se lo niegue) el JNE. El segundo, por su lado, mientras duren los procesos que su propio partido ha comenzado y el Jurado dirima, no puede asumirse triunfador. Que el aspirante a la presidencia se haya apresurado al declararse vencedor es una irresponsabilidad y, en esa misma línea, que algunos líderes de izquierda internacionales, como Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y Alberto Fernández, hayan felicitado al candidato del lápiz por una victoria que no se ha definido es inaceptable y habla mal de sus credenciales democráticas. Por eso, es saludable que nuestra Cancillería haya protestado y que otros 17 expresidentes iberoamericanos hayan pedido que se espere a que se resuelvan las controversias.

En todo caso, es evidente que alguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje va a perder tarde o temprano y eso lo definirán las instancias legales correspondientes. Y en este punto viene lo más importante: sea lo que sea que decida el JNE, todos los peruanos, y sobre todo los líderes de los partidos en liza, tendrán que aceptar el resultado. Cualquier acción en el sentido contrario no solo sería darle la espalda a la Constitución, sino que añadiría fuego a una situación harto inflamable.

Así, desde este Diario no queda más que insistir en que deben primar la prudencia y la paciencia. El escenario es delicado, pero es precisamente en estas circunstancias en las que se debe confiar en las instituciones sobre las que se sostiene nuestro sistema democrático. La decisión final la tendrá el JNE y las partes tendrán que reconocer la derrota o lo victoria cuando les toque. Ese es el primer paso para aliviar la tensión en la que hoy está sumido el Perú.

En última instancia, si por algo debemos preocuparnos es por la preservación de nuestra democracia. Por ello, la transparencia en cada etapa del proceso será vital y convendría que el JNE y los jurados electorales especiales transmitan en vivo todos los escrutinios. Los peruanos tenemos que saber hacia dónde vamos.

Si el rey Salomón resucitara habría que traerlo al Perú. Pero habría que traerlo amarrado. Lo más probable es que al enterarse de lo que estamos viviendo diría ese problema resuélvanlo ustedes: A mi no me metan.

Nos faltaría un bebé a partir en dos, tal como en el bíblico ejemplo de justicia salomónica. En esta versión peruana del siglo XXI podría sugerirse que el cercenado en dos partes iguales fuera alguien igualmente querido por las mitades enfrentadas. El candidato perfecto a la posibilidad de ese corte sería Gianluca Lapadula.

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De madre peruana y padre italiano, mascullando un español macarrónico y luciendo un tatuaje de apaches representando forzadamente sus ancestros andinos, Lapadula es un símbolo diversamente acertado de la fusión racial, social y cultural que es el Perú. Todo junto, todo raro; pero todo funciona.

Esa mezcla lo acerca más a lo que somos. Lapadula fue convocado a vestir la blanquirroja aún antes de conocer el Perú. En su vida como seleccionado nacional, de apenas 8 meses, ha conocido tres presidentes del país. Y ahora junto con decenas de millones de compatriotas ignora quien será el próximo. Cuando pierde la selección llora, cuando gana, también. El delantero cumple con todos los requerimientos para ser partido en dos.

Pero, citando a Vallejo, habría que confiar en el anteojo y no en el ojo. La justicia Salomónica no es la de la equidistancia a filo de espada, probidad que tranquilamente podría administrar un carnicero. Su sabiduría es la de determinar que tanto importa el bien en disputa a las partes enfrentadas.

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Hay quienes, desde ambas orillas, están haciendo todo lo posible por ahondar más la grieta que nos separa. Porque a quien le vale madre el país no solo le da igual que siga dividido, sino que propicia y alimenta esta fragmentación. Córtalo, nomás.

En ese proceso la superioridad moral de uno se logra a costa de la descalificación del prójimo. Es un circuito caníbal que se está llevando por la borda la convivencia civilizada, todo a cambio de un puñado de likes. ¿Tanto vale un pulgar arriba?

Usos son de la guerra el vencer y ser vencido, es la frase que se le atribuye a Atahualpa luego de ser capturado en Cajamarca. No puede ser casualidad que esa captura sucediera también en medio de una lucha fraticida.

