El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “un hecho muy grave” la decisión del Gobierno de detener la compra de los aviones F-16, al considerar que se trata de un incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado peruano.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso. A algunos puede no gustarle, pero había sido un compromiso formal”, sostuvo tras un homenaje a los Héroes Chavín de Huantar en el Congreso.

En esa línea, Rospigliosi alertó que el incumplimiento de dicho acuerdo no solo tendría implicancias en el ámbito internacional, sino que también podría generar una crisis interna.

“El incumplimiento de ese compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y puede desatar una crisis muy grave de gobierno”, afirmó.

El titular del Parlamento también vinculó esta situación con la decisión de censurar al expresidente José Jerí, la que calificó como un error. Las consecuencias son las que “tenemos ahora”, dijo en clara alusión al gobierno de José María Balcazar.

“Es consecuencia de lo que ya habíamos advertido, cuando de manera absurda se destituyó al señor Jerí para traernos lo que tenemos ahora”, agregó.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo encabezado por Balcázar, tras conocerse la paralización del proceso de adquisición de las aeronaves militares, las que según algunos analistas iban a colocar al Perú en la vanguardia de la aviación militar.

Hasta ahora, el fujimorismo solo estuvo ausente en dos balotajes. El primero fue en el 2001, en el primer proceso electoral después de la caída del régimen de Alberto Fujimori. El otro fue en el 2006: con Martha Chávez como candidata presidencial, Alianza por el Futuro (AF) logró 7.4% de los votos válidos (912,420 adhesiones).

Desde el 2011, Keiko Fujimori mantiene el liderazgo hegemónico del partido Fuerza Popular. Las proyecciones y cifras iniciales difundidas hasta ahora indican que, en junio próximo, disputaría su cuarto balotaje en dos décadas. Todavía no se conoce con certeza quién será su rival electoral.

“Desde que emergió el candidato [Alberto] Fujimori, el Perú se partió en dos: el fujimorismo y el antifujimorismo. Desde entonces, el fujimorismo puede estar más o menos presente en las elecciones, pero siempre está”, explica Alonso Cárdenas, docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

En la primera vuelta del 2021, la también excongresista consiguió la mínima votación de sus tres campañas: 13,4%, menos de dos millones de adhesiones. Aun así, alcanzó el balotaje, en el que cayó ante Pedro Castillo por poco más de 44.000 votos.

“Hace unos años, los votos que tuvo Keiko en el 2021 la hubiesen colocado en el cuarto o quinto lugar. [...] El fujimorismo tiene menos potencia que hace 20 años, pero le alcanza frente a liderazgos tan débiles como los que vimos”, agrega Jeffrey Radzinsky, director de GFP Consultores.

Los comicios del 2021 evidenciaron un deterioro del respaldo a los postulantes a la presidencia. Con el 18,9% de las preferencias, Castillo tuvo la mayor votación en la primera vuelta de ese año. Hasta entonces, ningún candidato había accedido al balotaje con menos del 20% de adhesiones.

—Simpatía y rechazo—

Álvaro Gálvez Pasco, investigador principal del IEP, explica que, en un sistema político tan caótico como el peruano, Fuerza Popular “es el partido más fuerte”, debido a que se muestra “cohesionado y tiene una base de militantes”, además de presencia nacional, una estructura y, sobre todo, una importante presencia en el Parlamento.

Sin embargo, agrega Gálvez Pasco, en el país existe una fuerza política más potente aún: el antifujimorismo.

“Este trasciende una postura política, es un sentimiento de rechazo a lo que el fujimorismo encarna y representa. Hay antifujimorismo de derecha, centro e izquierda, es un sector que votará por cualquiera, menos por Fujimori”, destaca Cárdenas.

En el 2011, Keiko Fujimori obtuvo 48,6% de los votos en el balotaje. Ollanta Humala la derrotó por 447.057 votos. Las diferencias se acortaron en los siguientes procesos electorales, pero no fue suficiente para ganar la presidencia.

En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski la superó por 41.057, la mínima ventaja registrada en la historia de los balotajes en el país. En el 2021, 44.263 votos separaron a Castillo de la lideresa de Fuerza Popular.

Gálvez Pasco y Cárdenas coinciden en que al antifujimorismo se ha debilitado en los últimos años. “Lo han golpeado [al antifujimorismo] lo que pasó con el gobierno de Castillo y la alianza entre [Verónika] Mendoza y [Vladimir] Cerrón, entre otros factores”, indica el investigador del IEP.

En tanto, Cárdenas sostiene que “el problema es que el antifujimorismo no tiene una postura política propia, no se define” al margen del fujimorismo. “En términos de gestión pública, nos dejó poco y nada: todos los candidatos, luego presidentes, que derrotaron a Keiko están presos o investigados”, asevera el docente de la UARM.

Si bien desde el 2024 la economía peruana ha registrado tasas de crecimiento por encima del 3% (y según el BCR este año se expandiría hasta en 3,2%), este factor aún no sería suficiente para reducir aceleradamente la pobreza. Durante el 2024 (última cifra disponible), el 27,8% de los peruanos (9,6 millones) no podían costear la canasta básica de consumo, mientras que el 5,5% de la población se encuentra en pobreza extrema.

La incidencia de la pandemia y la recesión económica del 2023 volvió este indicador a niveles similares a los del 2011, a inicios de la década pasada. Sin embargo, al igual que en años anteriores, este flagelo se sigue concentrando en una mayor proporción en regiones como Cajamarca, las regiones del sur y de Loreto [ver gráfico]. Solo en Lima y Callao, este indicador está en su nivel más alto desde el 2006 (cuando afectaba al 32% de la población), al igual que el el Callao (cuando afectaba al 37,7% e la población).

Colegios en mal estado

Un reto pendiente para el próximo gobierno estará centrado en la recuperación de la calidad de la infraestructura educativa, especialmente en el sector rural. Según un informe publicado por ECData, el 57% de los colegios rurales requiere ser sustituido por completo, mientras que para que las escuelas de este ámbito tengan condiciones básicas, se tendrá que invertir S/99 mil millones.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos

Rezago en establecimientos de salud

Los establecimientos de primer nivel, que según la OMS deben centrar atención en el 80% de la demanda de salud, no cuentan con el nivel mínimo de calidad que garantice sus operaciones. Según el documento titulado : “Diagnóstico de Brechas de infraestructura o acceso a servicios del Sector Salud 2027-2029″, actualmente existen 9.200 cetros de salud de primer nivel, pero faltan otros 861 por implementar.

Karla Gaviño, especialista en gestión pública, señaló en entrevista con ECData que las constantes crisis políticas han afectado la focalización de las autoridades y de los funcionarios públicos en atender las principales necesidades ciudadanas.

“Hay un tema muy importante relacionado con dar la solvencia política, la estabilidad jurídica que permita realmente traer más inversiones que permitan que los recursos públicos sean utilizados de mejor manera, con una correcta planificación y distribución para hacer un uso eficiente de ellos”, sostuvo.

Gaviño resaltó que el gobierno actual ha estado elaborando distintos aspectos de política pública, como el Plan Nacional de Infraestructura, pero ninguno de los candidatos lo ha abordado en sus propuestas.

“No sabemos, a la fecha, si es que esto siquiera va a ser tomado en cuenta o continuado por las nuevas autoridades, pese que es un plan nacional de infraestructura tiene un horizonte de duración de cinco años”, añadió.

Menos seguridad

La escalada de la violencia en las calles ha adquirido mayor importancia en los últimos meses, pese a la constante convocatoria de estados de emergencia en Lima y Callao. Según cifras del Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol), durante los dos primeros meses del año se registraron 196 homicidios por arma de fuego en el país. Solo en febrero (la última cifra mensual disponible), se registraron 106 asesinatos por esta modalidad, la cifra más alta desde los 115 homicidios por arma de fuego registrados en octubre del 2025.

A la ola creciente de inseguridad se le suma la reducción en la confianza de la actividad policial por parte de la ciudadanía ha venido en claro descenso. Entre julio y diciembre del 2025 llegó solo al 13,4%, cifra menor al 18% registrado en el mismo período del año pasado.

El 53,7% de los peruanos identificó a la delincuencia como el principal problema del país, situado solo por debajo de la corrupción, que tuvo el 60% de las menciones.

Pero los aspirantes al máximo cargo del Estado no siempre fueron consistentes en sus ideales partidarios. De los 35 candidatos, 25 (el 71%) lo han sido con dos o más agrupaciones políticas distintas.

El candidato con más cambios de camiseta es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: en sus diez procesos electorales representó a diez organizaciones distintas.

Le sigue Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), quien postuló seis veces, con seis partidos diferentes.

El tercero con más pasos de una agrupación a otra es Ricardo Belmont, de Obras. Contando la actual, el exalcalde de Lima ha participado en ocho elecciones, con cinco partidos distintos.

Mira el detalle de los procesos electorales y partidos de cada candidato en esta tabla:

El cargo más común al que aspiraron en el pasado los actuales candidatos a la Presidencia es el de congresista, ya sea en calidad de diputado, senador, parlamentario andino o congresista constituyente (52 postulaciones).

De los actuales candidatos, nueve ya tentaron la Presidencia en elecciones pasadas: Rafael López Aliaga (2021), César Acuña (2021), Keiko Fujimori (2011, 2016 y 2021), Ricardo Belmont (1995), Vladimir Cerrón (2016), Yonhy Lescano (2021), Fernando Olivera (2001 y 2016), George Forsyth (2021) y Francisco Diez Canseco (2016). Ninguno tuvo éxito.

El dueño de la empresa Galaga, Juan Alvarado, se pronunció por primera vez tras las acusaciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y rechazó tajantemente que su compañía haya sido responsable de los retrasos en la distribución del material electoral.

“Es totalmente falso. La empresa Galaga cumplió con entregar los recursos tanto en cantidad de unidades y de personas para la estiba y reparto oportunamente. Sin embargo el área de despacho (de la ONPE) no tuvo la mercadería asignada a tiempo”, dijo a Punto Final.

Alvarado explicó que su silencio inicial se debió a que aún se encontraban ejecutando el servicio logístico durante la jornada electoral.

“Guardé silencio, me mordí la lengua, mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio”, señaló.

Según detalló, la empresa contaba con los vehículos necesarios para cumplir con las rutas asignadas, pero el problema se originó en la entrega tardía del material electoral: “El área de despacho no tuvo la mercadería asignada a tiempo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que incluso horas antes del inicio de la distribución advirtieron demoras a la ONPE, en específico al subgerente de Producción, Juan Phang, quien no le respondía.

“Hasta las 12 de la noche que yo le comunico al señor Juan Phang que tengo 35 unidades que no han cargado, que por favor apure el despacho para poder salir ”, relató sobre una comunicación interna por mensajes de WhatsApp.

“Luego él me hace una llamada y me dice que esperemos, que ya va a salir”, agregó.

Asimismo, precisó que la distribución contemplaba 168 rutas desde la noche del viernes y otras 49 programadas para la mañana siguiente, con un plazo aproximado de 10 horas para completar el reparto.

Frente a los cuestionamientos sobre el personal, también negó irregularidades.

“Es falso que los conductores no cumplían con el requisito. Hicimos un filtro anterior para el personal”, indicó.

Jefe de la ONPE dice que entregará su pasaporte a la fiscalía tras alerta de la Policía

El empresario remarcó que Galaga cuenta con experiencia en este tipo de operaciones logísticas y que dispone de una flota de más de 200 unidades propias, además de personal adicional para cubrir incrementos de demanda.

Finalmente, Alvarado insistió en que su empresa cumplió con los términos del contrato y que las responsabilidades deben ser investigadas.

“Siempre hemos tratado de cumplir cada término de referencia en relación a las exigencias”, concluyó.

Diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron este lunes 20 de abril las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Generales 2026.

La jornada de hoy incluyó audiencias en el JEE Chanchamayo desde las 8:00 a.m. para mesas de Pichanaqui, Satipo, Río Tambo y Río Negro en Junín.

Asimismo, el JEE Huancayo programó sesiones a las 9:00 a.m., mientras que el JEE Piura 2 iniciará la revisión de una mesa de La Arena a las 10:00 a.m.

Sigue aquí las audiencias:

Se han programado las siguientes audiencias:

Lunes 20

JEE Chanchamayo: Mira aquí la audiencia

• 8:00 a.m. -Mesa de sufragio Nº 027042 / Junín - Chanchamayo – Pichanaqui
• 9:00 a.m. -Mesa de sufragio Nº 902524 / Junín - Satipo - Río Tambo
• 10:00a.m.-Mesa de sufragio Nº 026773 / Junín - Satipo - Río Negro
• 11:00a.m.-Mesa de sufragio Nº 026764 / Junín - Satipo - Río Negro.

JEE Huancayo: Mira aquí la audiencia

• 9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 025789 / Junín /Jauja/ Canchayllo.

JEE Piura 2: Mira aquí la audiencia

• 10 a.m.-Mesa de sufragio N° 070357 / Piura/Piura/La Arena.

Martes 21

JEE Chanchamayo

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026797/ Junín- Satipo- Río Negro

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 902541/ Junín-Satipo-Río Tambo

Miércoles 22

JEE Chanchamayo:

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027178/Junín-Chanchamayo-Perené

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027043/Junín-Chanchamayo-Pichanaqui

10:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026580/Junín-Satipo-Río Negro

11:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026226/Junín-Tarma-La Unión

JEE Ica

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 021911/Ica-Ica-Ica

11:40 a.m.-Mesa de sufragio N° 022088/Ica-Ica-Tinguiña

03:00 p.m.-Mesa de sufragio N°022470/Ica-Ica-Santiago

05:40 p.m.-Mesa de sufragio N° 022323/Ica-Ica-Pueblo Nuevo

JEE Arequipa 2

• 9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 007312 / Arequipa - Arequipa – Socabaya
• 3.00 p.m.-Mesa de sufragio Nº 006394 / Arequipa - Arequipa - La Joya.

JEE Lima Norte 3:

• 10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos - Lima – Lima
• 2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo - Lima – Lima
• 4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo - Lima – Lima

El cronograma del organismo electoral continuará el miércoles 22 de abril con nuevas audiencias públicas ya programadas. Para esa fecha se tiene prevista la participación del JEE Arequipa 2 y del JEE Lima Norte 3, abarcando la revisión de mesas de sufragio de Socabaya, La Joya, Los Olivos y Carabayllo.

🤓 Aquí detallamos cómo se realizará por primera vez en nuestra historia el recuento de votos 🗳️
😏 Con información verificada le hacemos frente a la desinformación 🤝 (2/4)#JNEFactChecking #EleccionesSinFake #EG2026 pic.twitter.com/uQULYTg88G

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 19, 2026

En la resolución N°0182-2025-JNE, que reglamenta el recuento de votos, el JNE establece dos situaciones para que proceda el recuento de votos.

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— JNE Perú (@JNE_Peru) April 19, 2026

Uno de los escenarios es que cuando haya actas observadas, el cotejo no sea suficiente para subsanar la observación. Y el otro, en caso de inexistencia de los ejemplares del acta electoral.

A una semana de las elecciones generales- que tuvieron grandes deficiencias, como la tardanza en la llegada del material electoral y la prolongación de los comicios al lunes- el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que entregará su pasaporte vigente al Ministerio Público, cuando este fije hora y lugar.

Esto luego de que al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se haya activado una alerta y se haya dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país de Corvetto.

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra del jefe de la ONPE y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En una carta dirigida a la Segunda fiscalía provincial especializada en delitos de Corrupción de funcionarios y a la Policía Nacional, Corvetto refirió que cuenta con Seguridad del Estado “las 24 horas del día, en distintos grupos”, los mismos que dan cuenta al comando policial sobre sus traslados y movimientos. “

“Ergo, resulta un despropósito y exceso en lo que respecta a mi persona, la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP de fecha 18 de abril del 2026”, complementó.

El alto funcionario de la ONPE recordó que ha dejado sin efecto sus vacaciones ante la crisis que atraviesa su institución.

En la misma misiva, Corvetto señaló que tiene la “total disponibilidad” para presentarse en la investigación por presunta corrupción que afrontan un grupo de funcionarios de la ONPE por el contrato con la empresa Gálaga, que debía distribuir el material electoral en algunos puntos de Lima.

También refirió que autorizará el levantamiento de su secretario a las comunicaciones “en el periodo que se requiera”.

Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, solicitó que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

El punto de vista

El abogado penalista Carlos Caro consideró que existen los elementos suficientes para que Corvetto sea incluido como investigado por presunta colusión en la pesquisa por presunta colusión que el Ministerio Público ha iniciado por los contratos que dio la ONPE a la empresa Galaga para el reparto del material electoral de cara a los comicios generales.

“Desde mi punto de vista sí, la jurisprudencia señala que se puede incorporar a una persona en una investigación preliminar con una sospecha inicial simple […] Corvetto no ha estado en la contratación directa, pero él tenía el deber de organizar la licitación bajo un estándar. ¿Cumplió con establecer estándares mínimos? Si eso fue culposo o doloso, se verá. La sospecha inicial está dada”, expresó en comunicación El Comercio.

Caro explicó que si el jefe de la ONPE está dispuesto a entregar su pasaporte es porque quiere evitar una futura detención preliminar.

“Para que sea detenido preliminarmente, él tiene que está en condición de investigado, la fiscalía lo puede incluir y no hace falta comunicarlo. El pedido ante el juez es en reserva”, detalló.

