A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez recorren el país para convencer a los votantes en rutas distintas.

Si bien la carrera por el balotaje empezó oficialmente el 17 de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la primera vuelta, los candidatos no perdieron tiempo. Una semana después de la elección, Fujimori y Sánchez empezaron sus recorridos proselitistas.

Roberto Sánchez empezó la carrera por el balotaje con el pie izquierdo. Su primera visita proselitista, en el mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, terminó con ataques de vecinos, que le tiraron huevos y aguas.

Keiko Fujimori tuvo como primer recorrido el distrito de Independencia. Allí, se reunió con dirigentes de comedores populares y clubes de madres.

Hasta el 25 de mayo, la candidata de Fuerza Popular ha visitado un total de ocho regiones fuera de Lima Metropolitana, con énfasis especial en los departamentos del norte y el oriente. En todos sus destinos fuera de Lima, salvo Ayacucho, Keiko ganó en primera vuelta.

Sánchez, en cambio, ha priorizado las regiones costeñas y la capital, donde su rival obtuvo una victoria aplastante en primera vuelta. En total, ha llegado a cinco regiones fuera de la capital: Lambayeque, La Libertad, Ica, Cajamarca y Huancavelica. Solo en estas dos últimas fue el más votado en primera vuelta.

Distritos claves

En lo que va de la campaña por la segunda vuelta, Keiko Fujimori ha visitado un 50% más de distritos dentro y fuera de Lima que Roberto Sánchez.

En todos los distritos visitados por Keiko en Lima Metropolitana, obtuvo el primer o segundo lugar en la primera vuelta. Sánchez, por el contrario, no alcanzó ni el 8% en los distritos que ha escogido en este trayecto. En general, el candidato de Juntos por el Perú obtuvo un porcentaje de votos bajo en todos los distritos capitalinos. A nivel Lima Metropolitana consiguió solo el 2.8%.

Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han tenido más presencia en distritos del interior del país, en comparación con la capital. En ambos casos, alrededor del 70% de las visitas se dieron en distritos fuera de Lima Metropolitana. Fujimori, sin embargo, ha llegado a cerca del doble de distritos fuera de la capital que el candidato de Juntos por el Perú.

En cuanto al tipo de distrito según categoría territorial, ambos postulantes han tenido mayor presencia en zonas urbanas, aunque con proporciones distintas. En el caso de Keiko Fujimori, más de un tercio de los distritos visitados son rurales, su punto débil durante la primera vuelta.

Por el contrario, Sánchez -que arrasó en zonas rurales en primera vuelta- ha puesto la mayor parte de sus balas en distritos urbanos (78% versus 64% en el caso de Keiko).

Narrativas de campaña

ECData descargó los videos de los mítines y discursos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez durante sus recorridos de segunda vuelta para conocer las palabras más repetidas por cada uno. Mira aquí sus nubes de palabras.

En el verano del 2010, en la planta de licuefacción de gas natural y terminal portuario PERU LNG –ubicado en la zona de Pampa Melchorita, en la provincia limeña de Cañete– se terminó la construcción de un imponente rompeolas, una mole de casi 900 toneladas de roca y bloques de concreto.

El objetivo original de la estructura, de 800 m de largo y 11 m de altura sobre la superficie del mar, fue disipar la fuerza de las olas para ofrecer seguridad a los buques que llegan al puerto a cargar gas metano.

Pero inesperadamente también se convirtió en el hogar de una colonia de pingüinos de Humboldt, la única especie de esa ave marina que habita en el Perú.

“Los primeros pingüinos fueron avistados dos años y medio después [de que se terminó el rompeolas]. Era un grupo pequeño, de menos de 100 individuos”, relata a El Comercio el biólogo marino Carlos Zavalaga, investigador de la Universidad Científica del Sur y miembro del equipo de especialistas del Instituto Smithsonian que monitorea la biodiversidad en el lugar.

Zavalaga es uno de los cuatro autores del estudio “Dinámica de la colonización de los pingüinos de Humboldt en la infraestructura de un terminal portuario en el sur del Perú” (2024), para el cual se observó durante más de una década la población de Pampa Melchorita.

El trabajo destaca que, “entre el 2012 y el 2021, el número de pingüinos aumentó a 2.091 aves” y que “para el 2021, el rompeolas albergaba una proporción sustancial de la población peruana” de la especie.

