Vivir en la incertidumbre. No saber si llegaremos al final del día, al final de la semana, al final del mes, si tendremos que dejarlo todo, si algun sicario nos va a disparar o va a dispararle a mi papá o a mi hermano o hermana. No saber si lo que vamos a vender en nuestro kiosko o nuestro puesto va a alcanzar para algo al final del día. No saber si nos va a dar alguna enfermedad o vamos a tener un accidente, lejos de cualquier posta médica donde tendremos que hacer cola desde las cinco de la mañana. No saber si nos demorará menos de tres horas llegar al trabajo después de tomar una mototaxi, un micro pequeño y un ómnibus o un tren, bajando del lugar donde vivimos. Saber que por más que haya habido elecciones y hay un nuevo gobierno, en el mejor de los casos las condiciones seguirán igual, al menos por un buen tiempo. No saber si podremos vacunar a los hijos, si será suficiente con las contribuciones en los comedores populares y con las asociaciones parroquiales.

No saber si podremos encontrar un trabajo donde haya un sueldo decente, unas condiciones mínimas, una relación productiva, si podemos sobrevivir a las corruptelas, a los favoritismos, a las preferencias de camarillas o caudillos. No saber si llegará el agua a nuestro barrio que depende de un camión cisterna o no, de vez en cuando, o si alguna vez nos acostumbraremos como muchos peruanos a vivir sin agua, sin luz, sin desagüe, sin las condiciones de vida decente mínimas. No saber si las elecciones podrán asegurar algo nuevo, o si la vida es un plano de hechos sin sentido, sin razón, el diseño de un dios de la historia desquiciado que juega a los dados, como en el poema de Vallejo. Jugar a no perder la esperanza, la fe, sabiendo que una persona o una familia puede vivir en las peores condiciones pero no sin la mínima convicción de que algún día las cosas pueden cambiar. Haber salido a votar por alguien y pensar que esa persona o ese partido o esas ideas puedan ser una farsa, como cuando depositamos nuestra fe en alguien que nos traiciona, en un relato definido por los traidores.

La incertidumbre le debe su imperio en el Perú a una historia hecha de contradicciones, de fragmentación y de división. Nada es seguro, todo es posible, me dijo alguna vez una amiga extranjera. Ese mismo lema, sin embargo, se extiende al mundo de hoy. La incertidumbre de cómo acabará la guerra de Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, con los bombardeos constantes en el Líbano, no dan señales de terminar. Los acuerdos de paz y las conversaciones sirven de poco. Por otro lado, con el calentamiento global, los indicios de veranos ardientes y de inviernos càlidos, gracias a la quema de combustibles fósiles y a la tala de árboles, no sabemos qué será de este planeta.

Y en la América Latina, con nuevas elecciones, la incertidumbre de los más pobres y necesitados es la más urgente. Viendo las posiciones radicales que muestran los políticos, uno tiende a pensar que el “futuro ya no es lo que era”. Con frecuencia recuerdo el dicho andaluz que repetía nuestro querido Alfredo Bryce: “A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, mi esperanza la mantiene”.

Una indica que la figura adoptada por el senador elegido no está contemplada pues “todavía él no ha asumido el cargo para el cual ha sido elegido”, precisando que, como quiera que no va a llenar las declaraciones juradas y formularios que exige el Reglamento del Senado, además de no jurar, corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones llamar al siguiente de la lista.

Otra opinión hace un símil con lo ocurrido en el año 2015 cuando una regidora no quiso asumir el cargo y la Municipalidad comunicó ello al Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo este con llamar al siguiente de la lista, concluyéndose: “Son casos similares porque el regidor, como el senador, es un cargo de elección popular”. 

Me permito, con todo respeto, discrepar de tales argumentos, y de la constitucionalidad de que López Aliaga pueda adoptar la posición que ha esgrimido.

En primer término, debe indicarse que en Derecho cada término jurídico tiene una significación particular, y ello condiciona y determina sus efectos.

Así, es bueno partir por analizar la pretensión de López Aliaga desde la Constitución, que es la norma que está en el vértice superior de nuestro sistema jurídico y cuyos efectos irradian a todas las normas.  

En ese sentido, la Constitución en sus artículos 92 y 95 tiene dos disposiciones que creo no han sido analizadas. En el primero de ellos, la norma suprema taxativamente ordena que “el mandato de senador o diputado es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional”.  En el caso del artículo 95, se sanciona que “el mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable”.

Como podrá apreciarse, en ambos artículos constitucionales no se habla del ejercicio de la función congresal sino del mandato congresal recibido; y ese mandato, otorgado por el pueblo a través de la elección, no está sujeto a la voluntad personalísima de quien lo ha recibido; de ahí que, incluso, este se encuentre atado y no pueda renunciar. 

