Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estuvieron frente a frente el último domingo para confrontar sus propuestas sobre cuatro ejes, uno de ellos la economía, empleo y reducción de la pobreza, a solo una semana de la segunda vuelta electoral.

Ambos tuvieron un primer bloque de exposición sobre la materia, para luego tener un ida y vuelta con algunas pullas sobre sus equipos de trabajo y en general su vida política. Además, respondieron a una pregunta ciudadana sobre cómo incentivar la formalización de las Pymes.

Roberto Sánchez propone aumentar la remuneración mínima vital

Durante su primera intervención, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, apuntó a la necesidad de aumentar el monto de la remuneración mínima vital ante un escenario de inflación que afecta directamente a las familias más vulnerables del país.

Además, compartió su propuesta de entrega de bonos para promover la creación de negocios por parte de los microempresarios y los emprendedores.

“La canasta básica familiar, por el precio de los combustibles y la inflación, debiera estar hoy día, por lo menos para mitigar en S/1.814. ¿Cuánto está la remuneración mínima vital? En S/1.130. Por eso, en nuestro Gobierno hemos decidido avanzar esos S/1.814, empezando por S/1.500”, expresó.

Agregó que tienen conciencia que desarrollar empleo significa también “promover los negocios, al emprendedor, al micro-empresario”.

“Por eso vamos a formar un fondo de S/15.000 millones para crédito accesible de verdad, crédito barato, con garantías, pero donde también le demos asistencia técnica para que puedan diversificar con tecnología e innovación los negocios emprendedores”, expuso.

Por otro lado, se encargó de destacar el rol de la mujer en la sociedad y dijo que será la encargada de dirigir los destinos de miles de familias que serán beneficiadas con una pensión contra la pobreza.

“El trabajo relevante aquí es la mujer, porque es la que lidera y lleva adelante un conjunto de negocios de una manera ejemplar. La pobreza ya no solo está en las zonas rurales, también se ha movido a la ciudad. Dos millones 300 mil peruanos de la clase media han incrementado ahora la pobreza a 9 millones de peruanos. Hay hambre, hay desnutrición”, remarcó Sánchez.

Agregó que el ‘Programa Juntos’ será reforzado para pensar también en las ciudades. En el primer año (de su Gobierno), dijo, no menos de 1 millón de familias van a ser reconocidas con una pensión para luchar contra la pobreza.

Sánchez descarta ser comunista

El líder de Juntos por el Perú se desmarcó del rótulo de comunista y hasta se animó a garantizar, en un eventual Gobierno suyo, la continuidad de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva del Perú.

“Nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarles sus ahorros. Ese relato del miedo que usted (Keiko Fujimori) ha levantado es falso. Nosotros no somos comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza”, apuntó Sánchez.

Agregó que, por eso, va a garantizar la política de Estado que, desde el año 1979, ya existe: estabilidad macroeconómica y autonomía del Banco Central de Reserva.

“Esto significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan”, finalizó en su exposición de tres minutos sobre economía, pobreza y promoción de empleo.

Keiko Fujimori propone cuatro acciones urgentes

Durante sus primeros tres minutos de exposición sobre ‘economía, reducción de la pobreza y promoción de empleo’, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, destacó que su gobierno va a impulsar la cifra de crecimiento del PBI, que está en el orden de 3%, y que la dejarán, al terminar su mandato, en cifras del 6%.

Así, describió el plan de acción que implementará para alcanzar este objetivo y remarcó que su adversario político tiene “un rumbo totalmente distinto y que no busca el desarrollo del país”.

“La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró cuando hubo estabilidad y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy, tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario: prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo, eso destruye tu puesto de trabajo", dijo.

En esa línea, Fujimori expuso cuatro puntos fundamentales para que el Perú vuelva a retomar la senda de crecimiento.

• Primero, brindar seguridad jurídica. Defenderemos, dijo, la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva del Perú, a diferencia de “lo que propone la fórmula del señor Sánchez”.
• En segundo lugar, manifestó que eliminará trabas burocráticas. “El Estado dejará de perseguir y extorsionar. Sunat y Sunafil serán reformadas para que promuevan la generación de empleo”, indicó.
• En tercer lugar, dijo que reactivará PromPYME, para apoyar a las MYPES y a los emprendedores, con crédito más barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizar.
• Y, en cuarto lugar, anunció que destrabará los grandes proyectos paralizados, como la Carretera Central, el Aeropuerto Chinchero, la represas de Poechos, las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, el tren de Lima a Ica, el tren de Lima a Barranca, el Gasoducto Surandino y el proyecto Majes Siguas II, entre otros.

“También sabemos que hoy en día sufres con los precios de los combustibles. Para ello, reactivaremos el fondo de estabilización [de precios de los combustibles] garantizando un precio estable”, manifestó, cerrando el bloque.

Pregunta ciudadana

Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y la excesiva burocracia estatal, ¿qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las Mypes, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores?

Keiko Fujimori: “El gran motor de nuestra economía depende del sector privado, pero, sobre todo, de la pequeña empresa, y por eso decimos tributación cero los tres primeros años (...) Con una sola declaración jurada podrás abrir tu negocio. Esa es la manera de poder acompañarte. El Estado garantizará los créditos para que tú puedas tener créditos blandos".

Roberto Sánchez: “El Perú necesita una profunda democratización de acceso a la riqueza. La gran formalización no es solo s un tema burocrático, aquí hay un régimen mercantilista, no hay economía social de mercado. Es el régimen más salvaje de América Latina”.

Mira aquí el debate presidencial y en análisis EN VIVO:

Este es el orden de intervención en los bloques:

¿Quiénes participaron en el debate de equipos técnicos, realizado el domingo 24 de mayo:

Por Fuerza Popular:

Reforma del Estado

• Vladimiro Huaroc Portocarrero

Juventud y Deporte

• Rosangella Andrea Barbarán Reyes

Agricultura y Medio Ambiente

• Marco Antonio Vinelli Ruiz

Infraestructura

• Carlos Alberto Neuhaus Tudela

Economía y Generación de Empleo

• Luis Julián Martín Carranza Ugarte

Salud

• José Francisco Recoba Martínez

Por Juntos por el Perú:

Reforma del Estado

• Sinesio López Jiménez

Juventud y Deporte

• Ernesto Alonso Zunini Yerrén

Agricultura y Medio Ambiente

• César Miltón Guarniz Vigo

Infraestructura

• Gustavo Guerra García Picasso

Economía y Generación de Empleo

• Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé

Salud

• Hernando Cevallos Flores

Mira aquí todo el debate de equipos técnicos y el análisis posterior:

El 28 de julio de 2021, en sesión solemne en el Congreso de la República, Pedro Castillo Terrones se colocó la banda presidencial. El evento, que coincidió con el bicentenario de la independencia del Perú, inauguraba el el lustro más caótico de los últimos 25 años.

El quinquenio 2021-2026, tristemente conocido internacionalmente por haber acumulado cuatro presidentes en lugar de uno, concentró hitos negativos en los principales indicadores económicos, sociales y de seguridad ciudadana.