La frase de Atahualpa es extensible a la democracia. La mayoría manda. Y hay veces en que la mayoría se decide por factores milimétricos, como pudiera ser ahora para cualquiera de los dos lados. Pero, obviamente, esa mayoría tiene que ser conquistada de manera ajustada a ley, sin trampas ni trasiego de votos. Avalar un probable embuste electoral por fobia hacia un candidato es dinamitar la democracia desde lo más primario.

Con mayor razón cuando una sospechosísima absolución de sentencia habilita al señor Cerrón, verdadero líder de una de las partes en contienda, para ejercer un cargo público. Es una situación que se explica sola, y que amerita esperar antes de autoproclamarse vencedor. La democracia tiene que ser forzosamente justa, pero no por ello idiota.

Son días en que la pandemia nos sigue matando, y en que cada palabra tiene el efecto de un sable. Hay demasiadas espadas desenvainadas circulando y quienes las empuñan no necesariamente profesan la ecuanimidad de Salomón. A la sanitaria distancia social se le debería sumar una terapéutica distancia digital, habilitando el espacio para que la razón se imponga sobre la emoción.

Estamos en una situación en la que o ganamos todos o perdemos todos, hechos pedazos. //

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Se está diciendo que la presentación de recursos de nulidad contra 802 actas por parte de Fuerza Popular es una acción legal pero poco democrática, porque eliminaría muchos votos y ya no cabría que la otra parte presente también recursos similares contra actas en las que ganó Fuerza Popular y en las que también habría habido fraude o irregularidades.

Pero no es así. Quién se encargó de hacerlo en las propias mesas fueron los personeros de Perú Libre, que impugnaron votos en la mayor parte de 461 mesas, y, sobre todo, la ONPE, que observó 886 actas principalmente en Lima, Piura y La Libertad, allí donde había ganado Keiko Fujimori. (Por lo demás, Perú Libre también ha presentado acciones de nulidad contra 128 actas en Loreto).

En muchos casos, esas 886 actas observadas por la ONPE eran correctas, pero se les atribuyó defectos de ilegibilidad, por ejemplo, que no eran tales. En cambio, dejó pasar muchas actas en las zonas donde ganó Pedro Castillo, que tenían evidentes inconsistencias, irregularidades y vicios, que se muestran en los casos que ha presentado y objetado Fuerza Popular, y que, en cierta proporción, serían el producto de acciones dolosas. Algo por lo demás consistente con la directiva dada por Perú Libre a los personeros de tomar las mesas de votación antes de que lleguen los miembros de mesa.

Como es lógico, usualmente la mayor proporción de actas observadas por la ONPE se da en las zonas alejadas o rurales, donde la capacitación es menor. En esta ocasión ocurrió al revés. Esto es lo que se desprende de los datos, y sin duda llama a preocupación. Luego de este proceso debería investigarse qué pasó acá.

Mientras tanto, tampoco se puede aceptar alteraciones dolosas de la voluntad popular. Solo queda esperar que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva todos estos casos con la mayor transparencia y justicia electoral posibles. Y aceptar el resultado final, sea cual fuere.

Esa debe ser la actitud. No colaboran a este efecto ni es prudente que Pedro Castillo se autoproclame ganador antes de tiempo, ni que Keiko Fujimori saliera a denunciar fraude, aunque se aclarara que se refería a fraude en mesa. Felizmente, en la presentación de anteayer sobre los recursos de nulidad, ya no se usó la palabra fraude, aunque algunas de las actas presentadas denotaban clara alteración de la voluntad popular.

Por eso, se trata ahora de vigilar que la institución electoral resuelva sin parcializarse, y esperar con calma, bajando las tensiones. Finalmente lo que interesa es el país y este no será viable si, luego de conocido el conteo final, no es posible establecer puentes para acordar una vía que permita realmente recuperar la economía y empezar a resolver los problemas estructurales que nos golpearon con fuerza en esta pandemia, a todos.

