Casi 28 millones de peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y nuevos integrantes del Congreso bicameral. Este proceso se da tras un quinquenio en el que el país estuvo sumido en una profunda crisis política, lo que agudizó el rechazo y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

Estas elecciones se caracterizan por la cifra inédita de 35 candidatos presidenciales y tener la cédula de votación más grande y costosa de la historia. Del total de postulantes al sillón rojo, solo dos pasarán a segunda vuelta.

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos César Campos, Katherine Zegarra y José Carlos Requena analizan el panorama del país tras estas elecciones históricas y los principales retos que deberá afrontar el nuevo gobernante.

César Campos: Le espera al país la necesidad de tener un presidente que lo pacifique porque estamos muy polarizados. Tiene que haber un lenguaje mucho más constructivo y más pacificador. Es lo que se requiere porque si vamos a seguir polarizando no vamos a alcanzar ningún objetivo.

Katherine Zegarra: A los y las peruanas les espera, en muchos casos, desesperanza, perplejidad en el sentido que no muchos entienden los resultados [...] Habrá sentimientos de que más que una fiesta democrática, finalmente sea una elección entre lo que muchos consideran como el mal menor y eso se va a profundizar más en la segunda vuelta. Eso porque no hay candidatos que generen esperanza, que cuenten con ciudadanos que los apoyen de manera importante.

José Carlos Requena: Esto dependerá mucho de los resultados de esta primera vuelta. Esto permitirá avizorar qué tanto margen de razonabilidad podría haber. Luego de hoy veremos qué tan partido está el país o si la situación es más homogénea. Ahí recién se sabrá si es que estamos frente a la posibilidad de romper este ciclo de inestabilidad o si se va a revertir estar tendencia de los últimos años. Por lo que se ve, hasta ahorita, no queda muy claro. Lo único es que veremos qué candidaturas o partidos tendrán presencia en el Congreso, que es un espacio fundamental.

César Campos: Lo principal es el combate a las economías informales: la minería ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala, el tráfico de personas, el tráfico de tierras. Tenemos un cúmulo de poderes fácticos que se mueven en el Perú, que creo que es necesario combatir, porque de ahí deriva el tema de la inseguridad ciudadana, con el alza que tiene la criminalidad organizada en nuestro país.

En segundo lugar tener definiciones sobre el modelo económico, no entrar en contradicciones. Necesitamos que se fortalezcan los organismos reguladores. También acabar con la enorme tramitología y permisología que hay para las inversiones mineras, sobre todo en un ciclo que nos espera hasta los próximos diez años, de alza en la cotización de los metales. El Perú tiene muy buenos proyectos e iniciativas en marcha que deben salir adelante y que están en vías de exploración. Esto último ha tenido un crecimiento sostenido los últimos años, pero se requiere un mayor esfuerzo.

También un desafío grande es tener una definición sobre el tema de Petroperú, vemos cómo se avanza y se retrocede en torno a ello y definitivamente eso es algo para que haya una voz muy clara para definir su destino. Finalmente, defender la autonomía del Banco Central de Reserva.

Katherine Zegarra: Probablemente sea un presidente sin mayoría en el Congreso. Por lo que su primer gran reto será mantenerse los cinco años, que ya es un reto bastante grande y antes no se tenía. Esta posibilidad de no saber cuánto tiempo va a durar su mandato, genera una sensación de vulnerabilidad y visión constante de corto plazo en lugar de la búsqueda de políticas públicas de mediano y largo plazo complejas. Probablemente nos toque un presidente sin mayoría, con la necesidad de buscar apoyo [en el Congreso] para que su gobierno sea viable.

José Carlos Requena: Lo fundamental es obtener un sostén parlamentario sobre el cual pueda soportar su gestión: su primer reto es durar. Cuando ya se tiene el posible resultado, mucha gente empieza a ver quién es el vicepresidente porque eventualmente sería quien lo pueda reemplazar. Esta es una mirada realista y muy negativa porque deberíamos aspirar a que quien salga elegido concluya su mandato.

César Campos: Hacer una convocatoria a la unidad del país. Para ello, reitero, tiene que haber un lenguaje y una retórica menos violenta y confrontacional. Al final de cuenta somos todos los peruanos los que necesitamos unificarnos en torno a ideas muy precisas y políticas muy claras sobre lo que debe ser nuestro destino. Si estamos en divagaciones o entramos en demasiadas peleas y conflictividad no vamos a llegar a ninguna parte.

Katherine Zegarra: Sería muy significativo para la ciudadanía tomar medidas concretas, basadas en evidencia y acompañadas por expertos, sobre la lucha contra la inseguridad. En lugar los estados de emergencia, que no han servido de nada, medidas multiministeriales, interorgánicas. Hablar no solo con la policía sino el Ministerio Público. Fortalecer a la policía y el Poder Judicial también. Esta medidas son las que más valoraría la ciudadanía. Asimismo, comprometerse a realizar cambios importantes en los sectores salud, educación y transportes, que tanto impactan a la vida de los peruanos.

José Carlos Requena: Para prevenir este ciclo de inestabilidad es presentar un proyecto de ley que tenga que ver con el rol de los vicepresidentes, una iniciativa que promovió Víctor Andrés García Belaunde cuando fue congresista. Hemos visto que en los últimos años este cargo ha sido clave, como en el caso de Martín Vizcarra y Dina Boluarte. Este proyecto lo que plantea es que si cae el presidente, cae todo el gobierno y se convocan elecciones. Eso podría tener una fuerza similar a la famosa muerte cruzada en Ecuador y podría inhibir la voracidad de algunos actores parlamentarios o la ambición del eventual vicepresidente. Habría que revisar caso por caso las normas llamadas procriminalidad, como la que tiene que ver con los allanamientos.

César Campos: Actuar con absoluta transparencia. Hemos tenido los últimos jefes de Estado con demasiadas oscuridades, demasiados tonos grises en su actuación, tanto pública como privada, que se requiere un presidente que sea de puertas abiertas, con una conducta impoluta y limpia, no solo en términos personales sino en ejecución pública. Que no tenga la tentación de solamente nombrar allegados en los puestos públicos sino a gente capacitada. Para ello debe ser una persona de amplia convocatoria, que pueda sumar incluso a personas de otros movimientos políticos. Además, promover la construcción de ciudadanía.

Katherine Zegarra: Es un proceso complicado porque esta degradación de la confianza ha sido mantenida por muchos líderes, durante mucho tiempo. Entonces, volver a tener ilusión por los representantes depende de una muestra bastante fuerte de que se trabaja por el bien común y no de intereses particulares. El cargo requiere tener un nivel de transparencia muy grande y, para ello, el próximo presidente debe estar dispuesto a rendir cuentas incluso en temas privados.

José Carlos Requena: Eso tiene que ver con un trabajo consistente, constante y con cercanía a los problemas de la gente. Mandando señales importantes, como que el Ministerio del Interior deje de ser el guardaespaldas del presidente y, mas bien, se preocupe por salvaguardar la seguridad ciudadana. En la época de Pedro Castillo se hizo costumbre que el Mininter se convirtiera en guardaespaldas de los presidentes y eso debería revertirse. A ese sector hay que darle el peso político que debería tener, tomando en cuenta que es una preocupación tan alta entre la ciudadanía.

César Campos: Además de la transparencia, no tener cenáculos privados, particulares, con capucha o sin capucha; no recibir regalos de gobernadores, relojes Rolex; y mostrarse distante de cualquier tentación de tomar las arcas públicas para beneficios particulares. No debe repetir tampoco el tema de impulsar negociados con los familiares, como lo hizo Pedro Castillo. No ser incoherente, declarar en una línea y seguir otra, eso pasó, por ejemplo, con Petroperú. Debe tener mucha firmeza y convicción en las cosas que haga y no tener un doble rasero. Finalmente, con el Congreso debe buscar consensos, pero no a cambio de prebendas sino de puntos fijos de políticas públicas abiertas, que sean útiles y beneficiosas para el Perú, no para grupos particulares.

Katherine Zegarra: El presidente y su élite deben entender que no deben actuar a favor de sus propios intereses y rescatar la dignidad del cargo de presidente de la República como el más importante. Esto está relacionado a que los líderes políticos se comporten a la altura del puesto que representan. Tener una apertura a su vida personal. Hay que entender que este cargo es el que menos intimidad y, en este caso, habrá mucho escrutinio porque hay mucha responsabilidad en juego. Entonces debe evitar actos como reuniones en las noches, a escondidas, encapuchado. Alejarse y suspender amistades de proveedores del Estado y no recibir ningún tipo de dádivas.

José Carlos Requena: Tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso debería aspirarse a que se reponga el equilibrio de poderes. Será importante tener un presidente sin complejos, con una agenda real y que sepa contener el apetito populista que venga desde el Parlamento. Lo que hemos tenido, sobre todo en el gobierno de Dina Boluarte, son presidencias sometidas. Eso no necesariamente requiere un cambio particular sino es una voluntad y una consciencia de volver a nivelar la cancha. Quien sea elegido presidente debe tener consciencia de ello. Además, buscar a un grupo de ministros competentes y respetados en sus sectores, también ha habido un deterioro en esa función, se ha estado repartiendo ministerios según simpatías y no con criterios meritocráticos.

Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo 12 a las urnas para enfrentarse a las elecciones más difíciles de la historia. Una jornada de votación sin precedentes por múltiples razones. Nunca antes se había tenido 37 organizaciones políticas en carrera —35 de ellas con aspiración presidencial— en una elección general. Tampoco se habían tenido cinco elecciones en simultáneo en una misma jornada.

No se había tenido nunca una cédula de sufragio de tales proporciones —44 cm de largo por 42 cm de alto—, ni una en la que el elector puede efectuar hasta 12 marcas, siete de ellas de voto preferencial. Será, además, la primera vez en más de 30 años que se elegirá un Congreso bicameral, con senadores y diputados. Todo ello, en medio de una crisis política y de inseguridad que instala en el país un clima de incertidumbre y expectativa.

En total, son 198 las autoridades que se elegirán para el quinquenio 2026-2031. En el caso del Ejecutivo, se elegirá a un presidente y dos vicepresidentes, aunque todo apunta a que ello se definirá en un balotaje el 7 de junio, debido a la fragmentación.

A lo largo de toda la campaña, ninguno de los 35 candidatos presidenciales logró superar el porcentaje de indecisos, que en la última encuesta de Datum Internacional —antes de la veda electoral— se ubicaba en 16,8%. Para ganar en primera vuelta, una fórmula presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos.

En donde no hay segunda vuelta es en la conformación del Congreso. Del proceso electoral de este domingo —en el que se espera la apertura de 92,766 mesas de sufragio— saldrán los primeros 60 senadores y 130 diputados del sistema bicameral del siglo XXI.

Y, por primera vez desde 1990, candidatos presidenciales competirán también voto a voto por un escaño en el Congreso. Veintiún postulantes lo hacen al Senado, entre ellos Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón, César Acuña, José Williams, Mario Vizcarra y Ricardo Belmont.

Otros seis lo hacen a la Cámara de Diputados, como Roberto Sánchez, George Forsyth, Ronald Atencio y Enrique Valderrama. En la misma jornada, además, se elegirán a los cinco representantes ante el Parlamento Andino.

Sin embargo, la complejidad de la elección no hace sino volver aún más determinante el rol de cada uno de los 27 millones 325 mil 432 peruanos llamados a las urnas. En 2021, con casi seis millones y medio de peruanos que no votaron, el ausentismo terminó siendo decisivo en el ajustado cara a cara entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Un resultado tras el cual el país tuvo cuatro jefes de Estado en un período en el que solo debió tener uno.

“El elector es la piedra angular. El ausentismo en las elecciones pasadas hizo la diferencia, inclinó la balanza de un lado a otro. Si hay ausentismo, si no hay personeros, si los miembros de mesa actúan irregularmente y si el voto no es un voto responsable, lo que vamos a tener entonces es, lamentablemente, un pésimo resultado”, expresó a este Diario el analista político Enrique Castillo.

Incidió en que la participación de los políticos en una elección no es nada sin los electores; incluso —remarcó— se podría no tener tantas listas de candidatos o llegar a no tener políticos. “Pero si no se tiene electores, el sistema democrático colapsa”, advirtió.

En símil, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, resaltó en diálogo con El Comercio que la participación ciudadana no solo pasa por acudir a las urnas, sino por ejercer un voto responsable. Señaló que resultaba preocupante que, en medio de este contexto electoral, pueda persistir un porcentaje significativo de indecisos.

“El indeciso significa que no va a ir a votar, el que va a ir a votar en blanco o el que puede viciar su voto. A estas alturas, es importante que todos los peruanos votemos y optemos por alguna opción política. Y si lo vamos a hacer, es importante que se vea el paquete completo; es decir, presidencia de la República, pero también diputados, senadores y parlamentarios andinos”, sostuvo Tello.

Ello —destacó— pues el Ejecutivo y el Legislativo deben tener una mayor y mejor sinergia, y que cualquier gobierno que se instale necesita contar con una bancada oficialista con capacidad de respaldar las políticas de Estado. “No podemos tener un gobierno debilitado frente a un Congreso totalmente galopante”, expresó.

Además, Tello subrayó que este domingo, tras el cierre de las mesas de votación, los peruanos asistirán también a presenciar literalmente una “pérdida de inscripción masiva de partidos políticos” que no superen la valla.

“En el transcurso de las horas se va a saber las decenas de partidos que van a desaparecer a partir de enero de 2027; y eso lleva a otra reflexión importantísima: no debemos apostar más por el modelo de competitividad electoral, porque lo único que vamos a tener es más marcas electorales, más partidos ómnibus, más maquinarias electorales de un uso y descarte”, sostuvo.

Por ello, acotó que “urge la necesidad de una reforma legal” que permita generar institucionalidad en el sistema de organizaciones políticas, por ejemplo, habilitando a que los partidos y movimientos puedan optar por no postularse hasta en una elección. “Pero generar institucionalidad. Porque los partidos y los movimientos tienen que ser representativos de la población, tienen que estar legitimados ante la población”, comentó.

Por otro lado, Enrique Castillo también apuntó que el retorno a las dos cámaras representa una posibilidad de un mejor manejo y un mejor filtro de las decisiones en el Congreso. Sin embargo, ello solo dependerá de su conformación. Si las iniciativas de la cámara baja —remarcó— son débiles, mal interesadas o responden a intereses oscuros, lo que llegará al Senado será de baja calidad.

“Entonces, si bien es una oportunidad, también puede ser un riesgo. Podríamos estar hablando de una crisis que podría explotar a los seis meses de instalar el nuevo gobierno y podríamos volver a hablar de vacancias o de renuncias al más alto cargo de la nación”, aseveró.

El escenario es incierto. Por lo pronto, se llega al día de las urnas con el 58,96% de los 834.660 miembros de mesa capacitados, según cifras oficiales de la ONPE a las que accedió este Diario al cierre de este reportaje. Lo que permite estimar que, en la práctica, alrededor de 4 de cada 10 acudirían a cumplir su función sin capacitación previa a las elecciones más complejas.

A ello se suma un antecedente preocupante. El porcentaje de miembros de mesa que efectivamente se presentan ha venido reduciéndose, pasando de 84,1% en el 2006 a 61,4% en el 2021. Es decir, en la última contienda, solo seis de cada diez cumplieron con ejercer sus funciones.

Las elecciones ya están en marcha —según informó la Cancillería, la votación se inició en Nueva Zelanda desde las 2:00 p.m. del sábado (hora peruana) y dos horas después en Australia—. Sin embargo, lo que se escriba sobre el próximo quinquenio está en manos de quienes acudan a votar.

En vísperas de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, entregó un mensaje al país, en el que indicó que “no solo acudimos a votar, (también) renovamos nuestro compromiso con la democracia, con el país y con las generaciones que vienen”.

El titular del JNE calificó la jornada electoral como “una verdadera fiesta electoral, en la que cada ciudadano es protagonista del presente y del futuro de nuestra nación”.

“El voto es la expresión más genuina de nuestra libertad, el instrumento con el que el pueblo decide el rumbo del Perú”, comentó Burneo, quien también hizo un llamado a la ciudadanía para emitir el voto “de manera informada, consciente, libre y secreta”.

Además, aseguró que el JNE, como ente rector del sistema electoral, garantizará la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral.

Resaltó el despliegue de más de 49 000 fiscalizadores a nivel nacional, quienes estarán a cargo de hacer que las reglas se cumplan y que la voluntad popular se respete. “En esta jornada elegiremos al presidente y vicepresidente de la República, a los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el nuevo Congreso bicameral, así como a los representantes ante el Parlamento Andino”, recordó.

Por último, exhorto a los candidatos a “esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas”. “Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado. El Perú decide. Muchas gracias”, finalizó.

El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 190 representantes que se irán conociendo según los resultados dados, por el conteo rápido de Datum y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la nueva composición del Parlamento, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE.

Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de diputados (Cámara Baja) y senadores (Cámara Alta).

Para la elección de los 130 diputados, el país se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes. Para acceder a escaños en esta cámara, un partido debe lograr el 5% de los votos válidos y siete diputados.

Los 27 distritos electorales considerados para la elección son resultado de la siguiente composición: los 24 departamentos del país, 1 distrito para Lima Provincias, 1 distrito para el Callao y 1 distrito para los peruanos residentes en el extranjero.

Para la elección de 60 senadores, existen dos tipos: el Senado nacional y el Senado múltiple (por regiones).

