La ONPE murió por propia mano. No murió sola, sin embargo. Se llevó consigo la confianza de los ciudadanos, la seguridad del voto y, por tanto, la mínima garantía de la democracia.

En su aspecto más formal, la democracia es el cambio de mando pacífico, conforme a derecho. Es la voluntad de los ciudadanos lo que hace el cambio. En eso confiamos y a eso nos sometemos.

En el caso de las elecciones recientes, la ONPE tiró al basurero los supuestos democráticos. La crisis se reveló el mismo día de las elecciones: el material electoral no llegó a la hora indicada.

La ONPE quiso culpar de ello a la empresa Galaga. Sus representantes han dicho que la versión de la ONPE es falsa. El material no fue entregado a los camiones a la hora necesaria.

A esta empresa hay que investigarla. No contaba con el número de camiones necesario. Convocó a subcontratar una semana antes del evento. Hizo un sospechoso aumento de capital para calificar en la adjudicación.

Más allá de la culpa de la empresa, está la responsabilidad institucional de la ONPE. La ONPE buscó y contrató a esta empresa, que tenía procesos y vicios ya señalados.

Quizá Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no tenía noción de esta contratación. Quizá lo engañaron. Tal vez delegó demasiado.

La ONPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cuida los procesos electorales. Lo hace durante todo el año, cada día, cada hora. No hace otra cosa.

Esta entidad ha tenido un presupuesto de más de 900 millones de soles. Ha hecho contratos y órdenes de compra de camiones, laptops, impresoras, grupos de energía, toldos, lapiceros y un largo etcétera.

Ojalá todas esas órdenes de compra sean santas. Aun si fueran santas, no han sido eficientes. Es grosero: impresoras que se quedaban sin tinta, laptops que no funcionaban y material electoral que no llegaba para la instalación de las mesas.

Los votos habrían sido distintos si hubiéramos tenido un solo acto electoral. No se respetó, por tanto, la voluntad ciudadana en las elecciones del 12 de abril de este año.

Este caos fue gestado con anterioridad. Se debe a la corrupción en la ONPE, la ineficiencia en la ONPE, la negligencia en la ONPE, la irresponsabilidad de y en la ONPE.

No sabremos a quién quiso el elector como contendiente de la segunda vuelta. Sabemos, en cambio, quién es el principal responsable de esa emasculación del derecho electoral.

Posteriormente, sostuve una conversación virtual con el promotor de la planta. Me aseguró que enviaban geólogos a todas las operaciones que los abastecen de mineral, lo que, en teoría, apuntaría a un cierto nivel de control. Sin embargo, cuando le pregunté si los trabajadores mineros estaban en planilla y contaban con condiciones formales, la respuesta fue evasiva.

Distintas fuentes del sector me señalaron que esta operación era una de las más grandes y con mejores estándares dentro de su categoría. Con esa referencia, y aprovechando un viaje al sur, decidí visitarla personalmente.

La planta tiene una capacidad de 350 toneladas métricas diarias y se ubica en una extensa área desértica, colindante con un pequeño poblado. A primera vista, la magnitud de su infraestructura llama la atención: más molinos de los necesarios y depósitos de relaves que superan lo que uno esperaría para una operación de esa escala.

Uno de los temas más preocupantes es la gestión de los relaves. Ante la consulta sobre el cierre de estos depósitos, la respuesta fue que se evaluaba utilizarlos para fabricar ladrillos, aunque sin un proyecto concreto en marcha. Esta falta de planificación resulta particularmente grave si se considera el impacto ambiental que estos relaves pueden generar.

El punto más crítico surgió al abordar el origen del mineral. Menos de la mitad de los proveedores cuenta con concesiones propias. Al preguntar por qué no se limitaban a comprar únicamente a operaciones con concesiones propias, la respuesta fue clara: hacerlo haría inviable el volumen necesario para mantener la planta en funcionamiento.

En la práctica, esto implica aceptar la compra de minerales cuya procedencia podría ser, en el mejor de los casos, incierta. En el peor, se trata de material extraído de concesiones ajenas, lo que constituye una forma de hurto. Frente a ello, algunos operadores apelan al amparo del Reinfo por encima de las leyes y la Constitución, trasladando la responsabilidad al Estado.

La visita no permitió recorrer toda la planta, pero lo observado dista de lo que cabría esperar de una operación que aspira a ser considerada formal. A ello se suma la cercanía entre áreas urbanas, de procesamiento, relaveras y vías de tránsito, lo que incrementa los riesgos para los trabajadores y la población local.

Un primer paso debería ser la bancarización total de las transacciones de compra de minerales. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la fiscalización de las plantas procesadoras. Entidades como el Minem, la OEFA, la Sunafil, la Sunat y la UIF podrían actuar de manera más coordinada, estableciendo plazos para el cumplimiento de estándares mínimos verificables.

Mientras persista esta zona gris, en la que conviven esfuerzos de formalidad con prácticas difíciles de justificar, será imposible construir una minería de pequeña escala verdaderamente sostenible. Incluso en los mejores casos, las brechas siguen siendo significativas. Ignorarlas no hará que desaparezcan; solo retrasará las soluciones que el sector necesita con urgencia.

Inexplicablemente, Piero Corvetto sigue al frente de la ONPE. Su permanencia es insostenible. La ineptitud con la que ha dirigido el proceso daña la confianza en la democracia, está destruyendo la reputación de la institución a su cargo y ha provocado la mayor crisis de credibilidad en el sistema electoral desde los tiempos de José Portillo, más conocido como “Papelito manda”.

La incompetencia mostrada durante el desarrollo de la jornada electoral se convierte en destreza al momento de crear eufemismos para maquillar los fiascos. La privación del derecho al voto de más de 52.000 ciudadanos es para él “un error puntual”.

La ONPE mintió al afirmar que las cédulas encontradas junto a un tacho de basura fueron custodiadas por personal de la policía y el JNE. Tras ser refutada por Roberto Burneo, la institución envió un comunicado aclaratorio en el que la mentira se rebautizó como “información inexacta”.

El domingo aseguraron que los retrasos en la instalación de mesas eran responsabilidad de la empresa contratista Galaga. Ahora sabemos que no fue así. Que el material electoral llegó tarde por culpa de la propia ONPE. El sábado a las 11:43 p.m., a solo siete horas del inicio de la votación, aún había 35 camiones vacíos a la espera de una carga que no llegaba.

También prometieron resultados rápidos gracias a las supuestas mejoras tecnológicas. Ha transcurrido una semana de la elección y el país sigue sumido en la más absoluta incertidumbre.

Se puede sufrir percances. Tener tropiezos y demoras. Pero cuando los errores se acumulan y se recurre sistemáticamente a la falsedad para intentar explicarlos, el principal capital que tiene una institución, que es la confianza, se desvanece.

Las mentiras que se van acopiando son terreno fértil para alimentar otro tipo de sospechas. Y en la mente de muchos ciudadanos empieza a surgir una duda inevitable: “¿En qué más nos habrán mentido?”.

Bien haría la ONPE en responder las siguientes preguntas cuanto antes. El JNE, autoridades de control y sociedad civil deben obligarlos a hacerlo.

En cada elección hay mesas que se instalan tarde ¿Cuántas más mesas se instalaron tarde y qué tan tarde en la elección 2026? ¿Cuántos votantes corresponden a esas mesas electorales que se instalaron con retraso?

En cada elección hay ausentismo. En las elecciones de 2011 y 2016 fue de hasta 13% en Lima. En 2021 fue de 25%, pero sería un error comparar el ausentismo de 2026 con esta cifra porque era aún un año de pandemia COVID. En 2026 el ausentismo en Lima ronda el 19%. Cada punto porcentual de diferencia en el ausentismo en la capital representaría alrededor de 80 mil votantes. ¿Cuánto más ausentismo se tuvo en las mesas que se instalaron tarde?

