En lo que va del siglo XXI, El Salvador y el Perú son los dos países de América Latina en los que la segunda vuelta presidencial –también conocida como balotaje– se ha definido por la menor diferencia de votos entre candidatos, con márgenes inferiores a 0.3 puntos porcentuales.

En marzo del 2014, el oficialista Salvador Sánchez Cerén derrotó a Norman Quijano por apenas 6.364 adhesiones; es decir, 0,22 puntos.

“El país centroamericano estuvo en un limbo político durante varios días [a la espera de resultados]. […] Precisamente esa exigua diferencia causó toda la demora”, informó entonces el portal BBC Mundo sobre el inédito resultado electoral en El Salvador.

Pero ese reñido desenlace fue una excepción: ninguna otra elección celebrada en esa nación en los últimos 25 años llegó a segunda vuelta.

En el Perú, en cambio, el balotaje es la regla: los seis comicios del siglo XXI, incluido el de este año, se decidieron en el balotaje.

Entre 13 países analizados de América Latina en los que existe la segunda vuelta como mecanismo para las elecciones presidenciales, escenarios similares al de nuestro país solo se repitieron en Brasil, Chile y Guatemala.

Además, en las tres últimas carreras electorales –en todas con Keiko Fujimori como una de las protagonistas– el margen entre el ganador y el perdedor de la contienda ha sido mínimo.

En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski la venció por solo 0,24 puntos porcentuales (41.057 votos). Cinco años más tarde, Pedro Castillo la derrotó con una ventaja de 0,25 puntos (44.263 votos).

Los comicios de este 2026 no fueron una excepción: la lideresa de Fuerza Popular superó a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, por 0,27 puntos (49.641 votos).

“Hemos visto dos mitades [electorales] muy cercanas entre ellas. No hubo entusiasmo en torno a un líder que marque alguna diferencia, por lo que el antivoto fue mayoritario. El 70% no votó ni por Keiko ni por [Roberto] Sánchez en la primera vuelta. Esa dinámica tiende a dividir [a los electores]”, explica Sandro Macassi Lavander, doctor en Sociología y profesor de la PUCP.

En la primera vuelta, Fujimori (17.2%) y Sánchez (12%) obtuvieron juntos solo el 29,2% de los votos válidos en el país.

Así, ambos conforman la dupla de candidatos que compitieron en un balotaje con la menor adhesión en la historia no solo del Perú, sino también de América Latina.

En lo que va de este siglo, ninguna dupla de rivales electorales en la región tuvo una votación menor de 35%.

En el 2022, Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil por tercera vez al superar en el balotaje por 1,80 puntos (más de dos millones de votos) a otro exmandatario: Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, juntos alcanzaron el 91,63% de las adhesiones.

Un año después, en Argentina, Javier Milei derrotó por un amplio margen (11,30 puntos o más de dos millones de votos) a Sergio Massa en el balotaje. En la primera vuelta, cosecharon como dupla el 66,77% de los votos.

En ambos países, así como en junio pasado en Colombia, el debate electoral se centró en un enfrentamiento entre ideologías políticas de izquierda y derecha. Pero ¿qué sucede en el Perú?

“El populismo deja un legado de polarización que no es ideológico, sino en relación al legado de un líder. En el Perú, la votación se polariza en torno a [Alberto] Fujimori: o respaldas o rechazas lo que representa. Este es en caso similar al de Ecuador con la figura de Rafael Correa”, explica Julio Carrión, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Delaware.

“Eso le permitió tener una imagen más estabilizadora que confrontacional. Keiko leyó de manera más adecuada la realidad del país”, agregó. A su juicio, la presencia de Rafael López Aliaga como candidato también “generó la percepción de que ella [Fujimori] es mucho más moderada”.

El estudio “Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, publicado en mayo último por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revela que la delincuencia (53,6%) y la falta de seguridad (22,1%) son dos de los principales problemas del país, solo superados por la corrupción (59,6%).

A cuatro meses de que El Niño costero alcance su máxima intensidad dentro del país, según estimaciones de la Comisión Multisectorial del Estudio del fenómeno El Niño (Enfen), la construcción de la infraestructura preventiva básica que fue diseñada en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC) para evitar futuros desbordes e inundaciones está lejos de ser culminada.