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Las elecciones de este año se desarrollaron en circunstancias distintas a las anteriores: en medio de una pandemia y de una de las peores crisis económicas y políticas que ha atravesado el país. Esta grave situación ha afectado notoriamente a todos los peruanos, por lo que el próximo gobernante deberá actuar rápidamente para mitigar los daños causados. Flor Pablo, congresista electa de Partido Morado, y Adriana Tudela, congresista electa de Avanza País, discuten cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno.

El reto de unir al Perú, por Flor Pablo

“El nuevo gobierno debe afrontar las causas de esta división, encarando inmediatamente las desigualdades sociales y económicas”.

No es posible plantear prioridades al próximo gobierno sin decir primero que la polarización y la división del país en dos extremos debe terminar. Para empezar, olvidémonos de la palabra ‘fraude’, que lo único que va a lograr es enfrentarnos aún más entre peruanos.

En segundo lugar, el nuevo gobierno debe afrontar las causas de esta división, encarando inmediatamente las desigualdades sociales y económicas. Urge contrarrestar cuanto antes la pobreza rural, reactivando el agro con bonos, créditos y un seguro agrario universal. Generar empleo masivo a través de programas de mejoramiento de infraestructura de barrios y colegios, por ejemplo. Lanzar microcréditos para las pequeñas empresas, dirigir las compras estatales a nuestras pymes y llevar adelante los grandes proyectos de inversión en las regiones son algunas de las medidas que debe adoptar quien gane las elecciones.

En materia de salud, es evidente que se debe continuar con la vacunación de todos los peruanos con los 50 millones de vacunas que está dejando compradas este gobierno. Por supuesto, cumplir con la instalación de plantas de oxígeno y camas UCI (promesa de los dos candidatos). Para seguir luchando contra la pandemia es necesario también reforzar las postas de salud con personal y equipamiento, además de extender el horario a jornada completa. Por último, la integración del sistema de salud (Essalud, Minsa y Fuerzas Armadas) es fundamental para mejorar los servicios a toda la población, sin diferencias ni privilegios.

La educación, como la gran igualadora social que permite que los ciudadanos tengamos una cancha plana para todos, es otra prioridad en esta lucha contra la desigualdad. El Ejecutivo debería solicitar facultades al Congreso para declarar en estado de emergencia al sector. Esto facilitaría los cambios y acortaría tiempos. La educación tiene que ser encarada como un trabajo transversal del Estado en todos sus niveles de gobierno. Salud, alimentación y ayuda a las familias de mayor pobreza en zonas rurales y urbanas son condiciones básicas para que los alumnos que han dejado de estudiar puedan volver y asegurar aprendizajes para todos. En cuanto a la educación a distancia, se debe fortalecer Aprendo en Casa, con participación de las regiones, y continuar con la entrega de tablets a las zonas urbanas en situación de pobreza que no han sido consideradas en esta primera etapa. Para que ningún estudiante se quede atrás, es importante implementar programas descentralizados de apoyo y nivelación escolar, continuar con la pensión de los huérfanos, ampliar Beca 18 para los hijos de profesionales de la primera línea que han perdido a alguno de sus padres por COVID-19 y atender a los jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema.

Urge responder a los diferentes contextos y a todas las edades, desde los más pequeñitos en las cunas y guarderías, con servicio integral de alimentación y salud, hasta los jóvenes de las universidades e institutos, para que logren su profesionalización e inserción laboral.

Hacer frente a las desigualdades necesita de la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, y fortalecer una gobernabilidad que supere el enfrentamiento político.

Prioridades claras, por Adriana Tudela

“Las acciones del próximo gobierno deben responder a los problemas inmediatos de los peruanos, no a divagaciones ideológicas que los eluden”.

El Perú está atravesando una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha experimentado, y es obligación del próximo gobierno implementar medidas para superarla. Durante la campaña hemos visto cómo las propuestas provenientes del lado izquierdo de nuestro espectro político han generado que el debate electoral gire en torno a cambios que solo incrementarán dramáticamente los niveles de incertidumbre y paralización que vivimos.

Las acciones del próximo gobierno deben responder a los problemas inmediatos de los peruanos, no a divagaciones ideológicas que los eluden. Enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias requiere de medidas que partan de un diagnóstico acertado de por qué hemos tenido tan mala reacción frente a esta crisis.