En ambos casos corresponde hacer el análisis a nivel nacional y, en especial, en Lima que fue donde se reportaron incidencias. Luego, contrastar.

Los datos abiertos de la ONPE permitirían responder a estas preguntas y aproximar la magnitud del impacto sobre los resultados que ha tenido su incapacidad de llevar adelante esta elección correctamente. Algunas estimaciones en esa línea han circulado en redes sociales; sin embargo, ninguna oficial ni lo suficientemente rigurosa. El avance en conteo de votos ha dado escasa diferencia entre Sánchez y López Aliaga, pero son resultados con una legitimidad seriamente deteriorada. No es un reclamo basado en teorías conspirativas, es un reclamo basado en factos y negligencias. No es un reclamo de fraude, pero el daño está hecho y como todo daño es necesario que lo dimensionen, enmiendan y prevengan. Es muy posible que en muchos casos este no haya sido un ausentismo por decisión propia del elector sino por responsabilidad directa de la ONPE y sus acciones y omisiones que escapan de la fuerza mayor.

Lo que ha ocurrido en esta elección y la gestión en la ONPE es un reflejo también de la crisis de instituciones en el Perú. Sin embargo, este caso es sumamente grave. Representan un daño inconmensurable a una institución electoral, gravitante para garantizar la democracia. La economía y la prosperidad de un país no son posibles sin esta última. Si no se pueden elegir autoridades de manera transparente, ¿qué futuro le queda al país?

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Cae banda criminal que extorsionaba a transportistas

La desarticulación de Los Despiadados II confirma que, cuando la fiscalía y la PNP actúan de manera coordinada, el Estado sí puede golpear con eficacia a las mafias que asfixian al transporte. La captura, producto de un operativo que permitió localizar y detener a sus integrantes, representa un avance, aunque todavía insuficiente. El mensaje es claro: se necesitan persistencia, inteligencia y presencia sostenida para que este golpe no sea solo una victoria momentánea.

🟢Un ejemplo por seguir

El inspirador caso del joven de Villa El Salvador que desarmaba sus juguetes por curiosidad, aprendió inglés de forma autodidacta y hoy alcanza una beca completa en el prestigioso MIT nos llena de inmenso orgullo. La historia de Renato Gaitán demuestra que el talento, combinado con esfuerzo incansable y gran disciplina, puede superar cualquier barrera económica o social. Celebramos este extraordinario logro que debe servir como motor para que más jóvenes peruanos persigan sus sueños con absoluta convicción.

🔴Barril sin fondo

Lamentable, aunque revelador, es que el Gobierno confirme un apoyo financiero excepcional para Petro-Perú. Si bien asegurar el abastecimiento de combustibles evita un perjuicio mayor para la ciudadanía y la economía, también reabre una preocupación legítima sobre el uso de recursos públicos en esta empresa estatal. Este respaldo solo tendría sentido si viene acompañado por reformas serias, control estricto y resultados verificables, no como otro salvataje sin cambios de fondo.

El Perú no vota en un vacío. Vota en el centro exacto de una reconfiguración geopolítica hemisférica que Donald Trump está conduciendo con una claridad ideológica que no se veía en Washington desde la Guerra Fría. Lo que se está construyendo en América Latina con las recientes elecciones de gobiernos desde el centro derecha hasta la ultra derecha, no es una tendencia electoral pasajera: es un bloque anticomunista occidental que tiene en Washington su centro de gravedad, y Perú es la pieza que falta en ese tablero.

Entender eso es ver por qué una potencial segunda vuelta entre Fujimori y el comunista Sánchez es cualitativamente distinta a cualquier balotaje peruano anterior. Cuando Castillo enfrentó a Fujimori en 2021, el viento soplaba en dirección contraria: Venezuela y Cuba operaban con plena capacidad de proyección regional, el socialismo del siglo XXI tenía momentum ideológico en el continente y Washington estaba en un ciclo de política exterior permisiva hacia los gobiernos de izquierda latinoamericana. Hoy con Venezuela y Cuba colapsadas internamente, sin capacidad de influencia ni financiamiento al bloque Bolivariano de los gobiernos afines, ese ecosistema no existe más. El Departamento de Estado ha dejado claro cómo se relacionará con cada gobierno de la región. Pensar hoy que el comunismo es una mejor alternativa a la derecha en Perú es no vivir la realidad actual. Aquellos que piensan lo contrario olvidan que ese viento de popa que tuvo Castillo en el 2021 no soplará más.

Para cualquier actor económico que lea el tablero hemisférico con lucidez y sin rencores mezquinos, sabe que un gobierno de Sánchez nos dejaría fuera del bloque que Washington está construyendo activamente. Perú tiene un TLC vigente con Estados Unidos, depende estructuralmente del FMI y del Banco Mundial, y recibe fuerte inversión directa en sus sectores más estratégicos.

Ningún fondo de inversión con exposición al mercado peruano puede ignorar lo que significa gobernar en tensión con la administración Trump en este momento. Ese cálculo frío, que no aparece en ninguna encuesta pero opera con eficacia brutal en los mercados y en las élites económicas, se traduce en respaldo político, financiamiento de campaña y cobertura mediática. Todo ello fluye hacia el rechazo a la izquierda estatista y amenazante de la democracia.

El factor Castillo merece un análisis más honesto que el que suele hacerse. Una encuesta de IPSOS de abril de 2025 revela que mientras en 2023 el 51% creía que Castillo intentó un golpe de Estado, para 2025 esa cifra cayó a 33%, y el 59% cree que fue el Congreso quien propició el quiebre constitucional. Ese dato es real y tiene consecuencias electorales reales: para ese segmento del electorado, mayoritariamente rural y del sur, Castillo no es un lastre sino un mártir, y el apoyo de su entorno a Sánchez es señal de credibilidad, no de toxicidad. Sánchez lo entendió antes que nadie, hizo la Ruta Castillista y cosechó votos de primera vuelta. El error analítico está en tratar ese fenómeno como una anomalía o como ignorancia: es una lectura política coherente de un electorado que vivió el gobierno de Castillo de manera radicalmente distinta a como lo vivió Lima.

Sin embargo, la segunda vuelta no se gana en el sur. Se gana en Lima y en las ciudades intermedias, donde la memoria del castillismo tiene contenido completamente distinto: corrupción documentada, inestabilidad institucional permanente, gabinetes mediocres y de escándalo y un intento de golpe de Estado que el 41% del electorado sigue atribuyéndole a Castillo. Ese 41%, concentrado en los segmentos urbanos y que pesan en la decisión del voto, verán en la promesa de Sánchez de indultar al golpista -de lograr éste colarse al balotaje- como una señal de alarma imposible de ignorar, viéndolo de la facción anti izquierda que se vea. pues representa la ruptura del orden democrático y eso lo debe tomar en cuenta tos aquel que defienda la estabilidad democrática en nuestro país. Frente a ese aún incierto escenario, Fujimori llega a la segunda vuelta siendo la mejor versión de sí misma. Su antivoto disminuyó 10 puntos desde febrero, resultado de una moderación deliberada y sostenida de discurso. Tiene el piso de voto duro más alto y la mejor maquinaria territorial del país, y por primera vez en su historia electoral el contexto geopolítico juega explícitamente a su favor.

