En los últimos veinte años, además, ha crecido de forma sostenida pese a las turbulencias. Las exportaciones se han multiplicado gracias a tratados de libre comercio con economías clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, China y gran parte de Asia. Además, macroproyectos como el puerto de chancay y la modernización de la logística están posicionando al Perú como un hub logístico cada vez más relevante.

A ello se suma el dinamismo a niveles récord de sectores como la minería cuyas exportaciones crecieron 27.2% en 2025 al alcanzar los US$ 62.848 millones. En tanto, la agroexportación tuvo envíos cercanos a los US$ 13.200 millones y crecimiento a doble dígito. Incluso, las reservas internacionales de Perú bordean los US$ 100 mil millones.

Sin embargo, todo este escenario propicio para las inversiones extranjeras no garantiza, por sí solo, el éxito de quienes deciden ingresar al mercado peruano. Por el contrario, muchas empresas que llegan con capital y expectativas altas terminan enfrentando resultados por debajo de lo proyectado, no por falta de oportunidades, sino por una lectura incompleta del entorno.

Es importante destacar que desde nuestra experiencia en el Grupo Fuentes hemos notado que el principal error de los inversionistas no es financiero, sino estratégico, es decir, no entender cómo funciona realmente el país. La normativa, los tiempos, la cultura empresarial y la dinámica institucional tienen particularidades que no siempre son evidentes desde fuera.

Los errores más comunes comienzan incluso antes de iniciar operaciones. Uno de los más comunes es no elegir bien al socio o gerente local. No son pocos los casos en los que se contrata a alguien por referencias o afinidad cultural, sin una validación rigurosa de su trayectoria. Ese tipo de decisiones puede costar tiempo, dinero y credibilidad.

El segundo error es subestimar los plazos regulatorios. Por ejemplo, una empresa farmacéutica puede asumir que obtendrá un registro sanitario en pocos meses, cuando en la práctica el proceso puede tomar cerca de un año. En minería, los permisos y autorizaciones también pueden extenderse mucho más de lo previsto, dependiendo del tipo y la ubicación del proyecto. Sin una planificación realista, el resultado suele ser capital inmovilizado y pérdida.

Cuando las empresas ya operan en el mercado aparecen otros desafíos desde tres frentes: contable, tributario y laboral. Muchas compañías no comprenden del todo cómo se estructura la contabilidad local ni cómo optimizar su carga fiscal, lo que las lleva a pagar más impuestos de los necesarios. En el ámbito laboral, el desconocimiento de los regímenes de contratación, los tipos de contrato y los procedimientos adecuados de desvinculación puede generar contingencias significativas.

¿Cómo evitar estos errores? La clave está en contar con un aliado local que no solo domine los aspectos legales y contables, sino que entienda la lógica del negocio en distintos sectores, desde minería e infraestructura hasta agroindustria, farmacéuticas o tecnología. Ese acompañamiento permite construir un adecuado blindaje legal y financiero, además de diseñar la estructura societaria correcta, que puede variar significativamente según el tipo de operación.

Otro elemento importante es el networking estratégico, con un enfoque claro. Conocer proveedores, potenciales socios y stakeholders públicos resulta fundamental para reducir fricciones y acelerar procesos.

Las inversiones que funcionan en Perú comparten tres rasgos: un buen partner local que guíe el camino, una red de contactos sólida y la capacidad suficiente para adaptarse. Las que fracasan suelen tener exceso de confianza en el capital y escasa lectura del contexto.

Por eso mi recomendación para el inversionista extranjero es clara: venga con capital, pero sobre todo venga con oído atento y disposición para aprender. De esa manera, podrá tener éxito en el Perú.

Como parte de esas reflexiones, desde este Diario, queremos invocar a los ciudadanos a que hagan un uso efectivo de la herramienta que la democracia les otorga, sin distinción de clase o lugar de origen, para poder definir el rumbo que tomará el país en los próximos cinco años. Esto es: que voten, por la opción con la que realmente se sienten identificados o por la que les parezca menos mala, pero que lo hagan. Y que no dejen escapar el gran poder que tienen entre manos votando en blanco o viciado.

No ignoramos que, en una democracia, no apoyar ninguna opción es una postura legítima. Sin embargo, en la práctica, genera muchísimos problemas. Para comenzar, reduce el universo de votos válidos, lo que significa que quienes terminen pasando a segunda vuelta lo harán con un porcentaje marcadamente mayor del que realmente tienen. En el 2021, por ejemplo, un 19% de los peruanos que votaron no escogió a ninguna opción presidencial. En aquella elección, Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron al balotaje con el 19% y el 13% de los votos válidos (es decir, casi un tercio del total); sin embargo, considerando todos los votos emitidos, el porcentaje de ambos, sumados, fue de apenas 26% (un cuarto del electorado), lo que da una imagen más precisa del poco interés que dichas opciones suscitaban entre los votantes.

Este problema se agrava en lo que respecta al voto parlamentario. Hace cinco años, el 27% de quienes votaron para el Congreso vició su voto o votó en blanco. Esto redujo considerablemente el universo de votos y, en consecuencia, partidos que no hubiesen pasado la valla terminaron haciéndolo. Como sabemos, que un partido pase la valla no solo significa que conservará su inscripción, sino también que logrará una importante cuota de poder (incluso mayor de la que debería) y que recibirá millones en financiamiento público en los próximos años.

Según la última encuesta de Datum publicada en este Diario el último domingo, un 8% de electores pensaba viciar su voto o votar en blanco, un porcentaje suficiente para definir el destino de las elecciones. No está de más recordarles que, al hacerlo, no estarán haciendo otra cosa que cediéndoles a otros el poder para decidir sobre el futuro del país. Entre 35 candidatos presidenciales, de todas las tendencias y posturas, es prácticamente imposible que no haya alguno que les resulte mínimamente endosable. Quizás les falta más información para decidirse; afortunadamente, aún tienen dos días para hacerlo.

Tras la última emergencia energética, entender las responsabilidades puntuales resulta necesario, pero insuficiente si se pretende abordar una pregunta más estructural: ¿por qué el Perú no ha construido una estrategia sólida de seguridad energética?