De los 60 senadores, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

La diferencia básica de las funciones de senadores y diputados radica en la iniciativa legislativa.

Mientras que los diputados pueden presentar proyectos de ley, los senadores no podrán hacerlo y solo se encargarán de revisar -para ratificar o rechazar- las iniciativas provenientes de la Cámara Baja.

El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este domingo 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 130 diputados que se irán conociendo según los resultados dados, por el conteo rápido de Datum y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la composición de la Cámara de Diputados, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE.

Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de diputados (Cámara Baja).

Para la elección de los 130 diputados, el país se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes. Para acceder a escaños en esta cámara, un partido debe lograr el 5% de los votos válidos y siete diputados.

Los 27 distritos electorales considerados para la elección son resultado de la siguiente composición: los 24 departamentos del país, 1 distrito para Lima Provincias, 1 distrito para el Callao y 1 distrito para los peruanos residentes en el extranjero.

Una de las principales funciones de los diputados es la presentación de proyectos de ley. En el ámbito de control político, los representantes de la Cámara Baja podrán interpelar y censurar a ministros de Estado.

El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 60 senadores que se irán conociendo según los resultados del conteo rápido de la encuestadora Datum Internacional y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la composición del Senado, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE. Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de senadores (Cámara Alta).

Para la elección de los 60 senadores, la cédula de votación contará con dos columnas independientes: una para Senado Nacional y otra para Senado Múltiple (regiones).

En el Senado Nacional, 30 serán elegidos por todos los electores por una sola circunscripción.

Los otros 30 del Senado múltiple, serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

A diferencia de los diputados, los senadores no tienen iniciativa de ley. Los representantes de la Cámara Alta solo podrán ratificar o rechazar los proyectos enviados por los diputados.

Una de las principales características de la Cámara de Senadores es que esta no podrá ser disuelta por el presidente de la República.

Este domingo 12 de abril, Datum Internacional dará a conocer su conteo rápido de las actas tras las elecciones generales 2026, una herramienta que permitirá conocer las tendencias del resultado electoral.

Los resultados serán difundidos por América Televisión, en una jornada en la que los peruanos elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

El conteo rápido es una metodología que permite proyectar resultados electorales a partir de una muestra representativa de actas de votación.

En Canal N, Urpi Torrado, CEO de Datum, dijo que la hora para la emisión del conteo rápido dependerá mucho de cuanto demoren los miembros de mesa en terminar con su labor.

En #CuentasClaras, Urpi Torrado, gerenta general de Datum, indicó que a las 5 p.m. de este domingo 12 de abril se dará el flash electoral por América Multimedia y Canal N: "Vamos a tener el resultado de la elección presidencial, del Senado y diputados"

Mantente informado en la… pic.twitter.com/LsFHVnTmNM

— Canal N (@canalN_) April 8, 2026

A diferencia de los sondeos a boca de urna, que se basan en declaraciones de los votantes, este sistema utiliza datos recogidos directamente de las actas oficiales, lo que le otorga un mayor nivel de precisión.

Para el conteo rápido, los encuestadores estarán en los centros de votación, esperarán el conteo en las mesas, copiarán el acta en un software y lo transmitirán en tiempo real al centro de cómputo instalado en América Televisión.

Si bien el conteo rápido ofrece una aproximación confiable, los resultados oficiales serán publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada del cómputo definitivo de los votos.

En estas elecciones, aproximadamente 27 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas. La jornada de votación se desarrollará desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., en miles de locales distribuidos a nivel nacional.

El proceso se lleva a cabo en un contexto político marcado por la fragmentación de candidaturas y una intensa campaña electoral, en la que los postulantes han recorrido el país con propuestas centradas en temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reformas institucionales.

Con el cierre de las mesas y la difusión del conteo rápido, el país entrará en una etapa clave para conocer el rumbo político de los próximos años, a la espera de los resultados oficiales que confirmarán la decisión de los electores.

Pero los aspirantes al máximo cargo del Estado no siempre fueron consistentes en sus ideales partidarios. De los 35 candidatos, 25 (el 71%) lo han sido con dos o más agrupaciones políticas distintas.

El candidato con más cambios de camiseta es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: en sus diez procesos electorales representó a diez organizaciones distintas.

Le sigue Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), quien postuló seis veces, con seis partidos diferentes.

El tercero con más pasos de una agrupación a otra es Ricardo Belmont, de Obras. Contando la actual, el exalcalde de Lima ha participado en ocho elecciones, con cinco partidos distintos.

Mira el detalle de los procesos electorales y partidos de cada candidato en esta tabla:

El cargo más común al que aspiraron en el pasado los actuales candidatos a la Presidencia es el de congresista, ya sea en calidad de diputado, senador, parlamentario andino o congresista constituyente (52 postulaciones).

De los actuales candidatos, nueve ya tentaron la Presidencia en elecciones pasadas: Rafael López Aliaga (2021), César Acuña (2021), Keiko Fujimori (2011, 2016 y 2021), Ricardo Belmont (1995), Vladimir Cerrón (2016), Yonhy Lescano (2021), Fernando Olivera (2001 y 2016), George Forsyth (2021) y Francisco Diez Canseco (2016). Ninguno tuvo éxito.

Habla con cierta solemnidad que disimula su estrés. Una circunstancia penosa se convierte, gracias a sus frases pronunciadas con ampulosidad, en un hecho manejable in extemis. Piero Corvetto, llegado a los instantes previos al punto de ebullición, se relaja para no perder autoridad; precaria como la de todas las cabezas institucionales del Perú. No responde a los insultos, de altísimo calibre. Podría, pero no debe. Son palitos que caen en piso aceitoso; pisarlos sería derrapar hacia el abismo.

Corvetto no nació ayer para el sistema electoral. Estas son sus segundas elecciones presidenciales como cabeza de la ONPE, pero ya llevaba años de funcionario electoral allí y en la Reniec, entre otras áreas del estado. Es politólogo y docente. Ha sido observador en decenas de procesos en la región. Es un experto por oposición al outsider del sistema electoral, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones desde noviembre del 2024.

Antes de eso, Burneo era juez supremo absolutamente ajeno a los trances que hoy lo ocupan. Pero esa es su debilidad, su ventaja. Roberto llega fresquito a esta contienda, sin cargar el trauma de la elección de Pedro Castillo y del alegato ‘fraudista’ de los perdedores, que se los sopló su predecesor Jorge Luis Salas Arenas. Ha ganado, incluso, dos escaramuzas a la ONPE: la exclusión de Acción Popular contraviniendo ciertas observaciones de ONPE; y la cancelación del voto digital para ciertos grupos de electores.

Piero sobrevivió en su puesto al trauma del 2021, pero tuvo que hacer un laborioso control de daños para reconstruir la confianza de la mayoría congresal en su ente, gratuitamente vapuleado. En mala hora, el 20 de marzo, una sala del PJ dio la razón a un recurso de habeas data planteado por Fuerza Popular para acceder a las actas de votación del 2021, lo que supuestamente daría luces a la tesis de un supuesto fraude.

La sentencia le dio, en su fraseo declarativo, la razón a FP; pero en el fondo se la dio a la ONPE. FP tenía que pagar alrededor de S/.17 millones para tener más de 2 millones de hojas notariadas (a 7 soles por página), con fotografías, firmas y huellas dactilares tachadas en apego a la ley de protección de datos personales. Por supuesto que FP desistió del pago. Ni a Piero, ni a Keiko les hizo gracia que, tras un quinquenio, se refrescara ese episodio penoso.

El asunto sí le hizo gracia a otro candidato, Rafael López Aliaga, que declaró el 1 de abril en Canal N que, si a él le pasaba algo similar, iba a buscar a Corvetto a su oficina en la ONPE y “no sé si quede vivo”, remató. Piero respondió indirectamente cuando la prensa lo pilló al día siguiente: “A mi familia la han acosado, a mi me han golpeado y yo sigo acá”.

No mencionó ni a la frase ni a su autor, pero quedo sobreentendido. Cuando las respuestas son alusivas o hasta esquivas, pero se pronuncian con la solemnidad que les describí más arriba, las alusiones son evidentes. Por ‘me han golpeado’ no se refería a un incidente reciente, no se asusten, sino a uno del 26 de junio del 2021, luego de la segunda vuelta, cuando aún no se disipaba la ilusión fraudista, en el que fue insultado y agredido por un socio del Club Regatas en las instalaciones del club.

El propio Piero denunció el vejamen y mostró fotos del agresor, cuya identidad fue protegida por el Regatas y quedó en la nebulosa. Días antes, el 19 de junio, Lourdes Flores, lideresa del fraudismo, se había dirigido a él en un mitin, con estas palabras: “No te portes como un ladrón y entrega el padrón”. Valga decir que, a diferencia de ahora, la ley no disponía que el padrón o actas de votación se publiquen. El Congreso hizo una reforma legal para que esta vez sean públicas.

Valgan los antecedentes para sopesar las tensiones que ponen a Piero Corvetto, junto con los candidatos top (los que ustedes quieran o crean que son) en el candelero de esta semana. El martes salieron chispas cuando López Aliaga en uno de sus mítines de cierre de campaña, esta vez en Cañete, dijo: “No podemos ser el país que quede en manos de esta mafia que maneja un delincuente llamado Corvetto”.

‘Ladrón’, ‘delincuente’, ‘que no quede vivo’, ‘¡pum! te meto golpe’; son las provocaciones que Corvetto ya no debe responder, ni por alusión ni por asomo. Rogará, como cualquiera, que la diferencia entre quienes ganen y quienes pierdan seas amplias; que los dos pases a segunda vuelta y los saltos de valla sean nítidos. Igual, con tanta lista congresal, sabemos que las curules se decidirán con el paso de los días, en agónico proceso repartidor. La ONPE comunicará sus cifras mañana domingo pero el silencio electoral para Corvetto acaba mucho después, tras la segunda vuelta.

Así será la cédula de votación:

Acudir a votar de manera informada es un deber ciudadano. Por ello, se recomienda que los electores se informen previamente sobre las organizaciones políticas y sus candidatos. Adicionalmente, la ONPE coloca en las cabinas de votación el cartel de candidatos, lo cual permite consultar los nombres y números correspondientes.

En las elecciones generales 2026 (EG 2026 ), la cédula de votación se presenta en una sola hoja, a fin de garantizar su carácter único. Los espacios se distribuyen homogéneamente entre los partidos y alianzas participantes.

La cédula de votación presenta cinco columnas y cada una corresponde a un tipo de elección:

• Fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes)
• 30 senadores elegidos a nivel nacional
• 30 senadores elegidos a nivel regional
• 130 diputados
• 5 representantes al Parlamento Andino.

El objetivo es permitir que el elector elija a sus autoridades y representantes de manera independiente en cada elección.

En estas elecciones, el Congreso retorna al sistema bicameral, conformado por un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado estará integrado por 60 miembros, cuya elección se realiza de dos maneras:

1. Distrito único nacional: 30 senadores serán elegidos a nivel nacional. En este caso todos los electores del país conforman un único distrito electoral.
2. Distrito múltiple regional: los otros 30 senadores serán elegidos a nivel regional. Cada uno de los 27 distritos electorales elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que elegirá directamente a cuatro senadores, debido a que tiene mayor población electoral.

Este sistema busca garantizar la representación del Senado en todas las regiones del país.

El voto preferencial permite al elector elegir candidatos específicos dentro de la lista presentada por una organización política.

Para utilizarlo, primero se debe marcar el símbolo de la organización política elegida y, luego, escribir el número o números de los candidatos en los recuadros en blanco de la cédula de votación.

Por ejemplo, si el elector desea otorgar sus votos preferenciales a los candidatos números 99 y 100 del partido político A, deberá escribir esos números en los recuadros correspondientes.

El voto preferencial se aplica en las elecciones de senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

¿Qué ocurre después con esos votos? Una vez verificado qué agrupaciones superaron la barrera electoral, primero se determina cuántos escaños obtiene cada organización política. Luego, esos escaños se asignan a los candidatos de cada lista que hayan recibido la mayor cantidad de votos preferenciales.

Este tipo de voto es opcional: si la cédula cuenta con dos recuadros, el elector puede escribir uno, dos o ningún número. Si solo se marca el símbolo de la organización política, el voto será válido y contará para esa organización.

Sí. Las cinco elecciones que figuran en la cédula de sufragio son independientes entre sí. Por ello, el elector puede hacer uso del denominado voto cruzado; es decir, puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada una de las columnas.

Para que un voto sea considerado válido, el elector solo puede marcar una ‘X’ o ‘+’ dentro del recuadro del símbolo de la organización política o de la fotografía del candidato presidencial.

En las elecciones de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, el elector puede optar por el voto preferencial. Si decide no utilizarlo y únicamente marca el símbolo de la organización política, el voto será válido y se entenderá que acepta el orden de candidatos establecido por esa organización.

El voto preferencial es opcional. Por tanto, el elector puede marcar únicamente el símbolo de la organización política y, de manera facultativa, consignar uno, dos o ningún número de candidato, según su preferencia.

En esa situación, solo se anularía el voto de las columnas en la que hubo un error.

Es la misma cédula, pero tendrá ligeras variaciones. En las columnas de elecciones por distrito electoral múltiple, aparecerá el nombre de la circunscripción correspondiente. De igual forma, podría variar en caso de que alguna organización política no tenga candidaturas en esa región en alguna de las elecciones en contienda.

Si la cédula es entregada dañada por la mesa, el elector puede solicitar un reemplazo.

Sin embargo, si el elector la daña o se equivoca al marcar, no podrá recibir una nueva cédula, por lo que se recomienda tener especial cuidado.

Un voto en blanco ocurre cuando el elector no realiza ninguna marca en la columna correspondiente a una elección. Dejar una columna en blanco solo afecta esa elección, no toda la cédula.

Un voto nulo se produce, entre otros casos, cuando:

• Se marca más de un símbolo.
• Se escribe el nombre, firma o número de DNI del elector.
• La cédula no fue entregada por la mesa o no tiene la firma del presidente de mesa.
• La cédula está rota.
• La marca (cruz o aspa) cuya intersección de líneas está fuera del recuadro.
• Se agregan nombres de partidos, candidatos o listas no impresos en la cédula.
• Se incluyen frases, expresiones o signos ajenos al proceso electoral.

Sí, se puede marcar la foto, el símbolo o ambos. En los tres casos el voto será considerado válido.

En las elecciones de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, el elector puede usar voto preferencial. Si decide no escribir ningún número y solo marca el símbolo del partido, el voto sigue siendo válido. En ese caso, se entiende que el elector acepta el orden de candidatos establecido por la organización política.

No exactamente. Si bien la norma electoral establece un minuto, según simulaciones de votación realizadas por la ONPE, este proceso de votación tendría una duración de entre un minuto y un minuto y medio. La ONPE viene implementando medidas para facilitar el proceso de votación. No se contempla ninguna multa al respecto.

Debido al tamaño actual de la cédula de sufragio, se recomienda al menos realizar dos dobleces a la cédula antes de depositarla en el ánfora.

Son multas separadas. Una persona podría no ir a instalar la mesa y aun así ir a sufragar. En ese sentido, si no va a ambas cosas son acumulativas; por lo que tendría que pagar la multa por no ser miembro de mesa y por no sufragar.

Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este domingo 12 de abril, en una jornada de votación sin precedentes. Con más de 30 agrupaciones políticas en carrera, casi 100.000 mesas de votación tanto en el país como en el extranjero y, sobre todo, con la cédula más compleja en la historia electoral con cinco elecciones en simultáneo.

“Es el proceso electoral más difícil de la historia. Enfrentarte a cinco elecciones, enfrentarte a hasta siete votos preferentes, enfrentarte a hasta 12 marcas en una cédula configura, con el número de organizaciones políticas, una elección sin precedentes, muy compleja. Pero estamos seguros de que va a salir adelante y va a salir adelante bien”, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en una entrevista con El Comercio el viernes.

El proceso electoral en sí mismo implica un amplio despliegue tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuántos peruanos están habilitados para votar? ¿Cuántas mesas se instalarán? ¿Qué locales concentrarán más electores? ¿Cuál es el centro de votación más remoto? Aquí te presentamos estos y otros datos clave para entender la magnitud de las Elecciones Generales 2026.

¿Quiénes son los 3 candidatos más jóvenes en carrera?

¿Quiénes son los 3 candidatos de mayor edad en carrera?

¿Quiénes son los 3 candidatos con mayor financiamiento de campaña?

¿Qué partidos concentran más financiamiento de campaña?

Fuente: Portal Claridad – ONPE, información financiera de campaña electoral al 10/04/2026 (primer reporte).

Este domingo 12 de abril, los miembros de mesa, personeros, coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) jugarán un rol clave.

Esto en un contexto de elecciones se caracterizan por una inédita cantidad de candidatos, el retorno al Congreso bicameral y el enorme tamaño de la cédula, la más grande de la historia.

Los miembros de mesa son, por ejemplo, los responsables de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos.

Hasta el lunes, solo el 52.23% de los 843.894 ciudadanos que fueron elegidos por sorteo para ejercer estos cargos se habían capacitado, según dio a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En total, 435.970 de miembros se prepararon hasta el corte del lunes.

En el caso de los personeros, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detallaron que los partidos solo han acreditado, hasta el lunes, a 2264. De ese total, 1915 son personeros de centro de votación y 349 de mesa de sufragio. No obstante, estos últimos pueden acreditarse incluso el mismo día de la elecciones, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

De otro lado, el JNE anunció el despliegue de casi 50 mil fiscalizadores en todo el país para el día de la elección.