Los hoyos, galerías y recovecos que se formaron entre las rocas y bloques de concreto del dique –explica el biólogo marino– son espacios seguros para que los pingüinos establezcan sus nidos.

Pero hay un factor vital: el rompeolas no está conectado físicamente al puerto, sino que fue instalado a 1,7 km de distancia de la costa. “Esto ofrece varias ventajas. La primera es el bajo disturbio humano y la otra es que dificulta el ingreso de depredadores terrestres a los nidos”, destaca Zavalaga.

La estructura, menciona el artículo académico, “parece una larga y angosta isla artificial”. Ahí, los pingüinos conviven con más de 100 especies de plantas y animales.

En su visita, El Comercio observó aves como pelícanos, cormoranes guanay, gaviotas y zarcillos, además de delfines e incluso un lobo marino descansando sobre una boya en medio del mar.

“Este es un espacio que comparten sin necesidad de competir”, comenta Carlos Zavalaga.

En el terminal hay otro rompeolas más pequeño, de 200 m de largo, colocado a 300 m de la costa, pero enlazado al terminal a través de una plataforma. El espacio también es utilizado por los pingüinos y los demás animales como su hábitat.

“La función de este [dique más chico] fue proteger el área mientras se construía el rompeolas más grande, para que embarcaciones pequeñas pudiesen trasladar las rocas y los bloques de concreto al rompeolas principal”, relata Juan Luis Salinas, vocero de PERU LNG.

El pingüino de Humboldt es un ave marina que solo vive en las frías aguas de la corriente del mismo nombre; es decir, en las costas del Perú y Chile.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha clasificado la especie como vulnerable, debido a que “se enfrenta a un riesgo de extinción alto en estadio silvestre”.

Además de factores climáticos como los eventos de El Niño y letales enfermedades como la gripe aviar, la actividad humana en el mar es una de sus principales amenazas.

La sobrepesca, por ejemplo, disminuye sustancialmente la presencia de anchoveta, su principal fuente de alimento. Asimismo, se registran numerosas muertes incidentales a causa de las redes de pesca, en las cuales los pingüinos se enredan y ahogan.

La última evaluación de UICN, efectuada en el 2020, determinó que en el mundo solo había 23.800 individuos y la población seguía disminuyendo.

La bióloga Lady Amaro, especialista en fauna silvestre marino costera del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), dijo a este Diario que en el Perú se contabilizaron 5.400 pingüinos el año pasado.

La cifra no es alentadora, sino preocupante. “En el censo de hace cinco años, la población fue de 12.000 individuos”, añadió. De acuerdo con Carlos Zavalaga, en Pampa Melchorita se contabilizaron 660 adultos el año pasado.

“El rompeolas ejemplifica el potencial de las estructuras artificiales en la mitigación de la pérdida de hábitat y el apoyo de la conservación de aves marinas” es una de las conclusiones del estudio publicado en el 2024.

La vida en la isla de los pingüinos continúa.

El 28 de julio de 2021, en sesión solemne en el Congreso de la República, Pedro Castillo Terrones se colocó la banda presidencial. El evento, que coincidió con el bicentenario de la independencia del Perú, inauguraba el el lustro más caótico de los últimos 25 años.

El quinquenio 2021-2026, tristemente conocido internacionalmente por haber acumulado cuatro presidentes en lugar de uno, concentró hitos negativos en los principales indicadores económicos, sociales y de seguridad ciudadana.

La alta incertidumbre política vino acompañada de un crecimiento económico insuficiente. Descontando la pospandemia, la tasa de expansión promedio del PBI entre el 2022 y el 2025 fue solo de 2,5%, la más baja de los últimos cuatro quinquenios. En el 2023, la incidencia de El Niño costero y la alta conflictividad social ocasionaron que en PBI cayera en 0,4%, la primera recesión registrada desde 1998, a excepción del 2020.

Pero los efectos comenzaron incluso antes. La incertidumbre electoral y económica previa al inicio del gobierno ocasionó que, durante el 2021, salieran del país US$16.638 millones. La cifra, que equivale al 7,4% del PBI, es la más alta registrada en la historia.

Este quinquenio también estuvo caracterizado por la erosión de la fortaleza fiscal, una de las bases del manejo económico de los últimos años. Durante el 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.