Cuando una contingencia logra tensionar el abastecimiento de un recurso que contribuye a generar el 40% de la electricidad que consume el país, impacta los precios (también influidos por factores internacionales) y genera incertidumbre en la economía, lo que queda en evidencia no es únicamente un problema operativo, sino una vulnerabilidad sistémica.

La seguridad energética no depende de un solo eslabón, sino del funcionamiento articulado de la cadena: exploración, producción, transporte, almacenamiento, distribución, mecanismos de respaldo y de un Estado que incentive el desarrollo del sector.

Recientemente se ha planteado la necesidad de infraestructura redundante, como un ducto adicional. Sin embargo, una revisión técnica muestra que el estándar no es duplicar la infraestructura, sino diseñar sistemas con capacidad de respaldo, redundancia operativa y mantenimiento que aseguren altos niveles de disponibilidad.

Hoy, esa mirada integral está ausente. La principal debilidad es el limitado dinamismo en la exploración y en la incorporación de nuevas reservas. Sin una base de recursos más amplia, cualquier esfuerzo por fortalecer la infraestructura será incompleto. En la práctica, esto se traduce en la ausencia de una verdadera diversificación de fuentes de suministro de gas.

La experiencia internacional muestra que los sistemas más robustos combinan infraestructura, recursos y reglas estables. Sin ese marco, la seguridad energética queda expuesta a la incertidumbre y se postergan decisiones claves.

El desafío es construir un sistema más resiliente, con mayor diversificación de fuentes de gas y mejor preparado para contingencias. No se trata de copiar modelos externos ni de apostar por esquemas inviables. La seguridad energética exige decisiones técnicamente sólidas, pero también eficientes en términos de costo-beneficio.

El Perú ha avanzado en masificar el gas natural, pero no ha desarrollado una estrategia integral para asegurar su sostenibilidad. Esa es la brecha que hoy queda expuesta y que el país no puede seguir postergando.

Algunas características de la muestra de 35 peruanos deseosos de ceñirse la banda embrujada son interesantes de resaltar. Para empezar, hay pocos apellidos de presidentes del pasado: solamente tres, que respecto del tamaño de la muestra, representan menos de un décimo. Comparados con otros países latinoamericanos, no somos un país marcado por dinastías políticas, aunque el resultado de este domingo podría hacernos pensar diferente. Varios de los candidatos son un ejemplo de perseverancia, porque vienen de repetir el plato en justas electorales pasadas, sin perder una pizca de entusiasmo y esperanza.

En un país centralista como el nuestro, no debe ser una sorpresa el fuerte predominio de los candidatos nacidos en Lima: 21 de los 35, si incluimos como capitalinos al “chalaco” Chiabra, el huaralino Sánchez y al arquero blanquiazul nacido en Caracas, por circunstancias laborales del padre. Entre los “provincianos” figuran dos liberteños, dos apurimeños y un representante por cada uno de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Huánuco, Áncash, Junín, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Gentes del norte, del sur, de la sierra y de la costa; ninguno de la Amazonía. Es más: a juzgar por la declaración de su lugar de residencia, solo cuatro de los 35 viven fuera de Lima (aparte de uno de paradero desconocido).

San Isidro es el distrito preferido de residencia de nuestros pugnaces candidatos: siete de los domiciliados en nuestra ciudad transitan por sus arboladas calles cotidianamente. Siguen en la preferencia otros distritos que los urbanistas agrupan en el segmento “premium” de la ciudad: Santiago de Surco (cinco candidatos), San Borja y La Molina (cuatro cada uno). No se maltratan nuestros aspirantes en su vida diaria; aunque hay una media docena que tiene como residencia barrios menos glamorosos, como los de San Martín de Porres, La Victoria, Chorrillos o el Rímac. Sin olvidar al gentrificado balneario de Punta Hermosa, desde el que a su residente le costó horas llegar al lugar del debate de hace unos días.

Casi todos son profesionales, egresados de universidades públicas o privadas y algunos lucen además posgrados en el extranjero. Por profesiones, predominan los abogados (11 candidatos), seguidos de los administradores de negocios (5), ingenieros (4), economistas (4), militares (3) y médicos (2). Con un representante tenemos, además, psicólogo, profesor, contador, sociólogo y comediante. Pocas veces hemos disfrutado de un popurrí laboral tan variado.

El gran déficit de nuestra machista sociedad tenía que ser, desde luego, la poca presencia femenina: solo cuatro; apenas por encima de una décima. Y en el debate fueron las que más se sacaron los ojos, exhibiendo mucha política y poca sororidad.

Precavida y realistamente, 27 de los aspirantes dupletean la candidatura presidencial con la de senador (21) o, más modestamente, diputado (6), mientras que ocho valientes se han lanzado al todo o nada.

Varón, profesional, limeño, de clase media alta, son los rasgos (poco sorprendentes) de nuestros candidatos presidenciales. Pero nada garantiza que quienes pasen a la segunda vuelta este domingo sean quienes algo se apartan de dichos patrones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢OBSERVADORES INTERNACIONALES PARA ESTAS ELECCIONES

El Jurado Nacional de Elecciones acreditó a 487 observadores internacionales para supervisar las elecciones generales del 12 de abril en el Perú. Participan delegaciones de 30 organizaciones y seis organismos diplomáticos, que evaluarán la transparencia del proceso. Destacan misiones como la OEA y la Unión Europea, que analizarán aspectos claves como financiamiento y justicia electoral. También habrá miles de observadores nacionales. Tras los comicios, emitirán informes con recomendaciones para fortalecer la integridad y legitimidad democrática.

🟢PERUANAS CAMPEONAS EN AJEDREZ

Deysi Cori sigue brillando en el ajedrez mundial. La peruana compitió el fin de semana en el Campeonato Continental Femenino de Ajedrez y logró dos medallas de oro. La maestra internacional se quedó con el primer lugar de la categoría Rapid y del Blitz en el certamen que se realizó en Lima. Cori no fue la única que llevó los colores patrios al podio. En Rapid, le siguieron en posiciones la peruana María Teresa Jiménez Salas e Ingrid Aliaga. En Blitz, el tercer lugar fue para la peruana Fiorella Contreras.

