Y este hecho es uno que el plan de gobierno de Juntos por el Perú prefiere ignorar: ya gobernaron. Sánchez fue ministro de Castillo de principio a fin. El mismo gobierno en el que Bruno Pacheco, secretario presidencial, fue encontrado con US$20.000 en el baño de su despacho en Palacio “producto de sus ahorros”. El mismo que ofreció comprar urea cuatro veces para la agricultura familiar sin cumplirlo, mientras el sector agrario estaba en emergencia. Y el mismo en el que los homicidios promediaron 4,22 muertes diarias, según el Sinadef, el índice más alto entre todos los presidentes desde el 2017 (y punto de partida del repunte de inseguridad que el Perú no ha revertido). Ese fue el castillismo que ahora vuelve básicamente con las mismas ideas.

Dicen que la Constitución de 1993 ha impedido que el Estado desarrolle proyectos empresariales de gran envergadura. La Refinería de Talara lo refuta: con la misma Constitución vigente, Petro-Perú ejecutó una inversión pública que cuadruplicó su presupuesto hasta bordear los US$6.000 millones. El Estado tuvo todo el espacio para actuar, y lo desperdició igual.

El plan afirma que el modelo no reduce la desigualdad ni la pobreza. Los datos del INEI no le hacen el favor: la pobreza monetaria cayó de 58,7% en el 2004 a 20,2% en el 2019, y el índice de Gini bajó de 53,3 en 1997 a 40,1 en el 2024. ¿El modelo falló? O quizás el problema es que los números no caben en el relato.

Sobre los recursos naturales, el documento dispone la gestión estatal directa del gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. ¿En serio planea gestionarlos vía empresas públicas? Según el Banco Central de Reserva del Perú, a inicios de los noventa esas 180 empresas estatales registraban pérdidas por S/11.274 millones. Tras las privatizaciones, en 1995 el mismo sector generó utilidades por S/514 millones. El experimento ya se hizo. Ya se sabe cómo termina.

También dice que los privados podrán invertir en la explotación de recursos naturales, pero solo en alianza público-privada. ¿Se refiere a que el Estado aporte cofinanciamiento y garantías en operaciones que pueden ser financiadas totalmente por el sector privado? Es absurdo. Y si se trata de preservar la “soberanía”, recordemos que cuando las operaciones se concesionan, el Estado sigue siendo dueño de los recursos naturales.

Sobre los impuestos a la extracción de recursos naturales, el documento afirma como novedad que todo aquel que explote recursos naturales deberá pagar por hacerlo, como si –por ejemplo– la minería no pagara ya impuesto a la renta, regalías e impuesto especial a la minería.

El plan propone renegociar los tratados de libre comercio para recuperar “soberanía”. Más del 91% de nuestro comercio exterior se realiza con países con los que tenemos tratados. Renegociarlos no recupera soberanía: pone en riesgo cerca de un millón y medio de puestos de trabajo para que el plan pueda usar esa palabra en su portada.

Ya gobernaron, y trajeron las mismas ideas. Tuvieron el poder y lo dilapidaron en corrupción, promesas incumplidas y una gestión que dejó al campo sin fertilizantes y a las ciudades más inseguras. Ahora vuelven con el mismo discurso y el mismo sombrero. La pregunta no es si el plan funcionaría: es si alguien que ya demostró que no puede gobernar merece que se lo volvamos a confiar.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Equipo peruano en el Mars Desert Research Station

A inicios del 2027, un equipo peruano volverá a formar parte de la Mars Desert Research Station, una estación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) donde se simula la vida en una base de Marte. Será la sexta tripulación peruana que participará en este programa. El equipo está formado por un grupo multidisciplinario que lidera Noelia Caballa Huamán, bioingeniera que ya tiene experiencia en misiones análogas, por su presencia en la Lunar Research Station, en Polonia.

🟢 Un merecido reconocimiento para Ramón García

En sus casi 50 años de carrera (que cumplirá en el 2027 ), el actor peruano Ramón García Monteagudo ha destacado en el teatro, el cine y la televisión, sea en producciones peruanas como de fuera del país. Con tremendo camino actoral, este año El Comercio lo ha reconocido con el Premio Luces a la Trayectoria. “Agradezco los reconocimientos, pero para mí el mayor premio sigue siendo poder dejarle algo a la gente: que una obra haga pensar”, dijo en una entrevista con este Diario a propósito del reconocimiento.

🔴 El operador que ‘centraba’ cargamentos de oro

En la trama de los robos de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal, una pieza clave era un operador logístico del sector transporte, como reveló un informe de nuestra Unidad de Investigación. Se trata de José Alberto Barba Huamán, quien figura como gerente de una empresa dedicada al transporte y almacenamiento de carga. Según la PNP, él ‘marcaba’ a quienes trasladaban el oro e informaba a miembros de Los Injertos del Callao, como en el reciente y sonado asalto que hubo en la Costa Verde.

¿Era previsible imaginar un resultado electoral en el que dos candidatos pelearían su ingreso a la segunda vuelta? Sin ninguna duda. Era previsible también que uno de ellos podría ser de izquierda. Entonces, difícilmente hemos sido sorprendidos con la posibilidad de que Sánchez haya obtenido los votos necesarios para hacerlo. ¿Porque qué cambió entre abril del 2021 y abril del 2026 para la gran mayoría de peruanos que se siente agraviado por el sistema? ¿Mejoró su acceso a servicios básicos, educación o salud? ¿Será que su calidad de vida aumentó en estos cinco años? Porque, si no es el caso, ¿por qué los resultados de las elecciones serían distintos? Para quien no tiene nada que perder, no hay razón para seguir votando por quienes ofrecen mantener el modelo. Modelo que para ellos no funciona. Lo más frustrante es que seguimos creyendo que, si dos candidaturas de derecha pasan a la segunda vuelta, ya la hicimos. Y nos despreocuparemos de la cosa pública hasta la próxima elección. Mientras tanto, una mayoría de la población seguirá sintiéndose invisible.

Pero tal vez valdría la pena analizar las razones por las que desde el 2006 el Perú se encuentra con una candidatura que busca romper el sistema y que tiene acogida en un grupo importante de la población. Por lo menos lo suficiente como para pasar o pelear su pase a segunda vuelta.

Los peruanos tenemos hoy que esperar con calma los resultados de las elecciones. Y trabajar por lograr que lo que sucedió el 12 de abril no se repita en la segunda vuelta. Pero vale hacer una reflexión: la cantidad de ciudadanos indignados por lo que ocurrió significa que cuando queremos podemos involucrarnos en defender la democracia y las instituciones. Pero la democracia no es imponer al candidato de mi preferencia. La democracia es respetar la decisión de la mayoría. ¿Estaríamos pidiendo nuevas elecciones en Lima si RLA estuviera seguro en segunda vuelta? ¿O es el temor que nos genera Roberto Sánchez lo que nos hace gritar fraude?

Nuevas elecciones podrían terminar con resultados aún menos esperanzadores. Y si bien en Lima se concentró la mayoría de los problemas, regiones como Puno, Ayacucho, Loreto, Cajamarca y Piura también sufrieron retrasos. Proponer una nueva elección o reabrir la votación solo en aquellas mesas que se instalaron tarde en Lima significaría otorgar a los limeños una ventaja frente al resto de peruanos. Porque la Constitución establece que todos los peruanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Si estos han sido afectados por una institución no debería importar el lugar de residencia, salvo que lo que realmente queramos sea inclinar la balanza.

Queda claro que ni de lejos se da el caso que contempla la Constitución: el Jurado Nacional de Elecciones declarará fallido el proceso “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos” (artículo 184).

No obstante, la crisis continúa y la posibilidad de que se agudice proviene también del candidato Rafael López Aliaga. Advierte, maoístamente, que está dispuesto a “incendiar la pradera” si no pasa a segunda vuelta. Asegura que hay fraude y pide a funcionarios que le entreguen pruebas, lo que equivale a no tenerlas (la recompensa de S/20.000 por prueba desapareció, quizá porque lindaba con el delito). En una acción más que repudiable, lanza aberrantes amenazas de índole sexual contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ojo, no hay que confundirse: como ocurre en otros países, el insulto despiadado y las amenazas de todo calibre no son un arrebato, sino que forman parte de una estrategia política. Son los tiempos que corren.

