El daño causado a la confianza del proceso electoral es de tal magnitud que la responsabilidad funcional e institucional de ambos funcionarios no se resuelve derivando sanciones a segundas o terceras personas. A la luz de lo ocurrido el domingo, con millares de electores (la cifra de unos 52.000 de la ONPE es ridícula) puestos en jaque sin votar, Corvetto y Burneo ya no pueden conducir, en sus niveles jurisdiccional y organizacional, la segunda vuelta electoral. Uno y otro no deberían demorarse en abandonar sus cargos, antes de pasar por la presión de tener que hacerlo o terminar destituidos.

Quizás convenga advertir que el país y muchas de sus autoridades al más alto nivel ya no están para aceptar la tendencia y la práctica muy común de los últimos tiempos, de aceptar los hechos consumados, vengan de donde viniesen. Un día se disuelve inconstitucionalmente el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional de entonces lo avala. Otro día el presidente Pedro Castillo da un golpe de Estado, cometiendo el delito de rebelión, y no solo no le pasa penalmente nada, sino que se convierte para el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez, su traidor de ayer y su defensor de hoy, en sujeto de indulto. Y, claro, cómo no recordar al hoy JNE dictando una decisión de moral política, por todo lo alto, sacando de la carrera electoral a un partido histórico como Acción Popular, habiéndole bastado sencillamente con denunciar penalmente a los responsables de irregularidades en sus elecciones primarias. Sin embargo, este mismo JNE, al más puro estilo que el presidido por Jorge Salas Arenas en las elecciones del 2021, ha permitido la competencia presidencial de candidatos con sentencias judiciales penales, con mentiras públicas en sus hojas de vida y con graves irregularidades en sus registros e inscripciones.

Precisamente, a propósito de las elecciones del 2021, pesan graves cargos contra la administración electoral de la ONPE, que no dejan bien librado a Corvetto. Su ratificación por la JNJ, mediante una apelación de última hora luego de perderla, fue precisamente uno de los hechos consumados que le permitió tomar la responsabilidad de las elecciones del 2026. Ahora son sus propios actos, en flagrancia, los que lo colocan en la necesidad honrosa de dar un paso al costado, del lado de Burneo.

Estas son las elecciones más complejas y endemoniadas de la historia. Lamentablemente, ni Burneo ni Corvetto han estado a la altura de llevarlas a cabo con la confianza y la dignidad que demandan 27 millones de peruanos convocados a votar en ejercicio pleno de su derecho al sufragio.

Quien convocó a estas elecciones, la Presidencia de la República, y quienes eligieron a los señores Burneo y Corvetto, el Poder Judicial y la JNJ, están en el deber de devolverle al país la inmediata confianza en la segunda vuelta electoral.

El hecho de que se hayan dado retrasos significativos y que 63 mil personas no lograran votar durante el domingo por negligencia de la empresa de transportes contratada Servicios Generales Galaga S.A.C. no es un hecho que pueda ser pasado por agua fría, como trató de hacer en su momento la ONPE. Si a ello se le suma la falta de tinta, las fallas del sistema STAE y otros desperfectos, estamos ante un caso de incompetencia supina.

Esto es especialmente grave si es que se analiza a detalle, por ejemplo, a Servicios Generales Galaga S.A.C. De acuerdo con la base de datos Hoovers®, propiedad de Dun & Bradstreet, existen alrededor de 38,000 empresas en Lima que se dedican a la misma actividad económica del proveedor contratado: transporte local sin almacenamiento. En base a las ventas y activos de Servicios Generales Galaga S.A.C. (cifras obtenidas por CIAL Dun & Bradstreet en 2024 por una debida diligencia realizada), esta se ubica por debajo de alrededor de 400 otras empresas que han pasado por un proceso de evaluación similar y cuentan con mayor capacidad de contratación que la empresa de transporte elegida.

¿Por qué se eligió una empresa que de acuerdo con lo reportado a SUNAT solo cuenta con 13 trabajadores y 20 prestadores de servicio? Aún peor, ¿por qué se le dio tan importante responsabilidad a una empresa que ya había sido 3 veces sancionada por la entidad contratante?

Nuevamente insisto con lo mismo que ya he manifestado en distintos artículos y ponencias: no hay que reinventar la rueda. Los procesos de diligencia debida que se realizan en el sector privado pueden y deben ser adoptados por el sector público. Elegir al proveedor idóneo basados en información fehaciente, verificable y tomando en consideración, tamaño, referencias de servicio, situación financiera, situación laboral de los colaboradores, entre otros, incluyendo los procesos de debida diligencia en cumplimiento (prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – en su nombre local) es de carácter imperativo.

Esto, además de ser una negligencia de la ONPE, es una falla estructural que el sistema de contrataciones del Estado permite. Mientras no cambiemos la forma en que se dan las buena pro en el Estado, los puentes se seguirán desplomando, las obras serán paralizadas parcial o totalmente, y la corrupción seguirá imperando. La fórmula para contratar de manera proba ya existe, y es necesario imitar a países que lo vienen realizando, para que, con apoyo del sector privado, podamos tener un proceso estandarizado, objetivo, transparente y eficiente.

Me tocó un buen equipo. Uno de los titulares no asistió, pero cuatro suplentes estuvieron allí y uno de ellos se quedó para ser una columna importante del trabajo que tuvimos ese largo día.