🔴EL SUPER-NIÑO PODRÍA ESTAR CERCA

Especialistas advierten sobre la llegada de un intenso fenómeno de El Niño entre el 2026 y el 2027, que sería uno de los más fuertes en más de un siglo. Este fenómeno se originaría en el Pacífico central y tendría efectos indirectos en el Perú, como temperaturas más altas y déficit de lluvias en la sierra y selva. A diferencia de El Niño costero, no generaría lluvias intensas en la costa. Sectores como agricultura, pesca y comercio serían afectados, mientras persiste la incertidumbre en los pronósticos actuales.

Como es evidente, la jornada del domingo brindará algunas certezas. Son pocas, pero son. En primer término, las cifras difundidas al cierre del plazo legal confirman a uno de los dos participantes de la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. La segunda vuelta será, como es usual, una campaña breve e intensa.

También podemos avizorar el tono que tomará el balotaje, dependiendo de los participantes. Tanto los debates como los actos en torno a los respectivos cierres de campaña darán pistas sobre si se tratará de una campaña de choque o de debate alturado. Un componente adicional será el ánimo con el que los contendores asuman los resultados del domingo, algunos, probablemente, muy ajustados tanto a nivel nacional como subnacional.

En tercer lugar, tendremos un acercamiento a la composición congresal. Se avizorará, al menos, a gran parte de los pocos partidos que superen la valla, aunque con escaños sin nombre. Ello será particularmente relevante en la mitad del Senado elegida por voto de distrito electoral múltiple. Es que, en todas las circunscripciones (excepción de Lima), la votación puede ganarse, en teoría, por un voto, por lo que las impugnaciones estarán a la orden del día.

Finalmente, es altamente probable que se reproduzcan las viejas brechas que separan a Lima de las regiones. La diferencia de resultados, por ejemplo, entre Lima y el sur, seguramente, generará asombro e incredulidad entre una buena porción de observadores asentados en la capital. ¿Cómo es que no vimos venir a tal personaje? ¿De dónde tal candidato obtuvo ese porcentaje en aquella localidad?

Debe recordarse que, en las regiones, la campaña estuvo signada por la apatía y el desinterés. ¿Tiene sentido ocuparse de una elección de un jefe o jefa del Estado que probablemente estará más a merced de la indulgencia del Parlamento que de la empatía del ciudadano de a pie? ¿No tiene más sentido estar atentos a los comicios de octubre, cuando se elijan alcaldes y gobernadores? Al final de cuentas, en las regiones la política se valora más en lo concreto y en lo cotidiano, pues ‘all politics is local’, como reza el dicho norteamericano.

Frente a ello, hay acciones que profundizan y agravan estas distancias. Por ejemplo, la reciente decisión de las autoridades electorales que, desde incomprensibles “interpretaciones antojadizas”, no hace más que “ahondar la crisis de representatividad”, como bien señala Carlos Meléndez al referirse al fallo del JNE sobre la valla electoral para el Senado (El Comercio, 5/4/2026).

En esta recta final ha cobrado protagonismo un fenómeno que parecía marginal: el microfinanciamiento ciudadano. Campañas como el ‘Yapetón del hermanón’ han trasladado parte de la competencia electoral al terreno digital con más intensidad, donde los aportes de cinco soles se convierten en una señal concreta de apoyo y, sobre todo, de lealtad en un contexto de voto tan volátil.

Por ejemplo, el alza de Ricardo Belmont en las últimas encuestas que se podían divulgar coincide con esta estrategia. A través de las redes sociales, especialmente TikTok, y con una narrativa –gestionada por su joven hija, una influencer de esos espacios– que apela a su historia personal más positiva, el candidato ha activado a un grupo de seguidores que no solo consume contenido, sino que interactúa con su candidatura, aportando económicamente a la misma, vía las herramientas que ofrecen redes como TikTok.

El fenómeno no es inédito desde que experiencias internacionales, como la icónica primera campaña de Barack Obama, ofrecieron al ciudadano formas de acercarse realmente a su campaña política favorita. En el 2008, Obama convirtió las pequeñas donaciones en un pilar de su estrategia electoral, apoyado en el uso de plataformas digitales.

Hoy, plataformas como YouTube permiten a los creadores recibir aportes a través del ‘superchat’, donde los usuarios pagan para destacar sus mensajes en transmisiones en vivo. Aunque es un formato pensado para contenidos digitales, su lógica –pagar por participar y ser visible– se ha trasladado al ámbito electoral de cierre de campañas. En el Perú, este tipo de prácticas plantea varias preguntas. ¿Qué motiva a un ciudadano a dar pequeños apoyos económicos en una campaña? Más allá de la afinidad ideológica, parece haber un componente emocional muy importante, pues el aporte no solo respalda una propuesta, sino que genera una sensación de pertenencia.

Sin embargo, el antecedente local obliga a la cautela. Antecedentes predigitales del ‘fundraising’ están, por ejemplo, en la campaña ochentera Seamos Socios, que impulsó el hoy candidato presidencial Ricardo Belmont para financiar su emprendimiento del canal RBC, convocando a miles de pequeños aportantes. Con el tiempo, ese ‘fundraising’ fue fuertemente cuestionado por el manejo de esos recursos y la ausencia de retornos. Décadas después, ese episodio sigue presente en la memoria de los más mayores, pero no en la de esos 2,5 millones de nuevos electores, que no tienen el hecho mapeado.

En estos últimos días de campaña, el comportamiento de los electores no solo se reflejará en las urnas, sino previamente en una serie de acciones digitales, que pueden expresarse desde un “me gusta” hasta colocar un ‘superchat’ en alguna transmisión de cierre de campaña que realizan los candidatos.

¿Son esas acciones verdaderas señales de adhesión y un adelanto de lo que pasará este domingo 12 de abril? Aún no lo sabemos, y ciertamente será una buena forma de empezar a ponderar mejor el impacto de la socialización política vía digitalización, respecto de personas jóvenes, y no tan jóvenes, sin importar si estas se encuentran en zonas urbanas o rurales, o en Lima o en las regiones.