La alta incertidumbre política vino acompañada de un crecimiento económico insuficiente. Descontando la pospandemia, la tasa de expansión promedio del PBI entre el 2022 y el 2025 fue solo de 2,5%, la más baja de los últimos cuatro quinquenios. En el 2023, la incidencia de El Niño costero y la alta conflictividad social ocasionaron que en PBI cayera en 0,4%, la primera recesión registrada desde 1998, a excepción del 2020.

Pero los efectos comenzaron incluso antes. La incertidumbre electoral y económica previa al inicio del gobierno ocasionó que, durante el 2021, salieran del país US$16.638 millones. La cifra, que equivale al 7,4% del PBI, es la más alta registrada en la historia.

Este quinquenio también estuvo caracterizado por la erosión de la fortaleza fiscal, una de las bases del manejo económico de los últimos años. Durante el 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.

¿Han sido los últimos cinco años una oportunidad perdida? Para Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) remarcó que el modesto crecimiento económico estuvo relacionado a la poca confianza empresarial que se vio reflejada en el estancamiento o caída de la inversión privada. Asimismo, sostiene que el manejo de las finanzas públicas será un indicador a monitorear en el futuro.

“El Consejo Fiscal ha advertido en múltiples oportunidades que está incrementando el gasto corriente. Y no es un incremento transitorio, es un incremento permanente que limita los recursos para otras actividades del Estado como, por ejemplo, la infraestructura”, explicó.

Desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. En promedio, un titular de sector del Ejecutivo duró solo cinco meses, casi 80% menos que 20 años atrás, en el periodo 2001-2006. En aquel quinquenio, los ministros se mantuvieron dos años y nueve meses en el cargo, en promedio. La erosión en la estabilidad ministerial empezó en el periodo 2016-2021 y se redujo a su mínimo histórico en el vigente.

El sector más volátil es Interior. En los últimos cinco años, 18 personas dirigieron la cartera, con una duración promedio de tres meses cada una. Todo ello en medio de una subida consistente en las cifras de crímenes violentos. En el 2021, las denuncias por homicidios a nivel nacional aumentaron en 35% respecto del año anterior, según las principales modalidades delictivas denunciadas en el Sidpol.

Enzo Elguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, advierte que la alta rotación impide la continuación de la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

“Como no hay visión de gobierno, el nuevo ministro se tiene que poner al día y ajustar a ciertos parámetros. Esto, finalmente, hace que no continúes ninguna política de gobierno. Todo esto hace que el Perú esté en un retroceso sin importar la demanda poblacional”, indica.

El periodo 2021-2026 deja, también, récords negativos en el respaldo presidencial. Pedro Castillo fue el primer presidente en empezar su mandato con menos del 40% de aprobación desde, por lo menos, el 2001. En noviembre de 2024, Dina Boluarte obtuvo la cifra más baja de respaldo registrada desde el 2001 por Datum Internacional: 3%. Con la misma dejó el cargo, en octubre de 2025. En la última medición, de febrero y marzo de 2026, José María Balcázar obtuvo 13%. Sin contar a Boluarte, no se veía una aprobación tan baja desde el gobierno de Alejandro Toledo.

Para la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, son dos los factores que explican esta crisis de confianza ciudadana frente al gobierno. Por un lado, el hecho de que el ganador de las elecciones tenga tan poca representatividad en la población hace que los nuevos gobernantes inauguren sus mandatos con poco respaldo. A esto se le suma, explica Torrado, la poca legitimidad que ostentan los presidentes que asumieron luego de las vacancias presidenciales. O sea, sin haber sido electos por la población.

“En los últimos cinco años, lo que se ha visto es un desgaste producto de esa baja representatividad. La gente siente que quienes gobiernan no son las personas que han elegido, no se siente representada por las autoridades. Comienzan con una aprobación baja y, salvo pocas excepciones, no han logrado conectar con la población”, sostiene.

En la categoría Café, una de las marcas de la trasnacional Nestlé lidera el ranking de recordación del Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer. Se trata de Nescafé, la más mencionada por el 80% de los peruanos.

Le siguen Altomayo (68%), Kirma (51%) -también de Nestlé-, Cafetal (40%) y Juan Valdez (13%).

Además, Nescafé lidera el ‘top of mind’ de la categoría, con un 33%, seguido por Altomayo (30%) y Cafetal (17%).

Alejandra Montoya, directora de Café, Bebidas y Culinarios de Nestlé Perú, señala que Nescafé se ha posicionado como una marca confiable, de tradición y con un sabor intenso que acompaña a las personas durante el día.

Por el lado de Kirma, sostiene, hay 60 años de presencia en el mercado, teniendo como características ser un producto cercano y accesible para las personas, además de ser reconocida por su rendimiento y sabor familiar.

“Esta [recordación] refleja la cercanía que ambas marcas han construido con los hogares peruanos a lo largo del tiempo. Ambas han logrado estar presentes en momentos cotidianos y relevantes para las familias, aunque desde roles distintos”, indica.

Por otro lado, Altomayo lidera la frecuencia de consumo (38%). Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría, apunta que ello se traduce en una mayor preferencia, pues la marca es la favorita del 41% de los encuestados. .

Por su parte, Cafetal es tercera en consumo y preferencia, con un 10% en cada uno de estos indicadores.

José San Martín, gerente general de Romex, dueña de Cafetal, recuerda que la marca existe desde hace más de 60 años y es un referente en el café tostado peruano.

Añade, que cuentan con presentaciones para cada tipo de consumidor, como su reciente presentación de café instantáneo liofilizado (café premium deshidratado).

“Nuestro trabajo siempre ha buscado reforzar la imagen de que somos la marca con el café de verdad. Es una marca muy tradicional, en la que puedes confiar plenamente por su calidad y la homogeneidad del producto”, dice.

Consumo

De acuerdo con Rubiños, el Perú es un mercado “muy cafetero”, pues el 82% de personas consume este producto.

Es así que San Martín comenta que uno de los retos es competir con el segmento de bebidas calientes, dado que pueden haber distintas costumbres en las diversas zonas del país.

Un segmento potencial en el que puede aumentar el consumo de café es el de los jóvenes, indica. Y es que, por ejemplo, Cafetal tiene una alta recordación –con un 73%– en personas de 56 a 65 años, mientras que en jóvenes de 18 a 24 el porcentaje llega 23%.

San Martín considera que los jóvenes aprecian el café, y asegura que una categoría que se ha visto beneficiada por este grupo etario es el café de especialidad, que cuenta con otros métodos de preparación.

Por otra parte, Montoya señala que se observa una oportunidad para continuar desarrollando la categoría por su alta relevancia en la vida de los peruanos.

“Nuestro foco está en seguir construyendo el hábito de la primera taza de la mañana, abrir nuevas ocasiones de consumo y acercar propuestas que respondan a las tendencias del mercado, como experiencias más sensoriales y premium, así como el crecimiento del café frío”, expresa.

Con Kirma, uno de los focos es fortalecer la marca local y consolidar su volumen de consumo.

En ese sentido llamó la atención sobre el plan de reorganización patrimonial de Petro-Perú, a cargo de ProInversión, el cual “no se ha materializado”.

“Por lo tanto, la dirección estratégica de la compañía sigue sin definirse; y, junto con la falta de claridad sobre los plazos de ejecución y los objetivos operativos específicos, esto genera incertidumbre”, dijo.