El odio, el rechazo y el miedo no deben decidir, no podemos dejar espacio a la ideología de hambre y retraso que lamentablemente el sur ha comprado de la izquierda. Por lo tanto esperemos que el resultado que estamos esperando coincida con esa decisión del país de centrarse en elegir un camino de estabilidad y crecimiento al margen de nuestras simpatías. Lo que esta elección representa es algo más grande que dos candidatos: es el puesto del mapa hemisférico que ocupará el Perú en los próximos cinco años. Con los nuevos giros de los gobiernos de la región, sumados a Trump en Washington, el bloque anticomunista occidental en América Latina tiene ya una forma concreta y una agenda compartida de la que el Perú debe ser parte protagónica y solo dos candidatos defienden ese objetivo.

Llegué puntual a las 6:00 a.m. como miembro suplente. Como tantos otros ciudadanos responsables, cumplí. Lo que no cumplió fue el sistema. El material electoral recién llegaba. No estaba distribuido. No había condiciones mínimas. Terminamos instalando la mesa entre los miembros de mesa, improvisando lo que debía ser una operación planificada al milímetro. La votación comenzó poco después de las 9:00 a.m.: dos horas tarde, con personas discapacitadas en la cola y muchos reclamando airadamente la tardanza.

No fue un hecho aislado. Más de 75 locales de votación se vieron afectados por retrasos logísticos, y decenas de miles de ciudadanos –más de 60 mil solo en Lima– no pudieron votar a tiempo. El propio Jurado Nacional de Elecciones reconoció que cerca del 30% de mesas no se instaló oportunamente. En cualquier estándar internacional, esto sería inaceptable. En países de la OCDE, la puntualidad en la apertura de mesas supera el 95%. En Chile o Uruguay –nuestros vecinos más comparables–, el proceso electoral es casi un ritual de precisión logística. En Estonia, el voto digital permite incluso sufragar desde casa. Aquí, en cambio, seguimos lidiando con impresoras que no funcionan y cartuchos de tinta que se agotan. Sí, cartuchos.

Tras el caos inicial, la jornada fluyó razonablemente bien. La ciudadanía –como siempre– estuvo a la altura. Familias llevando comida a los miembros de mesa, padres enseñando a sus hijos el valor del voto. La democracia sostenida por los ciudadanos, a pesar del Estado. Pero el verdadero colapso llegó en el escrutinio. Computadoras que se cuelgan. Impresoras que fallan. Actas que salen incompletas. Papeles membretados que se acaban. Tinta insuficiente. Horas de incertidumbre sobre la validez de lo que estábamos registrando. Terminamos cerca de las 2:00 a.m. del día siguiente, agotados y con una sensación incómoda: habíamos cumplido, pero el sistema no.

Este no es un problema anecdótico. Es una crisis de gestión. La evidencia es contundente: la ONPE contrató a una empresa logística cuestionada –y más cara que otras alternativas– que no cumplió con la entrega del material. Hubo fallas en supervisión, en tecnología, en planificación. Y lo más grave: según denuncias, las autoridades ya tenían señales previas de la crisis y no actuaron a tiempo. Esto tiene nombre en gestión pública: negligencia, si no corrupción.

Pero hay algo aún más preocupante: la actitud frente al ciudadano. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas a medias y extendió el horario de votación. Incluso se habló de perdonar multas. Pero eso no es solución. Es, en el mejor de los casos, un parche. En el peor, una muestra de desconexión. Porque el problema no es la multa, es el derecho. Cuando más de 60 mil ciudadanos oficialmente quedan sin votar, cuando el proceso depende de la improvisación de los propios electores, cuando la autoridad responde con explicaciones tardías –“me fui a dormir sin saber”, según su propia declaración pública–, no estamos frente a un error logístico. Estamos frente a una falla institucional. Y esa falla tiene costos: costos en confianza, costos en legitimidad, costos en democracia.

No es casualidad que hoy existan pedidos para la salida del jefe de la ONPE, en medio de críticas empresariales y políticas por la magnitud de los errores. Ni que organismos electorales internacionales observen con preocupación los retrasos y la incertidumbre generada. La democracia no es solo votar. Es confiar en el proceso.

En el sector privado, una experiencia así activa auditorías, cambios de proveedores, renovación de equipos y cambios en la dirección. Aquí, en cambio, seguimos normalizando la mediocridad. Y eso es lo más peligroso. Porque un país puede tolerar un mal servicio. Lo que no puede tolerar es un sistema electoral que funcione mal. Si la ONPE fuera una empresa, no solo tendría un NPS negativo: estaría perdiendo a sus usuarios. En democracia, esos “usuarios” somos todos los ciudadanos.

Una nueva encuesta del Foro de Opinión Pública Latina, realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, revela que el índice de aprobación de Trump entre los hispanos a escala nacional ha caído al 31%. Para ponerlo en perspectiva, Trump ganó las elecciones del 2024 obteniendo entre el 46% y el 48% del voto latino. “Hemos visto una erosión sorprendente del voto latino a favor de Trump en los últimos 14 meses”, me dijo Eduardo Gamarra, quien dirigió la encuesta de 1.054 adultos hispanos. “La principal preocupación de los latinos es la economía, que fue precisamente el tema que llevó a Trump a la victoria en las elecciones del 2024”, me comentó Gamarra.

La tasa de desaprobación de Trump entre los latinos es del 76% en Arizona, el 72% en California y el 71% en Texas. En Florida, su desaprobación entre los hispanos es del 54%. Gamarra me dijo que la encuesta se hizo poco antes de la guerra con Irán. Si se realizara hoy, la desaprobación de Trump probablemente sería mayor por el aumento en los precios de la gasolina, señaló.

Otras encuestas recientes de votantes latinos muestran una tendencia similar. Una encuesta nacional de Somos Votantes revela que solo el 30% de los votantes latinos dicen apoyar a Trump. En cuanto a las elecciones de noviembre, Somos Votantes dijo que Trump constituye una “carga electoral” negativa para muchos candidatos republicanos, y que “sus peores cifras se registran en el ámbito económico”. Melissa Morales, presidenta del grupo, dijo que “nuestros datos demuestran que el aumento del costo de la vida no es solo un tema de debate: es el veredicto”.

Aún así, ni Gamarra ni los directivos de Somos Votantes creen que esta insatisfacción garantizará automáticamente un triunfo demócrata en noviembre. Aunque los datos muestran que los demócratas llevan una ventaja considerable, “también dejan claro que los demócratas no tienen asegurada la victoria”, señaló la encuesta de Somos Votantes. El Partido Demócrata es vulnerable en temas como el despilfarro gubernamental, la delincuencia y la credibilidad fiscal, añadió el estudio.

Sorprendentemente, un 44% de los votantes latinos apoya las deportaciones, a pesar de que el 70% de los encuestados se opone a las tácticas empleadas por la Policía de Inmigración (ICE). En cuanto a la política exterior, las encuestas indican que la máxima prioridad para los latinos es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. “Aproximadamente la mitad de los votantes latinos también expresan su preocupación de que los demócratas prioricen temas desconectados de la realidad económica de las familias”, concluyó el estudio de Somos Votantes.

El mensaje de estas encuestas para los demócratas es claro: si se centran en los temas económicos y se mantienen al margen de temas progresistas de género y cultura –que terminan alejando a muchos votantes religiosos–, tienen buenas posibilidades de ganar el Congreso en noviembre. Y si los demócratas eligen a un candidato moderado para el 2028, podrían ganar la Casa Blanca.

¿Y el mensaje para los republicanos? Si siguen respaldando las falsas afirmaciones de Trump de que la economía marcha de maravilla; no critican los memes en los que el presidente se retrata jocosamente como Jesús; y siguen justificando las detenciones de inmigrantes legales por parte de ICE; lo más probable es que seguirán perdiendo votos latinos, y probablemente las próximas elecciones.

La nulidad de todo el proceso no genera mayor adhesión. Por lo escuchado y leído, y además por lo que algunos consideran como “reparación” mínima por el daño infligido a su expectativa electoral, parece que la idea de volver a realizar las elecciones en Lima podría tener cierto apoyo. La pregunta es: ¿puede ser viable?, ¿soluciona el problema?