En los últimos días, comentarios mal intencionados, ‘fake news’ y cuestionamientos sin sustento han inundado las redes sociales. Se lanza de todo. Y no, no vale la pena entrar a discutir cuando lo que hay detrás es fanatismo, odio o intereses políticos. El problema no es el desacuerdo, sino la intención de desinformar. El domingo, “Cuarto poder” emitió un reportaje claro y didáctico sobre cómo se hacen las encuestas en Datum. El Comercio también investigó y documentó el trabajo técnico y profesional detrás de las cifras que publica. Sin embargo, cualquier explicación resulta insuficiente cuando el objetivo no es entender, sino instalar dudas. “Miente, que algo queda”, parece ser la lógica dominante.

Pero aquí no está en juego la reputación de una encuestadora. Lo que se deteriora es algo mucho más delicado: la confianza. Cuando se instala la idea de que todo es manipulable, que nada es creíble, el elector pierde puntos de referencia. Se desorienta. Y esa desorientación se traduce en lo que hoy vemos: un voto altamente volátil, cambiante, que reacciona más a estímulos inmediatos que a convicciones sostenidas. No es casualidad que incluso haya un 5% de peruanos que admite sentir vergüenza de contar por quién vota, ni que un 14% termine tomando su decisión en la cola del local de votación. Esa fragilidad no solo expresa indecisión, sino también un clima en el que muchos electores llegan al día de la elección sin referentes claros, expuestos a rumores, presiones del entorno y mensajes de última hora que pueden alterar fácilmente su decisión.

En este carnaval electoral, además del lodo –los insultos– circulan encuestas falsas, resultados sin ficha técnica, encuestadoras extranjeras que no están registradas en el JNE y cifras diseñadas a medida de quien las difunde. Hay menús para todos los gustos. En ese contexto, conviene recordar que no existe evidencia sólida que demuestre que las encuestas, por sí mismas, determinan el voto. Los electores no reaccionan de manera uniforme ante un mismo resultado. Algunos refuerzan su preferencia, otros la cuestionan, otros simplemente la ignoran.

Lo que sí influye es el entorno en el que esa información circula. La prohibición legal de difundir estudios durante la última semana, lejos de reducir la incertidumbre, la amplifica. Se genera un vacío que es rápidamente ocupado por rumores, interpretaciones interesadas y datos sin sustento. Cuando desaparece la información verificable, proliferan las versiones.

Así, el problema no son las encuestas, sino el ecosistema en el que se consumen. En un entorno saturado de ruido, donde se mezclan datos reales con contenidos falsos, el elector queda expuesto a una sobreoferta de información sin jerarquía. Y en ese escenario, decidir se vuelve más difícil.

La última semana de la campaña no es la más informativa, es la más emocional. Ya no se trata de comparar propuestas, sino de reaccionar. Se vota por afinidad, por rechazo, por intuición. En medio de este carnaval, donde todo se lanza y todo compite por llamar la atención, el riesgo es que el voto termine siendo una respuesta al ruido, más que una decisión basada en información.

Porque, al final, cuando se apagan la música y los colores, lo que queda no es el juego, sino la elección. Y esa sí tiene consecuencias.

Tras el paso de Pedro Castillo por el poder, la ciudadanía debería tener claras las consecuencias de respaldar a la izquierda radical que, en aras de rendir tributo a nefastos tótems ideológicos que se vinieron abajo junto con el muro de Berlín, se resiste a comprender las reglas elementales del mercado y el Estado de derecho. Esa es la opción que encarna Sánchez, autodeclarado heredero del golpista Castillo, pero peor que él, pues amenaza con despachar a Julio Velarde de la presidencia del BCR, y con él, la estabilidad monetaria de las últimas décadas. Algo a lo que Castillo no se atrevió. A eso hay que añadir su discurso retrógrado, su postura contra la inversión privada, sus vínculos con la minería ilegal y las distintas investigaciones que tiene en curso.

En lo que concierne a Belmont, estamos quizás ante la versión más descarada del oportunismo. Desde 1995 ha pasado por seis partidos políticos y ahora es un aliado del prófugo Vladimir Cerrón que se vende hoy como abanderado del cambio de Constitución. En su plancha, además, lleva a Daniel Hugo Barragán Coloma, personaje cercano a Antauro Humala y exministro de Defensa de Castillo, y a Dina Irene Hancco, condenada años atrás por el Poder Judicial por el delito de contrabando.

Belmont enfrenta una investigación por estafa y en recientes campañas ha mostrado un perfil xenófobo, homófobo y machista. Y hay que recordar que fue un desastre como alcalde de Lima. Estuvo ausente 174 días en el extranjero. La Lima plagada de ambulantes, de basura, de “pirañitas”, de espacios públicos en pésimo estado era la Lima de Belmont. Los que vivieron esos tiempos y los que conocen la trayectoria de este sujeto tienen el deber de contarles a los jóvenes quién es realmente Belmont y no permitir que alguien que engañó en los ochenta a los abuelos ahora estafe a sus nietos.

De un tiempo a esta parte, algunos comunicadores llevan adelante una campaña denominada Por Estos No, que pretende alejar a los votantes de un grupo de aspirantes presidenciales con características que los preocupan. Los que mencionamos, no obstante, son los que se llevan la presea en esa penosa competencia. Por estos de verdad que no.

Es cierto que hay avances a nivel de propuestas. Según el análisis de UNICEF sobre los 36 planes de gobierno, el 97% propone mejorar los aprendizajes y el 94% plantea reducir la anemia infantil. Pero cuando buscamos cómo piensan abordar las causas de fondo de estos dos problemas, vemos que la educación de las madres que no culminaron la educación básica no aparece como propuesta. La alfabetización de adultos asoma en unos pocos planes de gobierno, pero como meta aislada, desconectada de la primera infancia y, en la mayoría de los casos, sin una ruta clara para implementarla.

La serie sobre desarrollo infantil temprano de The Lancet (2016), referente mundial en este campo, elaborada con el respaldo de la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, identifica el bajo nivel de educación materna como factor de riesgo al mismo nivel que la desnutrición y la pobreza extrema. Esto es relevante porque la serie recomienda que las intervenciones en primera infancia deben ser de doble vía: atender al niño y al cuidador.