Eso sí, hay que tomar en cuenta el escaso respaldo a los más votados, reflejado en los bajos porcentajes de voto válido obtenidos: Keiko Fujimori 17%, Roberto Sánchez 12%, y Rafael López Aliaga 11,9% (ONPE, al 93,487%). Valgan como comparación los resultados de primera vuelta en Chile (noviembre, 2025): la oficialista Jeannette Jara obtuvo 26,7%, y el posterior ganador, José Antonio Kast, 23,9%. Entre ambos, más del 50%. Incluso Franco Parisi (tercero) obtuvo 19%, es decir, más que Keiko Fujimori.

¿Qué hay de nuevo? En el Congreso podrían conformarse hasta tres bloques: derecha, centro e izquierda. El ideal es que se constituyan un oficialismo y una oposición política sólidos. No obstante, salvo en el fujimorismo, es probable que se imponga el reflejo tribal. Si esto ocurre, el escenario político nacional podría estar constituido por un gobierno autoritario, una oposición fraccionada y un Estado crecientemente débil, penetrado por intereses privados. El encargo que reciben los partidos con representación en el Congreso es enorme. ¿Podrán con la responsabilidad?

En los dos primeros lapsos y dependiendo de quiénes sean los políticos elegidos, las expectativas económicas afectarán las valorizaciones del sol peruano y de las empresas que operan en el territorio nacional. Sin embargo, el tercer tiempo es el más importante. Dependiendo de uno u otro resultado, la marcha de la economía y los niveles de bienestar de los peruanos, sobre todo de los de menores recursos, serán muy diferentes.

El Jurado Nacional de Elecciones ha expresado que los resultados finales se conocerían hacia mediados de mayo. Ello recortaría la duración de la segunda vuelta y afectaría al elector. Se necesitan como mínimo unos tres debates sobre distintos temas, así como entre los diversos equipos técnicos que acompañan a cada candidato.

En caso de que pasen dos finalistas de derechas, la tensión sobre las variables económicas ya mencionadas y la marcha de la economía se diluirán hasta conocer más sobre el resultado final. En cambio, de pasar el candidato de Juntos por el Perú, las tensiones serán mayores.

La postulante de Fuerza Popular tendría casi un tercio del Senado. En el caso de ganar, ello le aseguraría la estabilidad en ese frente. Recordemos que este ha sido el talón de Aquiles del Ejecutivo en los últimos dos períodos presidenciales.

Sin embargo, tendrá que construir consensos, avanzar en la seguridad ciudadana y en la marcha económica, para mantener una elevada popularidad que le permita enfrentar con mejor soporte un proceso esperable de marchas y protestas, centradas –inicialmente– en los Andes y en el sur peruano.

Una vez estabilizado el gobierno, se esperarían cinco años de mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y aumento del bienestar.

En el caso de un triunfo de Roberto Sánchez, habida cuenta de su plan de gobierno, la economía podría sufrir con una mayor presión en la depreciación del sol, un deterioro de las cuentas fiscales, una caída de la inversión privada y una dinámica económica bastante modesta.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea una reforma del modelo económico para transitar hacia una economía mixta. Cambiar el rol subsidiario del Estado y modificar los contratos que dan estabilidad jurídica a diversas inversiones; así como eliminar los “regímenes laborales que favorecen a las empresas y perjudican a los trabajadores”. Plantea también renegociar contratos en sectores estratégicos para ser gestionados por el Estado y prohibir concesiones que otorguen “ventajas a inversionistas extranjeros”.

Sin embargo, al no tener mayor soporte en el Congreso, sería un gobierno relativamente débil. Parecido al último régimen de Castillo-Boluarte-Jerí-Balcázar.

Si bien es cierto que un gobierno de Juntos por el Perú no tendría mayor apoyo congresal, dentro del Ejecutivo hay espacio para golpear las instituciones y la normal marcha de las políticas públicas y la economía. Algo similar ocurrió bajo la presidencia del profesor Castillo. Recordemos a sus ministros de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Producción, Trabajo y Vivienda, por mencionar algunos. Los mismos presidentes del Consejo de Ministros de ese gobierno embestían de vez en cuando contra la normatividad vigente y los pilares mismos del modelo económico.

De realizar un gobierno débil y mostrar un comportamiento susceptible de ser caracterizado de “incapacidad moral permanente”, el Senado podría usar su herramienta letal de control político discrecional. Así, transitaríamos entre vacancias de presidencia y vicepresidencias hasta iniciar el quinto año, cuando un senador pueda recibir el encargo. Sería un régimen de Roberto Sánchez-Analí Márquez-Brígida Curo… ¿y Vladimir Meza?

Entraríamos a una suerte de bucle histórico de tres periodos presidenciales.

Mi memoria tiene el sonido de un teléfono timbrando sin parar. Tenía quince años cuando Velasco tomó los diarios. Mientras mi hermano salía a las calles de Miraflores a defender la libertad, yo me quedé en casa, encargada de anotar nombres, registrar incidencias e intentar rastrear a los detenidos que se llevaban a El Potao. A esa edad aprendí que en mi país no siempre se sabe a dónde se llevan a la gente.

Poco después celebré mis quince años en Washington y Filadelfia. Recuerdo estar sentada con una familia americana viendo las noticias: el ‘Limazo’, la huelga policial del 75, el caos y los saqueos en Lima. Sentí una urgencia desesperada de llamar a mis tíos, de que me recogieran, de estar cerca. No sé si era patriotismo o simplemente la necesidad de sentirme protegida frente a un país que se desmoronaba a la distancia.

A los dieciséis, durante un retiro escolar, escuché que Velasco había sido destituido. Las monjas decían que todo estaría bien, pero yo pedí que me recogieran. Quería entender. Siempre he querido entender.

Luego vino la vida adulta y, con ella, el primer gobierno de Alan García. Mi hija mayor nació en 1985, entre colas interminables para comprar un kilo de arroz y conseguir kerosene, en medio de la falta de energía y de gas para cocinar. A eso se sumaba la búsqueda desesperada de pañales descartables americanos porque su piel no resistía el algodón local. Era una lucha diaria por lo básico: una economía de guerra en tiempos de paz.

En 1992 llegó otra ráfaga: la imagen de Roberto ‘Bobby’ Ramírez del Villar detrás de las rejas de su casa tras el autogolpe de Fujimori. Yo tenía treinta y tres años, y esa mirada suya —firme pero cautiva— todavía me estremece. Era la prueba visual de que nuestra democracia volvía a cerrarse bajo llave.

Hoy los nombres del poder se atropellan en mi memoria: Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar… demasiados nombres en un suspiro histórico que aún nos zarandea.

Pero esta vez ha sido distinto. Es el primero que enfrento sin mi amigo, mi parejo, mi compañero de ruta. Enviudé poco antes de cumplir cuarenta años de matrimonio. Nuestro vínculo no conoció las crisis de los libros, quizá porque yo siempre tuve mis propios planes y mis propios rumbos. Pero hoy me falta su abrazo. Siento el mismo miedo de la niña que contestaba el teléfono en 1974: esa necesidad de ser sostenida frente a la incertidumbre.

Y a ese miedo se suma la ausencia de Francisco, mi hijo, que partió hace doce años. Pienso en él, en su negativa a aceptar un país injusto, en la curiosidad genuina que lo llevó a recorrer el Cusco y subir solo a un bus hacia Puno, con un libro en la mano, para conocer comunidades y escuchar otras realidades. Francisco no solo recorría el Perú: lo pensaba, lo sufría y lo soñaba distinto.

Cada proceso electoral pone a prueba no solo la voluntad de los ciudadanos, sino también la capacidad del Estado para garantizar que esa voluntad pueda expresarse. Y el pasado domingo, esa capacidad volvió a resquebrajarse.