La calificadora explicó que esto limita su habilidad para predecir la trayectoria de recuperación de la compañía; sin embargo, opina que tomará tiempo implementar el plan de reorganización, pues “requiere la aprobación de los bonistas y los acreedores de CESCE (Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación).

Manifestó que cuando el plan de haya implementado analizará los efectos que pueda tener la performance operativa y financiera de la empresa.

S&P detalló que no ha rebajado la calificación de Petro-Perú porque advierte que la empresa tiene la flexibilidad financiera suficiente para honrar sus deudas de corto plazo.

Esto, como consecuencia del nuevo rescate financiero, de US$2 mil millones, anunciado por el gobierno peruano el pasado 11 de mayo a través de un Decreto de Urgencia.

“El decreto anunciado proveerá el soporte que Petro-Perú necesita y aliviará sus problemas de liquidez. Ahora esperamos que ProInversión se enfocará en las estrategias operativas del plan de reorganización”, dijo.

Añadió que podría degradar la calificación de la estatal si ocurriera cualquiera de los siguientes tres escenarios: si el plan de reorganización se sigue demorando, si advierte que el Gobierno no otorga su soporte financiero o si percibe que el Ejecutivo no es capaz de adoptar medidas correctivas sostenibles.

De acuerdo al especialista, esto ocurre porque las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) suelen invertir en “defender la infraestructura existente y que está a punto de colapsar”.

“Entre cerrar la brecha de infraestructura con nuevas conexiones y arreglar las conexiones que se encuentran en mal estado, muchas veces es mejor hacer lo segundo”, señaló.

De esta manera, dijo, se consigue evitar el colapso de tuberías que “tienen 80 o 90 años de antigüedad” y que se encuentran, muchas de ellas, debajo de avenidas y arterias importantes en Lima y otras ciudades.

Ejemplo de esto es el colapso del colector Canto Grande, a la altura de la Estación Pirámide del Sol, que ocasionó el aniego de 300 viviendas en San Juan de Lurigancho hace cinco años.

Se trató de un incidente que paralizó el tránsito en la Av. Próceres por cerca de diez días mientras Sedapal se dedicaba a abrir zanjas para cambiar las tuberías.

De acuerdo a Dumler, el 33% de los 3.000 kilómetros de tuberías que hay debajo de la ciudad de Lima han terminado su vida útil y corren el riego de colapsar de la misma manera.

“Creo, por ello, que hay que repensar los modelos de gestión; y eso nos lleva a articular los esfuerzos que ahora están aislados”, expresó el especialista en el lanzamiento de Expo Agua y Sostenibilidad 2026, evento impulsado por el Centro de Competencias del Agua (CCA).

Un ejemplo de esta articulación, refirió, son los convenios que Sencico viene promoviendo con otras instituciones estatales, como Otass y Sedapal, para promover competencias en saneamiento en el sector rural, donde hay “más de 30 mil Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que carecen de condiciones técnicas, económicas y de gestión”.

AGUA Y COMPETITIVIDAD

En esa línea, Raúl Loayza, presidente del CCA, resaltó la importancia de incrementar la cobertura de agua, saneamiento y alcantarillado en el país, porque “hay muchos peruanos que no cuentan con ese servicio y eso nos pone en desventaja competitiva con otros países”.

“Tenemos un horizonte sumamente rico y prometedor en industria y en tecnología que muchas veces se ve comprometido por las barreras de acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para asegurar la sostenibilidad”, indicó.

Una alternativa que se está discutiendo para ayudar a a este objetivo, manifestó Dumler, es extender la cobertura de Sedapal hasta Huacho, por el norte, y Cañete, por el sur, donde hay cuencas hídricas “que sí tienen agua, a diferencia del río Rímac”.

“Por lo tanto, no hay que pensar en una sola salida. Tenemos que entrar a lo que llamamos resiliencia, armando esquemas de agua, con plantas desaladoras, más fuentes agua superficial y sistemas de bombeo, entre otros”, indicó.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se necesitan cerca de US$56 mil millones para llegar al 100% de cobertura de agua y saneamiento.

Expo Agua y Sostenibilidad 2026 se desarrollará del 30 de setiembre al 2 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey. Reunirá a EPS, autoridades locales y regionales, académicos y líderes públicos que impulsan la seguridad hídrica en el Perú.

Según las cifras para América Latina y el Caribe (ALC) del Fondo Monetario Internacional, entre el 2000 y el 2025, en términos del PBI per cápita medido en dólares comparables internacionalmente, el Perú ascendió del puesto 29 al puesto 23. En un periodo similar, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perú subió del puesto 16 al puesto 12 en ALC.

A pesar de la elocuencia de estas cifras, que muestran una correlación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, políticos y algunos economistas del desarrollo muestran cierto desprecio por el crecimiento económico. En este artículo intentaré disuadirlos de que: i) sin crecimiento no hay desarrollo humano, ii) el desarrollo humano contribuye al crecimiento económico y iii) el canal de transmisión entre el crecimiento económico y el desarrollo humano es la calidad de la política pública.

Crecimiento económico y desarrollo humano

El crecimiento económico es el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios finales de un país o una región, durante un período de tiempo determinado, generalmente un año.

Los premios Nobel Solow, Lucas y Romer nos han enseñado que el crecimiento económico (del PBI per cápita) depende del grado de desarrollo tecnológico o productividad total de factores, del capital físico, del capital natural y del capital humano por trabajador. Los países con instituciones inclusivas, crecen sostenidamente, porque promueven el desarrollo tecnológico y la inversión en capital físico, capital natural y capital humano.

El desarrollo humano es un concepto que va más allá del crecimiento económico. En los términos del premio Nobel Amartya Sen, la idea central es que el desarrollo no debe medirse solo por el crecimiento económico, sino por lo que las personas realmente pueden ser y hacer: por sus capacidades. En lugar de preguntar cuánto produce una nación, este paradigma pregunta: ¿La gente vive bien? ¿Tiene acceso a la educación? ¿Tiene una vida saludable y larga?

La herramienta a nivel mundial para medir este concepto es el IDH, creado por el PNUD e inspirado en los trabajos de Sen. El IDH es un indicador sintético que promedia los logros de un país en tres dimensiones fundamentales: i) salud (esperanza de vida al nacer), ii) educación (para adultos, años promedio de instrucción, y años esperados de instrucción para los niños) y iii) nivel de vida (PBI per cápita). El IDH se expresa como un valor numérico que va entre 0 y 1 (donde 1 es la máxima puntuación posible).

Sentido de ida: el crecimiento financia las “capacidades” de Sen

En el primer sentido de esta vía, el crecimiento económico actúa como el combustible indispensable para elevar la calidad de vida. El crecimiento económico financia el desarrollo humano a través de dos canales.

El canal privado. Una economía en expansión genera más puestos de trabajo y mejores salarios. Los mayores ingresos otorgan a las familias el poder adquisitivo para mejorar su salud y educación, y, en general, les da más capacidades.

El canal público. El crecimiento es la fábrica de recursos para el sector público porque genera más recaudación. Con esos recursos, a través de la política social, básicamente, el gobierno puede mejorar la salud y la educación de los peruanos, logrando elevar el IDH.