Uno de los programas de gobierno que se ha mantenido en las últimas gestiones y que ha duplicado su impacto es Cuna Más, con su Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), que llega a 264 mil hogares en 1500 distritos del Perú. Este programa focaliza su atención en la población en situación de pobreza y pobreza extrema, en zonas rurales principalmente, justo donde el analfabetismo se concentra: allí, cerca de una de cada cuatro mujeres no sabe leer ni escribir.

Si una madre no sabe leer, su capacidad de procesar la información que recibe durante el acompañamiento, de leer las indicaciones de salud y nutrición, de interactuar con un contexto alfabetizado que enriquezca el entorno de aprendizaje del niño, está limitada. El programa trabaja con la madre, pero no trabaja en la madre.

Según el informe de Desarrollo Infantil Temprano de la ENDES 2024 del INEI, uno de cada cuatro niños cuya madre no completó la primaria tiene desnutrición crónica, más del doble del promedio nacional (12,1%). Cuatro de cada diez niños menores de tres años tienen anemia, y en zonas rurales más de la mitad. Además, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024 del Minedu reporta que solo tres de cada diez escolares de cuarto de primaria comprenden lo que leen. Todos estos indicadores son más críticos en las mismas zonas donde se concentra el analfabetismo y donde opera Cuna Más.

Para que las propuestas en materia de educación y desarrollo infantil dejen de sonar a buenas intenciones, se requiere comprender la realidad y aprovechar la estructura existente. Bastaría con seguir las recomendaciones basadas en evidencia: invertir adecuadamente en la primera infancia cuesta apenas 50 centavos de dólar por niño al año cuando se integra con servicios existentes como los de salud o de programas sociales. No hacerlo le cuesta a cada niño el 25% de sus ingresos futuros en la adultez (The Lancet, 2016).

Cuánto ganaríamos como país con la sola decisión de articular Cuna Más con el Programa de Alfabetización del Ministerio de Educación o con iniciativas de alfabetización de mujeres como las que desarrolla la Fundación Dispurse, que se apoya en la tecnología para llegar precisamente a las zonas rurales. No se necesitan mayores presupuestos, sino voluntad política para unir esfuerzos de actores que ya intervienen en el mismo territorio y tomar decisiones que apuesten por la eficiencia.

Recuerdo a María Clotilde, estudiante de Dispurse en Cajamarca, quien después de aprender a leer y escribir pudo involucrarse en el aprendizaje de su hijo pequeño. Nadie tuvo que crear un programa nuevo para ella; bastó con que alguien decidiera llevar la educación a donde ya estaba la necesidad. Antes de votar, vale preguntarnos qué candidato está pensando realmente en nuestros niños y niñas, y qué está dispuesto a hacer por sus madres.

Un modelo de lenguaje no razona ni evalúa el mundo. Calcula probabilidades sobre qué palabra debería seguir a otra a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos textuales, visuales o sonoros disponibles en la red. El resultado puede ser brillante, pero también problemático. Estos sistemas pueden inventar citas, mezclar fuentes, confundir hechos o reproducir errores ampliamente difundidos. No por mala intención, sino porque no comprenden lo que afirman ni pueden evaluar sus consecuencias

Ese límite técnico tiene una consecuencia directa. Cuando se delega en la inteligencia artificial la producción completa de un texto, se cede también el control del enfoque, del tono y de la responsabilidad. El contenido puede sonar natural, convincente, pero no necesariamente ser preciso, pertinente o éticamente defendible. En entornos profesionales, esa cesión implica riesgo.

Por esa razón, el punto de partida no debería ser la herramienta, sino la idea. La inteligencia artificial funciona mejor cuando opera sobre un insumo humano previo, aunque sea incompleto o desordenado. Allí ya existe intención, contexto y una mirada situada. En ese escenario, la tecnología cumple un rol claro y útil. Ordena, corrige, sintetiza y enriquece. Actúa como asistente editorial, no como autora.

El problema aparece cuando se invierte el proceso. Pedirle a un modelo que escriba desde cero sobre un tema complejo equivale a entregar la voz a un sistema que no conoce los objetivos reales del texto, el entorno social en el que circulará ni las consecuencias de lo que afirma. El resultado suele ser un contenido genérico, sesgado, y, en no pocos casos, impreciso. La comodidad inicial termina pagando un costo alto en calidad y credibilidad.

Cuando se antropomorfiza a la inteligencia artificial y se le atribuye capacidad de juicio, se tiende a delegar en ella decisiones que exigen pensamiento propio. Al dejar de escribir, analizar y contrastar por cuenta propia, se debilita la capacidad de tomar posición. En cualquier ámbito donde se ejerza responsabilidad, no basta con información. Se espera criterio. Eso no puede delegarse en un sistema predictivo.

Existe además otro malentendido frecuente. Se asume que la IA puede corregir sesgos o evaluar la solidez de una idea. No es así. Estos modelos no poseen juicio crítico ni capacidad moral. Pueden evitar ciertos discursos dañinos por diseño, pero no están hechos para evaluar la calidad de un razonamiento. Si el punto de partida es confuso o débil, la respuesta tenderá a ser igual.

Esto se observa con claridad cuando el usuario modifica una pregunta o introduce un nuevo matiz. Ante ese cambio, el modelo no rectifica ni reconsidera una postura, simplemente recalcula su respuesta en función de las nuevas instrucciones. La aparente “corrección” no responde a comprensión, sino a un ajuste automático de probabilidades.

Escribir antes de automatizar no es una consigna romántica. Es una necesidad.. Redactar obliga a ordenar el pensamiento, identificar vacíos, jerarquizar argumentos y asumir una postura. Ese proceso fortalece el criterio profesional. Cuando luego se incorpora la inteligencia artificial, lo que se obtiene es retroalimentación, no sustitución. El texto mejora sin perder autoría.

Delegar completamente este proceso puede parecer eficiente en el corto plazo. Sin embargo, empobrece la capacidad analítica en el mediano plazo. En un entorno donde la reputación, la precisión y la ética importan, ese empobrecimiento trae consecuencias.

El uso responsable de la IA exige un orden claro. Primero el pensamiento humano, luego la automatización. Primero la idea, después la herramienta. No se trata de rechazar la tecnología, sino de ubicarla en su lugar. Es una gran asistente, como una calculadora, no una creadora autónoma.