Además del escándalo de que no llegara el material electoral y que las computadoras e impresoras no funcionaran, hubo un escándalo previo: la cantidad de candidatos. ¿Cómo es posible que tantos, la mayoría no suficientemente calificados, pueda siquiera atreverse a tal pretensión? Bueno, pueden, porque la ley lo permite. Una que facilita ser candidato allí donde solo los probadamente capaces, preparados y honrados deberían poder acceder. Aunque, vale la pena decirlo, el problema no comienza con esas personas, comienza con los partidos políticos que nacen y pasan de mano en mano, según el mejor postor. Esta vez fueron 35, varios de alquiler, algunos más interesados en la ganancia preelectoral que en ganar las elecciones.

Una de las primeras tareas del nuevo Congreso tendría que ser revisar la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas para subir la valla, hacer más exigentes las condiciones para llamarse partido político y para aspirar a la Presidencia de la República, al Congreso o a los municipios.

Mi mesa estuvo en un Centro de Educación Inicial, así que las mesas de trabajo eran bajitas y las sillitas maravillosas para niñitos de nido, pero a los que estuvimos allí durante una jornada que terminó pasada la medianoche, al final nos dolía hasta el pelo. Allí hicimos el escrutinio (los cinco escrutinios), allí completamos las actas (cinco copias para cada elección), no una sino varias veces para corregir algún error por más pequeño que fuera. Ya se pueden imaginar que fue difícil enderezarnos para volver a casa.

Esos fueron los detalles que marcaron una jornada especial y, aunque parezca difícil de creer, también de un encanto particular. En la mesa de votación se genera un ambiente como de comunidad, donde las personalidades se van acomodando para, rápidamente, funcionar de la manera más eficiente posible. Y los que iban entrando a votar, después de la larguísima espera, casi siempre lo hacían con una sonrisa agradecida y, no sin cierta compasión, mostraban su preocupación: cómo están, a qué hora han llegado, que todo les vaya bien, muchas gracias, que Dios los bendiga. Algunos hasta nos dejaban unos sanguchitos, unas galletitas o unos caramelitos que fueron la dulzura de una jornada difícil, pero memorable. No es verdad que no me importe el resultado, qué va. Pero, más allá de ello, este domingo electoral lo recordaré como ese encuentro con tanta gente que pasó por allí.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un nuevo logro de Kimberly

Kimberly García ha logrado la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética por equipos en Brasil. Este notable triunfo reafirma su innegable capacidad, perseverancia y constancia en una disciplina muy exigente. Felicidades a nuestra gran campeona peruana por llevar la blanquirroja a lo más alto del podio internacional.

🟡¿Se viene una nueva guerra comercial?

Donald Trump ha amenazado a China con imponerle aranceles del 50% si decide brindar ayuda militar a Irán. Esta peligrosa advertencia podría desencadenar una nueva guerra comercial. De concretarse la medida, las represalias de Beijing desestabilizarían las cadenas de suministro globales, golpearían severamente el comercio internacional y agravarían la inflación mundial. Mezclar tensiones geopolíticas con agresivas barreras económicas traerá inevitables y graves consecuencias para la economía del mundo.

🔴Nulidad de las multas electorales

Las autoridades electorales deben contemplar la exoneración total de multas por omisión al sufragio en los comicios del pasado domingo. Las circunstancias fueron inusuales: graves demoras en la llegada del material y retrasos en la instalación de mesas impidieron votar a miles de ciudadanos. Resulta injusto penalizar a los electores por las claras deficiencias logísticas del propio sistema. Por ello, no se debería cobrar ninguna multa en esta oportunidad.

Esos casos parecen formar parte de un patrón más amplio. Ya en febrero, Thalía Flores y Flores, periodista en otro medio, expresó un sentimiento cada vez más extendido: “Algo serio está pasando con el periodismo ecuatoriano”.

En el caso de los dos periódicos en protesta, su empresa editora (Granasa) denunció que el gobierno ha intentado adueñarse del 40% de las acciones de la firma a base de supuestas irregularidades hace seis años. Según Granasa, se trata de un “intento de hostigamiento y amedrentamiento del gobierno nacional, con el único objetivo de doblegar la línea editorial, lo que no han logrado con falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, ni con una ilegal intervención de la Superintendencia de Compañías”.

Granasa ha prometido dar la lucha. “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve”, escribió “Expreso” en su portada.

En otros casos, medios críticos del gobierno han pasado a tener otros dueños que son afines o amigos del oficialismo. Según la ONG Fundamedios, una empresa controlada por un individuo que pertenece a la alianza política del presidente Daniel Noboa compró el medio digital “La Posta” y el 80% de la empresa matriz de Radio Centro. Posteriormente, los periodistas fundadores de “La Posta” renunciaron.

Quizás el caso más llamativo ha sido el de “El Universo”, recientemente vendido. Tras no publicarle cinco dibujos críticos del gobierno, el celebrado caricaturista Bonil (Xavier Bonilla) lo dejó a fines de marzo. Tenía tres décadas con el periódico.

Varios columnistas del medio también han anunciado su salida. Una de ellas es mi colega Gabriela Calderón de Burgos, quien comunicó este fin de semana lo siguiente al público: “Los periódicos son empresas privadas con derecho a ejercer la línea editorial que deseen y yo respeto su derecho. Bajo la nueva línea editorial no caben libremente mis opiniones, entonces he decidido buscar otro espacio”. Por primera vez en los 20 años en los que escribió para “El Universo”, le negaron publicar su entrega semanal. Criticaba “el populismo con dinero de otros”, una política crediticia nueva del gobierno.