¿Han sido los últimos cinco años una oportunidad perdida? Para Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) remarcó que el modesto crecimiento económico estuvo relacionado a la poca confianza empresarial que se vio reflejada en el estancamiento o caída de la inversión privada. Asimismo, sostiene que el manejo de las finanzas públicas será un indicador a monitorear en el futuro.

“El Consejo Fiscal ha advertido en múltiples oportunidades que está incrementando el gasto corriente. Y no es un incremento transitorio, es un incremento permanente que limita los recursos para otras actividades del Estado como, por ejemplo, la infraestructura”, explicó.

Desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. En promedio, un titular de sector del Ejecutivo duró solo cinco meses, casi 80% menos que 20 años atrás, en el periodo 2001-2006. En aquel quinquenio, los ministros se mantuvieron dos años y nueve meses en el cargo, en promedio. La erosión en la estabilidad ministerial empezó en el periodo 2016-2021 y se redujo a su mínimo histórico en el vigente.

El sector más volátil es Interior. En los últimos cinco años, 18 personas dirigieron la cartera, con una duración promedio de tres meses cada una. Todo ello en medio de una subida consistente en las cifras de crímenes violentos. En el 2021, las denuncias por homicidios a nivel nacional aumentaron en 35% respecto del año anterior, según las principales modalidades delictivas denunciadas en el Sidpol.

Enzo Elguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, advierte que la alta rotación impide la continuación de la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

“Como no hay visión de gobierno, el nuevo ministro se tiene que poner al día y ajustar a ciertos parámetros. Esto, finalmente, hace que no continúes ninguna política de gobierno. Todo esto hace que el Perú esté en un retroceso sin importar la demanda poblacional”, indica.

El periodo 2021-2026 deja, también, récords negativos en el respaldo presidencial. Pedro Castillo fue el primer presidente en empezar su mandato con menos del 40% de aprobación desde, por lo menos, el 2001. En noviembre de 2024, Dina Boluarte obtuvo la cifra más baja de respaldo registrada desde el 2001 por Datum Internacional: 3%. Con la misma dejó el cargo, en octubre de 2025. En la última medición, de febrero y marzo de 2026, José María Balcázar obtuvo 13%. Sin contar a Boluarte, no se veía una aprobación tan baja desde el gobierno de Alejandro Toledo.

Para la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, son dos los factores que explican esta crisis de confianza ciudadana frente al gobierno. Por un lado, el hecho de que el ganador de las elecciones tenga tan poca representatividad en la población hace que los nuevos gobernantes inauguren sus mandatos con poco respaldo. A esto se le suma, explica Torrado, la poca legitimidad que ostentan los presidentes que asumieron luego de las vacancias presidenciales. O sea, sin haber sido electos por la población.

“En los últimos cinco años, lo que se ha visto es un desgaste producto de esa baja representatividad. La gente siente que quienes gobiernan no son las personas que han elegido, no se siente representada por las autoridades. Comienzan con una aprobación baja y, salvo pocas excepciones, no han logrado conectar con la población”, sostiene.

La fotografía publicada el martes por El Comercio que confirmaría reuniones entre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y su entorno con dirigentes vinculados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), marca un punto de partida para reforzar su votación en las principales zonas mineras de cara a la segunda vuelta.

La Unidad de Periodismo de Datos (ECData) revisó la votación registrada en estos lugares durante la primera vuelta de las Elecciones 2026 y pudo comprobar que siguió una tendencia similar a lo observado al interior del país. Allí, la ventaja de Juntos por Perú (JPP) sobre otros partidos es clara. A pesar de esto, Sánchez ganó menos circunscripciones y consiguió un menor porcentaje votos que los que obtuvo Pedro Castillo en el 2021.

La agrupación encabezada por Sánchez ganó en 13 de los 20 distritos con mayor producción de oro y cobre. Si bien es solo una menos que las ganadas por por Castillo en el 2021, también muestra una dinámica distinta respecto del proceso anterior. En general, JPP tuvo un mejor desempeño que Perú Libre en los mayores distritos productores de oro.

Aquel año, Castillo obtuvo la victoria solo en seis de las diez localidades con mayor producción de oro, pero perdió en los distritos de Pataz y Parcoy ante Fuerza Popular y Acción Popular. Sánchez, en cambio, obtuvo la victoria en estas localidades, duramente golpeadas por por la criminalidad asociada a la minería ilegal, incluso superando en más de 13 puntos porcentuales lo conseguido por ambas agrupaciones.

