Camisetas políticas

Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

En medio de una fuerte una temporada de lluvias asociada con la aparición de El Niño costero -y que se intensificaría en marzo, según el Senamhi-, los proyectos destinados a implementar sistemas de drenajes pluviales para mitigar el impacto de las inundaciones en seis ciudades del norte del país aún se encuentran en fases iniciales. Estos estarían listos, por lo menos, en el año 2030.

Estas iniciativas formaron parte de la cartera de proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) -que dejó de funcionar a fines del 2023-, y a inicios del 2024 pasaron a la lista de proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que sustituyó y heredó las atribuciones de la ARCC.

Entre mediados del 2022 y el 2023 se firmaron los contratos para el diseño de los proyectos bajo la modalidad de gobierno a gobierno, con el Reino Unido. Si bien esta fase, en algunos casos, ha sido concluida o supera el 90%, las actuales restricciones presupuestales que afronta la ANIN podrían en entredicho los plazos de entrega.

Además de las iniciativas en estas seis ciudades, el diseño e implementación del sistema de drenaje pluvial en Piura (que aún sigue en estudios) costaría unos S/4.800 millones adicionales, mientras que las obras para el control de inundaciones en la región requerirán otros S/4.300 millones, según la entidad.

¿Están garantizados los recursos para la culminación de los drenajes pluviales? En entrevista con ECData, Miguel Yamasaki, asesor de la jefatura de la ANIN en gestión de riesgo de desastres, señaló que este año han solicitado recursos adicionales al MEF. Detalla que, en total, la entidad solo ha recibido S/2.985 millones de los S/7.950 millones programados. De dicho monto, se han utilizado S/800 millones para pagar deudas adquiridas en el 2025 con los contratistas.

“La demanda adicional, que se ha hecho este año para drenajes pluviales, es de S/326 millones. Además, para las soluciones integrales, como defensas ribereñas, sistemas de agua e infraestructura verde, son otros S/2.937 millones. [El primer monto] se ha dividido entre los seis proyectos para que, en el 2027, todos tengan los estudios listos y se comiencen a ejecutar las obras. Por lo menos en Sullana y Talara ya empezaron obra física”, explicó.

El funcionario también anunció que explorarán fuentes alternativas de financiamiento, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para la continuidad de los proyectos. Sin embargo, advirtió que si persisten las restricciones de fondos hacia la ANIN, el tiempo de entrega de los drenajes se aplazaría hasta cinco años.

“De acuerdo con la programación inicial que hizo la ARCC, los contratos [para drenajes pluviales] que se firmaron entre el 2021 y el 2022 deberían estar culminando en el 2031. Pero, con estos recortes presupuestales, estaríamos culminando estos proyectos en el año 2036, o sea, en cinco años más de lo previsto″, remarcó.

Para Karla Gaviño, especialista en gestión pública, la ANIN debe mejorar sus procesos de priorización y planificación, enfocándose en los proyectos destinados a la reconstrucción del norte que heredó de la ARCC. Añadió que cualquier entrega adicional de recursos debería estar acompañada de un cronograma de metas por cumplir, y tener la asistencia técnica del MEF y de la Presidencia del Consejo de Ministros, sector del Ejecutivo al que está adscrita.

“No es justificable estar aproximadamente diez años esperando para tener listos proyectos que son sensibles. Cuando llegó el ciclón del Yaku en el 2023, la solución política en ese momento fue dejar de lado la ARCC para crear la ANIN. Los proyectos que heredó [de la ARCC] deberían de ser su cartera prioritaria y estratégica. El problema no es el financiamiento, como señala la institución, sino la gestión interna. Necesariamente, se tiene que hacer una revisión estructural del modelo de gestión de ANIN, y será una tarea muy importante para el próximo gobierno”, opinó.

Las elecciones del próximo 12 de abril serán históricas por muchas razones. Por primera vez, los peruanos tendremos que elegir entre 36 candidatos presidenciales –el doble que en los comicios del 2021– y votaremos en las cédulas de sufragio más grandes y más caras hasta la fecha.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

En los tres procesos electorales previos, el dinero asignado para el diseño e impresión de cédulas no llegó ni siquiera a S/4 millones.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta. En el caso de los comicios de este 2026 –añadió el ente electoral–, se efectuó una proyección del presupuesto que se emplearía para un eventual balotaje, en el cual compiten solo dos candidatos.

Pero si se tiene en cuenta solo el costo de las cédulas de sufragio para la primera vuelta, la diferencia es aún mayor. El gasto para las próximas elecciones es más del quíntuple que el efectuado en el 2021: S/9’960.794,80 frente a S/1’828.590.76.