Es muy temprano saber hasta dónde llegarán las presiones del gobierno. Pero el patrón es familiar y preocupante. Tanto regímenes de izquierda como de derecha han ejercido o intentado ejercer control sobre la prensa a través de la coerción regulatoria, el uso de pautas en forma de premio o castigo, y el traspaso de la propiedad de los medios a individuos o grupos amigos del oficialismo, muchas veces de manera no transparente. Esas prácticas se vieron en el gobierno de Rafael Correa como en el del gobierno húngaro de Víktor Orbán, recién derrotado en las urnas, y se están viendo hoy en Ecuador.

El control político o ideológico de la prensa típicamente viene acompañado de otras medidas que centralizan el poder. Es llamativo que estas amenazas se estén dando en momentos en que Noboa ha declarado toques de queda y estados de excepción en su lucha contra la inseguridad. Sus políticas no han reducido el crimen, pero la alta violencia le ha ayudado al presidente a consolidar poder.

Las recientes amenazas a la prensa también vienen después de que la propuesta de Noboa de realizar una constituyente constitucional (sin sugerir qué aspectos quería cambiar ni de qué modo) fuera rechazada abrumadoramente en noviembre. Especularíamos si dijéramos que, ante la falta de apoyo popular, el presidente decidió eliminar focos de opinión que difieren con el gobierno. Pero esa actitud seguiría un patrón que hemos visto demasiadas veces.

Los jóvenes sí están mirando, pero el problema es qué están viendo. Porque ese mayor interés convive con una desafección profunda y con una institucionalidad cada vez más erosionada. Han crecido con 10 años de inestabilidad, ocho presidentes de la República, crisis encadenadas e instituciones que no terminan de sostenerse.

¡Cómo se extrañan esos tiempos donde la política peruana estaba estructurada alrededor de partidos con identidad, militancia y continuidad! El Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, entre otros, ofrecían trayectorias. Podían gustarnos o no, pero representaban posiciones reconocibles, con liderazgos formados y redes orgánicas en el país.

Esa arquitectura se erosionó y lo que vino después fue la dispersión que vemos ahora. La política dejó de organizarse en partidos para fragmentarse en vehículos electorales. Agrupaciones que aparecen para una elección y desaparecen en la siguiente, sin memoria, sin responsabilidad, sin incentivos para construir confianza en el tiempo. En ese contexto, pedirle a los jóvenes que confíen en la política suena absolutamente desubicado. Y pedirles esperanza en el sistema suena cínico. No porque no les importe el país, sino porque ninguna oferta política los interpela de verdad.

Cuando el sistema democrático no logra canalizar el interés político, ese interés se desplaza hacia opciones más autoritarias. Se vuelve más permeable a soluciones simples para buscar resolver problemas complejos. Y ahí es donde aparece el riesgo, como señala Cuenca. No porque los jóvenes quieran autoritarismo, sino porque empiezan a valorar atributos que la democracia no está entregando: orden, eficacia, capacidad de decisión. Cuando las instituciones fallan, esas promesas ganan terreno, aunque impliquen recortar reglas.

Ese es el verdadero desbalance: más interés político, pero menos confianza en la democracia que debería procesarlo. El problema, entonces, no está en los jóvenes. Está en la oferta. En un sistema que no logra construir liderazgos creíbles, propuestas consistentes ni canales de representación efectivos.

Este domingo 12 de abril, dos millones y medio de jóvenes votaron por primera vez, pero para esta generación que recién entra al sistema, la política es un sistema que nunca funcionó. Es fragmentación, improvisación, desconexión estructural con la ciudadanía.

El voto joven no es indiferente, sino que se moviliza rápidamente porque no encuentra quién pueda representarlos. Mientras eso no cambie, el voto joven seguirá moviéndose. Y los ‘políticos’ seguirán pensando que, para ganarse su voto, basta con abrir cuentas en TikTok.

Actualmente, existen 56 conflictos activos que implican al menos un Estado. Según ONU Mujeres y el International Institute for Strategic Studies (IISS), estamos viviendo los niveles más altos de violencia contra las mujeres en zonas de guerra desde la década del noventa. Se estima que el 70% de las muertes en Gaza han sido mujeres, niños y niñas. En el 2024, Naciones Unidas registró 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos armados, casi el doble que el año anterior, y la escalada continúa.

La portavoz del Fondo de Población de la ONU, Anandita Filipos, publicó este febrero el impacto devastador sobre las mujeres y niñas del Líbano, donde 11.600 mujeres embarazadas se encontraban entre los desplazados, y se esperaba que 4.000 darían a luz en los próximos tres meses. La portavoz describe la falta de servicios de salud maternal, con mujeres dando a luz al borde de la carretera, mientras huyen del conflicto.

La Resolución 1325 supuso una visión transformadora en torno a tres pilares: protección y prevención frente la violencia, ampliación de derechos, y participación de las mujeres en la consolidación de la paz y reconstrucción. En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres: “Los procesos de paz en los que las mujeres tienen un papel activo tienen un 35% más de probabilidades de durar al menos 15 años”.

Eso en base a experiencias en conflictos donde las mujeres colaboraron en los acuerdos de paz en asuntos básicos como el acceso al agua, en el caso de Sudán del Sur; o la conformación de unidades para la búsqueda de personas desaparecidas, en el caso de Colombia. A pesar de ello, las mujeres representaban solo el 7% del personal negociador de los procesos de paz en el 2024. Este abril, en plena guerra con Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por 15 miembros, tenía a solo cinco mujeres, incluidas una colombiana y una panameña.