El crecimiento, entonces, es un medio, no el fin. Tener las arcas fiscales llenas no sirve de nada si las postas médicas en las zonas altoandinas carecen de medicinas, o si los niños en la Amazonía estudian en escuelas sin conectividad. El dinero público debe transformarse en capacidades humanas concretas, de lo contrario, la vía se interrumpe.

Sentido de vuelta: La doble causalidad y el poder del capital humano

Fue Gustav Ranis quien demostró con rigurosa evidencia que las naciones que priorizan el desarrollo humano logran, a mediano y largo plazo, un crecimiento económico mucho más robusto y sostenible que aquellas que solo buscan el crecimiento a secas.

¿Cómo se retroalimenta este proceso? La respuesta está en los determinantes del crecimiento económico. Romer y Lucas revolucionaron la ciencia económica al demostrar que el crecimiento a largo plazo no depende de factores externos o de la simple acumulación de capital físico o natural, sino del capital humano, el conocimiento y las ideas. Una población sana y educada, entonces, contribuye al crecimiento económico.

Conclusiones

El crecimiento económico en el Perú ha cumplido con su rol de financiar el desarrollo humano, con creces. Por la vía privada, el crecimiento ha elevado el empleo y los salarios. Entre principios de este siglo y el mes de marzo último, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, la Población Económicamente Activa ocupada en Lima Metropolitana ha subido en 61%, 2,27 millones de personas. En el mismo periodo, el salario, medido por la Remuneración Mínima Vital, se ha elevado en 50% en términos reales. Así mismo, por la vía pública, entre 2000 y 2025, el presupuesto público per cápita en términos reales se ha multiplicado por 2,75.

El crecimiento económico del Perú de los próximos años luce prometedor: tenemos todas las condiciones para volar. Contamos con un montón de minerales por explotar, enormes posibilidades de irrigar decenas de miles de hectáreas en la costa peruana, términos de intercambio por las nubes, etc. Y en paralelo pueden ordenarse las cuentas públicas, para que el grado de inversión no esté en riesgo. Toca, en este año y los siguientes, aplicar una política fiscal contractiva.

Pero, ¿cómo fortalecer la influencia del crecimiento económico sobre el desarrollo humano?: con buenas políticas públicas. ¿Y cómo se hacen buenas políticas públicas?

Esencialmente, con un gobierno estable que tenga un gabinete con gente altamente capacitada, especialmente en los ministerios de Educación, Salud y el Midis.

Inversión en elecciones

Históricamente los periodos electorales suelen deteriorar la confianza empresarial y postergar las decisiones de inversión, por lo que esta podría moderarse hacia el segundo semestre. Así, cuatro de las diez caídas más pronunciadas de la confianza empresarial en la última década, excluyendo la pandemia, respondieron a eventos asociados al expresidente Pedro Castillo, incluyendo su pase a la segunda vuelta y el inicio de su gobierno. Este entorno magro para las expectativas empresariales y la inversión no fue gratuito, Castillo trajo consigo propuestas de convocatoria a Asamblea Constituyente y nacionalización de los recursos, entre otros.

Un nuevo escenario de incertidumbre motivado por promesas similares explica la caída de la confianza empresarial a terreno pesimista en abril. Esta ocurrió por primera vez luego de 23 meses, tras conocerse el posible pase de Sánchez a la segunda vuelta. Esta caída también se ubicó entre las diez mayores de la última década.

Posturas opuestas

FP y JPP muestran posturas marcadamente diferentes sobre la inversión privada. En el caso de FP, tanto el plan de gobierno como su equipo técnico reflejan una postura favorable a esta, con medidas orientadas a simplificar la tramitología y ampliar el acceso a financiamiento. No obstante, algunos incentivos tributarios propuestos elevarían los costos fiscales sin necesariamente garantizar impactos positivos.

Por su parte, el plan de gobierno de JPP se muestra explícitamente en contra de la inversión privada. Busca modificar la Constitución, renegociar los contratos y ampliar la actividad empresarial del Estado, entre otros. Si bien Pedro Francke, recién sumado al equipo técnico de JPP, ha señalado que respetarán los contratos y promoverán la inversión privada, Sánchez había declarado días antes que impulsará una Asamblea Constituyente y descartó suscribir una hoja de ruta. Esa inconsistencia aparenta una moderación de la postura de Sánchez; sin embargo, no hay ninguna garantía de ello.

Promoción del empleo

La informalidad continúa siendo el principal reto del mercado laboral: siete de cada diez trabajadores son informales y perciben, en promedio, salarios 62% menores que los trabajadores formales. Por ello, lejos de elevar las remuneraciones por decreto, urgen condiciones para que más empresas puedan contratar formalmente.

Parte del problema radica en incentivos mal diseñados. Los regímenes tributarios para las Mype y el enfoque de la fiscalización laboral vigentes no promueven la transición a la formalidad.

Sobre este punto, las propuestas de FP y JPP reflejan visiones opuestas. FP busca promover el empleo formal impulsando la inversión privada, simplificando trámites y estableciendo un rol para la Sunafil más enfocado en la formalización.

En contraste, JPP propone una nueva Constitución para modificar los regímenes laborales, sin precisar cómo esta contribuiría a promover el empleo formal. Además, plantea elevar el salario mínimo a S/1.500, un incremento de 31% respecto al nivel vigente, el más alto en 30 años. Este aumento carece de sustento técnico y coincide nuevamente con un periodo electoral. Además, beneficiaría a apenas 3% de los trabajadores. En su lugar, elevará aún más los costos laborales, afectando principalmente a las empresas más pequeñas, los jóvenes y los trabajadores más vulnerables.

Empleo juvenil

Los jóvenes han sido los más afectados ante el deterioro del mercado laboral. Entre 2019 y 2025 se perdieron 276 mil empleos juveniles, y de estos, 263 mil dejaron de buscar trabajo, según estimaciones del IPE. Además, 1,4 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, 90 mil más que en 2019; y entre quienes sí trabajan, el 76% son informales.

El plan de FP presenta propuestas más articuladas en este tema: un esquema subsidiado de aseguramiento en salud para jóvenes contratados por las Mype, formación técnico-productiva desde la secundaria y herramientas para vincular la oferta formativa con la demanda laboral. Por su parte, JPP propone crear un Instituto Nacional de Empleabilidad para centralizar orientación vocacional, capacitación y certificación, sin precisar por qué estas funciones no pueden fortalecerse desde las entidades ya existentes para esos fines. Plantea también 10 mil plazas de prácticas en el sector público, sin detallar mecanismos de implementación. Además, su equipo técnico anunció el programa “Mi Primera Chamba”, que otorgaría S/6.150 a 100 mil jóvenes para financiar su capacitación o su primer empleo, pero no figura en el plan de gobierno y representa un elevado costo.

En el sector Energía y Minas, la inestabilidad también se extendió más allá del ministerio donde se acumulan 12 gestiones en cinco años. Los viceministerios y otras direcciones ligadas al manejo de la minería, también se han visto afectadas por la volatilidad e injerencia política.

El Viceministerio de Minas ha sido el más volátil -aunque no por mucho- en comparación a sus similares de Electricidad e Hidrocarburos. Solo en los cinco primeros meses de 2026, el despacho de Minas ha tenido tres viceministros. En total, van nueve cabezas en cinco años.