Lo primero que habría que señalar es que, para que pueda considerarse una posibilidad, debería existir cierto consenso político. Una nueva elección en Lima, que representa un tercio del electorado, con pleno conocimiento de las tendencias actuales y de los resultados parciales nacionales al 94%, podría alterar totalmente, e incluso invertir, el resultado final luego de una nueva elección en Lima, en comparación con lo que hasta ahora se proyecta.

Segundo, debe sustentarse –o establecerse si no lo hay– el marco legal. Si lo hay, el JNE puede interpretar esas normas y realizar nuevas elecciones, o pedir al Ejecutivo que convoque a la brevedad nuevas elecciones en Lima. Si no lo hay, el JNE debe gestionar ante el Congreso una norma que haga viable que el Ejecutivo emita el decreto supremo de convocatoria.

Tercero, se debe considerar un nuevo cronograma, ya que se tiene que reprogramar todo el proceso electoral: nueva fecha para la realización de la segunda vuelta, para la proclamación de los resultados, para el proceso de transferencia y, probablemente, con necesidad de una reforma constitucional ‘express’, para la toma de mando.

Cuarto, definir si se trata solo de nuevas elecciones para presidente o también para los senadores y diputados; y si será solo en Lima Metropolitana o también en la región Lima.

Quinto, solo será viable: i) si se toma la decisión ¡ya!; ii) si renuncian inmediatamente el jefe de la ONPE y los funcionarios responsables de las irregularidades; iii) si la ONPE puede corregir a tiempo sus problemas logísticos y todas las irregularidades cometidas; iv) si se suspende inmediatamente el conteo de los votos, por lo menos en Lima; v) si el Gobierno asegura y transfiere los recursos económicos necesarios; vi) si los candidatos y partidos políticos que aceptan participar se comprometen, públicamente y por escrito, a reconocer y respetar los resultados de esta nueva elección.

En base a todo esto, hay que evaluar bien las cosas, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Me he ganado a pulso esa hostilidad. Me he portado mal con ella y con él. Aunque ahora mismo no las recuerdo, he escrito cosas sobre ellos, o contra ellos, que no debí publicar. No me refiero solamente a novelas, sino también a columnas periodísticas, que, en mi caso, son novelas por entregas, novelas que nadie me paga y casi nadie lee. A mi exesposa, empresaria hotelera, le rendí un homenaje tardío e incomprendido, la novela “El huracán lleva tu nombre”, pero a ella le disgustó verse desdibujada literariamente y, desde entonces, me consideró un soplón y un felón, alguien que no sabía guardar secretos, un asaltante de la intimidad, un pirata que saltaba de cama en cama. A mi exnovio argentino, escritor de revistas de modas, le dediqué unas líneas melancólicas en “El canalla sentimental” y, tiempo después, ciertos pasajes amargos, despechados, en “El niño terrible y la escritora maldita”.

Podría decir, tratando de salvar el honor, que yo dejé a mi exesposa y, años más tarde, rompí con mi exnovio. Mentiría. Así no ocurrieron las cosas. Mi exesposa se hartó de mí, me abandonó y se marchó con nuestras dos hijas a la ciudad del polvo y la niebla, a cinco horas en avión desde la isla en que vivíamos, la misma isla donde, por pura pereza, elijo seguir viviendo. El argumento que esgrimió para dejarme fue demoledor: Eres un pésimo amante, el peor amante que he tenido. Me espetó esa acusación porque, después de amarnos, yo a veces rompía a llorar y le decía que, además de estar con ella, quería enredarme con un hombre incierto, imaginario, un hombre que me procurase placeres innombrables que ella no podía darme. Comprensiblemente hastiada de mí, incapaz de competir con un amante fantasmagórico, se rindió, me dejó, se alejó de mí y se enamoró bien pronto de un francés ricachón, jugador de polo, alcohólico sin culpa, que supo amarla como ella merecía.

Mi exnovio argentino, escritor y coleccionista de revistas de modas, me fue infiel muchas veces, sin que yo me enterase. Yo también le fui infiel, pero una sola vez, y no con otro hombre, sino con una librera y escritora argentina, y cuando se lo confesé, él soltó una carcajada, opinó que esa joven afiebrada por los libros no le parecía atractiva y sentenció: Pensé que ya no te gustaban las mujeres. Entretanto, él, que viajaba a menudo como escritor de revistas de modas para entrevistar a grandes personajes del arte y el espectáculo, se acostaba discretamente con otros hombres, algunos de ellos amigos míos, que yo mismo le había presentado, pero no me lo decía y juraba que me era fiel. En Madrid tuvo intimidad con un famoso presentador de televisión, heraldo del cotilleo, de baja estatura y gafas coloridas, al que, no sé por qué, llamaba El Tomate. En Barcelona se enredó con un escritor venezolano, personaje de las televisiones, casado con español, a quien apodaba La Guacamaya, por su manera estridente de hablar. En Santiago de Chile encontró consuelo en un novelista talentoso que yo le había presentado en los cines del Abasto de Buenos Aires, a quien mi exnovio aludía afectuosamente como Buena Onda, y en los bosques de Zapallar vivió un romance con un escritor refinado y huidizo al que describía como El Jardinero. Por si fuera poco, en Lima, mi ciudad natal, se revolcó con uno de mis enemigos, un periodista acerbo, punzante, alias Anzuelo, y ambos, desnudos, elevados por el cannabis, hicieron escarnio de mí, diciendo que era un amante desastroso. Vine a enterarme de todos esos secretos cuando mi exnovio me anunció por teléfono, él desde Buenos Aires, yo de paso por Bogotá, que no quería verme más, o que necesitaba dejar de verme un tiempo largo. Me quedé helado. No sabía que me había sido infiel, tantas veces infiel. Le pregunté por qué me dejaba. Respondió lacónicamente: Porque ya no me calentás. Le pregunté si se había enamorado de otro hombre. Respondió: no, pero me gusta coger con otros chabones. Furioso, despechado, me rebajé a escribir una diatriba contra él, que publiqué en un diario español. Después de leerla, mi exnovio me escribió un correo largo, desalmado, brutal, contándome, una o una, sin ahorrarse detalles, todas las infidelidades que me había escondido, sus amores furtivos con El Tomate, con La Guacamaya, con Buena Onda, con El Jardinero, con alias Anzuelo y con otros hombres que yo no conocía. En represalia, le pedí que se marchase del apartamento que compartíamos cuando yo visitaba Buenos Aires. No puso objeciones a retirarse ni alegó que la propiedad le correspondía. Tiempo después, la vendí, convertida en museo del desamor. No podía dormir en su cama ni en la mía, sin recordar los años, siete nada menos, en que fuimos felices, años en los que él me engañaba y yo era tontamente feliz porque no lo sabía.

Ahora pienso que mi exnovio se hartó de mí y me abandonó por la misma razón que alegó, hastiada, mi exesposa, es decir, porque yo era un pésimo amante, un amante distraído, desganado, apático, un amante pasivo, sin bríos ni fuelle para agitarse, un amante bobo, lento como una tortuga, que no sabía coger, prefería seguir leyendo y se revelaba indispuesto para machucar y pisar con destreza erótica a su pareja. Podría decir entonces que no me dejaron por razones sentimentales, sino por unas de índole sexual: ella no se sentía bien atendida por mí, y él, dandi, figurín, adicto a la moda, me veía como si yo fuera una pelota inflable de playa.