En cuanto al símil que se hace respecto a lo ocurrido en el pasado con la no asunción de una regidora, diría que la invocación es impertinente, pues el cargo de regidor no tiene las características que sí le da la Constitución al de senador. Tómese en cuenta nomás que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante, entre otros casos, por ausencia de la jurisdicción municipal por más de treinta días; por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción municipal; o, incluso, por la inasistencia injustificada a las sesiones del Concejo Municipal.

Como indica Alberto Borea, quienes conforman el Parlamento “deben estar conscientes que tienen durante el lapso por el que fueron electos un mandato y una responsabilidad con el pueblo, y, además, un respaldo que le debe de venir dado por la propia institución a la que han accedido”.

Se requiere fortalecer nuestra institucionalidad y no debilitarla con posiciones antojadizas.

Lo mismo ocurre en el mundo de las opiniones políticas. Una vez que uno asume una posición explícita —sea votando por cierto candidato o pronunciándose públicamente a favor o en contra de una postura—, es muy complicado retroceder sobre ello. Solemos pensar que nuestras opiniones dictan nuestro comportamiento, pero muchas veces es al revés: nuestro comportamiento dicta qué tan estables son nuestras opiniones en el tiempo.

El comportamiento es uno de los componentes de la “actitud” o la “opinión”. Nuestras opiniones son tripartitas: se basan en las emociones, la cognición y el comportamiento. Una opinión basada en la emoción puede ser muy inestable, mientras que la basada en el comportamiento muestra más estabilidad que la que se sustenta en la cognición.

¿Por qué somos así? Cuando manifiestas una postura política abiertamente —un acto de comportamiento—, lo más probable es que te importe que el público no te vea como hipócrita o inconsistente si cambiaras de opinión. A esto se le llama la teoría de la autopresentación, y ayuda a entender la inflexibilidad en el cambio de posturas, por ejemplo, en líderes de opinión o en referentes de la corriente antifujimorista.

Por ello consideramos que “no habrá luna de miel”, expresión que se refiere al período de gracia que tradicionalmente se otorga a un gobierno entrante en sus primeros 100 días. Usamos esta frase para la actitud de fuerzas opositoras que buscan ser menos confrontacionales al inicio de un gobierno. También aplica a los medios que dan apertura a que el nuevo gobierno manifieste ciertas virtudes.

No veremos esta actitud en los medios con postura antifujimorista, pues la hostilidad comenzó incluso antes de tener resultados oficiales. Estos líderes de opinión no otorgarán ninguna luna de miel al gobierno fujimorista, porque hacerlo comprometería la coherencia de la línea antifujimorista con la que durante años han sostenido a su audiencia. El comportamiento exhibido durante años condiciona sus opiniones, y cualquier virtud del nuevo gobierno será descartada de su línea editorial. Renunciar a las narrativas antifujimoristas —en especial las que extrapolan las actitudes autoritarias del padre a la hija— sería incoherente. El nuevo gobierno aún no asume pero, según ellas, ya es autoritario. Se luchará por defender este relato hasta el final, y estará por verse si la opinión pública lo asimila o se rebela. El accionar del gobierno y la interpretación de la prensa serán determinantes

El 60% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) están sobrepoblados, y más del 50% de los internos son mayores de edad. Ahí conviven niños de 14 años hasta padres que bordean los 30.

El contexto en el que se trabaja por la justicia penal juvenil está casi desbordado. En el último mes, 55 menores han sido recluidos en un centro juvenil, 38 de ellos de Lima y Callao. ¿La razón? Tenencia ilegal de armas, extorsión o robo agravado.

En las últimas semanas, ocurrieron crímenes en el Callao protagonizados por menores de edad, y como director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), pude conocer a dos de ellos. Tenían el mismo patrón que los que llegan vinculados a la criminalidad organizada; vulnerabilidad inicial, seguida por un empoderamiento repentino por hacer respetar el honor de su banda.

Pero no es exclusivo de la capital. Trujillo es un semillero de jóvenes infractores liderados por delincuentes que buscan a “presas” fáciles de involucrar por unos cuantos soles. Por ello, aquí está el CJDR más sobrepoblado del país.

Con un 80% de población con nivel de riesgo moderado y alto, este CJDR fue declarado en emergencia por dos razones: no es seguro para nadie y se ha desvirtuado nuestra razón de ser, que es reinsertar a la sociedad a los infractores.

Desde el Pronacej estamos implementando un plan de deshacinamiento, que contempla presentar expedientes para variar medidas de internación a no privativas de la libertad; redistribución de adolescentes a otros CJDR, considerando su nivel de riesgo e infracción; gestión para aumentar el presupuesto para atender necesidades que garanticen la seguridad; y proponer la modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Sabemos que el tiempo para ejecutarlo es corto, pero queremos marcar los primeros pasos para que el sistema penal juvenil cumpla su misión, y no sea visto como consecuencia de la falta de prevención. Para eso servimos al Estado, para atrevernos a actualizar normas desfasadas, priorizar acciones y articular entre nosotros por un mismo fin.