En el 2024, CARE Internacional, una de las agencias humanitarias más antiguas del mundo, publicó el informe "Women in War: Leaders, Responders, and Potential“. Sus investigadoras desafían la imagen de las mujeres en conflictos como víctimas pasivas, mostrando que son las principales líderes y rescatistas en sus comunidades. Evidencian que, de cada diez mujeres, nueve participan en grupos comunitarios, seis se enfocan en mantener algún servicio de educación, cuatro priorizan conseguir comida y alimentar a sus familias, siete proporcionan servicios de salud y ocho toman medidas para mejorar la seguridad de su entorno, conformando el tejido de supervivencia en contextos de conflicto.

Aún así y a pesar de su increíble liderazgo, las mujeres están subrepresentadas en el debate global. Mujeres que enfrentan hambruna, partos sin asistencia médica, violencia sexual y pérdida total de ingresos consiguen encontrar formas de mantener su comunidad unida, sin que nadie las escuche.

Los conflictos armados a lo largo de la historia han cambiado radicalmente el papel que las mujeres jugaban en la sociedad. Solo falta recordar a los millones de amas de casa que se convirtieron en obreras de fábricas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ocho décadas después, las mujeres están cubriendo los servicios de los hospitales bombardeados, de las escuelas destruidas y de las cocinas derrumbadas. Sería hora también de avanzar para tomar un lugar en las mesas de negociación para la paz.

Evitemos el error de evaluar la campaña desde sus resultados, y explicar las cosas retrospectivamente. Lo justo es verlos más bien desde el punto de partida; así, partíamos desde una gran dispersión y escaso respaldo para todos los competidores. Sabíamos que algunos partían con cierta ventaja: candidatos conocidos y con un voto duro significativo, como Fuerza Popular o Renovación Popular. Después estaban los partidos representados en el Congreso, con más recursos, recordación y capacidad de movilizar bolsones con lógicas populistas y clientelares (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre). Luego, partidos débiles, aunque con figuras conocidas: Carlos Álvarez, Yonhy Lescano, Fernando Olivera o Ricardo Belmont. Finalmente, partidos a los que se atribuía cierta capacidad de movilización, aunque de segmentos pequeños: el Apra, Venceremos, Unidad Nacional, Frepap. Condiciones más adversas las tenían candidatos no tan conocidos liderando partidos precarios.

Así, fuimos constatando a lo largo de la campaña que, dentro del bolsón de votos de derecha, el espacio fue copado por Fuerza Popular y Renovación Popular; de un perfil populista y conservador; opciones de carácter liberal, como las de Libertad Popular, nunca llegaron a despegar. Tampoco Avanza País, que se superponía al electorado de Renovación, o Unidad Nacional, lo que mostró la escasa tracción que tienen en el Perú de hoy las viejas estructuras partidarias; hablando de ellas, el Apra tampoco logró levantar vuelo, ni siquiera en sus antiguos ‘bastiones’ territoriales. En esta misma línea, en la orilla de la izquierda, la candidatura de Venceremos tampoco logró tracción, a pesar de ser la heredera de lo que en el pasado inmediato fue el Frente Amplio, Nuevo Perú, Fuerza Social y muchos otros grupos de izquierda. Llama la atención que sí progresaron fuerzas que más bien se asociaron directamente a la figura de Pedro Castillo.

Muchas de las fuerzas políticas representadas en el actual Parlamento pagaron el precio del alto desprestigio del mismo. Partidos como Alianza para el Progreso, Somos Perú (y Acción Popular) que, en las elecciones del 2016, 2020 y 2021 parecían asentarse desde alguna presencia subnacional, tuvieron un muy mal desempeño, incluso en regiones donde supuestamente eran fuertes. Acción Popular, preso de sus contradicciones internas, ni siquiera pudo postular. Iniciativas demagógicas y populistas no rindieron fruto, y tampoco salvaron a Perú Libre o a Podemos.

La presentación de 35 candidaturas presidenciales y 37 listas parlamentarias fue fruto de un intento de reforma política desmantelado, y de un exceso de entusiasmo de políticos sin experiencia. La valla electoral funcionó como filtro, lo que no es una mala noticia. De aquí en adelante, los que se van (muchos de ellos personas valiosas que deberían continuar en la vida política) deberían integrarse a alguno de los grupos más grandes y consolidados, en vez de buscar continuar con una fragmentación indefendible. Pero para esto debe haber democracia interna y competencia en el interior de los partidos o frentes; restablecer las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias sería útil, o cuando menos elecciones internas para todos los afiliados organizadas por la ONPE, con resultados vinculantes.

Refugio de mochasueldos y permanentes alentadores de medidas populistas que atentan contra el equilibrio fiscal, favorecen la minería ilegal y el transporte informal, las bancadas de esos partidos han hecho todos los méritos para que la ciudadanía los castigue en las urnas y, al parecer, lo han conseguido. En lo que concierne específicamente a César Acuña, además, cabe notar que hasta la región de La Libertad, su bastión electoral de otros tiempos, le ha dado la espalda de forma contundente. Acuña perdió el tiempo gastando muchísimo dinero para hacer el ridículo con ‘streamers’ y ha aprendido de la forma más dura que ‘likes’ no son votos y que los jóvenes no son idiotas como al parecer él creía.