Lo que no estaba en mis planes era que mi exesposa se hiciera amiga de mi exnovio. Ahora ambos me detestan, no quieren verme, y sin embargo son amigos. No se ven con demasiada frecuencia, menos mal, pero si ella pasa por Buenos Aires, salen a cenar, y si él viaja a Lima y a Cusco, pagado por sus revistas para escribir reportajes sobre los encantos de esas ciudades, ella le ofrece las mejores suites de sus hoteles a tarifas rebajadas, y él tiene el buen gusto de aceptarlas, porque los hoteles de mi exesposa son preciosos, regiamente decorados por ella, quien, cuando estuvimos casados, trató de decorar también mi vida, pero fracasó, porque yo no entiendo de la moda y sus tendencias, a diferencia de ella, sílfide, y de él, carilindo, siempre vestidos a la moda, sin un ápice de grasa, mientras yo, con los años, me he convertido en un gordo mal vestido, peor peinado y siempre desaseado.

Una de mis hijas se casó recientemente en una fiesta fabulosa y fue allí donde me encontré con mi exesposa, quien lucía espléndida, rejuvenecida, tanto que parecía hermana de nuestra hija. Me alegró verla contenta, orgullosa de nuestras hijas, exitosa en sus emprendimientos hoteleros. Me emocionó besar sus mejillas, al saludarnos, y lloré como una señora mayor cuando mi hija prometió amar a su novio. Luego mi exesposa me pidió que me acercase para hacernos una foto con nuestras hijas y el novio. Dudé. Le dije: Voy a afear la foto. Ella sonrió y me dijo: No te preocupes, después cortamos la foto donde sales tú. Me reí de buena gana, aunque sentí que, de nuevo, ella, con buen juicio, se alejaba de mí, prescindía de mí, me borraba de la foto. Por supuesto, tuve la delicadeza de no preguntarle por su novio francés, quien, según me contaron, se encontraba internado, en rehabilitación, tratando de alejarlo de las bebidas espirituosas. Tenía miedo de que ella me dijera: tú también deberías internarte para dejar las pastillas. Pues no. No dejaré las pastillas. Moriré dopado, convenientemente dopado, y, con suerte, sin darme cuenta.

En cuanto a mi exnovio, fue un alivio que no estuviera en la fiesta, invitado por mi exesposa. Supe por mis hijas que él está escribiendo una novela inspirada en su agitada vida amorosa, incluyendo el tiempo que perdió conmigo, qué miedo. Aquella noche, después de la fiesta, alojado en un hotel cómodo, aunque no lujoso, pues mi exesposa no me ofreció sus hoteles señoriales a precios rebajados, tuve que duplicar mi dosis habitual de pastillas, porque una idea persistente e insidiosa me impedía conciliar el sueño: mi exesposa y mi exnovio se arrepienten del tiempo que perdieron conmigo.

Por ello, desde el proceso electoral del 2021, aposté por una estrategia ‘indirecta’: guiar el análisis por las preguntas sobre el autoposicionamiento ideológico de los peruanos (de izquierda a derecha) antes que por las preguntas sobre por quién van a votar (pues la mayoría no lo sabe con certeza). Conocer si una persona se autoidentifica en una escala de izquierda a derecha, seguramente no pronostique con exactitud quiénes ganarán la elección, pero casi.

Esta estrategia ‘indirecta’ tiene debilidades que hay que ponderar. La primera: entre el 75% y 80% de peruanos suelen posicionarse en este eje. Es decir, hay un cuarto de la población que se escabulle de este enfoque, aunque suelen estar en el grupo de quienes no votan o vician sus votaciones. Pero, sinceramente, no existe otra variable política que clasifique eficientemente a tan amplio número de personas. Algunos creen que la distinción entre izquierda y derecha ha caducado, y que debe ser reemplazada por otros ejes como el liberal-conservador, por ejemplo. De hecho, analistas creativos inventan categorías tan pretenciosas como superfluas, como ‘revanchistas’ versus ‘institucionalistas’, u otras adaptaciones de manuales de autoayuda a la compleja realidad nacional. Me considero de los que creen que el entendimiento más parsimonioso del mundo político sigue siendo bajo las coordenadas de izquierda a derecha. Con este enfoque ‘old school’, en 50+Uno preguntamos a los peruanos durante las campañas del 2021 y del 2026, a través de encuestas de representatividad nacional (Ipsos y Datum, respectivamente), cómo se posicionaban en una escala donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. En el 2021, la media era 5,8 pero con una distribución que graficaba polarización aguda: 11,6% se ubicaba solo en el punto 1 (extrema izquierda) y 17,2% en el punto 10 (extrema derecha). Sin saber exactamente quiénes terminarían capitalizando esos extremos, podíamos anticipar el surgimiento de candidaturas radicales como terminaron siendo Pedro Castillo (1) y Rafael López Aliaga (10). De hecho, en aquella ocasión advertí: “Hay un electorado radical que busca un candidato tipo Antauro” (“Trome”, 23 de agosto del 2020). Lo que pasó, ustedes lo conocen.

Para el actual proceso electoral, repetimos el ejercicio. Primera novedad: la media se incrementó a 6,3 (más a la derecha), y la derecha extrema permaneció sólida (15,4%). La segunda: la extrema izquierda se redujo al 5,5%. La proporción del castillismo se encogió a la mitad, creando un nuevo escenario de polarización asimétrica. Esta es la base (con más elaboraciones estadísticas, por supuesto), que da pie al argumento que he sostenido en esta campaña: “El electorado peruano ha ido virando paulatinamente hacia la derecha” y hay un colchón electoral para que dos candidatos presidenciales de derecha pasen a la segunda vuelta” (El Comercio, 30 de marzo del 2026). De hecho, la amplitud de dicho campo es tal que pudo haberse configurado una triada de candidatos que capitalicen este espectro político como los más votados, como terminaron representando los electorados de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Sin embargo, el voto escondido propio de los radicalismos y la fragmentación en ambos campos (derecha e izquierda) impedía descartar la posibilidad de una candidatura de izquierda colándose en la definición, como también lo sostuve en la entrevista citada (“Roberto Sánchez va a sacar más puntaje de lo que muestran las encuestas”).

Para quienes hacemos trabajos empíricos de opinión pública, la derechización del electorado peruano no es ninguna novedad. El excelente libro Desencanto (de Carrión, Aragón y Zárate), recientemente publicado, grafica esta tendencia, entre otros hallazgos interesantes. Bastaría revisar los informes de opinión pública del IEP para darse cuenta del desplazamiento ideológico indicado. Consejo de pata: consuma más academia y menos influencers.

Es cierto que algunos colegas científicos sociales plantearon con algún sustento de datos que el fenómeno de Pedro Castillo se repetiría: un tsunami electoral que en las últimas semanas previas a la elección llevaría a un candidato de izquierda radical a más del 20% de los votos válidos. La justificación, a posteriori, de que este escenario no se replicó, arguye que la aparición de otros ‘outsiders’ antiestablishment como Ricardo Belmont, impidieron a Roberto Sánchez repetir lo alcanzado por el expresidente del sombrero. El error de esta alternativa se debe a que incurren en falacias ecológicas. Es decir, construyen inferencias sobre fenómenos individuales (las preferencias electorales de personas) a partir de datos agregados (resultados electorales pasados agrupados por jurisdicciones). Además, parten de otro supuesto errado: la sociedad peruana no habría cambiado en cinco años.

No solamente se trata de una decisión metodológica equivocada, sino también de una visión estática de nuestra sociedad. Como si la crisis de inseguridad, la gestión de Castillo y su intento de golpe y la inestabilidad del Ejecutivo, fuesen inocuos para la formación de las preferencias electorales. Tenemos que considerar, además, cambios generacionales que han agudizado la volatilidad de los apoyos a candidaturas personalistas y han afectado la dinámica de toma de decisiones colectivas en el mundo rural andino. Si los espontáneos analistas del río Rímac siguen idealizando el asambleísmo rural o asumiendo un monolítico radicalismo provinciano, sencillamente son ellos quienes no salen de sus burbujas sociales.