Lima y Caracas comparten un rasgo preocupante: alrededor del 70% de sus viviendas han sido autoconstruidas. En ambas ciudades, además, una parte importante de la población ocupa laderas y otros terrenos de alta vulnerabilidad. Sin embargo, Lima enfrenta una amenaza geológica superior. Está ubicada sobre una de las zonas más activas del planeta, donde la placa de Nasca converge con la Sudamericana, y acumula un silencio sísmico de casi tres siglos, capaz de generar un terremoto de magnitud superior a 8 (IGP). Ante un evento de esa magnitud, la gran incógnita es cómo responderán esas millones de edificaciones que han sido construidas sin diseño estructural y supervisión profesional. 

En ese sentido, el peligro inminente no es el próximo terremoto, sino la enorme fragilidad de las ciudades que hemos construido. Sin embargo, esta situación crítica debiera mostrarnos el camino para una posible solución.

La autoconstrucción es el principal mecanismo mediante el cual las familias acceden a la vivienda, y representa cerca del 60% de la actividad económica del sector construcción. Resulta llamativo que, mientras las empresas cementeras expanden sostenidamente su presencia en todo el país, los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros mantienen una participación muy limitada en este mercado. 

Otro sector relevante que se mantiene al margen es el financiero formal y tradicional. La mayoría de las familias financia sus obras con ahorro propio, apoyo familiar o créditos personales. Como señala Grade en su estudio del 2024, la autoconstrucción termina costando, en promedio, un 33% más que una construcción formal equivalente, demanda más tiempo y produce viviendas inseguras y de menor calidad.

Como vemos, la construcción informal ha permitido resolver una necesidad que el mercado formal y el Estado no han sido capaces de atender. Genera empleo, dinamiza la economía y facilita el acceso a la vivienda. Pero también expone a millones de familias a riesgos innecesarios y dificulta la posterior formalización de sus propiedades. Es por ello que las políticas públicas deberían enfocarse en mejorar la seguridad de las edificaciones existentes, y evitar que estas se sigan produciendo de manera informal. En esa línea, el reforzamiento estructural constituye una respuesta inmediata frente al riesgo sísmico y, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer el patrimonio de las familias e impulsar la inclusión financiera. Además, dinamizaría el propio sector construcción al incrementar la demanda de materiales, promover la formalización de empresas y abrir un enorme mercado para arquitectos e ingenieros.

Otro aspecto clave es el financiamiento. Durante décadas el Estado ha concentrado sus esfuerzos en facilitar la compra de viviendas nuevas, pero el verdadero desafío está en reducir la vulnerabilidad de las que ya están construidas.

Tomando el modelo del Crédito Mivivienda, se debería crear un fondo de garantía que permita canalizar, a través de la banca privada, créditos destinados al reforzamiento estructural. Una vez culminadas las obras y certificada su seguridad, esas viviendas podrían incorporarse plenamente a la formalidad, incrementando el valor del patrimonio familiar, y ampliando el acceso de sus propietarios al sistema financiero formal.

Como vemos, la amenaza sísmica no puede evitarse, pero la fragilidad de nuestras ciudades sí puede reducirse. Si queremos que el próximo terremoto no se convierta en una tragedia nacional, debemos empezar por hacer seguras las viviendas donde ya vive la mayoría de los peruanos.

El nuevo gobierno asumirá funciones el 28 de julio con una agenda que no admite improvisaciones. La inseguridad ciudadana –extorsión, sicariato, minería ilegal armada y un crimen organizado que ha desbordado a la policía– exige un ministro del Interior con experiencia comprobada y capacidad operativa real. El fenómeno de El Niño, cuya amenaza ya ha sido advertida por los especialistas para los próximos meses, requiere un equipo en Vivienda, Desarrollo Agrario y Defensa capaz de prevenir, no solo de reaccionar cuando ya es tarde, como ha ocurrido en ciclos pasados en que la desidia costó vidas e infraestructura. Y el Reinfo, ese mecanismo que se ha convertido en un escudo para la minería ilegal y el daño ambiental, demanda un ministro de Energía y Minas con la firmeza técnica y política para ordenar lo que sucesivos congresos prefirieron prorrogar.

Frente a estos tres desafíos, lo que el país necesita no es un debate sobre cuotas partidarias. Si la presidenta decide convocar a cuadros de Fuerza Popular, a independientes o a una alianza amplia con otras fuerzas políticas, esa es una decisión que le compete exclusivamente a ella y a su criterio de gobernabilidad. Lo que no debería de ser negociable para una democracia que arrastra una desconfianza ciudadana profunda, es la idoneidad ética de quienes ocupen cada cartera.