Desde temprano, miles de peruanos acudieron a votar en medio del inusual calor sofocante de abril. Pero el malestar no vino solo del clima. En muchos locales, las mesas no se instalaban, el material electoral no llegaba y la desorganización se multiplicaba ante la mirada impotente de los ciudadanos. Otra vez el Estado fallando en lo esencial.

Lo ocurrido dejó algo más grave que retrasos logísticos: dejó la amarga sensación de que incluso el acto más básico de la democracia puede quedar atrapado entre negligencias, improvisaciones e irresponsabilidades. Cuando un ciudadano no puede votar por fallas del propio sistema, lo que se vulnera no es solo un procedimiento: se hiere la confianza.

La decisión de extender la jornada electoral al día siguiente evidenció la magnitud del problema. Lo que debía ser una excepción terminó revelando una precariedad institucional alarmante. Y cuando esa precariedad compromete derechos fundamentales, la distancia entre incompetencia y corrupción empieza a volverse inquietantemente pequeña.

Tal vez por eso este episodio me golpea más de lo que debería. Porque no solo veo mesas sin instalar ni funcionarios desbordados: veo la repetición de una historia. Veo al Perú tropezando otra vez con las mismas fragilidades, repitiendo el mismo desorden, dejando a sus ciudadanos expuestos a la incertidumbre.

Quizá por eso el miedo regresa como una memoria corporal. Porque detrás de cada crisis presente reaparecen todas las crisis anteriores: la adolescente que esperaba noticias, la madre que hacía colas interminables, la mujer que vio cerrarse la democracia, la viuda que aprendió a sostenerse sola, la madre que acompañó partir a un hijo que soñaba con un país distinto.

Cada nuevo desorden institucional despierta todas esas memorias al mismo tiempo. Entonces entiendo que mi temor no nace únicamente de la coyuntura política, sino de una historia acumulada de fracturas, decepciones y sobresaltos que siguen latiendo bajo la superficie.

El Perú me ha dado una piel dura frente a las crisis, pero el corazón sigue buscando el abrazo que me proteja de la próxima ráfaga.

Una investigación del Círculo de Estudios de Derecho Procesal de la Universidad del Pacífico revela que el Perú enfrenta una grave crisis judicial: una cantidad inaceptable de jueces provisionales.

Los jueces provisionales son quienes ocupan temporalmente plazas vacantes dentro del sistema judicial y, a diferencia de los jueces titulares, no cuentan con estabilidad en el cargo: su permanencia depende de decisiones administrativas y, pese a desempeñar las mismas funciones, no reciben una remuneración ni trato equivalente. Esta situación pone en grave peligro la independencia del juez, es decir, su capacidad de decidir sin la intromisión de influencias o presiones externas. Si quienes imparten justicia no cuentan con la protección necesaria para decidir con libertad, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo podemos asegurar que el sistema de justicia en nuestro país funcione si más de la mitad de los jueces son provisionales?

Según datos del Poder Judicial, en junio del 2025 existían 3,714 jueces a nivel nacional, de los cuales solo 1.560 (42%) eran titulares, mientras que 2.154 (58%) ejercían como provisionales o supernumerarios. A la fecha de este artículo, esas cifras no han cambiado de manera sustantiva.

Esta situación no es nueva, pero sí creciente. En los últimos seis años, el número de jueces titulares disminuyó en 291, mientras que los jueces en condición de provisionalidad aumentaron en 719. El resultado es un sistema judicial cada vez más dependiente de figuras temporales.

Entre las zonas más afectadas por la provisionalidad se encuentran Madre de Dios (83,7%), Huancavelica (78,7%), Lima Este (77,4%), Loreto (75,8%) y Lima Sur (70,6%). La situación es aún más preocupante en el ámbito penal. En lugares como Madre de Dios y Loreto, el 90% de los jueces penales en promedio son provisionales.

Estos elevados índices de provisionalidad afectan directamente a la capacidad del Estado para combatir, de manera especial, delitos complejos, como los casos vinculados a criminalidad organizada.

La Corte Suprema tampoco escapa al alto nivel de provisionalidad que afecta al sistema judicial. De acuerdo con la información obtenida de la página web del Poder Judicial, solo existen 20 jueces supremos titulares. Sin embargo, la totalidad de jueces supremos asciende a 61, lo que indica que 41 jueces supremos tienen la condición de provisionales. Como bien se indica en la referida investigación universitaria, este alto nivel de provisionalidad en la Corte Suprema impide que cumpla con su principal función: interpretar la ley y unificar la jurisprudencia; lo cual, a su vez, afecta a la predictibilidad y seguridad jurídica.

Esta lamentable realidad se ve reflejada negativamente a nivel internacional. El Proyecto de Justicia Mundial [WJP], evaluó a 140 países. El Perú se encuentra en el puesto 120 en la justicia civil y en el 115 para lo justicia penal.

La provisionalidad judicial fue concebida como una solución excepcional para cubrir vacíos temporales. En el Perú, sin embargo, la excepción se ha convertido en regla. Y cuando un sistema de justicia funciona mayoritariamente con jueces temporales, no solo queda suspendida la estabilidad de sus funcionarios, sino la credibilidad de nuestro sistema judicial.

La reforma del sistema de justicia, lamentablemente, ha estado ausente, una vez más, en las propuestas de los candidatos a la presidencia. Esperemos que quienes pasen a segunda vuelta muestren una sincera preocupación por la administración de justicia en el Perú.

Al mismo tiempo, la labor del periodismo serio demanda contribuir a levantar la mirada para buscar patrones, analizar causas estructurales, comparar experiencias y proponer soluciones que vayan más allá de la vorágine del momento. Es en ese espíritu de responsabilidad con sus lectores que El Comercio dio inicio a un ciclo de mesas redondas con el nombre Desde la Cúpula, por la emblemática sala dentro del edificio del Diario en el que tienen lugar. En la primera sesión, cuyos resultados se publicaron ayer, seis expertos en derecho electoral, derecho constitucional y ciencias políticas analizaron los errores que nos llevaron hasta esta situación y qué opciones tenemos para fortalecer el sistema político e ir hacia adelante.

Una de las conclusiones más compartidas entre los expertos es que el problema de fondo –con la explosión del número de candidatos, con la disfuncionalidad del Congreso, con la precariedad de la figura del presidente de la República, etc.– pasa por la debilidad de los partidos políticos. Si quienes aspiran a los cargos de elección popular son principalmente oportunistas que se cobijan en organizaciones cascarón o prebendarias, el futuro de la democracia estará necesariamente hipotecado.

Otra discusión interesante giró en torno a la figura del presidencialismo, en contraposición con un gobierno oficialmente parlamentarista. La mayoría coincidió en que, como mínimo, había méritos para discutir un espacio de transición hacia regímenes en los que el Congreso tenga un poder más formal sobre la designación y la labor del Ejecutivo. Hoy se tiene un sistema presidencialista desgastado y subordinado de facto al Legislativo, como consecuencia del formato electoral vigente, que solo recogería lo peor de los dos mundos. Pero ello también supone partidos políticos más consolidados.

Ocasiones de crisis e incertidumbre como la actual deberían ser aprovechadas para poner sobre la mesa las discusiones de fondo que influirán en el debate futuro. El Comercio se compromete a continuar con la difusión de ideas en formatos que sean útiles a los ciudadanos para construir una opinión informada y desde distintos ángulos. Hoy por hoy, es el sistema político y electoral el que necesita repensarse desde la raíz.

La ONPE murió por propia mano. No murió sola, sin embargo. Se llevó consigo la confianza de los ciudadanos, la seguridad del voto y, por tanto, la mínima garantía de la democracia.

En su aspecto más formal, la democracia es el cambio de mando pacífico, conforme a derecho. Es la voluntad de los ciudadanos lo que hace el cambio. En eso confiamos y a eso nos sometemos.

En el caso de las elecciones recientes, la ONPE tiró al basurero los supuestos democráticos. La crisis se reveló el mismo día de las elecciones: el material electoral no llegó a la hora indicada.

La ONPE quiso culpar de ello a la empresa Galaga. Sus representantes han dicho que la versión de la ONPE es falsa. El material no fue entregado a los camiones a la hora necesaria.