De 87 proyectos de inversión orientados hacia la prevención -y valorizados al menos en unos S/19.938 millones-, 28 tienen avances por encima del 80% y solo 10 de estos lograron culminar su ejecución física al 100%. Mientras tanto, otros 41 no han reportado avances o mantienen un nivel de ejecución de 0%, de acuerdo con información proporcionada a ECData por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Los proyectos abarcan nueve regiones del país y pertenecen principalmente a Lima, Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque, Ica y Tumbes, zonas con un nivel alto de vulnerabilidad frente a desastres asociados con las lluvias e inundaciones que trae este fenómeno climatológico.

Asimismo, 42 de las 87 intervenciones iniciaron su ejecución antes del 2020; es decir, llevan al menos seis años y medio en proceso de implementación.

De esta lista, que incluye obras de drenajes, defensas ribereñas, muros de contención, así como las descolmataciones y encausamiento de ríos, 31 intervenciones actualmente están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad creada en el 2024 que sustituyó y asumió las competencias de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta última dejó de funcionar a fines del 2023. Las intervenciones a cargo de la ANIN forman parte del “Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027″.

Según destaca REDES, 14 de los 31 proyectos correspondientes a la ANIN tienen un avance físico nulo o menor al 20%, mientras que solo seis tienen un avance físico superior al 80%.

Los 56 proyectos restantes están asignados a otras entidades de los tres niveles de gobierno, entre las que destacan gobiernos regionales y municipios. De esta lista, 29 proyectos no reportan avance físico o lo tienen en 0%.

¿Qué medidas podrían plantearse para reducir esta brecha en la ejecución de los proyectos? Giacomo Puccio, economista de REDES, señaló a ECData que habría que asegurar una forma para que la ANIN cuente con el financiamiento suficiente para empezar las obras, aunque remarca que las solicitudes debieron hacerse con antelación, inmediatamente después del último Niño costero en el 2023.

“Cuando se disuelve la ARCC y se crea la ANIN, esta toma todos los proyectos con la modalidad de ejecución de gobierno a gobierno y el resto quedaron para otras instancias del Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios. Hay algunas obras que están en riesgo de paralizarse si es que no se les habilita el presupuesto, lo cual va a ser complejo porque estamos en un contexto de una caja fiscal ‘dolida’. Hay ciertas limitaciones de la ANIN para darle prioridad a todos los proyectos”, explicó.

Proyectos de inversión en infraestructura hídrica

Obras de drenaje y protección ante inundaciones — Perú

Si bien hay cierta heterogeneidad en los avances dentro de las 31 obras que la ANIN tiene a su cargo, el experto comenta que la infraestructura preventiva importante, como el sistema de protección ante inundaciones en el río Huarmey, en Áncash (S/829 millones), o la protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo (S/1.241 millones) ya tienen un avance físico del 80% y solo les faltaría el último tramo.

Por otro lado, los recursos del programa presupuestal 068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias ante desastres”, alcanzaron los S/3.062 millones durante la primera mitad del año. Sin embargo, solo el 26% de este monto (S/ 929 millones) ha sido destinado a obras para prevenir desastres. De este último monto, solo se ha ejecutado el 26% (S/ 239 millones).

Esta cifra aún está 25% por debajo del presupuesto final alcanzado en el 2024, el segundo año del último Niño costero que experimentó el país.

Proyectos de inversión en infraestructura hídrica

Obras de defensa ribereña, evacuación y protección ante inundaciones — Perú

“Si vemos solamente la parte del programa 068 que corresponde a las obras de prevención, ha crecido muy poco. Incluso en los años en los que hubo Niño, 2017 y 2023, creció 12% y 13% respecto al año anterior. Después del 2023 viene cayendo en picada”, opinó.

¿Qué se puede hacer para mitigar de la manera más eficiente los futuros daños en los pocos meses que quedan? Para Puccio, hay proyectos de descolmatación que pueden ser mucho más baratos que las grandes obras de infraestructura prometidas y que no se concretaron. “Si bien son intervenciones menores, se pueden ejecutar en poco tiempo y tener un impacto importante para la prevención”, puntualizó Puccio.