Mucho se ha criticado a las clínicas privadas y a las acciones que tomaron frente al desbordamiento del sistema de salud. Varias de esas críticas son justificadas, pero no por ello podemos taparnos los ojos frente al hecho de que en el Perú el 95% de las prestaciones de salud las brinda el Estado. Por ello, una reforma del sector –y no la prohibición de la iniciativa privada– es una tarea ineludible.

Invertir de manera prioritaria en la primera línea de atención en salud para evitar el colapso de los hospitales, así como en mejorar la infraestructura de estos últimos y en implementar plantas de oxígeno, son tareas perfectamente factibles con una mejor gestión del presupuesto. En paralelo, continuar con el proceso de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño debe ser una prioridad.

Para ello no solo es fundamental asegurar que las dosis necesarias estén disponibles a tiempo, sino también acelerar el proceso a través del incremento de centros de vacunación y el apoyo de las cadenas logísticas del sector privado. Incluir también a los maestros en la línea prioritaria de vacunación es crucial para que los niños y jóvenes en edad escolar regresen a clases lo antes posible.

La reactivación económica y la generación de empleo es vital. Sin embargo, no lo vamos a lograr mientras no comprendamos que no somos inmunes a las leyes del mercado. Cerrar nuestra economía al comercio exterior, ponerle más trabas a la inversión privada, implementar impuestos confiscatorios y lanzar amenazas de estatización desincentivan la creación de riqueza.

El único camino posible y sostenible para generar más riqueza es promoviendo la inversión privada. Es necesario darle a las mypes y al sector informal herramientas para invertir, ser más productivos y generar empleo con reglas claras y predecibles. También se debe implementar un programa de disminución de trabas y barreras burocráticas, así como una reforma tributaria y laboral que asegure una estructura de protección para los trabajadores y fomente la formalización.

Por último, no podemos dejar de lado que atravesamos una profunda crisis institucional y que no hay recuperación económica sostenible sin estabilidad política. Esto requiere de un trabajo difícil y continuo de recuperar poco a poco la confianza en nuestras instituciones, y para eso es indispensable que no se pase por encima de ellas.

¿En qué momento encontrar irregularidades y denunciarlas se volvió antidemocrático? La normativa y nuestro sistema electoral prevén mecanismos para que ciudadanos y candidatos pidan revisar que se haya expresado fielmente la voluntad popular a través de cada voto. Es preocupante que se acuse de antidemocrático el hecho de que una candidata use los recursos legales y ejerza sus derechos para defender sus votos.

En la opinión pública y desde organizaciones civiles que deben ser imparciales no se está juzgando de la misma manera al candidato Castillo. Parece ser que, por el hecho de ser ella, perdería el derecho a defender sus votos. A las conciencias democráticas del país, si Perú Libre realizó impugnaciones de actas y pide nulidades, no les preocupa de la misma manera que cuando lo hace Fuerza Popular.

Si el tipo de irregularidades que está denunciando Fuerza Popular lo hubiera hecho Perú Libre la selectiva conciencia democrática ya se hubiera volcado contra ella. Pero han perdido de vista que detrás de su reclamo hay medio país, ciudadanos preocupados genuinamente porque no se haya torcido la voluntad popular y porque sus votos cuenten. Los dueños de la selectiva conciencia democrática han respondido intimidando con la cárcel esta búsqueda de la verdad y exponiendo, como si estuviera mal, a todo ciudadano y abogado que busca colaborar con encontrar y demostrar las irregularidades. Fuerzan interpretaciones y tecnicismos. Si fuera a favor de Castillo, sería un acto heroico, romántico y los hubieran aplaudido por buscar con lupa en las actas públicas de la ONPE.

Nuestra democracia es frágil, no se puede hablar de fraude como hizo Fujimori, que debió referirse a supuestas irregularidades. Tampoco Perú Libre puede autoproclamarse ganador cuando aún se están resolviendo recursos que podrían cambiar el resultado por la diferencia tan ajustada de votos. Pero los ciudadanos siempre tenemos el derecho de pedir un foco en las cuestiones oscuras, dudosas de los asuntos públicos.