Los miembros de mesa son responsables de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos. El presidente asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales. El secretario y el tercer miembro tienen la obligación de permanecer junto al presidente, apoyando las tareas de los tres momentos (instalación, sufragio y escrutinio).

De acuerdo con la norma, todos los miembros de mesa deben estar presentes para la instalación de la mesa de sufragio, previsto para las 6:00 am. Si se encuentran presentes los titulares de la mesa, los suplentes proceden a emitir su voto y retirarse.

Los ciudadanos que ejerzan esta función recibirán S/165 soles y a los que hayan completado su capacitación se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los miembros de mesa que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa de S/ 275.

Es el ciudadano acreditado por una organización política para cuidar y defender los intereses de esta durante el proceso electoral. Su comportamiento debe guiarse por cuatro principios muy sencillos: legalidad, es decir cumplir las normas; transparencia, informar con claridad y honestidad; imparcialidad, actuar sin afectar la neutralidad del proceso; y respeto, mantener una conducta ordenada y respetuosa con todos.

Existen dos tipos de personeros: los de local de votación y los de mesa de sufragio. Ambos deben llevar su DNI y su credencial el día de las elección. En el caso del primero debe figurar el local donde cumplirá sus funciones y del segundo, el o los números de las mesas que tiene a su cargo.

Cabe señalar que no pueden ser personeros los candidatos, los miembros de mesa, los funcionarios del Sistema Electoral ni los efectivos en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Personero de local de votación

El personero de local debe ser acreditado por el personero legal de la agrupación inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Su función es representar a una organización política en un centro de votación. Su tarea es observar lo que allí ocurre para asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Con este objetivo, coordina con los personeros de mesa de ese local. Su labor se realiza solo el día de las elecciones, desde el inicio de la jornada.

De acuerdo con información proporcionada por el JNE, un ciudadano puede ser personero de local de votación en uno o más centros; sin embargo, no se permite que haya dos personeros de la misma organización política de forma simultánea en el mismo local.

Personeros de mesa

En cambio, los personeros de mesa son ciudadanos acreditados por el personero legal del partido ante el JEE para presenciar cómo se desarrolla el proceso electoral en una mesa de sufragio.

Ellos tienen la atribución de presenciar la instalación, sufragio y escrutinio de votos durante el acto electoral, pero sin interferir en las labores de los miembros de mesa. Asimismo, pueden denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

Podría incluso solicitar la nulidad de la mesa de sufragio en casos en los que considere que la mesa se ha instalado en un lugar diferente del señalado, en condiciones diferentes a lo que dice la ley o después del mediodía.

Puede también impugnar la identidad de un elector durante la votación cuando se afirma que este no es quien dice ser. En dicho caso, si los miembros de mesa declaran infundada la impugnación, se permite que el elector vote. Luego, se escribe en el campo de observaciones del acta de sufragio lo que resolvieron. El personero tiene la opción de apelar a esta decisión.

Además, tiene la potestad, si así lo desea, firmar la última página de la lista de electores, el acta de sufragio, formular observaciones y reclamos durante el momento del sufragio.

En el caso de que considere que los miembros de mesa han ejercido intimidación o violencia con los electores, tiene la facultad de solicitar la nulidad de la mesa.

Durante el escrutinio, puede presenciar la lectura de los votos, examinar el contenido de las cédulas de sufragio ya leídas e impugnar el voto. Este derecho le permite al personero reclamar si considera que la decisión de la mesa respecto a si el voto es válido, nulo o en blanco afecta los intereses de la organización política a quien representa.

Cuando se impugna un voto:

• Los miembros de mesa resuelven por mayoría.
• Si la impugnación se declara infundada, se contabiliza el voto como válido.
• En cambio, si se la considera fundada o el personero apela lo resuelto por la mesa, el voto se cuenta como voto impugnado. Se guarda la cédula en el sobre de impugnación, en el cual se completan los datos del presidente de mesa para que lo firme. Asimismo, se solicita la firma del personero que impugnó el voto. El hecho se registra en el campo de Observaciones del Acta de escrutinio de la elección correspondiente.

El personero puede firmar el acta de escrutinio, si lo desea, y formular observaciones o reclamos al escrutinio.

También puede solicitar la nulidad de la mesa de sufragio si es que ha comprobado que se admitieron votos de personas que no figuraban en la “Lista de electores” de esa mesa o los rechazaron en un número suficiente como para alterar el resultado de las elecciones.

También tiene derecho a solicitar un acta completa suscrita por los miembros de mesa (si lo desea) y verificar las cédulas escrutada se guarden en los sobre correspondientes y lo entreguen al personal de la ONPE al finalizar el escrutinio.

Se ha previsto que un fiscalizador supervise dos mesas de sufragio a diferencia de anteriores procesos donde un fiscalizador se encargaba de ocho mesas de votación.

En diálogo con El Comercio, el experto en temas electorales José Tello, presidente de Aklla Perú, explicó que los coordinadores de mesa se encargan de todo el tema logístico del desarrollo del proceso electoral, como tener el material, entregarlo, recogerlo, conservarlo (desde estas elecciones). También son responsables del proceso de emisión de actas mesa por mesa, este sistema hay que tener presente que está automatizado.

Otras facultades de los miembros de mesa

El especialista José Tello señaló que los miembros de mesa también pueden pedir el apoyo del personal de coordinación que tiene la ONPE en el local de votación, a los fiscalizadores electoral del JNE, a las FF.AA. o PNP en el caso de que encuentre alguna irregularidad en la fila o alguna actitud extraña en el caso de un electoral.

También pueden pedir el desalojo de personas, es decir, tienen un control pleno.

Su función va desde las 7 am hasta las 5 pm. Es muy probable que se queden hasta las 7 pm para hacer un conteo eficiente de los votos.

¿Quién dirime alguna diferencia o controversia?

Tello indicó que, al ser tres, pueden decidir por mayoría de 2 a 1 cualquier controversia o por unanimidad. No obstante, señaló que no está contemplada en la norma la figura del voto dirimente.

Los miembros de mesa resuelven en un primero momento, pero si esto se apela, se eleva al Jurado Electoral Especial, como segunda instancia.

Las elecciones del próximo 12 de abril serán históricas por muchas razones. Por primera vez, los peruanos tendremos que elegir entre 36 candidatos presidenciales –el doble que en los comicios del 2021– y votaremos en las cédulas de sufragio más grandes y más caras hasta la fecha.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

En los tres procesos electorales previos, el dinero asignado para el diseño e impresión de cédulas no llegó ni siquiera a S/4 millones.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta. En el caso de los comicios de este 2026 –añadió el ente electoral–, se efectuó una proyección del presupuesto que se emplearía para un eventual balotaje, en el cual compiten solo dos candidatos.

Pero si se tiene en cuenta solo el costo de las cédulas de sufragio para la primera vuelta, la diferencia es aún mayor. El gasto para las próximas elecciones es más del quíntuple que el efectuado en el 2021: S/9’960.794,80 frente a S/1’828.590.76.

Desafío electoral

“El incremento [del gasto] responde a un cambio crítico en la arquitectura de la cédula y la complejidad operativa del proceso”, respondió la ONPE a este Diario.

En las elecciones del 2011, en cada pliego se imprimieron cuatro cartillas de sufragio. En tanto, en el 2016 y el 2021 se reprodujeron ocho. Pero este año, en un pliego solo podrán imprimirse dos, debido a sus inéditas dimensiones.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

En cuanto a la contratación de personal técnico encargado de elaborar la cartilla, el aumento fue menor: pasó de S/157.500 en el 2021 a S/220.000 este año.

“La variación refleja la actualización de las escalas salariales del mercado tras 20 años de comparativa. Asimismo, la complejidad de las elecciones generales de 2026 ha exigido elevar el perfil profesional del equipo técnico (requiriendo técnicos, bachilleres y titulados especializados) para gestionar el diseño, diagramación y la revisión de los datos incluidos en cada una de las cédulas”, sostuvo la ONPE.

La cartilla incluso tiene mayores dimensiones que la de 1990, de 43 cm de alto por 35 cm de alto. “Es la cédula electoral más grande de la historia”, tituló El Comercio el miércoles 31 de enero de 1990 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el documento.

Aunque en aquella ocasión hubo solo nueve candidatos presidenciales, en el caso de Lima se presentaron 28 listas a la Cámara de Diputados. En aquel entonces, el documento tenía tres columnas: una para la plancha presidencial, otra para el Senado y la última para la Cámara de Diputados.

“Queremos que el elector llegue a cristalizar su deseo de votar y al mismo tiempo no hacer compleja su elección, por lo que hemos esquematizado la cédula de manera sencilla. Estamos seguros de que así no habrá dificultades en el momento de votar”, señaló el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Castañeda La Fontaine.

Hoy, 36 años después, el proceso es mucho más complejo. En la cartilla no solo figuran los símbolos partidarios y los rostros de 36 candidatos presidenciales, sino que hay cinco columnas: la primera para la fórmula presidencial, dos para el Senado, una para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

“Hay fragmentación, pero no hay diversidad. La gran mayoría de candidatos anda diciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Ronald Atencio que habla de crear un comando de aniquilamiento y Rafael Belaunde que habla de cana o bala? Hablamos de extremos que van diciendo lo mismo. No hay candidatos que logren distinguirse ni establecer discursos políticos distintos de la mayoría”, opinó Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Decisiones y elecciones

“El tamaño de la cédula es la materialización de las decisiones del Congreso [actual]”, aseveró Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales.

El 15 de enero del año pasado se promulgó la Ley 32245, la cual establece que los miembros del Senado se eligen de dos formas: la mitad a través de distritos electorales múltiples y la otra mediante un distrito electoral único nacional. “Ese modelo te abre una columna más [en la cédula]”, añadió Tuesta.

Un año antes, el jueves 18 de enero del 2024, con la Ley 28094 se eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

Ese mecanismo, implementado en el 2019 como parte de la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, buscaba convertirse en un primer filtro para los partidos con inscripción vigente que competían en las elecciones.

Según la norma –que nunca llegó a aplicarse–, solo aquellas agrupaciones que obtuviesen una votación superior al 1,5% de los votos válidos podrían seguir en contienda y participar en los comicios generales.

“El largo de la cédula tiene que ver directamente con la eliminación de las PASO, que tenían una función reductiva. Por lo menos, una docena de partidos no hubiesen pasado [ese filtro]”, indicó Tuesta.

Además, el número de candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones es un récord no solo en la historia del Perú, sino también en la de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI, en ningún otro país se presentaron tantas fórmulas presidenciales en unos comicios.

Pero nuestro país también ocupa el segundo lugar con 20 postulantes en el 2006 y empata, con 18 candidatos en el 2021, en el tercer puesto con Argentina (2003).

En el artículo “Candidaturas 2.0: Candidaturas como cancha” (2025), un grupo de investigadores del IEP, entre los que está Vilca, sostiene que “el récord histórico de partidos inscritos no responde a una ampliación de la representación, sino a la proliferación de proyectos personalistas que han creado su propia organización como vehículo directo para canalizar aspiraciones individuales al poder”.

Arturo Maldonado, profesor de Ciencia Política en la PUCP, considera que en estas elecciones hay una sobreoferta de candidatos que “no satisface la demanda de ninguna manera”.

Maldonado también considera que existe una crisis de representación que ha ido agudizándose. En el 2021, Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 18,92% de los votos válidos y Keiko Fujimori con el 13,4%. Juntos sumaron el 32,32% del total de adhesiones.

Finalmente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó esta semana que la impresión de las 27’956.556 cédulas de sufragio empezará el miércoles 11 de marzo.

El Gobierno designó a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), según la Resolución Suprema N.° 125-2026-PCM publicada el 10 de abril en Lima.

La norma, suscrita por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, oficializa el nombramiento del funcionario en el principal organismo de inteligencia del país.

De acuerdo con la resolución, la designación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1141, que regula el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la DINI, el cual dispone que el director ejecutivo es nombrado por el jefe de Estado mediante resolución suprema.

Asimismo, se precisa que el nombramiento se enmarca en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en las normas que regulan la designación de funcionarios públicos, así como en la Ley N.° 31419, que establece criterios para garantizar la idoneidad en el acceso a cargos de confianza.

La resolución no detalla mayores consideraciones sobre el perfil del funcionario designado, pero señala que la medida responde a la necesidad de cubrir el cargo de dirección ejecutiva de la DINI, instancia clave en la conducción del sistema de inteligencia del país.

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Como se sabe, el día de las elecciones, más de 27’325.000 peruanos tendrán la responsabilidad de elegir al presidente de la república, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Estos comicios tienen la cifra inédita de 35 candidatos presidenciales y cédula de sufragio más grande de la historia del Perú.

Para esa fecha, el desplegará casi 50 mil fiscalizadores en los 10,570 locales de votación habilitados para este proceso.

Es importante resaltar que las prohibiciones están contempladas la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). ¿Cuáles son?

Según la norma, la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación nacionales puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Es decir, esta prohibición se inicia desde el lunes 6 de abril.

De acuerdo con ley electoral, los partidos políticos que participan en esta elección solo pueden realizar sus cierres de campaña o mítines hasta el jueves 9 de abril a las 23:59 horas., a partir del día siguiente se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público.

En cuanto a la propaganda electoral, la norma precisa que esta podrá realizar hasta 24 horas antes de las elecciones, es decir, hasta las 23:59 horas del viernes 10 de abril.

En esa línea, también queda suspendida la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Lo que quiere decir que los postulantes podrán realizar estas actividades hasta el viernes a las 23:59 horas.

La ley seca se inicia desde las 08:00 horas del sábado 11 de abril y termina a las 08:00 horas del lunes 13 de abril. Se establece una multa para los locales que no cumplan con esta restricción.

En declaraciones al canal de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Ramos, asesor legal de Fiscalización del organismo electoral, dijo que la idea es que el día de la jornada electoral el ciudadano llegue “con toda la capacidad completa para decidir conscientemente” su voto y evitar disturbios, perturbaciones, etc.

El domingo 12 de abril, entre las 07:00 y 17:00 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

También está prohibido tomarle fotos a la cédula electoral. Ramos explicó que esto constituye incluso un delito electoral y está en el artículo 353 de código penal.

La norma establece la detenciones sólo serán procedentes en el caso de flagrancia del delito. Además, tanto los personeros como los miembros de mesa no pueden ser detenidos durante la jornada electoral, 24 horas antes y 24 horas después.

En diálogo con El Comercio, los especialista en derecho electoral, José Tello y Jorge Jauregui expresaron posturas discordantes sobre la norma que restringe la publicación de encuestas

Para Tello, se trata de una “norma anacrónica”, que no permite que haya encuestas oficiales - de empresas que cumplen con los requisitos, como estar inscritas en el JNE, contar ficha técnica, entre otros, y esto evita la movilidad del voto estratégico.

El especialista explicó que el voto estratégico consiste en que los ciudadanos sean conscientes del nivel de votación que van a sacar los partidos políticos que vienen, ahora más que nunca, en vorágine y podríamos ver si desperdiciamos o no nuestro voto.

“Si, por ejemplo, yo tengo una afinidad con un partido y veo que no va a pasar la valla por el tema de encuesta, que su candidato no levanta. Entonces, simplemente muevo mi voto a una opción que sí pueda pasarla y que se parezca a lo que yo busco. ¿Qué significa esto? Que no me quedo sin representación”, detalló el presidente del instituto AKLLA Perú.

“El año 2021, el voto desperdiciado fue de 2’ 300 000, aproximadamente, porque no hubo un voto estratégico. En AKLLA Perú hicimos un ejercicio y aplicando los números resultados en el proceso anterior con la actual valla, logramos advertir que no hubieran quedado 2’ 300 000 mil peruanos sin representación en el Congreso sino 5’100 000 de personas”, agregó el experto.

De otro lado, señaló que existen medios internacionales van a sacar las encuestas y también se corre el riesgo de la desinformación en redes sociales. “¿Y si es IA? Si esto se viraliza ya generó un daño”, remarcó.

Finalmente, consideró que la ley seca no tiene sentido porque “ataca el expendio mas no el consumo y lo que hace cualquier persona es abastecerse de licor y se embriagan más que cuando no hay ese tipo de prohibición”. Agregó se genera un “daño enorme” al sector gastronómico y turístico.

Jáuregui tuvo una opinión distinta sobre la difusión de encuestas. Para el especialista, el nivel de impacto en un medio de comunicación es muy distinto al de las redes sociales, pues estas están acompañadas de análisis y opiniones que podrían influenciar de alguna manera al elector.

“Influye potentemente en la forma en cómo los ciudadanos van orientando sus votos porque el voto tiene dos componentes: el emotivo y el racional. En este último, el elector elige la opción con más posibilidad sobre la base de las encuestas [...] Esto puede influir en la forma en la que los electores deciden y la idea en una democracia es que las personas tengan un espacio de libertad”, indicó.

El JNE anunció que desplegará casi 50 mil fiscalizadores en todos los locales de votación en el país durante el desarrollo de los comicios generales del domingo 12 de abril.

“Se suma un gran número de fiscalizadores para garantizar la legalidad del proceso, vamos a tener 49,501 fiscalizadores desplegados en los distintos locales de votación a nivel nacional”, Luis Ramos, asesor legal de Fiscalización del organismo electoral.

