MIRA: Resultados ONPE al 99.890% de actas contabilizadas: Pedro Castillo 50.145% y Keiko Fujimori 49.855%

En breves declaraciones a los periodistas, pidió “paciencia” y “tranquilidad” a sus seguidores que vienen participando en diversas movilizaciones a nivel nacional, a la espera del conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva los pedidos de nulidad de mesas.

“Tranquilidad a los compatriotas que están siendo movilizados a nivel nacional. Pedirles que tengan paciencia, tranquilidad. Hoy es el momento que el Perú necesita serenidad, se necesita responsabilidad y frialdad también. Aparte, no caer en la provocación, hay que entender que estamos en un momento crítico”, expresó.

En ese sentido, Castillo Terrones descartó que vaya a participar en algunas de las movilizaciones que se vienen convocando en Lima porque “ya no es tiempo de campaña”.

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“Creo que el pueblo peruano tiene que entender que por encima de todo, hoy ya no es el tiempo de campaña, es el tiempo de la verdadera democracia. No, para nada (piensa participar en marchas)”, sentenció.

Cabe indicar que el partido Nuevo Perú dio a conocer a través de su Twitter, la convocatoria para una movilización nacional a favor de Perú Libre este sábado, teniendo como punto de preconcentración la Plaza Bolognesi.

En tanto, colectivos y grupos de simpatizantes de Fuerza Popular vienen realizando una marcha hacia el JNE, en el Centro de Lima, previa concentración en el Campo de Marte, distrito de Jesús María.

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Este es el total de votos hasta las 16:19 horas:

Pedro Castillo 8′830,647

Keiko Fujimori 8′779,709

La diferencia entre ambos candidatos es de 50,938 votos.

Mira: Así evoluciona el nuevo mapa electoral tras la segunda vuelta

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Mira: ¿Tuvo Pedro Castillo un “voto escondido” en Lima? [ANÁLISIS]

¿Cuál es la diferencia entre actas procesadas y contabilizadas?

Las actas contabilizadas son aquellas que contienen votos, los cuales han sido sumados al cómputo general.

En cambio, las actas procesadas son las registradas en el sistema de cómputo electoral. Las actas procesadas se clasifican a su vez en: actas normales, observadas, con solicitud de nulidad o con votos impugnados.

Es decir una acta normal no presenta observaciones y debe ser contabilizada en el sistema de cómputo general.

La acta observada es la que corresponde a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y que no puede ser contabilizada en el sistema de cómputo electoral debido a los motivos siguientes: no contiene datos, se encuentra incompleta, contiene error material, presenta caracteres, signos o grafías ilegibles que no permiten su empleo para el cómputo de votos; o no presenta firmas.

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“Hay fraude en la mesa, manipulación en mesa”, “hay hechos muy graves en esta última etapa” del conteo de votos, afirmó Fujimori en una reunión con la prensa extranjera y según informó la agencia AFP.

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La excongresista y candidata de Fuerza Popular anunció que participará en las protestas convocadas para esta tarde en las inmediaciones del Campo de Marte y que buscan manifestarse en contra del supuesto “fraude en mesa” por el cual su agrupación política ha planteado numerosos pedidos de nulidad de mesas de sufragio, alegando irregularidades en las actas electorales.

Gracias Vanya por esta gran iniciativa de todos los colectivos. Nos vemos en la tarde! #RespetaMiVoto https://t.co/71iqk9jlLd

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 12, 2021

La movilización ha sido anunciada para que inicie a las 3 p.m. de hoy, sábado 12 de junio.

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“Aquí no hay [todavía] ganadores ni perdedores”, expresó Fujimori, quien aseguró que la “izquierda internacional está interviniendo” en los comicios en Perú, en alusión a los saludos a Castillo por su “victoria” de prominentes líderes latinoamericanos, entre ellos el mandatario argentino, Alberto Fernández, y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.

“Si somos ganadores, espero que ellos [los de Castillo] se acerquen [...] Vamos a tender puentes una vez que acabe el resultado”, agregó la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La candidata cuestionó además la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que revisa la limpieza del proceso y proclama al vencedor, de no permitir los pedidos de impugnación de votos que ella presentó fuera de plazo. El JNE había aceptado el viernes ampliar dos días el plazo, pero luego dio marcha atrás.

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El abogado de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, asegura que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocida la tarde de este viernes, de dejar sin efecto la ampliación del plazo para recibir los recursos de nulidad, “no afecta en nada” su defensa. En comunicación con El Comercio afirma que ya dicha agrupación logró presentar sus pedidos contra 802 mesas de sufragio hasta la noche del miércoles de acuerdo a ley.

Castiglioni señala que 200 de estas nulidades fueron presentadas de manera física y el resto se hizo a través de la casilla virtual.

Ver también: JNE da marcha atrás y deja sin efecto acuerdo para ampliar plazo sobre recursos de nulidad

“Nosotros ingresamos todos nuestros recursos hasta el miércoles a las 8pm. Que el sistema los haya pasado luego de esa hora es otra discusión”, sostiene el también experto en derecho electoral.

Según el abogado, será una segunda instancia la que defina si algunos de estos pedidos de nulidad fueron entregados de manera extemporánea. “Ya se empezaron a ver en algunos jurados especiales estas nulidades, y si esa resolución no es favorable a nosotros, tenemos el derecho de presentar una apelación”, indicó.

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Castiglioni afirma que si bien Fuerza Popular presentó un pedido para ampliar el plazo de presentación de estos recursos de nulidad, también hicieron lo mismo los representantes de Perú Libre. Esta solicitud -añade- tenía como propósito que estos recursos puedan ser presentados hasta la noche de este viernes y no hasta el miércoles.

De hecho, el 9 de junio (a las 8:10 pm), la personera legal de Fuerza Popular, Liliana Takayama, pidió al JNE la ampliación del plazo debido “al gran volumen de información, y por tratarse de un caso extraordinario nunca antes experimentado”.

El miércoles, Castiglioni acompañó a la candidata Keiko Fujimori en una conferencia de prensa donde se anunció la presentación de 802 recursos de nulidad que, según dijo la lideresa de Fuerza Popular, representa unos 200 mil votos. Ello, luego de que, a criterio de Fujimori, en esas mesas de sufragio se cometieron irregularidades y hasta “fraude”.

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El miércoles pasado, sonó el teléfono de Keiko Fujimori. Era Álvaro Vargas Llosa quien le contó, grosso modo, que su padre, Mario Vargas Llosa, había recibido una llamada del presidente Francisco Sagasti, pidiéndole que ayudara a que la campaña de Fuerza Popular bajara las revoluciones, pues los ánimos están muy caldeados en el Perú. Keiko estaba con tres miembros de su entorno de campaña. Uno de ellos me ha confirmado la llamada, aunque no me pudo confirmar que Álvaro le hubiese dicho que Sagasti pidió a su padre, explícita y enfáticamente, que instara a Keiko a aceptar su derrota. Al parecer, esa versión sazonada es la que llegó al programa de Beto Ortiz, que destapó el affaire el jueves en la noche.

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Lo que sí me dijo la fuente fujimorista es que Keiko interpretó que Sagasti había sido impertinente, pero dijo a los testigos que no mencionaran la llamada a nadie porque no le parecía prudente meter al presidente en la danza. Si se filtró el asunto, dice mi fuente, puede haber sido por otros círculos, a saber, los vargasllosistas y los palaciegos.

Lo que también sabemos es que al escritor no le hizo gracia que lo llamen. Álvaro ha contado a El Comercio y RPP que, luego de hablar con Sagasti, su padre le contó la conversación y le dio dos encargos: que le trasmita a Keiko su apoyo en la decisión de impugnar actas (de ahí, la llamada que mencioné al principio) y que tuiteara en su nombre lo siguiente: ”Tengo autorización de Mario Vargas Llosa para publicar que a, su juicio, es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la segunda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto”.

¡Pasen el contacto!

En sus descargos y precisiones, Álvaro no ha revelado el contenido del mensaje de Sagasti, pero asegura que no tuvo nada de inconstitucional ni írrito y cierra el paso a los pedidos de censura que el Parlamento puede hacer a partir de esto. También dijo que él no filtró nada y sugirió tener en cuenta, como presuntos correveidiles, a los varios intermediarios que se le ofrecieron al presidente para llegar al escritor. En efecto, una fuente palaciega me confirmó que hubo mucha gente a la vez buscando el contacto de Vargas Llosa. Cuando este recibió la llamada, ya tenía una docena de alertas de que esta llegaría.

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O sea, entre el entorno de Keiko, el de los Vargas Llosa y el de los intermediarios a los que recurrió distinta gente de Palacio para llegar al premio Nobel se pudo ir sazonando la historia sobre que el presidente le pedía a Vargas Llosa que convenza a Keiko de aceptar una derrota. Que Vargas Llosa, indeclinable en su respaldo a Keiko, le incomodara la llamada, es una cosa; que Sagasti le pidiera explícitamente que la convenza de tirar la toalla, es otra. En su tuit del jueves en la noche, dijo: “La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas”. Una de ellas fue Vargas Llosa.

La idea de llamar a personalidades para pedirles que contribuyan a la calma no fue exclusiva de Sagasti. Según mis fuentes, la primera ministra Violeta Bermúdez fue de la misma idea e hizo lo propio llamando a Beatriz Merino para que la ayudara a contactar a Vargas Llosa. Mientras tanto, el presidente ya lo había contactado por otra vía. Todo esto sucedió durante el consejo de ministros. Por supuesto, he consultado al despacho presidencial para obtener los nombres de otras personas a las que llamó Sagasti, según dice en su tuit, pero no tuve respuesta.

Otros incendios

Si en la mañana del viernes el mayor foco del incendio nacional estuvo en Palacio de gobierno y se preveía la posibilidad de que el Congreso, o por lo menos Luis Valdez, presidente de la comisión de Constitución, con el que Sagasti había cruzado espadas el jueves; aprovechara el incidente para un contrataque; ese fuego amainó y el JNE empezó a crepitar con la propuesta de ampliar el plazo, vencido el miércoles, para la presentación de solicitudes de nulidad de actas. El presidente, por un rato, respiró tranquilo, pero al ver los otros focos de incendio, volvió a estresarse.

Todo este capítulo de la crisis electoral ha sido azuzado por quienes tienen la certeza de que Sagasti, hombre de centro izquierda, tendría un cariño por la opción de izquierda dura de Pedro Castillo. Sin embargo, no tenemos indicios de que esto sea así. Tampoco tenemos indicios de que la polarización electoral lo haya cogido al punto de que Keiko sea su secreto mal menor. Más bien, Sagasti parecería estar cerca de la posición del Partido Morado, del que se ha apartado mientras esté en la presidencia. Tras acercarse a Castillo semanas atrás, el PM perdió entusiasmo por el profesor y optó por no apoyar institucionalmente a ninguno de los candidatos.

Actualización: Apagado el fuego en el JNE con la decisión de mantener los plazos, Keiko Fujimori, en contraste con su posición inicial de no referirse al presidente, lanzó fuego contra Palacio, tuiteando: “El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos (...) El presidente no genera calma, todo lo contrario”. La palabra ‘interferencia’ es un calculado combustible. Esta historia no quiere terminar.

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En medio de un clima de polarización, Fernando Tuesta, politólogo PUCP y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, analiza las consecuencias del panorama electoral en el que se denuncia fraude y se han deslizado intenciones de una vacancia presidencial.

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— ¿Las idas y vueltas del pleno del JNE de ayer dañan la confianza que necesita para culminar los pendientes del proceso?

No ha sido el mejor escenario, pero la decisión final ha sido la correcta.

— Los partidarios de Perú Libre podrían haber dicho que el JNE le estaba dando una oportunidad extra a FP, y ahora los de FP podrían decir que han cedido ante la presión mediática.

Puede ser leído así, pero la decisión final se ajusta a la ley. Los plazos en un proceso son inamovibles, preclusivos y definitivos. La mejor decisión es respetar las normas y los tiempos claves. Esto, como ha sido de conocimiento público confunde y no ha sido lo mejor, pero al final del día es que la decisión se ajusta a ley.

— ¿La llamada del presidente Francisco Sagasti a Mario Vargas Llosa califica como vulneración a la neutralidad electoral?

No, en primer lugar porque el proceso electoral ya terminó. En segundo lugar, el presidente no ha llamado al presidente del JNE, al jefe de la ONPE para que direccionen sus decisiones en un sentido. Ha llamado a una persona como [Mario] Vargas Llosa, quien parece que tiene ascendencia en la candidata de Fuerza Popular, y dice que ha hecho lo propio para el otro candidato. Creo que bajo ningún punto de vista configura la violación de la neutralidad. El presidente puede hacer una invocación como lo hacen en cualquier parte del mundo. Sí creo que fue un acto de ingenuidad, pero de ahí a lo que hemos estado escuchando en el Congreso hay un abismo enorme.

— Algunos señalan que el proceso termina con la proclamación de los resultados, y que el presidente debería mantenerse al margen hasta ese momento.

Para empezar esta era una comunicación privada. Él ha invocado que se respeten los resultados, pero es algo que estamos invocando muchas personas e instituciones. Lo que pasa es que no deja de ser preocupante lo que ocurre en el país. En décadas observando elecciones, nunca he visto nada igual, salvo las elecciones fraudulentas del año 2000. Esto no solo por el grado de polarización que se ve en la campaña, sino que bajo el supuesto manto de fraude se incentiva a la gente a movilizarse, y de ahí a la violencia hay un paso. La preocupación del presidente puede ser en ese sentido. Creo que no fue oportuno, y que hay un grado de ingenuidad que muchas veces en política tiene consecuencias como las que estamos viendo.

— ¿Debe asumir alguna responsabilidad política por esto? En el Congreso, algunas bancadas ya evalúan presentar una moción de vacancia.

Él puede decir que se equivocó. Pero hay un aspecto que es claro: hay congresistas que por lo que han destacado es por ser vociferantes, malcriados y hasta difamadores. Plantear acciones que son desproporcionadas a la acción de un presidente no solo debe ser rechazado dentro del Congreso, sino por la opinión pública.

— Estamos en una situación sin precedentes por la presentación de abundantes solicitudes de nulidad por parte de Fuerza Popular. ¿Esto representa, como han afirmado algunos, el derecho a la defensa ante presuntas irregularidades?

Es una estrategia de combinación legal, política y mediática. ¿Eso es ilegal? No, lo puede tener cualquiera de los dos partidos. ¿La invocación que hacen para solicitar la nulidad son los que remite la ley? Pues no. Las causalidades de nulidad están incursas en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, son cuatro causales únicas y estas tienen que ser resueltas a favor por el juez electoral colocando por sobre todo la garantía y la validez del voto, que es la traducción de la voluntad popular.

— Ese es un principio en elecciones.

Si votaron 250 personas y todos sus votos fueron válidos, los argumentos sobre que los miembros de mesa tienen el mismo apellido no pueden llevar a una nulidad porque no está contemplado en los 4 literales del artículo 363. Los prestigiosos abogados que han apoyado son prestigiosos en áreas que no son de derecho electoral. Lo que están invocando no tiene que ver con la causal principal y es por eso que es difícil anular una mesa completa. Nuestro país tiene una legislación que se ha ajustado a los procedimientos para garantizar el derecho de participación y la validez del sufragio. Los organismos electorales en Perú fueron construyendo un nivel de legitimidad sobre el avance de su trabajo de los más altos de América Latina. Así lo señalan organismos internacionales. Fraude es una palabra mayor. Lo que ocurre en Fuerza Popular, pero también en Perú Libre, es que quieren anular las mesas donde ganó el otro.

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— ¿Qué mensaje les da a los votantes que se quiera anular votos por problemas en el llenado de actas?

Esta es una estrategia política-legal. Acá no se quiere la verdad electoral, se quiere anular las actas cuyos votos favorecen al otro. Han auscultado dónde tiene altas votaciones [Pedro] Castillo. Y, en menor número, los de Castillo lo han hecho donde tiene Keiko Fujimori. Hay bolsones de alta votación de un partido como de otro. La estrategia es anular esas mayorías aplastantes, para reducir la diferencia e invertir esa tendencia. De la misma manera, el otro lado para mantenerla. Eso nada tiene que ver con fraudes que pretenden invocar ni con la defensa de la democracia ni con elecciones limpias.

No se invoca, de manera mayoritaria, el único artículo y su literal que permite la anulación de la mesa. Invocan que hay personas con el mismo apellido en una mesa. Primero, en muchas partes del Perú, sobre todo en centros poblados o zonas rurales, hay apellidos que abundan en número. La ley dice que no pueden estar en una misma mesa dos personas que tienen un grado de parentesco, pero lo que no dice es que eso amerita la nulidad de la mesa. En segundo lugar, es por sorteo. ¿Cuándo fue? En enero. ¿Alguien sabía que Perú Libre y Fuerza Popular iban a pasar a la segunda vuelta? Nadie. Asociar eso con el fraude es un despropósito. Pero además, luego del sorteo se publica el listado de los miembros de mesa y les asiste a todos los ciudadanos el derecho de tachar. Si no se hizo, ahí concluye y se pasa a la siguiente etapa. Un proceso electoral es preclusivo, se termina un momento y se pasa al siguiente. En este momento, yo no puedo denunciar a ninguno por entrega de dádivas así se hubiera hecho. Y la tercera invocación es porque se encuentran firmas en distintas actas. Al personero le asiste el derecho de impugnar voto y mesa; si no lo ha hecho, es un problema del personero. Eso no abona a que lo que vino después es motivo de un fraude.

— ¿Qué gobernabilidad podría tener Keiko Fujimori en caso de ganar en mesa?

Es difícil ponerse en ese escenario si uno revisa las solicitudes de nulidad. Hay un tercer caso que invocan, que es que aparecen actas donde Keiko Fujimori tiene cero votos. Es inusual, es infrecuente pero es posible. No estás buscando la verdad electoral, estás buscando anular votos en masa para lograr aquello que no se ha producido en los votos.

— ¿Y cuál sería la gobernabilidad de Pedro Castillo tras cuestionarse la pulcritud del proceso electoral?

Lamentablemente, los dos candidatos han hecho prácticas reñidas con las democráticas. El domingo, cuando hubo el boca de urna que favorecía a Keiko Fujimori, [Perú Libre] hablaba de fraude y movilización; cuando vino el conteo rápido [que favorecía a Castillo], se callaron la boca y le tocó el turno a Fuerza Popular. Y comenzaron a empañar el proceso electoral, cuando ya se hablaba de fraude con anticipación para abonar el terreno para que quien pierda no reconozca el triunfo. El daño que están haciendo a los procesos electorales es lamentable.

— Pedro Castillo ha dado mensajes dándose a entender como presidente electo, y a la vez su partido también ha presentado solicitudes de nulidad. ¿Estos actos también son poco democráticos?

Cuando el boca de urna favoreció a Keiko Fujimori, pero se sabía que había que esperar el conteo rápido, [los de Perú Libre] hablaron de movilización y de fraude. Es algo así como fraude si estoy perdiendo; si estoy ganando, no. Eso es, como decía Eduardo Dargent, demócratas precarios, demócratas convenidos. Eso lo están haciendo desde las dos tiendas. En este clima, declararse ganador no es lo propio; pero quizás lo hacen porque están viendo que del otro lado hay una aplanadora que está haciendo uso de todos los recursos posibles. Puedo entender que la señora Fujimori y sus allegados están en un momento de tensión porque es la tercera elección que pierden, dos de ellos de manera ajustado, y quizás era Pedro Castillo al único al que le podían ganar. [Pero] ella es una candidata de 14,5%, como Castillo es de 19%. Por eso, esta es una segunda vuelta con candidatos minoritarios pero que realinearon a mayorías políticas que participaron de primera vuelta, y también al electorado por diversas razones. Lamentablemente se dio una polarización como no tenemos recuerdo.

— ¿Los organismos electorales tienen la legitimidad suficiente para que sus decisiones reencaucen la vida democrática? Hemos visto constantes ataques a ellos, e incluso una protesta en la casa del presidente del JNE.

Lo que han hecho con el presidente del JNE y el jefe de la ONPE es una campaña de desprestigio que tenía como propósito que al final de este proceso, cuando se quiera desconocer el resultado, digan que si gana uno es porque era comunista; si gana el otro, porque era fujimorista. Las razones que se esgrimen son deleznables, pero gran parte de los electores las han consumido por el gran consumo de ‘fake news’ que hay a diario. En estos momentos, hay gente que cree que agredir al presidente del JNE es un acto democrático y que están salvando al Perú. Estamos en un mundo recargado, y es en este momento en que los líderes de verdad se colocan por encima para parar esto, y pedir calma y decisiones responsables. Lamentablemente, estamos viendo muy poco de esto.

— ¿La resolución de estos pedidos de nulidad será suficiente para calmar esta polarización y las acusaciones de fraude?

No necesariamente. Si estás en una campaña en la que estás diciendo fraude, eso es desde el proceso hasta el resultado final, el resultado será un golpe para quien pierda, pero tratará de afirmar que ha perdido no porque la mayoría lo ha favorecido, sino por un fraude que incluye a los organismos electorales. Esto podría ocurrir si los líderes siguen esta campaña realmente irresponsable. Es más, podría tener consecuencias en el devenir del siguiente quinquenio, como ocurrió hace cinco años.