Tenemos que confiar en las instituciones y estas tienen que dar paso a que los ciudadanos podamos usar todos los mecanismos que tenemos al alcance para saber que quien está ganando lo está haciendo conforme a la ley y fiel voluntad popular. No nos pueden perseguir, intimidar o callar por pedirlo. No es antidemocrático pedir que se cuente escrupulosamente cada voto con la mayor transparencia. Pedir eso no es desestabilizar el proceso electoral, es fortalecerlo, porque no quedará duda de que quien ganó lo hizo legítimamente.

Si Castillo o Fujimori han de ganar que lo hagan limpiamente, conforme a la ley, y con la vigilancia de los ciudadanos. La conciencia democrática debe recaer con el mismo peso para ambos, no se puede manchar porque te disgusta quien denuncia. No hay dudas de que en un eventual gobierno de Fujimori le aplicarán la ley y que en un eventual gobierno de Castillo a muchos les costará ser vigilantes y limitantes del poder. No me quiero ni imaginar qué será de los ciudadanos, de los opositores, con “demócratas” que se molestan porque se denuncian irregularidades, se pide información a las instituciones y se exige que se activen los mecanismos legales para ejercer un derecho y protegerte de algo que crees injusto.

Un repaso por las redes sociales me hace ver un pedido tan ridículo como escandaloso. Un personaje llama desde su muro a no visitar el Cusco ni sus alrededores. El tipo agrega que no volverá a viajar al sur andino y se ufana con una presuntuosa amenaza adicional: “ni tampoco lo harán mis amigos extranjeros”. En otras palabras, hará campaña para desprestigiar la plaza de San Blas, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Pisac, Chincheros, el Coricancha, las iglesias y templos del Cusco, sus calles y casas, sus museos, y todas las maravillas de las que nos enorgullecemos en esa región. ¿Por qué? Pues porque los cusqueños, en su mayoría, votaron por un candidato con el que no está de acuerdo. El mensaje se ha replicado y compartido. Lo vemos aplicado a otras censuras. El veto que circula en las redes sociales se extiende, por cierto, a Puno, donde también hubo una votación abrumadora en favor del candidato de Perú Libre. El Lago Titicaca es un territorio enemigo desde ahora para esas mentes febriles y amenazantes.

Es obvio que el señor Castillo ha mostrado muchas inconsistencias y una falta de preparación en temas cruciales a lo largo de esta campaña. A pesar de sus señales de moderación, sigue provocando temores justificados. Si siguiera con las posturas radicales, los pobres serían quienes más sufran con su gobierno. Sin embargo, el voto que ha recogido es perfectamente explicable dado el abandono de muchas regiones. Quien no lo entienda así, ha vivido en un mundo ajeno al nuestro. Si resulta finalmente elegido, solo queda desearle y esperar lo mejor, por el bien de todos nosotros.

Nadie gana en una sociedad que se divide. La intolerancia no es un ataque al otro sino a uno mismo. En las redes sociales también aparecen las acusaciones contra quienes votaron por Fujimori. Si uno ha elegido esa opción, también es definido como un corrupto, una persona sin moral ni principios, un partidario de la mafia. La intolerancia se extiende hacia quienes votaron viciado por ser considerados “tibios”, algo que también parece prohibido.

La crispación es una forma de la ceguera y de la sordera que nos impide ver un problema de fondo. Hemos elegido en partes casi iguales dos opciones de gobierno. Quien sea declarado ganador tendrá que aplicar un programa propio que, no obstante, también pueda reconocer e integrar las expectativas y programas del otro lado. La supervivencia de nuestro próximo gobernante dependerá de saber moverse hacia el centro de un campo desde donde podrá mirar a todos los que lo habitan. ¿Hay otro modo de gobernar que sea razonable?