El letrado indicó que no solo Corvetto, sino los funcionarios implicados en la contratación de Galaga tienen que explicar, durante la pesquisa, por qué decidieron por esta empresa y no por Hermes, que era un proveedor que les cobraba menos y que tenía mayor capacidad logística.

Caro indicó que la Policía Nacional no puede solicitar directamente al Poder Judicial que se establezcan medidas de seguimiento o de impedimento de salida del país a Corvetto, sino que esta solicitud debe ser canalizada por la fiscalía ante el juez.

A su turno, el abogado penalista Vladimir Padilla también refirió que la fiscalía tiene los elementos para sumar a Corvetto en la investigación preliminar por presunta colusión en el contrato a favor de Galaga. “Él no es cualquier funcionario, su función principal era que los comicios salgan sin ningún obstáculo más allá de cualquier imprevisto, y lo que hemos visto trae visos de la existencia de irregularidades”, expresó.

En diálogo con este Diario, Padilla indicó que Corvetto, en calidad de investigado, podría hacer uso a su defensa.

“Su condición no debe ser la de testigo, sino de investigado y esto también en salvaguarda de su propia defensa. Como testigo está obligado a decir la verdad y como investigado tiene el derecho a guardar silencio y no auto incriminarse”, explicó.

Padilla coincidió con Caro, al sostener que, con el anuncio de la entrega de su pasaporte, Corvetto busca evitar una eventual detención preliminar y “quiere romper el tema del peligro procesal”.

“No estoy de acuerdo con que lo detengan, es un funcionario principal, más allá de que tenga la discrepancia de que él siga conduciendo el proceso electoral, él no se va a fugar. Al otro funcionario, al que detuvieron en flagrancia no le han dado detención preliminar pese a que está implicado directamente”, subrayó.

El letrado señaló que, durante la investigación, Corvetto tiene que responder por qué no hicieron nada para dar una solución al problema del reparto del material electoral.

Su futuro en manos de la JNJ

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.

Mientras corre el conteo gota o gota para definir números de curules; miremos a las nuevas bancadas. La bicameralidad las convertirá en dobles y ampliadas. Las habrá, más pequeñas, de 3 senadores o más. Las mayores tendrán alrededor de una docena. Y las habrá de diputados, el triple de numerosas. Si el partido es sólido, se reunirán a veces en sesiones ampliadas en presencia de su líder(esa); si no, el individualismo, el ‘coworking’ entre populistas y el transfuguismo, reinarán y las cámaras apenas se verán las caras. Hasta discreparán…en buena hora, si la sensatez está del lado senatorial.

Distingamos a los partidos cuyos líderes estarán vigilando a su bancada. Keiko Fujimori, si no es presidenta, mantendrá su disciplina de dos décadas: reuniones semanales para oír, deliberar y acordar con su gente. No quiso postular al Congreso. Sus dos guardianes del poder estarán cerca de ella en ese afán sino les toca ocupar cargos de gobierno: Luis Galarreta se ha reservado un cómodo espacio en el Parlamento Andino, y Miguel ‘Miki’ Torres, el número 1 en el senado nacional. Podemos pronosticar que, más que los jóvenes entusiastas serán los veteranos refunfuñones los que desafiarán la disciplina: Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Alejandro Aguinaga son egos con trajín parlamentario. José Arista, ex ministro de Economía, electo como senador por Amazonas, se hará notar. Galarreta ha declarado a favor de cerrar definitivamente el caño de las iniciativas congresales con impacto fiscal. ¿Lo hizo porque FP realmente mentalizó que será gobierno o porque igual impulsarían ese cambio de postura desde el parlamento? Lo hubieran planteado antes…

Fuerza Popular, contra su voluntad, se convirtió en un partido congresal con tres segundas vueltas perdidas. El diseño de la bicameralidad -disuelta por su líder fundador en abril de 1992- es una suerte de alternativa al Ejecutivo esquivo. Será, según el reparto, la primera fuerza en diputados, con Cecilia Chacón y Diethell Columbus que vuelven por Lima, Rosangella Barbarán que repite, Piura como bastión norteño, y veremos nuevos rostros en regiones como Áncash (por ejemplo, ‘Maka’ Gamarra) y el probable ingreso de Pier Figari, quien fuera, por varios años, el principal asesor político de Keiko con mucha influencia en el partido. Nos falta conocer la variedad regional naranja. En los últimos quinquenios, muchos voceros han provenido de las regiones tras una primera legislatura con mayor dominio limeño.

A Rafael López Aliaga, sino es presidente, le tocará ser senador. Quizá no le guste la idea, pequeña al lado de la gran ambición palaciega, pero el cargo es tan irrenunciable que ni siquiera pudo zafarse de él el ilustre constitucionalista Javier Valle Riestra cuando lo intentó. En el periodo que culmina, RLA ha dado órdenes a su bancada, muchas de ellas, a través de su secretaria general Norma Yarrow y se han cumplido. Si se convirtiera en un líder parlamentario, tendrá que armonizar las pasiones católicas y evangélicas de su grey conservadora. Francisco Calisto, su asesor más cercano en la campaña, podría ser su lugarteniente en el senado. También estarán Lourdes Alcorta y Katherine Ampuero, difíciles de disciplinar. A Yarrow le tocará la cámara de diputados y le saldrá competencia de su propia facción como Roxana Rocha, quien también ha sido regidora metropolitana y ya estuvo de vocera en la contienda. Quizá se repita la fricción con el evangélico Alejandro Muñante. A diferencia de la disciplina naranja, la furia celeste tendrá un perfil bastante limeño.

Si ‘Porky’ no es presidente y no patea el tablero personal; es decir, si permanece en la política como líder de partido y bancada; se abre una gran interrogante. ¿Renovación Popular será una oposición combativa y solitaria o proclive a la negociación? Sucede que en este quinquenio, ha sido una bancada muy ríspida. Participó casi a regañadientes del llamado ‘Bloque Democrático’; presentó listas alternativas a la mesa directiva (aunque transó en una oportunidad aportando a Muñante), se negó a acuerdos de coalición y precipitó, sin coordinar con otras bancadas, la vacancia de Dina Boluarte y la censura de José Jerí. Por otro lado, López Aliaga estuvo concentrado en el poder metropolitano con la mayoría absoluta que les asegura la ley a los alcaldes. Allí presionaba directamente, sin buscar aliados, al Ejecutivo desde el poder metropolitano. Si ya perdió ese poder ejecutivo y alternativo; quizá se concentre en tener un bloque legislativo peleonero y difícil para armar consensos.

Roberto Sánchez, si no es presidente, será diputado por Lima en una bancada muy regional y menos orgánica que la naranja y la celeste. Tendrá al grupo castillista (el hermano José Mercedes Castillo es su senador más votado, además de la cuñada Jennifer Paredes, diputada más votada por Cajamarca) además de inexperimentados amigos de Pedro que nadie de JPP conoce a cabalidad, a disidentes de Perú Libre como Silvana Robles y Jaime Quito; a su propio entorno, a algún antaurista (Antauro no pudo meter muchos cuadros en puestos claves de la lista) y grupos e independientes varios. Vladimir Cerrón, que lo tilda de ‘Judas’, augura que le sucederá lo mismo que le sucedió a él: se colmará de potenciales disidentes. Dependerá de su muñeca y no del sombrero mágico castillista que lo colmó de votos en el tramo final, mantener la organicidad de semejante pelotón. Cerrón no pudo hacerlo con una distribución equivalente.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, no será congresista, pero es fundador de su partido y no tiene, que sepamos, otra alternativa que atenerse a su trabajo político con él, al igual que Keiko. Me lo confirmó su candidato número 1 al senado nacional, Flavio Figallo, de esta forma: “Lo que queremos es construir un partido y ‘Coco’ (Jorge Nieto) estará allí, con nosotros, reuniéndonos en el local del partido en el Paseo Colón o por zoom, con las dos bancadas, senado y diputados”. Le pregunté si cree que su bancada está predestinada a ser fiel de la balanza entre izquierdas y derechas u otras polaridades: “Mientras los dinosaurios se peleen, nosotros trabajaremos”, ríe.

Ricardo Belmont Cassinelli, candidato de Obras, tuvo un buen resultado personal, sorprendente teniendo en cuenta lo discreta y errática de su campaña, pero apenas se cerró la contienda y aparecieron las primeras proyecciones que lo dejaban fuera de la segunda vuelta, tiró la toalla. “Me voy, terminó mi pelea” dijo en TV Perú y añadió supuesta información de inteligencia sobre amenazas a su integridad. Con tales palabras y actitud, podemos apostar a que se desentenderá de su gente, donde quién más destaca como hombre de partido y de experiencia es Daniel Barragán, ex ministro de Defensa de Pedro Castillo y capitán de la FAP en retiro. A Barragán le tocaría articular una bancada que no se anuncia muy grande si uno repasa la votación por candidatos. Por la debilidad del partido y de su líder fundador, podría tender a cierto desbande y a alimentar el grado de impredictibilidad del primer congreso bicameral del milenio.

El caso de Alfonso López Chau, el líder fundador de Ahora Nación (AN), sería similar al de Nieto si llega a tener una o dos bancadas. Pero este tendría una razón adicional para no abandonar ni a su gente ni a su proyecto: es el candidato número 1 al senado nacional. Allí estará de todos modos. El desempeño de sus listas, al revés que Belmont, ha sido mejor que el suyo. Tiene al diputado más votado por Lima, Harvey Colchado, con una votación no muy distante a la de Indira Huilca. También estará Jair Manrique, un ingeniero petrolero y digital, que tenía el número 27, pero pescó votos con su aura de ‘geek’ con estudios en el legendario MIT. Es una de las mayores sorpresas del voto preferencial. Pero Lima será primordialmente celeste, así que la fuerza numérica de AN estará en las regiones.

En el senado, López Chau estará acompañado por Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, la repitente Ruth Luque y la ex primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, entre otros. Es aún una incógnita si País Para Todos saltará la valla del senado y/o de diputados. Si lo hace, sería raspando. Carlos Álvarez ha aclarado que no abandonará a su gente, pero más que su discurso serio vale el buen chiste: difundió un remedo de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, lo que se puede entender como ‘volveré a lo mío, adiós a la política activa’.

Bicameralidad recuperada, consenso en la sociedad civil para cerrar el caño a la iniciativa de gasto congresal (herramienta básica del populismo congresal) al que se suma FP, candidatos presidenciales convertidos en parlamentarios, reelección más o menos selectiva, una nueva bancada de académicos como la del Partido de Buen Gobierno, renovación parcial de las bancadas naranja y celeste, variedad de izquierdas que eliminaría bloqueos perniciosos, adiós al voto de confianza de los gabinetes; valga todo este paquete para no pronosticar que este congreso será peor que el actual.

Unidad de Investigación

Aunque no hay resultados oficiales, la eventual candidatura de Roberto Sánchez en segunda vuelta queda tensionada por el perfil de sus compañeras de fórmula. La candidata a primera vicepresidenta, Analí Márquez Huanca y la candidata a la segunda vicepresidencia, Brígida Curo Bustincio, concentran investigaciones fiscales y de carácter administrativo que generan dudas.

El caso más delicado recae sobre Brígida Curo, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno y candidata a la segunda vicepresidencia. Registros del Ministerio Público la ubican como denunciada en la carpeta 1328-2023 por el delito de disturbios, vinculado a hechos de violencia ocurridos durante las protestas de 2023.

El expediente, inicialmente a cargo de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, fue derivado mediante oficio 1280-2023-MP-4DFC-1FPPC-PUNO a la Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo. Este traslado por competencias coloca la investigación en un fuero especializado que analiza delitos contra la tranquilidad pública con alcance nacional.

Brigida Curo reportó dedicarse a “labores agropecuarias” que le generan ingresos por S/12 mil anuales.

Según reportó, su campaña se sostuvo únicamente con aportes propios, solo con dos entregas en efectivo que suman S/ 1.500, reportadas ante la ONPE. Su informe alega que no gastó en publicidad y se limitó estrictamente a costos de movilidad. Sin embargo, en sus redes sociales se observan acciones digitales y entrega de merchandising a pobladores con sus datos de campaña a diputada.

Pese a tratarse de una campaña personal, Curo no se consignó como responsable de los aportes y delegó ese rol a Modesto Cutipa Yunga, militante del Nuevo Perú (agrupación liderada por Verónika Mendoza). En su perfil personal también figuran varios antecedentes de violencia familiar pero en calidad de víctima. Ha interpuesto denuncias por agresión física contra su conviviente, el abogado Lucilo Suasaca.

Brigida Curo fue una de las más conocidas dirigentes que armó campamentos en Lima expresando su disconformidad con la salida del hoy preso Pedro Castillo. En redes, ha calificado al Estado peruano como una “dictadura militar” y ha manifestado que, de llegar al poder, cambiarán la Constitución de 1993. Este Diario intentó contactarla para recibir sus descargos, pero la candidata no respondió.

Analí Márquez Huanca, carta a la primera vicepresidencia, fue procesada por falta de transparencia. La ONPE le impuso un procedimiento sancionador por no haber presentado la información financiera de sus aportes de campaña durante su postulación al Congreso en el 2020, vulnerando los principios de fiscalización electoral.

En 2022, el proceso prescribió y Márquez evitó una multa de entre 10 y 30 UIT gracias a la Ley N.° 31504, que redujo el plazo de prescripción de dos a un año. En la campaña de este año sí registró sus aportes, de los que destacan Richard Romero y Carolina Herrera, exafiliados del Partido Popular Cristiano (PPC) que le dieron dinero en efectivo.

Analí Márquez no es nueva en política. Postuló al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) –partido del exministro de Castillo, Ciro Gálvez– y luego a la alcaldía de Chumbivilcas por Juntos por el Perú, ambas campañas sin éxito. La abogada estudió en la Universidad Alas Peruanas y tiene una maestría en la Universidad César Vallejo.

Obtuvo las órdenes de servicio mejor pagadas de toda su carrera, durante el año pasado, trabajando en Lima con la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, brindando servicio de informes legales. En esa entidad también laboraba Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, bajo la gestión del actual alcalde Oswaldo Vargas, quien, al igual que ellas, también es militante de Juntos por el Perú.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en la investigación por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

El pedido fue presentado el viernes 17 de abril por el procurador Mario Luna Ramos ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La solicitud se basa en presuntas irregularidades detectadas en el contrato del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio”, adjudicado a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

Junto a Corvetto Salinas, la procuraduría ha señalado a otros altos funcionarios de la ONPE en su requerimiento, entre ellos, Edward Eloy Alarcón González, gerente de Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística; así como Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente de Galaga.

¿Qué medidas solicitaron?

Además, la procuraduría ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos, con el fin de obtener información sobre las coordinaciones realizadas para el estudio de mercado y la adjudicación del contrato, y verificar si el proceso cumplió con los principios de transparencia y legalidad establecidos en las contrataciones públicas.

La solicitud también incluye el acceso a correos electrónicos, registros de llamadas y mensajes de texto intercambiados durante el periodo de contratación.

Adicionalmente, la Procuraduría ha solicitado la realización de una pericia contable para determinar si el servicio fue ejecutado conforme a las normativas vigentes y cuantificar el posible perjuicio económico al Estado.

“Las diligencias solicitadas son cruciales para conocer el contexto fáctico y los intereses de los presuntos responsables”, señala el documento del procurador Luna Ramos.

Como parte de las pruebas documentales, la Procuraduría ha solicitado a la ONPE el expediente completo del contrato, así como el reportes de monitoreo GPS de los vehículos encargados de distribuir el material en Lima Metropolitana. También se ha pedido acceso a planes de contingencia ante posibles incumplimientos del servicio.

Por último, se ha citado a declarar a Bernardo Pachas Serrano, gerente general de la ONPE, en calidad de testigo.

VIDEO RECOMENDADO:

El 17 de abril, la congresista de Renovación Popular Norma Yarrow publicó a través de su cuenta de X un video en el que los excandidatos presidenciales Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello, y los excandidatos al Parlamento Carlomagno Salcedo y Mirtha Vásquez, conversan en la calle y luego suben a una camioneta.

La publicación va acompañada de un mensaje que dice “🚨 ¡Alerta! En estos momentos se reúnen en Chacarilla [...] ¿Qué estarán planeando? ¿Soy yo o alguien más siente que hay demasiadas cosas alineadas y premeditadas? Parece que están jugando a la casita con el Perú y su democracia”.

🚨 ¡Alerta!

En estos momentos se reúnen en Chacarilla Mirtha Vásquez, Marisol Pérez Tello, López Chau y Carlos Magno Salcedo. ¿Qué estarán planeando?

¿Soy yo o alguien más siente que hay demasiadas cosas alineadas y premeditadas?

Parece que están jugando a la casita con el… pic.twitter.com/MXV9Rn9BqC

— Norma Yarrow (@NormaYarrowL) April 17, 2026

La publicación de Norma Yarrow se da en un contexto en el que el partido Renovación Popular, con Rafael López Aliaga en la cabeza, denuncia que hubo un ‘fraude’ en los recientes comicios de primera vuelta que perjudica al candidato. Según la agrupación, los entes electorales habrían aplicado un plan coordinado para demorar y desincentivar a sus votantes. Hasta la fecha, no han podido presentar alguna prueba al respecto.

Frente a la publicación de Yarrow, algunos usuarios en X han dudado de que el video difundido sea actual. Sin embargo, la reunión sí ocurrió recientemente. La excandidata Marisol Pérez Tello lo confirmó a PerúCheck, pero negó que haya tenido fines subrepticios o incluso partidarios.