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En cuanto a los votos impugnados, cabe recordar que se trata de iniciativas de personeros durante el escrutinio. La primera instancia son los miembros de mesa y la segunda y última, los JEE. Estos, en este caso, sí realizan audiencias públicas.

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El JEE Lima Centro 2 realizó una el miércoles por la tarde para resolver sobre votos producidos en su jurisdicción (Lima, Breña, Jesús María). Si bien los enlaces para acceder a la sesión por la plataforma Zoom suelen publicarse en las convocatorias que, como parte de los expedientes, publican los jurados, en este caso cualquier ciudadano podía acceder al evento virtual luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) difundiera horas antes por sus redes sociales la dirección para participar.

Tal fue la acogida que pasadas las 2 p.m. ya no se podía acceder a la sala virtual por haber superado esta su capacidad. La presidenta del JEE Lima Centro 2, María del Carmen Gallardo, dio cuenta de la conexión de 300 personas. Durante la audiencia se apreció incluso a algunos de los participantes con fondos alusivos a una de las organizaciones políticas en contienda.

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Dicho tribunal evaluó 20 expedientes que contenían 41 votos impugnados o en disputa, siendo unos 34 referidos a la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La mayoría fueron declarados votos válidos.

Para las impugnaciones provenientes mayoritariamente de personeros de Perú Libre hubo particulares argumentos: “demasiado marcado”, “demasiado rayado”, “manchado”, “borroso”, “está con lapicero negro”, “garabato y está con lapicero negro, el elector no respetó el uso de tinta azul”, “se ha usado plumón”, “marcado fuera del cuadro y esta hoja fue dañada por el elector”, “no hay una marca visible para decidir si el voto es válido”, “varías líneas”, entre otros.

Sin embargo, el tribunal recordó que un voto es válido principalmente cuando la intersección de aspa o cruz está dentro de un recuadro concerniente a uno de los candidatos, o incluso cuando se nota la intención, como en el caso de opaca o poca tinta en lapiceros usados por los electores. En la audiencia no se presentaron personeros de ninguno de los partidos.

“Por acuerdo del colegiado se ha invitado a la ciudadanía que quisiera participar, nos sentimos muy honrados por ello. Vemos que hay mucho interés, mucha preocupación. Emitida la resolución propiamente, estas impugnaciones son remitidas a las oficinas descentralizadas de procesos electorales”, explicó Gallardo.

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Lecciones

Hasta la tarde del miércoles, el JNE reportaba que se han convocado unas 150 audiencias en todo el país. Por ejemplo, en los JEE de Lima Oeste 1, Lima Norte 3, Callao o Lima Este 2. Este último tiene programadas varias audiencias virtuales a través de la plataforma zoom para este jueves, a partir de las 8:30 a.m.

Alexandra Marallano, asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no descartó que otros JEE hagan el mismo ejercicio realizado por el JEE Lima Centro 2 en sus audiencias públicas, pero recalcó que ello también depende de la capacidad operativa de dichas oficinas.

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Sin embargo, resaltó en diálogo con El Comercio: “Es un buen ejemplo lo que ha sucedido. Hemos podido darnos cuenta cómo son las impugnaciones y qué cosa se impugna. Cada quien sacará sus propias conclusiones”.

Para José Villalobos, experto en derecho electoral, una mayor capacitación y mejor criterio de personeros hubiera evitado los argumentos de las impugnaciones vistas en la víspera. “La lección que nos debe dejar es que los personeros, si bien tienen que defender el voto de sus candidatos, no tienen que impugnar por impugnar. Ya se sabe cuándo es un voto válido y nulo”, manifestó.

A juicio de Villalobos, impugnar algo en donde se prevé perder es quitarle tiempo a la justicia electoral. “No quiero pensar en mala intención. El personero es alguien a quien llaman para ese día, le dan una capacitación rápida. Y él piensa que anulando un voto ya hizo un buen trabajo. Con una mejor capacitación o personeros con mayor criterio se hubieran evitado estas impugnaciones”, reflexionó.

¿Quiénes integran el JEE Lima Centro 2? Es presidido por María del Carmen Rita Gallardo Neyra, quien se ha desempeñado como jueza superior de la Cuarta Sala Penal Permanente de la Corte de Lima, jueza laboral y secretaria general de la Corte Suprema de Justicia.

También lo integra Luis Antonio Landa Burgos, a quien la Fiscalía de la Nación cesó en diciembre del 2019, por límite de edad, como fiscal superior titular especializado contra la criminalidad organizada, coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y coordinador en los procesos por delitos de terrorismo. Landa llevó inicialmente el Caso Hugo Bustíos contra el legislador Daniel Urresti; en el 2018 ordenó denunciar al expresidente Alberto Fujimori por el caso de esterilizaciones forzadas y también estuvo a cargo de la acusación contra el exmandatario por el Caso Pativilca. La tercera integrante es la ciudadana Natalia Álvarez Pinedo.

Resolución de actas observadas

De otro lado, según la plataforma electoral del JNE, hasta el cierre de este informe los JEE habían resuelto más del 65% de expedientes por actas observadas remitidas por las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de distintas jurisdicciones. Producido ello, las actas son devueltas para el cómputo de votos, aunque puede caber un recurso de apelación ante el JNE.

Hasta anoche también, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio cuenta de más de 86.000 actas procesadas e informó de 800 enviadas a los JEE. Esta última cifra varía de acuerdo al trámite entre ambas entidades.

Cabe recordar que, en el caso de las actas observadas, los miembros de los JEE deliberan de manera privada, pero hacen pública su decisión mediante una resolución. “Lo que sí es público es cuando existe un recurso de apelación contra la decisión de ese JEE. El pleno del JNE convoca a una audiencia pública”, explicó a El Comercio Alexandra Marallano, asesora de la presidencia del JNE.

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Guillermo Bermejo de las filas de Perú Libre, recibió las credenciales que lo reconocen como congresista electo para el período 2021-2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, ello no lo exime de seguir afrontando el juicio oral que se inició en su contra por presunto terrorismo, explicaron especialistas a El Comercio.

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Hace un mes, el Poder Judicial inició con el juicio que estaba pendiente desde el año 2018, cuando la Corte Suprema anuló el fallo que lo absolvió a Bermejo Rojas por el mismo delito.

En este nuevo proceso, la fiscalía solicitó 20 años de cárcel en su contra al acusarlo del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

Actualmente, está pendiente la decisión de la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria de la Corte Superior contra el Crimen Organizado, respecto al pedido del fiscal superior, Gino Quiroz, de impedimento de salida del país para Bermejo Rojas, así como el cumplimento de reglas de conducto en lo que dure todo el juicio oral en su contra.

Bermejo Rojas obtuvo 8,241 votos por la región Lima Metropolitana. El congresista comenzará a desempeñar sus funciones en julio.

No tendrá inmunidad

En declaraciones a El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión, precisó que tras las modificaciones constitucionales del artículo 93 de la Constitución, a los congresistas ya no les asiste la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.

Por ello, precisó, “ya no existe inmunidad parlamentaria que beneficie a Bermejo Rojas como parlamentario y por ello el juicio continuará”.

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Por su parte, el abogado especialista en temas electorales y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello, explicó que el juicio oral no impedirá que el legislador electo pueda desarrollar sus funciones congresales. Pero, agregó, su cargo parlamentario no lo protegerá de la acción de la justicia.

Tello advirtió que si el Poder Judicial decide dictarle impedimento de salida del país, “no deberían entregarle el pasaporte diplomático que se les brinda a todos los congresistas cuando asumen el cargo”.

Puntualizó que si bien Bermejo Rojas fue electo congresista por la región Lima, podría viajar por actividades propias de su función, por lo que en ese caso si se le dicta impedimento de salida del país, solo podría desplazarse con la orden expresa del juez.

Eventual sentencia se ejecuta de inmediato

¿Qué pasará si a futuro el congresista de Perú Libre es condenado? El profesor en derecho de la Universidad Pacífico y especialista en derecho penal, Daniel Huamán, explicó que, al no tener ya la inmunidad parlamentaria, “se deberá ejecutar la sanción contra Bermejo Rojas de manera inmediata”.

“A partir de febrero de este año, ya no existe la inmunidad parlamentaria de procesamiento y arresto de un congresista. Entonces, en este momento, si un congresista es condenado, automáticamente lo que hace el Poder Judicial es comunicar de ello al presidente del Congreso, cesará la persona en el ejercicio del cargo y se cumplirá la condena de esta persona”, comentó.

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En ello también coincidió el abogado Andy Carrión, quien comentó que si en un futuro, el tribunal superior decide condenar a Bermejo Rojas, la medida se ejecuta inmediatamente.

“Si lo condenan tiene que cumplir en primera instancia hasta que sea revertida en segunda instancia”, puntualizó.

El camino de su juicio oral

En la última sesión, el electo congresista por Perú Libre, fue interrogado por el fiscal superior Gino Quiroz. Previamente, el tribunal definió la admisibilidad de ocho testigos por parte del Ministerio Público, once testigos de la defensa legal del acusado y uno de parte de la Procuraduría Antiterrorismo.

El juicio contra Guillermo Bermejo se sigue bajo el Código de Procedimientos Penales antiguo (Ley 9024), el procedimiento continuará con el interrogatorio de los testigos ofrecidos por todas las partes. En esta etapa también se podrá citar a los peritos o técnicos especialistas.

Luego, continuarán con la oralización de la prueba instrumental, es decir; cualquier documento que sustente la acusación contra el congresista de Perú Libre, o en su defecto, abunde en su defensa.

Acusación contra Guillermo ... by Karem Barboza

Concluido el debate de las piezas (audiovisuales y/o documentales), se procederá con los alegatos finales de las partes. En ese momento, el fiscal podrá reiterar por qué considera que los cargos penales contra Bermejo Rojas encuentran probados. Lo mismo podrá realizar la defensa del congresista para sostener su inocencia y por qué debería ser exculpado.

Bermejo Rojas podrá hacer uso de la palabra para que exponga sus argumentos de defensa. Finalmente, el tribunal pasará a deliberar a fin de emitir su resolución. La decisión deberá ser anunciada dentro de los cinco días posteriores al cierre del debate.

Cabe precisar que cualquier apelación a la decisión de la Sala solo se podrá interponer ante la Corte Suprema.

Los cargos

Según la acusación fiscal, Bermejo Rojas se habría desplazado a campamentos terroristas ubicados en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), entre el año 2008 y los meses de febrero y marzo del 2009.

En dichos viajes, sostiene la fiscalía, el ahora congresista electo habría estado acompañado de otros integrantes de la organización terrorista y; una vez en estos lugares se habría reunido con mandos de Sendero Luminoso.

Incluso, sostienen, en esas reuniones se habría reunido con los cabecillas terroristas del Vraem, Víctor Quispe Palomio ‘José’ y Jorge Quispe Palomino ‘Raúl’.

Para sostener la acusación, la fiscalía ha ofrecido las declaraciones de los testigos protegidos CDT-2205 y TP-20112-03, de los colaboradores eficaces CDT-SA-1969, 1FPSPA-3022, 1FPSPA-3018 (o también 1FP-SP-3024 o 1FP-SP-3006); así como de los testigos Wilber Satalaya Apagueño y Boby Villarroel Medina.

Con dichos testimonios, afirmó el fiscal Quiroz, se probaría la presunta afiliación de Bermejo Rojas a las filas del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como los viajes que este habría realizado a los campamentos terroristas ubicados en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Pedro Castillo, candidato de Perú Libre a la Presidencia de la República, obtuvo en Lima, de acuerdo a la encuesta a boca de urna de Ipsos Perú para América Televisión, 31,9% de los votos. Mientras tanto, en el conteo rápido de la misma empresa, este porcentaje aumentó a 34,8%. Y los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 97,593% de actas contabilizadas en la capital, registran que el profesor logra el respaldo del 34,327%.

Es decir, 2,5% más de lo proyectado inicialmente, que, a estas alturas del conteo, donde el margen frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es ajustado, puede terminar siendo determinante.

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Para el analista político Jeffrey Radzinsky, es probable que un sector del electorado en Lima haya preferido no decir su voto a favor de Castillo en el estudio a boca a urna o en las encuestas.

“Cuando se habla de un voto escondido, es generalmente el que se da en un entorno donde tal candidato tiene mucha crítica, [y quien lo respalda] prefiere abstenerse de responder [cuando le preguntan por su opción], podría haberse dado marginalmente, pero no lo podemos aseverar con certeza”, manifestó a El Comercio.

El politólogo Mauricio Zavaleta dijo que si se podría tener la hipótesis de que habría existido un voto escondido a favor de Castillo en Lima.

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“Es posible que haya habido gente que no quería decirle ni a sus familiares ni amigos que votaría por él. No querían ser vistos como alguien que votaba por la opción que era vista como desastrosa”, remarcó.

Zavaleta, en entrevista con este Diario, señaló que el voto escondido “tal vez pueda cambiar la elección”, si el margen entre ambos postulantes se acorta demasiado.

“Como lo vemos, en este momento, del conteo, si puede hacer una diferencia”, subrayó.

El mensaje de las regiones

Castillo, fuera de Lima, ha obtenido el respaldo mayoritario del sur y centro del país; y Fujimori Higuchi del norte, salvo Cajamarca y Áncash. ¿Cuál es el mensaje de las regiones a la capital?

Radzinsky indicó que el mapa electoral de la segunda vuelta no es novedoso en relación a lo que se vio el 11 de abril, cuando se realizó la primera vuelta. “De alguna manera se parece en algo al mapa de 2006 [cuando la elección fue entre Alan García y Ollanta Humala]. El sur es un bloque, su voto ha sido a favor de Pedro Castillo y no solo en la sierra, sino también en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, hay una distancia muy marcada”, sostuvo.

El también director del Grupo Fides Perú destacó que Castillo haya ganado en toda la sierra, desde Cajamarca hasta Puno con márgenes muy grandes de 60 o 50 puntos de diferencia.

Zavaleta, por su parte, consideró que no había visto en otra elección, desde el 2000 en adelante, en la que se haya traducido en el voto “tan claramente las divisiones” que el Perú tiene como sociedad.

“Hay dos factores que explican esta división. Uno está vinculado a lo estructural. Si vemos las provincias donde gana Keiko Fujimori son las que se encuentran más relacionadas al mercado. Lima concentra más del 50% del PBI. Y aquellas donde hay menor presencia del Estado y que están alejadas del mercado son las terminan votando por Castillo, esta es una división importante para entender la fragmentación”, expresó.

También explicó que el otro factor es el “identitario”, debido a que Castillo, profesor y campesino en una zona rural, ha logrado una conexión con esa zona del país.

“Tenemos a un candidato como Castillo que es precario e improvisado, que se desdice constantemente, pero que su gran fuerte es lo identitario. Hay que ver la data, si nosotros vemos el voto en el sur, donde Castillo ha terminado arrasando, debe haber una correlación entre la lengua materna, aymara y quechua, con el voto por Perú Libre. A Fujimori le se ve como una persona más urbana, hay un claro contraste entre ambas candidaturas”, acotó.

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A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmó la noche del jueves haberse comunicado con el escritor Mario Vargas Llosa para que le transmitiera a la candidata Keiko Fujimori “bajar la tensión y esperar los resultados finales” de los comicios del 6 de junio. Además, enfatizó que lo mismo hizo con personas allegadas a la candidatura de Pedro Castillo.

La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. (1/4)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021

Mientras tanto, Álvaro Vargas Llosa, hijo del novelista, señaló que no hubo “nada delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”.

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Tras la información, trascendió que algunos congresistas estarían alistando una moción de censura contra Sagasti por supuesto quiebre a la neutralidad electoral. Sin embargo, legisladores de diferentes bancadas —incluido el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (APP)— declararon en las últimas horas que no existe tal ánimo.

De otro lado, la excongresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia penal contra el mandatario bajo los presuntos cargos delictivos de perturbación de proceso electoral, motín y atentados contra el derecho de sufragio.

¿Se produjo una vulneración a la neutralidad electoral?

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”. Y, en ese sentido, el 18 de diciembre del 2020, se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 199-2020-PCM para aprobar disposiciones sobre neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el periodo electoral 2021.

En dicha norma, se precisan las conductas prohibidas para trabajadores del Estado, incluidas las altas autoridades del gobierno. Si bien una de las prohibiciones es “intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar el ejercicio del sufragio, utilizando la influencia de su cargo” (literal d, artículo 6.3), constitucionalistas consultados por El Comercio señalan que la comunicación entre Sagasti y Vargas Llosa no configura ese escenario.

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“[Con la llamada] No se advierte inconstitucionalidad en ningún sentido. Lo que observo es que, desde el punto de vista de las competencias del Ejecutivo, de garantizar el orden público, el presidente ha pretendido una invocación en ese aspecto. Aunque personalmente me parezca oportuna, otras personas pueden cuestionar la acción, pero de ninguna manera hay algo inconstitucional”, señala el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani.

Urviola enfatiza que, aún si se forzara la figura de un presunto quiebre a la neutralidad, no habría elementos suficientes para proceder contra Sagasti. Esto, porque —en general— cualquier posible interferencia ya no tiene efecto sobre el voto, cuya etapa inició y acabó el mismo 6 de junio.

“Aquí el campo de acción sobre el proceso electoral está únicamente en manos de la ONPE, para el conteo de actas, y del JNE, para resolver todas las impugnaciones que han presentado los partidos. Por lo demás, el acto de sufragio ya culminó”, dijo Urviola.

La constitucionalista Elena Alvites Alvites se pronunció en el mismo sentido. Según explicó, para esta etapa, un escenario de clara interferencia se daría si hubiese interacción con los entes electorales y el propio JNE. Remarcó que, si bien existe un margen menor para quebrar la neutralidad, el llamar a las personas cercanas a los candidatos para reducir la confrontación no resiste esa conclusión.

“En la etapa actual, se entendería un quiebre a la neutralidad siempre que se interactúe con las autoridades electorales porque ahora el proceso está exclusivamente en manos de ellas. Fuera de ello, se podría configurar alguna vulneración si se realizaran declaraciones en favor o en contra de alguno de los contendientes. La neutralidad exige un mismo trato, y si ese llamado a la calma ha sido para los dos candidatos, estamos dentro del equilibrio que persigue ese principio. Además, se ajustaría la función del presidente, de buscar la paz social para la ciudadanía”, indicó Alvites.

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Para el también expresidente del TC, César Landa Arroyo, una llamada limitada a pedir tranquilidad no se ajusta a un marco de interferencia.

“El presidente es el jefe del Estado y dirige la política general del gobierno. De modo que, cuando la estabilidad se ve cuestionada, llamar democráticamente a ambas partes no rompe la neutralidad electoral. Por el contrario, considero válido que se procure asegurar la paz electoral”, afirmó.

El exmagistrado Landa también destacó la importancia de que los organismos de justicia electoral trabajen sin ataques directos o indirectos de la población y remarcó que “la neutralidad no significa indiferencia al caos electoral que se está creando, sino gobernabilidad y estabilidad del cierre del proceso electoral, para una transferencia pacífica del gobierno, como se viene habiendo desde hace 20 años”.

La constitucionalista Gabriela Oporto Patroni dijo, por su parte, que también se debe tomar en cuenta que Mario Vargas Llosa no es un funcionario público con injerencia sobre las instituciones electorales.

Además, señaló que si la comunicación ha sido con los círculos de ambos candidatos en el tono de buscar tranquilidad, no habría fundamento para acusarlo de una vulneración a la neutralidad.

“Él no ha interferido en la labor de los organismos electorales, no ha interferido en el conteo de votos y, lo que es más importante, no ha buscado favorecer a un candidato o a otro. El proceso electoral formalmente no ha terminado, sino hasta la proclamación de resultados, pero llamar a un escritor que apoya una candidatura no configura una razón para vacar a un mandatario”, explicó Oporto.

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El constitucionalista Natale Amprimo Pla fue un poco más crítico de la acción tomada por el presidente Sagasti, pero igualmente señaló que la sola llamada no demuestra un quiebre a la neutralidad electoral.

“En primer lugar, este contacto se podría calificar de torpe. Quien ejerce la presidencia debe ser muy prudente para no generar malas sensaciones o suspicacias mientras no concluya el proceso electoral. Si la llamada es para invocar a la tranquilidad, no hay problema. Lo cuestionable sería una intención de la comunicación distinta, pero si la conversación ha sido inocua, sería evidentemente un exceso del Congreso impulsar algún tipo de censura”, señaló Amprimo.

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En el boletín de normas legales de El Peruano salió publicada la resolución N°0602-2021-JNE, en la que se indica cuáles fueron los partidos que superaron la valla electoral dispuesta en la Ley Orgánica de Elecciones y cuál fue la cantidad de votos de cada una de las agrupaciones políticas y su respectivo porcentaje:

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1. Perú Libre (1,724,303 votos y 13.409%)
2. Fuerza Popular (1,457,640 y 11.336%)
3. Renovación Popular (1,199,663 y 9.329%)
4. Acción Popular (1,159,707 y 9.019%)
5. Alianza para el Progreso (969,699 y 7.541%)
6. Avanza País (969,059 y 7.536%)
7. Juntos por el Perú (847,570 y 6.591%)
8. Somos Perú (788,488 y 6.132%)
9. Podemos Perú (750,238 y 5.834%)
10. Partido Morado (697,289 y 5.423%)

El JNE detalló que en total se produjeron 12 millones 858,920 votos válidos, 2 millones 126,712 votos en blanco, 2 millones 737,099 nulos, y 17 millones 722,731 de votos emitidos.