En la primera vuelta electoral, Roberto Sánchez se impuso en nueve de las 10 localidades analizadas, según el conteo final del Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante el 2025, estos diez distritos representaron el 80% de la producción anual del metal precioso.

La radiografía electoral del desempeño de Sánchez en los distritos auríferos contrasta con su votación alcanzada en las principales zonas productoras de cobre, ubicadas mayormente en la sierra centro y sur. El candidato de JPP ganó solo en cuatro distritos, mientras que en el 2021 Castillo se impuso en 8 de las 10 circunscripciones analizadas.

Si bien Sánchez logró triunfar en zonas emblemáticas como el distrito ancashino de San Marcos (donde se ubica Antamina) o el distrito apurimeño de Challhuahuacho (donde opera Las Bambas), las cifras fueron menores en 34 y 18 puntos porcentuales a las obtenidas por Castillo [ver gráfico].

El liderazgo de Sánchez no le alcanzó a JPP para obtener la victoria en Yarabamba (donde opera Cerro Verde), Yauli (donde se encuentra Toromocho), Ilabaya y Espinar, todos ganados hace cinco años por Perú Libre. Mientras que en el primero se impuso Ahora Nación, en los tres restantes el movimiento Obras, encabezado por Ricardo Belmont, tuvo la más alta votación.

El voto de la izquierda, representada por Juntos por el Perú, siguió dominando también buena parte de los distritos que albergarán las nuevas minas, pero sin la hegemonía territorial alcanzada por Castillo en el 2021. Sánchez obtuvo el triunfo en 20 de las 38 localidades que albergan los proyectos mineros previstos para concretarse en los próximos cinco años, cifra por debajo de las 33 conquistadas por Perú Libre.

Según el Ministerio de Energía y Minas, dichas circunscripciones concentran una inversión de US$18.146 millones que debería implementarse hacia el 2031 [ver gráficos y tabla].

En el distrito de Cocachacra, en Islay, donde se desarrolla el emblemático proyecto minero Tía María -que según Southern Perú tiene un avance del 30% y entraría en operación en el 2027- Sánchez obtuvo el 19,25% de los votos válidos. Cinco años antes, Pedro Castillo ganaba en dicha jurisdicción con 53,69% de los votos válidos.

¿Qué aspectos han cambiado en los últimos cinco años dentro del voto minero? Luis Idme, comunicador y analista en temas sociales y políticos, señaló que no es sorpresa que haya cambios en los votos entre el 2016 y el 2021. Sin embargo, esto no significa un viraje ideológico o respaldo al modelo extractivista actual. Si bien ha habido un desgaste en las formas de representación política vinculadas al mundo rural, en el sur el voto aún se expresa de forma territorial e identitaria.

“El voto de Castillo no fue una adhesión a un personaje que surgió de las bases sindicalistas, sino a alguien que el mundo rural vio como un ‘salvador’, porque los electores se vieron en la imagen de un campesino que representaba a este sector mayoritario. Todo eso está vinculado no tanto al aspecto ideológico de ser de izquierda, sino, más bien, en interpelar al centralismo. Con Las Bambas y Quellavecco, el Perú se constituye como el tercer productor mundial del cobre, pero la población sigue estando pobre. Su modo de vida, e incluso ciertas brechas, no han cambiado”, explicó.

Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, resaltó que, si bien donde hubo más minería formal se redujo la pobreza, también han surgido expectativas para que la población del lugar participe en la actividad minera. A esto se suma un nuevo reto en el relacionamiento de las grandes empresas con la minería informal e ilegal.

“Como hay un ‘boom’ minero, las comunidades dejan de ser antimineras para convertirse en promineras. Pero se vuelven promineras fundamentalmente para la minería informal donde toman concesiones. Entonces, esto ha abierto una nueva forma de entender el relacionamiento entre la comunidad y la empresa”, expresó.

En este aspecto, ambos analistas resaltan un nuevo escenario económico y social para las grandes empresas del cual será difícil retornar: la convivencia con los actores de la minería a pequeña escala, tanto artesanales, informales como ilegales, cuya influencia irá creciendo tanto en este proceso electoral como en las próximas elecciones subnacionales de octubre.