Pensar antes de automatizar es hoy una forma básica de responsabilidad profesional. Esa es la diferencia entre usar la tecnología con criterio y depender de ella sin cuestionamientos.

Pues, todos son estereotipos y, en las últimas tres décadas, son los que han guiado a la mayoría de los peruanos a decidir su voto.

Ahora, esto es entendible en un sistema político como el peruano, sin organizaciones partidarias sólidas, sin programas de gobierno, sin experiencia para gobernar, sin ideología, sin vida institucional ni confianza. Vacíos que nos llevan a generalizar algunos rasgos del candidato que consideramos deseables.

Ya son varias las ocasiones en las cuales los electores peruanos han tomado los estereotipos como criterios para elegir a un presidente de la República.

Alberto Fujimori, siendo de origen japonés, era trabajador y decente. Pedro Pablo Kuczynski, por ser empresario, era eficiente. Pedro Castillo, por ser de origen humilde, era trabajador y recto. Alejandro Toledo era un “cholo sano y sagrado”... Y así también hemos elegido a cientos de alcaldes basándonos en que eran empresarios y profesionales y, por ende, buenos gestores.

La historia, no obstante, nos ha mostrado que los estereotipos son una simplificación y generalización de ciertos rasgos no constatados y no datos objetivos de la realidad.

Ahora, en vísperas de unas nuevas elecciones en el país, nos encontramos, entre otros, con una candidata de origen japonés, con un postulante que es empresario y con un comediante, que creemos que es un crítico social independiente porque se burlaba de los demás.

Por desgracia, los estereotipos son generalizaciones no constatadas que creamos para poder navegar en el mundo social al simplificarlo y darle un sentido, que muchas veces engaña y recrea lo más negativo de las construcciones sociales.

Por ejemplo, el racismo, el sexismo y la xenofobia se construyen sobre caracterizaciones falsas o exageradas sobre las razas, el género o las nacionalidades.

A mediano plazo, el mejor antídoto contra los estereotipos es lo vivido y transmitido dentro de una sociedad. Fuera de bromas, la historia juzga, pero para que cumpla esta función tiene que ser conocida y compartida.

Empecemos por la vivienda y la forma de la ciudad. Como hemos desarrollado en diversas columnas, las ciudades peruanas han crecido vertiginosamente en las últimas décadas, siendo que gran parte de esa expansión ha sido informal o ilegal. Más del 90% del nuevo suelo urbano de Lima presenta esta condición, mientras que en ciudades como Arequipa o Cusco bordea el 100% (GRADE, 2020). Este crecimiento responde a una demanda de vivienda insatisfecha y a la limitada capacidad del Estado para atenderla mediante mecanismos formales. El resultado es que cerca del 50% de la población vive lejos de los centros urbanos, con limitado acceso a servicios básicos, parques y equipamientos. Esto, que impacta en su vida cotidiana, también condiciona su participación electoral, pues les obliga a realizar desplazamientos largos, inseguros y costosos.

Al respecto, diversos estudios desarrollados —como los de Gimpel y Schuknecht (2003), Dyck y Gimpel (2005), y Brady y McNulty (2011)— encuentran consistentemente que a mayor distancia, tiempo de viaje o complejidad en el desplazamiento, menor es la participación electoral. Incluso medidas como el transporte gratuito —implementadas recientemente en Brasil (Pereira et al., 2023)— reducen barreras específicas, pero no necesariamente incrementan la participación. El problema no es solo llegar, sino el costo de hacerlo en una ciudad extensa y desarticulada.

En el otro extremo, la compacidad urbana y la calidad de la ciudad y sus espacios públicos facilitan el ejercicio democrático. En un estudio desarrollado en Paraguay (Chong, León-Ciliotta y Valdivia, 2019) se demostró que en entornos más compactos y mejor equipados existía una mayor y mejor participación electoral, pues los electores accedían de forma rápida y segura a su centro de votación, y estaban mejor informados. La evidencia muestra que votar no depende únicamente de la voluntad u obligación cívica, sino que está fuertemente condicionada por la organización espacial y la calidad del entorno donde se habita.

Entonces, las desigualdades socioespaciales impactan directamente en el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos, por lo que el derecho al voto debería estar directamente relacionado con el derecho a la ciudad que habilita su ejercicio; tal como está planteado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (artículo 17).

Otro factor clave es la seguridad, particularmente relevante en estas elecciones. El incremento sostenido de delitos, extorsiones y homicidios —especialmente en zonas periféricas— restringe la movilidad cotidiana y desincentiva la participación. La evidencia regional desarrollada en el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) relaciona la percepción de inseguridad con la menor participación política, porque limita la circulación por las calles y el uso del transporte público.

El resultado es una paradoja: el voto es obligatorio, pero las condiciones de nuestras ciudades dificultan su ejercicio, siendo una variable crítica en las zonas más alejadas, informales y vulnerables.

A pocos días de acudir a las urnas, es importante que comprendamos que la calidad de la democracia no solo se defiende en el diseño de las instituciones y en la oferta política disponible, sino que también se juega en el equipamiento, la seguridad y la accesibilidad de nuestras ciudades y centros poblados.

En ese sentido, el derecho al voto empieza en la ciudad que permite ejercerlo, y el fortalecimiento de la democracia depende, en gran medida, de las condiciones urbanísticas que ofrecemos a nuestros ciudadanos

En esta elección, el voto estratégico resulta particularmente trágico por la cantidad de opciones disponibles. La mayoría deja mucho que desear, pero algunas candidaturas han intentado introducir propuestas disruptivas, basadas en ideas, algo escaso en una era dominada por el populismo. Sin embargo, estas alternativas han quedado rezagadas en el pelotón del 1%, con breves momentos de protagonismo que no lograron sostener tras errores políticos frente a un electorado exigente.

Esto plantea una pregunta clave: ¿es el voto estratégico realmente racional? Es decir, ¿responde a una decisión que, desde un enfoque utilitarista, genera más beneficios que costos? Por un lado, la fragmentación del voto ha reducido las diferencias entre candidatos punteros, muchas veces dentro del margen de error. En ese contexto, un tercer, cuarto o quinto lugar podría dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta. Apostar estratégicamente implica entonces creer que pequeños cambios pueden alterar el resultado.