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#JNEInforma | A través de la Resolución N° 0602-2021-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el #JNE oficializó hoy la participación en la distribución de escaños del Congreso en el periodo legislativo 2021-2026. 👉 https://t.co/OBcOxwOkR1 pic.twitter.com/UcFr0FcTXT

— JNE Perú (@JNE_Peru) June 12, 2021

La autoridad electoral declaró que, tras aplicar la cifra repartidora en cada una de las circunscripciones electorales, la distribución de escaños en el próximo Congreso será la siguiente:

Perú Libre (37 escaños), Fuerza Popular (24), Acción Popular (16), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7), Podemos Perú (5), Juntos por el Perú (5), Somos Perú (5), y Partido Morado (3).

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Además de dar estas precisiones, la resolución del JNE proclama en el cargo de congresistas a los candidatos electos que lograron la votación necesaria para ocupar un escaño por los próximos cinco años y dispone que se emita la resolución y el acta para proclamar al nuevo Parlamento.

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“Quiero aprovechar para llamar a toda la ciudadanía a tener calma, tranquilidad. Lo que más necesitamos en este momento en nuestro país es un poco de paciencia”, exhortó durante la supervisión de la campaña de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), que hoy empezó a atender a mujeres embarazadas mayores de 18 años y con 28 semanas de gestación.

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Bermúdez aseguró que solo queda esperar los resultados oficiales que emitan las autoridades electorales que están trabajando en el conteo de votos y la revisión de los pedidos de impugnación y nulidad.

“Las autoridades electorales están haciendo su trabajo. Esperemos pacientemente y una vez que tengamos los resultados oficiales, nos queda nada más que respetar la voluntad popular”, comentó.

“Como peruanos y peruanas tenemos que enorgullecernos de haber acudido a las urnas de manera voluntaria, de manera pacífica y ahora corresponde esperar pacíficamente los resultados que den las autoridades electorales”; añadió.

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A su turno, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que “no es el momento” de realizar movilizaciones y marchas que puedan afectar las campañas de vacunación contra el coronavirus y generar aglomeraciones de personas cuando en el Perú se están registrando descensos en la curva de contagios por la segunda ola.

“No es el momento de hacer marchas y menos concentraciones vecinas a los centros de vacunación. Es un factor en contra de lo que venimos haciendo y venimos viendo que estamos venciendo esta segunda ola. Esto afecta la vacunación, como ya sucedió en días atrás en el Campo de Marte”, comentó el ministro.

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En diálogo con El Comercio, Álvaro Vargas Llosa, hijo de escritor peruano Mario Vargas Llosa, sostuvo que el Nobel considera que el resultado de las elecciones presidenciales solo las determinará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También, afirmó que la candidata presidencia de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, le aseguró que si el resultado le es adverso, lo reconocerá.

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—Se conoce esta llamada del Presidente Francisco Sagasti a su padre, Mario Vargas Llosa, a fin de que intervenga de alguna u otra manera en la situación política de nuestro país…

Efectivamente, esta llamada se realizó anteayer (miércoles). Tuvimos un aviso previo porque el presidente lo comunicó a algunas personas allegadas a él para que lo ayudarán a localizarlo; de manera que, en fin, supongo que esto indica a que algunas personas ya lo sabían en Lima; en cualquier caso, la llamada se produjo anteayer (miércoles). Yo no puedo, lógicamente, y mi padre tampoco, revelar el contenido de la conversación porque sería una infidencia, fue una conversación estrictamente privada. Inmediatamente después de concluida, él me contactó, me contó la llamada, me contó su contenido, y me pidió que contactara a Keiko Fujimori para expresarle su respaldo inequívoco a lo que está haciendo, es decir a las diligencias que está haciendo a las autoridades electorales para que revisen a fondo, tanto las solicitudes de nulidad, como las actas observadas a partir de una serie de votos impugnados por la gente de Perú Libre. Luego me pidió en la medida que él no tiene acceso a redes sociales y no está en estos momentos en contacto con la prensa, que hiciera una muy escueta declaración reiterando más o menos lo mismo, en el sentido de que, para él el resultado de la elección aún es incierto y hay que esperar que las autoridades electorales hagan su trabajo y que solo ellas, sin interferencia política de ningún tipo, son las que deben determinar el resultado, es decir el desenlace de esta elección.

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—¿Cómo tomó su padre esta llamada del señor Presidente?

Evidentemente en el clima de zozobra, ansiedad, impaciencia, y de angustia que hay en el país, digamos, no le sorprendió excesivamente que se produjera una llamada de esa naturaleza. Lo que sí, digamos, ocurre; es que precisamente, porque el país está atrapado en ese clima, podría suscitarse como le dije anteriormente, el rumor de que en esa conversación hubiera ocurrido algo que modificara su postura. No es que el Presidente intentó eso, sino que en ese clima en el que estamos es muy fácil que se desate cualquier rumor si una conversación como esta se filtra, y era evidente que esta conversación se iba a filtrar, era absolutamente obvio que esta conversación no sería un secreto. Por eso es que me pidió que la contactara a ella y le dijera una vez más que su respaldo es inequívoco y que además él piensa que el resultado de esta elección no está aún determinado, que solo el Jurado Nacional de Elecciones puede determinarlo y que es muy importante que todos los sectores, sin excepción, respetemos el trabajo de las autoridades.

—Cuando usted llama a la candidata Fujimori y le comenta sobre la comunicación del presidente a su padre, ¿Cómo lo tomó ella?

Ella lo agradeció, ella sabe muy bien que tiene nuestro respaldo y agradeció el gesto que para evitar cualquier suspicacia en esa coyuntura, en ese contexto, yo le reiterara a nombre de él el respaldo inequívoco a lo que está haciendo. Lo apreció, lo agradeció, y ahí quedó la conversación.

—¿No le dijo nada sobre el acto de Sagasti de llamarle a su padre para esa conversación?

No, no, por supuesto que no. No, porque ella entendió perfectamente bien que lo que importaba del gesto era evitar cualquier suspicacia, es decir, evitar de que de pronto la conversación, si se filtraba, se filtraba el hecho de la conversación en Lima, surgiera la especulación de que ese respaldo ya había dejado de existir. Él quería que eso quedará muy claro y ella lo entendió así, lo agradeció inmediatamente. Yo creo que es muy lógico, recuerde usted que hay que situarse en el clima en el que está en estos momentos atrapado el Perú. Si estuviéramos en un clima de mayor normalidad a lo mejor ni siquiera hubiera sido necesario que llamara Keiko a reiterarle el respaldo, ella lo conoce muy bien y lo sabe todo el país, pero en este clima, en este ambiente de sospecha, de suspicacia, en este clima altamente tóxico, cualquier conversación que tenga el Presidente con alguien que está respaldando públicamente a uno de los candidatos, puede dar pie a una interpretación equivocada.

—¿En contraparte se conoce, o a su padre el presidente le manifestó, que había también conversado con alguien más, del círculo de Pedro Castillo?

No. Eso no tengo ninguna noticia y no puedo ir más allá porque tendría que entrar en el detalle de la conversación. Yo entiendo por lo que él ha dicho, por lo que el presidente ha dicho públicamente que ha tenido contacto con otras personalidades y bueno pues él digamos ha justificado eso desde el punto de vista de la necesidad de mantener la calma, es lo que él ha dicho públicamente, no forma parte de esta conversación.

—Algunos sectores cuestionaron la llamada del presidente y en el Congreso corrieron voces sobre una censura y hablaron hasta de vacancia, ¿Cómo toma esa reacción del Congreso?

Creo que sería un error, esto sería un error por dos razones. La primera es porque sería efectivamente eso, echar leña al fuego, incendiar aún más una situación que ya es altamente tóxica, y por una segunda razón porque distraería completamente la atención del país con respecto a lo único que realmente importa en este momento y es que los organismos electorales cumplan con su deber y cumplan con su trabajo. En este momento hay muchísimas actas que son materia de observación, hay muchísimas solicitudes de nulidad, y yo tengo la convicción absoluta de que ha habido por parte de Perú Libre un juego muy sucio en muchas mesas en el Perú, no puedo determinar yo cuántas por eso no puedo decirle mi opinión, digamos, cuál va a ser el desenlace, la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, habrá que esperar, pero lo que sí está claro es que hay una tarea urgentisima por cumplir. Esta elección no está cerrada todavía, así lo ve la comunidad internacional por cierto, hay que reiterar la importancia del documento que se ha hecho público ayer por parte de 17 exgobernantes, todos ellos demócratas a carta cabal, todos ellos importantes con prestigio internacional porque todos estamos viendo lo mismo, que hay en estos momentos un proceso que no ha concluído a pesar de que el señor Castillo, a mi modo de ver, de una manera totalmente temeraria e irresponsable se ha autoproclamado presidente. En una democracia nadie se autoproclama nada desde el punto de vista electoral, eso solo lo puede hacer el ente electoral, por eso es tan importante centrarnos en el fin.

—Ya estamos a casi un mes para que el presidente Sagasti concluya su mandato, ¿cualquier acción como la que se analizaba en el Congreso podría llevarnos al caos?

Claro, por supuesto. A él le ha tocado una situación extremadamente delicada, por no decir explosiva, evidentemente no es la situación que él había previsto, ni que nadie había previsto, todos hubiéramos querido un desenlace más rápido, menos complejo, y, desde luego, sobre todo él que es quien tiene que navegar este barco y llevarlo a la orilla, pero dada la situación es realmente importante que el Presidente, la Presidenta del Consejo de Ministros, los Ministros de Estado, y todos los funcionarios públicos se conduzcan con un enorme cuidado, precisamente porque hay este clima de suspicacia. Obviamente en el caso de los funcionarios del Estado además hay la obligación legal de neutralidad, no estoy diciendo que se esté violando la neutralidad pero sí digo que hay que recordar que cualquier paso que dé el presidente o que den los Ministros, o que den los funcionarios que están por debajo de ellos, que sea percibido como violatorio de la neutralidad, lo que va hacer es enardecer aún más el clima tóxico en que estamos. Yo estoy seguro que él es consciente de eso, y ojalá que todos los funcionarios que sirven bajo su presidencia sean conscientes de eso porque si no esto puede terminar muy mal. Hay que tener un cuidado muy extremo en esta situación tan delicada.

—Entonces, ¿estamos frente a una interferencia como algunos políticos lo han interpretado, o un error?

Como le digo, esas son algunas de las interpretaciones por eso hay que tener mucho cuidado porque un clima como este por supuesto que sí eso puede dar pie a una interpretación de esa naturaleza. No es la interpretación que hacemos nosotros por supuesto, pero sí entiendo, por el escándalo que se ha creado que esa interpretación la han hecho sectores importantes del país; y por eso mismo hay que actuar con extrema prudencia en estas circunstancias porque sino la eventual sospecha de que no hay neutralidad va entorpecer muchísimo el proceso. No digo que eso es lo que haya ocurrido, pero sí digo que hay que tener extremo cuidado para evitar que esa sea la interpretación. Evidentemente hay un sector que así lo ha interpretado.

—¿Usted cree que el Congreso debería abstenerse de intervenir en esta situación?

Sí, yo creo que sí. Estamos con un gobierno que está de salida, estamos impaciente por saber quién va a suceder al presidente Sagasti, yo espero se la sucesora Keiko Fujimori, pero eso solo lo puedo determinar el Jurado Nacional de Elecciones y evidentemente lo peor que podemos hacer en estos momentos es crear una distracción de esa magnitud y además enardecer aún más el ambiente.

—Usted comentó sobre el pronunciamiento de expresidentes invocando a esperar los resultados por el ente electoral, pero hemos visto que dos presidentes, de Bolivia y Argentina, felicitaron a Pedro Castillo por adelantado…

Es absolutamente indebido lo que ha hecho el señor Morales (Luis Arce) y lo que ha hecho el señor (Alberto) Fernandez, es absolutamente indebido. No solamente porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado un presidente todavía en el país; sino porque además ambos dan toda la impresión de querer influir en el proceso. Mi impresión es que esto no tiene nada de inocente y que lo que ha tratado de hacer es, en cierta forma, ejercer una presión externa sobre el proceso porque ellos saben perfectamente bien, están nociosamente informados por sus embajadores de que este proceso está en marcha, de que este proceso sigue su curso y no ha concluido. De manera que yo no veo nada inocente en esas declaraciones y yo celebro por cierto que la Cancillería peruana haya respondido al Gobierno argentino con celeridad haciéndole notar que esta intervención es indebida. No es la función de los gobiernos extranjeros proclamar al presidente del Perú.

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—Una vez el Jurado Nacional de Elecciones proclame al elegido, la otra parte que, vamos a tener que llamarlo perdedora o perdedor, tendría que llamar a sus seguidores a un clima de paz. Por ejemplo, no como hizo el señor Castillo inicialmente, a incitarlos a salir a las calles…

Sí, por supuesto que sí. Primero que nada, hay que decir que el señor Castillo también se ha autoproclamado Presidente. Eso me parece a mí temerario de su parte, extraordinariamente peligroso en el clima en el que estamos y además muy poco respetuoso de la legalidad. Esto es algo que él no ha debido hacer. Luego, las amenazas constantes de sacar a la gente a la calle hechas por él personalmente, también implican una intencionalidad muy clara que es la de presionar a los Jurados Especiales y eventualmente al Jurado Nacional de Elecciones, eso está muy claro. El señor Castillo tiene que esperar el resultado de las elecciones y en caso de que su rival, su contendora sea la ganadora, tiene que felicitarla y tiene que desearle suerte, y tiene que por supuesto hacer lo posible para evitar que sus seguidores traten de revertir ese resultado ejerciendo una presión callejera que podría conducir a la violencia.

—¿Lo propio tendría que hacer la señora Fujimori en el caso contrario? Llamar a la calma.

Claro que sí. No solamente eso, ella ha dicho y también me lo ha dicho en privado, que si el resultado le es adverso, ella lo reconocerá. Otra cosa es que, hasta que eso ocurra ella tiene todo el derecho de ejercer su defensa. Ella está defendiendo su voto. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. En multitud de países democráticos, democracias incluso más consolidadas que la nuestra, se han producido circunstancias de esta naturaleza y los candidatos o candidatas que se sentían perjudicados han ejercido su legítimo derecho a la defensa. Ella no está haciendo nada que esté fuera de lo que constituye el marco de sus derechos legítimos. Ahora, una vez concluido el proceso, si el resultado le es adverso ella lo reconocerá, así me lo ha dicho, así lo ha dicho al público, y yo le creo.

—¿Qué tendría que hacer el próximo presidente o presidenta de la República cuando asuma el 28 de julio?

Dependerá de quién sea. Yo creo que si es Keiko Fujimori, creo que tiene que, desde muy temprano, desde los primeros días, demostrar que sus compromisos de la segunda vuelta los va a cumplir a rajatabla. Creo que la convocatoria de un Gobierno de ancha base es fundamental, realmente muy importante. En segundo lugar, creo que es fundamental entender que ha habido una división, si usted quiere geográfica, muy significativa en este resultado electoral; independientemente de que aún no tenemos un resultado definitivo, está claro que hay una grieta importante que se ha producido en el país y creo que en el caso de ella hay que hacer un enorme esfuerzo desde el comienzo para recuperar la confianza de un amplio número de peruanos en el sur del país. Creo, por otro lado, que tiene que hacer un esfuerzo para bajar la tensión porque evidentemente para la estabilidad de la democracia, para la estabilidad de su Gobierno y para, digamos, el reinicio del proceso de inversión económica en el país, es fundamental que hay un mínimo de concordia y de armonía. En el caso de que sea él (Pedro Castillo), es absolutamente imperioso que él renuncie a este proyecto golpista que constituiría el convocar un referéndum que es inconstitucional e ilegal para preguntar a la ciudadanía si quiere una asamblea constituyente y luego convocar a las elecciones para una asamblea constituyente que evidentemente liquidaría al Congreso recientemente electo. Este es un proyecto que es írrito a la constitución, que es absolutamente ilegal, y creo que es lo primero que él tendría que hacer si quiere recuperar algo de confianza en esa mitad del país que no ha votado por él, y además en una comunidad internacional que va a ver con muy malos ojos que desde su inicio de gobierno un eventual presidente Castillo viole la constitución del país y trate de establecer aquí un régimen similar al que se ha dado en otros países sudamericanos ajeno a la democracia.

—Finalmente, ¿qué reflexión tiene sobre cómo nos encuentra el Bicentenario como país, como sociedad, en lo político, en lo social?

Evidentemente mucho menos bien de lo que uno quisiera. En Perú hace algunos era un país, casi el país vedette de la región, era el país en el que se fijaba todo el mundo, el país que parecía modélico en la región, había un crecimiento económico, había una expansión de la clase media, había una estabilidad democrática; y claramente en los últimos años eso se ha ido deteriorando por una serie de razones. La corrupción ha sido una de ellas y eso ha hecho que la fina imagen del país se deteriore también de una manera muy significativa. Entonces, llegar al Bicentenario en esas condiciones, lógicamente, no es algo que satisfaga y agrade a ningún peruano. Dicho esto, hay países que han salido de situaciones infinitamente peores, así que de que hay una salida, la hay. De eso no tengo ninguna duda. Ahora, hay ciertas condiciones que cumplir, una de ellas es el imperio de la legalidad, el imperio de la Constitución, otra de ellas es un tema de consensos elementales, y otro es que es muy importante que las políticas sociales del Perú son absolutamente indispensables, hay un sector de la población que la está pasando muy mal, se de dentro de un clima propicio para un aumento significativo de la inversión privada. Ir contra la inversión privada en un país donde hay un segmento tan grande peruanos están en la pobreza, sería verdaderamente un suicidio.

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Pero a partir de allí, Castillo recibió las visitas de excandidatos presidenciales como Daniel Salaverry, George Forsyth, Ciro Gálvez y el congresista José Vega, en su alojamiento en Breña. Fuentes de la agrupación sostuvieron que esas reuniones fueron protocolares, y no se hicieron pactos.

De ellos, el más llamativo fue Salaverry, pues tras una reunión se autoproclamó vocero de Castillo. Cevallos, integrante del equipo de Perú Libre, lo desmintió pocos minutos después. Lo cierto es que Salaverry cumplió un papel para confrontar al fujimorismo por el pedido de nulidades de actas de votación.

Aunque el que no ha tomado a bien todas las declaraciones ha sido Vladimir Cerrón. “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que PL es el que ha ganado las elecciones”, escribió en Twitter.

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Esta semana, Castillo también recibió las visitas de los excancilleres Óscar Maúrtua y Manuel Rodríguez Cuadros y del exalcalde de Lima Ricardo Belmont. Ambos han tenido un paso por tiendas izquierdistas: Rodríguez Cuadros fue lanzado como candidato presidencial de Fuerza Social, el partido de la exalcaldesa Susana Villarán, en las elecciones del 2011, aunque renunció; mientras que Belmont intentó regresar a la comuna limeña por el partido que hoy cobija a Castillo.

Además, Castillo recibió a miembros de su equipo como la candidata vicepresidencial Dina Boluarte, la vocera parlamentaria Betssy Chávez, Julián Palacín y Julio Arbizu; al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra; al de Comas, Raúl Díaz Pérez; y a los excandidatos al Congreso Ciro Castillo Rojo (Somos Perú) y Óscar Bravo Olguín (Avanza País). Sin duda, conforme avancen los resultados de ONPE, las visitas aumentarán.

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A través de la participación de dos abogados, entre ellos Julio César Castiglioni, y la personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, el partido político de Keiko Fujimori sustentó pedidos para anular mesas de votación en países como Chile, Argentina y otros.

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La audiencia fue transmitida en vivo por el JEE Lima Centro 1 y contó con la participación del presidente de este jurado, Luis Carrasco, y sus dos integrantes titulares Teddy Cortez y Rubén Fernando Crispín.

“El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 informa que este sábado 12 a las 10:00 a.m. transmitirá en vivo, por Facebook del JNE y el canal JNE TV, la audiencia pública para revisar 11 pedidos de nulidad de actas electorales correspondientes a los peruanos en el extranjero”, informó el Jurado Nacional de Elecciones.

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Castiglioni y los representantes de Fuerza Popular señalaron que las actas tenían firmas de miembros de mesa que diferían de las firmas que los ciudadanos peruanos tenían en sus respectivos DNI, aduciendo con esto una intención de fraude.

A su turno, el abogado en representación de Perú Libre, Sebastián Reyes, señaló que estas acusaciones no eran viables porque implicaban la posibilidad de que su agrupación política fuera una organización criminal de alcance internacional que podría vulnerar las elecciones en diversos países.

Los JEE como Lima Centro 1 y Lima Centro 2 están transmitiendo en vivo por internet sus audiencias para revisar las actas que han sido impugnadas y, en este caso, para analizar los pedidos de nulidad que presentaron ambas agrupaciones políticas que buscan anular la votación en mesas de sufragio específicas en el Perú y en el extranjero.

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“Nos preocupan dos cosas: que se retroceda sobre una decisión del pleno y, en segundo lugar, que esta decisión se fundamente en un tema que es de forma, cuando lo que está en juego es algo de fondo que es nuestra democracia”, señaló en declaraciones a RPP.