“Los mineros informales son una especie de capitalismo, dan dinero contante y sonante, movilizan recursos, mueven la economía local. No es que quieran el socialismo, sino que son una especie de burguesía local que está en pugna con otros poderes económicos más grandes que ellos, como, por ejemplo la minería formal. Aquí la relación con Sánchez es de representación política de sus demandas. Ven en él la posibilidad de llegar al poder para que sigan sus prebendas normativas”, agregó Arenas.

Idme agrega que este nuevo grupo podría estar aprovechando un vacío estatal grande, ya sea por el tema de Reinfo o por una anunciada ley MAPE (para crear un marco integral para la pequeña Minería y minería artesanal), que aún no parece cristalizarse.

“No sé qué gobierno podría atreverse a derogar el Reinfo. No creo que lo hagan ni Fujimori ni Sánchez. Porque además, ya ambos mostraron todas las debilidades en el Congreso de la República por sus intereses”, puntualizó Idme.

La noche del domingo 12 de abril, día en que se celebró la primera vuelta, se supo que la hija y heredera política de Alberto Fujimori competirá en el balotaje, pero había incertidumbre respecto de quién la acompañaría: Sánchez o el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

Las cifras oficiales de la ONPE determinaron que el representante de Juntos por el Perú superó por un estrecho margen de 21.210 votos a López Aliaga, quien hasta hoy se niega a aceptar los resultados y asegura que se gestó un fraude en su contra.

Aunque Fujimori, que alcanzó poco más del 17% de las adhesiones, superó a Sánchez (12,03%) por 862.564 votos, las primeras encuestas, efectuadas a fines de abril, muestran que parten empatados en la carrera hacia el balotaje.

Según los resultados de Ipsos, tanto Fujimori como Sánchez acumulaban el 38% de las preferencias cada uno, mientras que había en disputa un importante bloque de 24% de adhesiones: 17% indicó que optaría por el blanco o viciado y 7% no precisaba su voto.

En el estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en tanto, Sánchez lograba el 32% y Fujimori el 31%. Además, el 24% se inclinaba por el blanco o viciado y el 13% no tenía definida su decisión.

“Lo evidente es que están empatados. En el caso de Fujimori, parece que tiene una mejor performance que en el 2021, porque partió con el discurso del orden, un discurso que en el 2021 no funcionaba tanto, porque estábamos en medio de una crisis de salud, desigualdad y la necesidad de que las cosas cambiasen. En ese contexto es que apareció Pedro Castillo”, explica la socióloga Patricia Zárate, investigadora principal del IEP.

Ahora –añade la especialista– la inseguridad es la principal preocupación de los peruanos, por lo que “el contexto es más favorable para lo que ella [Fujimori] plantea”. “La fuerza del orden” es el principal eslogan de Fuerza Popular en esta campaña.

En el caso de Sánchez, la reivindicación de Pedro Castillo –sentenciado a 11 años de cárcel por haber dado un golpe de Estado en el 2022– fue clave para llegar al balotaje. “Castillo es parte de su identidad, no puede alejarse de eso. Sánchez es ahora quien tiene que apuntalar a ganar más votos que Fujimori”, expresa Zárate.

Un Perú, dos países

En la primera vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en 11 regiones cada uno. La primera tuvo más éxito en la costa norte del país, desde Tumbes hasta Ica y en parte de la Amazonía.

Aunque Rafael López Aliaga venció en Lima Metropolitana –la plaza más importante del Perú, con 20,99% de la población electoral–, la candidata de Fuerza Popular se impuso claramente en el resto de la región.

El analista político Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, explica que incluso en el norte se aprecia la división que ha marcado la política peruana.

“En La Libertad, Fuerza Popular ha ganado en las provincias costeras, pero Juntos por el Perú sobre todo en las provincias andinas. Hay dos segmentos bien marcados: una población rural y andina y otra más urbana, en la que quizá son más tangibles los frutos del desarrollo económico”, detalla.

Por otro lado, Roberto Sánchez tuvo sus mejores resultados en la sierra y selva norte y en el sur, a excepción de Arequipa y Tacna, donde Jorge Nieto (Partido del Gobierno) y Ricardo Belmont (Obras), respectivamente, triunfaron en este proceso.