Otros órganos de línea registran la misma inestabilidad, pero el caso más llamativo es Ingemmet, encargado de administrar las concesiones mineras. Este organismo técnico no tiene titular desde enero de 2026, sino que se mantiene como encargado a Paolo Andrés Alzamora, quien está a cargo de la Dirección General de Minería. Este Diario reveló que Andrés fue gerente de una empresa con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Dirección de Formalización Minera también presenta una serie de cambios con tintes políticos, como el de Wilfredo Portillo, quien solo duró siete días en el cargo tras revelarse que, en 2025, fue uno de los más de 50 mil depurados del Reinfo por no cumplir con los requisitos mínimos.

Situación

Para Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), con los cambios constantes se vuelve imposible promover una política pública a largo plazo en el sector minero.

“No se puede tener una política que claramente venimos escuchando desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, el tema de la ventanilla única minera”, sostuvo.

Carlos Casas, director de Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, agregó que también esta inestabilidad en los cargos puede afectar a las inversiones en el sector, dado que es uno de los factores que puede generar desánimo en los empresarios al momento de dialogar con las autoridades y volver a iniciar las conversaciones con los nuevos funcionarios.

Esto último también se traslada a otras carteras, como en el Ministerio de Economía y Finanzas, añadió.

El tema de la alta rotación de funcionarios fue un punto mencionado por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, donde sostuvo que es complejo tener procesos continuos en el sector cuando hay cambios constantes en las autoridades.

Otro aspecto que también se refleja en estos cambios son las distintas prioridades que puede tener cada titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con un enfoque en minería, hidrocarburos o en electricidad. Esto ha causado que no se puedan destrabar los trámites en el sector o cumplir con los plazos que ya están estipulados.

“Eso nos está restando atractivo del lado institucional”, comentó.

Además, para Casas, el ruido político también afecta la gestión de los ministros, dado que tienen que atender interpelaciones, por ejemplo.

De la misma forma, la designación de personas con falta de capacitación contribuyen a este deterioro institucional en el sector, donde se han presentado a funcionarios con algún “clientelaje político” o con vinculaciones al Reinfo, precisó Saito.

Justamente, la alta rotación de funcionarios ha llevado a una falta de política de formalización minera donde no se contemple el Reinfo, agregó.

¿Qué se necesita para atender esta problemática en el ministerio? De acuerdo con Casas, se debe volver a generar interés en las personas para que entren a la institución, contratando personal de experiencia y con capacidad de convocatoria para atraer a otros cuadros hacia el Estado.

También se deben considerar los incentivos monetarios como un mejor sueldo. Y es que, Casas explicó que los aumentos salariales en las direcciones generales o en los mandos medios se habían quedado “congelados”.

A su vez, Saito indicó que el siguiente gobierno debe garantizar la estabilidad de los ministros y nombrar a personas con capacidad técnica adecuada y que tengan una visión los para desarrollar el país en el largo plazo.

En el marco de la conferencia Beyond Poor Economics, organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) durante el Seminario Anual de Investigación 2025, el Premio Nobel de Economía 2019, Abhijit Banerjee, llamó la atención sobre una dimensión de la pobreza que, a su juicio, no está recibiendo suficiente atención en las políticas públicas de los países en desarrollo: la situación de los adultos mayores.

Consultado por El Comercio sobre qué dimensiones de la pobreza continúan siendo subestimadas por los gobiernos al diseñar programas sociales, Banerjee señaló que muchas economías en desarrollo, incluidas las de América Latina y Asia, están atravesando un proceso acelerado de envejecimiento que no ha sido incorporado adecuadamente en el enfoque de las políticas sociales. “Los países en desarrollo están envejeciendo rápido. Durante mucho tiempo pensamos en estos países como sociedades jóvenes, pero eso ya no es cierto”, afirmó.

El economista explicó que la caída de las tasas de fertilidad y el menor crecimiento de la población están acelerando el envejecimiento, mientras que las políticas públicas siguen respondiendo a un diagnóstico desactualizado. “Todavía no hemos pasado a un modo en el que entendamos bien lo que significa este envejecimiento”, indicó, al advertir que una parte importante de la población adulta mayor se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad.

Banerjee subrayó que muchos adultos mayores pobres estructuraron su vida bajo la expectativa de que sus hijos los sostendrían en la vejez, una premisa que, en al actualidad, no siempre se cumple.

“Son personas que tuvieron hijos pensando que ellos los cuidarían, pero tuvieron pocos hijos y ahora, muchas veces, están abandonados”, señaló. En ese contexto, afirmó que los adultos mayores se han convertido en “uno de los grupos más vulnerables entre los pobres” y que “necesitan mucha más atención”.

En la misma intervención, Banerjee evitó generalizaciones sobre el desempeño de los gobiernos, pero sostuvo que este desfase entre los cambios demográficos y el diseño de políticas sociales refleja una brecha más amplia entre la evidencia y la acción pública.

Consultado por este Diario sobre la distancia entre lo que muestra la investigación económica y lo que efectivamente implementan los gobiernos, señaló que no existe un error único ni común a todos los países. “No es que todos los gobiernos se equivoquen de la misma manera. Hay programas que funcionan muy bien y otros que funcionan menos bien, y eso ocurre en todas partes”, explicó.

A su juicio, el principal obstáculo no suele ser la falta de evidencia, sino la dificultad de introducir cambios en sistemas de políticas que operan con fuerte inercia. “El cambio es difícil, no necesariamente porque la gente no quiera cambiar, sino porque hay mucha inercia en la forma en que pensamos las políticas”, dijo. Añadió que modificar una política implica alterar muchos otros componentes al mismo tiempo, lo que hace que, incluso cuando la evidencia es clara, los cambios avancen lentamente. “Por eso es importante identificar la evidencia y presionar más, de manera constante, para que el cambio ocurra”, sostuvo.

La conferencia de Banerjee se centró en los aprendizajes acumulados en los últimos 15 años a partir de la expansión de los estudios experimentales en economía del desarrollo, así como en la necesidad de revisar supuestos tradicionales sobre pobreza, educación, nutrición y políticas sociales. En ese contexto, su énfasis en el envejecimiento de la pobreza apuntó a uno de los desafíos que, según señaló, marcarán la agenda de desarrollo en los próximos años y que aún no ocupa un lugar central en el diseño de las políticas públicas en los países en desarrollo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano y refrendada por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.

Según la norma, el nombramiento responde a la necesidad de cubrir la vacante existente en la presidencia del directorio de Perú-Petro.

En los considerandos de la resolución se recuerda que la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N.° 26221) creó Perú-Petro como una empresa estatal de derecho privado adscrita al sector Energía y Minas, organizada bajo la forma de sociedad anónima.

Asimismo, se precisa que el directorio de la entidad está conformado por cinco miembros y que su presidente debe ser designado mediante resolución suprema, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 26225, Ley de Organización y Funciones de Perú-Petro.

Con la designación de Bertarelli, el Gobierno busca completar la conformación de la dirección de la empresa en un contexto en el que el sector busca impulsar nuevas inversiones y asegurar la continuidad de las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en el país.