Desafío electoral

“El incremento [del gasto] responde a un cambio crítico en la arquitectura de la cédula y la complejidad operativa del proceso”, respondió la ONPE a este Diario.

En las elecciones del 2011, en cada pliego se imprimieron cuatro cartillas de sufragio. En tanto, en el 2016 y el 2021 se reprodujeron ocho. Pero este año, en un pliego solo podrán imprimirse dos, debido a sus inéditas dimensiones.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

En cuanto a la contratación de personal técnico encargado de elaborar la cartilla, el aumento fue menor: pasó de S/157.500 en el 2021 a S/220.000 este año.

“La variación refleja la actualización de las escalas salariales del mercado tras 20 años de comparativa. Asimismo, la complejidad de las elecciones generales de 2026 ha exigido elevar el perfil profesional del equipo técnico (requiriendo técnicos, bachilleres y titulados especializados) para gestionar el diseño, diagramación y la revisión de los datos incluidos en cada una de las cédulas”, sostuvo la ONPE.

La cartilla incluso tiene mayores dimensiones que la de 1990, de 43 cm de alto por 35 cm de alto. “Es la cédula electoral más grande de la historia”, tituló El Comercio el miércoles 31 de enero de 1990 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el documento.

Aunque en aquella ocasión hubo solo nueve candidatos presidenciales, en el caso de Lima se presentaron 28 listas a la Cámara de Diputados. En aquel entonces, el documento tenía tres columnas: una para la plancha presidencial, otra para el Senado y la última para la Cámara de Diputados.

“Queremos que el elector llegue a cristalizar su deseo de votar y al mismo tiempo no hacer compleja su elección, por lo que hemos esquematizado la cédula de manera sencilla. Estamos seguros de que así no habrá dificultades en el momento de votar”, señaló el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Castañeda La Fontaine.

Hoy, 36 años después, el proceso es mucho más complejo. En la cartilla no solo figuran los símbolos partidarios y los rostros de 36 candidatos presidenciales, sino que hay cinco columnas: la primera para la fórmula presidencial, dos para el Senado, una para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

“Hay fragmentación, pero no hay diversidad. La gran mayoría de candidatos anda diciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Ronald Atencio que habla de crear un comando de aniquilamiento y Rafael Belaunde que habla de cana o bala? Hablamos de extremos que van diciendo lo mismo. No hay candidatos que logren distinguirse ni establecer discursos políticos distintos de la mayoría”, opinó Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Decisiones y elecciones

“El tamaño de la cédula es la materialización de las decisiones del Congreso [actual]”, aseveró Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales.

El 15 de enero del año pasado se promulgó la Ley 32245, la cual establece que los miembros del Senado se eligen de dos formas: la mitad a través de distritos electorales múltiples y la otra mediante un distrito electoral único nacional. “Ese modelo te abre una columna más [en la cédula]”, añadió Tuesta.

Un año antes, el jueves 18 de enero del 2024, con la Ley 28094 se eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

Ese mecanismo, implementado en el 2019 como parte de la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, buscaba convertirse en un primer filtro para los partidos con inscripción vigente que competían en las elecciones.

Según la norma –que nunca llegó a aplicarse–, solo aquellas agrupaciones que obtuviesen una votación superior al 1,5% de los votos válidos podrían seguir en contienda y participar en los comicios generales.

“El largo de la cédula tiene que ver directamente con la eliminación de las PASO, que tenían una función reductiva. Por lo menos, una docena de partidos no hubiesen pasado [ese filtro]”, indicó Tuesta.

Además, el número de candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones es un récord no solo en la historia del Perú, sino también en la de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI, en ningún otro país se presentaron tantas fórmulas presidenciales en unos comicios.

Pero nuestro país también ocupa el segundo lugar con 20 postulantes en el 2006 y empata, con 18 candidatos en el 2021, en el tercer puesto con Argentina (2003).

En el artículo “Candidaturas 2.0: Candidaturas como cancha” (2025), un grupo de investigadores del IEP, entre los que está Vilca, sostiene que “el récord histórico de partidos inscritos no responde a una ampliación de la representación, sino a la proliferación de proyectos personalistas que han creado su propia organización como vehículo directo para canalizar aspiraciones individuales al poder”.

Arturo Maldonado, profesor de Ciencia Política en la PUCP, considera que en estas elecciones hay una sobreoferta de candidatos que “no satisface la demanda de ninguna manera”.

Maldonado también considera que existe una crisis de representación que ha ido agudizándose. En el 2021, Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 18,92% de los votos válidos y Keiko Fujimori con el 13,4%. Juntos sumaron el 32,32% del total de adhesiones.

Finalmente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó esta semana que la impresión de las 27’956.556 cédulas de sufragio empezará el miércoles 11 de marzo.