A esta empresa hay que investigarla. No contaba con el número de camiones necesario. Convocó a subcontratar una semana antes del evento. Hizo un sospechoso aumento de capital para calificar en la adjudicación.

Más allá de la culpa de la empresa, está la responsabilidad institucional de la ONPE. La ONPE buscó y contrató a esta empresa, que tenía procesos y vicios ya señalados.

Quizá Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no tenía noción de esta contratación. Quizá lo engañaron. Tal vez delegó demasiado.

La ONPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cuida los procesos electorales. Lo hace durante todo el año, cada día, cada hora. No hace otra cosa.

Esta entidad ha tenido un presupuesto de más de 900 millones de soles. Ha hecho contratos y órdenes de compra de camiones, laptops, impresoras, grupos de energía, toldos, lapiceros y un largo etcétera.

Ojalá todas esas órdenes de compra sean santas. Aun si fueran santas, no han sido eficientes. Es grosero: impresoras que se quedaban sin tinta, laptops que no funcionaban y material electoral que no llegaba para la instalación de las mesas.

Los votos habrían sido distintos si hubiéramos tenido un solo acto electoral. No se respetó, por tanto, la voluntad ciudadana en las elecciones del 12 de abril de este año.

Este caos fue gestado con anterioridad. Se debe a la corrupción en la ONPE, la ineficiencia en la ONPE, la negligencia en la ONPE, la irresponsabilidad de y en la ONPE.

No sabremos a quién quiso el elector como contendiente de la segunda vuelta. Sabemos, en cambio, quién es el principal responsable de esa emasculación del derecho electoral.

Posteriormente, sostuve una conversación virtual con el promotor de la planta. Me aseguró que enviaban geólogos a todas las operaciones que los abastecen de mineral, lo que, en teoría, apuntaría a un cierto nivel de control. Sin embargo, cuando le pregunté si los trabajadores mineros estaban en planilla y contaban con condiciones formales, la respuesta fue evasiva.

Distintas fuentes del sector me señalaron que esta operación era una de las más grandes y con mejores estándares dentro de su categoría. Con esa referencia, y aprovechando un viaje al sur, decidí visitarla personalmente.

La planta tiene una capacidad de 350 toneladas métricas diarias y se ubica en una extensa área desértica, colindante con un pequeño poblado. A primera vista, la magnitud de su infraestructura llama la atención: más molinos de los necesarios y depósitos de relaves que superan lo que uno esperaría para una operación de esa escala.

Uno de los temas más preocupantes es la gestión de los relaves. Ante la consulta sobre el cierre de estos depósitos, la respuesta fue que se evaluaba utilizarlos para fabricar ladrillos, aunque sin un proyecto concreto en marcha. Esta falta de planificación resulta particularmente grave si se considera el impacto ambiental que estos relaves pueden generar.

El punto más crítico surgió al abordar el origen del mineral. Menos de la mitad de los proveedores cuenta con concesiones propias. Al preguntar por qué no se limitaban a comprar únicamente a operaciones con concesiones propias, la respuesta fue clara: hacerlo haría inviable el volumen necesario para mantener la planta en funcionamiento.

En la práctica, esto implica aceptar la compra de minerales cuya procedencia podría ser, en el mejor de los casos, incierta. En el peor, se trata de material extraído de concesiones ajenas, lo que constituye una forma de hurto. Frente a ello, algunos operadores apelan al amparo del Reinfo por encima de las leyes y la Constitución, trasladando la responsabilidad al Estado.

La visita no permitió recorrer toda la planta, pero lo observado dista de lo que cabría esperar de una operación que aspira a ser considerada formal. A ello se suma la cercanía entre áreas urbanas, de procesamiento, relaveras y vías de tránsito, lo que incrementa los riesgos para los trabajadores y la población local.

Un primer paso debería ser la bancarización total de las transacciones de compra de minerales. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la fiscalización de las plantas procesadoras. Entidades como el Minem, la OEFA, la Sunafil, la Sunat y la UIF podrían actuar de manera más coordinada, estableciendo plazos para el cumplimiento de estándares mínimos verificables.

Mientras persista esta zona gris, en la que conviven esfuerzos de formalidad con prácticas difíciles de justificar, será imposible construir una minería de pequeña escala verdaderamente sostenible. Incluso en los mejores casos, las brechas siguen siendo significativas. Ignorarlas no hará que desaparezcan; solo retrasará las soluciones que el sector necesita con urgencia.

Inexplicablemente, Piero Corvetto sigue al frente de la ONPE. Su permanencia es insostenible. La ineptitud con la que ha dirigido el proceso daña la confianza en la democracia, está destruyendo la reputación de la institución a su cargo y ha provocado la mayor crisis de credibilidad en el sistema electoral desde los tiempos de José Portillo, más conocido como “Papelito manda”.

La incompetencia mostrada durante el desarrollo de la jornada electoral se convierte en destreza al momento de crear eufemismos para maquillar los fiascos. La privación del derecho al voto de más de 52.000 ciudadanos es para él “un error puntual”.

La ONPE mintió al afirmar que las cédulas encontradas junto a un tacho de basura fueron custodiadas por personal de la policía y el JNE. Tras ser refutada por Roberto Burneo, la institución envió un comunicado aclaratorio en el que la mentira se rebautizó como “información inexacta”.

El domingo aseguraron que los retrasos en la instalación de mesas eran responsabilidad de la empresa contratista Galaga. Ahora sabemos que no fue así. Que el material electoral llegó tarde por culpa de la propia ONPE. El sábado a las 11:43 p.m., a solo siete horas del inicio de la votación, aún había 35 camiones vacíos a la espera de una carga que no llegaba.

También prometieron resultados rápidos gracias a las supuestas mejoras tecnológicas. Ha transcurrido una semana de la elección y el país sigue sumido en la más absoluta incertidumbre.

Se puede sufrir percances. Tener tropiezos y demoras. Pero cuando los errores se acumulan y se recurre sistemáticamente a la falsedad para intentar explicarlos, el principal capital que tiene una institución, que es la confianza, se desvanece.

Las mentiras que se van acopiando son terreno fértil para alimentar otro tipo de sospechas. Y en la mente de muchos ciudadanos empieza a surgir una duda inevitable: “¿En qué más nos habrán mentido?”.

Bien haría la ONPE en responder las siguientes preguntas cuanto antes. El JNE, autoridades de control y sociedad civil deben obligarlos a hacerlo.

En cada elección hay mesas que se instalan tarde ¿Cuántas más mesas se instalaron tarde y qué tan tarde en la elección 2026? ¿Cuántos votantes corresponden a esas mesas electorales que se instalaron con retraso?

En cada elección hay ausentismo. En las elecciones de 2011 y 2016 fue de hasta 13% en Lima. En 2021 fue de 25%, pero sería un error comparar el ausentismo de 2026 con esta cifra porque era aún un año de pandemia COVID. En 2026 el ausentismo en Lima ronda el 19%. Cada punto porcentual de diferencia en el ausentismo en la capital representaría alrededor de 80 mil votantes. ¿Cuánto más ausentismo se tuvo en las mesas que se instalaron tarde?

En ambos casos corresponde hacer el análisis a nivel nacional y, en especial, en Lima que fue donde se reportaron incidencias. Luego, contrastar.

Los datos abiertos de la ONPE permitirían responder a estas preguntas y aproximar la magnitud del impacto sobre los resultados que ha tenido su incapacidad de llevar adelante esta elección correctamente. Algunas estimaciones en esa línea han circulado en redes sociales; sin embargo, ninguna oficial ni lo suficientemente rigurosa. El avance en conteo de votos ha dado escasa diferencia entre Sánchez y López Aliaga, pero son resultados con una legitimidad seriamente deteriorada. No es un reclamo basado en teorías conspirativas, es un reclamo basado en factos y negligencias. No es un reclamo de fraude, pero el daño está hecho y como todo daño es necesario que lo dimensionen, enmiendan y prevengan. Es muy posible que en muchos casos este no haya sido un ausentismo por decisión propia del elector sino por responsabilidad directa de la ONPE y sus acciones y omisiones que escapan de la fuerza mayor.