El encuentro, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, congregó a representantes del sector financiero, organismos multilaterales, empresas, gobiernos y sociedad civil.

Uno de los paneles que concentró mayor atención fue “Salud de la mujer como motor de desarrollo”, donde especialistas advirtieron que las brechas de acceso a salud femenina no solo representan un problema social, sino también una pérdida económica para la región.

María Noel Vaeza, asesora senior de PATH, sostuvo que la desigualdad en salud tiene impactos directos sobre la productividad y el crecimiento económico.

“Hay 120 mil millones de dólares que se están dejando de ganar”, afirmó durante el panel.

La especialista explicó que las mujeres en América Latina reciben un 25% menos de atención médica que los hombres y que gran parte de las investigaciones y desarrollos médicos históricamente no han considerado las necesidades específicas de la salud femenina.

Vaeza también advirtió que muchas mujeres quedan fuera del sistema económico debido a problemas de salud prevenibles y remarcó que enfermedades como las cardiovasculares continúan siendo subdiagnosticadas en mujeres.

Por su parte, Ivy Lorena Talavera Romero, asesora de la OPS/OMS, señaló que América Latina destina apenas 4,5% de su PBI al gasto público en salud, por debajo del rango recomendado internacionalmente de entre 6% y 8%.

“Hemos mejorado la esperanza de vida al nacer, pero hay diez años de diferencia entre esa expectativa y los años de buena salud”, indicó.

La ejecutiva agregó que uno de los principales desafíos es convertir la evidencia técnica en políticas públicas concretas.

Durante el panel también se abordaron las limitaciones que enfrenta la innovación tecnológica vinculada a la salud femenina en la región.

Iris Parra, directora de Enlaza, explicó que mientras Europa concentra cerca de 1.700 startups FemTech y Estados Unidos más de 2.500, América Latina apenas registra unas 70 iniciativas.

Asimismo, recordó que solo el 7% de las mujeres en la región cuenta con seguro social.

En paralelo, el foro abordó temas relacionados con inversión de impacto, innovación, inclusión financiera y liderazgo femenino en sectores estratégicos.

Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, sostuvo que la inversión con enfoque de género ya no debe verse como una alternativa, sino como una condición necesaria para construir economías más resilientes e inclusivas.

En el marco del evento, Pro Mujer y PATH anunciaron además una alianza estratégica para impulsar soluciones integradas de salud femenina en América Latina, combinando innovación tecnológica, financiamiento y fortalecimiento de sistemas de atención.

El foro también puso especial énfasis en el rol de las mujeres rurales en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, en línea con el Año Internacional de la Mujer Agricultora.

La elección de Lima como sede respondió, según los organizadores, al papel que cumple el Perú en agendas vinculadas a inclusión financiera, emprendimiento y desarrollo territorial.

Al cierre del evento, Pro Mujer anunció que la próxima edición del Foro GLI Latam se realizará en junio del 2027 en Cali, Colombia.

Aquellos tiempos no eran solo de menos pantallas: eran tiempos en que aburrirse era inevitable, y aburrirse, sin darnos cuenta, llevaba a encontrarse. Primero llegó la radio. Después, la televisión. Cada una le robó horas a los espacios de socialización entre personas. Pero el smartphone fue brutal: portátil, solitario, diseñado para hacer ‘scroll’ infinito. Y con él se fueron diluyendo esas conexiones sociales que llevaban a encontrarse, conocer a alguien, enamorarse, convivir, formar una familia.

Hace pocos días leí un reportaje del Financial Times con datos demoledores. En más de dos tercios de los 195 países del mundo, la tasa de fertilidad ya cayó por debajo de los 2,1 hijos por mujer, el mínimo para que una población no se reduzca. En 66 países, el promedio está más cerca de uno que de dos hijos por mujer.

Hay varios sospechosos: vivienda, educación, ingresos, precariedad. Pero ninguno alcanza, por sí solo, para explicar una caída tan global y simultánea, en países ricos y pobres, con economías estables o golpeadas.

El dato más revelador es el momento. La caída empezó en Estados Unidos, Reino Unido y Australia alrededor de 2007. En Francia y Polonia, hacia 2009. En México e Indonesia, hacia 2012. En Nigeria y Senegal, entre 2013 y 2015. Cada quiebre coincide, casi sin excepción, con la llegada masiva del smartphone a ese mercado. Y no se trata solo de una sospecha elegante: investigadores de la Universidad de Cincinnati encontraron que, dentro de un mismo país, los nacimientos cayeron primero y más rápido en las zonas que antes recibieron conectividad 4G.

El punto no es que los jóvenes hayan dejado de querer tener hijos. Es que cada vez menos llegan siquiera al paso anterior: formar parejas duraderas. Para casarse, convivir o construir una vida con alguien, primero hay que encontrarse. Y para encontrarse, hay que salir del pequeño altar luminoso que llevamos en el bolsillo.

Pero no es exclusivo de los solteros. La intimidad también se está erosionando en relaciones establecidas. El Wheatley Institute encuestó en 2023 a 2.000 parejas casadas de entre 18 y 55 años. El 37% dijo que su cónyuge estaba en el celular cuando ellos preferirían conversar. Las parejas con “adicción al smartphone” tenían 70% menos probabilidad de declararse felices en su matrimonio. Solo el 44% tenía relaciones sexuales una vez por semana o más; casi una de cada cuatro no las tuvo en los últimos 12 meses, o las tuvo apenas una o dos veces.

Los celulares terminaron siendo el experimento social involuntario más grande de la humanidad.

Apenas estamos empezando a entender lo que este experimento le está costando a la humanidad. Lo vemos en cómo aprendemos, en cómo nos vinculamos y, ahora también, en cuántos hijos llegan a nacer.

La televisión llegó hasta la sala. El smartphone llegó hasta la almohada.

Para abordar estas preguntas es necesario considerar, por un lado, la evolución del empleo desde el periodo pre-pandemia, esto es, con relación al 2019 y no sólo al 2020, año marcado por la pandemia, y, por otro lado, la calidad del empleo que se generó. Como se puede apreciar en el gráfico que acompaña esta entrega, el empleo cae fuertemente a partir del primer trimestre de 2020 (inicio de la pandemia) y toca fondo a mediados de dicho año. Lo que viene luego es el llamado “rebote estadístico”. El empleo agregado se recupera avanzando hacia su nivel previo al shock de la pandemia, que retoma su avance en el segundo semestre del 2021, aunque con subidas y descensos que lo llevan nuevamente por debajo del nivel pre-pandemia al terminar el año.

Lo más interesante, sin embargo, es la composición de esta recuperación. El crecimiento del empleo informal es el que explica la vuelta a los niveles pre-pandemia. En contraste, el empleo formal empieza a recuperarse lentamente en la segunda mitad de 2022, pero para fines de dicho año continuaba por debajo de sus niveles pre-pandemia. Como es sabido, puesto que no hay mecanismos de protección frente al desempleo excepto para una pequeña porción de la fuerza laboral, la variable de ajuste en el mercado laboral peruano frente a shocks recesivos no es tanto la tasa de desempleo como la calidad del empleo. Un enorme número de peruanos (más de 40% de la fuerza laboral) debe inventarse un empleo, que típicamente es uno de baja productividad en el sector informal. Más empleo informal significa deterioro en la calidad de los empleos. No hay, pues, un logro de política económica con relación al empleo del que enorgullecerse en este periodo.