En entrevista con el programa Versus de El Comercio, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro, iniciativa empresarial que coordina acciones de preparación y de primera respuesta frente a desastres, señaló que, pese a que no hay tiempo para concretar grandes obras de infraestructura, sí se puede avanzar con acciones elementales, como limpieza de drenes, limpieza de cuencas, así como campañas educativas masivas y de salud para evitar brotes de enfermedades como el dengue, que suelen aparecer durante las inundaciones por la permanencia de aguas empozadas.

“El ente más importante en la atención de desastres es el alcalde distrital, a quien no conoceremos hasta noviembre. Una de las sugerencias que queremos llevar al nuevo gobierno es que haya una especie de ‘Comando Niño’ en el que, desde el gobierno, haya un compromiso fuerte para traer a Lima a los alcaldes provinciales y distritales y enseñarles herramientas básicas de gestión, como llenar el EDAN [procedimiento utilizado por los alcaldes y el Indeci para recopilar información sobre los impactos de un desastre en una determinada localidad]“, opinó.

Los dos devastadores terremotos –el primero de 7,2 y el segundo de 7,5 grados– que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio han vuelto a reavivar una pregunta: ¿cuán preparado está el Perú frente a un movimiento telúrico de tales magnitudes?

El escenario en Venezuela es desolador: más de 1.700 personas muertas, por lo menos 5.000 heridos y miles de familias que excavan entre los escombros en busca de sus seres queridos.

En el 2007, el Perú también vivió una tragedia producto de un terremoto. El 15 de agosto de ese año, un sismo de 7,9 grados sacudió a Pisco, en Ica, al sur de Lima. El resultado fue doloroso: casi 600 muertos, más de 2.000 heridos y miles de damnificados.

En lo que va del siglo XXI, sismos devastadores han azotado distintas regiones del país. Loreto, en la Amazonía, y Arequipa, en el sur, están entre las zonas más afectadas.

ECData hace un repaso por los movimientos telúricos más fuertes ocurridos en el país y el mundo en los últimos 26 años.

En ese período, en el Perú se registraron 62 sismos de más de 6 grados, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), institución de los Estados Unidos especializada en el registro de información geofísica.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió el 23 de junio en Arequipa en el 2001 (8,4 grados) y dejó un trágico saldo de 104 muertos, 2.713 heridos y en cuanto a pérdidas materiales 22.399 viviendas destruidas.

Precisamente Arequipa es la región peruana en la que más sismos se registraron en el período 2001–2026. Ahí se registró un movimiento telúrico de 7.2 grados el 28 de junio de 2024, el cual dejó más de 40 heridos y 3.000 edificaciones destruidas o afectadas.

Además, mayo, julio, agosto y noviembre fueron los meses del año en los que se registraron más sismos en el mencionado período, con tres movimientos en cada uno.

Más de 1.000 policías fueron separados de la institución en el 2025 por haber cometido faltas muy graves, las infracciones con las sanciones más severas en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La cifra, 1.193 efectivos expulsados por la razón mencionada, representa el 23% del total de pases al retiro registrados el año pasado, según información que la PNP envió a El Comercio en respuesta a una solicitud de información pública.

En otras palabras, uno de cada cinco policías fueron dados de baja en el 2025 a causa de infracciones muy graves, las cuales están clasificadas con el código MG en la Ley 30714.

En el 2019, el último año antes de la pandemia, los agentes que pasaron al retiro por faltas muy graves representaban el 17,9% del total. En el 2023 se registró la cifra más alta: el 24,9% de las bajas.

Para César Bazán Seminario, experto en seguridad ciudadana y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la situación en la PNP es incluso más grave que la que muestran las estadísticas oficiales.

“En la institución hay muchas personas que cometen infracciones, incluso más de las que vemos. Las sanciones exitosas se dan después de procesos complejos, llenos de burocracia y en algunos casos se aplica el espíritu de cuerpo [para evitar la expulsión]”, destacó en diálogo con este Diario.

Conductas y castigos

“Faltar por más de 5 días calendario en forma consecutiva a su unidad, sin causa justificada” (MG 39) es la infracción muy grave más recurrente en la Policía Nacional: el 37,3% de los efectivos que pasaron al retiro por infracciones disciplinarias cometió esa falta.