El funcionario precisó que se ha previsto que un fiscalizador supervise dos mesas de sufragio a diferencia de anteriores procesos en los que un fiscalizador se encargaba de ocho mesas de votación.

Cabe resaltar, que en estas elecciones se instalarán 92.766 mesas de sufragio, cada una contará con un presidente, secretario y un tercer miembros. Asimismo, desde estas elecciones cada mesa tendrá seis suplentes (antes eran 3).

Las mesas de votación contarán con dos cámaras secretas para agilizar el proceso de sufragio de los electores, considerando la inédita cantidad de partidos que participan y las elecciones simultaneas que se realizan.

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en Lima Metropolitana y el Callao se habilitarán un total de 2,260 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas y universidades.

Los locales con mayor número de mesas son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima (100), Universidad Ricardo Palma - Santiago de Surco (80), IE 005 Rosa de Santa María - Breña (70), Universidad San Martín de Porres -Santa Anita (65), la IE Emblemática Alfonso Ugarte (Estadio) - San Isidro y la Universidad Nacional Agraria La Molina con 65 mesas, IE Emblemática Alfonso Ugarte – San Isidro (61) y la IE Teresa Gonzales de Fanning-secundaria- Jesús María (60).

En el Callao, los centros de votación con mayor número de mesas son: Estadio Campolo Alcalde - La Perla (46), Universidad Nacional Federico Villarreal - Local F01L01-Callao (42), Universidad Nacional del Callao – Bellavista (40), así como el Estadio Municipal PREVI – Callao, IE General Prado – Bellavista y la IE Liceo Naval de Corbeta Manuel Clavero Muga - Ventanilla con 34 mesas.

A su vez, otros centros de votación con un elevado número de mesas son: Complejo Deportivo Valeriano López- Callao (31), IE Nuestra Señora de Belén (29) y la IE 5127 Mártir José Olaya (26), ambas en Ventanilla.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el proceso electoral del domingo 12 de abril será uno de los más complejos de los últimos años, debido a la alta cantidad de candidatos, el incremento de elecciones en una sola acta y el número de votos que podrían ser observados, lo que retrasaría la entrega de resultados finales.

En entrevista con RPP, el titular del JNE instó a las organizaciones políticas a desplegar a sus personeros en las mesas de sufragio, tras señalar que el número de inscritos ha sido menor al esperado. No obstante, precisó que estos aún pueden acreditarse el mismo día de la votación ante los miembros de mesa.

“Los personeros son los representantes de las organizaciones políticas ante la mesa de sufragio. Tienen la facultad de presentar observaciones [...]. No pueden interrumpir el escrutinio ni interrogar a los electores”, explicó. Añadió que su presencia es clave para la defensa del voto, aunque advirtió que el registro tardío podría generar demoras en el proceso.

En paralelo, Burneo destacó que el organismo ha desplegado más de 50 mil fiscalizadores a nivel nacional, lo que representa un incremento significativo respecto a procesos anteriores. “Vamos a tener un fiscalizador por cada dos mesas, cuando antes era uno por cada ocho o más”, indicó. Asimismo, informó que se han acreditado 572 observadores internacionales, cifra que supera ampliamente los estándares habituales.

Sobre los resultados, el titular del JNE pidió calma a la ciudadanía y explicó que el conteo será más lento debido a la complejidad del proceso. “Ahora tenemos cinco elecciones en una sola acta”, señaló.

En ese sentido, precisó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) irá publicando resultados progresivos conforme reciba las actas, comenzando por el voto en el extranjero y zonas cercanas a las capitales. Sin embargo, advirtió que entre el 10% y 15% de los votos podrían ser observados, lo que implicará su revisión por los jurados electorales y, eventualmente, el propio JNE.

Plazos y resultados finales

Burneo explicó que después del 15 de abril, fecha en la que se recibirán las actas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones deberá iniciar la revisión de los casos observados y resolver las controversias que surjan del proceso. Indicó que este plazo será clave, especialmente en un escenario donde los resultados podrían ser ajustados debido a la gran cantidad de candidatos en competencia.

En ese sentido, precisó que el tiempo para conocer los resultados definitivos dependerá de cuán estrecha sea la diferencia entre los postulantes y del porcentaje de votos impugnados que deban ser evaluados por los jurados electorales.

“Es el Jurado Nacional de Elecciones el que proclama los resultados finales. Tengan la seguridad que vamos a garantizar que cada voto sea respetado”, finalizó.

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Para el Poder Judicial (PJ) existen elementos de convicción que acreditan un presunto “direccionamiento” en las contrataciones que se realizaron a favor de las amigas del ahora censurado expresidente José Jerí, durante su breve gestión en Palacio de Gobierno.

Por ello, ordenó el allanamiento de los inmuebles de 23 personas tras declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, según una resolución a la que accedió El Comercio.

La medida fue dictada contra Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

También incluye a Benito Roberto Villanueva (ex secretario general presidencial); Luis Álvaro Solorzano Yabar (ex subsecretario genera y actual Jefe de Gabinete de Asesores Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social); y Magali Meza Mundaca (Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación).

Ademas el operativo alcanza a Hernán Piero Cuba García (ex jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial); Royer Azañero Álvarez (ex jefe de Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial); y Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo (ex integrante del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Despacho Presidencial) y otros.

En este caso se investiga a los no aforados (personas que no son altos funcionarios). Sin embargo, por los mismos hechos, el expresidente José Jerí Oré es investigado ante la Fiscalía de la Nación.

La fiscalía anticorrupción, a cargo de la fiscal Roxana Espinoza, realiza la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, luego de conocerse que las jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Jerí y, posterior a ello, recibieron órdenes de servicio o fueron designadas en puestos en el Despacho Presidencial y los ministerios de Producción, Educación y Ambiente, así como Essalud.

La medida de allanamiento -ejecutada la madrugada del viernes- incluye el registro domiciliario y personal, así como la incautación de los bienes vinculados a la investigación.

El juzgado ordenó además el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones. Esto permitirá a la fiscalía realizar distintas diligencias mediante la visualización y extracción, así como monitoreo o grabación (vía su reproducción, copiado o traslado a otro dispositivo), de información o data digital (grabada o que son registros de comunicaciones telefónicas, radiales, internet o de cualquier otra forma de comunicación).

Todo ello en las especies incautadas, como teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’s, discos externos, entre otros, así como redes sociales vinculadas cualquier dispositivo tecnológico y otros similares.

Según el documento judicial, el Ministerio Público señaló que habrían existido acciones y conductas que permiten sostener la comisión de actos de diversos funcionarios con posible connotación delictiva en la contratación de las proveedoras Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero.

Tras analizar los hechos presentados por la fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que “se sustentan en un patrón de direccionamiento de contrataciones y designaciones”, cuya materialización se habría producido a través de coordinaciones informales, comunicaciones digitales, intercambio de archivos y registros electrónicos.

Por ello, consideró “razonable” considerar que los investigados guardan cosas relevantes y además que los elementos de convicción evidenciarían “hechos de apariencia delictiva (direccionamiento a favor de la contratación de las investigadas y la participación en la contratación)”.

Señaló que se justificaba autorizar las medidas de allanamiento, registro personal y domiciliario e incautación pues allí se podrían encontrar bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, como documentos, equipos celulares, anotaciones o diversos bienes que permitan conocer si estos se interesaron indebidamente en la contratación de las investigadas Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva, “que se habría dado como resultado del presunto direccionamiento o intervención de Jerí Oré”.

“Se trata de un conjunto de actuaciones que no tienen un valor aislado o autónomo, sino que, por el contrario, agrupados suponen un conjunto de conductas que, de manera concatenada, denotarían un interés indebido y decisión común de lograr las contrataciones de Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva (se verifica que las contrataciones de las investigadas vienen precedidas de visitas realizadas a Jerí Oré como Presidente de la República (…)”, precisó.

El PJ concluyó que el allanamiento y la incautación busca evitar que la información recabada no sea alterada o eliminada.

“De esta forma, el Ministerio Público podrá allanar y registrar cada uno de los inmuebles descritos e incautar todo aquello relacionado con la presunta comisión del delito de negociación incompatible, conforme al marco fáctico referido a la contratación de las investigadas, durante finales de 2025 e inicio de 2026, lo que permitirá esclarecer los presuntos hechos ilícitos”, indicó el juzgado.

De acuerdo al documento judicial, la solictud de la fiscalía sostiene que diversos investigados habrían incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Según la tesis fiscal, anota el juzgado, se habría desplegado “un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas y designaciones funcionales” en distintas entidades del Estado (ministerios de la Producción, Ambiente y Educación, así como Despacho Presidencial y EsSalud).

Los elementos fiscales fueron admitidos por la judicatura para autorizar la medida de allanamiento, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Defensa de Jerí sorprendido por allanamiento

Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré rechazó la mención de su patrocinado en la resolución que ordena el allanamiento.

Sostuvo que no conoce el contenido del documento judicial, pero consideró que no debía haber un pronunciamiento sobre el fondo de una investigación en curso.

Remarcó que Jerí no se encuentra comprendido en la carpeta fiscal donde se dispuso los allanamientos. Su patrocinado, confirmó luego, viene siendo investigado por estos hechos ante la Fiscalía de la Nación.

El abogado consideró que se investiga presunta negociación incompatible, que es un delito que tiene un trámite procesal y no se estila realizar allanamientos.

Dijo que como abogado, junto a su patrocinado, respetan y confían en el Ministerio Público y, en esa línea, han colaborado con las investigaciones.

Sin embargo, insistió en que se encuentra sorprendido que la Fiscalía Provincial Anticorrupción que ejecuta el allanamiento, pida o realice este tipo de acciones frente a un delito de negociación incompatible cuando esto -dijo- se acredita de manera documental.

Por ello, calificó de “extraño” que dicho despacho fiscal realice la diligencia en la coyuntura actual y no descartó que tenga “un interés distinto que solamente aclarar la verdad”.

“Mi cliente y yo, como defensa, confiamos en la institución del Ministerio Público y de sus autoridades, pero no estamos muy de acuerdo y nos llama mucho la atención el comportamiento de algunos despachos de manera puntual, como el despacho que ha llevado a cabo esta medida de allanamiento ¿Qué pretendían hacer con toda esta intervención, qué pretendían encontrar que ya no tuvieran?”, cuestionó.

Finalmente, precisó que su patrocinado ya declaró ante la Fiscalía de la Nación por estos hechos en la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencia.

Además, indicó que se ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario en otra investigación que se sigue en la Fiscalía de la Nación por las reuniones no registradas con los empresarios chinos chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Indicó que su patrocinado no se opone a las medidas solicitadas por la FN, siempre que sean objetivas.

Muestra de ello, dijo Caldas Fernández, es que ya se le levantó el secreto bancario dentro de la investigación que se sigue contra Jerí Oré por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“¿Qué proporcionalidad tendría solicitar eso cuando ya han pasado cuántos meses? En la carpeta fiscal donde mi cliente es investigado, la mayoría de las personas que hoy (viernes) han tenido el allanamiento han participado como testigos y han declarado y han dicho que no han tenido comunicación con mi cliente (…) La fiscalía provincial, ese despacho está realizando acciones que para nosotros vulneran los derechos de esos investigados y de mi cliente, porque mi cliente no figura como investigado allí, pero todo lo que están haciendo allí le va a repercutir. Y lo mencionan, qué opción tenemos de defendernos allí, ninguna”, añadió el abogado.

Cuando usted observa en las páginas de este Diario las cifras de una encuesta —ya sea la aprobación de un presidente o de otra autoridad, la percepción sobre un tema específico o, como en esta coyuntura, la intención de voto en plena campaña—, en realidad está viendo el resultado de un arduo trabajo que arrancó mucho antes. Detrás de esos porcentajes, cifras y tendencias hay un proceso riguroso y metódico que recorre miles de hogares en distintas regiones del país, puerta por puerta, a fin de recoger fielmente lo que piensan los peruanos. En el caso de El Comercio, ese pulso ciudadano lo mide Datum Internacional.

“Las encuestas muestran una foto del momento. Cuando tienes varias, puedes ver la tendencia. Dejas de ver una imagen estática y pasas a una en movimiento; pasas de la foto a la película. Y cuando ves la película completa, puedes identificar cuáles son los escenarios más probables. No el desenlace final, pero sí qué es lo más probable que pase”, explicó a este Diario Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional.

Detrás de las cifras publicadas hay varias etapas que avanzan en simultáneo, con un despliegue que moviliza a cientos de encuestadores a lo largo del país. Se trata de un trabajo estadístico que comienza con el diseño del cuestionario y la definición de la muestra, continúa con el trabajo de campo y se prolonga hasta el levantamiento y procesamiento de la información.

Todo eso no es un proceso simple, pero es justamente ese engranaje —muchas veces invisible para el público— convierte entrevistas individuales efectivas en cifras capaces de retratar el pulso macro del país.

Antes de salir al campo a recoger el ánimo ciudadano, se elabora el cuestionario que definirá los temas a abordar y la metodología del estudio. Este es un paso clave y exige especial cuidado, pues —como explica Torrado— las preguntas deben formularse de manera objetiva y sin sesgos que orienten la respuesta en un sentido determinado. El objetivo es evitar que una pregunta influya en otra.

En el contexto electoral, Datum Internacional ha trabajado también tanto encuestas de intención de voto como simulacros de votación.

“En la pregunta de intención de voto se tiene una respuesta que es declarada; es decir, nosotros registramos lo que la gente nos dice. El simulacro, es un ejercicio que simula el proceso de elección. Ahí no hay una respuesta declarada, sino que la gente marca en la misma cédula. Entonces, ya no es lo que la gente dice que va a hacer, sino realmente qué hizo con la cédula. Esa es la gran diferencia”, refirió Torrado.

Como parte de la metodología, en las preguntas sobre intención de voto se optó, por ejemplo, por mantener el mismo orden de candidatos de la cédula oficial —definido por sorteo de los organismos electorales— y no en orden alfabético.

En los simulacros de votación, en tanto, se entrega al encuestado una reproducción impresa de la cédula. La persona marca su elección tal y como lo haría el día de los comicios y la deposita en un ánfora, para luego hacerse el cotejo. Las cédulas se elaboraron según la circunscripción electoral correspondiente y con los partidos en competencia, tal como serían el día de la votación.

En paralelo a ello, otro equipo estadístico trabaja en el diseño muestral; es decir, en la definición macro de en qué lugares del país se va a encuestar, de modo que la muestra refleje proporcionalmente la composición de la población electoral.

“El diseño muestral es como el corazón de lo que hacemos. Con una muestra representamos la opinión de todo el país. Por eso, tenemos que asegurarnos de que las encuestas se distribuyan de una manera que nos permita sostener que se trata de una muestra representativa”, comentó Torrado.

Según explicó la CEO de Datum, una muestra de 1.200 personas es estadísticamente adecuada para el Perú, en línea con estándares internacionales. A modo de referencia, en países como Estados Unidos —con una población hasta diez veces mayor— las encuestadoras trabajan, en promedio, con alrededor de 1.000 casos. No obstante, este tamaño puede ampliarse: en el último ejercicio, por ejemplo, se alcanzaron las 3.000 encuestas.

Diseñar una muestra, sin embargo, no es simple. Primero, la cantidad de encuestas se distribuye según el peso de la población electoral de cada departamento, tomando como base el padrón elaborado por el Reniec. Por ejemplo, si un departamento concentra el 10% de los votantes, ese mismo porcentaje de encuestas se realiza en ese territorio.

Tras la distribución por regiones, se sortean las provincias dentro de cada departamento, luego se definen los distritos y, finalmente, las zonas específicas de trabajo a partir de los mapas censales del INEI.

“Un departamento puede tener 13 provincias y vamos, por ejemplo, a cinco. Pero no elegimos cuál nos conviene, cuál está más cerca o donde el pasaje es más barato. Vamos a la que salió sorteada. Eso es al azar. Puede ser la más cercana o la más lejana”, sostuvo.

Todo ello se realiza asegurando variables clave como sexo, edad, nivel socioeconómico y zona urbana o rural, replicando la estructura real del país.

“No solamente se define la cantidad de encuestas de acuerdo a la población de cada región, sino también la estructura de la población representada en la muestra. Si hay 50% hombres y 50% mujeres, se hacen, por ejemplo, 1.500 hombres y 1.500 mujeres”, comentó Torrado.

“A veces, en campo, ocurre que se encuentran más personas de un grupo, por ejemplo mujeres. Pero, una vez completada esa cuota, ya no se realizan más encuestas en ese segmento. Se continúa el recorrido —incluso en otros horarios— hasta cubrir la estructura de la población, según sexo, edad, nivel socioeconómico y zonas urbana y rural”, agregó.

Definidas las áreas de trabajo, entra en escena la labor del encuestador —que previamente pasó por un largo proceso de selección—. Ya en campo, el recorrido sigue reglas previamente establecidas. Cada encuestador recibe una zona específica y, a partir de allí, el avance responde a criterios aleatorios: en algunos casos se tocan puertas pares, en otros impares, siempre con el objetivo de asegurar la selección al azar de las viviendas encuestadas.

Al tocar la puerta, el encuestador designado se identifica como parte de Datum Internacional y presenta sus credenciales. Luego, consulta si en la vivienda hay una persona entre 18 y 70 años —rango de voto obligatorio— y si esta acudirá a sufragar.