Lo que ha ocurrido en esta elección y la gestión en la ONPE es un reflejo también de la crisis de instituciones en el Perú. Sin embargo, este caso es sumamente grave. Representan un daño inconmensurable a una institución electoral, gravitante para garantizar la democracia. La economía y la prosperidad de un país no son posibles sin esta última. Si no se pueden elegir autoridades de manera transparente, ¿qué futuro le queda al país?

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Cae banda criminal que extorsionaba a transportistas

La desarticulación de Los Despiadados II confirma que, cuando la fiscalía y la PNP actúan de manera coordinada, el Estado sí puede golpear con eficacia a las mafias que asfixian al transporte. La captura, producto de un operativo que permitió localizar y detener a sus integrantes, representa un avance, aunque todavía insuficiente. El mensaje es claro: se necesitan persistencia, inteligencia y presencia sostenida para que este golpe no sea solo una victoria momentánea.

🟢Un ejemplo por seguir

El inspirador caso del joven de Villa El Salvador que desarmaba sus juguetes por curiosidad, aprendió inglés de forma autodidacta y hoy alcanza una beca completa en el prestigioso MIT nos llena de inmenso orgullo. La historia de Renato Gaitán demuestra que el talento, combinado con esfuerzo incansable y gran disciplina, puede superar cualquier barrera económica o social. Celebramos este extraordinario logro que debe servir como motor para que más jóvenes peruanos persigan sus sueños con absoluta convicción.

🔴Barril sin fondo

Lamentable, aunque revelador, es que el Gobierno confirme un apoyo financiero excepcional para Petro-Perú. Si bien asegurar el abastecimiento de combustibles evita un perjuicio mayor para la ciudadanía y la economía, también reabre una preocupación legítima sobre el uso de recursos públicos en esta empresa estatal. Este respaldo solo tendría sentido si viene acompañado por reformas serias, control estricto y resultados verificables, no como otro salvataje sin cambios de fondo.

El Perú no vota en un vacío. Vota en el centro exacto de una reconfiguración geopolítica hemisférica que Donald Trump está conduciendo con una claridad ideológica que no se veía en Washington desde la Guerra Fría. Lo que se está construyendo en América Latina con las recientes elecciones de gobiernos desde el centro derecha hasta la ultra derecha, no es una tendencia electoral pasajera: es un bloque anticomunista occidental que tiene en Washington su centro de gravedad, y Perú es la pieza que falta en ese tablero.

Entender eso es ver por qué una potencial segunda vuelta entre Fujimori y el comunista Sánchez es cualitativamente distinta a cualquier balotaje peruano anterior. Cuando Castillo enfrentó a Fujimori en 2021, el viento soplaba en dirección contraria: Venezuela y Cuba operaban con plena capacidad de proyección regional, el socialismo del siglo XXI tenía momentum ideológico en el continente y Washington estaba en un ciclo de política exterior permisiva hacia los gobiernos de izquierda latinoamericana. Hoy con Venezuela y Cuba colapsadas internamente, sin capacidad de influencia ni financiamiento al bloque Bolivariano de los gobiernos afines, ese ecosistema no existe más. El Departamento de Estado ha dejado claro cómo se relacionará con cada gobierno de la región. Pensar hoy que el comunismo es una mejor alternativa a la derecha en Perú es no vivir la realidad actual. Aquellos que piensan lo contrario olvidan que ese viento de popa que tuvo Castillo en el 2021 no soplará más.

Para cualquier actor económico que lea el tablero hemisférico con lucidez y sin rencores mezquinos, sabe que un gobierno de Sánchez nos dejaría fuera del bloque que Washington está construyendo activamente. Perú tiene un TLC vigente con Estados Unidos, depende estructuralmente del FMI y del Banco Mundial, y recibe fuerte inversión directa en sus sectores más estratégicos.

Ningún fondo de inversión con exposición al mercado peruano puede ignorar lo que significa gobernar en tensión con la administración Trump en este momento. Ese cálculo frío, que no aparece en ninguna encuesta pero opera con eficacia brutal en los mercados y en las élites económicas, se traduce en respaldo político, financiamiento de campaña y cobertura mediática. Todo ello fluye hacia el rechazo a la izquierda estatista y amenazante de la democracia.

El factor Castillo merece un análisis más honesto que el que suele hacerse. Una encuesta de IPSOS de abril de 2025 revela que mientras en 2023 el 51% creía que Castillo intentó un golpe de Estado, para 2025 esa cifra cayó a 33%, y el 59% cree que fue el Congreso quien propició el quiebre constitucional. Ese dato es real y tiene consecuencias electorales reales: para ese segmento del electorado, mayoritariamente rural y del sur, Castillo no es un lastre sino un mártir, y el apoyo de su entorno a Sánchez es señal de credibilidad, no de toxicidad. Sánchez lo entendió antes que nadie, hizo la Ruta Castillista y cosechó votos de primera vuelta. El error analítico está en tratar ese fenómeno como una anomalía o como ignorancia: es una lectura política coherente de un electorado que vivió el gobierno de Castillo de manera radicalmente distinta a como lo vivió Lima.

Sin embargo, la segunda vuelta no se gana en el sur. Se gana en Lima y en las ciudades intermedias, donde la memoria del castillismo tiene contenido completamente distinto: corrupción documentada, inestabilidad institucional permanente, gabinetes mediocres y de escándalo y un intento de golpe de Estado que el 41% del electorado sigue atribuyéndole a Castillo. Ese 41%, concentrado en los segmentos urbanos y que pesan en la decisión del voto, verán en la promesa de Sánchez de indultar al golpista -de lograr éste colarse al balotaje- como una señal de alarma imposible de ignorar, viéndolo de la facción anti izquierda que se vea. pues representa la ruptura del orden democrático y eso lo debe tomar en cuenta tos aquel que defienda la estabilidad democrática en nuestro país. Frente a ese aún incierto escenario, Fujimori llega a la segunda vuelta siendo la mejor versión de sí misma. Su antivoto disminuyó 10 puntos desde febrero, resultado de una moderación deliberada y sostenida de discurso. Tiene el piso de voto duro más alto y la mejor maquinaria territorial del país, y por primera vez en su historia electoral el contexto geopolítico juega explícitamente a su favor.

El odio, el rechazo y el miedo no deben decidir, no podemos dejar espacio a la ideología de hambre y retraso que lamentablemente el sur ha comprado de la izquierda. Por lo tanto esperemos que el resultado que estamos esperando coincida con esa decisión del país de centrarse en elegir un camino de estabilidad y crecimiento al margen de nuestras simpatías. Lo que esta elección representa es algo más grande que dos candidatos: es el puesto del mapa hemisférico que ocupará el Perú en los próximos cinco años. Con los nuevos giros de los gobiernos de la región, sumados a Trump en Washington, el bloque anticomunista occidental en América Latina tiene ya una forma concreta y una agenda compartida de la que el Perú debe ser parte protagónica y solo dos candidatos defienden ese objetivo.

Me he ganado a pulso esa hostilidad. Me he portado mal con ella y con él. Aunque ahora mismo no las recuerdo, he escrito cosas sobre ellos, o contra ellos, que no debí publicar. No me refiero solamente a novelas, sino también a columnas periodísticas, que, en mi caso, son novelas por entregas, novelas que nadie me paga y casi nadie lee. A mi exesposa, empresaria hotelera, le rendí un homenaje tardío e incomprendido, la novela “El huracán lleva tu nombre”, pero a ella le disgustó verse desdibujada literariamente y, desde entonces, me consideró un soplón y un felón, alguien que no sabía guardar secretos, un asaltante de la intimidad, un pirata que saltaba de cama en cama. A mi exnovio argentino, escritor de revistas de modas, le dediqué unas líneas melancólicas en “El canalla sentimental” y, tiempo después, ciertos pasajes amargos, despechados, en “El niño terrible y la escritora maldita”.