La perspectiva ideológica de vieja escuela flaquea –reconozco– frente a fenómenos antiestablishment antiprogramáticos cuyos electores se refugian en el espacio de “centro” (19,3%) cuando en realidad más que moderación reflejan desencanto. Por eso Ricardo Belmont fue más exitoso que Carlos Álvarez, pues el primero optó por la antipolítica y el segundo por bukelizarse. Esta es una tarea pendiente para quienes nos esforzamos en analizar científicamente al peculiar electorado peruano.

Pero esto era una ilusión. El bochornoso espectáculo que protagonizó la ONPE el pasado 12 de abril será una marca permanente en su reputación institucional. El descalabro por la ausencia de material electoral en los locales de votación de la capital el día de la elección, así como por otras muchísimas fallas operativas en esa fecha y en los días subsiguientes no tienen justificación. La situación de descontrol llegó a tal punto que el JNE denunció penalmente a Piero Corvetto, cabeza de la ONPE, atribuyéndole tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Será difícil, por decir lo menos, defender la pulcritud de un proceso en el que la autoridad máxima en la materia interpone una denuncia penal, en esos términos, en contra de quien organiza los comicios.

Unos días después, el mismo JNE desmintió a la ONPE respecto del material electoral hallado al costado de un tacho de basura. De acuerdo con la ONPE, si bien hubo negligencia en su manejo, la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de personal de la policía y del JNE en su traslado. Frente al Congreso, sin embargo, Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que esto no era cierto. “No hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, indicó. La ONPE se vio obligada a retractarse y pedir disculpas. Un papelón inaudito.

A todo esto se van sumando día a día errores comunicacionales, de actualización de la página web, y un conteo que genera más dudas que certidumbre. Se debe, en ese sentido, pedir una auditoría al sistema de conteo de la ONPE. Así, la permanencia de Corvetto al frente de esta entidad es ya insostenible. Con miras a la segunda vuelta debe ser reemplazado mediante cualquier canal institucional disponible. Mientras antes suceda, mejor. Y él no es el único responsable. El nivel de descuidos y negligencia puede sugerir intencionalidad en el interior de la ONPE para afectar el proceso electoral y perjudicar opciones políticas concretas. A estas alturas, los indicios son más que suficientes para, por lo menos, iniciar una investigación a fondo mediante una comisión con amplias facultades. Aquí no puede haber borrón y cuenta nueva. Se juega la credibilidad de la democracia. El país tiene el derecho a saber qué pasó el 12 de abril, y los ciudadanos afectados tienen derecho a saber qué pasó con sus votos.

En Los ríos profundos, esa dificultad aparece desde la experiencia misma del lenguaje y de la sensibilidad. Arguedas no describe paisajes o personajes, sino que propone formas de estar en el mundo que no siempre son accesibles a una mirada rápida. En su obra hay una insistencia constante en aquello que late por debajo de la superficie y en lo que persiste aunque no siempre sea reconocido.

En un hermoso pasaje, el propio autor sugiere que el canto, junto con la lengua, la memoria y la experiencia, constituye “la materia de que estoy hecho”. Esta no es una afirmación retórica, sino una intuición fundamental, ya que el individuo no está separado del mundo que lo forma, sino que está tejido por él. En consecuencia, la identidad no es una abstracción, sino una construcción que se sostiene en aquello que se aprende a escuchar, a nombrar y a comprender.

Desde esa perspectiva, el Perú aparece no es, como todos sabemos, una realidad homogénea, sino una pluralidad de experiencias que exigen ser entendidas en sus propios términos. En efecto, no todo lo que nos constituye es transparente, porque existen lenguas, símbolos, memorias y sensibilidades que requieren un esfuerzo deliberado de aproximación. Por lo tanto, conocer es también un acto de humildad.

Tal vez por esa razón adquiere un significado especial recordar que mi abuelo, el filósofo Francisco Miró Quesada Cantuarias, aprendió quechua junto a Arguedas, quien fue su amigo. No fue un gesto circunstancial ni meramente académico, sino una forma concreta de acercarse a una dimensión del país que no podía ser comprendida desde la distancia. En ese sentido, aprender una lengua implica aceptar que existe un mundo que no se deja traducir sin esfuerzo y que ese esfuerzo constituye, en sí mismo, una forma de reconocimiento.

Además, en ese gesto hay algo más que un aprendizaje lingüístico. Se trata de la ética de quien entiende que el respeto no puede fundarse en la ignorancia y que el vínculo con lo propio no se agota en la pertenencia, sino que exige comprensión. Por ello, no es apropiación cultural, sino predisponerse a escuchar al otro.

Arguedas, en consecuencia, no escribió únicamente sobre el Perú, sino que escribió desde una experiencia que lo obligó a habitar sus tensiones, a traducirlas y a intentar hacerlas inteligibles. Su obra deja una enseñanza persistente, porque aquello que no se comprende tiende a ser reducido, distorsionado o incluso negado.

Por esa razón, más que buscar en Arguedas respuestas inmediatas, conviene recuperar la exigencia que atraviesa su escritura. Se trata de asumir que conocer el Perú no es un dato, sino una tarea, que implica aprender a escuchar lo que no siempre nos es familiar y aceptar que nuestra comprensión siempre puede ser ampliada.

En un tiempo en que las afirmaciones sobre lo que somos suelen formularse con demasiada rapidez, volver a Arguedas permite recordar que el conocimiento requiere paciencia y que el vínculo con un país no se construye desde la consigna, sino desde la experiencia.

En última instancia, no es posible amar lo que no se conoce. Por ello, conocer, en el sentido más pleno, implica estar dispuesto a aprender incluso aquello que, en un inicio, no logramos comprender.

Según el INEI, más del 85% de los jóvenes peruanos menores de 25 años trabaja en condiciones de informalidad, lo que evidencia las dificultades que enfrentan para acceder a oportunidades laborales estables y explica por qué cada vez más se buscan alternativas como el emprendimiento mientras continúan con sus estudios.

En este contexto, las redes sociales y las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades para los estudiantes emprendedores. Estas herramientas permiten promocionar productos, llegar a más personas y construir un pequeño negocio con recursos limitados.

No obstante, emprender durante la universidad también implica enfrentar desafíos importantes, como administrar el tiempo entre clases y trabajos académicos. A pesar de ello, estas experiencias permiten desarrollar habilidades prácticas como la gestión del tiempo, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación ante las dificultades.

Finalmente, considero que, para muchos jóvenes universitarios en el Perú, emprender mientras estudian termina siendo ambas cosas: una necesidad frente a la incertidumbre laboral y, al mismo tiempo, una oportunidad para empezar a construir su propio camino.

Este punto es central. El problema excede la debilidad institucional o la baja calidad democrática y alcanza la relación misma entre voto y poder. A esto se suma un segundo problema estructural: la imposibilidad material de un voto informado. La proliferación de partidos no amplía la capacidad de elección; la dispersa y la vuelve impracticable.

La inestabilidad se produce en el propio funcionamiento del poder. El Legislativo actúa sin necesidad de sostener mayorías ni de asumir la continuidad de un gobierno; su intervención es fragmentada, reactiva y orientada a presionar. Las herramientas institucionales –censuras, vacancias– forman parte de la disputa cotidiana. Al mismo tiempo, el poder político se entrelaza con circuitos que no pasan por la representación: intereses económicos, operadores y economías ilegales que inciden sin exponerse. El gobierno queda atrapado en ese entramado: cada decisión abre un frente, cada movimiento activa resistencias. Ejercer el poder implica, desde el inicio, administrar fuerzas que lo desgastan.