Las encuestas ya pronosticaban de tiempo atrás un resultado así, pero ellos se paseaban por calles y plazas denunciando que esas estadísticas eran falsas y que el día de la verdad obtendrían un espaldarazo popular. El problema con los discursos grandilocuentes y triunfalistas de campaña, sin embargo, es que, más temprano que tarde, se tienen que contrastar con la realidad. Un aserto que vale también para describir lo ocurrido con el postulante presidencial y las listas parlamentarias de Perú Primero. La aventura política de Martín Vizcarra ha tenido que medirse también finalmente con la verdad: la candidatura engañosa de su hermano Mario Vizcarra acabó en el rubro ‘Otros’ y, salvo algún mínimo apoyo en Moquegua, ignorada olímpicamente por la ciudadanía. Todos ellos podrían ser denominados los “idos de abril”. Y aquellos miembros de sus bancadas que tentaban la reelección, también.

Después de todo, se diría que algún aprendizaje ha habido en el electorado del país tras tantas experiencias amargas. Esperemos que tales lecciones se mantengan vigentes para la segunda vuelta.

Salvo Acción Popular, que no logró participar siquiera en la contienda electoral, el resto de agrupaciones cosecha los frutos de una mala gestión parlamentaria, sumado a la incapacidad de conformar listas que puedan mostrar algún atisbo de renovación, y sus malas cartas presidenciales. Pero también es una señal clara de que los populismos parlamentarios no garantizan, en la mayoría de los casos, éxitos electorales o permanencia perpetua en los escaños. Al final, una lección que nos deja esta derrota es que los dichos populismos solo sirven para el autobombo y los selfies en las redes sociales de los parlamentarios.

APP, Somos Perú, Podemos y Acción Popular no supieron aprovechar el peso de sus logos y, en el fondo, esto radica en que perdieron su esencia partidaria al convertirse en una amalgama de intereses diversos y una serie de acomodos que le daba poca predictibilidad a las dinámicas parlamentarias. Cada cálculo de votación no respondía a un interés partidario, sino a los intereses de facciones que intercambiaba votos por favores políticos. El caso de ‘Los Niños’ y su institucionalización como práctica legislativa es el mayor ejemplo de este escenario.

¿Este perfil de bancadas ‘surfistas’ cambiará con la nueva composición parlamentaria? Todo hace indicar que tendremos diferentes logos, pero las mismas mañas legislativas. El mejor ejemplo es Obras, el partido que entraría de la mano de Ricardo Belmont. El exalcalde de Lima es un ‘surfista’ de antaño, coleccionando camisetas con el Frente de Centro, Perú Libertario (hoy Perú Libre), Unión por el Perú; y como aliado de Pedro Castillo y otros variopintos actores políticos.

Es natural pensar que una bancada de Obras se acomodaría al bloque de izquierda, pero no resulta descabellado verlo negociar sus votos por imponer una agenda populista o a cambio de algún asiento en la Mesa Directiva del Congreso, o algunos espacios en el gobierno.

País para Todos, el partido de Carlos Álvarez, está en duda, porque entra según un sondeo y se queda fuera en otro. Pero el perfil de una posible bancada del nuevo partido amarillo se asemeja mucho al de APP, Somos Perú y Acción Popular. Con un líder de origen regional (Vladimir Meza) con una cúpula e invitados que, o se alinean al partido, o quedan fuera de juego en el Parlamento.

En tanto, el Partido de Buen Gobierno de Jorge Nieto, es probable que busque ubicarse al medio en la mayoría de votaciones, aunque coincidiendo en muchos casos con Ahora Nación. El problema con ambas agrupaciones es que difícilmente sobrevivan intactas en su composición. La izquierda parlamentaria es experta en fraccionarse por pugnas internas. De dichos fraccionamientos también salen a relucir bloques ‘surfistas’ que terminan negociando sus votos al mejor postor.

Sabiendo que la sociedad tiene sus demonios, ¿qué podíamos esperar de la fragmentación política que hemos vivido hasta ayer, con 35 partidos compitiendo por el poder presidencial y parlamentario?

Ahí está un primer resultado: una apretada pelea por el segundo lugar, que sumado al primero (lo que cada cual tiene) apenas llega al 30% de votos de 27 millones de peruanos.

Sabiendo que la política tiene sus bandidos, por qué tuvimos que llegar a estos múltiples pequeños espacios de poder que son las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Se trata, sí, de pequeños espacios de poder, pero con los que cualquiera pretende llegar a gobernar por cinco años con solo seis meses de campaña y el 12% de votos en primera vuelta; con los que cualquier Perico o Perica de los Palotes puede sentarse a regir el destino político, económico, social y patrimonial de un país tan rico como el Perú, cuyo crecimiento sostenido de los últimos treinta años puede ser tirado por la borda.

Ahí está un primer resultado de esta horrorosa fragmentación política: dónde está la delegación de poder presidencial y parlamentario en la dimensión por lo menos aceptable del 50% de votos entre el primer y segundo lugar de la votación de ayer.

Sabemos que Keiko Fujimori ganó holgadamente la primera vuelta, como no sabremos hasta mañana o quizás hasta pasado mañana quién, en verdad, entre los cuatro candidatos presidenciales que la siguen, Rafael López Aliaga, Ricardo Belmont, Ricardo Sánchez o Jorge Nieto, disputará con ella el próximo 7 de junio el mayor poder político del país de los próximos cinco años.