Sin embargo, esta lógica enfrenta un problema: el voto estratégico es, en gran medida, perceptivo. ¿Cuántas personas realmente lo ejercen? Que un entorno cercano lo haga no implica que una masa crítica de votantes actuará igual. No existe forma de cuantificarlo con precisión y, además, la definición de lo “estratégico” varía entre individuos. El problema de acción colectiva dificulta prever que estos votantes se aglutinen en torno a una sola candidatura. Aun así, para algunos esta estrategia ofrece tranquilidad: prefieren votar por una segunda o tercera opción con posibilidades, antes que por su preferida sin opción de pasar.

El voto estratégico también implica considerar no solo quién gana la presidencia, sino con qué respaldo gobernará. La segunda vuelta abre la posibilidad de que el presidente electo no cuente con una bancada significativa en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En ese sentido, votar estratégicamente también supone evaluar qué partidos o candidatos tienen opciones reales de superar la doble valla electoral, hoy más exigente. Surge entonces la duda: ¿conviene alinear el voto legislativo con la opción presidencial o diversificarlo?

En conclusión, el voto estratégico es, en última instancia, un acto de fe. Puede dar cierta paz mental, pero también deja una sensación de frustración: la de no haber votado por lo que realmente se prefiere, sino por lo que se cree más viable dentro de un cálculo incierto.

Frente a este escenario, es importante recordar que las encuestas en Perú y en el mundo no predicen elecciones: muestran tendencias. No indican quién ganará, sino que representan una fotografía del momento en que fueron realizadas. Además, el trabajo de campo suele cerrarse días antes de su publicación, por lo que no captura los cambios más recientes del electorado.

Mientras las encuestas se apoyan en metodologías de las ciencias formales, las elecciones pertenecen al ámbito de las ciencias sociales, donde el comportamiento humano introduce un alto grado de variabilidad. El votante cambia, reacciona y decide en función de múltiples factores que evolucionan constantemente.

Entre estos factores destacan:

1. El debate presidencial. Puede modificar percepciones en pocos días. Candidatos con menor visibilidad pueden ganar posicionamiento, mientras otros pueden perder presencia.
2. El comportamiento de los candidatos. Ajustes en el discurso, errores o decisiones estratégicas impactan en distintos segmentos del electorado, ya sea consolidando votos o limitando su alcance.
3. El contexto político y social. Hechos externos pueden alterar el rumbo electoral incluso en los días previos. Un ejemplo es la elección española de 2004, donde un atentado cambió el resultado esperado.

A estos elementos se suman las dinámicas propias de campaña: estrategias, confrontaciones y la movilización del electorado más volátil. Estudios recientes de Imasolu registran, además, niveles de desconfianza hacia las opciones políticas, lo que incrementa la indecisión o el rechazo.

En este contexto, las encuestas cumplen un rol específico: documentar tendencias. No funcionan como predicción definitiva, sino como una aproximación al comportamiento electoral en un momento determinado.

La decisión final puede modificarse incluso el mismo día de la votación, influida por percepciones y circunstancias inmediatas. Por ello, más allá de los datos, el voto sigue siendo un acto individual donde la ciudadanía define el rumbo del país.

En un contexto electoral impactado por el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y las burbujas de información que hoy nos llevan a vivan realidades distintas, es importante tener en cuenta cuáles son las fortalezas de nuestro sistema electoral.

La separación del ‘poder electoral’ del ‘poder político’.

A diferencia de lo que ocurre en países vecinos, en Perú los titulares de los organismos electorales no son elegidos ni pueden ser removidos por las autoridades políticas del Ejecutivo y Legislativo. En cambio, el jefe de la ONPE y del Reniec son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, mientras que los cinco miembros del JNE son nombrados por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las universidades públicas y privadas, respectivamente. Esto les da una más independencia de la que tienen las autoridades electorales en otros países.

La división de poder de nuestro Sistema Electoral.

En la mayoría de los países de la región existen un solo organismo electoral. Nuestra división en tres organismos constitucionalmente autónomos (igual que el BCR) no es común, pero conlleva a que resulte más costoso capturar el sistema electoral. Además, las decisiones del Pleno del JNE solo se dan en segunda instancia, ya que para cada elección se crean varios Jurados Electorales Especiales de primera instancia en todo el país. Es decir, al igual que en la ONPE, el poder electoral está dividido incluso dentro del mismo JNE.

Quienes cuentan los votos son ciudadanos, no funcionarios.

No son la ONPE ni el JNE, ni ningún otro funcionario o software en una oficina quien cuenta los votos, sino que lo hacen los miembros de mesa. Es decir, ciudadanos sorteados aleatoriamente. Las cédulas que cada votante deposita en el ánfora de cada mesa son contadas por estos ciudadanos al final del día y, tras ello, esa información se coloca en un acta electoral, que luego la ONPE digitaliza y publica en su web para que todos podamos verla. Y el mismo proceso se repite en todas las mesas.

Es usual que el día de una elección se registren irregularidades puntuales. Más aún ahora que el Congreso ha hecho modificaciones que aumentarán la desconfianza, como el hecho de que ya no se destruirán las cédulas, sino que ahora la ONPE deberá custodiarlas hasta un eventual reconteo. ¿Dónde las va a guardar?, ¿cómo las va a transportar? Pero la ley ya prevé mecanismos para que en la mayoría de los casos en que se registren irregularidades puntuales, esos votos ya no cuenten.

Para que ocurra un fraude real, las irregularidades tendrían que ir en un mismo sentido y ser suficientes en todo el país, de modo que se voltee el resultado originalmente expresado en los votos. Es muy difícil que algo así pueda llegar a darse.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Científicas peruanas destacan en la Antártida

Durante 98 días, un equipo de científicas peruanas se internó en uno de los territorios más extremos e impresionantes del planeta: la Antártida. La misión, conocida como Antar XXXII y organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del Programa Nacional Antártico, reunió a investigadores de distintas disciplinas con un objetivo común: entender cómo se están modificando los ecosistemas frente al avance del cambio climático.