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Para Guerra García, el JNE está basándose en un horario que aseguró es “interpretable” porque señalan que las 8 p.m. del miércoles 9 de junio fue el tiempo límite para plantear las nulidades, cuando la ley electoral habla de tres días después de realizada la segunda vuelta electoral.

#LoÚltimo | El Presidente del #JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informó que se ha dejado sin efecto el acuerdo extensivo para la presentación de solicitudes de nulidad tomado esta mañana, por lo tanto, los plazos vencieron el miércoles 9 de junio a la 20:00 horas. pic.twitter.com/UDRnaKqNWa

— JNE Perú (@JNE_Peru) June 12, 2021

“Es un tema de plazos que se podría interpretar. y se pone 8 p.m. de manera arbitraria cuando la norma dice tres días. Están basándose en fórmulas demasiado legalistas para la importancia de todo este proceso”, comentó.

El virtual parlamentario fujimorista respondió así luego que el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informara que el ente electoral decidió dejar sin efecto el acuerdo que habían tomado para ampliar el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de mesas de sufragio por no haber tomado en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

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“En esa sentencia del Tribunal Constitucional se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en acatamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto, también los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalado en la Resolución 0086-2018 de JNE, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles a las 20:00 horas”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Hernando Guerra García insistió que más importancia debe tener el fondo que la forma. “El fondo del asunto es que necesitamos tiempo para ingresar estas actas en una situación anormal, de pandemia, en la que no se ha podido presentar de manera presencial (las nulidades). Si vamos a ser formales, entonces el día termina a las 12 a.m. y no 8 p.m. como ellos, en una norma inferior a la ley, han interpretado”, cuestionó.

De otro lado, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular cuestionó al presidente de la República, Francisco Sagasti, por su comunicación con el escritor Mario Vargas Llosa.

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“Creo que es una interferencia en un proceso que no ha terminado [...] El proceso termina cuando el árbitro pita, cuando el JNE dice tal es el ganador. Mientras tanto, un presidente de la República no puede hablar por más buena intención que diga tener [...] Lo que ha debido hacer es permanecer en silencio y meditando con su conciencia”, concluyó.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue ayer el centro de atención luego de que, por unanimidad, aprobara un acuerdo para que los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos candidatos disputan la presidencia en la segunda vuelta electoral, puedan presentar recursos de nulidad de las mesas de sufragio hasta las ocho de la noche de ayer. Sin embargo, horas después y ante las críticas, recularon por mayoría.

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Esta historia de idas y venidas empezó el miércoles 9 de junio, cuando la agrupación política Fuerza Popular –a través de su personera legal Milagros Takayama– envió un oficio a la presidencia del JNE, solicitándole ampliar el plazo para poder ingresar los expedientes de nulidad de las mesas de sufragio por considerar que habían detectado vicios en las mismas.

Las nulidades se pueden presentar hasta el tercer día de concluida la fecha de los comicios. Es decir, el miércoles 9 de junio venció el plazo de ley.

Según fuentes consultadas por El Comercio, el oficio llegó hasta la secretaría general del JNE, que fue la que dio cuenta y agendó el tema para que sea tratado por el pleno de dicho órgano electoral.

El debate empezó el jueves. Pero la mañana de ayer, los cuatro integrantes del pleno, Jorge Salas Arenas (presidente), Jorge Rodríguez Vélez, Luis Arce Córdova y Jovian Sanjinez Salazar, decidieron acoger el pedido para modificar el calendario de recepción de estos recursos, sin ninguna objeción.

Este Diario pudo conversar con los integrantes del pleno momentos antes de que el escenario cambiara, y justificaron su decisión alegando que “el plazo de tres días es muy corto para una dimensión de impugnaciones o reclamaciones muy elevada”. Y, por cuestiones de equidad para ambos partidos, se decidió prorrogar el plazo. Descartaron que se quisiera beneficiar o perjudicar cualquiera de las candidaturas.

Otra fuente confirmó que, en efecto, “todos estuvieron de acuerdo”.

Sin embargo, cuando la decisión –que no se oficializó por el ente electoral– se conoció extraoficialmente en horas de la tarde, empezaron los cuestionamientos al JNE.

Ello generó que el presidente de dicha entidad convocara a sus pares y propusiera reconsiderar la decisión.

La medida final se tomó por mayoría con los tres votos de Salas Arenas, Rodríguez Vélez y Sanjinez Salazar, contra el voto en minoría del magistrado Arce Córdova.

Tras ello, este Diario conversó con fuentes del pleno del JNE, quienes indicaron que hacer una reconsideración era válida. Explicaron que el reexamen de la decisión inicial y posterior reconsideración se hizo al amparo de la resolución 5448-2011/AA del Tribunal Constitucional.

“Esto quiere decir que el miércoles fue el último día de recepción de acuerdo a la resolución 86-2018 del jurado”, indicaron.

A través de un video difundido en Twitter, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que “la voluntad ciudadana está siendo escrupulosamente respetada”.

El magistrado explicó que, a su pedido, se decidió reexaminar la medida.

Informó que se “consideró la sentencia que no se había tenido inicialmente en cuenta; en esa sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos”.

Expertos en temas electorales consultados por este Diario coincidieron en señalar que la intención inicial del JNE era “ilegal”, debido a que las normas no prevén la variación del plazo establecido para el proceso electoral.

Perú Libre y Fuerza Popular a la espera de resultados oficiales

Después de conocerse la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de retroceder en la ampliación de plazo para presentar nulidades, Perú Libre y Fuerza Popular se mantienen a la espera de resultados.

El candidato presidencial de PL, Pedro Castillo, hizo un llamado al pleno del JNE a garantizar un proceso electoral “limpio y justo”.”El pueblo peruano lo merece”, agregó.

“Tras el retroceso del JNE en la ampliación del plazo para las nulidades, saludo a los/as ciudadanos/as por su activa participación vigilante y pacífica”, manifestó.

Más temprano, la candidata a la vicepresidencia por el mismo partido, Dina Boluarte, cuestionó el pedido para ampliar el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de actas de mesas de sufragio.

Antes de que el JNE confirme que se retrocedió en la medida de ampliar el plazo para recibir solicitudes, indicó: “Denunciamos y llamamos a la población peruana a estar alertas, a decirle al JNE que no pueden estar quitándonos nuestros votos, el pueblo ya decidió”.

En tanto, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, declaró a la prensa que “la justicia electoral es más importante que la forma”.

“Lo peor que podría pasar es que alguien diga ‘acá hemos encontrado otra irregularidad’. Esos casos deben verse porque la justicia electoral es mucho más importante que la forma. Nadie está diciendo que no se cumpla la forma, hay que cumplirla, pero si la forma es ‘nada más, un minuto más, ya no’ cuando tienes pruebas contundentes, creo que eso es un tema que obviamente el Jurado (debe ver)”, dijo.

Añadió que su partido “respeta las decisiones que tome el jurado”.

Julio Castiglioni, abogado de Fuerza Popular, aseguró que la decisión del JNE “no afecta en nada” su defensa.

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Tras las elecciones de segunda vuelta del último domingo entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con el cómputo para los resultados del proceso. En medio de ello —y de ocurrencia de votos impugnados y actas observadas—, desde el partido fujimorista se ha denunciado un presunto “fraude en mesa”.

Sin embargo, el presidente de Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, rechazó esa posibilidad y, en diálogo con El Comercio el martes, informó que el pleno del organismo decidió hacer públicas las sesiones donde el colegiado delibere y vote las resoluciones sobre las actas observadas. Esto se desarrollaba normalmente en privado. El objetivo, afirmó, es transparentar este procedimiento en su estadio final.

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“Solamente por esta vez lo vamos a hacer. Quizá se presentara en el futuro alguna necesidad de abrir la deliberación y no tenemos inconveniente de hacerlo. En esta oportunidad obedece a la especial calidad, condición y situación que se ha generado”, manifestó.

Para llegar a ese estadio referido a las actas observadas, sin embargo, hay todo un proceso. Y lo mismo para la resolución de votos impugnados. Un aspecto importante es que los ciudadanos pueden monitorear el avance de los procedimientos, así como del cómputo de la ONPE, a través de distintas plataformas y herramientas.

Son esas herramientas y los procedimientos de los organismos electorales los que, a decir del experto en derecho electoral, Jorge Jáuregui, restan posibilidades de opacidad y garantizan la adecuada resolución del proceso electoral.

El especialista consideró una medida acertada la decisión del JNE: “Es muy relevante, porque es un modo en el cual desde los organismos electorales se ofrecen mejores condiciones para lograr la confianza pública, que lamentablemente se ha visto afectada por tanta desinformación […] Lo que están haciendo es incrementando mecanismos para dar mayor transparencia, no obstante haber tenido un buen desempeño”.

El cómputo de la ONPE

La ONPE tiene habilitada una plataforma web en la que va actualizando la cantidad y porcentaje de votos para cada candidato en base al avance de las actas electorales procesadas y contabilizadas.

En ese espacio, los ciudadanos pueden buscar resultados sobre los votos a nivel nacional y del extranjero. En el primer caso por departamentos, provincias y distritos. En el segundo, por continente, país y estado en donde hay electores hábiles para sufragar.

Asimismo, se aprecia la cantidad de actas electorales que han sido observadas por el personal de la ONPE y enviadas a los JEE, además de la precisión de votos impugnados y las causales de observación. Estas pueden ser por: errores materiales, como en los números consignados; actas ilegibles, con borrones o enmendaduras; información incompleta; falta de datos o ausencia de las firmas exigidas de los miembros de mesa.

En esa plataforma también se puede apreciar el nivel de participación ciudadana en las elecciones y un detalle importante: las propias actas electorales de las distintas mesas de sufragio, que se publican a medida que se van procesando y contabilizando las mismas. El ciudadano puede buscar por ámbito (Perú o extranjero), departamento, provincia, distrito, local de votación y número de mesa de sufragio. Otra opción es buscar el acta electoral a través del número de mesa.

El proceso en los JEE

Los JEE tienen actuación clave. Por un lado, emiten resolución en segunda y última instancia respecto de los votos impugnados en la mesa de sufragio, previa audiencia pública. Esas impugnaciones se dan de parte de personeros de los partidos en el momento del escrutinio y son resueltas en primer término por los propios miembros de mesa, que se convierten en el tribunal que decide en primer término en cuanto a este proceso.

Las resoluciones del JEE son públicas. Se difunden a través de la Plataforma Electoral del JNE, en donde se puede monitorear el desarrollo del trámite sobre impugnaciones de votos, visualizar y descargar los expedientes de los mismos, que contienen a su vez las actas en controversia. Es más, se informó que el JEE Lima Centro 2 realizará este miércoles 20 audiencias sobre votos impugnados, desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. vía Zoom.

Las convocatorias a esas sesiones también se aprecian en dicha plataforma.

Por otro lado, los JEE resuelven en primera instancia las actas observadas. En la plataforma web del JNE también se puede acceder a los expedientes de las mismas e incluso hay información general respecto de cómo va avanzando dicho trabajo.

Al cierre de este informe, Castillo sacaba una diferencia de más de 84.000 votos a su rival Fujimori. El docente registraba el 50,24% de los votos válidos, mientras que la excongresista, el 49,76%. Ello al 99,40% de actas procesadas y al 97,96% de las contabilizadas.

Asimismo, la ONPE reportó que, de más de 85.965 actas procesadas, 1.246 (que representarían más de 311.000 electores en bruto considerando un promedio de 250 por mesa, pero no necesariamente votos) fueron enviadas a los JEE por distintas observaciones, y que de ese total, 456 tenían votos impugnados. En tanto, al 89,94% de actas procesadas provenientes del extranjero se dio cuenta de la participación, al momento, de 286.322 connacionales de un padrón de 997.000.

El proceso en el JNE

Ante las resoluciones del JEE sobre actas observadas cabe la apelación, para que el pleno del JNE resuelva en segunda y definitiva instancia. Salas Arenas informó que, hasta el martes por la tarde, aún no se habían reportado expedientes de apelación. Estos también se pueden revisar en la plataforma web del organismo.

Para resolver las apelaciones, el JNE convoca a audiencia pública dentro de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que fue notificado de la apelación. Ahí se escucha a las partes y luego, el colegiado, delibera normalmente de forma reservada para, finalmente, publicar su resolución final, que también se puede revisar en la plataforma web de organismo.

El titular del JNE, sin embargo, ha anunciado que esas deliberaciones serán ahora públicas.

Tanto para los casos de votos impugnados, como actas observadas, o de ser el caso solicitudes de nulidad de actas, la plataforma electoral web del JNE permite a los ciudadanos buscar por tipo de expediente, jurado electoral especial, departamento, provincia, distrito, número de expediente o número de acta.

Es más, existe un apartado para conocer el avance de expedientes de actas observadas a nivel general y por JEE de acuerdo a la circunscripción electoral. Hasta el cierre de este informe se reportaban 1.439 expedientes generados y 672 resueltos. Esto último, a ese momento, representaba el 46,7%.

Tras la segunda vuelta del 5 de junio del 2016 entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, el JNE culminó unas dos semanas después con las audiencias de apelación de actas observadas. Por entonces, el JNE informó que en un día, el 13 de junio de aquel año, vio 191 casos en audiencias por apelaciones sobre actas observadas.

Luego, proclamó los resultados de ese proceso electoral mediante una resolución del 28 de junio de ese año.

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En un video publicado por ese poder del Estado en Twitter, detalló que tras estudiar el caso, se llegó a la conclusión de que el magistrado de Huancavelica cometió el presunto delito de prevaricato.

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“En este caso, recibida la notificación el día miércoles por la tarde-noche, revisamos la resolución, obviamente para nosotros hay vastas irregularidades en esa resolución, por eso formulamos la apelación”, expresó.

“También advertimos una conducta de una presunta comisión de delito de parte del juez, por eso inicialmente nos sentamos a estudiar el caso y arribamos a que sí había un delito de prevaricato”, añadió.

Palomino enfatizó que la Procuraduría del PJ es un “organismo autónomo e independiente”, y en razón de ello se plantearon las dos acciones: apelar al fallo y denunciar al juez.

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#LOÚLTIMO
Entrevista al Procurador del Poder Judicial, Marco Palomino sobre la denuncia por prevaricato presentada contra el Juez Alain Salas quien concedió Habeas Corpus a favor de #VladimirCerrón pic.twitter.com/OKUETpDlBT

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 12, 2021

Cabe indicar que el Poder Judicial informó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha iniciado una investigación al juez Alain Salas Cornejo. Su Procuraduría también lo denunció por prevaricato.

Como se recuerda, el juez de Investigación Preparatoria de Acobamba declaró fundado en parte el hábeas corpus que alegó una supuesta vulneración en el derecho a la motivación en las sentencias que, en primera y segunda instancia, condenaron a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible.

De este modo, se declaró nula la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Junín, del 5 de agosto del 2019. También se anuló la confirmación de la condena, emitida el 18 de octubre del mismo año.

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Por 91 votos a favor, dos en contra y 15 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio de los proyectos de ley 254, 486 y otros. El proyecto fue exonerado de una segunda votación con 89 votos a favor, tres en contra y 16 abstenciones.

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Según el documento final aprobado por la Comisión de Constitución, el Parlamento solo puede aprobar, de manera excepcional, el otorgamiento de una pensión de gracia, vitalicia o por periodo definido, a los expresidentes.

Para ello, los beneficiarios deben encontrarse en estado de necesidad o de incapacidad para trabajar, no percibir otra pensión o ingreso del Estado, no haber sido acusado constitucionalmente por el Parlamento y no tener sentencia por delito doloso.

“El monto de la pensión, que tiene el mismo carácter que señala el artículo 4 de la Ley 27747, Ley que regula el otorgamiento de pensión de gracia, será fijado en función del desempeño del cargo del mandatario y la labor de trascendencia nacional realizada en beneficio del país”, dice la norma.

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“En ningún caso la pensión puede ser superior a las 8 remuneraciones mínimas vitales. Su otorgamiento se realiza con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República”, añade.

Se eliminó la disposición complementaria transitoria, que autorizaba que los recursos económicos previstos como pensión para expresidentes durante el año fiscal 2021, así como los otros beneficios, sean “destinados al fin social” que determine la Mesa Directiva del Parlamento.

El texto sustitutorio también modifica el numeral 6 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, precisando que a los expresidentes se les asignará el resguardo personal mínimo necesario por dos años, contados a partir del día siguiente de su cese en el cargo.

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Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien explicó que la medida se adoptó debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no ha anunciado los resultados oficiales del balotaje.

“Ante las expresiones del señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y del Presidente y Vicepresidenta de la República de Nicaragua, el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta a los embajadores de dichos países en el Perú, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales de nuestro país”, precisó en Twitter.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
►https://t.co/1JPoU57G6j pic.twitter.com/uf6Fuu9fCn

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 11, 2021

El último jueves el mandatario de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Castillo Terrones y dijo que su país se unía “a la celebración del pueblo peruano” en la “lucha por un mañana con justicia e igualdad para los pueblos”.

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“Bolivia se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano Pedro Castillo, Presidente electo del Perú, país con el que compartimos historia y cultura. La Patria Grande suma fuerzas para continuar la lucha por un mañana con justicia e igualdad para los pueblos”, señaló.

#Bolivia se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano @PedroCastilloTe, Presidente electo del #Perú, país con el que compartimos historia y cultura. La #PatriaGrande suma fuerzas para continuar la lucha por un mañana con justicia e igualdad para los pueblos. pic.twitter.com/vz7QPd2POg

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 10, 2021

Similar actitud adoptaron el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, quienes se comunicaron con Pedro Castillo para saludarlo y felicitarlo como “Presidente electo, de las Familias, del Perú”.

#AHORA #Nicaragua | Saludo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo a .@PedroCastilloTe pic.twitter.com/znNf2WROcA

— TN8 Nicaragua (@canaltn8) June 11, 2021

Castillo Terrones, candidato presidencial por Perú Libre, obtuvo el 50.199% mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, el 49.801% al 100% de actas procesadas a nivel mundial, según los últimos resultados de la ONPE.

En los resultados publicados por la ONPE, Pedro Castillo obtiene 8′800,486 votos, mientras que Fujimori Higuchi cuenta con 8′730,712 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 69,774 votos.

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A través de su cuenta en Twitter, saludó a los ciudadanos por su “activa participación vigilante y pacífica”, luego del retroceso del máximo organismo electoral en la ampliación del plazo para presentar solicitudes de nulidad de mesas de votación.

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“Tras el retroceso del JNE en la ampliación del plazo para las nulidades, saludo a los/as ciudadanos/as por su activa participación vigilante y pacífica. Asimismo, llamamos al pleno del JNE a garantizar y velar por un proceso electoral limpio y justo. El pueblo peruano lo merece”, señaló en la red social.

Tras el retroceso del JNE en la ampliación del plazo para las nulidades, saludo a los/as ciudadanos/as por su activa participación vigilante y pacífica. Asimismo, llamamos al pleno del JNE a garantizar y velar por un proceso electoral limpio y justo. El pueblo peruano lo merece.

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 12, 2021

Como se recuerda, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, informó que la anulación de la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de nulidad de las mesas de sufragio se debió porque no se tomó en cuenta la sentencia nro. 5448 del Tribunal Constitucional (TC).

En un video publicado en las redes sociales del máximo organismo electoral, indicó que la medida se adoptó tras un pedido de reconsideración que presentó y que fue finalmente aprobado con tres votos a favor.

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“En esa sentencia del Tribunal Constitucional se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en acatamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto, también los plazos quedan también para ambas organizaciones políticas señalado en la Resolución 0086-2018 de JNE, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles a las 20:00 horas”, expresó.

Salas Arenas también remarcó que en caso Fuerza Popular o Perú Libre apelen a las decisiones de los jurados electorales especiales, será el JNE el que resolverá en última y definitiva instancia.

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“Corresponden a los jurados electorales especiales continuar analizando los planteamientos de nulidad propuestos por los dos partidos políticos en contienda. Solo en caso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones conocerá dichas causas”, subrayó.

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De este modo, se concedió el recurso de apelación, presentado el pasado 9 de junio, y dispuso elevar los actuados del expediente a dicha instancia judicial, que resolverá el caso del también secretario general de Perú Libre.

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Como se recuerda, el juez de Investigación Preparatoria de Acobamba, Alain Salas, declaró fundado en parte el hábeas corpus que alegó una supuesta vulneración en el derecho a la motivación en las sentencias que, en primera y segunda instancia, condenaron a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible.

De este modo, se declaró nula la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Junín, del 5 de agosto del 2019. También se anuló la confirmación de la condena, emitida el 18 de octubre del mismo año.

Como se recuerda, el Poder Judicial impuso una condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad contra Cerrón y se ordenó su inmediato internamiento en el Centro Penitenciario de Huancayo. También fue inhabilitado por un año para ejercer cualquier función pública.

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La acusación fiscal sostiene que los implicados “se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo N° 03 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de La Oroya”, con la finalidad de favorecer al consorcio Altiplano en la suma de S/850.000″.

Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, asumió el Gobierno Regional de Junín el 1 de enero de 2019. Sin embargo, siete meses después fue suspendido por el Consejo Regional debido a una sentencia judicial.

Cerrón fue finalmente detenido el 21 de agosto del 2019 por la Policía Nacional cuando se retiraba de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín. Fue excarcelado luego de que el Poder Judicial variara su condena de prisión efectiva a suspendida.