Podría decir, tratando de salvar el honor, que yo dejé a mi exesposa y, años más tarde, rompí con mi exnovio. Mentiría. Así no ocurrieron las cosas. Mi exesposa se hartó de mí, me abandonó y se marchó con nuestras dos hijas a la ciudad del polvo y la niebla, a cinco horas en avión desde la isla en que vivíamos, la misma isla donde, por pura pereza, elijo seguir viviendo. El argumento que esgrimió para dejarme fue demoledor: Eres un pésimo amante, el peor amante que he tenido. Me espetó esa acusación porque, después de amarnos, yo a veces rompía a llorar y le decía que, además de estar con ella, quería enredarme con un hombre incierto, imaginario, un hombre que me procurase placeres innombrables que ella no podía darme. Comprensiblemente hastiada de mí, incapaz de competir con un amante fantasmagórico, se rindió, me dejó, se alejó de mí y se enamoró bien pronto de un francés ricachón, jugador de polo, alcohólico sin culpa, que supo amarla como ella merecía.

Mi exnovio argentino, escritor y coleccionista de revistas de modas, me fue infiel muchas veces, sin que yo me enterase. Yo también le fui infiel, pero una sola vez, y no con otro hombre, sino con una librera y escritora argentina, y cuando se lo confesé, él soltó una carcajada, opinó que esa joven afiebrada por los libros no le parecía atractiva y sentenció: Pensé que ya no te gustaban las mujeres. Entretanto, él, que viajaba a menudo como escritor de revistas de modas para entrevistar a grandes personajes del arte y el espectáculo, se acostaba discretamente con otros hombres, algunos de ellos amigos míos, que yo mismo le había presentado, pero no me lo decía y juraba que me era fiel. En Madrid tuvo intimidad con un famoso presentador de televisión, heraldo del cotilleo, de baja estatura y gafas coloridas, al que, no sé por qué, llamaba El Tomate. En Barcelona se enredó con un escritor venezolano, personaje de las televisiones, casado con español, a quien apodaba La Guacamaya, por su manera estridente de hablar. En Santiago de Chile encontró consuelo en un novelista talentoso que yo le había presentado en los cines del Abasto de Buenos Aires, a quien mi exnovio aludía afectuosamente como Buena Onda, y en los bosques de Zapallar vivió un romance con un escritor refinado y huidizo al que describía como El Jardinero. Por si fuera poco, en Lima, mi ciudad natal, se revolcó con uno de mis enemigos, un periodista acerbo, punzante, alias Anzuelo, y ambos, desnudos, elevados por el cannabis, hicieron escarnio de mí, diciendo que era un amante desastroso. Vine a enterarme de todos esos secretos cuando mi exnovio me anunció por teléfono, él desde Buenos Aires, yo de paso por Bogotá, que no quería verme más, o que necesitaba dejar de verme un tiempo largo. Me quedé helado. No sabía que me había sido infiel, tantas veces infiel. Le pregunté por qué me dejaba. Respondió lacónicamente: Porque ya no me calentás. Le pregunté si se había enamorado de otro hombre. Respondió: no, pero me gusta coger con otros chabones. Furioso, despechado, me rebajé a escribir una diatriba contra él, que publiqué en un diario español. Después de leerla, mi exnovio me escribió un correo largo, desalmado, brutal, contándome, una o una, sin ahorrarse detalles, todas las infidelidades que me había escondido, sus amores furtivos con El Tomate, con La Guacamaya, con Buena Onda, con El Jardinero, con alias Anzuelo y con otros hombres que yo no conocía. En represalia, le pedí que se marchase del apartamento que compartíamos cuando yo visitaba Buenos Aires. No puso objeciones a retirarse ni alegó que la propiedad le correspondía. Tiempo después, la vendí, convertida en museo del desamor. No podía dormir en su cama ni en la mía, sin recordar los años, siete nada menos, en que fuimos felices, años en los que él me engañaba y yo era tontamente feliz porque no lo sabía.

Ahora pienso que mi exnovio se hartó de mí y me abandonó por la misma razón que alegó, hastiada, mi exesposa, es decir, porque yo era un pésimo amante, un amante distraído, desganado, apático, un amante pasivo, sin bríos ni fuelle para agitarse, un amante bobo, lento como una tortuga, que no sabía coger, prefería seguir leyendo y se revelaba indispuesto para machucar y pisar con destreza erótica a su pareja. Podría decir entonces que no me dejaron por razones sentimentales, sino por unas de índole sexual: ella no se sentía bien atendida por mí, y él, dandi, figurín, adicto a la moda, me veía como si yo fuera una pelota inflable de playa.

Lo que no estaba en mis planes era que mi exesposa se hiciera amiga de mi exnovio. Ahora ambos me detestan, no quieren verme, y sin embargo son amigos. No se ven con demasiada frecuencia, menos mal, pero si ella pasa por Buenos Aires, salen a cenar, y si él viaja a Lima y a Cusco, pagado por sus revistas para escribir reportajes sobre los encantos de esas ciudades, ella le ofrece las mejores suites de sus hoteles a tarifas rebajadas, y él tiene el buen gusto de aceptarlas, porque los hoteles de mi exesposa son preciosos, regiamente decorados por ella, quien, cuando estuvimos casados, trató de decorar también mi vida, pero fracasó, porque yo no entiendo de la moda y sus tendencias, a diferencia de ella, sílfide, y de él, carilindo, siempre vestidos a la moda, sin un ápice de grasa, mientras yo, con los años, me he convertido en un gordo mal vestido, peor peinado y siempre desaseado.

Una de mis hijas se casó recientemente en una fiesta fabulosa y fue allí donde me encontré con mi exesposa, quien lucía espléndida, rejuvenecida, tanto que parecía hermana de nuestra hija. Me alegró verla contenta, orgullosa de nuestras hijas, exitosa en sus emprendimientos hoteleros. Me emocionó besar sus mejillas, al saludarnos, y lloré como una señora mayor cuando mi hija prometió amar a su novio. Luego mi exesposa me pidió que me acercase para hacernos una foto con nuestras hijas y el novio. Dudé. Le dije: Voy a afear la foto. Ella sonrió y me dijo: No te preocupes, después cortamos la foto donde sales tú. Me reí de buena gana, aunque sentí que, de nuevo, ella, con buen juicio, se alejaba de mí, prescindía de mí, me borraba de la foto. Por supuesto, tuve la delicadeza de no preguntarle por su novio francés, quien, según me contaron, se encontraba internado, en rehabilitación, tratando de alejarlo de las bebidas espirituosas. Tenía miedo de que ella me dijera: tú también deberías internarte para dejar las pastillas. Pues no. No dejaré las pastillas. Moriré dopado, convenientemente dopado, y, con suerte, sin darme cuenta.

En cuanto a mi exnovio, fue un alivio que no estuviera en la fiesta, invitado por mi exesposa. Supe por mis hijas que él está escribiendo una novela inspirada en su agitada vida amorosa, incluyendo el tiempo que perdió conmigo, qué miedo. Aquella noche, después de la fiesta, alojado en un hotel cómodo, aunque no lujoso, pues mi exesposa no me ofreció sus hoteles señoriales a precios rebajados, tuve que duplicar mi dosis habitual de pastillas, porque una idea persistente e insidiosa me impedía conciliar el sueño: mi exesposa y mi exnovio se arrepienten del tiempo que perdieron conmigo.

Una nueva encuesta del Foro de Opinión Pública Latina, realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, revela que el índice de aprobación de Trump entre los hispanos a escala nacional ha caído al 31%. Para ponerlo en perspectiva, Trump ganó las elecciones del 2024 obteniendo entre el 46% y el 48% del voto latino. “Hemos visto una erosión sorprendente del voto latino a favor de Trump en los últimos 14 meses”, me dijo Eduardo Gamarra, quien dirigió la encuesta de 1.054 adultos hispanos. “La principal preocupación de los latinos es la economía, que fue precisamente el tema que llevó a Trump a la victoria en las elecciones del 2024”, me comentó Gamarra.

La tasa de desaprobación de Trump entre los latinos es del 76% en Arizona, el 72% en California y el 71% en Texas. En Florida, su desaprobación entre los hispanos es del 54%. Gamarra me dijo que la encuesta se hizo poco antes de la guerra con Irán. Si se realizara hoy, la desaprobación de Trump probablemente sería mayor por el aumento en los precios de la gasolina, señaló.