Solo entonces se le invita a participar en la encuesta. Si no cumple con esos criterios, el recorrido continúa. Es un trabajo minucioso, puerta por puerta. Incluso, una vez realizada la encuesta, el encuestador debe dejar —según la zona— entre tres y cinco viviendas antes de continuar su labor, a fin de evitar de que las respuestas estén concentradas.

En esa primera línea, los encuestadores también enfrentan diversas situaciones. No es inusual que algunos ciudadanos desconfíen y verifiquen la información llamando a la central de la empresa encuestadora. En otros casos, son intervenidos por autoridades locales como el serenazgo o, en zonas rurales, las rondas campesinas. En alguna ocasión, las condiciones geográficas fueron tan exigentes que el trabajo requirió medidas adicionales. “En la selva hemos tenido que ir incluso con vacuna antiofídica, por la distancia al hospital más cercano”, recordó Torrado.

Mientras el trabajo de campo está en marcha, el equipo de control de calidad monitorea todo el proceso. Su labor —que se efectúa en tiempo real— se centra en dos aspectos esencialmente.

Por un lado, mediante un software se registra en tiempo real la ubicación GPS del encuestador, lo que permite verificar desde dónde se levanta la información. Por otro, se graban de manera aleatoria algunos tramos en audio del proceso de la encuesta, a fin de asegurar que se realice correctamente y conforme a los estándares establecidos.

En paralelo, un equipo distinto con otro nivel de acceso va procesando la información y aplica también controles adicionales de calidad. El proceso se enmarca en estándares internacionales de investigación. Datum cuenta con la certificación ISO 20252, que establece protocolos para la planificación, ejecución y control de estudios de mercado y opinión pública, con el objetivo de asegurar la calidad de la información.

En este punto, si se detecta alguna inconsistencia, los registros son devueltos al área de campo para que un supervisor acuda a la zona y verifique la información. Solo después de superar todos los filtros, la información se consolida y empieza a dar lugar a los resultados finales del estudio.

“El ISO 20252 de investigación de mercados establece una serie de estándares de supervisión y revisión de encuestas para asegurar que la data se ha levantado con calidad y que obedece fielmente a lo registrado en campo. De hecho, nosotros, además de todo el proceso de supervisión, tenemos auditorías. Viene un auditor externo, toma varios estudios al azar y los revisa nuevamente y pasa por todo el proceso. Nunca hemos tenido problemas con ninguna auditoría”, aseveró Torrado.

Una vez que la encuestadora emite su informe, este llega a El Comercio, donde el equipo de periodistas analiza los datos y los plasma en infografías para su publicación a nivel nacional, sin alterar los resultados del informe técnico elaborado por Datum Internacional.

Así, detrás de cada porcentaje o gráfico, hay todo un proceso largo que compromete a diversos equipos. Un trabajo que empieza tocando puertas, una a una.

Estas serían las últimas elecciones presidenciales de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras haber sido ratificado en el cargo hasta el 2028. En esta entrevista con El Comercio, el jefe de la entidad electoral reconoció que se trata del proceso electoral más difícil de la historia del país, aunque al mismo tiempo asegura que la elección podrá salir adelante. Eso sí, espera que en el próximo quinquenio pueda haber una reflexión más profunda sobre algunas reglas que permitan que la próxima elección sea más sencilla. Por el momento, invoca a la ciudadanía a participar de manera masiva e informada; mientras que a los candidatos y partidos pide que hagan uso de los valores democráticos.

— Cinco elecciones en simultáneo, más de 30 candidatos, la cédula más extensa de la historia del Perú y hasta siete marcas posibles para el voto preferencial. ¿Estamos ante un proceso sin precedentes y que, al mismo tiempo, difícilmente podría volverse a configurar?

Nosotros consideramos que es el proceso electoral más difícil de la historia. Enfrentarte a cinco elecciones —venimos de tres—, enfrentarte a hasta siete votos preferentes, enfrentarte a hasta 12 marcas en una cédula configura, con el número de organizaciones políticas, una elección sin precedentes, muy compleja. Pero estamos seguros de que va a salir adelante y va a salir adelante bien, porque no hemos cambiado la forma de votar. Seguimos marcando el símbolo, los espacios en blanco son solo para voto preferente. La ONPE y los órganos electorales en el Perú nos hemos preparado muchísimo para esta elección y damos la garantía absoluta de que va a salir bien.

— Haciendo cálculos, esta podría ser su última elección presidencial como jefe de la ONPE. Así que también le quería pedir una suerte de reflexión un tanto personal. Al ser una elección tan compleja, ¿existe el riesgo de que esta elección marque un punto de quiebre o, incluso, de no retorno, en la forma en la que los peruanos votan?

Yo espero que en el próximo quinquenio exista una reflexión más profunda respecto de las reglas electorales que permitan que los electores, los miembros de mesa y los personeros puedan tener el día de la jornada electoral bastante más facilidad de las que tienen hoy. Creo que la cédula es extremadamente compleja; sin embargo, con una buena capacitación —entrando a ONPEduca y muchos medios de comunicación también están ayudando muchísimo— creemos que va a salir muy bien esta elección, que la gente va a llegar informada. Es el deber del ciudadano ir informado; necesitamos su voto. “Votar es tu poder de elegir”, es nuestro lema. Pero sí creo que para futuras elecciones esto debería ser bastante más sencillo y, como bien lo has planteado, estas son mis últimas elecciones generales.

— ¿Qué cambios se atrevería usted a sugerir que podrían mejorarse en el próximo quinquenio?

Mi impresión es que hay varias cosas por mejorar. Creo que hay que fortalecer la democracia interna de los partidos, creo que hay que eliminar el voto preferencial, creo que las mesas deberían estar integradas exclusivamente por jóvenes para darle un mayor dinamismo al desarrollo de la mesa. Esta es una elección que va a exigir que los miembros de mesa lleguen a las 6 a. m., abran la mesa a las 7 a. m., cierren la mesa a las 5 p. m. y se queden entre seis y ocho horas más. Por eso creemos que los jóvenes deberían debutar electoralmente, democráticamente, siendo miembros de mesa.

— ¿Por qué debería de revisarse o eliminarse el voto preferencial? ¿Terminando esta elección, usted va a proponer al Congreso algún paquete de cambios que podrían de alguna manera u otra ayudar hacia una próxima elección general?

Nosotros no tenemos iniciativa legislativa, la tiene el JNE. Lo que hacemos nosotros es: le entregamos nuestra iniciativa en los casos que abordamos de manera directa y opinamos en todos los proyectos de ley que la Comisión de Constitución considere que debemos. Mi posición respecto del voto preferencial es una posición conceptual. Creo que genera una competencia al interior del partido que no fortalece a los partidos; creo que ese voto preferencial debería ejercerse en las internas partidarias para definir cuál es el orden de las listas y el orden de las listas que se defina al interior de los partidos sea la que los ciudadanos tengamos a disposición, por un lado. Y por otro, porque complejiza muchísimo tanto la labor del elector, la información del elector, la forma de votar, como a su vez el conteo de votos. Simplificaríamos muchísimo la elección, pero sobre todo fortaleceríamos muchísimo a los partidos políticos, si eliminamos el voto preferencial. Esa es mi opinión personal.

— Diversos ejercicios muestran que, a pocos días de la elección, una gran mayoría de ciudadanos no sabe cómo votar. Según una encuesta de Datum, a fines de marzo, ocho de cada diez peruanos reconocían no saber cómo votar, cómo enfrentarse a esta cédula gigante; en Lima, ese 80% se convertía casi en 90%. ¿La estrategia de educación electoral de la ONPE fracasó?

No, yo creo que, al contrario, ha sido un éxito. Si usted ve la capacitación de miembros de mesa, tenemos alrededor de 450 mil peruanos y peruanas que se han capacitado. Es una cifra histórica; nunca antes en la historia de la ONPE se tuvo algo cercano a eso. Hemos comenzado en el segundo semestre del 2025 informando sobre las características de esta elección y cómo votar. Hemos instalado 126 oficinas en todos los distritos y en 1910 centros poblados que van a ejercer el sufragio en esta elección. Hemos puesto todo el aparato de la ONPE para que el ciudadano se informe y se capacite. Por eso tenemos tanta presencia ya asegurada de miembros de mesa el día de la jornada a partir de la capacitación. Es más, cualquiera que tenga un celular entra a capacitate.onpe.gob.pe y se puede capacitar.

— Pero, sin embargo, están las cifras. Ocho de cada diez es una cifra bastante alta pero, sobre todo, preocupante…

Sí, nos preocupa mucho siempre cuál es el efecto de nuestro trabajo sobre la gente. Creo que en esta elección ha sido bastante difícil prender a la gente con la elección. Han habido diferentes problemas de país —que no tengo por qué mencionar, pero que todos conocemos— que han hecho que le preste atención a otros temas. No necesariamente a la elección. Pero en las últimas semanas vemos cómo, a partir de los debates, las campañas, la ciudadanía comienza —de repente para algunos de manera un poco tardía, pero responde a las características propias de nuestro país— a informarse y capacitarse. Seguimos trabajando para poder informar y capacitar a todos los actores. Hay que invocar a la ciudadanía a que se informe, que se informe por quién votar y que se informe cómo votar. Es responsabilidad del ciudadano. El Perú necesita el voto del ciudadano. Votar es su poder de elegir y esta es la oportunidad que tienen para poder definir los destinos de ellos, de sus hijos y, seguramente, también de sus nietos.

— ¿La complejidad de una elección sin precedentes podría de alguna manera afectar la legitimidad del resultado? ¿Hasta qué punto la complejidad del voto podría traducirse, al mismo tiempo, en altos niveles de votos nulos, blancos o viciados?

Nosotros estamos trabajando para que los votos nulos y viciados no sean producidos por desconocimiento. Recuerde que votar nulo o viciado también es una forma de sentar una posición política. Nosotros estamos trabajando para que quienes quieren elegir una candidatura sepan cómo elegirla. Ese es nuestro compromiso. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que participe masivamente en la elección; es fundamental su participación masiva. Eso le va a brindar una gran legitimidad a quienes vayan a ser electos en esta elección del 12 de abril.

— ¿No hay una relación entre cédula compleja y posible incremento de votos nulos o viciados?

A mayor complejidad de elección, podría darse un mayor número de votos nulos, porque es una cédula sin precedentes. Pero nosotros trabajamos muy duro para que todo ciudadano que quiera informarse tenga acceso a información, para que todo ciudadano que quiera capacitarse pueda hacerlo. Ese es nuestro compromiso. Por eso, mi invocación es al ciudadano y a la ciudadana, a que se incorpore como elector, que haga suyo estos valores de la democracia y entienda la necesidad de llegar informado de cómo votar y por quién votar el día de la jornada.

— Es decir, las herramientas están, pero también hay un factor de voluntad del ciudadano...

Las herramientas están y están hace mucho. En esta elección, por ejemplo, hemos pasado por primera vez de 30 días de capacitación a 45; por primera vez, en el segundo semestre del 2025, comenzamos a trabajar informando lo que iba a ser la elección de abril de 2026. La ONPE y los órganos electorales en su conjunto hemos trabajado muchísimo para que llegue la ciudadanía informada. Hoy día ya es responsabilidad del ciudadano informarse. Nosotros hacemos todo el esfuerzo y ponemos todas las herramientas a disposición, muchas de ellas gracias al compromiso democrático de los medios de comunicación, pero nada de esto va a surtir efecto si el ciudadano no se compromete. Hoy día el ciudadano es el actor, el ciudadano es el que decide, el poder es del ciudadano. Por eso nosotros siempre insistimos: “Votar es tu poder de elegir”. Es empoderar al ciudadano y refrescarle que es él quien tiene el poder y que delega en un representante el poder para ejercerlo.

— Tras la suerte de crisis de 2021 por la narrativa de fraudismo, una de las modificatorias aprobadas por el Congreso es la conservación de las células de sufragio. ¿Dónde van a estar almacenadas y bajo qué protocolos de seguridad?

Nosotros creemos que es una de las reformas más importantes y más positivas de los últimos cinco años. Creemos que conservar la cédula va a ser un elemento más de integridad electoral que brinde respaldo al acta. Solo Panamá y Perú no conservábamos en América las cédulas de sufragio, y eso nos coloca, creo, en una situación muy importante. Si tú preguntabas a cualquier observador si se deben o no conservar cédulas, todo el mundo te iba a decir que hay que conservarlas. El Perú ha tomado una decisión muy importante, yo creo que la reforma más importante en los últimos cinco años: conservar las cédulas y permitir que el JNE o sus órganos desconcentrados puedan hacer el reconteo. Nosotros todo el despliegue y repliegue de material electoral lo hacemos con policía, con las FF. AA. y con presencia de la fiscalización del JNE.

— Y en caso surja alguna disputa electoral, ¿qué tan accesible y auditables van a ser estas cédulas? ¿Cómo va a ser este proceso?

Nosotros procesamos actas. Los que cuentan los votos son los ciudadanos que de manera aleatoria han sido elegidos como miembros de mesa. Las actas que ellos llenen —cuando menos cuatro actas: una para el JEE, otra para el JNE, otra para la ONPE y otra para la ODPE— van a ser replegadas por nosotros. Además, va a haber un acta para cada uno de los personeros que acuda a la mesa. Todas van a ser iguales y todas las van a poder ver en nuestra presentación de resultados. Nosotros vamos a replegar con las medidas de seguridad a nuestro centro de cómputo. Allí se procesan: las que estén de manera correcta, sin inconsistencias, sin observaciones, se computan. Las otras sólo se procesan y las enviamos a los JEE. Es el JEE, que es un órgano jurisdiccional autónomo, va a analizar cada una y tomar una resolución; y va a definir si requiere o no que le enviemos las cédulas de sufragio. Si las requiere, nos comunica y en un plazo de 24 horas se las entregamos para que realicen el reconteo, de ser necesario.

— ¿Pero habrá cadena de custodia?

La cadena de custodia está garantizada. Absolutamente garantizada. No venimos coordinando desde ayer, sino desde hace muchísimos meses con el JNE y también con las FF. AA. y la Policía Nacional, que nos brindan la garantía para que la elección funcione y funcione bien.

— Y más allá de los cambios normativos que ha hecho el Congreso. ¿Qué elecciones operativas concretas dejó la crisis de 2021? ¿Qué errores, si los hubo, usted reconoce respecto a las elecciones del 2021?

Creo que hicimos una gran elección en el 2021 y en el 2022. (…) Algunas personas se encontraron satisfechas y otros no de determinados resultados, pero los resultados no los maneja la ONPE, son producto de la voluntad popular y nosotros la respetamos de manera estricta; esa es nuestra labor. Eso no quiere decir que nosotros, a partir de esas dos elecciones, no sepamos que existen oportunidades de mejora. Y hemos mejorado en muchísimos temas.

El primero, por ejemplo, hoy día tenemos una línea con radiofrecuencia de armado de cajas que garantiza que, todo lo que debe estar en la caja que va a recibir el miembro de mesa, esté. Todos los camiones que salen de ONPE tienen GPS. Las actas tienen QR para saber dónde están; el nivel de trazabilidad ha mejorado de manera ostensible. Otro elemento que es fundamental es que hoy tenemos 126 oficinas, que te permite tener un control territorial más rápido; y con 126 centros de cómputo, vamos a poder procesar data mucho más rápido. Hemos mejorado también en los sistemas: presentación de resultados, el sistema apoyo al escrutinio y también el tema de presentación de resultados. Todos desarrollados en la ONPE, por gente peruana en la ONPE y que, el último domingo, acaban de ser probados de manera satisfactoria sometidos a la mayor carga posible. Entonces creo que hay varias mejoras de manera sustanciales, que son absolutamente evidentes. Y un tema que creo que hemos mejorado muchísimo es la comunicación con las organizaciones políticas. Siempre las hemos citado para determinados actos, pero ahora hemos sido mucho más insistentes para que estén presentes. Siempre debieron estar, pero hemos insistido mucho más en la prueba de color de las cédulas, para que vean cómo son nuestros sistemas, cómo va a ser nuestra presentación de resultados.

— Hace 20 años, en el 2006, los miembros de la PNP y las FF. AA. pudieron sufragar por primera vez. Aunque a lo largo de ese tiempo también ha habido algunas limitaciones. ¿Se han dado las condiciones para que aquellos que están destacados y no están dentro de su región o circunscripción, vayan a poder efectuar su derecho?

Hemos visitado el CCFFAA, entablado conversaciones con diferentes ministros del Interior que usted sabe que han habido, con el director general de la PNP, para coordinar aspectos vinculados a su derecho constitucional al sufragio y temas vinculados también a la seguridad del proceso. En el caso puntual que usted plantea respecto del personal que va a tener que ir a un lugar diferente al que se ha inicialmente considerado, no hemos recibido en tiempo y en forma la información. No porque haya existido una malintención ni nada por el estilo, creo que son muy profesionales en lo que hacen y lo hacen muy bien. Pero hay que tomar en consideración en que era un momento muy cercano a su actualización de bases vinculadas a ingresos, bajas, renuncias, ascensos, destaques, gente que salía y que entraba en el servicio. Estimo que esas dificultades han sido muy importantes para que no puedan cumplir con los plazos que les brindamos y ampliamos para que puedan decirnos ese porcentaje de miembros de la fuerza del orden que iba a servir en un lugar diferente al cual se encuentra residiendo, pueda ejercer su derecho al sufragio.

— ¿O sea ellos no van a poder finalmente votar?