Ningún ministerio puede recaer en una persona que cargue cuestionamientos serios o sentencias que pongan en duda su proceder. No se trata de exigir perfección, sino de un mínimo innegociable: que cada ministro pueda presentarse ante el Congreso, ante la prensa y ante los ciudadanos sin tener que explicar denuncias pendientes.

Keiko Fujimori tiene la oportunidad de demostrar, desde el primer día, que entendió el mensaje de las urnas. Un Gabinete probo y capaz es la condición mínima para que la seguridad ciudadana, la prevención ante El Niño y el ordenamiento del Reinfo dejen de ser promesas de campaña y se conviertan en política de Estado. El país no pide colores partidarios. Pide manos limpias y capaces.

¿Qué se podría decir de la oposición? En principio, en el Senado la oposición podría igualar al oficialismo en número de representantes, sumando los votos de Juntos por el Perú (JP), el Partido del Buen Gobierno (PGB), Obras y Ahora Nación. JP tiene más representantes, pero menor capacidad para articular un bloque, al ocupar un extremo del espectro; Ahora Nación tiene apenas cuatro senadores, pero Alfonso López Chau, Ruth Luque y Mirtha Vásquez cuentan con experiencia política y capacidad para manejarse bien en los complejos asuntos que pasarán por el Senado, por lo que probablemente serán referentes importantes. El PBG ocupa un papel crucial de pivote en el espectro ideológico, pero sus representantes tienen más experiencia técnica que política. La posibilidad de que la oposición en el Senado construya una mayoría parece remota, dada la solidez que proyecta el bloque de Fuerza Popular y Renovación Popular, por lo que su papel parece estar básicamente en contener iniciativas extremistas por parte del oficialismo y empujarlo a posturas más moderadas.

En la Cámara de Diputados, sobre la base del número de representantes de las bancadas, en principio la oposición podría sumar mayoría, pero hay muchos menos referentes de peso en la oposición frente a un bloque oficialista que se percibe más sólido y experimentado. En JP destacan los nombres de Ernesto Zunini y de Yenifer Paredes; en Ahora Nación, Indira Huilca. Se vislumbra un desafío importante en cuanto a evitar la fragmentación de las bancadas de oposición. Es difícil, por ello, imaginar la formación de un bloque de oposición en diputados capaz de articular una agenda parlamentaria, más allá de algunas iniciativas puntuales. Pero deshacer varios de los entuertos del Congreso saliente resulta imperativo, y la construcción de una mayoría, al menos para algunos asuntos, es posible. En cualquier caso, será un escenario incierto y móvil, y altamente dependiente de las iniciativas del Ejecutivo y del oficialismo, con mayor capacidad para definir la agenda política.

Un comentario que enlaza la conducta que hemos visto en Juntos por el Perú después del 7 de junio con la que podría tener en el futuro Congreso. Un dato clave es que Roberto Sánchez no logró ser electo diputado por Lima, y su poder e influencia sobre su representación parlamentaria serán cada vez menores, al igual que su relevancia política. Es más, sus reclamos electorales, sin mayor fundamento, parecen motivados por la necesidad de mantener protagonismo, sabiendo que su momento pasará una vez instalado el nuevo Congreso. Por el momento tampoco parece verosímil la imagen de un Sánchez liderando la oposición desde la sociedad civil, mundo que en realidad se mueve con gran autonomía respecto de los partidos políticos.

La dinámica de los próximos años se completará con el mapa político resultante de las elecciones regionales y municipales. La campaña electoral estará marcada por una gran fragmentación, con 55 partidos políticos habilitados para participar (aunque muchos ya perdieron la inscripción) y 95 movimientos regionales. La relación entre las regiones y el centro político será especialmente importante en este período.

“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.

El documento no solo justificó la rebelión al enumerar una larga lista de quejas contra el rey británico, sino, lo que es mucho más importante, también proclamó un criterio moral detrás de la decisión de romper con el imperio, criterio que informaría el fin legítimo de cualquier gobierno: el de asegurar los derechos de las personas.

Por lo tanto, el experto legal estadounidense Roger Pilon observa que “nuestro sistema político no se fundamenta sobre una voluntad política sino sobre un razonamiento moral accesible a todos”. La revolución americana fue radical porque se basó en una idea radical –la de la libertad– más que en el interés propio.

Thomas Jefferson, autor de la declaración, dijo que intentaba que el documento fuera una “expresión de la mente americana”. John Adams, otro padre fundador, dijo que “la Revolución se llevó a cabo antes de que comenzara la guerra. La Revolución estaba en las mentes y los corazones del pueblo”.

Los padres fundadores de Estados Unidos consideraban que los valores por los que luchaban eran universales y por eso apelaban a toda la humanidad. Destilaban las ideas de los pensadores liberales de la Ilustración, sobre todo las de John Locke, quien hoy es justamente considerado el padre de la filosofía política moderna.