Tenemos que haber comprobado en las últimas 72 horas previas a la elección  cómo se ha movido cruzada y vertiginosamente la intención de voto en una demostración de que el electorado, entre desinformado y desconcertado, podía mutar y revertir sus preferencias e identificaciones como le diera la gana. El sistema político, con sus antinormas, y el sistema electoral con su ineptitud y su improvisación, incapaz de sentar autoridad, sanción y confianza, han puesto en las manos  del electorado la intención de voto y definitivamente el voto también, no como un mandato ciudadano real y efectivo, sino como un boleto de la suerte para jugarlo al mejor postor. Así aparecieron aquellos que con dos rounds de debates de tres minutos de turno saltaron del 1% en la tabla de opciones al 10% u 11% de terminada la elección, sin que antes nadie supiera de ellos y peor aún de sus planes de gobierno.

La cuestión de fondo radica en el hecho contradictorio de por qué tenemos una valla estricta del 5% de votos, más tres senadores y siete diputados por bancada para tener presencia en el Congreso, después de haber corrido una elección de primera vuelta con 35 candidaturas presidenciales y más de un millar de parlamentarias. ¿Y por qué no hubo una valla suficientemente elevada para que solo compitieran no más de 12 partidos como máximo? ¡A quiénes les faltó dos dedos de frente para hacerlo!

Proveniente de una familia acomodada, formado en buenos colegios y universidad, su irrupción original en la política podía incomodar a muchos, pero no asustarlos. Era un ‘outsider’, sí, pero uno más cercano al centro que a una aventura refundacional. Había en él una mezcla de pragmatismo personalista, pero no una vocación de ruptura con el sistema.

Hoy, Belmont encarna un radicalismo tardío, a partir de una mirada de la política como una causa moral. Su discurso no propone gestionar mejor el sistema, sino cambiarlo. Y lo hace desde la típica narrativa del populista que divide al país en el pueblo bueno frente a la “mafia” mala que saquea y captura todo —política, medios y élites económicas—.

Antes que propuestas de política pública, que no exhibe, lo que ofrece es un proyecto de “transformación” más amplio e incierto. El eje central inicial es una ruptura institucional que pasa por regresar a la Constitución del 79 y convocar a una Asamblea Constituyente. Mismo Antauro Humala.

En la práctica, esto implica desarmar el marco jurídico que ha regido al país durante las últimas tres décadas. No es solo cambiar una Constitución; es abrir la puerta a revisar —y eventualmente reescribir— contratos firmados desde 1993, particularmente en sectores extractivos a los que acusa de saquear nuestros recursos naturales. Es decir, cambiar las reglas de juego sobre las cuales se ha construido la inversión en el Perú, la cual ha permitido una reducción drástica de la pobreza.

Además, el discurso no es abstracto. En minería, la idea de revisar contratos y aumentar la presión fiscal y social introduce un nivel de incertidumbre que difícilmente convive con proyectos de largo plazo. En energía e hidrocarburos, la crítica a las privatizaciones y la defensa de un rol más activo del Estado —incluida la defensa de Petro-Perú— apuntan en la misma dirección. En el sistema financiero, la narrativa de que los bancos “le roban al pueblo todos los días” anticipa regulaciones más duras, con el consiguiente riesgo de distorsionar el crédito. Y en comercio exterior, su escepticismo frente a los TLC sugiere un giro hacia un proteccionismo de la industria local, una política de Velasco que nos condujo al abismo.

La propuesta abandona el sistema social de mercado con apertura económica al mundo, y muta hacia un esquema de nacionalismo proteccionista económico, donde el Estado gana fuerte protagonismo para “promover” las industrias nacionales. Y, al hacerlo, se lleva de encuentro a la seguridad jurídica —que hoy funciona como cimiento del sistema—, debilitando la base sobre la que se toman decisiones de inversión.

En paralelo, su visión política refuerza esta lógica. Belmont propone una relación directa entre líder y pueblo. La democracia representativa, con sus contrapesos y limitaciones, aparece más como obstáculo que como garantía. La alternativa implícita: una democracia de corte plebiscitario, donde la legitimidad emana más de la conexión emocional que de la arquitectura institucional.

Al momento de escribir esta columna, no se sabe si Belmont pasará a la segunda vuelta. Pero su protagonismo ya dice algo importante: en un país donde la desconfianza es la norma, el que logra encarnar el enojo tiene media elección ganada; a pesar de que ese enojo para sorpresa de muchos no incluya propuestas de mano dura para luchar contra la inseguridad.

La señora que trabajó por años en mi casa fue una de las decenas de miles que financió a Belmont para fundar Canal 11, y murió sin ver algo a cambio. Si pasa a segunda vuelta tocará luchar para que no llegue a ser presidente.

Más allá de los graves problemas logísticos, que golpean la credibilidad de los resultados y de la institución, conviene observar qué ocurrió en estas dos últimas semanas. Algo que muchos analistas prefieren minimizar: los debates sí influyeron en la campaña.

No cambiaron por completo el tablero ni fabricaron a un puntero. Hicieron algo más sutil y, a la vez, más decisivo: depuraron al electorado y ordenaron la disputa entre quienes realmente tenían opciones de pasar al balotaje.

Ese es el punto: en campañas fragmentadas, los debates no suelen producir ganadores; funcionan, más bien, como un filtro. Separan a quienes transmiten claridad de quienes se desdibujan; a quienes dejan una idea en la mente del electorado de quienes pasan sin dejar huella; y, sobre todo, a quienes conservan el control de quienes cometen un error en el peor momento.

La evidencia de esta campaña apunta en esa dirección. Tras la primera ronda de debates, una parte del electorado que oscilaba entre la indecisión, el voto en blanco y el voto nulo empezó a tomar posición. Según Datum, este bloque del electorado cayó de 35,8% a 23,9%, una variación que sugiere que los debates empujaron definiciones.