Reunión sí ocurrió, pero asistentes descartan conspiración

PerúCheck se contactó con Norma Yarrow para que dé más contexto en relación a su publicación. La virtual diputada por Lima por Renovación Popular respondió lo siguiente:

“Se están juntando las fuerzas de izquierda y los ‘caviares’ que manejan la ONPE para dar el golpe a estas elecciones, así de fácil. Es imposible que en una noche te carguen 10,000 votos sin sustento. Esto se viene orquestando desde adentro de la misma ONPE”.

Norma Yarrow

Con lo de 10,000 votos, Yarrow hace referencia a una de las acusaciones de ‘fraude’. Según afines a Renovación Popular, la ONPE dispuso que en el conteo de votos en tiempo real, el candidato de izquierda Roberto Sánchez pase al candidato de derecha Rafael López Aliaga durante la madrugada para aletargar la respuesta de sus seguidores.

Según contó Marisol Pérez Tello a este medio, la reunión se produjo el 17 de abril; sin embargo, manifestó que no hay ningún interés subrepticio en ello, como deslizó Norma Yarrow.

Pérez Tello señaló que se trató de un encuentro privado de la Coalición Ciudadana, y que este es un grupo de discusión social y política que toca temas como ‘hacer país’ y otros. Además, Pérez Tello acotó que la Coalición no sólo está integrada por líderes políticos, sino también sociales y empresariales.

La excandidata aclaró que se vienen reuniendo desde hace dos años de manera periódica, pero que por campaña se habían suspendido los encuentros. En una entrevista que dio hace dos años a Mávila Huertas, la política contó que el grupo se citaba con una periodicidad de semanas: “tenemos ya muchos martes reuniéndonos”, señaló.

En una foto tomada para una nota en Perú 21 hace dos años, se alcanza a ver a Mesías Guevara –excandidato presidencial del Partido Morado–, a Marisol Pérez Tello, a Alfonso López Chau, a la fallecida Gloria Montenegro, a Álvaro Henzler –presidente de la Asociación Civil Transparencia– y a la historiadora Carmen Mc Evoy.

Mirtha Vásquez por su parte publicó lo siguiente en su cuenta de X: “Renovación Popular haciendo lo que sabe: generar desinformación y sembrar relatos conspiranoicos. Llaman ‘alerta’ a una reunión de actores políticos. Eso dice mucho sobre cómo entienden la política. En democracia es normal, sano y necesario que los políticos dialoguen”.

Renovación Popular haciendo lo que sabe: generar desinformación y sembrar relatos conspiranoicos. Llaman 'alerta' a una reunión de actores políticos. Eso dice mucho sobre cómo entienden la política.
En democracia es normal, sano y necesario que los políticos dialoguen. https://t.co/TponholToz

— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) April 17, 2026

Alfonso López Chau señaló el día anterior durante una entrevista con Pedro Salinas que se iban a reunir “mañana”.

Conclusión

La reunión entre Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Carlo Magno Salcedo sí se dio recientemente. Distintos actores confirmaron lo publicado por la congresista Norma Yarrow. Sin embargo, los políticos negaron que se deba a intereses de conspiración. PerúCheck califica lo difundido por Norma Yarrow como verdadero.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.

Seis especialistas convocados por El Comercio para una mesa redonda hacen un diagnóstico de la compleja coyuntura que llevó a las elecciones más difíciles de la historia, pero sobre todo plantean ideas de reforma política para evitar que una situación así se repita. Con matices, pero también coincidencias, sientan bases para un diálogo ciudadano sobre los cambios que deberán ser abordados el próximo quinquenio que ya empieza.

En esta edición de “Desde la Cúpula” participaron Natale Amprimo, abogado constitucionalista y excongresista; Delia Muñoz, exministra de Justicia; Javier Albán, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico; José Tello, exministro y presidente del Instituto Aklla Perú; José Manuel Villalobos, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral; y Gabriela Vega, politóloga y directora de Recambio. Moderó la periodista Diana Seminario.

A una semana de haberse desarrollado las elecciones en Lima, el panorama es incierto y las irregularidades de la ONPE cada vez son más evidentes. En esa línea, El Comercio conversó con el abogado y exdiputado Enrique Ghersi Silva.

—¿Cómo podríamos calificar este proceso electoral?

Hay que dividir las etapas, la votación ha sido muy escandalosa. El proceso ha sido largo y tortuoso, fundamentalmente por una inadecuación del sistema electoral y del sistema legal que ha ido más allá de las facultades. Hay muchas preguntas que se hacen ahora: ¿fue oportuna la reforma del bicameralismo? ¿No debió haberse establecido un sistema electoral que no fuera plurinominal, sino un uninominal, que fuera mayoritario y no por representación proporcional? Además, se bajó el número de firmas para la inscripción, lo que favoreció el fraccionamiento para buscar después acuerdos puntuales, posteriores a las elecciones.

—Estando sobre el caballo, cada día tenemos más hallazgos de irregularidades. Primero, la demora en la entrega del material electoral. El JNE pone una denuncia e incluso se refiere al delito contra el sufragio. ¿Cómo podría demostrarse que hay una obstaculización de la ONPE?

La denuncia del procurador del JNE es extremadamente grave. Se denuncia a Piero Corvetto y compañía por haber instrumentalizado el sistema electoral para impedir el ejercicio del derecho de sufragio en determinadas jurisdicciones. Entonces, lo que el procurador está diciendo es algo muy grave, lo que Haya de la Torre llamaba “voluntad de fraude”. Es insólito que el JNE denuncie al jefe de la ONPE, porque lo denuncia de instrumentalizar el sistema para impedir el derecho de sufragio. Eso es fraude, claramente; “voluntad de fraude”. Además, los hechos le están dando la razón. No le corresponde a los jurados las facultades disciplinarias. La JNJ tiene que hacerlas valer y podría suspender a Corvetto mañana. Lo penal ya lo activó el procurador. También hay denuncias de algunos individuos y le corresponde al Ministerio Público investigar y denunciar. Hay elementos de juicio para pedir una prisión preventiva a Piero Corvetto.

—¿Por ese delito concreto de la instrumentalización?

Son tres delitos, porque habría concurso real, con lo cual se suma.

—Los delitos son atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Todos ellos en agravio del Estado y de la sociedad.

Por esos delitos ya hay elementos de juicio, por lo cual el fiscal, que es el único que puede, podría pedir la detención preliminar de inmediato.

—Ha pedido reprogramación a su citación en la Policía Anticorrupción y que sea virtual por su seguridad.

No está colaborando con la justicia. Están apareciendo pruebas desaparecidas de las graves irregularidades que conducen a una violación del derecho de sufragio, que son las cuatro ánforas que aparecieron el jueves y la ONPE ha denunciado que se han perdido actas en San Juan de Lurigancho.

—Entonces, ¿todos estos hechos le están dando la razón al procurador del JNE?

Pensaría que sí, y están dejando en evidencia algo muy delicado: que el domingo no ha habido una votación completa en el sentido más cabal de los términos, porque se ha impedido el derecho de sufragio de un grupo muy importante de ciudadanos. Es verdad que algunas de las mesas no abrieron o abrieron después, pero hay un montón de mesas que no abrieron o lo hicieron recién a las 12 y hubo gente que se fue y que no votó.

—Ahí viene el tema del ausentismo histórico en Lima. ¿Cómo se puede cuantificar el número de personas que fueron a hacer la cola y que al no poder esperar no votaron? ¿Cómo cuantificar que fueron afectadas en su derecho porque abrieron tarde las mesas respecto de las personas que simplemente no fueron?

Probablemente no hay una manera objetiva de determinarlo. Lo que sí podemos es llegar a una conclusión abstracta de derecho, que un grupo significativo de gente no votó y probablemente no vamos a poder saber exactamente el número, pero podemos saberlo aproximadamente, y enfrentar un tema sustancial. Una elección con las características que ha tenido, donde curiosamente los problemas han sido en Lima, produce que cualquiera que sea el resultado va a llevar a una situación de ilegitimidad, porque una parte, el que pierda, va a decir: “Me han hecho un fraude”, y el otro va a decir: “No han hecho fraude”.

—¿Qué se puede hacer frente a eso?

Las opciones que te da la ley son limitadas. La ley es un poco anticuada respecto de las opciones de nulidad absoluta.

—¿Cree que se podrían anular las elecciones?

La ley electoral te da dos escenarios limitados, porque solo te hablan de votos en blanco y de votos viciados. No se ponen en otros supuestos, como el que no se abran las mesas de votación, que se abran tardíamente o que simplemente no haya el material electoral. Entonces, lo que es importante de resaltar es que el jurado tiene una facultad constitucional, por eso es jurado y no tribunal. El JNE puede resolver con criterio de conciencia, es decir, no solo con la ley.

—Eso es lo que ha dicho Roberto Burneo en el Congreso. Además, ha desmentido a la ONPE respecto de la supuesta cadena de custodia de las cuatro ánforas encontradas en la basura…

Pensaría que el JNE, actuando con criterio de conciencia, podría tomar una determinación muy drástica respecto de las elecciones en Lima. Y no puedo decirlo ni saber por dónde van a ir. Dudo que el Jurado se pronuncie antes de que el proceso de apelaciones termine. Cuando llegue el momento, va a haber un conocimiento de fondo sobre la validez de las elecciones que puede ser un descubrimiento sorprendente.

—¿Cabe la posibilidad que en ese criterio de conciencia el pleno del JNE decida declarar la nulidad de las elecciones en Lima?

El artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones [“permite declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o provincia cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos válidos”]. Si se aplica el criterio de conciencia, el JNE puede interpretar que por encima del artículo 364 de la ley, está el derecho de participación ciudadana, que es un derecho fundamental, un derecho humano, sagrado, no solo de la Constitución, sino el pacto de San José. Además, se estaría violando el derecho de representación pública. Entonces, sí existe esa posibilidad. También existe la posibilidad más compleja de ordenar elecciones complementarias en determinadas mesas, pero ahí puede haber el problema de cómo escoger en cuáles sí.

—Se dice que todos los problemas en Lima han afectado la votación de Rafael López Aliaga, pero no sería el único, también estaría Jorge Nieto. ¿Cómo probar que han querido afectar determinada candidatura?

Si fuera magistrado, pensaría que el derecho afectado es el del elector.

—¿No el de los candidatos?

Lo de los candidatos es una cosa totalmente relativa y secundaria. En este caso, el derecho fundamental es el del elector. ¿En Lima hubo elecciones? No hubo elecciones, porque para que haya elecciones tienen que ser válidas. Las elecciones de Lima no fueron válidas. El jurado podría declarar que no hubo elecciones en Lima. El jurado podría dar una sentencia declarativa en base a criterio de conciencia diciendo: “Lo que hubo en Lima, el domingo, no fueron elecciones”. Entonces, se hacen de nuevo.

—Una decisión de esta naturaleza tendría un impacto social. El candidato Sánchez podría protestar y podrían generarse movilizaciones sobre todo en el sur. ¿Cómo medir esa temperatura?

La calle está caliente, en todo sentido. Yo creo que el fallo del jurado tiene que ser pacificador. Lo que busca una sentencia es la paz individual y social. El jurado debe tener la sabiduría necesaria y por eso el criterio de conciencia de hacer ver a todo el país las razones por las cuales ha habido irregularidades. De ser el camino por el que opten –que da la impresión de que es el camino por el que van–, si no, no hubieran denunciado a Corvetto. Tengo la impresión de que ellos están construyendo un razonamiento. En el camino el Jurado Nacional de Elecciones tiene un aliado enorme, que es la realidad. Están apareciendo pruebas por todas partes.

—Hay 25 solicitudes de nulidad. ¿El jurado tendría que resolver alguna y tomar una decisión?

El JNE tiene dos funciones, una administrativa que fue, por ejemplo, la del domingo que amplió el horario y autorizó que el lunes hubiera elecciones complementarias y otra función jurisdiccional. Yo pensaría que el jurado no se va a precipitar, que va a actuar con severa discreción.

—Son más de 5.000 actas observadas…

Son 5.000 actas observadas dolosamente; están impugnando cosas sin ningún sentido, solamente para crear zozobra e inquietud y esa es una típica técnica de la izquierda, crear problemas para decir después no me ganaste, fraude, me has hecho trampa. Ahora están jugando a eso.

—Hecho el diagnóstico, ¿cuál sería la salida real a esta crisis electoral?

La salida real es el ejercicio de la facultad constitucional por parte del JNE. Ya sucedió en 1985 cuando el Jurado proclamó a Alan García presidente, sin segunda vuelta, porque renunció Alfonso Barrantes. El jurado pudo haber convocado al doctor Luis Bedoya que iba tercero. Era un momento muy difícil, había Sendero Luminoso y MRTA, y el doctor Domingo García Rada decidió proclamar a García presidente sin segunda vuelta, yendo contra el texto literal de la Constitución, pero aplicando otro principio de la Constitución, que era el derecho que tiene el jurado a fallar con criterio de conciencia. Yo pensaría que, por ahí es la solución, seguir el temperamento del Jurado en otras crisis políticas y sobre todo una regla básica: respetar de manera absoluta el principio de participación ciudadana, el derecho de sufragio. Si el jurado se guía por ese principio, al final quedarán en evidencia todos los complots, todas las artimañas, las sinvergüencerías que hemos visto en los últimos días que nos resultan increíbles porque hemos actuado con ingenuidad.

— Hay una discusión entre penalistas. César Nakazaki dice que se equivoca el JNE al apuntar al delito de sufragio, que más bien debería inclinarse al delito de colusión.

Tengo una cordial discrepancia. Creo que está dándole más importancia a la contratación del servicio, donde también puede haber un delito, pero les está sacando el foco a los acontecimientos del domingo que nos van llevando por todos lados a lo que dice el procurador: una instrumentalización del sistema electoral para impedir el derecho de sufragio en determinadas localidades donde ganaba un candidato particular o un grupo de candidatos de centroderecha.

— Al parecer, la Fiscalía de la Nación se inclinaría al delito de sufragio.

Yo coincido con el procurador. Creo que sí se ha afectado claramente el derecho de sufragio y eso es un delito extremadamente grave, además viniendo de la autoridad encargada de organizar el sufragio. Ahí se tienen todos los agravantes, eso te decían que aquí va a haber concurso real, se va a sumar la condena. Si se comprueba la instrumentalización y creo que ahí está yendo el trabajo de la fiscalía, hasta podría haber una organización criminal, con lo cual estamos hablando de penas que superan los 30 años.

— ¿A Piero Corvetto y a los funcionarios les podría esperar una pena de 30 años, si se comprueba la instrumentalización?

Me da la impresión de que la imputación está yendo por el lado de la organización criminal que habría en el interior de la ONPE, dirigida a instrumentalizar el sistema electoral. Eso va a terminar siendo tipificado. Por ahora no lo han planteado así, pero el término de la investigación nos va a llevar posiblemente a una tipificación de organización criminal, donde Corvetto es claramente el jefe y el líder. De ser así, estamos frente a delitos gravísimos. El fiscal encargado probablemente está pidiendo la detención…

— El señor Corvetto no es un funcionario aforado.

Eso lo va a hacer el fiscal provincial, pero el fiscal provincial quien tiene además que cuidarse él mismo porque le van a tomar cuentas después si se escapa el señor Corvetto. ¿Qué pasa si Corvetto se mete a la Embajada de Colombia? ¿Tú crees que Petro no le va a dar asilo riéndose?

[Nota de redacción: Enrique Ghersi representa al JNE en una demanda competencial contra el Poder Judicial].

Las elecciones del próximo 12 de abril serán históricas por muchas razones. Por primera vez, los peruanos tendremos que elegir entre 36 candidatos presidenciales –el doble que en los comicios del 2021– y votaremos en las cédulas de sufragio más grandes y más caras hasta la fecha.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

En los tres procesos electorales previos, el dinero asignado para el diseño e impresión de cédulas no llegó ni siquiera a S/4 millones.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta. En el caso de los comicios de este 2026 –añadió el ente electoral–, se efectuó una proyección del presupuesto que se emplearía para un eventual balotaje, en el cual compiten solo dos candidatos.

Pero si se tiene en cuenta solo el costo de las cédulas de sufragio para la primera vuelta, la diferencia es aún mayor. El gasto para las próximas elecciones es más del quíntuple que el efectuado en el 2021: S/9’960.794,80 frente a S/1’828.590.76.

Desafío electoral

“El incremento [del gasto] responde a un cambio crítico en la arquitectura de la cédula y la complejidad operativa del proceso”, respondió la ONPE a este Diario.

En las elecciones del 2011, en cada pliego se imprimieron cuatro cartillas de sufragio. En tanto, en el 2016 y el 2021 se reprodujeron ocho. Pero este año, en un pliego solo podrán imprimirse dos, debido a sus inéditas dimensiones.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

En cuanto a la contratación de personal técnico encargado de elaborar la cartilla, el aumento fue menor: pasó de S/157.500 en el 2021 a S/220.000 este año.

“La variación refleja la actualización de las escalas salariales del mercado tras 20 años de comparativa. Asimismo, la complejidad de las elecciones generales de 2026 ha exigido elevar el perfil profesional del equipo técnico (requiriendo técnicos, bachilleres y titulados especializados) para gestionar el diseño, diagramación y la revisión de los datos incluidos en cada una de las cédulas”, sostuvo la ONPE.