La revolución americana influyó en todas las Américas y el mundo entero. En su libro “El radicalismo de la revolución americana”, el historiador Gordon Wood explica cómo la rebelión no se trataba simplemente de un rechazo a los impuestos exigidos por el imperio, sino más bien de una revolución social en la que los privilegios hereditarios, la aristocracia y otras jerarquías sociales se destruyeron. El republicanismo que los fundadores buscaron establecer terminó creando la democracia de masas que conocemos hoy en día.

Numerosos líderes independistas de América Latina compartieron los ideales revolucionarios y liberales de los estadounidenses. Por ejemplo, el precursor venezolano de la independencia, Francisco de Miranda, se carteaba con varios de los padres fundadores estadounidenses. Tanto creyó en ese proyecto liberal que quiso que el 4 de julio de 1811 sea el día de independencia de Venezuela. La declaración de Venezuela fue la primera que proclamara la independencia en Hispanoamérica, pero terminó siendo el 5 de julio.

Otro precursor de la independencia fue el liberal peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, cuya revolucionaria “Carta dirigida a los españoles americanos” fue extremadamente influyente y es comparable a los escritos de Thomas Paine.

Hoy en día, casi la mitad de los países del mundo se consideran democracias, aunque muchos menos son democracias liberales, y hasta los países autoritarios dicen representar los deseos de sus pueblos y garantizar derechos básicos. La dificultad que han tenido países latinoamericanos en realizar democracias liberales, sin embargo, no debe atribuirse a que las ideas liberales son ajenas.

De hecho, como señala Gabriela Calderón de Burgos, la tradición escolástica española de los siglos XVI y XVII influyó mucho en Locke respecto a conceptos como la igualdad de los hombres, la soberanía del pueblo, los derechos humanos, los límites al poder y el derecho a la rebelión. Tanto Jefferson como Adams leyeron a uno de sus principales representantes, Juan de Mariana.

El 4 de julio es parte de la tradición hispana de la libertad y es aún relevante en la lucha por los derechos humanos en la mayor parte del mundo.

Entre muchos de los que se rasgan las vestiduras frente a los nuevos poderes políticos, no hay quien quiera empezar por reconocer sus responsabilidades propias antes de pretender verlas reflejadas en los demás.

Vivimos el festín de la impunidad electoral después del festín presupuestal estatal. En el país donde no se gobierna, no se controla, no se supervisa y no se rinden cuentas, y los responsables pueden reciclarse en otros cargos o fugarse, no hay nada que no sea posible, como organizar un partido y aspirar al gobierno o a la oposición, no importa si violenta, con más de una sentencia penal sobre las espaldas.

En las últimas elecciones hemos visto a exalcaldes y exgobernadores en carrera a la presidencia y al Congreso culpando alegremente a sus competidores de lo que ellos no pudieron hacer en sus municipios y regiones. Si este recurso de cinismo puede ser normalizado por la política, no debiera ser aceptado por los electores, que terminan por pasar por unos incautos de plazuela o unos perfectos tontos útiles, viendo también la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: la viga de su responsabilidad cívica a la hora de delegar poder con su voto.

Resulta que Puno, Cajamarca, Huancavelica, Loreto y Áncash aparecen, extrañamente, en la óptica de la izquierda, como regiones que nunca hubieran elegido gobernadores y alcaldes, que nunca hubieran recibido presupuestos y canon a raudales y que nunca hubieran tenido competencias directas en salud, educación, transportes, recursos naturales y medio ambiente. Lo que no han tenido es una efectiva rendición de cuentas capaz de desvirtuar el engaño y la narrativa de que la causa de todas las desgracias de las regiones es el “centralismo limeño”.

Hay, sin duda, una acumulación histórica de responsabilidades del Estado en su flagrante desconexión con el interior del país. Pero ya llevamos 25 años de traslados de competencias y presupuestos del Gobierno Central a los gobiernos regionales, y otros 25 años de distribución millonaria de canon minero, pesquero, forestal, gasífero, petrolero e hidroenergético. Los resultados de gestión de los gobiernos regionales y municipales en estos dos ámbitos de manejo económico y financiero no solo son decepcionantes, sino que traducen un alto componente de improvisación, ineptitud y corrupción.

El gobierno y el Congreso entrantes no pueden ser más cómplices del desorden y derroche de recursos económicos y financieros municipales y regionales, ni tampoco cómplices de la distorsión de ver la paja en ojo ajeno (“centralismo limeño”) y no la viga en el propio (alcaldes y gobernadores atrincherados en su incompetencia).

El nuevo ministro de Economía y Finanzas no tendrá que ser el incauto de plazuela ni el tonto útil de turno a la hora de mirar el deformado descontento del Perú profundo.