Para Carlos Tuse, exdirector del Sistema Disciplinario de la PNP, esto refleja un problema crítico. A su juicio, en la institución hay agotamiento y estrés laboral extremos.

“¿Se trata realmente de indisciplina o de crisis emocionales, de estrés o psicológica? Además, los subordinados [oficiales y suboficiales de grados más bajos] son quienes tienen la mayor presión. El ‘burnout’ es un problema que nadie está viendo en la policía”, sostuvo el general en retiro.

Al respecto, Bazán remarca que en muchos casos los agentes “trabajan en condiciones terribles” y que incluso se los podría considerar “un grupo en situación de vulnerabilidad”. “Estos policías están cansados, molestos y ven ahí [en faltar al trabajo sin justificación] una forma de salir [de la PNP] no tan problemática”, agregó.

Sin embargo, entre las 10 faltas más frecuentes existen algunas que no pueden justificarse por el estrés o la excesiva carga laboral.

Por ejemplo, solo en el 2025, 150 efectivos (12,6%) fueron expulsados por “solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase” (MG 76), mientras que 56 (4,7%) dejó la institución por “actuar o participar directa o indirectamente en abuso del ejercicio de sus funciones, atentando contra la libertad personal o patrimonio público o privado” (MG 85).

Rangos y formación

De los 1.193 policías expulsados por infracciones muy graves el año pasado, más de la mitad (56,1%) eran suboficiales de tercera, el rango más bajo de la PNP. Estos efectivos son precisamente aquellos que tienen más contacto directo con los ciudadanos.

“Hay una asimetría punitiva, pues las sanciones solo se aplican a la gran base de subalternos. No se refleja la corrupción sistemática de los altos mandos ni los delitos de cuello blanco. […] También deberían ser sancionados sus superiores por falta de supervisión y control”, cuestiona Carlos Tuse.

César Bazán afirma que el gran número de sanciones en los grados más bajos refleja las relaciones de poder. “Si un oficial o suboficial de más rango comete un acto de corrupción y le pide a un suboficial de tercera que participe, el superior tiene muchas más herramientas para librarse de los procesos disciplinarios. Es más fácil convertir a un suboficial de tercera en un chivo expiatorio”, explicó el docente de la UARM.

En el otro extremo del escalafón, el único general –el grado máximo en la institución– que pasó al retiro por faltas disciplinarias en el mismo período fue sancionado por conducir un vehículo motorizado con alcohol en la sangre (MG 94).

El Comercio solicitó una entrevista a la Policía Nacional a través de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, pero la respuesta fue negativa.

Sin embargo, en marzo del 2024, el entonces inspector general de la institución, Jhonny Veliz, reconoció que “los filtros [para entrar a la PNP] de repente no son los más adecuados, los más apropiados” y que eso explica el aumento de expulsiones por faltas muy graves.

Para Carlos Tuse, el problema va mucho más allá. “Las escuelas de formación no preparan adecuadamente a los futuros policías. Asimismo, se están empleando procesos acelerados de formación: los nuevos efectivos salen en menos tiempo y no saben cómo actuar ante determinadas situaciones”, aseveró.

Finalmente, la confianza en el trabajo de la Policía Nacional ha llegado a su cifra más baja desde el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El estudio “Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, publicado en mayo último, revela que la confianza en la PNP es de 13,2%, 3,5 puntos porcentuales menos que en el 2025.

El trabajo también muestra que la delincuencia (53,6%) y la falta de seguridad (22,1%) son dos de los principales problemas del país, solo superados por la corrupción (59,6%).

Este Diario intentó contactar a Fuerza Popular, partido que gobernará en el próximo quinquenio, para conocer cómo enfrentará la crítica situación de la policía, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Pero en su plan de gobierno, “Perú con orden”, el partido de Keiko Fujimori plantea el “fortalecimiento de las escuelas policiales a macrorregionales de alta calidad”, así como la “ampliación y fortalecimiento del proceso de convocatoria policial para identificar, formar y seleccionar a jóvenes con vocación de servicio, disciplina e integridad, asegurando el ingreso de futuros policías con valores éticos y compromiso ciudadano”.