La cartilla incluso tiene mayores dimensiones que la de 1990, de 43 cm de alto por 35 cm de alto. “Es la cédula electoral más grande de la historia”, tituló El Comercio el miércoles 31 de enero de 1990 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el documento.

Aunque en aquella ocasión hubo solo nueve candidatos presidenciales, en el caso de Lima se presentaron 28 listas a la Cámara de Diputados. En aquel entonces, el documento tenía tres columnas: una para la plancha presidencial, otra para el Senado y la última para la Cámara de Diputados.

“Queremos que el elector llegue a cristalizar su deseo de votar y al mismo tiempo no hacer compleja su elección, por lo que hemos esquematizado la cédula de manera sencilla. Estamos seguros de que así no habrá dificultades en el momento de votar”, señaló el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Castañeda La Fontaine.

Hoy, 36 años después, el proceso es mucho más complejo. En la cartilla no solo figuran los símbolos partidarios y los rostros de 36 candidatos presidenciales, sino que hay cinco columnas: la primera para la fórmula presidencial, dos para el Senado, una para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

“Hay fragmentación, pero no hay diversidad. La gran mayoría de candidatos anda diciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Ronald Atencio que habla de crear un comando de aniquilamiento y Rafael Belaunde que habla de cana o bala? Hablamos de extremos que van diciendo lo mismo. No hay candidatos que logren distinguirse ni establecer discursos políticos distintos de la mayoría”, opinó Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Decisiones y elecciones

“El tamaño de la cédula es la materialización de las decisiones del Congreso [actual]”, aseveró Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales.

El 15 de enero del año pasado se promulgó la Ley 32245, la cual establece que los miembros del Senado se eligen de dos formas: la mitad a través de distritos electorales múltiples y la otra mediante un distrito electoral único nacional. “Ese modelo te abre una columna más [en la cédula]”, añadió Tuesta.

Un año antes, el jueves 18 de enero del 2024, con la Ley 28094 se eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

Ese mecanismo, implementado en el 2019 como parte de la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, buscaba convertirse en un primer filtro para los partidos con inscripción vigente que competían en las elecciones.

Según la norma –que nunca llegó a aplicarse–, solo aquellas agrupaciones que obtuviesen una votación superior al 1,5% de los votos válidos podrían seguir en contienda y participar en los comicios generales.

“El largo de la cédula tiene que ver directamente con la eliminación de las PASO, que tenían una función reductiva. Por lo menos, una docena de partidos no hubiesen pasado [ese filtro]”, indicó Tuesta.

Además, el número de candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones es un récord no solo en la historia del Perú, sino también en la de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI, en ningún otro país se presentaron tantas fórmulas presidenciales en unos comicios.

Pero nuestro país también ocupa el segundo lugar con 20 postulantes en el 2006 y empata, con 18 candidatos en el 2021, en el tercer puesto con Argentina (2003).

En el artículo “Candidaturas 2.0: Candidaturas como cancha” (2025), un grupo de investigadores del IEP, entre los que está Vilca, sostiene que “el récord histórico de partidos inscritos no responde a una ampliación de la representación, sino a la proliferación de proyectos personalistas que han creado su propia organización como vehículo directo para canalizar aspiraciones individuales al poder”.

Arturo Maldonado, profesor de Ciencia Política en la PUCP, considera que en estas elecciones hay una sobreoferta de candidatos que “no satisface la demanda de ninguna manera”.

Maldonado también considera que existe una crisis de representación que ha ido agudizándose. En el 2021, Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 18,92% de los votos válidos y Keiko Fujimori con el 13,4%. Juntos sumaron el 32,32% del total de adhesiones.

Finalmente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó esta semana que la impresión de las 27’956.556 cédulas de sufragio empezará el miércoles 11 de marzo.

La definición del nuevo Congreso bicameral también avanza voto a voto para definiciones claves en su correlación de fuerzas partidarias. Los partidos políticos que pasarían la valla electoral se disputan espacios para la composición de la nueva Cámara de Diputados que tendrá 130 escaños.

A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados se compone de una elección compacta, donde Fuerza Popular -cuya candidata presidencial Keiko Fujimori tiene asegurada su pase a segunda vuelta- tendrá la primera minoría con al menos 40 curules.

La correlación de fuerzas es clara en la Cámara Baja. Por el lado de la derecha, Fuerza Popular (40) y Renovación Popular suman 56 votos; y por el lado de la izquierda, Juntos por el Perú (31), Ahora Nación (10) y Obras (15) suman los mismos 56 votos.

A la mitad, y como posible péndulo de la balanza, se posiciona el Partido del Buen Gobierno con 18 votos.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima se encuentra a más del 86%, con lo que nos permite conocer los principales nombres que podrían ingresar a la Cámara de Diputados.

Los principales nombres de diputados para Lima son Harvey Colchado (Ahora Nación) y Norma Yarrow (Renovación Popular), siendo ambos los más votados en la cámara con más de 100 mil votos cada uno. Yarrow, secretaria general del partido celeste, no solo ha logrado la reelección, sino que ha duplicado los 51 mil votos que logró en la elección parlamentaria del 2021.

Entre los más votados de Lima también figuran Indira Huilca (más de 84 mil votos) y Cecilia Chacón (más de 72 mil votos).

DIPUTADOS POR LIMA (cálculo al 18 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Por el momento, Juntos por el Perú viene logrando un escaño en Lima, algo que al inicio del conteo no estaba dentro de sus proyecciones. Lo curioso es que la curul se quedaría con Giannina Avendaño, quien -al 86% de actas escrutadas- contaba con más de 20 mil votos, superando a los 13 mil votos de su candidato presidencial Roberto Sánchez, quien encabezó la lista de diputados por la capital.

De no pasar a segunda vuelta o de perder en la misma, Sánchez no conseguiría la reelección como diputado. Quien también se queda fuera de la Cámara de Diputados es Irma Castillo, hermana del preso expresidente Pedro Castillo.

En el caso de Renovación Popular, sus diputados provienen del Congreso o de la Municipalidad de Lima. De la entidad edil, están los regidores Roxana Rocha y Leo de Paz, así como el presidente de la Fundación Lima, Javier Cirpriani, y los asesores José Baella y Aldo Bravo.

Mientras que en la facción legislativa, figura la actual legisladora Norma Yarrow y dos asesores parlamentarios que dan el salto a una curul: Frank Krklec (asesor principal del congresista José Cueto) y Paola Martínez (asesora principal del congresista Alejandro Muñante, quien logrará la reelección como senador).

Fuerza Popular ha logrado el retorno de dos exlegisladores: Cecilia Chacón y Diethell Columbus, así como la reelección de Rosangella Barbarán. Mientras que Marco Pacheco y Flor Meza provienen de la juventud naranja que venían laborando como asesores en el Congreso. Este Diario reveló que Pacheco formaba parte del grupo selecto de personas que habían entrado a trabajar con sus familiares, en su caso con su hermana.

En Partido del Buen Gobierno, todos son rostros nuevos. El más conocido a nivel mediático es Luis Quispe Candia, reconocido por su labor con la ONG Luz Ambar a favor de la reforma del transporte. Destacan los restos jóvenes de Rossana Alayza y Nathaly Molina. Esta última logró ser la segunda más votada siendo la 22 de la lista, gracias a su campaña con una agenda animalista.

En diversas entrevistas, representantes de País para Todos han dicho confiar en que podrían tener representación en el nuevo Congreso 2026-2031. Esto a pesar de que su candidato presidencial Carlos Álvarez se despidió rápidamente del terreno político para regresar a sus labores como comediante.

A más del 80% de actas escrutadas, el partido fundado por Vladimir Meza presenta una situación particular: ha logrado pasar la valla del 5%, pero no logra tener siete diputados en distintas circunscripciones.

Los cálculos arrojan que solo podrían obtener unos cuatro escaños, lejos de los siete requeridos para poder acceder a una bancada.

PARTIDOS CON MÁS DEL 5% DE VOTOS VÁLIDOS (cálculo al 18 de abril)

Otros partidos que tenían esperanza de llegar a la Cámara de Diputados, se quedaron lejos de la valla electoral. Alianza para el Progreso quedó con 3.08%, Podemos con 2.64% y Somos Perú con 2.57%.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió que se celebren elecciones complementarias antes del 3 de mayo, para que acudan a las urnas los peruanos que no votaron el último 12 de abril. No obstante, especialistas en derecho electoral señalaron que no existe marco legal para ello.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares. Elecciones complementarias antes del 3 de mayo”, dijo López Aliaga durante un plantón en Campo de Marte, Jesús María, dirigiéndose públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Cientos de manifestantes se congregaron en el lugar para realizar un plantón alegando un supuesto fraude en los comicios realizados el domingo 12 de abril.

Ante los manifestantes, López Aliaga lanzó una amenaza velada contra Burneo. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada”, dijo.

Luego añadió: “Se ha equivocado, señor Burneo, se ha metido con la persona equivocada”.

El candidato de Renovación Popular viene denunciando un supuesto fraude incluso antes del 12 de abril. El discurso se vio reforzado por una serie de irregularidades de la ONPE, como el reparto del material electoral fuera de plazo y fallas en el resguardo de las cédulas de votación.

“No es viable”

Los especialistas en derecho electoral Silvia Guevara y José Tello destacaron que la propuesta de López Aliaga no cuenta con soporte legal.

“No existe esa figura legalmente para las elecciones generales, solo está contemplada para las elecciones municipales. Además, las elecciones complementarias involucraría un nuevo proceso electoral. No es simplemente algo que se hace mañana; es un nuevo proceso electoral que se denomina complementario porque es ad hoc para determinados casos”.

Guevara explicó que se convoca a elecciones complementarias en el ámbito municipal cuando no se llegó a la cantidad de votos válidos requeridos en algún distrito o cuando la cantidad de votos nulos es mayor. “Se vuelve a convocar para ese distrito o localidad, pero la lógica es distinta a la de un proceso a nivel nacional”, explicó.

Tello agregó: “No es viable. Primero, no existe un marco legal para una elección complementaria en este contexto. Segundo, si lo que se busca es solucionar el daño generado por la ONPE, lamentablemente, y como lo he definido desde un principio, se trata de un daño irreparable. Si se pretende repararlo mediante una figura tan forzada como una elección complementaria, se generaría convulsión social”.

Durante el plantón, López Aliaga acusó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de coludirse con otros funcionarios para orquestar un fraude. Y esta vez, incorporó en sus acusaciones a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente”, dijo.

Horas después, el candidato a la segunda vicepresidencia Miguel Torres (Fuerza Popular) consideró “razonable” el pedido de López Aliaga.

“Elecciones complementarias para aquellas mesas que se han instalado tardíamente nos parece un pedido razonable. ¿Nosotros lo vamos a definir? No. ¿Eso quién lo va a definir? El Jurado Nacional de Elecciones”, dijo en diálogo con el programa “Sin medias tintas”, de Latina.

Torres añadió: “Si eso es lo que decidiese el Jurado Nacional de Elecciones, nos parece bastante razonable”.

En tanto, el candidato presidencial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) también se pronunció a favor: “Yo creo que se podría hacer”, aseguró en el programa Enfrentados, de América Televisión.

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se mostró a favor de la realización de una auditoría técnica al sistema de conteo de votos de las Elecciones Generales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral y recuperar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

En declaraciones a América Televisión, Nieto señaló que ya solicitó formalmente a la ONPE la implementación de este mecanismo, tras advertir una serie de fallas que —según indicó— han generado incertidumbre en la población.

“No tenemos certeza de lo que ha pasado, la elección ha sido ensuciada por los errores de la institución, la entrega tardía de material electoral”, manifestó.

El candidato presidenical consideró que, de existir voluntad política y facilidades técnicas, la auditoría podría completarse en un plazo breve, estimado en no más de siete días.

En ese contexto, hizo un llamado a las demás organizaciones políticas para que respalden esta iniciativa, subrayando que tanto los partidos como los ciudadanos forman parte activa del proceso electoral y deben contribuir a su transparencia.

Nieto reconoció que durante la jornada del último domingo se registraron irregularidades que calificó como serias; sin embargo, fue enfático en señalar que no existen elementos que permitan afirmar la existencia de fraude electoral. A su juicio, insistir en esa narrativa sin pruebas solo contribuye a profundizar la desconfianza en las instituciones.

“Necesitamos un país cohesionado en sus diferencias. Tenemos que ser sensatos, pensar en el Perú, señalar las faltas, por eso pedimos la auditoría”, expresó.

Finalmente, el candidato anunció que iniciará un recorrido por distintas regiones del país con el fin de recoger las opiniones de la ciudadanía que respaldó su candidatura, en un intento por mantener el vínculo político más allá de los resultados electorales.

Roberto Sánchez, el candidato presidencial que promete luchar contra la corrupción y respalda la transparencia de los comicios no parece exigir lo mismo en su partido, Juntos por el Perú (JPP).

Según corroboró la Unidad de Investigación de El Comercio, al menos nueve de sus candidatos que alcanzarían una curul en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 no han presentado sus informes obligatorios de ingresos y aportes a sus campañas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La data que aparece en el portal Claridad del organismo electoral señala que 31 candidatos a la Cámara de Diputados, Senado y Parlamento Andino de JPP no han presentado ese documento, cuyo plazo -que se prorrogó de manera excepcional- venció el 27 de marzo.

El caso más notorio es el de Serafín Andrés Luján (Huánuco), quien prácticamente tiene asegurada una curul como senador bajo la modalidad del distrito múltiple a casi el 80 % de actas escrutadas y que no cumplió con transparentar dicho informe. Además, se trata de un reincidente: en el 2021 la ONPE le abrió proceso sancionador por la misma omisión cuando postuló al Congreso con el mismo partido.

Andrés Luján fue secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), que representa a los productores de hoja de coca. También fue uno de los testigos propuestos por la defensa del congresista Guillermo Bermejo en uno de los juicios que afrontó por presunta afiliación al terrorismo, en el 2021.

Saúl Armacanqui Morales, quien podría obtener una curul en el Senado, tampoco presentó su reporte de ingresos y gastos de campaña. Al igual que Luján, tiene antecedentes, pues no transparentó sus ingresos y egresos cuando fue candidato al Parlamento Andino con JPP en las elecciones del 2021, razón por la cual la ONPE le abrió un proceso sancionador.

El mismo escenario se da con Wilfredo Verano Saravia, postulante al Senado por la región Cusco. En su caso, no presentó su informe de campaña cuando se presentó como candidato a la alcaldía distrital de Santiago, en las elecciones regionales y municipales del 2022, con el mismo partido que lidera Sánchez.

En Cusco el dirigente cocalero Julián Pérez Mallqui es otro candidato sin financiamiento esclarecido que busca una curul como diputado por el Cusco. Conocido dirigente de la CONAPACCP, Pérez es recordado por promover paros preventivos en el Vraem durante las gestiones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025) es otro que no presentó su registro.

En su caso, tiene sentencias por falta declaración en procedimiento administrativo y lesiones graves, esto último por atropellar a una madre de familia y su hija, y no brindarles el auxilio correspondiente.

Otros candidatos que no han presentado sus respectivos informes y que tienen proyección de llegar al Congreso son Percy Osorio Palpán, aspirante a senador por Pasco y que postuló al Congreso con Renovación Popular en el 2021; María Luz Huacac Espinoza, postulante a diputada por Cusco; y Juana Jancco Espinoza, que se presentó al Senado por la Ciudad Imperial.

Del mismo modo, Luz Soto Ferrari, aspirante a diputada por la región Apurímac; y Juan Villanueva Calderón, que intenta llegar a la Cámara de Diputados representando a Cajamarca.

De los 31 candidatos del partido castillista que no presentaron su informe de aportes y gastos de campaña, 15 postularon a la Cámara de Diputados, otros tanto al Senado y el restante al Parlamento Andino.

Además, 36 postulantes a diputados del partido de Roberto Sánchez consignaron S/ 0 en sus ingresos. La situación se repite con 18 candidatos al Senado y uno al Parlamento Andino.

El Comercio trató de comunicarse con los candidatos al Congreso mencionados, pero el coordinador de prensa de JPP indicó que no darían declaraciones al respecto. Los candidatos que no declaren sus ingresos pueden ser sancionados con una multa no menor de 1 UIT (S/5.500) ni mayor de 5 UIT (S/27.500).

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El candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, consideró razonable la propuesta de Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas que presentaron problemas durante la jornada electoral, aunque precisó que la decisión final corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Elecciones complementarias para aquellas mesas que se hayan instalado tardíamente nos parece un pedido razonable, eso quién lo va a definir, el JNE”, afirmó.

Torres sostuvo que este planteamiento marca una diferencia respecto a las posiciones iniciales del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien antes había sugerido medidas más drásticas.

“La nulidad no está configurada en absoluto […] si está hablando de elecciones complementarias quiere decir que ha entendido que no existe una posibilidad de nulidad de elecciones”, señaló.

En esa línea, calificó como desproporcionadas propuestas anteriores: “Lo que estaba sugiriendo antes, nulidad o insurgencia, era una locura”, indicó.

Asimismo, el dirigente fujimorista remarcó que su agrupación respetará las decisiones que adopten las autoridades electorales.

“Si eso es lo que decidiese el JNE, nos parece razonable. Cuando se responde a un pedido racional, se tiene que escuchar”, agregó.

Torres también destacó la importancia de mantener el respeto en el debate político y evitar confrontaciones innecesarias.