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En un video publicado en las redes sociales del máximo organismo electoral, indicó que la medida se adoptó tras un pedido de reconsideración que presentó y que fue finalmente aprobado con tres votos a favor.

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“En esa sentencia del Tribunal Constitucional se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en acatamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto, también los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalado en la Resolución 0086-2018 de JNE, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles a las 20:00 horas”, expresó.

Salas Arenas también remarcó que en caso Fuerza Popular o Perú Libre apelen a las decisiones de los jurados electorales especiales, será el JNE el que resolverá en última y definitiva instancia.

“Corresponden a los jurados electorales especiales continuar analizando los planteamientos de nulidad propuestos por los dos partidos políticos en contienda. Solo en caso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones conocerá dichas causas”, subrayó.

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“La voluntad ciudadana está siendo y será siempre escrupulosamente respetada. Construyamos un Perú solidario, democrático y con valores”, sentenció.

#LoÚltimo | El Presidente del #JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informó que se ha dejado sin efecto el acuerdo extensivo para la presentación de solicitudes de nulidad tomado esta mañana, por lo tanto, los plazos vencieron el miércoles 9 de junio a la 20:00 horas. pic.twitter.com/UDRnaKqNWa

— JNE Perú (@JNE_Peru) June 12, 2021

Cabe indicar que la decisión se tomó por tres votos contra 1. Votaron a favor Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez y Jovian Sanjinez Salazar. En contra lo hizo Luis Córdova Arce.

Como se recuerda, en la mañana de este viernes el Pleno del máximo organismo electoral decidió ampliar hasta las 8:00 pm. de hoy el plazo para presentar las nulidades de mesas de sufragio, pese a que el plazo oficial venció el último miércoles 9 de junio.

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Hasta las 5:00 pm. del jueves 10, había 771 pedidos de nulidad de mesas de sufragio a nivel nacional y en el extranjero, presentados por Fuerza Popular (741) y Perú Libre (30).

De ese conjunto, solo 165 de los pedidos fueron presentados dentro del plazo legal. La mayoría de estos pedidos (151) corresponden al partido que postula a la Presidencia a Keiko Fujimori. Los otros 14 son de Perú Libre.

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Así lo dispuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, que informó que la audiencia se iniciará a las 15:00 horas a través de la plataforma Google Hangouts Meet.

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Como se recuerda, Pérez Gómez solicitó revocar la orden de comparecencia con restricciones contra Keiko Fujimori por incumplir las reglas de conducta que se le impusieron, como el comunicarse con testigos vinculados al caso de presuntos aportes ilícitos de campaña.

Requerimiento fiscal de revocar comparecencia con restricciones por prisión preventiva para Keiko Fujimori, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y otros, se verá en audiencia este lunes 21 de junio, a las 15:00 horas. Ver resolución https://t.co/SqTtFjd6L1

— Corte Superior Nacional (@CSNJPE) June 12, 2021

En el requerimiento presentado al Poder Judicial, el fiscal Pérez sostiene que Fujimori Higuchi no ha cumplido con lo que le ordenó una sala superior tras haber presentado en conferencia de prensa a Miguel Torres Morales como abogado y vocero político de Fuerza Popular.

El fiscal sostiene que Torres figura como testigo en el proceso y que una de las restricciones prohíbe a Fujimori comunicarse justamente con testigos en el proceso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y 2016.

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Como se recuerda, el juez Víctor Zúñiga Urday dio inicio a la etapa del control de acusación contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori y otros 39 coacusados por el presunto delito de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Así, el Poder Judicial podrá comenzar esta etapa intermedia del proceso, donde se revisarán las pruebas que presentó el fiscal José Domingo Pérez el pasado 11 de marzo, en el requerimiento acusatorio, contra Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella, su abogada Giulliana Loza, y otros miembros de su entorno más cercano.

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Señaló que la conversación de Sagasti con el novelista peruano es una “decisión personal del jefe de Estado”, pero que con ella no se ha reunido, mucho menos con Castillo Terrones.

“Respecto de la conversación del presidente Sagasti con el señor Mario Vargas Llosa, es una decisión personal del presidente Sagasti”, expresó Boluarte en una conferencia de prensa.

“Si usted me pregunta si con alguien de Perú Libre se ha reunido el presidente Sagasti, no tengo conocimiento, con mi persona no se ha reunido ni tampoco con el profesor Pedro. No tengo conocimiento”, añadió.

Como se recuerda, el presidente Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales tras la segunda vuelta del 6 de junio.

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“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, añadió al cuestionar que se pretenda “distorsionar” y “malinterpretar” una acción orientada a “mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil”.

La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. (1/4)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio marcha atrás y tras un pedido de reconsideración del presidente de dicho órgano Jorge Salas Arenas y dejó sin efecto el acuerdo tomado tan solo horas antes para ampliar el plazo a fin de recibir los recursos de nulidad de mesas de sufragio, tanto del partido político Fuerza Popular (FP) como de Perú Libre, confirmaron fuentes de El Comercio.

La decisión se tomó por mayoría con los tres votos de los magistrados Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez y Jovian Sanjinez Salazar contra el voto en minoría del magistrado Luis Arce Córdova.

Fuentes del JNE explicaron a este Dario que el reexamen de la decisión inicial y posterior reconsideración se hizo al amparo de la resolución Nro. 5448-2011/AA del Tribunal Constitucional.

“Esto quiere decir que el miércoles fue el último día de recepción de acuerdo a la resolución 86-2018. Cualquier solicitud después de ello será considerada extemporánea”, indicaron.

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#Urgente El pleno del @JNE_Peru acordó dejar sin efecto el acuerdo administrativo para ampliar el plazo para solicitar la nulidad de actas y queda firme como último plazo el miércoles 9 de junio.
Votación 3 (Salas, Rodríguez y Sanjinez) contra 1 (Arce)
vía @Politica_ECpe

— Karem Barboza (@karembq) June 11, 2021

Horas antes, El Comercio había informado que los magistrados Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez, Luis Arce Córdova y Jovian Sanjinez Salazar decidieron acoger un pedido para modificar el calendario de recepción de estos recursos hasta las 8 de la noche de este viernes, pese a que la fecha venció el último miércoles.

Sin embargo, poco después, las mismas fuentes confirmaron, luego que uno de los miembros del JNE presentó una “reconsideración” a la votación. En estos momentos, el Pleno del tribunal electoral se encuentra reunido.

Según las fuentes del JNE que conversaron con El Comercio, la reunión habría sido agendada por la secretaría general de la institución tras recibir los pedidos de ampliación. “Es un proceso administrativo, se da cuenta y comienzan las opiniones”, precisaron.

Agregaron que esto no significa que resolverán el fondo de los reclamos, solo es una ampliación para que tanto Fuerza Popular y Perú Libre tengan el plazo suficiente a fin de cuestionar lo que crean conveniente.

“Parece que el plazo de tres días es muy corto para una dimensión de impugnaciones o reclamaciones muy elevada. Entonces, el plazo legal está previsto para otro tipo de escenarios, éste se ha desbordado. Entonces, hemos entendido que, por equidad, todas las personas, todos los que participan tuvieran un plazo más extendido. Lo que no significa que estamos resolviendo el fondo”, explicaron las fuentes.

Las fuentes descartaron el favorecimiento a cualquier de las agrupaciones políticas hoy disputando la segunda vuelta presidencial. En esa línea, remarcaron en que el tema fue debatido por todos y cada unos de los integrantes del Pleno.

“El orden de la intervención fue la siguiente, Rodríguez, Sanjinez, luego Arce y al final Salas”, informaron.

Indicaron que no han modificado ninguna norma y que solo se ha precisado y ampliado “un plazo común” del reglamento.

La única intensión de la decisión adoptada por el JNE, puntualizaron, fue “abrir la cancha para que se debatan las cosas” y no debería entenderse de otra manera.

Otra de las fuentes coincidieron en que el orden del debate y votación en este caso fue Rodríguez, Sanjinez, Arce y Salas. Este último con voto dirimente.

“(No hubo objeción de ninguno de los cuatro) por eso fue una decisión unánime (...) que lean primero el contenido de la resolución y luego si quieren nos critican a los cuatro”, comentaron.

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Retrocedió, pero dejó impacto. La tarde del viernes, el Jurado Nacional de Elecciones decidió dejar sin efecto su acuerdo para reabrir el plazo de recepción de recursos de nulidad de actas electorales del domingo pasado.

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El tribunal encabezado por el magistrado Jorge Luis Salas Arenas dio marcha atrás en medio de cuestionamientos, luego de que se conociera la decisión aprobada horas antes por unanimidad. Según pudo confirmar El Comercio, se pretendía extender la oportunidad hasta las 8 de la noche de este viernes, cuando el periodo ya se había extinto por ley el 9 de junio.

En diálogo con El Comercio, el especialista en derecho electoral y ex asesor del JNE, Jorge Jáuregui Mendieta, señaló que una modificación sobre las etapas precluidas del calendario electoral habría colisionado, en primer lugar, con la Ley Orgánica de Elecciones.

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“No habría sido legal lo que pretendió hacer desde el JNE. Hay que recordar que el cronograma electoral está previsto en la ley; y no es que el JNE ‘haga’ o disponga el cronograma, sino que solo establece hitos de ese cronograma en cumplimiento de las normas”, explicó.

Jáuregui remarcó que los jurados electorales especiales habrían podido, incluso, no acatar una flexibilización como esa: “Todos los jueces de la República, incluidos los electorales, están obligados a establecer la supremacía de la Constitución sobre la ley y a interpretar la ley. Por tanto, ante una resolución contraria al sentido de la ley daría margen para su cuestionamiento”.

El también experto en temas electorales José Naupari Wong estimó que habrían sido confusos los argumentos para justificar una reapertura del plazo.

“Desde un punto de vista objetivo, la oportunidad venció el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche. No sé cómo se hubiera argumentado una reapertura de plazo si esto no se hizo en la primera vuelta, generando además un escenario de inequidad”, señaló.

Para Naupari, en términos muy formales, el JNE podría tener la competencia legal para reajustar la etapa procesal, pero no en este escenario de preclusión. “No hubiese sido oportuno y, en consecuencia, tampoco legal”, refirió.

José Tello Alfaro, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, coincidió en que lo inicialmente promovido desde el JNE fue, mínimamente, “irregular”, pues las normas no prevén la variación de un plazo procesal vencido.

“Las reglas de juego, incluidos los plazos procesales no se pueden cambiar; más aún colocando fechas arbitrarias. Le habrían dado ultraactividad a los plazos, además de lesionar el principio de seguridad jurídica al irse contra el reglamento electoral. Eso es una incongruencia absoluta”, resaltó.

Más información

Cabe recordar que, en junio del 2012, el Tribunal Constitucional enfatizó en su sentencia recaída en el expediente N° 05448-2011-PA/TC que las etapas del proceso electoral “tienen efectos perentorios y preclusivos, ya que cada una de ellas representa una garantía, las cuales en su conjunto buscan como fin último respetar la voluntad del pueblo en las urnas”.

En ese sentido, el Colegiado concluyó que “las competencias del JNE en las elecciones son delimitadas según las diferentes etapas del proceso”.

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En conferencia de prensa, cuestionó el supuesto pedido de dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ampliar el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de actas de mesas de sufragio del balotaje.

“Hasta las 5pm de ayer había 741 pedidos de nulidad de mesas de sufragio a nivel nacional y el extranjero, 731 de Fuerza Popular y 30 por Perú Libre. De ese conjunto, solo 175 de los pedidos fueron presentados dentro del plazo legal. En consecuencia, (de ser cierta) esta ampliación de presentar los recursos de nulidad, el Jurado Nacional Electoral estuviera entorpeciendo su propio reglamento”, expresó.

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Boluarte cuestionó a Luis Arce Córdova y Jorge Rodríguez Vélez, integrantes del JNE, a quienes señaló como los autores de ese pedido. Sobre el primero, lo acusó de “actuar en contubernio” con la candidata presidencial de Fuerza Popular, para “doblegar” y “torcer” la voluntad del pueblo peruano.

“Es por eso que hemos convocado de carácter urgente para hacer de conocimiento a los hombres y mujeres de la patria que salgamos a defender nuestro voto emitido el 6 de junio de manera voluntaria, libre y espontánea”, subrayó.

“Denunciamos y llamamos a la población peruana a estar alertas, a decirle al Jurado Nacional Electoral que no pueden estar quitándonos nuestros votos, el pueblo ya decidió”, agregó.

Finalmente, Dina Boluarte pidió tanto a Luis Arce Córdova y a Jorge Rodríguez Vélez a retirar su solicitud, la cual calificaron como una “pretensión torpe de querer dar un golpe de Estado desde el Jurado Nacional Electoral”.

“Creo que el pueblo no se va a prestar a este juego. Llamamos a la ciudadanía a estar alertas y defender el voto del profesor Pedro Castillo”, sentenció la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre.

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El congresista Luis Valdez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Constitución, confirmó este viernes que el Parlamento no someterá a debate el proyecto de reforma constitucional de retorno a la bicameralidad. La iniciativa planteaba reformar al menos 60 artículos de la Constitución para introducir esta figura, y que la Cámara de Senadores funcione como un espacio revisor.

El último miércoles, Valdez acudió a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente de la República, Francisco Sagasti, y se abordó el tema de las reformas constitucionales pendientes. Tras esta reunión, el mandatario expresó a través de Twitter su preocupación por las reformas, a las que calificó como “apresuradas”.

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“Entre esas reformas está la bicameralidad parlamentaria, que modificaría 65 artículos de la Contitución; y el “fortalecimiento” de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, que debilitaría aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes”, escribió Sagasti.

Como Jefe del Estado y del Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los 3 días de Pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria, y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura.(1/4)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 9, 2021

Estos mensajes despertaron tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El jueves, durante el debate de la reforma respecto al uso de la cuestión de confianza, Valdez rechazó las expresiones del presidente, por cuestionar las facultades del Congreso para debatir y votar reformas constitucionales.

“Ayer [miércoles] fui citado a Palacio de Gobierno por el presidente. Quiero lamentar y rechazar además de condenar los adjetivos que ha tenido hacia esta representación nacional el señor presidente de la República”, añadió. Valdez deslizó también que Sagasti podría ser pasible de una acusación constitucional en caso “persista con esta interferencia con el normal funcionamiento del Congreso”.

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Deliberación retirada

Valdez, en diálogo con El Comercio, dijo que el miércoles, en la reunión con Sagasti, le informó que aunque habían encontrado un “alto consenso en la academia” y en el Congreso, consideraban que “aún podría seguir debatiéndose esa reforma”.

“Si bien es necesaria, no es prioritaria todavía. En ese ánimo decidimos postergar ese debate, en todo caso que sea el próximo Congreso. No lo he dicho ahora, sino el miércoles y al mismo presidente de la República. Pese a eso, mintió con un tuit acusando y señalando al Congreso de esta reforma como la que no existe como dictamen o debate en el Congreso de la reelección de alcaldes y gobernadores”, señaló Valdez.

Reiteró que el actual Congreso ha, por lo menos, avanzando en el debate de la bicameralidad, pero “será el próximo Congreso que siga evaluando, debatiendo, esta reforma constitucional”.

La razón por la que no se insistirá más sobre el retorno a la bicameralidad es que consideran que tiene que seguir la deliberación.

“La razón es porque es una reforma muy importante y creemos que tiene que seguir debatiéndose, no solo al interior del Congreso sino en la sociedad, la academia, tienen que involucrarse en el debate. Aún cuando encontré un alto consenso. Necesita otros espacios donde discutir. No es que no haya los votos: los votos hay, pero no es una prioridad ahora para nosotros”, incidió Valdez.

El presidente de la Comisión de Constitución insistió en que la decisión de no abordar este debate no se tomó este viernes, sino el último miércoles. Asimismo, invitó al próximo Congreso a que pueda seguir generando un espacio de discusión respecto a la bicameralidad.

“Sí queremos tener una cámara de reflexión de trascendencia, así que eso resulta de suma importancia. Mi invitación al otro Congreso a seguir debatiendo”, dijo Valdez.

El legislador comentó que en el debate pudieron notar que había “cierto sector que exigía mayor reflexión, aunque este debate tiene 20 años. Como no hay consenso en su oportunidad, creemos pertinente y responsable ser amplios en esa objeción encontrada y esperemos que el otro Congreso lo siga debatiendo”.

El jueves, el proyecto de reforma constitucional respecto al uso de la cuestión de confianza no logró los 87 votos necesarios para ser aprobado en dos legislaturas sucesivas. Aunque sí se alcanzó la mayoría absoluta [66 votos], requeriría de un referéndum para que finalmente sea aprobada.

Al igual que la bicameralidad, ambas reformas constitucionales requerían una nueva legislatura si se buscaba su aprobación. Uno de los cuestionamientos apuntó, precisamente, a la creación de la cuarta legislatura. Valdez, sin embargo, dijo que había otras reformas pendientes de segunda votación y para eso sirve la cuarta legislatura.

“[...] la reforma constitucional de vivienda digna que necesita la votación en cuarta legislación, también la de acceso al derecho de internet, no solo es lo que algunas personas creen, sino que hay trabajo pendiente y para eso era necesaria la cuarta legislatura”, finalizó.

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“Procurador del Poder Judicial presentó recurso de apelación contra la resolución del juez que anuló las sentencias por corrupción de Vladimir Cerrón. Procurador solicita que se declare nula la resolución del juez e improcedente la demanda de hábeas corpus”, informó a través de redes sociales.

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El juez de Investigación Preparatoria de Acobamba, en Huancavelica, Alain Salas, declaró fundado en parte el hábeas corpus que alegó una supuesta vulneración en el derecho a la motivación en las sentencias que, en primera y segunda instancia, condenaron a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible en el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”

#Último | 🚨 Procurador del @Poder_Judicial_ presentó recurso de apelación contra la resolución del juez que anuló las sentencias por corrupción de Vladimir Cerrón.

Procurador solicita que se declare nula la resolución del juez e improcedente la demanda de habeas corpus. pic.twitter.com/VJAFxhhFu7

— Procuraduría Perú (@PGE_Peru) June 11, 2021

Según el juez de Huancavelica, las resoluciones judiciales “no desarrollan los hechos que supuestamente habría realizado” el exgobernador regional de Junín. Por lo tanto, asegura, la conclusión de las sentencias sería “de una presunción de culpabilidad, que colisiona con derecho a la presunción de inocencia”.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, mencionó que el procurador de este poder del Estado plantearía la apelación a la aprobación del hábeas corpus, además de presentar una denuncia en contra del mencionado magistrado que favoreció a Vladimir Cerrón e iniciar un procedimiento disciplinario en su contra en la OCMA.

“No queremos que se instrumentalice al Poder Judicial por algún tipo de medida judicial porque no lo vamos a permitir”, comentó a RPP este jueves.

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La jueza suprema recordó que se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra el juez de Huancavelica a través de la OCMA, mientras que el procurador del Poder Judicial ha apelado la decisión a favor de Vladimir Cerrón y, al mismo tiempo, ha acusado al magistrado por presunto prevaricato.

“Esta resolución judicial es una que se encuentra pendiente de resolver ante la Corte Suprema porque hay un recurso de casación. ¿Qué cosa señala el Código Procesal Constitucional? Que cuando se trata de resoluciones de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, el requisito es que el proceso esté finalizado y este proceso no ha finalizado. Por eso el procurador está interponiendo denuncia penal”, precisó.

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“[Keiko Fujimori] ha compartido conmigo la extrañeza de esa llamada que ha hecho el Presidente de la República; sin embargo, me ha precisado que ni ella ni el partido Fuerza Popular va a promover ningún tipo de acción contra el presidente porque lo último que necesitamos en estos momentos es una desestabilización de nuestro país”, señaló en declaraciones a la prensa.

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El exlegislador consideró que el jefe de Estado debería revelar el contenido de la citada comunicación con el Nobel de Literatura, a fin de que la población conozca el tema específico que se abordó a fin de mandar un mensaje de “tranquilidad y calma”.

“Hasta el momento no se encuentra confirmado el contenido de esa conversación, nos llama la atención, sí, pero eso de ninguna manera va a implicar que Keiko Fujimori o Fuerza Popular vaya a promover o apoyar a alguna acción contra el Presidente de la República”, remarcó.

“Creo que el presidente debe transparentar las conversaciones que ha tenido con todos los ciudadanos. Creo que tres tuis de medianoche no puede ser el mecanismo a través del cual el presidente de la república brinde explicaciones a la población sobre una comunicación que hubiese tenido con el doctor Mario Vargas Llosa”, añadió.

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Al ser consultado sobre que Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, expresó esta mañana en una radio local su rechazo de que el mandatario haya llamado a Mario Vargas Llosa para tocar temas de las elecciones, Torres enfatizó: “No vamos a promover, no vamos a apoyar ningún tipo de vacancia del Presidente de la República”.

En otro momento, el vocero de Fuerza Popular opinó que mantener “una conversación no es ilegal ni inconstitucional”. “El contenido que podría tener esa conversación podría llevarnos a otras conclusiones; sin embargo considerando que no conocemos el contenido de la misma creo que sería bastante irresponsable de nuestra parte promover o apoyar una medida contra el presidente”, acotó.

Asimismo, enfatizó que reconocerá los resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez que finalice el conteo total de votos. De otro lado, Torres sostuvo que el Ministerio Público no ha solicitado sus declaraciones como testigo en el caso que se le sigue a Keiko Fujimori por la campaña del 2016.