Nunca nos entregaron las listas que nos hubieran podido permitir ubicarlos en una mesa de sufragio diferente a la que dice su DNI. Estuvimos esperando esa información, hemos intercambiado diferentes documentos y ellos debían cumplir. Implicaba que, a tres meses de la elección, ellos sepan a quién van a mandar a cada local de votación. Nosotros les dijimos: estos son los locales, dime quiénes van a qué locales. Es más, incorporamos más locales, más mesas, para que ellos puedan ejercer su derecho al sufragio. Pero lamentablemente no pudimos recibir la información en tiempo y forma; y esperamos que para una próxima oportunidad esto sea diferente.

— Pero no se trata de algo anecdótico, es una obligación legal. Ley Nº 32166 es la que habilita por primera vez a que los miembros de las FF. AA. que han sido destacados puedan igual ejercer su derecho al voto. ¿Qué va a pasar? ¿Se le comunicó qué porcentaje representaría ese personal?

Como nunca recibimos la información, no puedo decirle. (…) La ONPE ha cumplido con la ley de manera plena, ha informado a quienes correspondía respecto de la norma, les ha explicado qué debían hacer, les ha hecho llegar los locales de votación, ha cambiado e incorporado más locales de votación, hemos dado un tiempo posterior a la conformación de mesas para que esto se pueda dar. Sin embargo, no se ha podido. La ONPE ha cumplido de manera estricta con la norma; sin embargo, como comprenderá, existen tiempos para producir material electoral que nos exigen unos plazos para poder pasar a la impresión.

— Un candidato [Rafael López Aliaga] lo ha calificado públicamente como “delincuente” y ha insinuado también fraude. ¿Este tipo de acusaciones son parte del juego político o en qué momento llegan a cruzar una línea que puede poner en riesgo el proceso democrático?

Yo quisiera hacer sobre el tema dos comentarios. El primero, es que a mí las denuncias de fraude o los calificativos que me puedan hacer en términos generales ni me amilanan ni me distraen. En la ONPE estamos enfocados en dar el mejor servicio público y en garantizar que la ciudadanía tenga una elección íntegra el 12 de abril próximo. Y la segunda, quisiera invocar, a través suyo, a los candidatos y a las organizaciones políticas a que hagan suyos los valores de la democracia, que implica la tolerancia, la responsabilidad, el respeto y que implica el respeto del Estado de derecho. Y el respeto del Estado de derecho quiere decir que hay instituciones que cumplen roles y que en democracia hay elecciones y los resultados se respetan.

— De cara a este domingo 12 de abril, ¿ya se culminó con el despliegue del material electoral? ¿Cómo va ese proceso?

Nosotros tenemos tres grandes momentos. El primero fue el 22 de marzo, cuando le entregamos material a la Cancillería. Un segundo momento, el 28 de marzo, en donde le entregamos el material a nuestras 125 ODPE restantes. Y un tercer momento, que ya comenzó, que es el despliegue de las ODPE a los lugares más alejados. Hoy día en Ucayali, por ejemplo, todo lo que era fluvial estaba saliendo para llegar 48 horas antes. Entonces el material va a llegar en tiempo y forma de manera correcta. En Lima y Callao, se inicia a las 10 p.m. del día viernes. Desde Lurín, aproximadamente 250 camiones van a ir repartiendo el material electoral a cada uno de nuestros locales. Eso permitirá que esté todo listo para que a las 6 a.m. del día 12 ingresen los miembros de mesa y personeros, y a las 7 a.m. los electores puedan comenzar a votar.

— Y una vez efectuado el cierre de los locales de votación, ¿a partir de qué hora se van a dar los primeros resultados?

Nosotros a las 5 p.m. [a la misma hora que cierran las mesas] vamos a abrir nuestra web de resultados por primera vez en la historia. Y vamos a comenzar a publicar seguramente lo que viene de cancillería. Por usos horarios, deberíamos comenzar con muy poquito del exterior. Hay un segundo momento que comienza aproximadamente a las 7:30 p.m. en donde vamos a comenzar a recibir fundamentalmente Lima y Callao. Y a las 8:30 p.m. va a comenzar a entrar el resto del país. Vamos a sacar primero resultados presidenciales, luego resultados de Senado, luego Diputado y Parlamento Andino. Esperamos estar al 60% a las 12:00 a.m. del total de actas procesadas, exclusivamente de la elección de fórmula presidencial.

— Permítame cerrar con esta última pregunta. Usted ha hecho una invocación en esta entrevista a que los partidos hagan suyos los valores democráticos. ¿Qué ocurrirá si algún candidato presidencial desconoce los resultados de este 12 de abril?

Nosotros no vamos a ponernos en ese escenario. Nosotros nos ponemos en el escenario en que todos los que participan son demócratas de verdad, que han hecho suyo los valores de la democracia. Y, en los valores de la democracia, una elección es como un partido de fútbol: puedes perder o puedes ganar. Cuando pierdes, felicitas al ganador; y cuando ganas, celebras con tranquilidad.

El prófugo Vladimir Cerrón no logró archivar la acusación del Ministerio Público que solicitó hasta seis años de cárcel en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso “Puente Comuneros II”.

El Poder Judicial rechazó su recurso de sobreseimiento y excepción de improcedencia de acción que presentó el candidato presidencial de Perú Libre con la finalidad de eludir a la justicia, según la resolución obtenida por El Comercio.

La fiscalía anticorrupción lo acusa por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y alternativamente, colusión simple, en agravio del Estado Peruano. Por ello, solicito seis y cuatro años de cárcel en su contra, respectivamente.

Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción solicitó que Cerrón Rojas y otros co-acusados paguen una reparación civil solidaria de S/20’135,342.95.

El caso se encuentra actualmente en control de acusación y tras rechazarse el recurso de Cerrón Rojas contra la imputación fiscal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín continuará con la fase de admisibilidad de los medios probatorios de la acusación.

Esta semana, el ex gobernador regional de Junín cumplió dos años y medio prófugo de la justicia. Y es que, actualmente, existe una orden de captura y prisión preventiva por 24 meses en su contra en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delito de lavado de activos y organización criminal por el caso “Aportes a Perú Libre”.

Cerrón decidió entrar a la clandestinidad para no cumplir con la sentencia que se le impuso el 6 de octubre del 2023, por el Caso Aeródromo Wanka.

Dicha sentencia fue posteriormente anulada, pero incluso el exfuncionario continuó oculto de las autoridades policiales y de la justicia, para no cumplir con las órdenes de prisión preventiva que se le impusieron.

Según la documentación, Vladimir Cerrón es acusado en su condición de exgobernador regional de Junín, por dos hechos presuntamente ilícitos cometidos en su segunda gestión (2019) para la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Carrión y la Calle Max Hongler en los distritos de Huancayo – Huamancaca Chico – provincia de Huancayo y Chupaca, región Junín”.

De acuerdo a la acusación, Cerrón Rojas no habría cumplido con su deber funcional de resguardar los bienes del Gobierno Regionl y habría incurrido en infracción del deber al firmar el convenio marco de la referida obra.

Por el presunto delito de colusión simple, se le atribuye haberse concertado con funcionarios de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) para que se evalúe, reformule y ejecute el referido proyecto pese a que ya existía un convenio marco suscrito entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA Perú, que precisaba cuál sería el papel de esta última entidad y del que tenían conocimiento.

De acuerdo a la fiscalía, durante la reformulación del convenio, para el que no tenían la facultad, se insertaron cláusulas, referidas al objeto - estudio definitivo, plazos y obligaciones de SIMA PERU, distintos al proyecto.

Posteriormente, se suscribió el convenio entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA PERÚ, sin que la empresa tenga la competencia de reformular el expediente técnico inicial.

El segundo hecho, donde se le acusa por el presunto delito de colusión agravada, el Ministerio Público sostuvo que Cerrón Rojas, luego de firmar el convenio y previo a la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros” se concertó con sus co-acusados con la finalidad de modificar el convenio específico mediante adendas No. 1 y 2.

Dichas adendas, señaló, disponían un adelanto directo del 30% equivalente a S/39’459,197.07 a SIMA Perú para reformular el expediente técnico ampliar el plazo, incrementar los costos en los componentes (Puente Comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental) en S/ 3’606, 516.91 y gastos generales en S/ 2’863,172.68, generando un peligro potencial económico al Estado.

Esto porque al haberse reformulado el expediente técnico sin ningún sustento técnico se incrementarían los costos en el puente comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental.

Advirtió que fiscalía que “el cambio de alternativa tecnológica no permitió cumplir con la finalidad del convenio específico que se enmarcó en el ahorro del costo (...). Contrariamente, incrementó el costo en un importe similar al que se pretendió ahorrar, por lo tanto al otorgar dicho incremento contravino la cláusula novena del convenio específico”.

La defensa de Cerrón Rojas pidió el archivo del caso al señalar que los hechos por los que fue acusado no configuran delito de colusión.

De acuerdo a sus argumentos, la intervención del SIMA sí estaba contemplado dentro del convenio marco y además, no se habría incurrido en una infracción del deber pues su patrocinado tenía la facultad de suscribir convenios de acuerdo a ley.

“(Solicitó) El sobreseimiento de la causa por falta de elementos de convicción suficientes para vincular a su defendido con el delito de colusión, argumentando que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que, como gobernador, Cerrón Rojas se basó en los informes técnicos y legales para suscribir la adenda, y no infringió su deber”, demandó la defensa.

La fiscalía anticorrupción, por su parte, solicitó que se rechace el pedido de archivo de la acusación, señalando que lo alegado por la defensa de Cerrón Rojas no concuerda con las actuaciones y acuerdos firmados por el exgobernador regional de Junín.

Con sus actuaciones, señaló el fiscal, “el acusado ha infringido su deber al momento de suscribir el Convenio Específico y la Adenda N.° 1”, ya que si bien estaba dentro de las facultades como gobernador regional, no lo está infringir las normas y ocasionar un perjuicio al Estado.

“El adelanto directo hasta el 30% solicitado, ascendía a más de 40 millones (...) que nunca se debió otorgar porque la obra no se encontraba en ejecución; por lo tanto, los hechos sí se subsumen al delito de colusión”, remarcó el fiscal.

Tras analizar los argumentos de las partes, el Juzgado de Investigación Preparatoria coincidió en que los hechos imputados contra Vladimir Cerrón y otros, calzaban con el presunto delito de colusión.

En esa línea, el juzgado describió que de acuerdo a la acusación, Cerrón Rojas y sus co-imputados facultaron a SIMA Perú para realizar actividades ajenas a su objeto social, que además de ejecutar la obra, reformuló el expediente técnico inicial, generando un peligro potencial económico al Estado, perpetrando el presunto delito de colusión simple.

“En el presente caso se constatan suficientes datos de cargo, que son desfavorables al imputado recurrente, así como a sus coacusados, y que por el contrario fundan el progreso de la persecución penal, tal es así que el Ministerio Público, como titular de la acción penal ha formulado acusación”, resolvió el juzgado.

Como es evidente, la jornada del domingo brindará algunas certezas. Son pocas, pero son. En primer término, las cifras difundidas al cierre del plazo legal confirman a uno de los dos participantes de la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. La segunda vuelta será, como es usual, una campaña breve e intensa.

También podemos avizorar el tono que tomará el balotaje, dependiendo de los participantes. Tanto los debates como los actos en torno a los respectivos cierres de campaña darán pistas sobre si se tratará de una campaña de choque o de debate alturado. Un componente adicional será el ánimo con el que los contendores asuman los resultados del domingo, algunos, probablemente, muy ajustados tanto a nivel nacional como subnacional.

En tercer lugar, tendremos un acercamiento a la composición congresal. Se avizorará, al menos, a gran parte de los pocos partidos que superen la valla, aunque con escaños sin nombre. Ello será particularmente relevante en la mitad del Senado elegida por voto de distrito electoral múltiple. Es que, en todas las circunscripciones (excepción de Lima), la votación puede ganarse, en teoría, por un voto, por lo que las impugnaciones estarán a la orden del día.

Finalmente, es altamente probable que se reproduzcan las viejas brechas que separan a Lima de las regiones. La diferencia de resultados, por ejemplo, entre Lima y el sur, seguramente, generará asombro e incredulidad entre una buena porción de observadores asentados en la capital. ¿Cómo es que no vimos venir a tal personaje? ¿De dónde tal candidato obtuvo ese porcentaje en aquella localidad?

Debe recordarse que, en las regiones, la campaña estuvo signada por la apatía y el desinterés. ¿Tiene sentido ocuparse de una elección de un jefe o jefa del Estado que probablemente estará más a merced de la indulgencia del Parlamento que de la empatía del ciudadano de a pie? ¿No tiene más sentido estar atentos a los comicios de octubre, cuando se elijan alcaldes y gobernadores? Al final de cuentas, en las regiones la política se valora más en lo concreto y en lo cotidiano, pues ‘all politics is local’, como reza el dicho norteamericano.

Frente a ello, hay acciones que profundizan y agravan estas distancias. Por ejemplo, la reciente decisión de las autoridades electorales que, desde incomprensibles “interpretaciones antojadizas”, no hace más que “ahondar la crisis de representatividad”, como bien señala Carlos Meléndez al referirse al fallo del JNE sobre la valla electoral para el Senado (El Comercio, 5/4/2026).

El candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) dijo que confía en la versión del etnocacerista Antauro Humala, quien fue condenado por el homicidio de policías durante el Andahuaylazo.

En entrevista con el programa Beto a Saber, de Willax, Belmont señaló que conoció a Humala en diversas ocasiones y que, a partir de esos encuentros, considera veraz su relato sobre lo ocurrido en enero del 2005.

“Yo pienso que Antauro Humala es un muchacho, ya no está muchacho, es un hombre grande, que conversó conmigo cuatro veces y me contó la historia [del Andahuaylazo], y yo parto del principio de que a mí no me está mintiendo alguien. Él dijo que estuvo sentenciado, pero no que mató por la espalda a nadie. En ese momento le creí. Sí, [ahora] le sigo creyendo que no me va a mentir a mí algo que se va a probar en la vida, en el tiempo”, afirmó.

El Andahuaylazo ocurrió la madrugada del 1 de enero del 2005, cuando un grupo de reservistas liderados por el entonces mayor el Ejército Antauro Humala tomó la comisaría de Andahuaylas, así como las armas, municiones y explosivos.

Humala fue capturado el 3 de enero de ese año y condenado por homicidio calificado, sustracción de armas de fuego, rebelión, secuestro y otros delitos en agravio del Estado. En 2009 recibió una sentencia de 25 años de prisión, que luego fue reducida a 19 años por la Corte Suprema.

En otro momento, Belmont se refirió a su cercanía con el prófugo Vladimir Cerrón y con el excongresista José Vega Antonio, líder de Unión por el Perú y aliado de Antauro Humala.

“A Cerrón lo conozco hace 15 años, podría ser. Cerrón me visita en mi casa, yo estaba alejado de la política, viene y me dice ‘¿por qué no hacemos una alianza Obras con Perú Libertario?’ y le dije ‘mira, una alianza con Obras, perfecto. Uno de Obras, uno tuyo, uno de Obras, uno tuyo’”, relató.

Asimismo, precisó que su relación con Antauro Humala no estuvo vinculada a alianzas políticas en procesos electorales anteriores.

“No estaba Antauro ahí. Estaba José Antonio Vega. Lo conozco hace 25 años. No [está conmigo ahora]. Posiblemente [sería parte de un gobierno eventual], sabe bastante. Es un hombre muy preparado”, indicó.

Pedro Castillo

Belmont - quien estuvo a punto de asesorar al ahora golpista Pedro Castillo al inicio de su gobierno- abogó por el exmandatario, quien purga 11 años de prisión por conspiración para la rebelión.

“No sé si vale el indulto, pero me gustaría que tenga un juicio justo [Pedro Castillo]. Sí lo indulto. No [es una promesa de campaña] porque yo no sabía que podías indultar así nomás”, sostuvo.

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El sistema de las Naciones Unidas en el Perú destacó la importancia del voto libre e informado de cara a las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril, en las que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

A través de un pronunciamiento, el organismo internacional señaló que el ejercicio del sufragio es clave para la construcción de un futuro común y reafirmó su confianza en que el proceso electoral se desarrollará en condiciones de normalidad.

“El voto libre e informado, que los peruanos y las peruanas podrán ejercer este domingo, es fundamental para la construcción de un futuro común”, indicó.

Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas expresó su expectativa de que la jornada se lleve a cabo de manera pacífica, con participación ciudadana y respeto a las instituciones democráticas.

“El sistema de las Naciones Unidas en el Perú confía en que el proceso se desarrollará de manera pacífica, en un ambiente inclusivo, participativo y seguro, y con respeto a las instituciones y al Estado de derecho”, agregó.

Un voto libre e informado es fundamental para la construcción de un futuro común.#EleccionesPerú2026 pic.twitter.com/Vnw7pItQbc

— Naciones Unidas Perú (@ONUPeru) April 10, 2026

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril en todo el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos habilitados para votar, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Durante la jornada electoral, los ciudadanos elegirán al presidente de la República, así como a los integrantes del Congreso bicameral —Senado y Cámara de Diputados— y a los representantes ante el Parlamento Andino.

Según información de los organismos electorales, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que es facultativo para los mayores de esa edad.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la instalación de miles de locales de votación a nivel nacional, además de horarios escalonados para evitar aglomeraciones y garantizar el orden durante la jornada.