Por eso, la pregunta ya no es si el Perú atraviesa una crisis política, sino cómo debe ser caracterizado el régimen que emerge de ella. Lo que hoy opera en el Perú es una democracia vaciada: el voto existe, pero no produce gobierno; se eligen autoridades, pero no se define quién ejerce efectivamente el poder. En ese desplazamiento, la legitimidad electoral deja de ordenar el sistema y pasa a ser un requisito de entrada que puede ser rápidamente neutralizado.

Por un lado, al haber tantos candidatos por conocer, se le dificultó al peruano tomar una decisión completamente informada, lo que conlleva a que muchos entreguen su voto a la aleatoriedad, apostando por un posible presidente que no conocen y generando un fraccionamiento de los votos que termina beneficiando a los de siempre.

Por otro lado, la cédula de votación parecía diseñada para generar la mayor cantidad de votos nulos o viciados posibles. Y es que no solo para quienes votan por primera vez, sino también para quienes llevan décadas votando, esta cédula de votación es algo nunca antes visto. Cinco columnas interminables que solo generaron nerviosismo y confusión al momento de votar, sobre todo para aquellos con problemas de lectura, como dislexia o analfabetismo.

A manera de conclusión, la erosión de los partidos políticos, sumada al deficiente y poco amigable diseño de la cédula, quizás ha impedido que se transmita la opinión honesta e informada del ciudadano peruano y, con ello, ha traído consigo malestar general e incertidumbres que vivimos hasta el momento en que cierro este texto. Si de algo podemos estar seguros tras estos comicios es que, al final de todo, la crisis política persistirá.

Como se recuerda, los despropósitos en cuestión incluyeron, entre otras cosas, demora en el traslado del material electoral y, consecuentemente, en la apertura de una gran cantidad de mesas de sufragio, fallas en el sistema STAE, problemas con la tinta de las impresoras que debían imprimir las actas y pérdidas de paquetes enteros de votos que solo se comunicaron a la opinión pública días después, cuando la prensa ya las había denunciado. El buen tino del JNE permitió que el lunes abrieran las 13 mesas electorales de Lima que el domingo sencillamente no pudieron hacerlo por las razones antes expuestas. Pero igual queda la pregunta de cuántas decenas de miles de votantes se quedaron sin poder ejercer su derecho al sufragio porque, hartos de esperar horas bajo el sol y atrapados entre la multitud, decidieron regresar a sus casas.

–It´s not dark yet…–

¿Por qué decimos que esto perjudicó esencialmente a los tres candidatos antes mencionados? Pues porque, con el conteo al 93.5%, López Aliaga tenía en la capital 1’156 515 votos válidos (equivalentes al 19.9% del total), Keiko Fujimori 1’036 904 (17.8%) y Jorge Nieto 877 103 (15.1%). Roberto Sánchez, por su parte, aunque fuerte en otras plazas del país menos pobladas, tenía en Lima solo 189 516 votos (equivalentes al 3.2% del total). Adivinen entonces a quiénes habrían favorecido mayoritariamente los votos que no llegaron a emitirse. Esa matemática hasta Corvetto puede hacerla.

La distorsión de la que hablamos, además, hizo crecer las chances de Sánchez de llegar a la segunda vuelta, un privilegio que ahora disputa voto a voto con el aspirante presidencial de Renovación Popular. Con los sufragios que las chambonadas de ONPE espantaron de las mesas electorales el domingo, esa disputa habría sido indiscutiblemente distinta.

En esta pequeña columna encontramos a Porky intragable. Bravucón, grosero y demagogo. Más cercano, en realidad, al Demonio de Tazmania que al amable cerdito del que quiere disfrazarse… Pero eso no nos lleva a cegarnos ante el meridiano atropello del que ha sido objeto. Sus llamados a la insurgencia y sus ultimátum al JNE no tienen asidero legal. No funcionan ni como estrategia política. Y, sin embargo, es verdad que, en la capital, estas elecciones han sido manchadas por la suma de obras y omisiones de un individuo al que nos resistimos a considerar indulgentemente un necio providencial. Hasta ahora, esa suma no da para ensombrecer todo el proceso electoral, pero mientras escribimos estas líneas, llegan denuncias de pérdidas de actas de votación en San Juan Lurigancho y en San Borja, y la ONPE anuncia el apagón “por mantenimiento” de su plataforma paradójicamente llamada “Claridad”. Como cantó entonces alguna vez un gran poeta contemporáneo, no oscurece todavía, pero hacia allá vamos.

En este año de celebración para nuestra comunidad universitaria, además de recordar la trayectoria institucional, corresponde mirar con lucidez los retos de un mundo en transformación. No hablo solo en nombre de la universidad que me honra conducir, sino también desde mi compromiso con el sistema universitario. Los desafíos son muchos, pero al menos tres resultan hoy especialmente urgentes por su vigencia y proyección.

El primero es la incorporación de la inteligencia artificial a la educación superior. La universidad debe integrarla como una competencia transversal de toda la formación, no únicamente como una especialización. Esto exige no solo nuevos contenidos en los planes de estudio, sino también una redefinición del papel del docente. Quien antes transmitía conocimientos hoy debe formar criterio, estimular la creatividad y acompañar un aprendizaje en el que la IA sea una aliada, nunca un sustituto del pensamiento.

El segundo desafío consiste en establecer criterios claros para un uso ético, transparente y responsable de esta tecnología. Más allá de cualquier regulación, necesitamos reforzar conocimientos sólidos, pensamiento crítico y valores. Ante una inteligencia artificial usada sin orientación, la lectura y la investigación conservan plena vigencia. Por ello, la Universidad de Lima inaugura este mes una nueva biblioteca, en el marco de su aniversario 64. Se trata de una apuesta de futuro: un espacio donde la tecnología, incluida la basada en IA, amplía las posibilidades de acceso, análisis y creación de conocimiento, sin desplazar el valor insustituible de los textos.

El tercer reto es la capacidad de respuesta de la institución universitaria ante el entorno en el que viven los estudiantes: hiperconectado, global y cambiante. Debemos ofrecerles una formación que les permita desenvolverse con solvencia en un escenario profesional cada vez más competitivo e impredecible. La universidad debe ser el espacio donde se construyan las competencias para usar con sentido y responsabilidad herramientas tecnológicas que ya forman parte de su presente.

Hay aportes que trascienden el tiempo. Uno de ellos es el rol de la universidad como fuente de conocimiento y referente de sensatez en medio de coyunturas turbulentas. Durante más de seis décadas, la Universidad de Lima ha brindado un valioso aporte en esa dirección. Pero no dejamos de mirar al futuro. Nuestros planes –como el nuevo edificio académico que construiremos próximamente– nos permiten afirmar que seguiremos contribuyendo, desde nuestro lugar, al desarrollo del país. ¡Felices 64 años, Universidad de Lima!

Esa narrativa terminó imponiéndose porque se montó sobre la matriz ideológica prevaleciente en los Andes de un centralismo expoliador que se lleva los recursos fuera. Es la ideología del despojo infundida desde los setenta por las izquierdas, Velasco y por Patria Roja y el Sutep en los colegios, de modo que tenemos una población sociológicamente emprendedora y capitalista pero ideológicamente revanchista.

El Perú no ha capitalizado para la conciencia y el orgullo nacionales la excelencia de la estrategia con la que derrotamos a Sendero ni el extraordinario crecimiento desde los noventa que redujo abismalmente la pobreza. La batalla cultural está pendiente.