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“Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, señaló en su cuenta de Twitter.

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La publicación se hace mientras el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, está recibiendo a políticos de diversas agrupaciones políticas en un inmueble en Breña, a la espera que las autoridades electorales terminen de revisar las actas de los resultados de la segunda vuelta electoral del último 6 de junio.

Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones.

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 11, 2021

Entre estas personalidades, Castillo Terrones recibió este jueves al excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, de quien trascendió que había asegurado que era un vocero del postulante de Perú Libre.

Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico, descartó estas versiones a las pocas horas, al señalar que Pedro Castillo no ha nombrado al excongresista como vocero y recordar que solo el candidato de Perú Libre es el autorizado para decidir quién habla a nombre del partido.

“Agradecemos su disposición de querer analizar con su opinión lo que pasa en el país, pero él [Daniel Salaverry] no es vocero, no es lo que el profesor [Pedro Castillo] ha dicho. El profesor es el único autorizado para decidir quién habla en nombre del partido. Se le agradece por su respaldo, pero el profesor no ha definido que sea vocero”

Cabe señalar que Perú Libre mantiene una alianza con el partido de Juntos por el Perú, cuya lideresa es Verónika Mendoza.

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MIRA: Fiscal Pérez pide revocar comparecencia con restricciones y se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En un documento recibido hoy por el fiscal superior, Pérez Gómez adjunta un informe para sustentar su solicitud hacia la Fiscalía de la Nación para garantizar que “no sucedan actos de violencia” contra él o su familia tras haber pedido cambiar la comparecencia con restricciones de Keiko Fujimori por prisión preventiva.

“La acusada Keiko Fujimori, conjuntamente con el testigo Miguel Torres Morales y la abocada coacusada Giulliana Loza Ávalos, salieron en conferencia de prensa a señalar que la medida solicitada (de prisión preventiva) del Ministerio Público es absurda y mencionaron otros alegatos que no son ciertos a los antecedentes del proceso penal”, se lee en el documento.

A partir de esa conferencia, José Domingo Pérez señala que “viene circulando en redes sociales una convocatoria a provocar actos de violencia en contra mía y de mi familia el día de hoy, viernes 11 de junio de 2021, de 7 a 9 de noche, en mi domicilio”.

“Respetuosamente se pone en su conocimiento para que la entidad -Fiscalía de la Nación- adopte las medidas necesarias para garantizar que no se sucedan actos de violencia contra mí o de mi familia”, reitera el documento enviado a Vela Barba.

Cabe indicar que este jueves 10 de junio, se realizó una protesta en las afueras del domicilio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en el distrito de San Borja, por parte de simpatizantes de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

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“Nosotros como bancada de Fuerza Popular no consideramos que es ni oportuno ni viable en estas circunstancias de crispación política que otros grupos políticos estén o pretendan impulsar una censura y/o una vacancia contra el jefe de Estado, más aún cuando solo faltan semanas para que acabe su mandato”, señaló a RPP el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus.

MIRA: Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Vargas Llosa en un esfuerzo por mantener “la serenidad y la calma”

El parlamentario, sin embargo, sí señaló que como el resto de la ciudadanía le “llamó la atención” el conocer que Sagasti conversó con Mario Vargas Llosa temas relacionados con el proceso electoral.

Francisco Sagasti confirmó este jueves que se comunicó con el premio Nobel Mario Vargas Llosa en un esfuerzo para llamar a “la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos”, a través de personas cercanas a las dos candidaturas presidenciales de Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, señaló en su cuenta de Twitter.

No dejaré pasar ninguna mentira ni tergiversación de mis palabras y acciones por los enemigos de la democracia. Seguiré en mi esfuerzo de buscar lo mejor para nuestro país, y lo haré hasta el último minuto de mi gestión. (4/4)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021

El vocero de Acción Popular, Franco Salinas, consideró que se debe investigar la conversación de Sagasti con Vargas Llosa y las calificó como una “intromisión a la neutralidad”, pero dijo que su agrupación política no está promoviendo una censura contra el jefe de Estado.

“Desde la bancada de Acción Popular rechazamos que se estén llevando a cabo estas prácticas (de intromisión a la neutralidad) pero también negamos que se esté planteando en este momento alguna censura contra Sagasti. Condenamos las expresiones y poca neutralidad que está teniendo el presidente Sagasti en este proceso”, comentó a RPP.

MIRA: Luis Valdez señala que “no existe hoy en el Parlamento el mínimo ánimo de llegar a una censura contra Sagasti”

“Como vocero de la bancada de Acción Popular negamos que esté corriendo alguna censura o se esté coordinando alguna censura al presidente Sagasti. Sí se tiene que investigar las denuncias que hacen los medios de comunicación respecto a que el presidente haya llamado al Nobel Vargas Llosa en el sentido de respaldar a alguno de los candidatos quitándole respaldo a la señora Keiko Fujimori. Eso sería claramente una intrusión a la neutralidad que debe mantener todo jefe de Estado”, concluyó.

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Mira aquí la audiencia:

PARA SUSCRIPTORES: Votos impugnados: los argumentos y las lecciones que deja audiencia del JEE

Previamente el JEE Lima Centro 1 realizó la audiencia pública sobre un voto impugnado de peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Mira aquí la audiencia:

NOTA PREVIA

La noticia la dio a conocer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de su cuenta en Twitter, donde precisó que la audiencia pública se llevarán a cabo a partir de las 9:00 a.m. y se transmitirá por Facebook del JNE y el canal JNETV.

El Jurado Electoral Especial JEE de Lima Centro 1 nos informa que hoy a partir de las 09:00 a.m. realizará la audiencia para revisar un voto impugnado de peruanos residentes en el extranjero. Esta se transmitirá por Facebook del JNE y el canal #JNETV. pic.twitter.com/EVVXX4o8H5

— JNE Perú (@JNE_Peru) June 11, 2021

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que al igual que en la primera vuelta del 11 abril, el ausentismo marcó esta nueva jornada electoral registrando apenas un 35,684% de asistencia a las urnas; es decir, un ausentismo del 64,316%, que si bien es menor al 77,14% registrado en abril continúa siendo superior a las segundas vueltas del 2011 (49,77%) y 2016 (55,98%).

Esto datos revelan que apenas 326.937 de los 912.244 electores habilitados acudieron a votar. Según el cómputo total de los votos emitidos en el extranjero favorecieron a la candidata Keiko Fujimori con el 66,604% (205.114 de votos) frente al aspirante Pedro Castillo, quien obtuvo el 33,396% (102.848 sufragios).

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Los jurados electorales especiales (JEE) empezaron a resolver el jueves pasado las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por Fuerza Popular, que argumentó supuestos fraudes en mesa.

En Moquegua, el JEE de Mariscal Nieto señaló que no es causal de nulidad de un acta que dos miembros de mesa sean hermanos, como denunció Fuerza Popular.

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Además, identificó que los miembros de mesa involucrados –Edwin Mamani Mamani y Mario Mamani Mamani– ni siquiera eran hermanos.

Resolución del JEE de Mariscal Nieto by Martin Calderón on Scribd

Por ello, declaró infundada la solicitud de nulidad presentada por la personera legal del partido, Milagros Takayama.

En tanto, el JEE de Cajamarca declaró improcedentes dos recursos de nulidad porque Fuerza Popular no adjuntó los comprobantes del pago de la tasa, de S/1.100 cada uno.

Lo mismo hizo el JEE de Alto Amazonas, luego de que el partido presentara una solicitud de nulidad por presuntas firmas falsas de miembros de mesa, pero no adjuntara el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Allí, el partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori argumentaba que falsificaron firmas en 22 mesas de sufragio.

Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular, justificó el jueves pasado las más de 800 solicitudes de nulidad, a través de las cuales el fujimorismo busca dejar sin efecto aproximadamente 200 mil votos, principalmente en las regiones donde Castillo obtuvo una alta votación, como Arequipa, Cusco, Áncash, Madre Dios, entre otras.

Torres, en comunicación con El Comercio, explicó que las solicitudes de nulidad tienen tres ejes centrales, como “la falsificación de firmas de los miembros de mesas”, “la falsificación de resultados” y que los integrantes de las mesas forman parte de una misma familia, lo que está prohibido por la normal electoral.

“Principalmente, es el tema de falsificación de firmas de miembros de mesa, lo que se denomina una sustitución de personas; no es un reemplazo, no es que se haya elegido a miembros de mesa a los que estaban en la cola, sino [habría] habido personas que se hicieron pasar por los miembros de mesa y firmaron y consignaron los datos de estos de manera irregular”, manifestó.

El exparlamentario también indicó que, si los JEE rechazan sus solicitudes de nulidad, los abogados del fujimorismo revisarán cada caso y si no están conformes con los argumentos de los jueces electorales, apelarán con el objetivo de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie en segunda instancia.

“Se hará un análisis de cada una de las resoluciones y, por supuesto, en aquellas que consideremos, en las que no estemos de acuerdo con la resolución brindada en primera instancia, se procederá a apelar”, remarcó.

Torres adelantó que si bien el miércoles concluyó el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad, “nade impide” que ellos continúen haciendo públicas denuncias del mismo tipo. “Sabemos que ya no estaríamos dentro del plazo, pero también estamos convencidos de que la autoridad de oficio puede abocarse a cada uno de estos supuestos con el objetivo más importante que es salvaguardar el derecho al voto de cada ciudadano”, manifestó.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron a este Diario que el partido naranja buscó presentar 826 solicitudes de nulidad. Es decir, 24 más a las que Fujimori Higuchi anunció en el pronunciamiento que brindó la noche del miércoles.

Las mismas fuentes señalaron que si hubieran contando con mayor tiempo, “se hubiese podido meter más”.

Más información

De acuerdo con la Resolución N° 0086-2018-JNE, el plazo para presentar un recurso de nulidad de mesa de sufragio es de tres días, contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. El mismo plazo aplica para que tanto el JEE o el JNE —en primera y segunda instancia, respectivamente— dicte una decisión sobre el pedido.

La única persona que puede presentar un pedido de nulidad es quien tenga el cargo de personero de la organización política. El costo es del 25% de una UIT, lo que equivale a 1,100 soles por pedido.

El plazo para presentar una apelación es también de tres días hábiles desde que es publicado el fallo desfavorable. El costo es del 15% de una UIT, lo que a la fecha equivale a 660 soles. El tiempo para que el JNE resuelva una apelación es también de tres días hábiles.

José Naupari Wong, especialista en derecho electoral, explicó que el fallo del JNE resulta inapelable, salvo que la organización política agraviada, representada por su personero, interponga una demanda de amparo bajo el argumento de una indebida motivación. “Sin embargo, eso no suspende la proclamación de resultados de una votación”, señaló el abogado.

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“Hemos hablado (con Pedro Castillo) sobre la importancia de este proceso electoral, que haya paciencia y serenidad en aguardar los resultados que emitan las autoridades electorales. Obviamente, el candidato está dispuesto a esperar los resultados y con serenidad y calma para toda la sociedad peruana”; señaló Rubén Ramírez, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA ante la prensa.

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Cuatro integrantes de la misión de la OEA arribaron esta mañana al hotel donde permanece Pedro Castillo, los últimos días para conversar con el candidato de Perú Libre y permanecieron en el inmueble aproximadamente una hora, cita tras la cual aseguraron que hoy emitirán un informe parcial sobre lo que han evaluado del proceso electoral actual.

“Hemos tenido oportunidad de reunirnos, luego de la fiesta cívica electoral del domingo con las autoridades electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como con el señor presidente de la República, el equipo de la candidata Keiko Fujimori y hoy con el profesor Castillo y su equipo”, señaló.

El excanciller de Paraguay y cabeza de la misión de la OEA precisó que hoy harán un informe preliminar ante la ciudadanía y los medios de comunicación.

“(En este informe preliminar) estamos señalando la importancia de este proceso electoral, que se respeten los resultados, de tener paciencia y la serenidad, de esperar a que el debido proceso pueda resolver todo el desahogo de observaciones de las actas presentadas en el ámbito judicial de forma que podamos apoyar a las autoridades electorales”, comentó Ramírez.

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“Alianza Para el Progreso no se opone a la reforma parcial o total de la Constitución, siempre que esto se haga dentro del marco constitucional, con el más amplio consenso social y político, y a través del Congreso de la República”, indicaron.

Este jueves, el presidente de APP, César Acuña, aseguró que está a favor de que se elabore una nueva Constitución Política, aunque con la contingencia que la prioridad actual debe ser la crisis económica por la pandemia del COVID-19.

“Yo estoy de acuerdo con una reforma constitucional y de repente con una nueva Constitución, pero no es el momento. El momento ahorita la gente quiere comer, quiere trabajo, quiere estabilidad económica y social. Tiene su momento, ahora estamos en crisis”, señaló en declaraciones a ATV.

APP se mostró en la misma línea que Acuña Peralta, tras destacar que como agrupación política respaldarán al nuevo Gobierno sin exigir nada a cambio para que se priorice la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.

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El partido político dijo que el nuevo Gobierno “debe abocarse a resolver los temas prioritarios en materia de salud, economía, empleo y educación, postergando estas reformas para el momento más adecuado”.

Por último, APP concluyó asegurando que mantendrán una posición independiente en el próximo Congreso “con el ejercicio responsable de la fiscalización y el control político, además de sus funciones de legislación y representación”.

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En esa línea, el titular del ministro dijo esperar que no prospere ningún tipo de intentó de vacar al mandatario como consecuencia de esta acción.

“Esperemos que no haya ningún tipo de medidas (como una censura contra Francisco Sagasti). Finalmente, creo que no hay ninguna causa para que el presidente pueda ser acusado de violar el principio de neutralidad. Creo que los congresistas van a ser conscientes que el país está atravesando una situación de crispación y todos tenemos que poner nuestra parte para promover la calma y serenidad”, señaló en declaraciones a RPP.

Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales.

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“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alejandro Neyra señaló que estas acciones de Francisco Sagasti eran de conocimiento de los ministros de Estado, aunque negó saber quiénes eran las personas que fueron contactadas por el presidente de la República.

“Nosotros sabemos que el presidente en los últimos días ha dialogado con muchas personas de diferentes proveniencias. Él mismo aclaró en su tuit que no habló solo con Mario Vargas Llosa, sino con otras personas allegadas a ambos partidos políticos que pugnan esta segunda vuelta”, comentó.

Según RPP, el ministro de Cultura aseguró que Francisco Sagasti ha mantenido siempre una actitud de neutralidad y que el objetivo de esas comunicaciones fueron en esa línea.

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En esa línea, consideró que la posibilidad de que el mandatario pueda ser censurado o vacado del cargo por este hecho sería promover la zozobra y la inestabilidad en una situación delicada como la actual, en la cual las autoridades electorales están terminando de evaluar actas impugnadas y observadas durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“[¿No hubo nada inconstitucional ni ilegal en esa conversación?] No soy experto en derecho constitucional. Simplemente digo que es una conversación cuyo contenido no voy a revelar pero no veo nada en esa conversación que sea delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”, señaló Álvaro Vargas Llosa esta mañana en RPP.

Este jueves en la noche, Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Álvaro Vargas Llosa consideró que una comunicación como la que se dio entre el mandatario y su padre el miércoles de esta semana se puede prestar para especulaciones, por lo que insistió que las autoridades del Gobierno deben ser cuidadosas en su proceder.

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“Lo que sí veo en este clima es que ese tipo de conversaciones se prestan a todo tipo de suspicacias. Por eso creo que haría bien el presidente, la primera ministra y ministros de Estado en actuar con extremo cuidado precisamente para que no se den actuaciones que den pie a estas especulaciones”, consideró.

El hijo del Nobel peruano cuestionó que haya trascendidos a favor de una posible vacancia en contra de Sagasti por la conversación en cuestión.

“Creo que no conduce a nada bueno echar leña a la hoguera. En estos momentos lo último que necesita el Perú es aumentar la tensión ya existente y tratar de crear un vacío de poder a través de la vacancia de un presidente que está de salida no tiene ningún sentido”, concluyó.

Contenido de la conversación

Álvaro Vargas Llosa no reveló el contenido de la conversación que hubo entre su padre y Francisco Sagasti, pero sí detalló que el escritor peruano, luego de ese diálogo, le pidió que le trasmita dos mensajes a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Sería una infidencia que mi padre o yo en su nombre revelara el contenido de esa conversación porque fue estrictamente privada. Lo que puedo decir es que, una vez producida, concluida, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió dos cosas”, comentó.

“Me pidió primero que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo [...] Me pidió que lo trasmitiera en esos término y luego me pidió, como no tiene redes sociales, que hiciera una breve declaración en su nombre reiterando que, a su juicio, este proceso electora no está concluida y que será el JNE que tendrá que determinar al ganador de este proceso y que es muy importante que lo que está en marcha tenga lugar sin ningún tipo de interferencia política”, añadió.

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A través de su cuenta de Twitter, indicó que se comunicó con “varias personas” que según el mandatario tienen contacto con la candidatura de Keiko Fujimori y la candidatura de Pedro Castillo.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

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En esa línea, el mandatario cuestionó que “se distorsione y malinterprete” su llamada que buscaba " mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil”. Remarcó que no dejará “pasar ninguna mentira ni tergiversación de mis palabras y acciones”.

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“Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones, como el que estamos viviendo. No dejaré pasar ninguna mentira ni tergiversación de mis palabras y acciones por los enemigos de la democracia. Seguiré en mi esfuerzo de buscar lo mejor para nuestro país, y lo haré hasta el último minuto de mi gestión”, manifestó.

La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. (1/4)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021

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“No existe hoy en el Parlamento no solo un documento formal, sino el mínimo ánimo de llegar a una censura al señor Sagasti”, aseguró esta mañana en declaraciones a Canal N.

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Valdez aseguró que las informaciones sobre presuntas coordinaciones entre diversas bancadas del Congreso, para impulsar una moción de censura que pueda retirar del cargo a Francisco Sagasti en su condición de presidente de la República por ser titular del Congreso son “trascendidos y conjeturas”.

“Creo que más allá del reproche político que es natural, normal y necesario a veces, como en este caso, el Congreso no tiene el más mínimo ánimo (de censura)”, reiteró.

“[¿No habrá un intento de censura desde APP)] No, en lo absoluto. Son trascendidos”, añadió.

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No obstante, el legislador y presidente de la Comisión de Constitución, sí cuestionó que Francisco Sagasti haya conversado con Mario Vargas Llosa por señalar que por su investidura debe mantener una distancia del proceso electoral.

“Particularmente creo que esa llamada no solo es inoportuna sino también infeliz. Mario Vargas Llosa no es cualquier ciudadano [...] Es necesario llamar al presidente que mantenga una buena conducta. Él tiene que mantener la distancia prudente y responsable que la ciudadanía exige”, comentó.

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La candidata presidencial Keiko Fujimori anunció el miércoles que su agrupación presentaría 802 pedidos de nulidad de actas de votación, pues argumentó que contienen presuntas irregularidades. La revisión de las solicitudes ingresadas al sistema del Jurado Nacional de Elecciones revela que la mayoría de pedidos estuvieron concentrados en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca.

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Fuerza Popular había ingresado al sistema 747 pedidos de nulidad. En cada uno de ellos se puede solicitar que se elimine el acta de más de una mesa de una misma localidad. Así, el orden de los Jurados Electorales Especiales en los que más pedidos ingresó fue este:

Fuerza Popular hizo un despliegue de solicitudes de nulidad en 30 jurados electorales especiales diferentes. Algunas regiones tienen más de un JEE. Al agrupar los pedidos presentados por región, se aprecia que los primeros cinco lugares los ocupan Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios y Cusco.

Los recursos de nulidad de Fuerza Popular se han presentado en regiones en las que Pedro Castillo obtuvo una alta votación el pasado 6 de abril. Este cuadro es el resultado de sumar todos los recursos por región y compararlo con los resultados al 99,35% de actas contabilizadas en la ONPE.

Según Fujimori, todas las solicitudes presentadas representan 200 mil votos que ahora entrarán en evaluación. Si las acciones fueran aceptadas, las actas cuestionadas “deben ser retiradas” del recuento final. Varios de estos pedidos fueron presentados por la personera legal Milagros Takayama.

En cambio, en regiones con poca votación a favor de Castillo, no hubo pedidos de nulidad. Aquí entran: Callao (32,56% de votos válidos para PL); Tumbes (34,12%); Lima (35,38%); La Libertad (40%); Lambayeque (41,82%); Ica (47,52%); y Ucayali (48,17%)

La única región en la que el candidato de Perú Libre resultó vencedor, pero aún así Fuerza Popular no presentó solicitudes fue Junín (58,16%), la tierra de Vladimir Cerrón.

Según fuentes de Fuerza Popular, Takayama coordinó no solo con abogados fujimoristas y también con los llamados “abogados democráticos”. Desde el lunes, estos últimos realizaron un barrido a las actas procesadas por la ONPE.

El plazo para que los Jurados Electorales Especiales resuelvan estos pedidos vence este sábado. Fuerza Popular tendrá tres días –desde que les den respuesta– para apelar, y luego el Jurado Nacional de Elecciones tendrá un tiempo similar para revisarlas en segunda y última instancia.