Asimismo, diversas entidades del Estado, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han desplegado operativos para resguardar los locales de votación, el material electoral y la seguridad de los electores.

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Unidad de Investigación

Los filtros en los partidos Juntos por el Perú (JPP) y País para Todos (PPT) para el Congreso no parecen haber sido los óptimos. Ambas agrupaciones llevan en sus listas a candidatos con sentencias por delitos graves y otros que intentaron ocultar sus antecedentes con la justicia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según las revisiones realizadas por este Diario, existen 45 candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados con antecedentes -25 en JPP y 20 en PPT- que van desde homicidio culposo y lesiones, hasta peculado, asociación ilícita para delinquir y rebelión.

A esto se suma que ambas listas han sufrido casi 60 bajas de candidaturas por improcedencias (17 en JPP y 41 en PPT), producidas en su mayoría por objeciones no subsanadas a la hora de su inscripción.

—Filtros laxos—

Este diario buscó conversar con representantes del partido para conocer los filtros en sus listas congresales, pero solo se limitaron a brindarnos los contactos de algunos de sus candidatos con antecedentes.

Uno de los casos es de Walter Huamán Gómez, candidato a diputado por Lima y sentenciado por homicidio culposo. Huamán se defendió señalando que se trató de un accidente de tránsito. “Es un hecho del que nadie está libre y ya cumplí con la justicia”, afirmó.

El partido también registra varios excluidos por omitir sentencias como: Germán Tay Ayón, por el delito de peculado, y Maritere Saavedra Roca, por apropiación ilícita.

—Los castillistas—

En Juntos por el Perú, la situación no es menos grave. El partido de Roberto Sánchez postula a César Copa Tujutani al Senado pese a tener una sentencia por rebelión.

En la lista de diputados está Julián Pérez Mallqui, quien postula por Cusco con una sentencia por lesiones culposas que data de enero de 2025. A ello se suman las exclusiones de Alberto Ramírez Taranta (Ucayali) y Luis Maguiña Villarreal (Ancash) por omitir sentencias por peculado y disturbios, respectivamente.

Este diario buscó declaraciones de JPP, pero no obtuvo respuesta.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que la modalidad del recuento de votos se aplicará en estas elecciones generales del 2026 en casos excepcionales y concretos, y que se llevará a cabo de manera pública y transparente.

Grecia Rentería, vocera del JNE, informó ante la prensa que este mecanismo excepcional se activará en casos de que se detecte algún “error material” en el acta electoral, el cual será cotejado entre las actas en manos de las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Antes de irnos al recuento de votos, nosotros también tenemos un acta electoral y las vamos a cotejar, el acta de la ODPE y del JEE, y en el caso que en el cotejo podamos salvar el error material, no iremos al recuento de votos”, explicó.

En específico, el JNE precisó que han establecido cinco supuestos en los cuales se considerará aplicar el recuento de votos.

El primero de ellos es la falta de firmas en el acta electoral, segundo que haya errores aritméticos que afecten la coincidencia de números de votos, tercero una ilegibilidad consignada (confusión entre números 1 y 7, por ejemplo).

En cuarto lugar, en caso haya una falta de datos y, finalmente, si es que hay actas incompletas que no consignen el número de votos totales.

Una vez que el cotejo en el JEE determine alguno de estos casos, la ODPE envía el sobre lacrado con las cédulas de votación guardadas y se programa la audiencia de recuento de votos.

El JNE aseguró que el recuento de votos será notificado al Ministerio Público y a los personeros de los partidos políticos para que estén presentes en el evento.

Asimismo, explicaron que se realizará en una audiencia pública, ininterrumpida en la cual el jurado garantiza “transparencia y seguridad”. El evento se podrá ver por el canal de YouTube del JNE.

La vocera del jurado estimó que las audiencias de recuento de votos serán después del día de las elecciones, 12 de abril, cuando las actas vayan a ser revisadas por la ODPE “aproximadamente a partir de l16 o 18 de abril en adelante”.

El operativo alcanza 27 inmuebles. Según pudo conocer El Comercio, para ello se ha desplegado a un equipo de fiscales y efectivos de la Policía Anticorrupción en San Borja, San Isidro, Comas, La Molina y otros distritos de Lima y Huánuco.

De acuerdo a las fuentes de este Diario, entre los intervenidos figuran las investigadas Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

José Jerí: Fiscalía y agentes de PNP allanan inmuebles de más de 20 personas investigadas por caso de órdenes de servicios y contratos irregulares
Megaoperativo alcanza diversos distritos de Lima.
Este es el preciso momento donde ingresan a una de las viviendas.
Por @karembq pic.twitter.com/7qq1rmcn2g

— Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 10, 2026

El allanamiento, con orden de descerraje, fue autorizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La medida también alcanza a exfuncionarios del Despacho Presidencial y de otros ministerios, según fuentes vinculadas al caso.

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió investigación por presunto tráfico de influencias y otros delitos tras conocerse que las investigadas habían visitado el despacho presidencial de Jerí Oré y posteriormente obtuvieron órdenes de servicio o fueron contratadas en entidades del Estado como el Despacho Presidencial, Essalud, el Ministerio de Educación, entre otros.

Las presuntas beneficiadas se reunieron con Jerí Oré, algunas de ellas permanecieron hasta altas horas de la noche en las instalaciones de Palacio de Gobierno según un reportaje de Cuarto Poder.

Similar patrón se habría dado en el casos de las reuniones que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, en Palacio de Gobierno y por el que también se abrió investigación.

Ambos casos generaron la remoción de Jerí Oré de la Presidencia de la República, cargo que asumió tras la vacancia de Dina Boluarte. El también abogado es actual congresista por Somos Perú.

En el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que, de llegar al gobierno, trasladará a internos del Penal de Barbadillo a centros de reclusión en la selva.

En dicho centro penitencario (Ate), purgan su condena los expresidentes Pedro Castillo (por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022); Martín Vizcarra (por las coimas que recibió cuando fue gobernador de Moquegua); Alejandro Toledo (por los casos Ecoteva y Odebrecht); y Ollanta Humala (por lavado de activos).

“Cuando tú sacas de contexto media hora de explicación de lo que es una ingeniería militar, cosa que el gobierno de Toledo corrupto que está en la cárcel y que se van a ir a la selva a purgar su condena, igual que todo Barbadillo. No puedo premiar a un delincuente. A diferencia de El Salvador, aquí sí tenemos una selva bien profunda y bien bonita”, sostuvo.

El ex alcalde de Lima señaló que su propuesta busca reforzar la lucha contra la criminalidad mediante acciones más estrictas desde el Estado.

En esa línea, planteó declarar “objetivo militar” a los sicarios y extorsionadores, así como implementar herramientas tecnológicas para su ubicación y captura.

“Primero, vamos en orden. Lo que vamos a hacer rápido, con una firma del presidente de la República, es declarar objetivo militar a los sicarios, extorsionadores, lamentablemente muchísimos venezolanos. Decirles claramente: el 28 de julio, primera medida, si están legales en el Perú, tienen su certificado legal de estar en Perú o se van en barco de vuelta a Venezuela, que está volviendo a la democracia”, indicó.

Asimismo, mencionó la posibilidad de utilizar mecanismos de geolocalización en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

“Segunda medida, aun así, si el 28 de julio tenemos chuponeo legal, se alquilan las máquinas para hacer chuponeo legal o geolocalización. Entonces, determinada la flagrancia, en ese momento capturarlo con la inteligencia que no existe ahora, y ese señor se va a una cárcel inhospital en la selva, en una carpa militar. Eso no lo veo en ningún candidato”, añadió.

En otro momento, el candidato reiteró su propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando que esta medida ya forma parte de su plan de gobierno.

“Yo lo tengo por escrito en mi plan de gobierno, ella [Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular] está recién. Yo he puesto por escrito el retiro inmediato, hace seis u ocho meses lo tengo”, afirmó.

También señaló la posibilidad de establecer acuerdos internacionales para la extradición de cabecillas de organizaciones criminales.

“Dado que el objetivo militar es el extorsionador sicario, Estados Unidos sabe que en Perú están los cabecillas del Tren de Aragua circulando libremente. Entonces, Estados Unidos sí está dispuesto a firmar un tratado bilateral de extracción, al igual que Maduro lo extrajeron. Extraer 10 o 12 cabecillas para desarticular las cabezas, para llevarlos a Estados Unidos y se queden por allá como Maduro”, expresó.

En el ámbito económico, López Aliaga planteó la creación de un millón de empleos al año mediante el impulso del turismo y la descentralización de rutas aéreas.

“Un tema vital: turismo, aeropuertos internacionales que me lleven a los turistas de frente, sin pasar por Lima. Por ejemplo, de Cusco de frente me voy a Huaraz, de Cusco de frente a Arequipa, de Cusco de frente a Iquitos”, explicó.

Asimismo, propuso fortalecer la competencia en el sistema financiero a través del Banco Nación.

“El ciudadano tiene derecho a que haya libre competencia. Entonces, aquí tenemos cuatro señorones que evitan que entre cualquier banco digital que le saca el ancho. Entra un banco digital al 6% al año, a seis años, y va a tomar cualquier peruano ciudadano, toma su crédito, prepaga la tarjeta de crédito y muerto el pollo. Al 6% contra 120”, sostuvo.

El candidato señaló que continuará con sus actividades en distintas zonas del país. “Yo enfrento las cosas, no me corro”, manifestó.

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En el tramo final de su cuarta campaña electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, priorizó al norte del país (ofreció mítines de cierre en Piura, Lambayeque y La Libertad, entre el lunes y miércoles) y a Lima (Villa El Salvador), donde la noche del jueves realizó su último acto proselitista antes de los comicios generales del domingo.

La elección de estas regiones se debe a que concentran el mayor bolsón electoral de Fujimori Higuchi no solo en esta elección, sino en las tres anteriores, cuando pasó al balotaje, pero perdió en esta instancia.

Fujimori Higuchi estuvo acompañada en el estrado por Kyara y Kaori Villanella Fujimori, sus hijas. Con la primera protagonizó una discrepancia a raíz del tema del aborto en casos de violación. También estuvieron su hermana Sachie Fujimori y Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial. La excongresista fue recibida en el escenario por la cantante criolla Lucía de la Cruz.

Durante su discurso, que duró 31 minutos, la postulante presidencial de Fuerza Popular remarcó una idea: que ella no ha gobernado y que, en los últimos 25 años, con excepción del fallecido exmandatario Alan García, los gobernantes del país han sido antifujimoristas.

“[Tras la administración de mi padre Alberto Fujimori] han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas. ¿Qué hicieron? [Nada, responde el público] exactamente, lo único que hicieron fue poner excusas, insultos, pero no se hacen responsables de sus decisiones”, manifestó la exparlamentaria.

También recordó que, en su primera campaña presidencial, en el 2011, sostuvo que en el Perú “había dos países”, uno que crece, se desarrolla y que tiene todos los servicios, mientras que el otro es “el Perú olvidado”, y que sufre la indiferencia del Estado. “Han pasado 15 años y la situación es todavía peor. Lo más lamentable es que tenemos recursos”, expresó.

Fujimori Higuchi subrayó que los últimos gobiernos, salvó la segunda administración de García Pérez, hicieron retroceder al país.

“Yo entiendo que hoy la población no tiene confianza en sus políticos, y le damos toda la razón. Durante estos últimos años nos prometieron el gas a S/12 [en referencia a Ollanta Humala], destruyeron la seguridad cuando abrieron las fronteras [en alusión a Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra]. A todos los que todavía no han tomado una decisión, busquen los planes de gobierno y escuchen las propuestas de los debates”, exhortó.

La excongresista pidió a los ciudadanos “una oportunidad”, porque “no he sido presidenta todavía”. “Han gobernado otros”, agregó.

Esto en clara respuesta a sus adversarios, en especial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), que durante la ronda de debates la acusó de haber ejercido el gobierno del país desde el Congreso.

Fujimori Higuchi es cuestionada por el respaldo que dio su bancada a los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, tras la vacancia de Pedro Castillo. El profesor anunció, el 7 de diciembre del 2022, la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención al Ministerio Público y Poder Judicial, que lo procesaban por presuntos actos de corrupción.

Fuerza Popular se opuso a ocho mociones de destitución contra Boluarte por diferentes hechos: las muertes en las protestas, el Rolexgate, las cirugías, el presunto uso del cofre a favor del prófugo Vladimir Cerrón, entre otras. Y en octubre último, cuando restaban, seis meses para las elecciones generales, el fujimorismo sí respaldó la vacancia de la abogada, tras el atentado a la orquesta de cumbia Agua Marina.

Una lluvia de promesas

En otro momento de su mitin de cierre de campaña, Fujimori Higuchi afirmó que el país “ya no aguanta más improvisados, porque vive con miedo”, en alusión al desborde de la criminalidad organizada.

“Hoy el caos, lamentablemente, es noticia de todos los días y nosotros lo que proponemos y nuestro plan se llama ‘Perú con orden’, si algo se le reconoce a Alberto Fujimori es haber derrotado a Sendero Luminoso y al MRTA con decisión política. Nosotros no solo anunciamos nuestras decisiones, sino lo más importante, tenemos un gran equipo”, dijo.

La candidata presidencial destacó los nombres de Marco Miyashiro, uno de jefes del GEIN de la Policía Nacional que capturó cabecilla terrorista Abimael Guzmán; al ex comandante general del Ejército César Astudillo; al vicealmirante de la Marina en retiro Carlos Tubino; y al actual presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi. Este último fue sentenciado, en primera instancia, a nueve meses de prisión suspendida por difamación en contra de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

“Vamos a recuperar la paz, vamos a controlar las fronteras y las cárceles. Vamos a poner a militares y policías en los buses para que ya no haya más muertes. Haremos rastrillajes. ¿Qué significa eso? Iremos en la búsqueda de estos delincuentes. Y, además modificaremos el Código Penal, de tal manera que no haya esta impunidad en la que vivimos”, sostuvo.

Uno de los pasivos con los que carga el fujimorismo es su respaldo a las leyes, que un sector de transportistas y la sociedad civil han calificado como “procrimen”, una ellas fue la que modificó el concepto de crimen organizado y que excluyó de la figura a más de 50 delitos, entre ellos minería ilegal, trata de personas y los relacionados a corrupción de funcionarios.

Fujimori Higuchi hizo un repaso a sus principales promesas de su carta campaña: tributación cero para los pequeños y micro empresarios en sus primeros tres años, la remodelación de 3.000 colegios y la construcción de 2.000 nuevos centros educativos, y la entrega de cinco millones de kits escolares (zapatos, buzos, mochilas y cuadernos).

También la mejora del sistema de salud, a través de la implementación de le telemedicina y la compra de medicamentos en los hospitales del Estado.

Y refirió que “por odio político y envidia” los gobiernos que sucedieron al de su padre desactivaron los programas sociales que este creó, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos).

“Nosotros no actuaremos de la misma manera, muy, por el contrario, tenemos que aprender a mirar hacia el futuro. Los programas sociales que hayan hecho otros presidentes se tendrán que continuar. Mi mensaje a las personas de la tercera edad es que Pensión 65 llegará más lejos y se llamará Pensión Universal. Y que Beca 18 dará 20 mil becas”, mencionó.

En la parte final de su discurso, Keiko Fujimori dijo que en esta elección el país enfrenta riesgos y recordó cuando le deseo suerte a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular en la última ronda de debates, “porque para mí el enemigo es la izquierda”.

“Esa izquierda que lo que hace es distribuir pobreza, mientras nosotros generamos riqueza, que lo que busca es destituir a Julio Velarde. Nosotros tenemos memoria, defender la autonomía e independencia del BCR, [es señal de una] inflación baja”, cuestionó.

Antes de finalizar su mitin, Fujimori Higuchi indicó que fueron años de mucha dificultad y se dirigió a Pier Figari, candidato de Fuerza Popular a la cámara de diputados, al cual agradeció por “resistir”.

Figari fue procesado junto a la candidata presidencial por el llamado Caso Cocteles (aportes de Odebrecht y otras empresas). El Tribunal Constitucional ordenó la nulidad del juicio oral en su contra y otros, al sostener que los hechos imputados por el hoy suspendido fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, no eran delito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

A solo tres días de las elecciones generales, la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, explicó por qué los partidos que se oponen a las fuerzas representadas en el Congreso, a las que han denominado “pacto mafioso”, no pudieron formar una postulación de consenso.

“El pacto hizo las leyes, el ego hizo lo demás. El Congreso cambió las fechas, las alianzas eran en mayo y las hicieron en agosto. Entonces, el que tenía 3% en agosto ya se creía presidente, estaba repartiendo fajines. Cero humildad […] La política caudillista es el mayor daño que se le puede hacer un país. Los partidos tienen que pensar en equipo, ganas como equipo o fracasas como individuos”, manifestó.

En el video podcast “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, la exministra de Justicia y Derechos Humanos contó que, en medio de las conversaciones que tuvo con otros partidos para formar coaliciones, ella renunció a su candidatura. Pero aún así la formación de una alianza no prosperó y apuntó a Alfonso López Chau, de Ahora Nación.

“Estábamos ahí todos, conversando, incluso, estábamos viendo cuál iba a ser el símbolo y nosotros, como partido, estuvimos dispuestos a ceder, porque lo que venía era mucho más importante, que es recuperar a nuestro país. Y Alfonso no quiso [continuar], él es quien tiene que responder por qué”, expresó.