De hecho, por el contrario, los síntomas del deterioro del mercado laboral son muy claros. A fines de 2022 el subempleo por ingresos había crecido 40% con relación al periodo pre-pandemia mientras que el empleo adecuado había retrocedido 7,5 puntos porcentuales.

El impacto más fuerte y duradero del deterioro del mercado laboral que deja la gestión de Perú Libre lo han sufrido los jóvenes. Aún a fines de 2025, a pesar de la recuperación general del mercado laboral, el empleo entre los jóvenes había caído 23% con relación al mismo periodo del 2019: casi 200.000 jóvenes menos tenían un empleo. Entre los que tenían empleo, apenas 4 de cada 10 tenía un empleo adecuado, 25% menos que en 2019.

Así, pues, no hay mucho que mostrar en términos de la gestión del empleo durante el último gobierno, ni para recuperarnos del shock de la pandemia, ni para promover empleo de calidad, esto es, empleo formal. Mejorar la calidad de los empleos debe ser el objetivo para el siguiente gobierno. Esto nunca se va a lograr si, como propone JP, el foco sigue siendo los trabajadores que ya son formales, dejando en el olvido al 70% de la fuerza laboral que no lo es.

La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el impacto de una interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz podría tener sobre los mercados de energía y fertilizantes ha encendido las alertas sobre sus posibles efectos en la producción agrícola mundial y los precios de los alimentos.

En entrevista exclusiva con El Comercio, Máximo Torero, economista jefe de la FAO, explicó por qué la organización elevó el nivel de alerta, advirtió que la inflación alimentaria ya comenzó a manifestarse en Asia y sostuvo que el Perú debe prepararse desde ahora para enfrentar un eventual Fenómeno de El Niño, fortalecer sus programas de protección social y diseñar mecanismos de apoyo para los pequeños productores.

La FAO ha advertido sobre el riesgo de una crisis agroalimentaria sistémica vinculada al Estrecho de Ormuz. ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas para que la organización eleve el tono de alerta a este nivel?

Todo está basado en el calendario. Nosotros pusimos como luz roja los 90 días y ya estamos en ese punto. Eso quiere decir que todos los calendarios agrícolas del mundo están siendo afectados y que la necesidad de fertilizantes también está siendo impactada. Antes el problema empezó en Asia, después pasó al sur y ahora está llegando al norte. Ya estamos viendo un efecto en tres dimensiones. El primero es la energía. Todo lo relacionado con combustible para producción agrícola, tractores, empaques, transporte y bombas de irrigación ha subido fuertemente en el mundo y también en Latinoamérica. Estamos viendo que el precio del petróleo, de la gasolina y del diésel ha empezado a subir con fuerza en la región.

El segundo componente es el precio de los fertilizantes. Ya no hablamos solo de urea. También hablamos de DAP y fosfatos porque está involucrado el azufre. En esa región los fertilizantes han comenzado a subir entre 25% y 55%. En el caso del diésel, el incremento en Latinoamérica ronda el 25%. Y Latinoamérica es una región intensiva en el uso de energía. Además, la producción de semillas híbridas requiere fertilizantes.

La tercera dimensión es la demanda. Perú no importa fertilizantes ni gas natural desde los países del Golfo, por lo que no tiene que cambiar proveedores. Sin embargo, sí se ve afectado porque los precios van a subir independientemente de dónde compre esos insumos. Eso afecta los costos de producción. Pero también hay otro impacto importante: Perú era un exportador relevante de productos agrícolas hacia los países del Golfo. En el 2025 aproximadamente el 16% de nuestras exportaciones se dirigían a esa región. Ese mercado se perdió de la noche a la mañana y eso afecta a un destino que venía creciendo fuertemente y que pagaba buenos precios.

Eso implica que el productor tiene que tomar decisiones. Si sus insumos suben de precio y los commodities todavía no han aumentado en la misma magnitud, empieza a perder rentabilidad. Entonces produce utilizando menos insumos, reduce productividad y termina afectando la oferta global de alimentos. Por eso estamos diciendo que a fines de este año y durante el próximo año veremos incrementos en los precios de los commodities, especialmente en los cereales, que son los más intensivos en fertilizantes nitrogenados. Eso se va a traducir en inflación alimentaria. Ya estamos viendo que la inflación alimentaria está apareciendo con fuerza en Asia y claramente terminará trasladándose a otras regiones.

¿Qué tan cerca está hoy el mundo de un nuevo shock global de alimentos?

Hoy existen alimentos y existen stocks. El problema no es hoy. A pesar de que los precios ya están empezando a subir, el problema se dará a fines de este año y durante el próximo. Y si a eso le agregamos un Fenómeno de El Niño que aparentemente podría ser muy fuerte; la situación se vuelve mucho más compleja. Si no tienes fertilizantes suficientes y además no puedes irrigar porque el diésel es demasiado caro, el impacto de un Niño fuerte se exacerba muchísimo más.

¿Qué rol juega China dentro de este equilibrio global de alimentos, energía y cadenas logísticas?

China es un exportador de fertilizantes y ya ha impuesto restricciones a las exportaciones. Pero lo más importante es evitar que China enfrente problemas de abastecimiento de alimentos. Lo último que uno quiere es que China empiece a importar agresivamente alimentos o insumos porque su población es tan grande que eso podría generar una presión enorme sobre los mercados mundiales. La misma preocupación existe con India y Bangladesh. Son países con poblaciones muy grandes que pueden alterar significativamente la demanda global.

En el caso de India y Bangladesh, además, existe un riesgo específico relacionado con el arroz. Bangladesh produce prácticamente lo que consume y un poco más, pero esta situación podría afectarlo. Ahí hay un riesgo potencial para el mercado del arroz durante los próximos meses.

Si China incrementa sus importaciones para proteger su mercado interno, ¿qué commodities serían los más afectados?

Los cereales.

¿Cuánto del impacto responde a riesgos reales de abastecimiento y cuánto a volatilidad o especulación en los mercados internacionales?

Esto no es especulación. Estamos hablando de que hemos perdido alrededor de 35% del petróleo que salía al mundo, alrededor de 20% del gas natural, entre 20% y 30% de los fertilizantes y aproximadamente 50% del azufre que se utiliza para producir fosfatos. Estamos frente a un shock de oferta muy fuerte y eso es lo que está generando el incremento de precios.

Por eso las respuestas de los gobiernos tienen que ser muy cuidadosas. Esto no es un shock de demanda. Cuando tienes un shock de oferta, lo que buscas es que quienes pueden pagar consuman menos y que los recursos públicos se utilicen para ayudar a los más vulnerables. Si utilizas recursos para fijar el precio de los combustibles para todo el mundo, la medida termina siendo regresiva porque beneficia más a quienes tienen mayores ingresos y además genera una presión fiscal innecesaria.

¿Estamos frente a una situación más compleja que la observada tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022?

Sí, bastante más compleja. En el 2022 los precios de los alimentos ya estaban altos debido a la recuperación posterior al COVID-19. Cuando los precios son altos es más fácil absorber incrementos de costos. Hoy los precios son bajos y eso genera pérdidas.