🔴Leptospirosis en el Perú

El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. Además, 219 personas han sido hospitalizadas. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura ( 4 ), Lima ( 2 ), Tumbes ( 2 ), Apurímac ( 1 ), Ica ( 1 ), Madre de Dios ( 1 ), San Martín ( 1 ). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.

🔴 Lejos de una solución

Los proyectos de drenaje pluvial en el norte del Perú, claves para prevenir inundaciones por el fenómeno de El Niño costero, avanzan lentamente y aún están en etapas iniciales. Solo en algunas ciudades como Sullana y Talara se han empezado obras, mientras que el resto sigue en diseño. La falta de presupuesto retrasa su ejecución y podría postergarlos hasta el 2030, dejando a varias regiones vulnerables ante lluvias intensas y desbordes que ya generan riesgos y daños.

La elección parlamentaria debe analizarse en dos capas: la primera es marcar correctamente para no viciar el voto involuntariamente; la segunda es tener en claro la necesidad de apostar, antes que por individualidades, por equipos.

En estos días es común escuchar sobre el “voto estratégico”, pero este termina orientado a candidaturas individuales, sin mirar el panorama total de las listas. Mejor dicho, una lista puede tener uno, dos o tres perfiles técnicos destacables, pero la mayoría tiene un perfil más personalista o permeable a otro tipo de agendas.

Lo que suele pasar con este tipo de combinaciones es que terminan separándose una vez instalados en el Congreso o se mantienen juntos pero actúan (entiéndase, votan o legislan) de manera dispar. Hay varios ejemplos en los que los perfiles técnicos, al ser minorías, terminan renunciando a las bancadas que los llevaron al poder y acaban relegados como no agrupados sin poder hacer mucho (por no tener experiencia política de negociación) y, a veces, arrastrados en las olas populistas.

Una revisión de las listas parlamentarias en contienda permite visualizar fácilmente muchos grupos dispares. País para Todos cuenta con candidatos que presentan buen perfil técnico (aunque sin mucha o con nula experiencia política), y resulta difícil imaginarlos sobrevivir a la convivencia con la facción de Vladimir Meza (el dueño del partido). En Primero la Gente, ¿quién controlaría la bancada: Marisol Pérez Tello o Miguel del Castillo? Y así la pregunta puede extenderse a Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras.

Este no es un problema exclusivo de los partidos nuevos, pues los tradicionales también enfrentan problemas de facciones, pero sus niveles de erosión han sido más manejables y algunos muestran correcciones en la conformación de sus listas (sin tantos invitados como en procesos anteriores).

En el 2021, Perú Libre logró una bancada de 37 miembros conformada por dos facciones: los cerronistas y los ‘profesores’. Los ‘profesores’ eran rostros nuevos sin experiencia política, que se fueron acomodando a quien les ofrecía viabilizar su agenda y sus propios intereses. El resultado fue la priorización de una serie de leyes dañinas para el sistema educativo pero beneficiosas para su gremios, y que les garantiza mejores condiciones si es que no logran la reelección y deben retornar a las aulas.

De no analizar correctamente la conformación de las listas (y, sobre todo, de los equipos), tanto en agrupaciones nuevas como tradicionales, lo más probable es que tengamos bancadas parlamentarias llenas de bloques con intereses similares a los de los ‘profesores’ del 2021-2026, y este es un riesgo cuyos efectos ya hemos visto

Es una realidad que se repite elección tras elección, que el elector peruano busca los momentos finales, casi ad portas de la fecha de votación -cuando no en la propia cola- para decidir su voto.

De ahí que, los debates, a pesar de que pueden tener una audiencia limitada y no tan amplia como se busca, generan una tendencia que determina que la balanza se incline a un determinado lado que, para sorpresa, puede no ser alguno de los que venían encabezando las encuestas.

Partamos por indicar que los niveles de indecisos son más amplios que aquellos que las proyecciones reflejan, no solo porque hay una cierta tendencia popular por expresarse a favor de quienes vienen encabezando los sondeos previos, sino porque no hay, salvo excepciones muy puntuales y limitadas, un voto realmente consolidado y fidelizado. En ese sentido, la movilidad en la intención de voto en nuestro país es asombrosa. Obvio que ello se debe también y en gran medida a la ausencia de partidos y, por tanto, a la falta de un debate con posiciones doctrinarias determinadas.

Así, el voto responde, principalmente, a la impresión e influencia que generan los candidatos como consecuencia, además, de la confrontación directa con sus adversarios. Ahí surge una suerte de clic.

Entonces, será difícil que alguien que entra al debate como favorito mantenga la preferencia si su desempeño en el debate desilusiona al elector; ni qué decir del caso de quien no se presenta a la confrontación, ¡ahí mismo pierde la elección! Y es que el debate permite imaginar a los candidatos en un futuro desempeño presidencial.

Al elector le surgen las siguientes interrogantes y reflexiones: ¿esta persona que no es ecuánime la quiero como presidente?, ¿será bueno elegir a alguien que solo agravia e insulta, si, más allá de las decepciones y frustraciones, lo que queremos los peruanos es vivir en armonía y en paz?, ¿debemos elegir a quien con las justas balbucea su nombre y es, en buena cuenta, una suerte de meme o caricatura andante?, ¿quien nos ofrece todo -una auténtica lista de lavandería- no está acaso tomándonos el pelo?, ¿quien solo lee nos estará diciendo lo que realmente piensa o lo que otros le han dicho que lea?, ¿o quien no lee, pero cuando le preguntan algo se va por las ramas y repite un discurso aprendido de paporreta, pero que se nota que no siente?

Es entonces cuando el elector, con razón o sin ella, inclina la balanza por quien percibe que le habla desde las entrañas. No le importan los títulos académicos o curriculum vitae que exhiba, sino la autenticidad que refleja el candidato. Eso genera una vertiginosa ola de adhesiones que no hay dinero, asesor internacional o maquinaria que la pueda igualar.

Nuestra elección no es analítica ni responde a una predeterminada orientación; es simplemente emotiva y sentimental. Un solo gesto o palabra puede acabar con todo lo construido o, por el contrario, generar un romance casi sin límites, llegándose a una idealización excesiva del candidato que, probablemente, luego termine en una nueva decepción.