El voto de los peruanos en el extranjero ha tenido un peso importante tanto en la primera como en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El pasado 7 de junio, más de 300 mil compatriotas que radican fuera del país emitieron su voto en el balotaje para escoger al próximo presidente del Perú. Allí, Keiko Fujimori obtuvo una ventaja notable, con el 63% de los votos válidos en el extranjero.

En los últimos días, Juntos por el Perú, partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha presentado distintos recursos que buscan anular votos emitidos en el exterior.

La coyuntura ha reavivado la conversación en torno al rol de los connacionales que, aunque radican fuera del país, participan cada cinco años en la elección de las máximas autoridades peruanas. Entre los argumentos más esbozados para explicar el vínculo de los peruanos en el extranjero con el Perú está el aporte que traen a la actividad económica del país.

En el 2025, las transferencias por remesas –envío de dinero que realizan los peruanos que residen en el extranjero a sus familiares o amigos en territorio nacional– alcanzaron un pico histórico de US$5.299 millones, casi el doble que hace una década.

Solo en el primer trimestre de este año, los envíos sumaron US$1.309 millones, 4% por encima del mismo período del 2025.

“Hay peruanos en el exterior que radican unos años afuera y luego regresan al Perú, y hay peruanos que están en el exterior y envían remesas. Hay miles de familias en el Perú que tienen como principal ingreso, o como ingreso secundario, las remesas de compatriotas que están en el extranjero y que tienen un vínculo permanente con el Perú”, sostiene Jeffrey Radzinsky, experto en temas electorales y director de GFP Consultores.

Radzinsky, además, enfatiza en que el voto es un derecho fundamental que vincula al connacional, resida o no en el territorio peruano.

Las remesas tienen un impacto en la vida cotidiana de quienes las reciben en el Perú. Al tratarse de montos en moneda extranjera, son divisas estables y resilientes a turbulencias internacionales.

De acuerdo con datos de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), estos envíos tienen un impacto directo en el presupuesto familiar y en el consumo de sus receptores, que utilizan el dinero en gastos cotidianos.

“Entre el 70% y el 80% de las remesas que reciben los peruanos es utilizado para gastos diarios, ya sea alimentación, vivienda, salud o educación. Estos ingresos les ayudan en necesidades básicas y hay un mayor impacto en la economía de las familias más vulnerables, sobre todo en zonas rurales“, explica Gabriela Espinar, economista e investigadora de Redes.

Según la especialista, la mayor proporción de las familias que reciben los envíos del extranjero se concentra en Lima y pertenecen a la clase media, pero también existe una menor proporción de beneficiarios en las zonas rurales. Estas transferencias tienen un mayor impacto en aliviar las restricciones presupuestarias de los hogares más vulnerables.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, las remesas que ingresan al territorio nacional representan casi el 1,7% del PBI peruano.

Según estimaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los mayores montos en remesas provienen de Estados Unidos, España e Italia. En conjunto, los tres países representan el 76% del monto anual enviado.

Les siguen otros territorios del continente con mayor población peruana, como Chile (4,9%) y Argentina (3,3%).

De acuerdo con el INEI, unos 3 millones 505 mil peruanos estarían viviendo en el exterior, casi el 10% de la población peruana total.

Espinar explica que el perfil del migrante peruano ha ido cambiando en los últimos años. Actualmente, señala, alrededor del 70% de los compatriotas que dejan el país son jóvenes de entre 20 y 40 años, con formación calificada, que buscan establecerse en países del primer mundo.

De acuerdo con la investigadora, las medidas aplicadas por el gobierno de Donald Trump respecto de las remesas podrían golpear los envíos que provienen de Estados Unidos, principal fuente de este dinero.

“Las políticas migratorias que está aplicando la administración de Donald Trump en EE.UU. han hecho que la fiscalización a las remesas sea mucho más exigente, incluso les ha puesto un impuesto. Esto podría complicar un poco el escenario de envío a remesas”, advierte.

Actualmente, el padrón de peruanos en el extranjero está compuesto por 1′210.813 electores. En la primera vuelta, votaron 411.077 electores, el 34% del total. Para la segunda vuelta, la participación bajó a 26%.