“El voto rural es bastante castigador y Keiko Fujimori sabe que en el sur siempre le va a ir mal, ese es un patrón que siempre se ha repetido. […] Y en el sur, algo que en Lima no existe, el asambleísmo en las poblaciones rurales es fuerte: se vota en comunidad y el arrastre es muy importante”, explica Luis Idme, comunicador y analista político de Puno.

En sus cuatro campañas presidenciales, Keiko Fujimori nunca ha ganado en siete regiones, todas ubicadas en el sur: Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna.

Identidad y rechazo

En el 2021 –argumenta Luis Idme–, la campaña de Pedro Castillo no solo se sostuvo en la izquierda y el rechazo al fujimorismo, sino en un factor más profundo: el voto identitario.

“En el sur, muchos no votaron por el profesor Castillo, sino por el campesino Pedro Castillo. Así atrajo el voto rural. Sánchez reivindica a Castillo desde el discurso, lo cual es importante, pero no sé si sea suficiente para ganar”, añadió.

Hay un detalle clave: en el 2021, el hoy encarcelado exmandatario ganó en 16 regiones y Sánchez en 11. Las diferencias también son notorias en el ámbito regional: el primero triunfó en 146 provincias y el líder de Juntos por el Perú en 124.

En el caso de Fujimori, sucedió lo contrario: pasó de vencer en 32 provincias en el 2021 a 60 en la primera vuelta de este año. En la escala regional, creció de siete a 11 jurisdicciones ganadas de un proceso a otro.

Patricia Zárate indica también que Sánchez no puede renunciar a ideas y propuestas expuestas durante la primera vuelta, porque “precisamente lo apoyan por eso”.

“En Lima, difícilmente va a lograr votos, el escenario ahí no le será favorable. Él debe consolidarse en el sur, en el oriente, el centro y la sierra norte, pero sobre todo retener votos: Castillo retenía más o menos al 90% de votantes, pero Sánchez al 81%, aproximadamente”, destaca la investigadora.

Precisamente, la primera encuesta del IEP previa al balotaje destaca que “Keiko Fujimori presenta un nivel de retención más alto entre sus propios votantes (89%) que el que presenta Roberto Sánchez (81%). Fujimori recoge principalmente el voto por Rafael López Aliaga y en menor medida el voto por Carlos Álvarez. Mientras que Sánchez recoge el voto por Alfonso López Chau y por Ricardo Belmont”.

El Perú de los antis

El rechazo a Fujimori fue clave en las derrotas que sufrió Fuerza Popular en los comicios del 2011, 2016 y 2021. Pero de acuerdo a Ipsos, el rechazo a Keiko Fujimori se ha reducido de 58% a 48%.

Aun así, el antivoto de la excongresista es superior al de Roberto Sánchez, que creció de 39% a 43%.

“En el antifujimorismo hay cansancio. Ese cansancio está en los jóvenes, pero no en los más jóvenes. El No a Keiko ya no genera tanta convocatoria como antes, pero sí hay más protesta esporádica y antipolítica: no buscan hacer un trabajo político, sino que se quejan y rechazan a los políticos. Hay nuevas generaciones antifujimoristas, pero no con el mismo nivel e intensidad que las anteriores”, señala Patricia Zárate.

En la otra orilla, acota Zárate, también existe un fuerte rechazo no solo contra Castillo, sino “contra el comunismo y el llamado caviarismo, un discurso que fue muy fuerte en la campaña del 2021. Hay algo muy visceral en el discurso del antiterrorismo”.

Lo cierto es que Fujimori y Sánchez conforman la dupla de candidatos que compiten en el balotaje con la menor adhesión en la historia del Perú. Juntos, apenas alcanzaron el 29,22% de los votos válidos en la primera vuelta.

En este escenario arranca oficialmente la segunda vuelta.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, compitieron ayer en el octavo balotaje en la historia electoral del país.

Aunque el mecanismo entró en vigencia desde los comicios de 1985, se utilizó por primera vez cinco años más tarde, en 1990, cuando Alberto Fujimori superó a Mario Vargas Llosa por una holgada diferencia de más de 1,8 millones de votos; es decir, 25 puntos porcentuales.

En 36 años, los votos que separan a los ganadores de sus oponentes en las urnas se han ido reduciendo hasta márgenes ínfimos, pero la polarización aumentó.