“Es importante que López Aliaga entienda que […] no puede obligar a que todos descendamos al nivel de los insultos”, manifestó.

Finalmente, reiteró que la nulidad del proceso electoral no es una opción viable.

“La nulidad del 12 de abril sería una locura”, concluyó.

El acta de una entrevista de la Contraloría General de la República a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, ha revelado nuevas irregularidades en el proceso electoral. Según reveló Cuarto Poder, en dicho documento, fechado el 14 de abril de 2026 –dos días después de las elecciones generales– el funcionario relata una serie de hechos que culminaron en retrasos en la distribución de material.

En la entrevista, Phang Sánchez relata que la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4538 módems para 2269 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, también apunta que la distribución de varios de estos demoró porque, según indicó, los equipos se entregaron el pasado 7 de abril, pese a que, según el Plan Operativo Electoral (POE), debió darse entre el 20 de marzo hasta el 4 de abril.

Esto ocurrió porque la ONPE tuvo que replegar 5441 kits, compuestos por una laptop y una impresora que fueron usadas para las jornadas de capacitación, situación que no estaba contemplada en el POE.

En la entrevista, Phang apuntó que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril, el mismo día de las elecciones, a las 4:30 a.m., pues los equipos replegados debían ser configurados, embalados y rotulados. “Todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso”, reveló Phang.

El funcionario indicó que esto le fue comunicado a José Samamé exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, quien fue detenido en flagrancia por presunta omisión de funciones.

Según conversaciones de WhatsApp adjuntas al documento, José Samamé le envió a Phang un nuevo cronograma el sábado 11 de abril a las 4:28 p.m. Este cronograma, sin embargo, contemplaba plazos irreales.

El documento de Contraloría habla de que el cronograma modificado indicaba un intervalo de 3 a 4 horas por ruta de distribución, mientras que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”.

Phang, según su testimonio, comentó esto verbalmente a Samamé y sugirió la entrega solo del material electoral, pero la respuesta fue negativa porque “se afectaría la meta institucional”.

Finalmente, Phang devela que entre las 10 y 11 a.m. del domingo 12 de abril, mientras varias mesas acusaban problemas para la instalación, recibió una orden verbal telefónica de Samamé indicándole que no se entregue equipos informáticos electorales porque no se utilizaría la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio de la ONPE (STAE).

Además, el documento rescata otro error: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, se reporta que ha llegado el cartel de candidatos de diputados de Lima Provincias, cuando debería haber llegado el de los candidatos de Junín.

En declaraciones para Cuarto Poder, Marco Sayán, el representante de SIVCORP, la empresa que vendió las laptops a la ONPE detalló que la orden de compra tiene fecha el 14 de julio de 2025 y culminó el 10 de septiembre de ese mismo año. Fue en ese día que la compañía entregó los más de 30 mil equipos al ente electoral. Desde hace seis meses la ONPE disponía de los equipos que no pudo entregar de forma adecuada para su distribución.

“Hemos recogido información in situ donde se da cuenta que en ese material de cómputo no coincidía los enchufes o no llegaron los enchufes. Entonces, (hay) varios elementos que lamentablemente han coincidido para que se genere una demora en cuanto a las instalaciones de las mesas electorales”, indicó, por su parte, Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría.

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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó este domingo en una jornada de protesta en el Campo de Marte, en Jesús María, tras las presuntas irregularidades registradas el 12 de abril durante las Elecciones generales 2026 y el posterior conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En un mensaje dirigido a los ciudadanos que formaron parte de la movilización, el aspirante presidencial, que lucha por pasar a la segunda vuelta electoral, dijo que “lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado y nos están robando el país”.

López Aliaga reiteró sus críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó de los inconvenientes que se presentaron durante la jornada electoral del 12 de abril.

“El domingo pasado más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley. A las 12 de la noche del sábado (11 de abril), el señor Corvetto, por ley electoral, tenía que entregar el material, y el material no estuvo a propósito para que más de un millón de peruanos en el Perú y el exterior no voten”, dijo el candidato.

Asimismo, pidió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo.

“Si no lo hace, señor Burneo, no le garantizo nada (…) El señor Corvetto claramente ha hecho una estrategia cubano-venezolana. La primera etapa ha sido lo que hemos visto, peruanos esperando varias horas y no han votado. Se han puesto mesas lejísimos a los peruanos en el exterior para que no voten”, aseguró.

“Ahora sí puedo decirle, señor Burneo, que en 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé la manera cómo trabajan estos delincuentes porque han dejado la base de datos abiertas. He entrado con perito judicial. Corvetto sabe que va a terminar 20 años en la cárcel. Sabe que no ha actuado solo. Él sabe que su gerente de sistemas se irá a la cárcel. Han dejado la puerta abierta de la base de datos, sin candado. Gracias, señor Corvetto”, finalizó.

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A solo cuatro días de las elecciones generales, El Comercio convocó a seis expertos en diferentes campos: el derecho constitucional, el derecho electoral y las ciencias políticas a participar en una mesa redonda, a fin de reflexionar sobre cómo hallar una ruta de salida a la crisis electoral, de partidos y de representación que adolece el país en los últimos años.

En el encuentro, que se realizó en la sede histórica de este Diario, participaron Natale Amprimo, constitucionalista y excongresista; Delia Muñoz, exministra de Justicia y Derechos Humanos; Javier Albán, profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico; y José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho constitucional.

También estuvieron José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Instituto Aklla Perú; y Gabriela Vega Franco, politóloga y directora de Recambio.

Al inicio del intercambio de propuestas, el director periodístico de El Comercio, Aurelio Arévalo Miró Quesada, agradeció a los asistentes y también recordó que la rotonda del Diario fue concebida como un espacio para “pensar, reflexionar y compartir ideas sobre los temas más importantes del país”. “Nosotros queremos recuperar ese espíritu de reflexión, en este momento, tan complejo, tan difícil para el Perú”, remarcó.

La proliferación de partidos

Durante la mesa redonda- moderada por la periodista Diana Seminario- se abordaron cinco temas: la proliferación de partidos políticos, si se debía ampliar o no los impedimentos para postular, la crisis electoral y el futuro del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el voto facultativo y hubo un espacio para reflexiones finales.

En el primer bloque, Amprimo consideró que “el gran problema histórico” del Perú continúa siendo el caudillismo y esto es lo que ha llevado a que en esta elección general se tengan 35 candidatos presidenciales. Agregó que, desde el 2019, se permitió la formación de partidos políticos con solo 25 mil adherentes, cuando anteriormente se exigía el 1% del padrón electoral (unas 700 mil firmas).

También cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deba avisar a los partidos políticos sobre cuándo realizará su labor de fiscalización a sus comités en las regiones. Y advirtió que se ha generado un negocio sobre el financiamiento público que reciben las agrupaciones que tienen representación en el Congreso. Y comparó la situación con lo que sucede en el fútbol, donde los equipos reciben millonarios ingresos de la televisión que, en teoría, deben invertir en sus divisiones menores, pero no lo hacen.

La exministra Muñoz refirió que la puerta de acceso para formar una agrupación “es demasiada amplía y flexible” y que una vez que un político entra al Congreso se cree dueño del escaño y, en algunos casos, estas individualidades se convierten en “una especie de partido político”. Añadió que las personas ya no hacen una carrera política en la militancia e ideas, sino que aprovechan determinas coyunturas para volverse líder de un frente de defensa y tener ese “nicho de votos”.

A su turno, Albán explicó el hecho que la elección presidencial se defina en dos vueltas “con el tiempo genera fragmentación”, porque cuando los comicios se resuelven en una sola ronda “más gente es estratégica” y se reducen la cantidad de partidos con mayor votación.

“Hay una sola oportunidad de ganar y los partidos tienen más incentivos para hacer alianzas. Cuando hay una segunda vuelta se dispersa un poco más [el voto]”, manifestó y puso como ejemplo a México, Honduras y Paraguay.

Además, planteó que se establezcan distritos electorales más pequeños para la elección de representantes al Congreso bicameral, con el objetivo de que la ciudadanía “tenga mayor noción de quién es su congresista”.

Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, dijo que más allá del fin electoral de los partidos, estos deben articular con la sociedad, estar preparados y tener un vínculo con los sectores populares. También propuso pensar en una reforma constitucional que apunte a que en los mayores de 50 años tengan voto facultativo “para ver cómo se comporta” este grupo etario del electorado y eliminar la prohibición de la difusión de encuestas a una semana de las elecciones, “que no permite la movilización del voto estratégico”.

Villalobos señaló que no se puede limitar el derecho a que la gente se organice en partidos políticos y alertó que, si bien solo seis o siete partidos superarían la vaya, hay otras 19 agrupaciones que tienen inscripción. Es decir, que en las elecciones generales de 2031 posiblemente haya más de 20 partidos en la contienda.

“El problema no está en que tengan el registro, sino el problema está en que si el partido está en la capacidad operativa de poder participar en las elecciones generales. Ahora hemos visto que hay 36 organizaciones políticas que han participado, pero no en todos los distritos electorales. El filtro podría ser, se debe exigir que si vas a participar en las elecciones generales deben asegurar tener candidaturas en los 27 distritos electorales. Y aquel partido que no cumple con ese requisito no debería continuar. Ese sería un filtro si no hay las PASO”, subrayó.

La politóloga Gabriela Vega opinó que más allá de la cantidad de partidos, el verdadero problema “es la calidad” de estos. “Si tuviésemos 36 partidos que fuesen competitivos, que tuvieran claridad de a quiénes representan, aglutinando votos y compitiendo, pues un sistema funcional, complejo, sí, porque el votante sufre al tener tantas opciones”.

Vega sostuvo que los partidos políticos pueden ser competitivos si cumplen tres requisitos: competir por el poder, representar y usar el poder. Añadió que las agrupaciones “son usuarios desatendidos en el sistema”.

“¿Quién trabaja con los partidos? Las entidades públicas trabajan con los ciudadanos y muchas veces las organizaciones políticas dependen de fundaciones inclusive extranjeras. ¿Qué espacios vamos a tener de fortalecimiento de ideología, de programa, pero también de generación de cuadros? Tenemos que ponerle mucha fuerza al trabajo con las personas”, remarcó.

El futuro de Corvetto

En otro momento de la mesa redonda, se abordó la crisis generada por el retraso en la instalación de mesas de sufragio y la extensión de la jornada electoral del domingo pasado y la responsabilidad del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

El excongresista Amprimo dijo que Corvetto “ya no da garantías” para la segunda vuelta presidencial y que si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le impone alguna medida restrictiva, como una suspensión, él debería dar un paso al costado. Esto más allá de que la Ley Orgánica de la ONPE establece la irrenunciabilidad de su titular durante comicios.

En ese sentido, cuestionó que el jefe de la ONPE haya pretendido trasladar la responsabilidad de la demora de la entrega del material electoral a subalternos, cuando la Constitución establece claramente que esa es una de sus tareas.

Muñoz afirmó que “no tiene sentido” que el alto funcionario se cuelgue de “la irrenunciabilidad” para no generar una salida democrática a la crisis. “La Constitución solo reconoce que los congresistas están obligados a desempeñar sus funciones, mientras dure su cargo […] La racionalidad de esta restricción es evitar la arbitrariedad, el uso político, pero aquí estamos en una situación, donde el titular [de la ONPE] es responsable y está siendo objeto de cuestionamiento”, expresó.

La también exprocuradora opinó que, para evitar un conflicto político mayor, como que le inicien un proceso de destitución en la JNJ, Corvetto debería presentar su carta de renuncia.

Tello, experto en derecho electoral, aseguró que ha existido “un daño a la credibilidad” de la ONPE, tras la crisis del último domingo. Incluso, detalló que el Instituto Aklla Perú, que él dirigida, ha realizado un estudio que determinó que hubo un 20% de ausentismo en los comicios. Niveles que solo se pueden comparar a las elecciones generales de 2021 en medio de la pandemia de Covid-19.

El exministro propuso que la ONPE y otros organismos electorales deben tener un accesitario, en caso sus titulares no puedan continuar.

Esta postura fue compartida por Villalobos, en el sentido, de que la organización de una elección no puede estar en manos de una sola persona, sino que deberían formarse en la ONPE un consejo directivo de mínimo tres personas, como existe en organismos electorales de otros países de América Latina.

Por su parte, Albán consideró que es bien difícil que una sola persona sea la culpable, pero sí remarcó que el organismo electoral pudo adoptar medidas de emergencia como convocar a las Fuerzas Armadas para el reparto del material.

También se pronunció a favor de que la ONPE tenga un jefe accesitario o un consejo directivo, en el supuesto de que su titular deba renunciar.

El abogado indicó que el daño a la confianza de la institución electoral “ha sido muy grave” y, por ello, propuso una reforma de esta, incluyendo un cambio de nombre.

A su turno, Vega explicó que el rol de un organismo electoral no lo tiene ninguna otra entidad pública en el sistema. “Nadie tiene que garantizar proveer un servicio y un derecho [el sufragio] al mismo tiempo a todo el país simultáneamente. Entonces, si no tenemos la dimensión de este rol, perdemos de vista la complejidad tanto de la tarea como de las consecuencias […] La ONPE era reconocida a nivel internacional por su profesionalismo, pero en otros países están sorprendidos por lo que ha sucedido, no era pensado”, manifestó.

La directora de Recambio remarcó que los organismos electorales “son hijos de la sospecha” y que surgen “porque no confiamos en que vamos a hacer una elección limpiamente”. “Entonces, sí tú no tienes la capacidad de cumplir el propósito que es reducir esa sospecha al mínimo […] Creo que, en ese sentido, esta necesidad de velar por la integridad electoral se tiene que imponer por encimas de las personas, y pensar en materia institucional y de equipos”, expresó.

Vega opinó que este escenario de retiro de la cabeza de la ONPE debe ser manejado “con muchísima prudencia y delicadeza por el rol que este cumple”.

Las conclusiones: el cambio de la figura de la vacancia

En el ultimo tramo de la mesa redonda, los invitados dieron sus conclusiones. Por ejemplo, Amprimo señaló que se debe evaluar ir de un régimen presidencialista a uno parlamentarios, pero subrayó que no se debe renovar el Congreso cada dos años, porque en el alto nivel de desgaste que existe, el presidente dejaría de tener presencia en este poder del Estado.

Muñoz cuestionó que, a lo largo de su historia, el Perú haya copiado uno y otro modelo, en vez de que sus autoridades se den el tiempo para sentarse y pensar un sistema que se adapte mejor a nuestra realidad.

Albán sostuvo que, sin buenos partidos políticos, es poco lo que se puede hacer. Se reafirmó en su planteamiento de que solo haya una vuelta en la elección presidencial y también apuntó a que en el nuevo Congreso bicameral la cámara de senadores es más fuerte a la de diputados, cuando suele ser al revés.

Tello indicó que la crisis política de los últimos 10 años ha demostrado que “si no tienes una bancada, no gobiernas”. El exministro dijo que es el momento de pensar si se debe continuar con el presidencialismo y sostuvo que los partidos políticos deben ser los dueños de las curules y que se tiene que eliminar el voto preferencial.

Villalobos refirió que los partidos políticos deben ser “entes permanentes en la sociedad y articuladores” y no ser vistos solo como “meras máquinas electorales”. Añadió que si se van a hacer reformas de fondo sobre el modelo político se tiene que iniciar apenas se instale el nuevo Parlamento bicameral, cuando comienza otro ciclo electoral.

Vega, por su parte, remarcó que uno de los principales problemas, además, de la corrupción, es que el presidente se haya vuelto una autoridad “descartable”.

“La vacancia por incapacidad moral termina siendo un cajón de sastre. Que hayamos hecho una reforma para la bicameralidad, y no hayamos podido hacer una reforma de un tipo legal que saca al presidente del país sin elementos taxativos, es realmente un riesgo para cualquier sistema”, expresó.

La politóloga, además, subrayó que “no hay manera de generar mejor sistema si no tenemos una justicia que garantice realmente resultados justos, efectivos, eficientes, pero a la misma vez la sensación de que está hecha para todos”.

El presidente José María Balcázar llegó a Chiclayo para inaugurar proyectos de electrificación rural, pero aprovechó su visita para cuestionar el desempeño de los organismos electorales en el marco de las Elecciones Generales 2026. El mandatario aseguró que su gobierno cumplió con entregar todos los recursos necesarios para garantizar el desarrollo del proceso.

Durante su recorrido, el jefe de Estado expresó su preocupación por la lentitud en las investigaciones contra funcionarios vinculados a presuntas irregularidades.

“Lo único que reclamo es de que los entes competentes, que son la Junta Nacional y el Fiscal Anticorrupción, determinen de forma rápida realmente qué responsabilidad les recae a los funcionarios que están cuestionados”, declaró para Exitosa.

Balcázar subrayó que la transparencia del proceso electoral dependerá de la rapidez y rigurosidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar. En esa línea, calificó como “imperdonable” cualquier error que genere dudas sobre la legitimidad de los comicios y exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad frente a las sospechas de fraude difundidas en algunos sectores.

En otro momento, el mandatario criticó la ejecución del presupuesto electoral, señalando que no se utilizó la totalidad de los recursos asignados.

“Nosotros le hemos dado todos los recursos económicos y me apena, más bien, de que no haya sido utilizado todo lo otorgado. Por lo cual, apenas una tercera parte han utilizado”, afirmó. Finalmente, reiteró que su gestión busca asegurar la estabilidad política de cara a la segunda vuelta y anunció la futura creación de una universidad en Olmos.