El voto se dispersó menos y la pelea por el segundo lugar empezó a ordenarse. Ahí se jugó la parte más intensa de la campaña. Ricardo Belmont creció en la recta final gracias a una intervención con un lenguaje muy sencillo. Jorge Nieto ganó visibilidad con un perfil más sobrio y una confrontación política selectiva, aunque su avance fue más limitado. Rafael López Aliaga, en cambio, mostró señales de desgaste: su estilo áspero empezó a rendir menos en una etapa en la que cada exceso se castigaba más. César Acuña volvió a quedar rezagado, sin convertir la exposición del debate en un reposicionamiento real.

¿Por qué ocurrió eso? Porque el formato premió la síntesis, la presencia escénica y la capacidad de impacto por encima de la profundidad programática. Los tiempos breves y la lógica del cruce favorecieron la frase eficaz, el gesto calculado y la intervención memorable. En ese terreno no siempre se impone quien propone mejor, sino quien deja una impresión más nítida.

La recta final dejó de ser una competencia de propuestas para convertirse en una prueba de control. Y allí los errores pesaron más que nunca. También quedaron expuestos quienes recibieron una oportunidad y no supieron capitalizarla.

Los dos últimos debates no crearon una tendencia nueva. La consolidaron. Confirmaron percepciones, aceleraron pequeños desplazamientos y legitimaron candidaturas que ya venían creciendo en silencio. No redibujaron la competencia, pero sí terminaron de decantarla.

Por eso, sería falso decir que los debates no sirvieron de nada. Y también sería exagerado afirmar que cambiaron la elección. Su efecto fue menos espectacular de lo que sostienen unos y más importante de lo que admiten otros. No derribaron al puntero, pero sí ayudaron a definir quién seguía en carrera.

Los debates finales no fueron un terremoto electoral. Fueron el último filtro de la campaña. Y, en una elección como esta, ese filtro terminó de definir quién llegaba con vida política al día de la votación. La segunda vuelta exigirá menos estridencia y más control: a estas alturas, puede resultar más decisivo evitar el error que forzar el acierto.

Son 63.300 electores los que oficialmente no pudieron votar porque, de acuerdo a la ONPE, 211 mesas no se lograron instalar. Este número es mayor a la diferencia de votos que llevó a la presidencia a los dos últimos presidentes que se disputaron la segunda vuelta. Pero la realidad es que el número es mayor, porque no estamos considerando a todos aquellos que no pudieron esperar hasta que su mesa se instalara.

Lo ocurrido ayer no es un hecho aislado en nuestro país. Es la falla constante y repetida del Estado. Es una muestra más de la incapacidad del Estado Peruano. Un ejemplo más que se suma a ese 98% de establecimientos de salud de primer nivel que tiene una capacidad instalada inadecuada. A la falta de insulina para los pacientes de Essalud y del SIS. O a la falta de materiales escolares que todos los marzos desde hace años no llegan a los colegios públicos.

Y usted se debe estar preguntando ¿cómo lograremos sentirnos seguros de los resultados de la elección luego de lo ocurrido este domingo?

Tal vez uno de los mayores retos de nuestro país sea explicar cómo, a pesar de la crisis política y social que vivimos desde hace más de una década y la incapacidad del Estado, la economía sigue creciendo. Mediocremente, pero crece. Porque esto nos lleva a pensar que el país avanza en piloto automático y, por ello, deja de ser importante quien nos gobierne. Y por ello, dejamos de ocuparnos de ese enorme sector que se desarrolla al margen del estado de derecho. El 80% de peruanos se siente agraviado, 9,6 millones que viven en pobreza, 51% de hogares sin acceso a los servicios básicos: agua, saneamiento, electricidad, internet y telefonía móvil. Y siendo así, ¿qué le podemos pedir nosotros a esos peruanos?

Nos hemos acostumbrado a esta incapacidad del Estado para hacer las cosas bien. Para brindar servicios de calidad, para invertir en infraestructura, para permitir que los peruanos nos desarrollemos y podamos invertir y hacer empresa. Incluso, para asegurar que la voluntad popular pueda ser expresada en las urnas. Entonces no, lo ocurrido ayer no es un hecho aislado. Es lo mismo que ocurre todos los días en prácticamente todas las instituciones del Estado.

Los políticos tienen un rol directo en nuestra calidad de vida y en nuestro futuro. Pero cada cinco años nos encontramos en una encrucijada. Los resultados de las elecciones de ayer no son fruto de la campaña, no son un error ni un accidente. Son producto de habernos desentendido de la política y de haber abandonado la gestión pública.

Hasta hoy, a pesar de Castillo y todos los demás políticos, seguimos con relativa estabilidad y crecimiento. Pero, ¿hasta cuándo? Más allá de lo que suceda en estos días, el Perú demanda que los ciudadanos nos ocupemos del país.

¿Cómo impedir que se vuelva a presentar el ridículo escenario de tener 36 candidatos postulando a la Presidencia de la República? Queda claro que se requieren candados más seguros para impedirlo; y filtros que se respeten y que desincentiven la (curiosa) voracidad por acceder a tan importante y delicado cargo.

Uno de esos candados debe ser el cumplimiento inexorable de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Este filtro puede no ser el único, pero sí es imprescindible. Quizá la salida más expeditiva sería que el nuevo Congreso le otorgue rango constitucional a estas PASO —o elecciones primarias—, para que funcionen como un verdadero filtro. Es más: en el Perú, deberían establecerse para las elecciones más importantes: presidente, senado y diputados.