La web del Congreso no parece organizada bajo la lógica del derecho ciudadano a saber, sino bajo la lógica del trámite interno. Su plataforma pública responde más a la necesidad de dejar constancia administrativa de que un expediente ingresó, circuló o fue votado, que a la obligación democrática de permitir que cualquier persona pueda reconstruir con claridad qué se propuso, qué se debatió, cómo se votó y qué documento final se aprobó.

No estamos ante una discusión estética sobre colores, banners o diseño visual. El problema es funcional e institucional. La información legislativa aparece dispersa en buscadores, subdominios, archivos, páginas de comisiones, notas de prensa y rutas paralelas que nunca terminaron de integrarse. Una portada institucional convive con subdominios técnicos, páginas .aspx, buscadores separados y repositorios históricos que responden a lógicas distintas. Esa mezcla de fachada moderna y núcleo heredado de hace varias décadas explica la baja eficacia del buscador y la desconexión entre las notas de prensa que anuncian una decisión política sin conducir directamente a documentos claves.

En una democracia funcional, esa fragmentación no debería normalizarse. Cuando el Congreso aprueba un informe con acusaciones de alto impacto público, el documento completo debería estar disponible en una fuente oficial, con enlace directo desde la nota de prensa, metadatos mínimos, buscador interno y trazabilidad del proceso. No basta con informar que algo fue aprobado. La ciudadanía tiene derecho a leer el sustento, revisar los argumentos, contrastar las conclusiones y formarse una opinión sin depender de filtraciones, interpretaciones interesadas o resúmenes convenientes.

El caso revela una contradicción mayor. El Parlamento produce leyes, exige transparencia a otras entidades y fiscaliza al Ejecutivo, pero su propia casa digital no ofrece un estándar moderno de transparencia activa. La información puede existir dentro del circuito administrativo, pero encontrarla exige paciencia, conocimiento del lenguaje legislativo y cierta habilidad para navegar sistemas poco amigables. Esa dificultad reduce la fiscalización ciudadana a una tarea para periodistas, abogados, asesores o investigadores.

El rezago se vuelve más grave en tiempos de IA, datos abiertos y automatización. Hoy ya no basta con colgar documentos en PDF. Si esos archivos aparecen escaneados como imagen, sin texto seleccionable, sin estructura, sin metadatos y sin posibilidad de descarga ordenada, la transparencia se vuelve apenas formal. Un documento público que no puede buscarse, procesarse ni cruzarse con otros datos queda virtualmente oculto.

Otros parlamentos han avanzado hacia modelos más útiles. Chile, Brasil y España, con distintos niveles de desarrollo, ofrecen experiencias de datos abiertos legislativos, descargas reutilizables, formatos estructurados o servicios que permiten consultar proyectos, votaciones y actividad parlamentaria con mayor trazabilidad. No son sistemas perfectos, pero muestran una dirección clara. La información legislativa debe ser pública por defecto, legible por personas y también por máquinas.

El próximo Congreso bicameral tiene aquí una tarea concreta. Antes de prometer grandes reformas nacionales o modernizar sus oficinas e instalaciones, debería ordenar su propia infraestructura digital. Necesita una ventanilla única legislativa donde cada proyecto, moción, dictamen, informe, debate, votación, acta y video aparezca en una sola línea de tiempo. También requiere publicación oportuna de documentos aprobados, sin usar la burocracia de firmas, oficios o remisiones como excusa para retrasar el acceso ciudadano. Y debe migrar hacia formatos abiertos y legibles por máquinas, con buscadores robustos, enlaces permanentes, archivos descargables y APIs públicas.

La transparencia no consiste en acumular documentos en servidores dispersos. Consiste en permitir que cualquier ciudadano los encuentre, los entienda y los use para fiscalizar el poder. Si el Congreso quiere recuperar algo de legitimidad, debería empezar por la verdadera transformación digital.

Seamos honestos, hoy para la Keiko presidenta todo es prioridad, pero debe organizar una lista de ‘prioridades reales’, digamos; sobre todo en el sector minero y sus ‘compartimentos estancos’: la minería informal y la ilegalidad y criminalidad en la minería. Miren estos datos para entender mejor el complejo mundo minero: en el 2025, las exportaciones de la minería formal y moderna superaron los US$62.000 millones; en la minería ilegal fueron más de US$12.000 millones.

Ahora vayamos a lo nuestro. Una primera prioridad es la minería ilegal, problema transversal y pluriofensivo según las leyes y origen de una parte de la criminalidad. En enero, el Congreso promulgó el Decreto Legislativo 1695, ‘arma penal’ que reconoce a la minería ilegal como parte del crimen organizado, incrementa las penas y amplía el tipo penal a otras partes de la ‘cadena’: procesamiento, beneficio, transporte y tráfico ilícito de minerales. Surgen problemas. No hay presupuesto, tampoco se han elaborado metodologías fiscales y judiciales para la trazabilidad. Adicionalmente, hay una ‘debilidad institucional’: hay mucha corrupción que implica a malos jueces y fiscales como a policías y militares. Días atrás capturaron al jefe de inteligencia del Comando Unificado de Pataz. La convergencia entre corrupción, falta de presupuesto y oportunidad.