Pérez Tello indicó que las conversaciones fueron entre Primero la Gente, Ahora Nación, Sálvemos al Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

La excongresista dejó entender que López Chau “boicoteó” esta alianza y que ahora ya no es momento de deponer postulaciones. Añadió, en ese sentido, que ella continúa siendo candidata presidencial.

Cuestiona a Belmont

La exministra de Justicia y Derechos Humanos criticó que Ricard Belmont, candidato presidencial de Obras, haya amenazado con denunciar por difamación a los periodistas que recordaron su pasado: su cuestionada administración al frente de la Municipalidad de Lima a inicios de la década de 1990, las denuncias por no devolver los aportes a RBC TV, entre otros.

“Él puede denunciar cuando se miente, pero no puede denunciar cuando se dice la verdad. Belmont se ha dirigido a una población que no sabe quién es […] Él y la estafa de CLAE le quitaron a la gente desesperada que tenía un ahorrito chiquito [eso]”, refirió.

Pérez Tello dijo que respeta a los jóvenes que tienen presencia en redes sociales, pero les advirtió que tengan cuidado con Belmont.

“[Belmont y Cerrón] salían abrazaditos y él no era capaz de decirle dictadura a Venezuela. Y era súper misógino. Además de xenófobo, tiene todas. Pero él agarra a un público que tiene entre 18 y 30 años que quiere votar por él, pero no saben quién es, lo que le estamos diciendo es ‘tengan cuidado, él es esto’. Piénsenlo bien”, remarcó.

El error de José Domingo Pérez

En otro momento, la excongresista consideró que el suspendido fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, “ha perdido esa credibilidad que tuvo inicialmente” y calificó como “un error” que haya asumido la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, sentenciado en primera instancia por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Hay abogados que tienen tentación de salir en medios y pensar que los procesos judiciales se ganan a través del titular y eso no es verdad. José Domingo Pérez ha perdido esa credibilidad que tuvo inicialmente. Creo que comete un error que le va a costar su credibilidad, porque tú no puedes haber estado investigando y luego defender a lo que investigabas”, acotó.

Con un discurso de confrontación y promesas de mano dura, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) cerró su campaña el último jueves, en un mitin en las inmediaciones del Campo de Marte, en Jesús María.

López Aliaga llegó a ese punto tras semanas de recorridos por Lima y regiones, en una campaña que combinó caravanas, visitas a mercados y mítines en zonas populares, en su segundo intento por llegar a Palacio de Gobierno.

Durante su mitin de cierre, arremetió contra sus rivales en la contienda presidencial, así como contra el Ministerio Público, el Poder Judicial y la prensa. A esta última la acusó de ser cómplice de la corrupción y de “traicionar al Perú”. “A partir del 28 de julio se me alinean”, afirmó.

Ejes del último discurso

El candidato presidencial centró su discurso final en la inseguridad ciudadana, el avance de la criminalidad y lo que calificó como la ineficacia del Estado. En ese marco, planteó la “deportación inmediata” de ciudadanos venezolanos indocumentados, la adquisición de equipos de interceptación telefónica bajo el concepto de “chuponeo legal” y que, “por decreto de la Presidencia”, los delincuentes capturados en flagrancia sean sometidos a la justicia militar.

Además, insistió en su propuesta de reducir el número de ministerios de 18 a seis. “A todos los vagos, a toda la gente que ha contratado César Acuña, a su casa”, aseguró.

También propuso salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ha insistido a lo largo de su campaña.

“Tenemos que retirarnos en dos legislaturas. Y si es necesario poner cadena perpetua y pena de muerte, la ponemos. Pero la pena de muerte será por referéndum”, dijo. No obstante, la Constitución establece que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona.

Últimos recorridos

Antes de liderar el mitin en Jesús María, recorrió Ventanilla en caravana junto a su candidata a la primera vicepresidencia, la congresista Norma Yarrow.

Poco después se trasladó a San Juan de Miraflores, donde encabezó un mitin acompañado de su candidato a la segunda vicepresidencia, Jhon Ramos Malpica.

En sus intervenciones más recientes, ha reiterado que, de llegar a la Presidencia, asumirá personalmente la conducción de la Policía Nacional. Esta vez, desde Jesús María, prometió desaparecer el penal de Barbadillo y mandar a la selva a los expresidentes que se encuentran recluidos allí.

El énfasis en la mano dura siempre estuvo acompañado de un tono confrontacional. Recientemente respondió con insultos a opositores que le lanzaron huevos durante un mitin en Andahuaylas.

Tras un largo recorrido por el norte del país, el candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos) llegó el jueves a Lima y eligió el Club Carapongo, en Lurigancho (Chosica), como escenario para presentar el acto final de su campaña política. No quiso cerrar sus actividades en solitario, sino con la compañía de sus candidatos al Parlamento.

Ingresó al local a las 7:46 de la noche, pero no apareció de inmediato ante el público. Primero avanzó entre todos, protegido por su equipo de seguridad y rodeado de simpatizantes, hasta enrumbarse hacia el camerino, como toda estrella antes de salir a escena; tras bambalinas.

Todo estaba listo: Banderas amarillas flameando con el logo de País para Todos, parlantes que repetían consignas y varias voces que coreaban con fuerza al unísono “¡Carlos, presidente!”. Pero recién a las 8:20 de la noche subió al estrado en presencia de los candidatos que se postulan en estos comicios al Senado y a la Cámara de Diputados.

Al inicio permaneció en silencio e incómodo tras ser interrumpido varias veces por el ruido de los petardos y cohetes que se activaron en completa descoordinación justo cuando daba sus primeras palabras. Álvarez comenzó su rápido discurso contestando a las críticas que recibió durante toda su campaña presidencial.

“He sido el candidato que más ataques, pullas y calumnias ha recibido. Han menoscabado mi nombre, mi honor, mi dignidad y mi familia. Han ninguneado mis estudios y mi actividad laboral. Y saben qué, he aguantado y soportado todo eso estoicamente, porque más grande e importante que el agravio es el Perú. Y desde aquí hago una convocatoria a la unidad nacional”, dijo al comienzo.

En medio de las respuestas a sus adversarios políticos formuló la primera propuesta de la noche: Todo mayor de 18 años que se aliste al servicio militar voluntario recibirá hasta una remuneración mínima vital.

“Tengo una propuesta para los jóvenes: Todo aquel joven peruano que haga su servicio militar voluntario, se le va incrementando de manera gradual su remuneración hasta un sueldo mínimo vital. Se acabó la propina, eso es un insulto para los jóvenes del Perú. Es más, luego de terminar su especialización en el servicio militar de 2 años, tendrá ingreso directo a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Entonces, como ya son licenciados de las Fuerzas Armadas, seis meses de entrenamiento en la Policía y (se van) directo a las calles a cuidar al ciudadano. [...] Ya tienen el entrenamiento y la formación. Algo más: todo aquel suboficial que tenga licenciatura en las Fuerzas Armadas tiene el derecho a la Beca 18 para que se especialice y tenga formación técnica”, enfatizó.

Tras esas propuestas, Álvarez apeló a otro planteamiento relacionado al sector policial:

“Si me dan el honor de ser presidente, todo policía que use su arma de reglamento para eliminar un delincuente o proteger al ciudadano, yo no lo proceso, yo no le doy de baja, ¡yo lo condecoro! Y es más, tenemos que restituir la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Vamos a dar un incentivo, un bono al policía que atrape a un choro”, indicó.

Agregó que en su gestión empoderará la primera línea de salud, que en las postas médicas no faltarán medicinas ni doctores, y que reforzará y construirá las escuelas públicas “que se caen a pedazos con obras por impuestos con la empresa privada”.

Luego afirmó que durante su gestión expulsará a aquel extranjero que le robe al ciudadano peruano; será extraditado a su país. Además, aseguró que luchará para que en el país se aplique la pena de muerte en los delitos de flagrancia.

“Sobre la criminalidad extranjera: los buenos extranjeros son bienvenidos, pero el extranjero que le falte el respeto a un peruano o a este país, se largan del Perú. Esta casa se respeta. Voy a luchar hasta el final para que se aplique la pena de muerte en el Perú en los delitos de flagrancia: sicario, extorsionador, violador, feminicida y político corrupto”, dijo.

El candidato presidencial añadió que no realizaría este domingo 12 de abril el tradicional desayuno electoral que suelen organizar los candidatos a la Presidencia el mismo día de las elecciones generales. En esta ocasión, el aspirante calificó este acto como una “huachafería”.

“El domingo no voy a participar de esa huachafería del desayuno presidencial. Los políticos de siempre salen con los niñitos y los abuelitos para sacar votos y luego se olvidan de ellos. Yo no soy hipócrita; si quiero ayudar, lo hago todo el año. Me iré fuera de Lima y recibiré las cifras oficiales, no de boca de urna”, cuestionó.

Más tarde presentó a María Cristina Chambizea, la aspirante a la primera vicepresidencia por País para Todos. Ella fue defensora de Pedro Castillo y de Lilia Paredes, esposa del exmandatario y asilada en México tras el golpe del 7 de diciembre de 2022.

Cabe recordar que las posturas de Chambizea a favor de Castillo se han contradicho con las críticas de Álvarez contra el exjefe de Estado.

“Nos han acusado de todo, pero nuestro peor ‘delito’ fue escalar en las encuestas”, refirió Álvarez.

A su salida del evento, el candidato presidencial afirmó que una de sus potenciales propuestas era poner un tope al sueldo de diputados y senadores, al igual que a la remuneración que percibe un presidente de la República.

Antes de despedirse de la escena, aprovechó los últimos minutos del evento para responder otros cuestionamientos por su pasado como cómico. “No me avergüenzo de ser artista”, enfatizó. Quedó en silencio y, segundos después, imitó a su adversario Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y a Fernando Olivera (Frente de la Esperanza).

Mientras realizaba la última escena, el público pidió que imite a César Acuña, de Alianza para el Progreso. Álvarez respondió que se debía a su gente: “Al público, lo que quiere. La risa es parte del humor. Allá el que vive amargado”.

Entonces lo hizo: “Ahora no quiero ser presidente. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba”, dijo mientras imitaba los gestos de Acuña Peralta. Luego hizo lo propio con Alan García y Dina Boluarte, en el estrado del Club Carapongo, donde, además de canciones y actos, las risas no faltaron.

La candidata presidencial Marisol Pérez Tello cerró este jueves sus actividades políticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde estuvo acompañada de sus candidatos a diputados y al Senado.

En el lugar afirmó que desde el miércoles corría el rumor de que iba a renunciar a su candidatura a la Presidencia, algo que Pérez Tello desmintió sin contratiempos al inicio de su exposición.

“Ayer salió un rumor de que renunciaba. Hoy todo el mundo le dice a la mujer que renuncie en favor de los hombres [...] Cuando no hubo el valor de decirle mafiosos a los mafiosos, decidí que de aquí no me saca nadie, solo el pueblo”.

Agregó que “ninguno de Primero La Gente chambea desde sus escritorios. Sabemos lo que Beca 18 significa en la vida de nuestros pueblos indígenas”.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral pidió a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la población a participar en la jornada de este domingo 12 de abril en las elecciones generales del 2026.

En su comunicado de este viernes 10 de abril, el colegiado subrayó la necesidad de que la ciudadanía acuda a las urnas de manera activa, informada y respetuosa.

Ahí instan a los electores a emitir un voto con “responsabilidad y esperanza”, enfatizando que el sufragio debe estar exento de cualquier tipo de presiones por su naturaleza de libre y consciente.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral convoca a la ciudadanía a concurrir a las urnas con responsabilidad y esperanza, así también exhorta a las agrupaciones políticas a actuar con responsabilidad y respeto hacía la ciudadanía y hacia el proceso electoral en su conjunto. pic.twitter.com/WHgNmbsMHh

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 10, 2026

El comunicado destaca que el ejercicio de una ciudadanía activa representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, señala que las Elecciones Generales 2026 son una oportunidad decisiva para definir el rumbo del país y reafirmar el compromiso con la vida democrática

En su comunicado, el Tribunal de Honor exhorta a las agrupaciones políticas, candidatos y simpatizantes, a quienes que actúen corresponsabilidad y demandó respeto hacia la ciudadanía y hacia la integridad del proceso electoral en su conjunto.

Este órgano, de naturaleza ad honorem, está integrado por Mariela Noles Cotito, quien lo preside, junto a Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa. Su función principal es actuar como veedor del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos durante la campaña.

Finalmente, el tribunal reafirmó que cada voto cuenta y que el futuro de la nación se construye con la participación de todos los peruanos.

En una entrevista con Curwen, en el programa de streaming Brutalidad Política, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, mientras relataba sus logros como gobernador regional de Cajamarca (2019-2022), aseguró que “Cajamarca fue, en el manejo del Covid, el que menos muertos tuvo”.

No obstante, una revisión de los datos oficiales del Ministerio de Salud desmiente esta afirmación.

Cajamarca tiene una posición intermedia en fallecidos por COVID-19

PerúCheck hizo una revisión en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Salud (Minsa), desde el 3 de marzo de 2020 al 17 de marzo de 2024, y observó que Cajamarca no es la región con menos muertes por Covid-19.

De acuerdo a la filtración de datos por departamento, Cajamarca reportó 4,632 fallecidos por el virus. Esta cifra está lejos de ser la más baja a nivel nacional. Por el contrario, varias regiones presentan cifras significativamente menores, entre ellas Madre de Dios (893), Pasco (1,141), Huancavelica (1,303), Amazonas (1,410), Abancay (1,701), Moquegua (1,723) y Tumbes (1,774).

Incluso regiones con menor población o menor conectividad registraron menos fallecidos que Cajamarca. En el ranking nacional, Cajamarca se ubica en una posición intermedia, no entre las regiones con menor mortalidad.

Muertos por COVID-19 en Cajamarca entre el 2019 y 2022

El artículo científico ‘Mortalidad por COVID-19 en las regiones del Perú entre la primera y la quinta ola pandémica’, publicado en Revista Peruana de Ciencias de la Salud el 3 de octubre de 2023, tampoco respalda la afirmación de Guevara.

La investigación, realizada por Sthefani Fabian Moya y Luz Zegovia Santos, recoge información de la base de datos abiertos del Minsa durante el periodo 2020-2022, años en los que que Mesías Guevara se desempeñó como gobernador regional de Cajamarca.

Según el estudio, durante la primera y quinta ola, “se reportó mayor mortalidad en la macroregión Lima con un 49%, conformada por Lima, Lima Provincias y el Callao; seguido del norte con un 21.7%, conformado por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes”. La zona centro registró un 12%, el sur alcanzó un 11.7%; y, finalmente, el oriente tuvo un 5.7%.

Este dato refuerza que Cajamarca no destacó por tener una de las menores cifras de fallecidos, sino que formó parte de una de las zonas con mayor impacto relativo de la pandemia.

PerúCheck se ha intentado comunicar con el candidato del Partido Morado, pero hasta el cierre de esta nota, no ha obtenido respuesta.

Conclusión

Si bien Cajamarca no se encuentra entre las regiones con mayor número de fallecidos, tampoco fue la que menos muertes registró durante la pandemia. Los datos oficiales del Minsa muestran que varias regiones tuvieron cifras considerablemente menores. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Mesías Guevara como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.

Y las elecciones de este domingo nos encuentran precisamente en medio de estos acostumbrados sube y baja, y en caída libre, y ya no sabemos si vale la pena el esfuerzo.

Hemos visto desfilar a expresidentes detenidos y la frivolidad de una mandataria, y la vacancia se convirtió en algo tan cotidiano que la última vez que un presidente cayó nada se detuvo y el país caminó en piloto automático, como ya está acostumbrado.

Quizás la única consecuencia de esa destitución fue el humor en la campaña política y en las preferencias electorales. Nada volvió a ser lo mismo, y estoy segura de que usted ya olvidó el nombre del famoso chifa en San Borja y hasta del empresario chino verdugo de José Jerí. ¿Zhihua qué...?

Este domingo, los peruanos nos enfrentaremos a una inmensa cédula llena con 35 rostros, símbolos, recuadros y más incógnitas que certezas, y solo basta ir al lugar de votación y marcar a conciencia. Con ese gesto, ya estaremos haciendo la diferencia.

Nuestra marca en uno (o varios) símbolos definirá nuestro futuro inmediato y también el de mediano y largo plazo. Decir: “Nos estamos jugando el país” es mucho más que una frase hecha o un eslogan de campaña. No dejemos que nadie nos quite ese inmenso poder de decisión.

Este 12 de abril tendremos la oportunidad de convertir la apatía en esperanza y el pesimismo en motor de cambio.

Hemos vivido demasiado tiempo enfrentados los unos con los otros, mirándonos con recelo y desconfianza. Hagamos una pausa este domingo. Pongámonos en modo rojiblanco y quizás se da el milagro y esta vez sí hacemos historia.

¡Volvamos a ser un país con ilusión! Esos peruanos que, cuando nos decidimos a saltar juntos, somos capaces de producir un movimiento telúrico como aquella noche de noviembre del 2017, cuando la celebración del gol de Jefferson Farfán que nos llevó a Rusia 2018 hizo que los acelerómetros del Instituto Geofísico del Perú percibieran un sismo de un grado en los alrededores del Estadio Nacional, y no era para menos: volvíamos a un Mundial después de 36 años de ausencia.

Talento y ganas nos sobran, solo falta decisión. El Perú está listo para las grandes ligas.

Así que este domingo 12 de abril… ¡pensá!