Otras encuestas recientes de votantes latinos muestran una tendencia similar. Una encuesta nacional de Somos Votantes revela que solo el 30% de los votantes latinos dicen apoyar a Trump. En cuanto a las elecciones de noviembre, Somos Votantes dijo que Trump constituye una “carga electoral” negativa para muchos candidatos republicanos, y que “sus peores cifras se registran en el ámbito económico”. Melissa Morales, presidenta del grupo, dijo que “nuestros datos demuestran que el aumento del costo de la vida no es solo un tema de debate: es el veredicto”.

Aún así, ni Gamarra ni los directivos de Somos Votantes creen que esta insatisfacción garantizará automáticamente un triunfo demócrata en noviembre. Aunque los datos muestran que los demócratas llevan una ventaja considerable, “también dejan claro que los demócratas no tienen asegurada la victoria”, señaló la encuesta de Somos Votantes. El Partido Demócrata es vulnerable en temas como el despilfarro gubernamental, la delincuencia y la credibilidad fiscal, añadió el estudio.

Sorprendentemente, un 44% de los votantes latinos apoya las deportaciones, a pesar de que el 70% de los encuestados se opone a las tácticas empleadas por la Policía de Inmigración (ICE). En cuanto a la política exterior, las encuestas indican que la máxima prioridad para los latinos es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. “Aproximadamente la mitad de los votantes latinos también expresan su preocupación de que los demócratas prioricen temas desconectados de la realidad económica de las familias”, concluyó el estudio de Somos Votantes.

El mensaje de estas encuestas para los demócratas es claro: si se centran en los temas económicos y se mantienen al margen de temas progresistas de género y cultura –que terminan alejando a muchos votantes religiosos–, tienen buenas posibilidades de ganar el Congreso en noviembre. Y si los demócratas eligen a un candidato moderado para el 2028, podrían ganar la Casa Blanca.

¿Y el mensaje para los republicanos? Si siguen respaldando las falsas afirmaciones de Trump de que la economía marcha de maravilla; no critican los memes en los que el presidente se retrata jocosamente como Jesús; y siguen justificando las detenciones de inmigrantes legales por parte de ICE; lo más probable es que seguirán perdiendo votos latinos, y probablemente las próximas elecciones.

La nulidad de todo el proceso no genera mayor adhesión. Por lo escuchado y leído, y además por lo que algunos consideran como “reparación” mínima por el daño infligido a su expectativa electoral, parece que la idea de volver a realizar las elecciones en Lima podría tener cierto apoyo. La pregunta es: ¿puede ser viable?, ¿soluciona el problema?

Lo primero que habría que señalar es que, para que pueda considerarse una posibilidad, debería existir cierto consenso político. Una nueva elección en Lima, que representa un tercio del electorado, con pleno conocimiento de las tendencias actuales y de los resultados parciales nacionales al 94%, podría alterar totalmente, e incluso invertir, el resultado final luego de una nueva elección en Lima, en comparación con lo que hasta ahora se proyecta.

Segundo, debe sustentarse –o establecerse si no lo hay– el marco legal. Si lo hay, el JNE puede interpretar esas normas y realizar nuevas elecciones, o pedir al Ejecutivo que convoque a la brevedad nuevas elecciones en Lima. Si no lo hay, el JNE debe gestionar ante el Congreso una norma que haga viable que el Ejecutivo emita el decreto supremo de convocatoria.

Tercero, se debe considerar un nuevo cronograma, ya que se tiene que reprogramar todo el proceso electoral: nueva fecha para la realización de la segunda vuelta, para la proclamación de los resultados, para el proceso de transferencia y, probablemente, con necesidad de una reforma constitucional ‘express’, para la toma de mando.

Cuarto, definir si se trata solo de nuevas elecciones para presidente o también para los senadores y diputados; y si será solo en Lima Metropolitana o también en la región Lima.

Quinto, solo será viable: i) si se toma la decisión ¡ya!; ii) si renuncian inmediatamente el jefe de la ONPE y los funcionarios responsables de las irregularidades; iii) si la ONPE puede corregir a tiempo sus problemas logísticos y todas las irregularidades cometidas; iv) si se suspende inmediatamente el conteo de los votos, por lo menos en Lima; v) si el Gobierno asegura y transfiere los recursos económicos necesarios; vi) si los candidatos y partidos políticos que aceptan participar se comprometen, públicamente y por escrito, a reconocer y respetar los resultados de esta nueva elección.

En base a todo esto, hay que evaluar bien las cosas, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Llegué puntual a las 6:00 a.m. como miembro suplente. Como tantos otros ciudadanos responsables, cumplí. Lo que no cumplió fue el sistema. El material electoral recién llegaba. No estaba distribuido. No había condiciones mínimas. Terminamos instalando la mesa entre los miembros de mesa, improvisando lo que debía ser una operación planificada al milímetro. La votación comenzó poco después de las 9:00 a.m.: dos horas tarde, con personas discapacitadas en la cola y muchos reclamando airadamente la tardanza.

No fue un hecho aislado. Más de 75 locales de votación se vieron afectados por retrasos logísticos, y decenas de miles de ciudadanos –más de 60 mil solo en Lima– no pudieron votar a tiempo. El propio Jurado Nacional de Elecciones reconoció que cerca del 30% de mesas no se instaló oportunamente. En cualquier estándar internacional, esto sería inaceptable. En países de la OCDE, la puntualidad en la apertura de mesas supera el 95%. En Chile o Uruguay –nuestros vecinos más comparables–, el proceso electoral es casi un ritual de precisión logística. En Estonia, el voto digital permite incluso sufragar desde casa. Aquí, en cambio, seguimos lidiando con impresoras que no funcionan y cartuchos de tinta que se agotan. Sí, cartuchos.

Tras el caos inicial, la jornada fluyó razonablemente bien. La ciudadanía –como siempre– estuvo a la altura. Familias llevando comida a los miembros de mesa, padres enseñando a sus hijos el valor del voto. La democracia sostenida por los ciudadanos, a pesar del Estado. Pero el verdadero colapso llegó en el escrutinio. Computadoras que se cuelgan. Impresoras que fallan. Actas que salen incompletas. Papeles membretados que se acaban. Tinta insuficiente. Horas de incertidumbre sobre la validez de lo que estábamos registrando. Terminamos cerca de las 2:00 a.m. del día siguiente, agotados y con una sensación incómoda: habíamos cumplido, pero el sistema no.

Este no es un problema anecdótico. Es una crisis de gestión. La evidencia es contundente: la ONPE contrató a una empresa logística cuestionada –y más cara que otras alternativas– que no cumplió con la entrega del material. Hubo fallas en supervisión, en tecnología, en planificación. Y lo más grave: según denuncias, las autoridades ya tenían señales previas de la crisis y no actuaron a tiempo. Esto tiene nombre en gestión pública: negligencia, si no corrupción.

Pero hay algo aún más preocupante: la actitud frente al ciudadano. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas a medias y extendió el horario de votación. Incluso se habló de perdonar multas. Pero eso no es solución. Es, en el mejor de los casos, un parche. En el peor, una muestra de desconexión. Porque el problema no es la multa, es el derecho. Cuando más de 60 mil ciudadanos oficialmente quedan sin votar, cuando el proceso depende de la improvisación de los propios electores, cuando la autoridad responde con explicaciones tardías –“me fui a dormir sin saber”, según su propia declaración pública–, no estamos frente a un error logístico. Estamos frente a una falla institucional. Y esa falla tiene costos: costos en confianza, costos en legitimidad, costos en democracia.

No es casualidad que hoy existan pedidos para la salida del jefe de la ONPE, en medio de críticas empresariales y políticas por la magnitud de los errores. Ni que organismos electorales internacionales observen con preocupación los retrasos y la incertidumbre generada. La democracia no es solo votar. Es confiar en el proceso.