Por supuesto, el ciclo anárquico de los últimos diez años también ha sido nefasto, pero su efecto deletéreo ha sido agravado por la tesis irresponsable de un pacto corrupto indiscriminado en el Congreso que aprobó leyes procrimen. Por supuesto que el Congreso ha cometido excesos –aunque también aprobó la bicameralidad y la reforma de las pensiones por ejemplo–, pero la única ley procrimen ha sido la que extendió el Reinfo porque no había Ley MAPE. Las demás reparaban extremos que permitieron muchos abusos de la justicia politizada y de la regular.

La promesa de esta elección es que a partir del próximo gobierno se ponga fin al ciclo anárquico e inauguremos una era de estabilidad política que, sumada a las reformas necesarias, dé lugar a un ciclo largo de altísimo crecimiento y reducción acelerada de la pobreza.

Esta vez Keiko Fujimori tiene más posibilidades de ganar: su punto de partida ahora es mejor: ha obtenido 17% en la primera vuelta (más el voto suyo que apoyó a López Aliaga) mientras que el 2021 obtuvo solo 13%. Su antivoto ha disminuido de 62% en el 2021 a 48% según Datum, está más cuajada como política y como persona luego del duro e injusto vía crucis de la cárcel, y ha revalorado la gestión de su padre, lo que le ha permitido recuperar parte del medio rural y darle respaldo al mensaje del “orden”.

Pero tendrá que conversar con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y otros si quien pasa a la segunda vuelta es Roberto Sánchez, sobre todo para formar mayoría en el próximo Congreso. Porque Fuerza Popular y Renovación Popular juntas solo suman hasta ahora 30 senadores (la mitad) y 56 diputados de 130.

Una concertación es factible porque los planes de los tres partidos tienen suficientes puntos en común como para alcanzar un acuerdo de gobierno o en torno a reformas clave. El país lo necesita a gritos. Dios quiera.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Ánforas de donación en los aeropuertos

Aldeas Infantiles SOS Perú y los principales operadores aeroportuarios del Perú suscribieron un convenio que permitirá instalar ánforas de donación en distintos terminales aéreos del país. El fin es recaudar fondos para apoyar a los niños y familias que están en situación de vulnerabilidad en diferentes zonas del territorio nacional. Lo recibido se destinará principalmente a necesidades básicas como alimentación balanceada y a fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas.

🟢 Medallas de oro en surf en los Juegos Suramericanos

Los representantes del surf peruano han tenido grandes resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Catalina Zariquiey (surf femenino), Hannah Saavedra (bodyboard femenino) y Lucciano Campos (bodyboard masculino) lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías. Además, María Paula Conterno (SUP surf) ganó la presea de plata y Emilia Ezcurra (SUP Race) la de bronce (hace unos días). Estas medallas se suman a otras que el joven equipo peruano ha obtenido.

🔴 Alerta en la frontera del Perú con Chile

Luego de que el presidente chileno, José Antonio Kast, anunciara la expulsión de extranjeros que están en una situación migratoria irregular en su país, la Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera del Perú con el país sureño. Los policías ocuparán puestos de vigilancia en toda la línea de frontera. Asimismo, se usarán drones para la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, zonas de difícil acceso. El objetivo es proteger el territorio del ingreso irregular de extranjeros, sobre todo con antecedentes.

La ONPE, responsable de organizar un proceso que involucra a más de 27 millones de electores, no logró garantizar condiciones básicas de operación. Reportes de la Defensoría del Pueblo y de medios de comunicación evidenciaron mesas que no se instalaron a tiempo, material incompleto o inoperativo y una preocupante ausencia de información en tiempo real. No se trata de errores aislados, sino de una falla sistémica.

Pero hay un elemento adicional que no puede ser ignorado: la afectación principal de varios problemas en Lima, donde se concentra casi un tercio del padrón electoral. Y esta distribución no es menor: obliga a plantear una pregunta incómoda pero ineludible: ¿estamos ante una simple ineficiencia o ante una mano negra, también, detrás? No se trata de afirmar sin evidencia la existencia de un fraude o complot, pero sí de reconocer que, en contextos de alta polarización, las fallas que afectan de manera diferenciada a territorios clave dañan la legitimidad del proceso. Cuando los errores no son homogéneos, la duda deja de ser ‘paranoia’ y se convierte en una exigencia democrática: la de explicaciones claras, verificables y oportunas.

Lo más grave es que el propio Estado ha demostrado que cuando se lo propone sí puede hacerlo mejor. Por ejemplo, el Pronabec, en procesos como el examen nacional de Beca 18, ha movilizado a decenas de miles de postulantes con altos niveles de control, trazabilidad y predictibilidad. La diferencia no se reduce a un problema de ‘escala’, sino a uno de gestión: uso intensivo de datos, monitoreo en tiempo real, plan de contingencia en caso sea necesario y sistemas de incentivos alineados a resultados.

Frente a ello, el argumento de la complejidad electoral pierde peso. La ONPE no administra solo una operación logística; administra la base misma de la legitimidad democrática. Fallar en su ejecución no es un desliz administrativo menor: es una vulneración del derecho al voto y un misil directo a la confianza en las instituciones. Pero el problema de fondo es más profundo y persistente: ¡el Estado no aprende! Las buenas prácticas existen, pero no se replican ni se escalan. Se tolera la improvisación donde debería exigirse precisión. Se normaliza el error donde debería haber consecuencias y se deja de entender que la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor es el poder de su ejecutor.

El último jueves, el programa “Beto a saber” de Willax Televisión denunció que un grupo de ciudadanos encontró cajas abandonadas en una calle de Surquillo que contenían las cédulas de cuatro mesas electorales pertenecientes a Surco. El problema con ese hallazgo es que el reglamento para el recuento de votos, emitido hace menos de un año, es bastante claro al establecer los protocolos de custodia y destrucción de estos documentos. La razón tras ello es bastante simple: en caso de que las autoridades electorales lo consideren pertinente, debe realizarse un recuento público de votos para el que se necesitan, lógicamente, las cédulas de votación.

La respuesta del organismo electoral ante el descubrimiento ha sido bastante penosa. Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) responsable del distrito de Surco, afirmó que se trató de un “error involuntario” debido a que los trabajadores que llevaron el material desde el centro de votación hasta el lugar de almacenamiento olvidaron dichas cajas en el vehículo utilizado para el traslado. La ONPE también mintió al afirmar que dicho material fue custodiado por la policía y personal del JNE. Para empeorar las cosas, ayer se conoció una denuncia presentada en una comisaría de San Juan de Lurigancho en la que personal de la ONPE advirtió sobre la pérdida de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de votación del mencionado distrito, pero lo que es peor: chats internos de auxiliares del organismo encargados de la distribución del material electoral han salido a la luz y revelan un panorama de desorganización y caos que contradice cualquier explicación oficial, al tiempo que taxistas han denunciado públicamente que fueron ellos quienes, ante la ausencia de un sistema logístico funcional, terminaron distribuyendo por su propia cuenta el material de sufragio.

Estas revelaciones dan pie a una certeza y una duda. La certeza es que no se cumplió el protocolo establecido en la ley para el traslado y almacenamiento de las cédulas de sufragio, poniendo en riesgo el principal documento que recoge la voluntad ciudadana. La duda, entre tanto, es cuántos otros casos puede haber que todavía ignoramos no solo en Lima, sino en todo el país. La palabra de la ONPE, lamentablemente, ya no ofrece ninguna garantía.

Días atrás, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, minimizó el caos generado por la impuntualidad en la entrega del material de sufragio calificando la situación de un “error puntual”. Pues bien, ¿cuántos más errores “puntuales” o “involuntarios” cometió la ONPE el día de la elección que aún no conocemos? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus autoridades electorales al ver, literalmente, decenas de votos botados en la vía pública? En este Diario, creemos que no basta solo con una explicación; hace falta que se vaya de una vez Corvetto. No puede haber una segunda vuelta con él a la cabeza.