Junto con una excesiva cantidad de candidatos, hubo falta discusiones sobre asuntos decisivos para el país. Uno evidente es cómo se situará el Perú frente a la confrontación entre los Estados Unidos y China, y las consiguientes presiones de ambos sobre el país. No es un asunto fácil, pero hubiera bastado con decir que corresponde apostar por la neutralidad, como una manera de trazar un norte necesario. Porque esta decisión no es solo ni principalmente un problema de la Cancillería; es un asunto político que compromete al conjunto del Estado Peruano. Tarea pendiente para el próximo gobierno, sea cual sea que resulte elegido.

Otro tema: la relación con los países vecinos. El vínculo con Brasil, por ejemplo, es crucial, sobre todo si se considera que es la octava economía del mundo y que la vasta frontera común ronda los 2.800 kilómetros. El Perú y Brasil comparten, igualmente, la responsabilidad de promover, en sociedad con los otros países amazónicos, el cuidado y la promoción de una joya de la humanidad: la Amazonía. Las señales de alerta están encendidas y urgen iniciativas, en especial cuando puede ocurrir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, termine por considerar que la Amazonía tiene que ver con la seguridad nacional de su país.

Por último, la inclinación de la agenda hacia los temas de seguridad hizo que los altos niveles de pobreza que afectan al país pasaran a segundo plano. No es solo cómo se combate la anemia -que hay que hacerlo-, sino como millones de peruanos dejan esa situación estructural.

Estos errores son imperdonables. De acuerdo con la ONPE, la causa de los retrasos fue el incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. La compañía debía transportar el material en dos horarios, pero solo cumplió con el primero. La empresa evidentemente no estaba en condiciones de satisfacer el encargo. Apenas una semana antes de los comicios, Galaga pedía a través de redes sociales “proveedores para la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución local en Lima y el Callao para proyecto electoral”. Además, Galaga, con solo 13 trabajadores en planilla, había sido ya sancionada por la ONPE tres veces antes –una en el 2020 y dos en el 2023–, precisamente por incumplimientos en el trasporte de material.

La ONPE pretende trasladar su responsabilidad al contratista. Es inaceptable. La institución pública debe verificar la idoneidad de los proveedores críticos que contrata. Debe cerciorarse de que el material llegue con suficiente antelación. Y debe tener planes de contingencia por si algo falla. Nada de eso se cumplió. La incompetencia fue tal que no pudieron siquiera completar traslados a tiempo dentro de distritos de la capital, la zona de distribución más accesible del país. Y claramente el hecho de perdonar multas no soluciona el problema, puesto que el tema de fondo es que vulneraron el derecho constitucional del voto de más de 52.000 personas. No está de más mencionar que la ONPE, adicionalmente, dio información falsa cuando hace unos días anunció que ya había enviado todo el material necesario. De cara a la segunda vuelta, Corvetto no debe continuar al frente del organismo. Ha perdido la confianza de la ciudadanía.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo una reacción correcta al disponer que los centros de votación que no llegaron a abrir ayer lo hagan hoy, aunque hubiese sido mejor si esa decisión se hubiera dado antes de que se conozca la encuesta a boca de urna. Con los márgenes de votación sumamente ajustados, pequeñas décimas pueden hacer toda la diferencia. La segunda vuelta del 2021, como se recuerda, se decidió por una distancia de menos votos de los que se pueden emitir hoy.

El daño que se ha causado es irreparable, no solo por la distorsión en los votos que se emitirán hoy. La apertura tardía de cientos de mesas posiblemente significó que miles de personas –que no tendrán la oportunidad de ir a las urnas hoy– hayan perdido su voto del todo. Más importante aún, la confianza en el sistema electoral ha sido seriamente debilitada. En el 2021, el país vivió elecciones en las que la sospecha de manipulaciones empañó los resultados para grupos no menores de la población. Esta vez, la herida fue autoinfligida por la desidia e incompetencia de la institución que, una vez más, ha sido encabezada por Piero Corvetto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Se proyecta seguir creciendo económicamente

En pleno año electoral, el MEF proyecta un crecimiento de 3,2% para el 2026, respaldado por inversión privada, exportaciones y estabilidad fiscal. No es espectacular, pero en un país como el Perú –donde cada proceso electoral suele traer parálisis e incertidumbre– sostener ese ritmo no es poca cosa. La señal importa. Quien gane las elecciones debería entenderla: el camino del crecimiento no se improvisa ni se hereda; se cuida y se profundiza.

🟢De vuelta en la Tierra

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito el pasado 10 de abril: cuatro astronautas orbitaron la Luna y regresaron sanos, algo que la humanidad no veía desde 1972. Es un logro que merece reconocimiento, aunque sin triunfalismos prematuros. Lo que importa ahora no es celebrar, sino mantener el impulso. La exploración espacial exige más que un sobrevuelo exitoso: requiere compromiso sostenido, presupuestos reales y decisiones que trasciendan los ciclos electorales. Hay camino largo por delante.

🟡A estar listos

El modelo europeo de predicción climática (ECMWF) alerta sobre un fenómeno de El Niño extremo en el segundo semestre del 2026, posiblemente el más devastador en décadas. Con esta predicción no hay margen para la improvisación: las autoridades deben activar planes de contingencia y pensar en esta posibilidad desde hoy, no cuando el desastre llame a la puerta. El tiempo de prepararse es ahora, no después.