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La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que “bajo ninguna circunstancia permitirá que el sistema de justicia sea utilizado políticamente”. Indicó que se debe administrar justicia con imparcialidad, “ajenos a cualquier interés subalterno”. Esto luego de conocer que el juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, Huancavelica, declaró fundada la demanda de hábeas corpus que anula las sentencias por corrupción contra el fundador de Perú Libre y exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas.

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En diálogo con El Comercio, Barrios indicó que “es mi deber garantizar la máxima imparcialidad en la investigación que se ha iniciado”. “No voy a permitir en ninguna circunstancia que se instrumentalice al Poder Judicial, venga de donde venga”, insistió.

“Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en sus decisiones, pero cuando advierto irregularidades actuamos inmediatamente en el ámbito disciplinario y penal”, puntualizó.

Señaló que si bien Cerrón tiene una sentencia de primera instancia, todavía falta el pronunciamiento de la segunda instancia del Poder Judicial y será el procurador, quien en uso de sus facultades interponga recurso de apelación y será denunciado por prevaricato. Y la Sala será la que decida lo que corresponde”.

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“Yo lo único que quiero hacer acá es una invocación. Nosotros como Poder Judicial somos ajenos y neutrales en este proceso de elecciones”, remarcó.

Indicó que Cerrón presentó el hábeas corpus en diciembre sin que la resolución tenga la calidad de sentencia consentida porque se encuentra pendiente en la Corte Suprema un recurso de casación.

Detalló que el Código Procesal Constitucional establece que las acciones de hábeas corpus solo proceden contra resoluciones judiciales y este no es el caso. “El juez tendrá que justificar ante la OCMA las razones que tuvo para emitir esta decisión”, añadió.

Mencionó, además, que presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República desde agosto del 2017 para limitar que una acción de habeas corpus se presente en cualquier juzgado del Perú y se circunscriba solo al distrito judicial donde se emitió la resolución porque hemos advertido distorsión, corrupción, incentivos perversos, que afecta la seguridad jurídica”.

“Nosotros hemos visto históricamente que, en algunas circunstancias, se presentan acciones de garantía en lugares alejados del distrito judicial al que corresponde el domicilio del beneficiario. Y es por eso que en una oportunidad el Poder Judicial planteó una reforma legislativa que lamentablemente no llegó a buen puerto. Pero creo que también es el momento, a raíz precisamente no solo de este caso, sino de otros casos anteriores que hemos tenido, que demos una mirada a la norma para poder en el futuro otorgar una acción de garantía que no sea materia de cuestionamiento”, manifestó.

Señaló que los peruanos vivimos momentos difíciles donde nos encontramos polarizados. “Yo requiero, exhorto a los jueces a que mantengan la imparcialidad con cualquier tipo de interés que pudiera haber en los procesos. Y también señalamos que vamos a estar atentos a cualquier inconducta funcional que se presente y vamos a ser severos en la sanción que corresponda si es que determinamos que hay responsabilidad”, expresó a El Comercio.

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Este jueves por la mañana, el juez Víctor Zúñiga Urday recibió el pedido del fiscal José Domingo Pérez para revocar la orden de comparecencia con restricciones contra Keiko Fujimori y que se imponga una de prisión preventiva en su contra, por el proceso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y 2016.

En el pedido del fiscal José Domingo Pérez, que pudo revisar este Diario, figura que la candidata a la presidencia por Fuerza Popular ha violado las normas que le impuso la sala superior que ordenó su excarcelación.

Mira: Fiscal José Domingo Pérez pide que se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En específico, el fiscal Pérez apunta que Keiko Fujimori ha incumplido con la restricción de comunicarse con testigos del caso.

En marzo pasado, el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Argumentos del equipo especial

En el requerimiento presentado al Poder Judicial, el fiscal Pérez sostiene que Keiko Fujimori no ha cumplido con lo que le ordenó una sala superior tras haber presentado en conferencia de prensa a Miguel Torres Morales como abogado y vocero político de Fuerza Popular.

Pérez Gómez señaló que Torres figura como testigo en el proceso y que una de las restricciones prohíbe a Fujimori comunicarse justamente con testigos.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, señaló.

El fiscal precisó que Miguel Torres aparece como testigo en la acusación que se presentó en marzo pasado, y que ya fue remitida a la defensa el pasado 4 de junio.

“La acusada Fujimori Higuchi tiene conocimiento que Miguel Torres es testigo de parte de la fiscalía, por cuanto ha sido ofrecido en tal calidad con la acusación fiscal cuya notificación con la Resolución n° 03 del 04 de junio de 2021 (Expediente 0299-2017-186) es anterior al evento en cuestión”, se lee en el requerimiento.

Además, indicó que Torres declaró a la fiscalía en calidad de testigo en setiembre de 2020, y que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, estuvo presente en dicha diligencia. Así lo demuestra el acta de dicha diligencia a la que este Diario accedió. La misma aparece firmada por los abogados que participaron en la toma de declaración.

El representante del Ministerio Público recuerda que en mayo y julio del 2020 pidió el apercibimiento de revocarse la orden de comparecencia con restricciones por el incumplimiento de Fujimori a lo dispuesto. Es decir, el fiscal había emitido alertas anteriores sobre una violación a las prohibiciones.

Consultado por el pedido fiscal, Miguel Torres negó ser testigo en el caso. “No soy testigo del caso de aportes fraudulentos ni nada por el estilo. Sí he asistido en más de una oportunidad pero, para temas completamente distintos que no tienen que ver con el tema de los aportes”, dijo en declaraciones a RPP.

“Es evidente que la comunicación que tengo con Keiko Fujimori es una comunicación de temas de campaña”, agregó.

Decisión queda en manos del juez

Consultados por El Comercio, los abogados penalistas Rafael Chanjan y Andy Carrión explicaron que será el juez Víctor Zuñiga el que deberá evaluar la proporcionalidad y si existe un riesgo procesal en el caso de Keiko Fujimori.

Ambos coincidieron en que el pedido es legal y que la decisión de ordenar prisión preventiva quedará en manos del Poder Judicial.

“Pienso que el pedido del fiscal José Domingo Pérez es legal. La norma procesal le faculta a pedir la variación de la medida de comparecencia por una más gravosa cuando observa que existe un peligro para el proceso”, sostuvo Chanjan.

El especialista consideró que en este caso, el incumplir una regla de conducta, como la de no comunicarse con testigos, “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún teniendo los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.

Chanjan añadió que “el juez deberá evaluar si, de acuerdo lo que afirma la fiscalía, existe un riesgo procesal suficiente para variar la medida”.

“El momento político puede generar suspicacias es verdad. Por eso debe exigirse una debida fundamentación al pedido que hace la fiscalía”, agregó.

En tanto, Carrión indicó que “es una potestad del fiscal solicitar la revocatoria de la comparecencia, está dentro de sus facultades”.

Para el letrado, el tema a discutir será la proporcionalidad del pedido. Consideró que en el caso de Keiko Fujimori existiría una reiterancia en la trasgresión de las medidas de comparecencia, y que este será un aspecto que valorará el juez.

“Ya existe un elemento adicional que pudiera validar el pedido, no estamos hablando de la primera trasgresión, estamos hablando de reiterancia, si uno evalúa la proporcionalidad creo que existen antecedentes que podrían sustentar hacer considerar esta revocación, este es un punto fuerte”, sostuvo.

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La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de casación que interpuso el Ministerio Público para que se defina si el fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, cumple en prisión o no, la condena que lo halló culpable del delito de negociación incompatible.

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Según la resolución -expedida en agosto del 2020 y notificada el pasado mes de abril- a la que accedió El Comercio, la máxima instancia del Poder Judicial ordenó que la Corte Superior de Justicia de Junín tramite y eleve el recurso de casación contra la resolución que terminó beneficiando al expresidente regional de Junín con una pena suspendida.

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La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín modificó la condena de primera instancia contra Cerrón, que le había impuesto cuatro años y ocho meses de pena efectiva, y ordenó que sean solo cuatro años de pena suspendida e inhabilitación para ejercer cargo público.

Por ello, ahora, el recurso de casación será evaluado por la Corte Suprema del Poder Judicial y definir la situación legal de Cerrón.

¿Qué es lo que se pide revisar?

La resolución -expedida en agosto del 2020 y notificada el pasado mes de abril- señala que el Tribunal Superior había rechazado el pedido fiscal para que la modificación sea revisada por la Corte Suprema. Ante ello, la Fiscalía Superior Anticorrupción interpuso una queja y ésta es la que finalmente permitió que el recurso de casación sea visto por el máximo órgano del Poder Judicial y se revise en última instancia la sentencia contra Vladimir Cerrón.

La Sala Penal Transitoria consideró que los temas propuestos por la Fiscalía Superior en su recurso de casación, sí eran de interés para el desarrollo doctrinario de la jurisprudencia.

Se explica que el fiscal había planteado analizar aspectos importantes respecto a la proporcionalidad de la pena que se le impuso a Cerrón sin tener en cuenta su calidad de funcionario público al momento de cometer el delito.

Según el documento, el fiscal cuestionó que la Sala Penal de Apelaciones que redujo la pena contra Cerrón, “no aplicó el artículo 45 del Código Penal (CP), puesto que no consideró la condición de los sentenciados como funcionarios públicos y los deberes que ostentaban”.

Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 46 del CP, que señala 12 consideraciones respecto a la graduación de la pena, pero que en el presente caso, la citada Sala tomó seis de ellos, que eran favorables a los sentenciados.

“De modo que determinaron la sanción en el extremo mínimo de la pena abstracta”, sostuvo el fiscal.

Vladimir Cerron 2020002355001217_0_142512 by Karem Barboza on Scribd

El fiscal también advirtió que habría una contradicción en la resolución del tribunal superior, pues este “señaló correctamente que existían condiciones que ameritarían agravar la pena de los sentenciados; sin embargo, al graduar la pena, les impuso el mínimo legal y cambió la modalidad de su ejecución efectiva, por una suspendida”.

Como último cuestionamiento, el fiscal puntualizó que la Sala se apartó de diversas resoluciones que como guía jurídica para los jueces sobre la determinación de las penas. Entre estas, mencionó el Acuerdo Plenario N.° 01-2008/CJ-1163, las Resoluciones Administrativas números 311-20114 y 321-20115, así como de diversos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la determinación judicial de la pena y el principio de proporcionalidad, recaídos en las casaciones números 11-2007/La Libertad y 1382-2017/Tumbes, y en los recursos de nulidad números 3423-2009/Santa, 410-2003/Lima, 4186-99/Lima Norte, etc.

Por ello, los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Víctor Prado Saldarriaga, Jorge Salas Arenas, Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco Huancas y Consuelo Aquize Díaz, dispusieron declarar “fundado” el recurso de queja que la Fiscalía Superior Anticorrupción de Junín y que su recurso de casación se eleve a la Corte Suprema para su análisis.

Casación se resolverá de manera paralela

El abogado penalista Carlos Caro explicó que el recurso de casación se resolverá de manera paralela al reciente recurso de hábeas corpus que ordenó la anulación de la condena de Vladimir Cerrón.

“Son dos cosas que van completamente paralelo. Primero, porque el hábeas corpus no está firme. El Código Procesal Constitucional del 2004 permite el hábeas corpus para casos, como el de Cerrón, en los que se haya afectado su reputación por haberlo condenado, inhabilitado y afectado su derecho al trabajo; entonces, cuando se trata de derechos distintos a la libertad, la ejecución se suspende hasta que haya sentencia firme”, indicó.

Explicó que la interpretación del artículo 22 del Código Procesal Constitucional que cita el juez de Acobamba y dice que se ejecute de inmediato, ya fue discutido y que los jueces interpretan que este artículo es para los casos donde el beneficiado está preso, con detención, arresto domiciliario, entonces recuperas de inmediato la libertad.

Como se recuerda, el juez Alain Salas Cornejo del Juzgado de Investigación Preparatoria - Sede Acobamba amparó un hábeas corpus interpuesto a favor de Vladimir Cerrón Rojas y ordenó que la condena que se le impuso, quede nula.

Un similar pedido ya había sido rechazado por un juzgado en La Molina (Lima), al sostener que el proceso judicial no había acabado.

Caro Coria, dijo entonces que, incluso, si el juez que impuso la condena, decide anularla, esto no afectará el recurso de casación que se librará en la Corte Suprema, que será la última instancia en emitir un pronunciamiento sobre Vladimir Cerrón Rojas.

“Por más de que el juez ejecute la sentencia (anule la condena); esa sentencia, no afectará la casación. Lo que hará el juez es oficiar al Jurado Nacional de Elecciones, al Registro Nacional de Sentenciados que ya no hay condena. Además, el habeas corpus no dice nada de la casación de Cerrón y por tanto los jueces supremos no son parte de este proceso y no les afecta esta sentencia”, afirmó.

Apelarán decisión

La procuraduría General de la República informó que ante la decisión del juez Alain Salas, la Procuraduría Pública del Poder Judicial interpondrá un recurso de apelación contra el fallo del habeas corpus favorable a Cerrón Rojas, por considerar que contiene irregularidades.

Además, informaron, presentará una denuncia penal contra el magistrado por el delito de prevaricato, que consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al juez con evidente quebranto de sus deberes constitucionales.

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Se está diciendo que la presentación de recursos de nulidad contra 802 actas por parte de Fuerza Popular es una acción legal pero poco democrática, porque eliminaría muchos votos y ya no cabría que la otra parte presente también recursos similares contra actas en las que ganó Fuerza Popular y en las que también habría habido fraude o irregularidades.

Pero no es así. Quién se encargó de hacerlo en las propias mesas fueron los personeros de Perú Libre, que impugnaron votos en la mayor parte de 461 mesas, y, sobre todo, la ONPE, que observó 886 actas principalmente en Lima, Piura y La Libertad, allí donde había ganado Keiko Fujimori. (Por lo demás, Perú Libre también ha presentado acciones de nulidad contra 128 actas en Loreto).

En muchos casos, esas 886 actas observadas por la ONPE eran correctas, pero se les atribuyó defectos de ilegibilidad, por ejemplo, que no eran tales. En cambio, dejó pasar muchas actas en las zonas donde ganó Pedro Castillo, que tenían evidentes inconsistencias, irregularidades y vicios, que se muestran en los casos que ha presentado y objetado Fuerza Popular, y que, en cierta proporción, serían el producto de acciones dolosas. Algo por lo demás consistente con la directiva dada por Perú Libre a los personeros de tomar las mesas de votación antes de que lleguen los miembros de mesa.

Como es lógico, usualmente la mayor proporción de actas observadas por la ONPE se da en las zonas alejadas o rurales, donde la capacitación es menor. En esta ocasión ocurrió al revés. Esto es lo que se desprende de los datos, y sin duda llama a preocupación. Luego de este proceso debería investigarse qué pasó acá.

Mientras tanto, tampoco se puede aceptar alteraciones dolosas de la voluntad popular. Solo queda esperar que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva todos estos casos con la mayor transparencia y justicia electoral posibles. Y aceptar el resultado final, sea cual fuere.

Esa debe ser la actitud. No colaboran a este efecto ni es prudente que Pedro Castillo se autoproclame ganador antes de tiempo, ni que Keiko Fujimori saliera a denunciar fraude, aunque se aclarara que se refería a fraude en mesa. Felizmente, en la presentación de anteayer sobre los recursos de nulidad, ya no se usó la palabra fraude, aunque algunas de las actas presentadas denotaban clara alteración de la voluntad popular.

Por eso, se trata ahora de vigilar que la institución electoral resuelva sin parcializarse, y esperar con calma, bajando las tensiones. Finalmente lo que interesa es el país y este no será viable si, luego de conocido el conteo final, no es posible establecer puentes para acordar una vía que permita realmente recuperar la economía y empezar a resolver los problemas estructurales que nos golpearon con fuerza en esta pandemia, a todos.

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El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, interpuso un nuevo recurso de “hábeas corpus preventivo” para anular la orden de allanamiento y detención contra diversas personas en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”.

Si bien, no se conoce contra quienes opera la medida, Cerrón y exfuncionarios de su gestión viene siendo investigados por este caso por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencia, negociación incompatible, concusión, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico. Ello, por presuntas irregularidades cometidas en el gobierno regional de Junín.

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El documento fue ingresado esta tarde ante el Juzgado de Huamanga, en Ayacucho. Así lo confirmó su abogado Ciro Cancho Espinal a El Comercio, quien sostuvo que las acciones constituciones son por cuestiones técnicos legales y no políticas.

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“Claro, es cierto (…) es confirmado. Entiendo que se ha presentado en Huamanga. Yo soy el abogado del señor Cerrón, yo no trabajo con cálculos políticos, yo trabajo como técnico, abogado, en el área eminentemente jurídico, penal”, dijo.

El documento fue publicado por el Portal Central. El recurso se presentó contra la juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, July Baldeón Quispe, y se solicita que se “haga cesar la amenaza de privación de libertad de los suscritos cuya fuente de peligro emana de su propia irregular situación”.

Según los demandantes, entre ellos los abogados de Cerrón, la jueza “ha actuado bajo cálculos políticos” debido a la coyuntura de la segunda vuelta electoral presidencial.

“No está en cuestión la labor jurisdiccional de una juez, sino que coyunturalmente sería sirviente o instrumento de contendores política”, acusaron en el documento.

Cabe indicar que según informó Perú21, la magistrada -a pedido de la fiscalía anticorrupción de Junín- había ordenado la medida limitativa contra un grupo de exfuncionarios investigados, pero su ejecución quedó suspendida.

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Este miércoles, Fuerza Popular anunció que la presentación de pedidos de nulidad de 802 actas a nivel nacional. Perú Libre, la agrupación del candidato presidencial Pedro Castillo, también ha interpuesto 30 solicitudes de nulidad ante los Jurados Electorales Especiales contra 209 actas de votación.

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Los pedidos están concentrados en Lima. La personera Ana María Córdova presentó los pedidos para anular mesas en Comas, Los Olivos e Independencia, en los jurados electorales especiales de Lima norte 2 y 3. Tres de los pedidos presentados son sobre actas repetidas.

En todos estos casos, el argumento utilizado por la defensa de Perú Libre es que las sumas de votos son incorrectas o son incongruentes con el número total de electores de la mesa. Al cierre de esta nota, estos pedidos aún no tienen una respuesta oficial.

En la conferencia de prensa que dio esta tarde Perú Libre, la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, refirió que no han tomado conocimiento de estas solicitudes, pero señaló que tienen todo el derecho de presentarlas como cualquier partido.

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En tanto, en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 presentó un pedido para anular 56 actas de votación en Hartford, Estados Unidos, que fueron custodiadas por el diplomático José Eduardo González Mantilla, según dice el escrito. Según manifiestan en el pedido, el diplomático era “manifiestamente parcializado” a favor de Fuerza Popular.

Pedido de nulidad EEUU by Jona Castro on Scribd

Sin embargo, este pedido fue declarado improcedente por la autoridad electoral, pues no se acreditó el comprobante de pago de la tasa impuesta.

El pedido más grande fue presentado en la provincia de Maynas, Loreto. Allí el personero legal alterno de la agrupación, Pedro Pablo Tafur Tafur, presentó otro lote de pedidos de nulidad de 128 actas. Allí se argumenta que algunas actas no tienen datos, otras son ilegibles, tienen error material, están incompletas, son ilegibles o no tienen firma.

En comunicación con este Diario, Tafur confirmó que había presentado este pedido. “¿Por qué va a ser poco democrático [el acto de presentar la nulidad] si hay actas que están totalmente mal, con errores, borrones, no iba el presidente de mesa, está mal el conteo? ¿Ud. cree que eso no está mal?”, contestó cuando se le indicó la posición que había tomado el partido respecto a la presentación de pedidos de nulidad.

Córdova no contestó nuestros intentos de comunicación. Fuentes de esta agrupación señalaron que no contaron con el respaldo partidario, y prueba de ello es que no pagaron el monto requerido (S/1.100) en este tipo de operaciones.

Los pedidos de nulidad tendrán que ser resueltos en primera instancia por cada uno de los Jurados Electorales Especiales.

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La noche del miércoles, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que su personería legal ha interpuesto recursos de nulidad contra 802 mesas de votación de los comicios del 6 de junio. La lideresa de la agrupación naranja aclaró en conferencia de prensa que, por “irregularidades”, deberían eliminarse del conteo más de 200 mil votos.

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Cabe señalar que los reclamos de Fuerza Popular se producen cuando, a más del 99% de actas contabilizadas por la ONPE, el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, sigue llevando la ventaja numérica. No obstante, de acuerdo con el partido de Fujimori, se tendrían indicios de un “fraude en mesa”. Entre las causales de presunta irregularidad, se alega que hubo falsificación de firmas de miembros de mesa, falsificación de resultados en mesa; parentesco entre miembros de mesa; sumas erradas y datos errados o faltantes.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, había catalogado el pedido de Fuerza Popular como “extraordinario”, debido a que, en anteriores comicios, nunca se había presentado tal cantidad de recursos de nulidad.

“En el año 2011, en primera vuelta, por ejemplo, hubieron dos nulidades planteadas. En mesa de sufragio, en primera vuelta, tres. En segunda vuelta, una. En las [elecciones] del 2016, en primera vuelta, nulidad de mesas de sufragio, seis. En segunda vuelta, 19. Total de solicitudes de nulidad: 26″, declaró el magistrado en entrevista con RPP.