En un mundo hiperconectado, los insultos, pullazos y ‘fake news’ comunes en las campañas electorales se han amplificado a través de las redes sociales.

La brecha de votos más pequeña entre postulantes a la presidencia se registró en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski superó a Keiko Fujimori por solo 41.057 adhesiones (0,2 puntos porcentuales).

En los siguientes comicios, la ventaja de Pedro Castillo –sentenciado a 11 años de cárcel por haber dado un golpe de Estado en el 2022– sobre la exlegisladora fue de 44.263, apenas 0,3 puntos porcentuales.

Al margen de quién resulte ganador de la jornada electoral de ayer, las proyecciones indican que la diferencia de adhesiones entre Fujimori y Sánchez también será mínima.

Participación continua

El fujimorismo, representado inicialmente por Alberto Fujimori y desde hace 15 años por su hija Keiko, ha disputado seis de las ocho segundas vueltas, el 75% del total.

Su fundador, fallecido a los 86 años en el 2024, ganó los dos balotajes en los que participó. Sin embargo, su victoria sobre Alejandro Toledo en el 2000 estuvo manchada por evidentes irregularidades.

En tanto, su hija ha perdido tres segundas vueltas y ahora compite en la cuarta. El politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que más allá de cuánto han variado las distancias entre oponentes electorales en los balotajes, “es claro que hay una gran resistencia de la sociedad al fujimorismo”.

Esa oposición, añade el especialista, trasciende incluso al legado de Alberto Fujimori.

“El antifujimorismo es transversal: no solo está asociado a la izquierda, tampoco corresponde a un solo sector socioeconómico. Pero tampoco es solo territorial: no solo el sur es antifujimorista. La resistencia a Keiko Fujimori cruza ideologías, sectores sociales y territorios [regionales]”, destaca en diálogo con El Comercio.

El sociólogo Danilo Gago, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), comenta que aunque los partidos políticos cambian, las preferencias electorales se mantienen en la escala regional.

“Hay patrones consistentes. Keiko Fujimori tiene el voto de la costa norte y el oriente. Además, tiene un voto importante en Lima [en los balotajes]”, indica a este Diario.

Por ejemplo, en la segunda vuelta del 2021, se impuso en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Loreto, Ucayali y la circunscripción conformada por los peruanos en el extranjero.

Respecto del actual proceso electoral, la analista política Mabel Huertas indicó: “No estamos votando por alguien, sino en contra de alguien. [...] También hay un factor emocional que nos hace decidir al último minuto. Hay un factor de antifujimorismo, pero también hay otros antis que juegan un factor importante”, asevera la también socia de la consultora 50+Uno.

Hay una realidad irrefutable: a pesar de las derrotas de la excongresista, Fuerza Popular se ha consolidado como el partido más organizado y sólido de la caótica política nacional.

“El fujimorismo tiene una estructura y vocación por la educación [partidaria]. Además, representa un proyecto político e institucional que puede darle vigencia en el tiempo, algo en lo que el resto de partidos son débiles”, apunta Vilca.

Finalmente, la historia de los balotajes en el Perú muestra que desde el 2011, el blanco y viciado no ha superado el 6,5% del total de votos emitidos.

En el 2001, cuando los periodistas y escritores Jaime Bayly y Álvaro Vargas Llosa promovieron una campaña para invalidar el voto, estos alcanzaron el 13,8%. En aquellos comicios, los primeros posteriores a la caída de Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo disputaron el balotaje.

“Si el voto en blanco y el voto viciado constituyen un caudal elevado, les habremos enviado un mensaje poderoso e inequívoco a Toledo y García, les habremos dicho el día de las elecciones que el Perú desconfía de ustedes, pero estará atento y vigilante a los posibles excesos, transgresiones y desenfrenos que ustedes perpetren desde el poder”, sostuvo entonces Bayly.

Un cuarto de siglo después, la desconfianza aún signa la política peruana.

Las transferencias autorizadas para cubrir préstamos, garantías, líneas de crédito o aportes patrimoniales hacia Petro-Perú registraron un aumento notable durante el último quinquenio de inestabilidad política. Entre el 2022 y el 2025, el gobierno emitió ocho decretos supremos que transfirieron US$4.764 millones a la petrolera estatal.