En el sector privado, una experiencia así activa auditorías, cambios de proveedores, renovación de equipos y cambios en la dirección. Aquí, en cambio, seguimos normalizando la mediocridad. Y eso es lo más peligroso. Porque un país puede tolerar un mal servicio. Lo que no puede tolerar es un sistema electoral que funcione mal. Si la ONPE fuera una empresa, no solo tendría un NPS negativo: estaría perdiendo a sus usuarios. En democracia, esos “usuarios” somos todos los ciudadanos.

Por ello, desde el proceso electoral del 2021, aposté por una estrategia ‘indirecta’: guiar el análisis por las preguntas sobre el autoposicionamiento ideológico de los peruanos (de izquierda a derecha) antes que por las preguntas sobre por quién van a votar (pues la mayoría no lo sabe con certeza). Conocer si una persona se autoidentifica en una escala de izquierda a derecha, seguramente no pronostique con exactitud quiénes ganarán la elección, pero casi.

Esta estrategia ‘indirecta’ tiene debilidades que hay que ponderar. La primera: entre el 75% y 80% de peruanos suelen posicionarse en este eje. Es decir, hay un cuarto de la población que se escabulle de este enfoque, aunque suelen estar en el grupo de quienes no votan o vician sus votaciones. Pero, sinceramente, no existe otra variable política que clasifique eficientemente a tan amplio número de personas. Algunos creen que la distinción entre izquierda y derecha ha caducado, y que debe ser reemplazada por otros ejes como el liberal-conservador, por ejemplo. De hecho, analistas creativos inventan categorías tan pretenciosas como superfluas, como ‘revanchistas’ versus ‘institucionalistas’, u otras adaptaciones de manuales de autoayuda a la compleja realidad nacional. Me considero de los que creen que el entendimiento más parsimonioso del mundo político sigue siendo bajo las coordenadas de izquierda a derecha. Con este enfoque ‘old school’, en 50+Uno preguntamos a los peruanos durante las campañas del 2021 y del 2026, a través de encuestas de representatividad nacional (Ipsos y Datum, respectivamente), cómo se posicionaban en una escala donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. En el 2021, la media era 5,8 pero con una distribución que graficaba polarización aguda: 11,6% se ubicaba solo en el punto 1 (extrema izquierda) y 17,2% en el punto 10 (extrema derecha). Sin saber exactamente quiénes terminarían capitalizando esos extremos, podíamos anticipar el surgimiento de candidaturas radicales como terminaron siendo Pedro Castillo (1) y Rafael López Aliaga (10). De hecho, en aquella ocasión advertí: “Hay un electorado radical que busca un candidato tipo Antauro” (“Trome”, 23 de agosto del 2020). Lo que pasó, ustedes lo conocen.

Para el actual proceso electoral, repetimos el ejercicio. Primera novedad: la media se incrementó a 6,3 (más a la derecha), y la derecha extrema permaneció sólida (15,4%). La segunda: la extrema izquierda se redujo al 5,5%. La proporción del castillismo se encogió a la mitad, creando un nuevo escenario de polarización asimétrica. Esta es la base (con más elaboraciones estadísticas, por supuesto), que da pie al argumento que he sostenido en esta campaña: “El electorado peruano ha ido virando paulatinamente hacia la derecha” y hay un colchón electoral para que dos candidatos presidenciales de derecha pasen a la segunda vuelta” (El Comercio, 30 de marzo del 2026). De hecho, la amplitud de dicho campo es tal que pudo haberse configurado una triada de candidatos que capitalicen este espectro político como los más votados, como terminaron representando los electorados de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Sin embargo, el voto escondido propio de los radicalismos y la fragmentación en ambos campos (derecha e izquierda) impedía descartar la posibilidad de una candidatura de izquierda colándose en la definición, como también lo sostuve en la entrevista citada (“Roberto Sánchez va a sacar más puntaje de lo que muestran las encuestas”).

Para quienes hacemos trabajos empíricos de opinión pública, la derechización del electorado peruano no es ninguna novedad. El excelente libro Desencanto (de Carrión, Aragón y Zárate), recientemente publicado, grafica esta tendencia, entre otros hallazgos interesantes. Bastaría revisar los informes de opinión pública del IEP para darse cuenta del desplazamiento ideológico indicado. Consejo de pata: consuma más academia y menos influencers.

Es cierto que algunos colegas científicos sociales plantearon con algún sustento de datos que el fenómeno de Pedro Castillo se repetiría: un tsunami electoral que en las últimas semanas previas a la elección llevaría a un candidato de izquierda radical a más del 20% de los votos válidos. La justificación, a posteriori, de que este escenario no se replicó, arguye que la aparición de otros ‘outsiders’ antiestablishment como Ricardo Belmont, impidieron a Roberto Sánchez repetir lo alcanzado por el expresidente del sombrero. El error de esta alternativa se debe a que incurren en falacias ecológicas. Es decir, construyen inferencias sobre fenómenos individuales (las preferencias electorales de personas) a partir de datos agregados (resultados electorales pasados agrupados por jurisdicciones). Además, parten de otro supuesto errado: la sociedad peruana no habría cambiado en cinco años.

No solamente se trata de una decisión metodológica equivocada, sino también de una visión estática de nuestra sociedad. Como si la crisis de inseguridad, la gestión de Castillo y su intento de golpe y la inestabilidad del Ejecutivo, fuesen inocuos para la formación de las preferencias electorales. Tenemos que considerar, además, cambios generacionales que han agudizado la volatilidad de los apoyos a candidaturas personalistas y han afectado la dinámica de toma de decisiones colectivas en el mundo rural andino. Si los espontáneos analistas del río Rímac siguen idealizando el asambleísmo rural o asumiendo un monolítico radicalismo provinciano, sencillamente son ellos quienes no salen de sus burbujas sociales.

La perspectiva ideológica de vieja escuela flaquea –reconozco– frente a fenómenos antiestablishment antiprogramáticos cuyos electores se refugian en el espacio de “centro” (19,3%) cuando en realidad más que moderación reflejan desencanto. Por eso Ricardo Belmont fue más exitoso que Carlos Álvarez, pues el primero optó por la antipolítica y el segundo por bukelizarse. Esta es una tarea pendiente para quienes nos esforzamos en analizar científicamente al peculiar electorado peruano.

Pero esto era una ilusión. El bochornoso espectáculo que protagonizó la ONPE el pasado 12 de abril será una marca permanente en su reputación institucional. El descalabro por la ausencia de material electoral en los locales de votación de la capital el día de la elección, así como por otras muchísimas fallas operativas en esa fecha y en los días subsiguientes no tienen justificación. La situación de descontrol llegó a tal punto que el JNE denunció penalmente a Piero Corvetto, cabeza de la ONPE, atribuyéndole tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Será difícil, por decir lo menos, defender la pulcritud de un proceso en el que la autoridad máxima en la materia interpone una denuncia penal, en esos términos, en contra de quien organiza los comicios.

Unos días después, el mismo JNE desmintió a la ONPE respecto del material electoral hallado al costado de un tacho de basura. De acuerdo con la ONPE, si bien hubo negligencia en su manejo, la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de personal de la policía y del JNE en su traslado. Frente al Congreso, sin embargo, Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que esto no era cierto. “No hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, indicó. La ONPE se vio obligada a retractarse y pedir disculpas. Un papelón inaudito.

A todo esto se van sumando día a día errores comunicacionales, de actualización de la página web, y un conteo que genera más dudas que certidumbre. Se debe, en ese sentido, pedir una auditoría al sistema de conteo de la ONPE. Así, la permanencia de Corvetto al frente de esta entidad es ya insostenible. Con miras a la segunda vuelta debe ser reemplazado mediante cualquier canal institucional disponible. Mientras antes suceda, mejor. Y él no es el único responsable. El nivel de descuidos y negligencia puede sugerir intencionalidad en el interior de la ONPE para afectar el proceso electoral y perjudicar opciones políticas concretas. A estas alturas, los indicios son más que suficientes para, por lo menos, iniciar una investigación a fondo mediante una comisión con amplias facultades. Aquí no puede haber borrón y cuenta nueva. Se juega la credibilidad de la democracia. El país tiene el derecho a saber qué pasó el 12 de abril, y los ciudadanos afectados tienen derecho a saber qué pasó con sus votos.