La segunda ‘prioridad minera’ será proponer una formalización realista, basada en evidencias lejos de las cuotas ideológicas, narrativas y políticas que se desarrollaron en los últimos años. El Reinfo es el centro de la informalidad y origen –muchas veces– de la ilegalidad, y tiene defensores ‘afuera’ y ‘adentro’. ‘Afuera’ están las organizaciones de mineros informales o en vías de formalización, para no herir sensibilidades, que han logrado –entre los suyos– construir un relato poderoso pero que cubre el problema. ¿Cómo una persona con hasta 20 inscripciones del Reinfo se reclama ‘minero artesanal’? ¿Cómo aseguran ser ‘ancestrales’ y acusan que hay acaparamiento?

‘Adentro’, es decir, en el intestino estatal; en el Congreso que termina estuvo Diana Gonzales, una muralla contra el Reinfo en la Comisión de Energía y Minas. ¿Quiénes serán las próximas ‘Diana Gonzales’ en las cámaras de senadores y diputados? Miren quiénes serán los senadores y diputados que defenderán lo indefendible: Víctor Cutipa, Jaime Quito, Ruth Luque o Jesús Pérez, este último representante del poderoso y adinerado gremio informal de Apurímac, protector de los intereses de ilegales en Pamputa.

¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema del Reinfo? Aquí debemos que ser muy cautos y, sobre todo, partir de la dura realidad. El proceso de formalización no ordinario vía el Reinfo debe terminar –en el papel– el 31 de diciembre; no obstante, todo indica que se ampliará por varias razones. De los más de 31.000 Reinfo, unos 6.857 son suspendidos por menos de un año y 24.752 vigentes. En el 2025 solo unos 70 mineros se formalizaron. ¿Cuántos habrá formalizado el Minem a julio de este año con los cambios recurrentes de gobierno? Seamos brutalmente honestos: para diciembre no se llegará a formalizar a los más de 24.000 vigentes. Por lo tanto, la pregunta no es si se ampliará o no el Reinfo, sino qué Reinfo ampliamos y por cuánto más. El gobierno entrante no puede hacerse de un nuevo frente.

Antes del cierre definitivo del Reinfo, debe ser depurado, tarea central del próximo titular del Minem en los 100 primeros días. Debe limpiarlo cruzando información con la Sunat, Inteligencia Financiera, Ingemmet, entre otros. Hay unos 18 cruces. Asimismo, el minero del Reinfo debe estar sujeto a sanciones penales y las plantas de procesamiento deben ser fiscalizadas por el Minem. Seguiremos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Al ritmo de la banda del Conadis

En el Conadis hay 20 talentosos jóvenes y adultos con síndrome de Down, autismo o alguna discapacidad intelectual que muestran su talento a través de una banda musical. La semana pasada ya deleitaron a los asistentes al teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional en “Al ritmo de la inclusión”, un concierto en el que interpretaron temas de cumbia, rock y folclor peruano. La banda se inició como un pequeño taller, pero ahora es un espacio en el que los integrantes potencian sus habilidades.

🟢 Ignacio Buse avanza a la segunda ronda de Wimbledon

El tenista peruano Ignacio Buse, número 34 del ránking ATP, comenzó su participación en el cuadro principal del Abierto de Wimbledon con un contundente triunfo sobre el estadounidense Emilio Nava ( 86 del ránking). Nacho se llevó la victoria en cuatro sets. Así, logró su primer triunfo en uno de los cuatros torneos grandes del tenis. En la segunda ronda enfrentará a otro estadounidense: Jenson Brooksby ( 81 del mundo), partido que se jugará mañana (hora aún por definir). A seguir con los buenos resultados.

🔴 Más de 1.000 policías pasaron al retiro por faltas muy graves

Durante el 2025, 1.193 efectivos fueron separados de la Policía Nacional del Perú por haber cometido faltas muy graves, las infracciones más severas del régimen disciplinario de la institución (en 445 casos fue por faltar más de 5 días calendario a su unidad sin una causa justificada). Si esa cifra ya es preocupante, lo es más aún que representa el 23% del total de los pases al retiro en la PNP el año pasado. Es decir, uno de cada cinco policías fue dado de baja por esa razón.

La experiencia comparada sobre transiciones de gobierno muestra que este momento cruza tres dimensiones: política, administrativa y estratégica. En el Perú, esa dinámica se expresa en la oficina de la presidencia electa y en los equipos de transferencia de la gestión gubernamental, que reciben, ordenan y procesan información del gobierno saliente para asegurar continuidad del Estado.