Los recursos destinados no pudieron aminorar la crisis financiera y administrativa que afronta actualmente afronta la empresa, pero tuvieron un elevado costo de oportunidad; es decir, alternativas de inversión pública con impacto sobre el bienestar y cierre de brechas que se dejaron de ejecutar para favorecer los rescates de la compañía.

De acuerdo a estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 a la fecha, el costo generado al Estado por el apoyo financiero a Petro-Perú habría alcanzado los S/32.100 millones. De esta cifra, el 62% (S/19.940 millones) se habría registrado entre los períodos de los expresidentes Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

¿Qué proyectos o intervenciones pudieron financiarse con estos fondos? El monto destinado en los últimos cuatro años habría permitido, por ejemplo, financiar siete veces el presupuesto conjunto de los programas sociales Juntos y Pensión 65 o 12 veces el presupuesto modificado del Programa Nacional de Becas (Pronabec) previsto para este año [ver infografía].

Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que con dichos recursos se pudo haber ejecutado un 40% más de inversión pública en todo el país. El especialista puso énfasis en brechas importantes como seguridad ciudadana y alimentaria.

“Se hubiera podido duplicar el presupuesto de seguridad. Cuando uno entra a ver el presupuesto de seguridad representan S/9.000 millones aproximadamente. Duplicar o hasta por multiplicar por 2,5 este monto. También habríamos podido cuadruplicar el presupuesto para proteger al desarrollo infantil temprano. Y esto incluye el tema de la de la anemia”, explicó.

Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, remarcó que con un monto de casi S/20.000 millones se habrían podido edificar 260 colegios de alto rendimiento, implementar 77 hospitales de mediana complejidad o financiar 18 veces el presupuesto de solo el programa Juntos, cuyo costo es más de S/1.000 millones.

Solo la habilitación de una línea de financiamiento de US$2.000 millones (equivalente a unos S/6.800 millones) con garantía del Estado aprobada en el Decreto de Urgencia 003-2026 emitido el 11 de mayo habría cubierto el 58% de las transferencias necesarias para que los 10,4 millones de peruanos pobres y pobres extremos logren superar por un año esta condición (S/11.866 millones). En el caso de estos últimos, el monto habría sido suficiente para sacarlos de la pobreza extrema a una situación “no pobre”, según una estimación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

Paola del Carpio, coordinadora de investigación de esta entidad, señaló a El Comercio que dicho monto tendría un impacto inmediato en la habilitación de servicios de salud y becas educativas.

“Con el último rescate de los US$2.000 millones podrías volver a construir nuevamente todo el primer nivel de atención de tipo I-4 y casi la mitad de los establecimientos de tipo I-3. Actualmente más del 95% de tus establecimientos de primer nivel de atención están en malas condiciones”, sostuvo.

Pese a la nueva transferencia, los especialistas resaltaron que los recursos recientes solo servirían para cubrir deudas y pagos de corto plazo a proveedores. Según los estados financieros de la compañía, al término del primer trimestre del 2026, la empresa reportó ganancias por US$133,2 millones. En los últimos cuatro años acumuló pérdidas consecutivas por más de US$2.576 millones. Actualmente, su deuda total equivale a casi cuatro veces su patrimonio.

“Tienes una unidad de Flexi Coking que permite refinar crudos bastante pesados en combustibles más livianos que no está funcionando al 100%, por ejemplo, y requiere reparación. Eso va adicional a las deudas de corto largo plazo que tiene Petro-Perú”, asevera Valencia.

“Uno entiende que es necesario no detener por completo la operatividad. Pero [las transferencias] no pueden seguir sin fecha de término, llevamos tiempo rescatando a cambio de nada. Se confunde mucho privatizar con esta entrada a la gestión del capital privado”, opina Del Carpio.

El último rescate a la empresa se dio cuando el Ministerio de Economía considera solicitar un crédito suplementario de S/11.000 millones para garantizar las elecciones subnacionales y concluir obras públicas en regiones. “Un crédito suplementario de esta cantidad es aproximadamente 0,8% del PBI. Esto se da basándose equivocadamente en pensar que la recaudación va a continuar creciendo a tasas altas. Terminas manejando las cuentas fiscales siempre al límite de las metas de déficit en vez de estar pensando en lograr un superávit para reconstruir el fondo de estabilización fiscal.”, opinó Valencia.