A mediados del siglo XIX, el gran Nathaniel Hawthorne publicó la novela “La Letra Escarlata”, ambientada en la puritana ciudad de Boston de 1642. Su protagonista Hester Pryme está condenada por adulterio. Su pena incluye ser exhibida en la picota para su humillación pública. Asimismo, Hester está obligada a llevar de por vida un vestido en el que está bordada la letra “A” de adúltera.

En el mundo radicalizado, en una dirección o en otra, muchos se verían obligados a caminar con una letra en el pecho. No hemos llegado ni llegaremos a eso. Solo queda esperar que podamos afrontar lo que se viene con calma y lucidez, donde el gobierno y la oposición sean firmes pero constructivos. Poner los intereses del partido por encima de los del país es una de las taras constantes de nuestra política. Esa actitud solo favorece al caudillismo. Superarlo es una tarea que solo podemos cumplir juntos. Y por cierto con todas las regiones de un país tan variado como extraordinario.

El actual Congreso de la República –es decir, el que aún está en funciones– se ha empeñado en introducir modificaciones a la Constitución, so pretexto de impulsar el regreso a la bicameralidad y regular lo relativo a la cuestión de confianza. Para esta “noble causa”, el presidente de la Comisión de Constitución emprendió una cruzada para dividir la legislatura que estaba en vigencia y, de manera forzada, introducir una cuarta legislatura de solo un mes.

Los importantísimos temas que tanto interesan ahora no fueron abordados antes de las elecciones presidenciales del 11 de abril, porque claramente se sabía que no gozaban de preferencia popular. Incluso los partidos en disputa para la segunda vuelta se pronunciaron en contra y las bancadas que, formal o informalmente, responden a ellos no apoyaron el planteamiento (los congresistas de Fuerza Popular, Frente Amplio y Partido Morado votaron en contra); por lo que todo hacía suponer que las propuestas que se querían aprobar no llegarían a los 87 votos que se necesitan.

Sin embargo, pasada la elección de segunda vuelta, el presidente de la Comisión de Constitución nos sorprende desempolvando proyectos formulados hace más de un año por los congresistas de izquierda, que plantean la reforma de la Constitución a través de la convocatoria a una asamblea constituyente, y prioriza su debate en este momento tan oportuno para quien, al día de hoy, encabeza el cómputo electoral.

Cabría preguntarnos, ¿qué busca este guiño, en la hora nona, a Pedro Castillo y sus hoy ya aliados políticos?

Digo esto, pues debo advertir que, de aprobarse en la famosa cuarta legislatura, la modificación que se plantea en los proyectos puestos a debate el pasado 8 de junio en la Comisión de Constitución –para lo cual bastan 66 votos–, quedaría el tema expedito para que se convoque a un referéndum, que ha sido el ansiado ofrecimiento de campaña del candidato del lápiz. Y es bueno precisar que, con la actual composición parlamentaria, los 66 votos se pueden obtener aun cuando el presidente de la Comisión y su bancada no apoyen la propuesta. No vale por tanto que luego nos digan: “nosotros votamos en contra”.

No seamos ingenuos. ¿Ese guiño solo busca conseguir más votos para aprobar la ansiada reforma de retorno a la bicameralidad o es una “ayudita” al candidato Castillo? ¿Es acaso una reconciliación con quien probablemente sea el próximo presidente de la República, después que el grupo político de quien preside la Comisión de Constitución se jugó por la opción contraria en la segunda vuelta?

Resulta inaceptable que, a estas alturas, los actuales congresistas introduzcan temas que por su envergadura e importancia requieren ser abordados con amplia reflexión y participación, y no por quienes parece no perciben que ya están de salida.

Es probable que lo que formulo aquí se niegue, pero el empecinamiento y la tozudez con que se actúa –ese querer imponer los cambios a troche y moche–, son los que motivan y validan toda especulación.

La democracia y la Constitución se defienden denunciando estas maniobras, por más que se impulsen “con la mejor intención”. No hacerlo es caer en complicidad por omisión.

Hoy, cuando muchos hablan de institucionalidad, habría que recordarles que callaron –cuando no apoyaron– todas las tropelías jurídico-políticas que, por ejemplo, se hicieron el año pasado. Debemos, de una vez por todas, aprender la lección.

H.L.M.