Lo primero a considerar en los pedidos de nulidad de mesas es el plazo. Según la normativa, estos pueden presentarse hasta dentro de los tres días de pasada la fecha de los comicios y los jurados electorales especiales pueden resolverlos también dentro de tres días. La misma pauta se establece para el JNE, que resuelve en última instancia. No obstante, ante una situación “extraordinaria”, como señaló Salas Arenas, las estimaciones pueden cambiar.

En esta guía, repasamos cómo funciona el procedimiento:

1. Los tiempos para resolver

En primera instancia: De acuerdo con la Resolución N° 0086-2018-JNE, cuando el recurso cumple con los requisitos, el jurado electoral especial (JEE) “solicita el informe de fiscalización sobre los hechos suscitados en la mesa que se cuestiona y resuelve en el plazo máximo de tres días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción del acta electoral que consigna haberse solicitado la nulidad de la mesa”.

En segunda y última instancia: La misma resolución señalada establece que una apelación se presenta solo dentro de los tres días a partir del día siguiente de que se publique la resolución desfavorable. En el mismo sentido, el JNE, quien recibe la apelación, tiene tres días calendario para resolver.

Sobre estos puntos, el especialista en derecho electoral, José Naupari Wong, aclara que “el plazo de tres días se computa tras el día de la audiencia y no desde que llega el expediente”. No obstante, sí pueden darse casos de flexibilidad en el tiempo de resolver.

El también experto en temas electorales y ex asesor del JNE, Jorge Jáuregui Mendieta señala que “se entendería que los JEE deben actuar con mucha celeridad porque estamos en una racionalidad de preclusión de etapas, pero estos procesos pasan por un mecanismo de programación de audiencias”. El especialista sugiere que, inclusive, resolver la carga procesal que implican los 802 recursos de nulidad presentados por Fujimori, incluyendo eventuales apelaciones, podría tomar “unas dos o hasta tres semanas”.

Para José Tello Alfaro, también especialista en derecho electoral, un JEE que reciba cantidades mayores de recursos podría adoptar un mecanismo de mayor celeridad al acumular casos y resolver bajo un mismo criterio. Sin embargo, al igual que Jáuregui, también considera estimable el plazo total “de 15 a 20 días” para que se agoten y cierren todos los procesos.

2. ¿Bajo qué situaciones se puede pedir la nulidad de una mesa?

José Naupari señala que, de las cuatro causales de nulidad de mesas de votación, solo una puede denunciarse dentro de los tres días posteriores a la elección. Otras causales, como la instalación de mesa en lugar distinto o injustificadamente después de las 12 del día, así como conducta violenta o intimidatoria por parte de miembros de mesa o la admisión de votos de personas que no figuraban en la lista de la mesa solo pudieron reportarse el mismo 6 de junio.

En ese sentido, dijo que en el caso de Keiko Fujimori, su partido tendría espacio únicamente para invocar el supuesto b del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que los JEE pueden declarar nulidad “cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”.

Para Jorge Jáuregui, es importante señalar que el artículo 276 de la misma Ley Orgánica de Elecciones determina que “sobre los hechos y circunstancias de la votación que no consten en el Acta de Sufragio, no puede insistirse después al sentarse el Acta de Escrutinio”.

Desde el punto de vista de Jáuregui, este artículo imposibilita alegar irregularidades que no se detectaron el mismo día de la elección. “Si no constan en el acta, no existen. Entonces, para formular impugnaciones sobre la jornada electoral, hoy ya no es oportuno. Ya no hay oportunidad; si no, nunca habría resultados electorales”.

3. ¿Qué órgano revisa las solicitudes de nulidad?

Es preciso remarcar que el plazo para demandar la nulidad en el escenario de un “fraude” es de tres días contados a partir del día siguiente de la fecha central de la elección. Así lo dispone la Resolución N° 0086-2018-JNE, con la que el JNE actualizó la regulación de trámites de solicitudes de nulidad.

La nulidad de la votación que se realice en una mesa de sufragio solo puede ser dictada o rechazada por el jurado electoral especial (JEE) pertinente en primera instancia y ratificada o rechazada por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia.

“El pedido de nulidad, cuyo plazo para ser presentado vencía este miércoles, se tramita ante el jurado electoral especial del ámbito territorial del local de votación donde presuntamente se produjo la irregularidad. No es que esto vaya directo al JNE”, señaló José Naupari a El Comercio.

4. El costo del trámite

Según la tabla de tasas en materia electoral, que actualizó y aprobó el JNE en el 2020, se determinó que el costo para presentar el pedido de nulidad de una votación realizada en mesa de sufragio es del 25% de una UIT, lo que actualmente equivale a 1,100 soles por pedido.

En el caso de Fuerza Popular, el pago total por los 802 recursos de nulidad tuvo que haber sido de S/ 882,200.

Adicionalmente, el costo para presentar una apelación en caso de pedido de nulidad de mesa de votación es del 15% de una UIT, lo que a la fecha equivale a 660 soles por apelación.

5. ¿Cómo se presenta un pedido de nulidad de mesa?

La única persona que puede presentar un pedido de nulidad es quien tenga el cargo de personero legal del partido político. Este debe ser el inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o ser el personero legal designado ante el jurado electoral especial.

Cabe señalar que, en la Resolución N° 0086-2018-JNE, el pleno del JNE acordó disponer como regla que los JEE solo reciban los pedidos de nulidad cuando se respeta tanto el plazo máximo de tres días establecido por ley como el horario de cierre de mesa de partes de cada sede.

En el pedido, el personero legal debe adjuntar, además, el comprobante original del pago de la tasa. Adicionalmente a esos requisitos, una apelación debe contener la autorización de un abogado colegiado hábil.

6. ¿Un solo fallo puede generar efecto multiplicador?

Los especialistas consultados por este Diario destacan que cada JEE es autónomo y, por tanto, el criterio que utilicen sobre cada caso similar no necesariamente coincidirá.

“Cada JEE que reciba recursos de nulidad tienen que analizar a fondo cada situación denunciada. Debe revisar la casuística para tener una opinión clara, para determinar si se pueden acumular casos o no, o si se pueden desarrollar criterios similares o no. El que sí puede desarrollar un criterio de observancia para todos los JEE es el JNE, pero los JEE, por sí mismos, no”, indica José Tello.

“Los JEE están absolutamente protegidos por la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Cada juez de la república, incluyendo al juez electoral, es libre para interpretar el derecho conforme a ciencia y conciencia, dentro del parámetro constitucional. La garantía de autonomía se compensa con la garantía de pluralidad de instancias, y es por eso que existe el espacio para la apelación. El plazo tiene que ajustarse al sentido de la realidad”, sostiene Jorge Jáuregui.

7. ¿Los procesos de nulidad de mesas detienen el conteo de votos?

No, pero sí la proclamación de los resultados. “El proceso de nulidad en cada JEE y, después, en el JNE, sigue su curso mientras la ONPE sigue cerrando el conteo de actas de votación. Lo que no puede ocurrir es que se proclame al ganador porque primero tienen que resolverse todos los recursos”, aclara José Tello.

Para Jorge Jáuregui, existe alta probabilidad que de los recursos sean declarados infundados: “Hay que tomar en cuenta que sobre el supuesto de fraude en mesa se deben cumplir dos supuestos: primero, no solo que se detecte una posible situación de fraude, sino también que se evidencie que ese hecho afectó la voluntad popular. Bajo los argumentos que se han presentado por parte de Fuerza Popular, no veo el sustento jurídico”.

8. ¿Es inapelable la decisión final del JNE?

José Naupari explica que un eventual fallo desfavorable del JNE resulta inapelable, salvo que la organización política agraviada, representada por su personero, interponga una demanda de amparo bajo el argumento de una indebida motivación. “Sin embargo, eso no suspende la proclamación de resultados de una votación”, señaló el abogado.

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El proyecto de reforma constitucional del legislador Luis Valdez (Alianza para el Progreso) para delimitar el uso de la cuestión de confianza solo obtuvo 81 votos a favor en una primera votación el jueves pasado en el pleno del Congreso.

Representantes del Frente Amplio, Partido Morado, Unión por el Perú y no agrupados votaron en contra de la iniciativa, que necesitaba 87 votos para ser aprobada.

MIRA: Los peligros de la reforma exprés a la Constitución, los casos de la bicameralidad y la cuestión de confianza | ANÁLISIS

Una hora después de la primera votación, Valdez –también presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento– solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, la reconsideración de esa decisión.

El legislador de APP, luego de que la reconsideración fue aprobada, solicitó diferirla por dos horas debido a que algunos congresistas tenían “problemas tecnológicos”. Pero el pedido fue rechazado por Vásquez.

Finalmente, la iniciativa de reforma logró solo 80 votos a favor. Para ser aprobada, requeriría la convocatoria a un referéndum debido a que sobrepasó la mayoría absoluta [66 votos]. Este es el segundo camino para aprobar una enmienda a la Constitución.

Fricciones

Durante el debate hubo un fuerte cuestionamiento por parte de los legisladores hacia el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien había manifestado su desacuerdo con esta reforma constitucional.

Valdez dijo que el mandatario podría ser “pasible de una acusación constitucional en caso persista con esta interferencia con el normal funcionamiento del Congreso”. Por su parte, Sagasti respondió que “de repente cree el ladrón que todos son de su condición, lo que demuestra es que hay maneras decentes de hacer política, y maneras realmente bajas, que son propias de bajos fondos”.

La reforma apuntaba a delimitar el uso de la cuestión de confianza.

Cuestión de legitimidad

Por Martin Hidalgo

Una reforma constitucional requiere de actores políticos con legitimidad capaces de convocar amplios debates y de elaborar un estudio técnico adecuado. El gran problema es que los congresistas no son conscientes de su baja legitimidad. O si son conscientes, no les importa.

En lo que va de este período, se han presentado 120 proyectos de ley que buscan reformar la Constitución. Estamos ante un Congreso que sigue buscando “reformar”, pese a que el TC le ha enmendado la plana en su forma de legislar sin respetar su propio reglamento.

Una de las normas más dañinas que se aprobó en estos últimos años fue la eliminación de la reelección parlamentaria, y esta fue aprobada con un debate de 23 minutos en comisión.

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El excongresista Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular, justifica las 802 solicitudes de nulidad que ha interpuesto el fujimorismo ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) para dejar sin efecto más de 200 mil votos. Agrega que no buscan dilatar el proceso electoral, sino que las instituciones electorales revisen lo que ellos consideran “irregularidades”.

Torres evitó responder quiénes son los “abogados democráticos” que asistieron desde el lunes a su partido en el barrido de actas que la ONPE ya había procesado.

— Fuerza Popular ha presentado 802 solicitudes de nulidad. ¿Cuáles son sus principales argumentos?

Principalmente, es el tema de falsificación de firmas de miembros de mesa, lo que se denomina una sustitución de personas, no es un reemplazo, no es que se haya elegido a miembros de mesa a los que estaban en la cola, sino [habría] habido personas que se hicieron pasar por los miembros de mesa y firmaron y consignaron los datos de estos de manera irregular. También tenemos la falsificación de resultados en la mesa, donde hemos podido advertir que hay, por lo menos, 132 actas en las cuales Fuerza Popular no obtiene un solo voto o tiene máximo un voto. Y esto es estadísticamente imposible.

[…] Y el tercer concepto que se ha advertido es el de las familias en una misma mesa de votación, para esto se ha observado no solamente que coinciden los apellidos, sino, además, hemos ingresado a las fichas de Reniec para poder determinar si es que son familiares, hijos del mismo padre o madre, y hemos podido observar eso.

— Si los JEE rechazan estas solicitudes de nulidad, ¿Fuerza Popular apelará para que estas causas lleguen al JNE?

Se hará un análisis de cada una de las resoluciones y, por supuesto, en aquellas que consideremos, en las que no estemos de acuerdo con la resolución brindada en primera instancia, se procederá a apelar. No, no [se van a apelar todas], para eso existe el órgano correspondiente, se lee, puede ser que el órgano haya dado argumentos que consideremos que con eso queda esclarecida la inquietud que tuviéramos y las que no, las vamos a apelar.

— En el 2016 las solicitudes de nulidad de mesas de votación, en primera y segunda vuelta, fueron de 25. ¿Los 802 recursos de Fuerza Popular no buscan dilatar el proceso?

No, en absoluto, lo único que hace es evidenciar que ha habido irregularidades dentro de la mesa de la mesa de votación y que eso evidentemente debe llamar a una reflexión a lo que ha sucedido dentro de estos comicios electorales, me imagino que también podrías hacer una búsqueda de cuántas actas han sido observadas en el pasado, por la ONPE y si la información que me han brindado no está mala, y la observación que ha hecho la ONPE en este proceso electoral, ha sido mucho más alta que en ocasiones anteriores, entonces uno puede decir “oye qué, la ONPE se quiere tirar abajo la voluntad popular”, yo no lo creo. Yo creo que en realidad lo que está sucediendo es que se está advirtiendo ya sea de parte de ONPE, nuestros personeros y estas solicitudes de nulidad es que en estos comicios ha habido irregularidades en la mesa.

— El lunes, Keiko Fujimori presentó una denuncia, en el sentido, de que tres familiares habían sido miembros de una misma mesa en Puno. Estas personas, de apellido Catacora, aclararon que si bien tienen el mismo apellido no son familia. Y El Comercio pudo comprobar que fueron elegidos por sorteo. ¿No han sido ligeros en algunos casos?

Cuidado, cuando el día lunes se hizo la declaración, se dijo que “habría indicios” y no había pruebas, el lunes era el día siguiente de haber tenido los comicios electorales, muy poco tiempo para poder hacer un análisis profundo, como el que se ha hecho en esta segunda oportunidad, en donde hemos presentado casos, en estos no queda la menor duda de que se trata de familiares. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro día.

— En esa misma conferencia, Fuerza Popular acusó “una impugnación masiva” de actas de parte de Perú Libre, pero en realidad solo 494 actas con “votos impugnados” por ambos partidos fueron enviadas a los JEE para su resolución. ¿La utilización de la palabra “fraude en mesa” no ha sido temeraria?

Más del 60% [de actas observadas] responden a Lima […] No, un fraude es una irregularidad, es una distorsión de las cosas, y fraude no significa que los órganos electorales estén involucrados. De hecho, nosotros hemos sido sumamente cuidados al señalar que respetamos el trabajo que ha hecho tanto la ONPE como el JNE. Esperamos verdaderamente que ellos resuelvan conforme a ley cada uno de estos casos y si ha habido algún tipo de irregularidad ha sido en mesa, y es frente a eso que nosotros hemos presentado estas solicitudes de nulidad.

— El sorteo de los miembros de mesa fue a fines de enero. ¿Por qué no lo apelaron en el caso de las familias, que seguramente sí los hay?

Porque nosotros sospechamos que la irregularidad se produce no en el nombramiento de los titulares de las mesas, sino que se ha puesto en práctica lo que se evidenció en un video [que Fuerza Popular difundió] el lunes, donde en la capacitación de los personeros de Perú Libre se les decía “lleguen temprano para que esas mesas sean nuestras”. Nosotros no tenemos cómo saber quiénes iban a ser los reemplazos de las personas sorteadas.

— Cuando señalaron a los Catacora, la señora Juárez dio a entender que tenían relación con Perú Libre, pero no figuran en el ROP. Ellos fueron sorteados. ¿Tienen las cifras de cuántos voluntarios estuvieron al frente de las mesas que cuestionan?

Que no esté dentro del Registro [de Organizaciones Políticas] no es determinante para saber si una persona está vinculada o no con un partido o si es afín a un partido. Nosotros lo que estamos haciendo es indicar cuáles eran los titulares nombrados y cuántos han sido reemplazados. Los ciudadanos no los han advertido. Hasta el día de ayer hemos presentado 802 solicitudes de nulidad, pero nada impide que nosotros sigamos presentando otras nulidades, sabemos que ya no estaríamos dentro del plazo, pero también estamos convencidos de que la autoridad de oficio puede abocarse a cada uno de estos supuestos con el objetivo más importante que es salvaguardar el derecho al voto de cada ciudadano.

— ¿No fue un error de Fuerza Popular no haber puesto la cantidad suficiente de personeros, sobre todo en el centro y en el sur del país?

Tus compañeros periodistas que nos han acompañado a lo largo de la campaña pueden dar fe de la agresividad que hay respecto a Fuerza Popular, Keiko Fujimori o cualquier persona que esté en contra de Perú Libre. Entonces, claro, uno dice “debió haber más personeros”, hemos hecho el máximo esfuerzo posible para poder cubrir la totalidad de las mesas en el Perú. Sin embargo, hay zonas sumamente difíciles y complicadas en las cuales ya es un riesgo para muchas personas votar por Fuerza Popular, lo hacen con temor. Te imaginas el temor que debe tener una persona al ponerse un cartelito que diga “soy personero de Fuerza Popular”, creo que no estamos midiendo la situación tal cual se ha presentado en el país, donde nos han llovido piedras, donde le han roto la cabeza a una mujer, donde han dañado a más de una persona, incluso a periodistas.

— Y en términos porcentuales, ¿cuántas mesas llegaron a cubrir con personeros?

No tengo esa información.

— En Bagua, Yoel Alcántara, quien, de acuerdo a Fuerza Popular no fue a cumplir su labor de miembro de mesa, grabó un video donde refiere que sí asistió, mostró su certificado y firmó ante cámaras para mostrar que la rúbrica del acta sí es suya…

Eso lo tendrán que verificar los peritos correspondientes, lo que nosotros podemos hacer atendiendo a los reclamos de la ciudadanía que nos han llegado es canalizarlos y presentarlos antes las autoridades para que a través de los peritos correspondientes se pueda verificar si se trata o no se suplantación de personas.

— Fuerza Popular ha gastado 882.200 soles en la presentación de 802 solicitudes de nulidad. ¿Quiénes han financiado este reclamo?

Entiendo que han sido ciudadanos, que han decidido colaborar en esta oportunidad y a los cuales realmente felicito porque esta no es una lucha de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori, es una lucha por salvaguardar los votos de la población.

— ¿Los nombres de estos aportantes se van a conocer? ¿Se van a detallar en los informes que presente Fuerza Popular?

Yo me imagino, no, no me imagino, estoy seguro que toda la información será puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

— Luis Galarreta dijo que “abogados democráticos” ayudaron a Fuerza Popular en el barrido de actas que ya habían sido procesadas por ONPE. ¿Puede dar algunos nombres? ¿Integran estudios jurídicos?

Lo que estoy seguro es que han dado voluntariamente esta ayuda, como personas naturales. Decirte los nombres de cada uno de los abogados es algo que no me corresponde, no creo que me corresponda promocionar el nombre de las personas que voluntariamente, sin ningún tipo de ganas de protagonismo han venido a colaborar. Me siento orgulloso de coincidir en la misma profesión con ellos, porque lo que se está buscando es la justicia, se está buscando la verdad y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en claro.

— ¿Cuántos abogados los ayudaron?

No cuento con la información sobre cuántos han sido.

— ¿Fuerza Popular respetará los resultados que el JNE proclame en base al conteo de ONPE?

Por supuesto que sí.

— El presidente del JNE, Jorge Salas, ha indicado que el sistema electoral no está en la capacidad de resolver en corto tiempo los 802 pedidos de nulidad. ¿No cree que estas solicitudes pueden hacer colapsar a la justicia electoral?

Yo creo que el sistema, evidentemente, no ha estado preparado para una serie de irregularidades que se han dado en estas elecciones, desde las dificultades que han tenido para poder detectar todo este patrón que se está utilizando, hasta la subida de expedientes en el sistema digital. Evidentemente, [esto] es un gran reto por resolver de parte de la justicia electoral, nosotros estamos convencidos de que ellos van a poder hacerlo, de que tienen la capacidad y confiamos en la justicia [electoral] que debe ser la directriz de las decisiones.

— ¿Cómo interpreta la solicitud de prisión preventiva del fiscal Pérez contra Fujimori?

La verdad es que me da pena que una persona tenga ese nivel de odio en su vida, y que se quiera involucrar en el conteo de los votos de las elecciones, no encuentro ninguna otra explicación en este tipo de iniciativa. Yo no soy testigo en el proceso por el tema de falsos aportes, ahí está la prohibición que el juez le ha dictado a la señora Fujimori. Al igual que muchas otras personas puedo participar como testigo de otros temas y eso no tiene ningún tipo de limitación. Qué curioso que recién ahora, el día en que damos esta conferencia respecto a estas impugnaciones se haya presentado esta solicitud, cuando en realidad no es ningún secreto que, a partir de la segunda vuelta, mi participación ha sido mucho más fuerte en la campaña, he viajado [con Keiko Fujimori] y no he estado escondido, mi presencia ha sido transparente. En el debate presidencial [de Arequipa] estuve con Galarreta, Guerra García como asesores de la candidata.

— ¿Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, no le advirtió que en la acusación usted aparece como testigo?

No soy testigo de [la investigación sobre] aportes falsos, puedo ser testigo de muchas otras cosas, pero de aportes falsos no se me ha consultado. Eso lo mismo que en el caso de Kenji [Fujimori] y de Mark [Vito Villanella], ellos también son partes involucradas, pero la prohibición no les alcanza.

— ¿Fuerza Popular será oposición en un eventual gobierno de Pedro Castillo?

El rol que nos toque desempeña, en el negado caso de un gobierno comunista, creo que sí, que será de oposición, de atenta vigilancia hacia la protección de los derechos constitucionales de todos los peruanos.

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