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La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, rechazó de manera categórica las versiones que la vinculan con presuntas reuniones con el ciudadano José Pérez Duharte, al calificarlas como falsas y tendenciosas. A través de un comunicado oficial, la titular del organismo sostuvo que dichas afirmaciones buscan generar confusión en la opinión pública.

Cabrera Vega precisó que no ha sostenido contacto directo ni indirecto con la persona mencionada, e incluso indicó que no la reconoce. En esa línea, la JNJ cuestionó que algunas versiones lo señalen como supuesto accesitario para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que —según remarcó— evidencia desconocimiento de la normativa vigente que regula estos cargos.

La institución advirtió que la difusión de información sin sustento afecta el desarrollo de las investigaciones en curso y debilita la institucionalidad democrática. En su pronunciamiento, enfatizó que los procesos que conduce se rigen por criterios transparentes y estrictamente apegados a la ley, descartando cualquier tipo de injerencia externa o negociación irregular.

Finalmente, la presidenta de la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información antes de difundirla. Asimismo, reafirmó el compromiso del organismo con la transparencia y aseguró que no se dejarán amedrentar por campañas de desinformación que busquen desacreditar su labor.

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Tiene plata, tiene equipo y tiene una correa anchísima que le ha permitido hacer campaña vacilándose de sí mismo. El ‘yo me río de mi persona’ fue la única emoción que pudo vender en una contienda en la que cualquier rival era un orador brillante a su lado. Rió e hizo reír bastante; pero otra cosa fue que, en pleno debate presidencial, el pico dramático de la campaña en el que se cruzaron los destinos de los 34 candidatos, Carlos Álvarez lo remedase. No podía reírse, no debía, no cabía.

Esa vez, César quedó demudado. Fue el único evento en el que su equipo de abogados, marketeros, asesores y escribidores de discursos, no pudieron hacer las cosas por él. ¿Cómo replicar una puya, cómo responder la pregunta ciudadana secreta, como dar la talla ante la gente que tuvo al lado? No descarten que pasó por su cabeza negociar pactos de no agresión con alguno de sus vecinos.

Pero eso no lo podía hacer con Fernando ‘Popy’ Olivera, quien lo golpeó, pateó y escupió diciéndole lo que nunca se había dicho de él con tanto desparpajo. Esos horribles momentos que pasó en el debate, luego de haber reído y bailado tanto con la troupé que le consiguieron para sus giras -estas incluyeron un comediante enano que lo remedaba- los habrá recordado en su candelero interno esta semana; mientras le pasaban reportes de las últimas cifras de la ONPE.

Al cierre de estas líneas no puedo asegurar ni descartar que APP saltará la valla. Depende de que otras fuerzas sean excluidas y, con las justas, 3 o 4 apepistas entrarían a la cámara de senadores y 7 u 8 a diputados.

La última vez que chequeé la votación personalizada por candidatos, el propio César ni siquiera lograba un cupo en el senado nacional. Por delante de él están Juan José Santiváñez -sí, el controvertido ex ministro del Interior- y otro abogado de policías, José Palacios Obregón, que hicieron campaña juntos. No importa su curul, que ni gracia le haría trabajar como senador; sino el roche. Pero la risotada no es solo al propio Acuña sino a la lucha contra la inseguridad. He ahí César que si tu partido salta la valla, habrías metido al senado a un par de defensores de policías sancionados cuando lo que necesitamos es quienes nos defiendan de la corrupción policial y reformen a la PNP.

El candelero interno de César está ardiendo. Sus personeros y abogados pelearán voto a voto. Su salto de valla en el senado es más probable gracias a su vigencia en Loreto, Cajamarca o San Martín, pero en diputados depende de que en algunas regiones haya giros inesperados en el último tramo del conteo.

El ‘papá de La Libertad’, como le dijo Dina Boluarte alguna vez, ha sido desconocido por sus hijos. No habrá senador apepista por La Libertad y si entrara algún diputado sería porque el partido de origen mochero, Un Camino Diferente, no saltó la valla. El castigo puede prolongarse hasta las elecciones regionales y locales de octubre.

Los Acuña, empezando por el hijo Richard, dijeron que esta sería la última campaña de su padre. Por eso invirtieron en varios trucos a la vez, como el convertirlo en el candidato de los influencers jóvenes. Un vacío de la ley y una distracción del sistema, le ha permitido a César agenciarse piezas publicitarias -no puedo catalogar de otra forma las entrevistas concesivas que le hicieron varios fenómenos de las redes- que tendrían que estar proscritas si extendemos al streaming los alcances de la ley que prohíbe a los candidatos contratar publicidad.

Los Acuña construyeron una franja electoral a la medida del patriarca de la familia. Pero lo que nunca le podrán fabricar es una banda presidencial a su medida. No la hay ni la habrá, se cumpla o no la promesa de que esta sería su última campaña. Que su sueño lo herede otro, si puede. Richard, a quien en el 2023 su propio padre había señalado como posible candidato presidencial, calculó, estudió, tasó y vio que no tenía chance. No es difícil responder ello: César, al fin y al cabo, es ejemplo de superación desde un pueblo cajamarquino -vecino de Pedro Castillo, qué caray- hacia el negocio millonario de la educación universitaria. Esa es su épica, mientras Richard es hijo de un magnate. Tiene conocimiento y disposición para la política -doy fé- pero la percepción popular le niega ese perfil de ganador con la suya.

A César le quedaba un capital político, pero lo perdió tolerando la corrupción de Castillo, la frivolidad de Boluarte, la nocturnidad de Jerí y las uñas largas de su propia gente. A César lo que es de César: su plata. Le sobra como para vivir una plácidamente el resto de sus días. Si quiere seguir bancando un partido, que lo limpie de cuajo, o mejor que haga filantropía.

Al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha activado una alerta y se ha dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Todo ello, en medio del escándalo por el material electoral que no fue entregado el pasado domingo 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026 y lo que generó que miles de peruanos no pudieran sufragar.

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra Corvetto y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En ese contexto, el jefe del Comando de Operaciones Policiales dispuso este sábado 18 de abril por la noche “extremar las medidas de seguridad” en puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, incluyendo el refuerzo de personal policial.

Asimismo, se ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), a través de sus unidades especializadas, ejecuten “las acciones pertinentes” en el ámbito de sus competencias.

Incluso, se dispuso que la Dirección de Inteligencia, en coordinación con sus divisiones de inteligencia regionales, intensifique sus acciones dentro de su función “orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país” de Corvetto.

El documento, además, dispone que cualquier novedad sea comunicada de manera inmediata para su monitoreo. Al cierre de esta nota, la ONPE no se había pronunciado ni tampoco su titular.

#URGENTE La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone a sus distintas unidades especializadas desplegar acciones ante posible salida de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, del Perú. pic.twitter.com/STjzEPOxb8

— Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 19, 2026

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.

Sin embargo, a la par de las posibles acciones disciplinarias también avanzan otras acciones. Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, pidió que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

Un total de 5.424 actas electorales —que representa el 5.85% de todas las contabilizadas hasta el momento— fueron observadas hasta este jueves por las Oficinas Departamentales de Procesos Electorales (ODPE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al presentar errores materiales o aritméticos producto de las elecciones generales del pasado domingo.

Estos documentos oficiales de sufragio serán enviados a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver la controversia en un cotejo e intentar subsanarlas. De lo contrario, irían a una audiencia pública para realizar el reconteo.

La importancia de estas actas radica en que podrían mover el tablero electoral y decidir si el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) podría mantenerse en el segundo lugar o si Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lo desplaza para pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien encabeza la mayor cantidad de votos a nivel nacional, según la ONPE.

De acuerdo con expertos consultados por este Diario, el promedio de votos existente en un acta electoral es de 200, lo que quiere decir que por cada mesa de votación hay al menos 200 electores. Teniendo en cuenta ello, las 5.424 actas observadas representarían un total de 1 millón 084 mil 800 votos.

Al 93.073% de actas contabilizadas, se pudo verificar que en todo el país hay 4,925 actas observadas, mientras que en el extranjero hay 499 documentos de sufragio en controversia. Las regiones que reportaron mayor cantidad de actas fueron Lima (1,189), Piura (428), Loreto (397), La Libertad (389), Áncash (241), Cajamarca (238), Ica (230), Huánuco (211), Ucayali (186), Junín (171) y Lambayeque (168).

Luego le siguen San Martín (162), Callao (125), Puno (102), Ayacucho (92), Amazonas (81), Cusco (77), Arequipa (75), Tumbes (59), Pasco (55), Madre de Dios (54), Tacna (52), Apurímac (47), Huancavelica (45) y Moquegua (29).

En el extranjero, las actas observadas están reportadas de la siguiente manera: América (307), Europa (169) y Oceanía (2).

En Lima Metropolitana hay 1.022 actas observadas.

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los Jurados Electorales Especiales para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.

Es importante recordar que a inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones,

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio a inicios de abril.

Esta situación no ha cambiado a la interna del JNE. Una fuente —que prefiere mantener su nombre en reserva— refirió que hacia la quincena de mayo “estaremos culminando con la resolución de actas observadas de la elección presidencial, en tanto, se requiere contar con resultados considerando una posible segunda vuelta. Para ello, es necesario que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remitan con celeridad las actas observadas y los ejemplares que corresponden a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones”.

En el mismo sentido, expertos consultados en el tema estiman que estas actas deberían estar resueltas en la quincena de mayo próximo. “En teoría debería resolverse entre la primera semana de mayo o antes de la quincena”, dijo José Tello, experto en temas electorales.

A su turno, Silvia Guevara, experta en derecho electoral, opinó en el mismo sentido. En diálogo con El Comercio afirmó que, si bien no hay un plazo para resolver todas las actas observadas, estas deberían estar listas en la fecha mencionada.

“No hay plazo. Pero debe ser, a más tardar, en la quincena de mayo, exageradamente.”, afirmó.

José Manuel Villalobos, también experto en temas electorales, coincidió con los anteriores consultados.

De otro lado, opinó que, a diferencia de las elecciones pasadas, no debería anularse ningún acta porque “estas actas observadas tienen errores de todo tipo, básicamente aritméticos o de origen de ilegibilidad”.

“Cuando tú resuelves un acta observada en el Jurado, ¿qué haces? Te mandan un acta observada que es del sobre plomo. La ONPE te manda tu sobre verde del Jurado Electoral Especial. Y haces un cotejo. Ves las dos actas y, supuestamente, con el acta del JEE salvas el problema. El problema es que, si las dos actas están mal escritas, el Jurado puede pedir las cédulas que están guardadas, cuenta los votos y te da el resultado”, refirió.

Villalobos afirmó que en este momento las actas observadas ya deberían estar resolviéndose. No obstante, fuentes del JNE indicaron que hasta el momento no se han enviado en su totalidad las actas observadas.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, dijo que los JEE tenían en trámite 2.446 actas observadas.

A pesar del caos generado el 12 de abril, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no ha dado señales reales de intentar renunciar. Permanece en su escritorio en cumplimiento de sus labores cotidianas, mientras —en paralelo— la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos supuestos: La falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Una fuente de la JNJ —cuyo nombre prefiere mantener en reserva— estimó a este Diario que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final de la referida investigación.

En él, el instructor o ponente definirá su postura sobre si amerita o no el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en una destitución, remoción o absolución del funcionario, según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. También podrá proponer la sanción de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendarios.

A la interna se estima que el proceso podría iniciar antes de que concluya mayo.

Por el momento, la investigación en curso, además de recoger las incidencias del 12 de abril, también incluirá en su contenido eventos recientes, como las cédulas electorales abandonadas en el distrito de Surquillo, la denuncia sobre ocho actas de escrutinio correspondientes a mesas de sufragio en San Juan de Lurigancho, entre otras.

“Todo parece indicar y es muy probable que se le abra un proceso disciplinario a Corvetto. Pero estamos recién a una semana de los hechos. Igual, el proceso inmediato que estaba diseñado por temas urgentes ha sido descalificado por el Tribunal Constitucional. Hay que tener claro eso”, refirió nuestra fuente.

Al cierre de esta edición, una fuente de la ONPE confirmó a este Diario que hasta la fecha Corvetto no ha trasladado sus descargos a la JNJ. Al ser consultada por el tema, recalcó que el plazo le da 10 días hábiles para formular sus descargos.

Al ser consultado por El Comercio, el penalista Vladimir Padilla afirmó que tras la culminación de la investigación preliminar la JNJ podría plantear una medida de suspensión preliminar con el propósito de garantizar los comicios o la segunda vuelta electoral. “No está en capacidad de llevar a cabo un proceso electoral”, indicó.

Entre tanto, explicó que al jefe de la ONPE no se le puede retirar de un día para otro porque debe afrontar por un debido proceso.

A su turno, la experta en temas electorales Silvia Guevara señaló que al margen de una eventual destitución, también podría caber la renuncia de Corvetto ante la ONPE.

Aseguró que en caso ocurriera esta última, la encargatura se la podría dar al gerente general de la ONPE o a otro funcionario de la institución que designe la JNJ de manera interina.

“Antecedente sobre este caso tenemos que en el año 2018, con la renuncia del exjefe de la ONPE Castillo, asumió en este caso el que en su momento era gerente de la ONPE. Entonces puede ser que en este caso la encargatura se la den al gerente de la ONPE u otro funcionario de la misma ONPE que designe la Junta Nacional de Justicia de manera interina, una encargatura temporal hasta la designación del titular, refirió.

Agregó que el escenario dos tiene que ver con la destitución del señor Piero Corvetto, “pero la destitución trae consigo que exista también un procedimiento previo que tiene que cumplirse y ese procedimiento a la luz de los hechos puede demandar más tiempo del debido con relación a lo que se requiere ahorita, una solución al menos de manera más próxima”.

“Entonces, son los dos escenarios: la destitución o la renuncia. Y como consecuencia, en este caso de la renuncia, tener el tema de la vacancia del cargo del jefe de la ONPE y encargar a otra persona, otro funcionario que puede ser el gerente general u otro funcionario que la Junta Nacional de Justicia designe”.

El congresista Segundo Montalvo solicitó formalmente a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, evaluar la suspensión temporal o eventual remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, mientras se desarrollan las investigaciones por las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026.

El pedido fue presentado mediante el Oficio N.° 700-2025-2026-STMC/CR, fechado el 17 de abril, en el que el parlamentario invoca las atribuciones de la JNJ para adoptar medidas frente a los “graves hechos” ocurridos el pasado 12 de abril. Según el documento, la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral desde su etapa inicial hasta el conteo final de votos.

Montalvo argumenta que las incidencias reportadas en diversos distritos de Lima Metropolitana evidencian la necesidad de adoptar acciones preventivas mientras se esclarecen responsabilidades. En ese sentido, remarca que la permanencia del titular de la ONPE podría afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos al desarrollo de la jornada.

Asimismo, el legislador advirtió que la medida cobra mayor relevancia considerando la proximidad de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de este año. Por ello, subrayó que es urgente asegurar que futuros procesos se desarrollen sin contratiempos logísticos, especialmente en la distribución del material electoral.

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Inexplicablemente, Piero Corvetto sigue al frente de la ONPE. Su permanencia es insostenible. La ineptitud con la que ha dirigido el proceso daña la confianza en la democracia, está destruyendo la reputación de la institución a su cargo y ha provocado la mayor crisis de credibilidad en el sistema electoral desde los tiempos de José Portillo, más conocido como “Papelito manda”.

La incompetencia mostrada durante el desarrollo de la jornada electoral se convierte en destreza al momento de crear eufemismos para maquillar los fiascos. La privación del derecho al voto de más de 52.000 ciudadanos es para él “un error puntual”.

La ONPE mintió al afirmar que las cédulas encontradas junto a un tacho de basura fueron custodiadas por personal de la policía y el JNE. Tras ser refutada por Roberto Burneo, la institución envió un comunicado aclaratorio en el que la mentira se rebautizó como “información inexacta”.

El domingo aseguraron que los retrasos en la instalación de mesas eran responsabilidad de la empresa contratista Galaga. Ahora sabemos que no fue así. Que el material electoral llegó tarde por culpa de la propia ONPE. El sábado a las 11:43 p.m., a solo siete horas del inicio de la votación, aún había 35 camiones vacíos a la espera de una carga que no llegaba.

También prometieron resultados rápidos gracias a las supuestas mejoras tecnológicas. Ha transcurrido una semana de la elección y el país sigue sumido en la más absoluta incertidumbre.

Se puede sufrir percances. Tener tropiezos y demoras. Pero cuando los errores se acumulan y se recurre sistemáticamente a la falsedad para intentar explicarlos, el principal capital que tiene una institución, que es la confianza, se desvanece.

Las mentiras que se van acopiando son terreno fértil para alimentar otro tipo de sospechas. Y en la mente de muchos ciudadanos empieza a surgir una duda inevitable: “¿En qué más nos habrán mentido?”.

Por ello, desde el proceso electoral del 2021, aposté por una estrategia ‘indirecta’: guiar el análisis por las preguntas sobre el autoposicionamiento ideológico de los peruanos (de izquierda a derecha) antes que por las preguntas sobre por quién van a votar (pues la mayoría no lo sabe con certeza). Conocer si una persona se autoidentifica en una escala de izquierda a derecha, seguramente no pronostique con exactitud quiénes ganarán la elección, pero casi.