La dimensión administrativa es silenciosa pero decisiva. Los equipos sectoriales revisan informes, identifican urgencias, contrastan promesas con restricciones reales y preparan insumos para el mensaje a la Nación y la política general de gobierno que deberá presentarse al Congreso. Sin esa lectura, el nuevo gobierno llega al poder con discursos, pero sin mapa.

La dimensión política es la más visible y, en un escenario polarizado, la más urgente, más aún cuando la polarización puede convivir con demandas inmediatas por seguridad, clima y gestión de emergencias. Allí se negocian respaldos, límites y señales de gobernabilidad con fuerzas políticas, bancadas y actores sociales. No se trata solo de conseguir votos para la investidura o evitar bloqueos tempranos, sino de definir si el gobierno empezará articulando un mínimo de estabilidad o administrando una crisis desde el primer día.

La dimensión estratégica ordena lo anterior. La presidencia electa debe definir prioridades, el relato inicial y la arquitectura de mando. Porque no basta ganar el gobierno si no se construye capacidad real para conducirlo desde el primer día. El primer ministro no puede ser una figura decorativa ni el Gabinete una simple señal de equilibrio político. Cada ministro necesita una línea ejecutiva consistente, con viceministros alineados, un secretario general solvente, direcciones generales capaces y, en organismos públicos claves, una conducción claramente articulada con la cabeza del sector. De lo contrario, los ministros no gobiernan, administran tensiones.

Lo que está en juego estos días no solo es la composición del Gabinete. Es si el nuevo gobierno aprovecha su primera ventana de gobernabilidad para ordenar poder, información y equipos antes de asumir. Gobernar empieza antes del 28 de julio. El poder no se improvisa, se organiza.

Un trabajo del Laboratorio Universitario de El Comercio (en el que intervinieron 47 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del programa de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico), publicado el domingo en nuestras páginas, ha puesto en evidencia que el Titicaca y los ríos que lo alimentan vienen recibiendo desde hace décadas descargas de aguas residuales y basura que, junto con la presencia de arsénico, plomo y mercurio en ellas, están afectando la biodiversidad del lago, así como la salud del ganado que pasta en sus inmediaciones e incluso la de los propios puneños. De hecho, en los últimos 20 años se han registrado 987 muertes relacionadas con el consumo de agua contaminada en la zona, con la particularidad de que los niños menores de 11 años y los adultos mayores conforman los grupos más vulnerables a esa realidad. El daño, no obstante, alcanza a no menos de 42.000 compatriotas, repartidos entre las islas flotantes del lago y sus orillas, que padecen problemas gastrointestinales y renales, entre otros.

La pregunta que se cae de madura, desde luego, es qué han hecho y hacen las autoridades frente a esta dramática situación. Y la respuesta, lamentablemente, es promesas… En el 2019, el proyecto PTAR Titicaca (plantas de tratamiento de aguas residuales) ofrecía tratar los desagües de Puno y Juliaca a través de una inversión de más de S/860 millones. Pero las obras, iniciadas en el 2021, acumularon pronto retrasos y observaciones de la contraloría, y el contrato terminó siendo anulado en el 2023, tras la paralización de los trabajos. Y eso es solo un botón de muestra de la incuria que muestran las autoridades de todo nivel frente a este crítico cuadro. El lago está abandonado y a nadie con poder como para solucionarlo parece importarle.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bomberos peruanos rescatan a mujer que quedó atrapada en Venezuela

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que está en Venezuela rescató con vida a una mujer de 60 años que estuvo atrapada casi tres días bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira por los terremotos del 24 de este mes. El rescate fue aplaudido por los socorristas, familiares y voluntarios que estaban en el lugar. Según informó el jefe del equipo USAR, hay dos grupos de búsqueda en la zona.

🟢 Medalla y clasificación para Evelyn Inga

Un nuevo logro para la marchista peruana Evelyn Inga, quien es parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028. Ayer logró la medalla de oro en la media maratón marcha del Campeonato Panamericano de Atletismo que se realiza en Medellín (Colombia). Su tiempo fue de casi cuatro minutos menos que quien quedó segunda. Con esta victoria, Inga aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En el mismo torneo, Verónica Huacasi consiguió la presea de plata en los 5.000 metros.

🔴 Lo que esconden las aguas del lago Titicaca

El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y una maravilla del Perú, pero también es víctima de la contaminación ambiental, lo que a su vez afecta a la población de Puno, como reveló un especial del Laboratorio Universitario de El Comercio, en el que participaron 47 estudiantes. Los datos son rotundos. Por ejemplo, el río Ramis llega al Titicaca con concentraciones de hierro 35 veces por encima de lo que el Estado Peruano considera seguro para el ser humano. El especial lo encuentran en elcomercio.pe.