Esta estrategia ‘indirecta’ tiene debilidades que hay que ponderar. La primera: entre el 75% y 80% de peruanos suelen posicionarse en este eje. Es decir, hay un cuarto de la población que se escabulle de este enfoque, aunque suelen estar en el grupo de quienes no votan o vician sus votaciones. Pero, sinceramente, no existe otra variable política que clasifique eficientemente a tan amplio número de personas. Algunos creen que la distinción entre izquierda y derecha ha caducado, y que debe ser reemplazada por otros ejes como el liberal-conservador, por ejemplo. De hecho, analistas creativos inventan categorías tan pretenciosas como superfluas, como ‘revanchistas’ versus ‘institucionalistas’, u otras adaptaciones de manuales de autoayuda a la compleja realidad nacional. Me considero de los que creen que el entendimiento más parsimonioso del mundo político sigue siendo bajo las coordenadas de izquierda a derecha. Con este enfoque ‘old school’, en 50+Uno preguntamos a los peruanos durante las campañas del 2021 y del 2026, a través de encuestas de representatividad nacional (Ipsos y Datum, respectivamente), cómo se posicionaban en una escala donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. En el 2021, la media era 5,8 pero con una distribución que graficaba polarización aguda: 11,6% se ubicaba solo en el punto 1 (extrema izquierda) y 17,2% en el punto 10 (extrema derecha). Sin saber exactamente quiénes terminarían capitalizando esos extremos, podíamos anticipar el surgimiento de candidaturas radicales como terminaron siendo Pedro Castillo (1) y Rafael López Aliaga (10). De hecho, en aquella ocasión advertí: “Hay un electorado radical que busca un candidato tipo Antauro” (“Trome”, 23 de agosto del 2020). Lo que pasó, ustedes lo conocen.

Para el actual proceso electoral, repetimos el ejercicio. Primera novedad: la media se incrementó a 6,3 (más a la derecha), y la derecha extrema permaneció sólida (15,4%). La segunda: la extrema izquierda se redujo al 5,5%. La proporción del castillismo se encogió a la mitad, creando un nuevo escenario de polarización asimétrica. Esta es la base (con más elaboraciones estadísticas, por supuesto), que da pie al argumento que he sostenido en esta campaña: “El electorado peruano ha ido virando paulatinamente hacia la derecha” y hay un colchón electoral para que dos candidatos presidenciales de derecha pasen a la segunda vuelta” (El Comercio, 30 de marzo del 2026). De hecho, la amplitud de dicho campo es tal que pudo haberse configurado una triada de candidatos que capitalicen este espectro político como los más votados, como terminaron representando los electorados de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Sin embargo, el voto escondido propio de los radicalismos y la fragmentación en ambos campos (derecha e izquierda) impedía descartar la posibilidad de una candidatura de izquierda colándose en la definición, como también lo sostuve en la entrevista citada (“Roberto Sánchez va a sacar más puntaje de lo que muestran las encuestas”).

Para quienes hacemos trabajos empíricos de opinión pública, la derechización del electorado peruano no es ninguna novedad. El excelente libro Desencanto (de Carrión, Aragón y Zárate), recientemente publicado, grafica esta tendencia, entre otros hallazgos interesantes. Bastaría revisar los informes de opinión pública del IEP para darse cuenta del desplazamiento ideológico indicado. Consejo de pata: consuma más academia y menos influencers.

Es cierto que algunos colegas científicos sociales plantearon con algún sustento de datos que el fenómeno de Pedro Castillo se repetiría: un tsunami electoral que en las últimas semanas previas a la elección llevaría a un candidato de izquierda radical a más del 20% de los votos válidos. La justificación, a posteriori, de que este escenario no se replicó, arguye que la aparición de otros ‘outsiders’ antiestablishment como Ricardo Belmont, impidieron a Roberto Sánchez repetir lo alcanzado por el expresidente del sombrero. El error de esta alternativa se debe a que incurren en falacias ecológicas. Es decir, construyen inferencias sobre fenómenos individuales (las preferencias electorales de personas) a partir de datos agregados (resultados electorales pasados agrupados por jurisdicciones). Además, parten de otro supuesto errado: la sociedad peruana no habría cambiado en cinco años.

No solamente se trata de una decisión metodológica equivocada, sino también de una visión estática de nuestra sociedad. Como si la crisis de inseguridad, la gestión de Castillo y su intento de golpe y la inestabilidad del Ejecutivo, fuesen inocuos para la formación de las preferencias electorales. Tenemos que considerar, además, cambios generacionales que han agudizado la volatilidad de los apoyos a candidaturas personalistas y han afectado la dinámica de toma de decisiones colectivas en el mundo rural andino. Si los espontáneos analistas del río Rímac siguen idealizando el asambleísmo rural o asumiendo un monolítico radicalismo provinciano, sencillamente son ellos quienes no salen de sus burbujas sociales.

La perspectiva ideológica de vieja escuela flaquea –reconozco– frente a fenómenos antiestablishment antiprogramáticos cuyos electores se refugian en el espacio de “centro” (19,3%) cuando en realidad más que moderación reflejan desencanto. Por eso Ricardo Belmont fue más exitoso que Carlos Álvarez, pues el primero optó por la antipolítica y el segundo por bukelizarse. Esta es una tarea pendiente para quienes nos esforzamos en analizar científicamente al peculiar electorado peruano.

El gremio recordó que este proyecto no fue improvisado, sino que “responde a un requerimiento institucional de las Fuerzas Armadas y que ha sido trabajada durante más de un año bajo los canales correspondientes”.

Para AmCham Perú, que agrupa a más de 580 empresas peruana y estadounidenses, esta decisión, comunicada de forma pública en la etapa final del proceso, lesiona los principios de predictibilidad necesarios para la inversión.

“El Perú ha construido, a lo largo del tiempo, una relación sólida con los Estados Unidos (...) esta relación, al igual que la confianza de la comunidad internacional, se sostiene sobre principios fundamentales como la predictibilidad, la coherencia y el cumplimiento de compromisos”, se lee.

Además, enfatizó que la relación con Estados Unidos se basa en la confianza mutua. “La generación de señales contradictorias en un contexto internacional complejo puede afectar la confianza y la percepción del Perú como socio confiable, con implicancias en su posicionamiento y en su capacidad de atraer inversión”, alertaron.

La cámara sostiene que el cambio de rumbo del mandatario peruano plantea serias dudas sobre la seriedad del Estado en acuerdos estratégicos de largo plazo.

“Lo ocurrido en la etapa final del proceso —incluyendo la decisión del Presidente de la República, comunicada públicamente, que genera incertidumbre respecto a lo previamente avanzado— plantea interrogantes sobre la consistencia en la toma de decisiones de Estado y el respeto a procesos institucionales ya encaminados”, señala el escrito.

Ante este escenario, AmCham Perú invocó a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia para preservar la reputación global del país. “Consideramos importante que esta decisión pueda ser revisada con la debida reflexión, ponderando su impacto en la seguridad nacional, la institucionalidad y la confianza del país”, apuntaron.

Finalmente, el gremio concluyó que “el Perú tiene una oportunidad de seguir consolidando su credibilidad”, y que “preservarla es una responsabilidad compartida”.

El Gobierno de José Balcázar ha recibido duras críticas tras suspender la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. A esta ola, se suma el exmandatario y actual congresista José Jerí, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ambos coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.

El congresista calificó la medida de “irresponsable” y cuestionó que la decisión se haya comunicado el mismo día previsto para la suscripción del acuerdo. “Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, enfatizó.

Para el parlamentario, las formas del Ejecutivo dañan la confianza en el país: “Si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”.

Asimismo, hizo un llamado directo al mandatario: “Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”.

Por su parte, López Aliaga remarcó que “nuestro país siempre ha cumplido con sus compromisos internacionales y, especialmente, con su principal socio comercial”.

López Aliaga advirtió que el incumplimiento del contrato por los aviones F-16 podría traer represalias para los ciudadanos peruanos que residen en Estados Unidos. “Exijo al presidente encargado Balcázar que honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de los aviones F-16. Incumplir con estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales, de seguridad y de acceso migratorio para los peruanos con Estados Unidos”, aseveró.

Oficiales y almirantes advierten que postergar compra deja vulnerable al país

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen Perú), a través de un comunicado, manifestaron su protesta contra la decisión del Ejecutivo.

En el pronunciamiento, Adogen enfatiza que el escenario global ha cambiado y que el país posee activos que requieren protección inmediata. “En la actual era, donde el orden mundial ha pasado de la cooperación a la fragmentación competitiva, el Perú se ha convertido en un objetivo de interés geoestratégico debido a sus vastas reservas de minerales, hidrocarburos y se consolida como el nodo logístico de Sudamérica con el Mega puerto de Chancay y el futuro Puerto Espacial”, señala el texto.

Bajo esa premisa, la asociación sostiene que la seguridad de dicho patrimonio necesita tecnología de punta: “La defensa de este patrimonio requiere de una capacidad de disuasión real que solo las Fuerzas Armadas Modernas puede garantizar”.

A su vez, Adogen rechazó al argumento de la temporalidad del actual gobierno para evitar compromisos de largo plazo. “Coincidimos en que, en el Perú, no existen gobiernos eximidos de responsabilidad constitucional; gobernar implica tomar decisiones críticas para la Seguridad Nacional hasta el último día de gestión”.

Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades políticas para que prioricen los intereses nacionales sobre los coyunturales: “El equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas no es un gasto, es una inversión”.

Raúl Noblecilla presentó su renuncia irrevocable al partido Podemos Perú tras confirmarse que su partido no obtuvo los votos necesarios para superar la valla, ni lograr integrar el Senado en las elecciones generales del 12 de abril.

El abogado, quien también integró la plancha presidencial de José Luna Gálvez como segundo vicepresidente, oficializó su alejamiento en una carta que remitió al líder de Podemos y que compartió por redes sociales.

Comparto mi carta de renuncia a Podemos Perú.
Agradezco la oportunidad.
Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE… pic.twitter.com/IBQ9b2vRdO

— Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) April 18, 2026

En su mensaje de despedida, el letrado manifestó: “Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.”,

La salida de Noblecilla se produce luego de que el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún en proceso a nivel nacional, revelara que Podemos Perú no alcanzó los escaños esperados en la cámara alta y quedara fuera de la segunda vuelta presidencial.

En el documento formal remitido a la jefatura del partido, Noblecilla detalló los motivos de su retiro definitivo de la militancia, y dijo que su candidatura en Podemos se hizo por una invitación basada en “coincidencias programáticas”, incluyendo la liberación de Pedro Castillo y Betssy Chávez.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, detalló que ya se habían identificado y advertido irregularidades al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previo a la jornada del 12 de abril, en donde se registró una grave crisis en el despliegue del material electoral que ocasionó que más de 52 mil peruanos no pudieran votar. El presidente del máximo ente electoral no solo dio detalles previos y sobre esa misma fatídica jornada, sino que además fue enfático en calificar como falsa la información dada por la entidad —que aún dirige Piero Corvetto— respecto a las cuatro cajas con cédulas de sufragio halladas en Surquillo.

En la víspera, el programa “Beto a saber” de Willax TV reportó que las cajas con cédulas de cuatro mesas de sufragio que se instalaron en un colegio en Surco fueron halladas al costado de un tacho de basura, en una esquina de Surquillo. En el mismo programa, una funcionaria de la autoridad electoral atribuyó ello a un “error involuntario” y señaló que sí se había seguido la cadena de custodia, con presencia de un fiscalizador del JNE y de un efectivo policial durante el traslado.

Mira aquí la transmisión en vivo:

Al respecto, Burneo precisó que, respecto de esas cajas, “contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador (del JNE) acompañando ni un efectivo policial”. Y que “fueron transportadas por vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo el JNE”.

“Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya estamos realizando los informes que ya están siendo comunicados a las autoridades como nuestra procuraduría, para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, correspondan”, aseveró Burneo.

Tras sus declaraciones, la ONPE indicó que en otro pronunciamiento que la funcionaria —Claudia Sandoval Carmona— brindó “información inexacta” y que ya se realizan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. La entidad pidió disculpas.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/oKpdu4EQE6

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Burneo arribó este viernes 17 de abril a la Comisión de Fiscalización del Congreso a dar su testimonio de lo acontecido, en medio de una crisis sin precedentes que golpea a todo el sistema electoral. Según expresó, dentro del sistema “hay funciones diferenciadas” en cada uno de los organismos que lo componen y remarcó que, así como el JNE tiene como función de fiscalización y administrar justicia electoral, correspondía a la ONPE “el rol de organizar el proceso electoral en sí, garantizar todo el tema logístico”.

“Comprendemos y nos aunamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos y los incidentes gravísimos que han sucedido en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias de la organización del proceso que le compete a la ONPE durante la jornada electoral, específicamente y especialmente en la ciudad de Lima Metropolitana”, remarcó Burneo.

Agregó que la fiscalización electoral comprende todas las etapas del proceso, como la supervisión de la selección de los miembros de mesa, punto en el que Burneo destacó la participación de los ciudadanos en la jornada “que ha sido de las más largas y más complejas de la historia de país”.

“Mi reconocimiento a todos los ciudadanos que en esta jornada electoral han sacrificado su tiempo y, sobre todo, han demostrado ese gran compromiso cívico, porque la retribución que se ha aprobado no corresponde al gran trabajo de más de 24 horas a nivel nacional y no sólo a nivel nacional, sino a nivel del voto extranjero”, expresó Burneo.

Respecto a la fiscalización del despliegue del material electoral, el presidente del JNE señaló que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales “mantuvo coordinaciones permanentes” con personal de la ONPE para el despliegue del material electoral y que estuvieron presentes desde la impresión, la selección de colores y el despliegue del material tanto al extranjero, a nivel nacional como en Lima Metropolitana.

En el caso de este último, agregó, Burneo señaló que “la ONPE informó en todo momento que el material se desplegaría en los locales de votación antes de la llegada de los miembros de mesa”; es decir, 6:00 a.m. del mismo 12 de abril. Y desbarató la versión inicial dada por la ONPE, en la cual se responsabilizó a una empresa contratista de incumplimiento.

“Sin embargo, no obstante las diferentes actas que se han levantado desde abril 10 hasta el 12 de abril, la ONPE no cumplió con lo que se había comprometido en todo momento. Entiendo que ellos han indicado que hubo fallas en lo que corresponde al contratista que habían ellos contratado para el transporte del material electoral, pero según los informes que aparecen en nuestros registros y las actas levantadas por los diferentes fiscalizadores de los Jurados Electorales Especiales, el retraso sobre todo se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, aseveró.

Burneo continuó indicando que las unidades vehiculares de transporte “estaban desplegadas en los locales de la ONPE y lo que ha fallado en torno a este tema de despliegue no era el material en sí”, sino el despliegue del material informático; es decir, como computadoras e impresoras. Ello pues, en Lima Metropolitana, iba un vehículo transportando material electoral, así como otro vehículo transportando material tecnológico, junto a un vehículo de las fuerzas del orden.

“Esto es lo que hemos reportado en todo momento. Sin embargo, de la información proporcionada por la ONPE, no reflejó esta situación real”, remarcó Burneo.

El presidente del JNE también señaló que se emitieron disposiciones “sin precedentes”, pues nunca antes se había registrado una problemática de este tipo en el despliegue de material electoral. Y contó que se amplió el horario de instalación y sufragio, pues a partir de las 8:30 a.m. ya se tenía un diagnóstico sobre la problemática que se estaba registrando en las mesas, por lo que se convocó un pleno, mientras que la ONPE “ya a las 10:00 a.m. o más” solicitó presentarse al mismo, a lo cual se accedió.

También detalló que allí Corvetto pidió que se amplíe el horario “por una hora”, tanto para la instalación de las mesas de sufragio como para el acto de sufragio en sí mismo; es decir, hasta la 1:00 p.m. en caso del primero.

Según su versión, el jefe de la ONPE indicó que eso era “suficiente para terminar el despliegue total del material electoral a nivel de Lima Metropolitana”. Sin embargo, agregó, fue tras la consulta de los miembros del pleno que se decidió dar una hora más a lo solicitado, garantizando Corvetto “que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral”, remarcó Burneo.

Detalló que también se comprometió a no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) ante las fallas que se venían registrando y porque, según contó, había advertencias desde el 10 de abril de que las computadoras e impresoras no habían sido puestas a prueba antes de ser embaladas y enviadas e, incluso, contó que había impresoras que fallaron luego de tres impresiones. Ante ello, se le requirió al jefe de la ONPE volver al sistema convencional, a lo cual se comprometió, pero “no cumplió”.

“No cumplió tampoco con desplegar hasta las 2:00 p.m. el material electoral”, remarcó. Tanto es así, prosiguió, que después, ante nuevos informes de fiscalización, nuevamente se convocó a otro pleno, por lo cual se tomaron nuevas medidas. Se amplió la jornada hasta el día siguiente en aquellas circunscripciones en donde se registraron inconvenientes.

Comentó también que se registraron 24,867 incidencias en el marco del proceso electoral, de las cuales 998 corresponden a la jornada en sí misma. Además, contó que se habían registrado hasta el momento 85 pedidos de nulidad de diferente naturaleza a nivel de los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) y del JNE, de los cuales 14 son de nulidad parcial y 71 de nulidad total del proceso.

También detalló que se contó en la jornada de votación a nivel nacional con 163,368 personeros de diferentes organizaciones políticas, de los cuales 34,361 personeros corresponden a Lima.

Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 93,36% de las actas hasta la tarde del viernes, aún hay otras que permanecen observadas y cuyo trámite se encuentra en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las controversias mediante cotejo o recuento de votos para determinar a qué candidato corresponde la eventual asignación de más adhesiones.

Este trámite podría demorar. A inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones. Es decir, que en al menos 28 días podríamos tener resuelta las controversias de cada acta observada.

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio.

El analista político Gonzalo Banda coincidió que todas las actas deberían ser resueltas hasta antes de la quincena de ese mes para que prosigan con las actividades de cara a la segunda vuelta electoral. En el mismo sentido opinó Silvia Guevara, la experta en temas electorales:

No obstante, el abogado en legislación electoral Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, consideró que el JNE con la Inteligencia Artificial que posee debería resolver lo más rápido posible la controversia de votos en las pocas semanas que quedan de abril para continuar con el proceso electoral.

“Debería terminar (la resolución de actas observadas) en este mes. El pez por la boca muere. Y Burneo dijo ”tengo Inteligencia Artificial y en cinco minutos sale cada caso". Ok. Que lo demuestre", cuestionó.

El avance de las actas observadas

Según el portal digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 75,35% de las 5.646 actas observadas en la elección presidencial ya fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales. Este porcentaje equivale a unas 4.254 actas detectadas —por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)— con errores materiales o aritméticos durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

El número de actas observadas que se encuentra en manos de dicho organismo electoral podría representar un total de 850.800 votos emitidos a nivel nacional, si se toma en cuenta un promedio de 200 electores que votaron por cada mesa de sufragio.

En otras palabras, casi un millón de votos se encontró en manos del JEE, al menos hasta el viernes por la tarde.

La importancia de este asunto radica en el hecho de que podrían mover el tablero electoral, pues —de acuerdo con el conteo oficial de la ONPE hasta este viernes— los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) disputan su pase a la segunda vuelta en la que podrían competir con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien permanece en primer lugar con 2 millones 686 mil 331 votos válidos.

De las 4.254 actas observadas que fueron remitidos a los Jurados Electorales Especiales, solo 4.100 fueron procesadas hasta este viernes. Otros 154 documentos de sufragio todavía se mantienen a la espera de ser tramitadas por el organismo electoral.

De otro lado, hay al menos 734 pronunciamientos generados sobre actas observadas por los Jurados Electorales Especiales a raíz del cotejo respectivo, los cuales regresarán a las ODPE en un máximo de tres días si dichos documentos de sufragio no son objeto de ninguna apelación, según informó el JNE a este Diario.

Entre tanto, hay al menos 24 actas que fueron enviadas para que en audiencia pública se realice el recuento de votos. Para ello, la ODPE deberá enviar el sobre lacrado con los votos respectivos.

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los JEE para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.

Un nuevo escándalo envuelve a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que encabeza Piero Corvetto, en el contexto de su ineficiente desempeño en la organización de las elecciones generales del último 12 de abril.

Al problema del traslado del material electoral, que dejó a más de 50 mil peruanos sin poder sufragar el domingo, se suma una denuncia de extravío de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de sufragio en las calles. Mientras tanto, el organismo electoral ha optado por el hermetismo y la minimización de los hechos.

Dos coordinadores de la ONPE denunciaron en la Comisaría de Zárate (San Juan de Lurigancho) la desaparición de ocho actas de escrutinio correspondientes a dos mesas de sufragio de la Institución Educativa Antonio Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú. Se trata de documentos que contienen los resultados de la votación en la mesa, en este caso de la elección de senadores a nivel nacional.

Según los trabajadores del organismo electoral, en cada una de las mesas sufragaron por lo menos 300 ciudadanos.

De acuerdo con el testimonio de uno de los denunciantes, las actas salieron en su totalidad del colegio al promediar las 11:30 am del 13 de abril, un día después de los comicios, con dirección a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales - San Juan de Lurigancho, cuya sede se encuentra en la avenida los Jazmines.

Dicho material fue trasladado bajo la custodia de dos trabajadores de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y un efectivo policial, y entregado al área de cómputo de la oficina descentralizada de la ONPE.

Otro de los denunciantes detalló que al momento de revisar el material se percató que faltaban ocho actas correspondientes a las mesas 057274 y 057275. Motivo por el cual llamó a la responsable del local de votación, quien agotó los medios y no logró ubicar dichas actas.

Según el parte policial, al que tuvo acceso El Comercio y que está suscrito por el comisario de Zárate, comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, estos hechos “se encuadrarían en una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública abuso de autoridad, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

Cabe señalar que la denuncia se presentó el último míercoles 15 de abril, pero los hechos, como ya se detalló líneas arriba, se produjeron el lunes 13.

No es la única denuncia presentada. La Unidad de Investigación de este Diario tuvo acceso a otro caso en San Borja.

A esto se suma el hallazgo de cédulas de votación las calles de Surquillo. Este caso fue denunciado por el programa ‘Beto a Saber’ de Willax, dónde mostraron las cajas del material encontrado al lado de la basura.

El material corresponde a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627 de la Institución Educativa 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

En el caso de la mesa 050618, se tiene pendiente conocer los resultados obtenidos en la elección de senadores y parlamentarios andinos y está para envío al JEE la elección de diputados. Ello debido a que el acta figura como ilegible.

La mesa 050619 solo tiene contabilizada en el acta del Parlamento Andino, diputados y senadores pendientes y la elección presidencial está también para enviar al JEE (por error aritmético). Lo mismo en el caso de la mesa 050620. En el caso de la 050627 figura también para enviar al jurado especial el acta de la elección de diputados por tener error aritmético.

En este contexto, es importante resaltar que en estas elecciones se ejecutará, por primera vez, el recuento de votos. Este mecanismo solamente se aplicaría sobre las actas observadas y con solicitudes de nulidad. Como ha explicado previamente el JNE, esto se aplica a criterio de los jurados electorales especiales (JEE).

La PNP llegó al set de Willax para recoger el material y la jefa de la ODPE- Surco, Claudia Sandoval, minimizó los hechos al calificarlos de “error involuntario”.

“Nosotros contratamos unos vehículos para el repliegue a la ODPE (desde el local de votación), pero unos trabajadores de mi ODPE por un error involuntario lo han olvidado”, comentó la funcionaria.

Según dijo, desde el domingo vienen comunicándose con el taxista, pero que nunca les respondieron el teléfono. Además, detalló que en el vehículo se habían transportado 24 cajas, cuatro de ellas se les olvidaron. “Los muchachos a la hora de bajar todo el material, olvidaron esas cuatro cajas”, dijo.

De acuerdo con Sandoval, junto con el coordinador de la ONPE también abordaron el auto un policía y un fiscalizador del JNE. Finalmente, destacó “la honestidad de la ciudadanía” y comparó los hechos con olvidarse un celular en un taxi.

Pasada la media noche, la ONPE lanzó un comunicado por X (antes Twitter) con una versión similar a la de su funcionaria de ODPE. En este resalta que en el vehículo, conforme con la cadena de custodia, viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del JNE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladadas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”, afirmó.

Asimismo, subrayó que los votos de esas 4 mesas ya habían sido consignados en actas de escrutinio que están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en su web.

“El material, ya encontrado, será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, puntualizó. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no han presentado la copia de referida denuncia, pese a las solicitudes de este Diario.

En tanto, el director nacional de Investigación, teniente general PNP Manuel Lozada, tras el recojo del material en la sede de Willax se continuará con las acciones preliminares para determinar cómo las cédulas terminaron fuera de los canales oficiales de custodia.

“Lo que vamos a determinar es cómo ha sido dejado o perdido o votado. Eso va a ser parte de la investigación”, acotó.

Asimismo, no descartó que puedan existir responsabilidades, incluso dentro de la propia institución policial. En ese sentido, aseguró que cualquier agente implicado en un eventual acto irregular será sancionado conforme a ley.

De otro lado, debido a esta denuncia, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realizó diligencias en un almacén de la ONPE en Lurín para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral. La intervención se llevó a cabo en coordinación con JNE, en su calidad de ente fiscalizador de la ONPE.

En diálogo con El Comercio, el experto en derecho electoral José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, y el abogado penalista Gilmar Andía advirtieron sobre posibles delitos y faltas administrativas.

Tello opinó que se trata de un hecho aislado porque “no ha encontrado evidencia de más casos documentados en Lima”.

En el caso de la funcionaria, indicó que está “claro” el delito de omisión de funciones porque debió dar cuenta de los hechos a la PNP “inmediatamente”. Así como una falta administrativa.

“No hay ningún tipo de justificación para que no lo haya hecho”, resaltó.

El especialista electoral cuestionó que el material se haya trasladado en un taxi. “Eso es inadmisible, la misma empresa Gálaga que lo dejó también debió recogerlo y trasladarlo al punto donde se va a conservar, con la custodia de la PNP y el JNE”, cuestionó.

Para Tello, la explicación que dio la jefa de la ODPE evidencia el “desgobierno” que hay en la ONPE. “Corvetto no funciona [...] Es inadmisible escuchar ese tipo de justificaciones y más indignante que diga que se trata de un error involuntario”, sentenció

“El señor Corvetto debe pensar seriamente si se mantiene en el cargo de jefe de la ONPE. La salida es renunciar, por fuerza mayor a raíz del descrédito que ha generado al organismo como para seguir llevando a cabo este proceso. No debe esperar a ser maltratado por la JNJ. No debe olvidar que una destitución acarrea una inhabilitación”, concluyó.

Por su parte, Andía opinó que los hechos evidencian un descuido absoluto del material electoral.

Lo primero, según su criterio, es revisar que lo computarizado por la ONPE coincida con la información plasmada en las cédulas y que de ello dependerá si la explicación de la ONPE es viable.

El posible delito es el 359, inciso 4, del Código Penal, que es contra el derecho de sufragio, en la modalidad de querer alterar el resultado de las elecciones. “Ahí es donde podría calzar. Si lo que se ha intentado es la sustracción, que es cuando se saca del ámbito donde debería estar guardado. Este caso es bajo la custodia de la gente de la ONPE [...] Tiene una pena de 2 a 8 años”.

Bajo la mirada del penalista, la investigación sería en primer lugar a la jefa de ODPE-Surco, a quien también se le podría abrir una carpeta por omisión de funciones.

Además, consideró que “de todas maneras” hay responsabilidad administrativa.

“Este hecho alimenta un llamado de fraude que, hasta el momento, no tiene ninguna prueba tangible o indicio fuerte”, dijo.

Finalmente, consideró que este hecho será tomado en cuenta por la Junta Nacional de Justicia como elemento de convicción en la investigación preliminar que abrieron a inicios de semana, que podría derivar en su suspensión o destitución.

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proyectó que los resultados oficiales de la elección presidencial se obtendrían aproximadamente en la quincena de mayo, a un mes de la segunda vuelta.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, sostuvo Clavijo en declaraciones a RPP este sábado.

La funcionaria del JNE agregó que el avance depende de la revisión técnica que realizan los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el territorio nacional.

Al 18 de abril, los JEE han recibido 15,470 actas observadas para su calificación, de las cuales el 10% ya cuenta con un pronunciamiento definitivo. No obstante, la funcionaria advirtió que aún falta procesar más de la mitad de la carga total, pues estiman que el universo de documentos con observaciones podría ser dos o tres veces mayor a la cifra recibida hasta el momento, lo que sitúa el número de actas pendientes de remisión en un rango que superaría las 15,000 unidades adicionales.

El procedimiento de saneamiento en las instancias regionales toma un promedio de tres días por acta desde su recepción física. Este ciclo operativo incluye el escaneo del material, el análisis legal de los errores materiales o aritméticos detectados, y la posterior notificación de las resoluciones antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proceda con la contabilización final de los sufragios.

Respecto a las dificultades logísticas, Clavijo señaló que la celeridad del proceso está sujeta al envío de material por parte de la ONPE. “El riesgo [de demora] está en que no nos remitan prontamente las actas observadas. Nosotros necesitamos que, inmediatamente, la ONPE nos envíe las actas, tanto a los JEE como el ejemplar que corresponde al JNE para el cotejo respectivo”, enfatizó la secretaria general.

Finalmente, el JNE a partir de este lunes realizará audiencias públicas para el recuento de votos en casos donde el cotejo de ejemplares no sea viable. Estas sesiones serán transmitidas en vivo a través del portal institucional para garantizar la transparencia, permitiendo la fiscalización de personeros, observadores y representantes del Ministerio Público durante el proceso.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, no descartó evaluar la nulidad de las elecciones del 12 de abril, en su presentación el último viernes ante la Comisión de Fiscalización de Congreso.

Ahí precisó que su organismo ha recibido un total de 85 pedidos de nulidad total (71) o parcial (14) relacionados con el proceso del domingo, que están siendo resueltos por los JEE y, posteriormente, analizados el pleno del JNE.

“Todas están siendo evaluadas con la seriedad y con toda la información que tenemos y que estamos recabando en torno a las incidencias que se han suscitado [...] no solamente en Lima Metropolitana sino en todas las partes donde ha habido observaciones, incidencias y pedidos de nulidad [...] Así que vamos a seguir actuando en ese en ese sentido [...] y si se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas, tengan la seguridad que el jurado las va a implementar”, afirmó.

En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral Fernando Rodríguez y Enzo Elguera señalaron que, de acuerdo con la norma, “no se puede declarar la nulidad” de este proceso electoral.

“No es posible, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, ni la nulidad total ni parcial del proceso electoral [...] Esto revela que Burneo no conoce de las normas electorales, no las domina y lo demuestra cada vez que puede”, expresó Rodríguez a El Comercio.

En tanto, Elguera afirmó que, pese a lo que dice la ley, al tratarse de la máxima autoridad electoral podría tomar una decisión “extraordinaria”, si es que se revela evidencia de un presunto fraude.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, evitó pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se limitó a decir que se deberá seguir el debido proceso al evaluar las irregularidades en los comicios de este 12 de abril.

“Hay errores que están investigando y depende de la investigación y las responsabilidades. Lo importante no son las personas, lo importante es el sistema. El sistema electoral necesita todos los resguardos en esta segunda vuelta para tener cero errores. Si eso va a significar el cambio de algunos titulares, pues eso tendrá que hacerse pero no porque me da paz o me da pena. Tiene que hacerse con el debido proceso para que no vuelvan a ocurrir problemas en la organización. Nadie es indispensable”, comentó este sábado en conferencia de prensa.

En reiteradas oportunidades, el parlamentario y postulante a la presidencia de Juntos por el Perú reconoció que hubo “problemas graves de organización” pero insistió en que esto no afectó el sentido del voto de los ciudadanos y que no se restringió su derecho a sufragar porque se atendieron los pedidos para extender plazos y otorgar un día más a lo más de 50 mil electores afectados por retrasos en la instalación de mesas en Lima.

“Estos hechos graves de organización tienen que ser investigados como corresponde, según las competencias, y deben haber sanciones que correspondan a la autoridad responsable. ¿Eso ha afectado el voto de la mayoría? No. ¿De algún solo peruano? No. Y si alguien cree que se está afectando el voto en una mesa concreta, digan cuál, qué voto y qué ciudadanos y nosotros estamos en la capacidad de mostrar el acta y demostrarlo", explicó.

Sánchez resaltó que su posición y de su partido es a favor de que se respete la voluntad electoral y el proceso que permite revisar actas de manera transparente y ante la comunidad internacional. En esa línea, calificó como “lloriqueos” los reclamos de otros partidos que atacan con insultos a autoridades electorales, sin hacer alguna alusión en específico. “Ahí no hay orden. Democracia no es aceptar lo que a ti te gusta. Democracia es aceptar el voto ciudadanos en su totalidad”, agregó.

En otro momento, el abogado Roy Mendoza, quien acompañó a Sánchez en su pronunciamiento, respaldó la postura de Juntos por el Perú en la línea de reconocer fallas en las elecciones. “Han habido errores en la organización, pero estos errores no pueden ser equiparados a un fraude electoral”.

Ante el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que los resultaos presidenciales se conocerían en quincena de mayo, dijo que esperan que haya rapidez en el conteo de votos y procesamiento de actas observadas. “Pedimos celeridad y vamos a esperar democráticamente los resultados, sea cual fuere, independientemente del resultado, se va a respetar”, aseguró.

El expresidente Ollanta Humala anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial autorizó su participación en el proceso disciplinario contra los jueces de la sala que lo condenaron a prisión efectiva.

Por redes sociales, el exmandatario condenado y preso en el penal de Barbadillo se refirió a las juezas Nayko Coronado Salazar y Juana Caballero García.

“Este 30 de abril, la ANC del Poder Judicial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional”, detalló en X.

Este 30 de abril, la @ANC_PJ_Oficial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional.
Esto es importante porque se sabrá que no es la primera… pic.twitter.com/vjfxjcrEWP

— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) April 18, 2026

Humala Tasso dijo que esta decisión le permitirá exponer que estos magistrados han sido sancionados antes. “Entre las juezas Nayko Coronado y Juana Caballero suman 11 sanciones previas”.

Los jueces son objeto de diligencias en la ANC por presuntas irregularidades funcionales cometidas por el tribunal durante la lectura de su sentencia en abril de 2025.

El exjefe de Estado sostuvo que permaneció detenido durante 17 días sin acceso a los fundamentos de la decisión judicial, lo cual vulneró su derecho a la defensa. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de habeas corpus, tras establecer que la privación de la libertad sin un mandato judicial escrito y motivado resultó inconstitucional.