Además, el problema de la guerra en Ucrania fue principalmente el bloqueo del Mar Negro, por donde salían trigo y aceite de girasol. En ese caso otros países podían aumentar producción y cubrir parte del déficit. Eso fue lo que ocurrió. También ayudó el hecho de que cuando comenzó la guerra ya había salido una cosecha importante de Ucrania.

Ahora estamos frente a un shock de oferta de productos derivados de hidrocarburos y eso no se puede solucionar rápidamente. No estamos hablando de meses, sino de años. Algunos países han incrementado exportaciones y se han reducido sanciones en Venezuela o Bielorrusia, pero eso no alcanza para compensar la pérdida de un cuarto o un tercio de los insumos que requiere la producción agrícola mundial. La diferencia es que ahora estamos frente a un shock de oferta de energía y fertilizantes que no puede corregirse en meses, sino en años.

Si la inflación alimentaria ya está empezando a manifestarse en Asia, ¿cuánto tiempo podría tomar que el efecto llegue a América Latina y al Perú?

Los precios de la energía ya subieron en América Latina. Y si no han subido en algún país, probablemente es porque los están subsidiando. Hay que recordar que cuando uno compra pan o pasta, solo una parte corresponde al trigo. Aproximadamente 15% del costo es trigo y el resto es energía y mano de obra. Entonces, si la energía sube, los alimentos también van a subir.

Además, los commodities agrícolas ya comenzaron a aumentar. El maíz está aproximadamente 9% más caro, el trigo alrededor de 8% y el arroz entre 2% y 9%. El combustible, como mencioné antes, ya está alrededor de 25% más caro en América Latina.

Todo eso va a empezar a trasladarse gradualmente a los consumidores. A medida que avancemos hacia octubre, noviembre y diciembre veremos mayores presiones sobre los precios de los alimentos. Eso derivará en inflación alimentaria y definitivamente el 2027 será más complejo.

Ahora, si el estrecho se abriera mañana, los precios igual subirían, pero la intensidad del problema sería menor, sobre todo porque los precios de la energía podrían ajustarse relativamente rápido. Los fertilizantes no, porque dependen de los siguientes ciclos agrícolas. En ese escenario los precios de los commodities seguirían aumentando, pero probablemente no terminaríamos en una crisis.

Sin embargo, si seguimos como estamos hoy, nos estamos encaminando hacia una crisis para fines de este año y el próximo año, y esa situación puede agravarse muchísimo más por un Fenómeno de El Niño intenso.

Tras el golpe que significó la crisis de fertilizantes anterior, ¿cuál es hoy el principal punto débil del Perú frente a esta nueva alerta?

Lo que tiene que hacer el Perú, y lo están haciendo otros países del mundo como Europa o Brasil, es desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo para diversificar los insumos que reemplacen a los fertilizantes químicos.

No estamos hablando de pasar a una agricultura orgánica. Estamos hablando de amoníaco verde, biofertilizantes y alternativas que complementen o sustituyan parcialmente los fertilizantes tradicionales. Eso toma tiempo para ser competitivo, pero hay que empezar.

El Perú tiene recursos de hidrocarburos y tiene gas natural. Por eso no debería enfrentar un problema estructural en ese sentido. Más bien debería poder beneficiarse de los precios altos de estos insumos. Pero para lograrlo hay que planificar.

Además, creo que es central que el Perú empiece a migrar hacia sistemas de irrigación basados en energía solar o eléctrica y no en diésel. Ahí hay que invertir mucho porque no solo es una medida sostenible, sino que además ayuda a reducir la vulnerabilidad frente a shocks como el que estamos viendo ahora.

Y el Perú tiene otra ventaja importante: cuenta con programas de protección social relativamente sólidos. Lo que hay que hacer es mejorar los registros, hacerlos más dinámicos y electrónicos para que permitan identificar rápidamente a quienes realmente se verán afectados por este tipo de crisis. En este caso, los más afectados serán los habitantes de zonas rurales vinculados a la agricultura y no necesariamente los mismos grupos que fueron golpeados durante el COVID-19.

Además, el Perú debería empezar desde ahora a prepararse para El Niño. No podemos esperar al último momento. Deberíamos estar limpiando ríos y ejecutando todas las medidas de prevención que normalmente hacemos tarde. Nos va a afectar de todas maneras, pero si estamos mejor preparados seremos más resilientes.

Si el Perú cuenta con gas natural y podría beneficiarse de los altos precios de estos insumos, ¿por qué no hemos desarrollado una industria local de fertilizantes que reduzca nuestra dependencia externa?

Podríamos empezar a desarrollarla, pero primero habría que analizar cuánto del gas natural está destinado al consumo de los hogares, que también genera beneficios importantes para los consumidores peruanos. Y además habría que evaluar qué insumos tenemos capacidad de procesar localmente.

Perú importa mucho y refina relativamente poco. Por eso debemos analizar cómo mejorar esa situación y generar beneficios adicionales para la agricultura utilizando los recursos que ya tenemos.

Si tuviera que escoger una sola decisión que el Perú debió tomar después de la crisis de fertilizantes del 2022 y que todavía está pendiente, ¿cuál sería?

Empezar a prepararse para El Niño.

¿Qué riesgos sociales y económicos podría generar una nueva ola de inflación alimentaria en países como el Perú?

La inflación alimentaria tiene impactos políticos, impactos macroeconómicos muy importantes y también impactos nutricionales.

La única forma de bajar la inflación es subiendo las tasas de interés. Perú tiene un excelente Banco Central de Reserva, con instrumentos muy claramente definidos y políticas fiscales muy claras. Pero al mismo tiempo la inflación alimentaria genera problemas nutricionales.

Por eso son tan importantes los programas de protección social bien focalizados. Lo que uno no quiere es tener programas que entreguen recursos a personas que no los necesitan. La focalización tiene que estar orientada a las personas que realmente están siendo afectadas.

Y eso implica contar con registros actualizados para el problema que estamos tratando de resolver.

Además, va a haber personas que caerán en vulnerabilidad como ocurrió durante el COVID-19. Mucha gente vinculada a la informalidad urbana perdió su capital de trabajo y terminó cayendo en pobreza. Por eso la pobreza aumentó tanto. Y todavía vemos que la pobreza urbana sigue siendo más difícil de controlar que la rural.

Ese problema que tuvimos durante el COVID-19, cuando terminamos entregando recursos a personas distintas de las que realmente estaban siendo afectadas, es algo que debemos evitar ahora.

Tenemos que identificar correctamente quiénes serán los afectados. Y en esta ocasión quienes más se verán afectados son los pequeños productores agrícolas de las zonas rurales. No es el mismo grupo que durante el COVID-19.

¿Qué le preocupa más hoy a la FAO?

Lo que vemos hoy es que la producción mundial va a disminuir, los precios de los commodities van a subir y eso va a generar inflación alimentaria. La inflación alimentaria va a terminar trasladándose a la inflación general y, cuando eso ocurre, suben las tasas de interés y aumentan los costos de producción.

Ahora bien, si además de todo eso tienes menos fertilizantes, mayores costos de energía y enfrentas sequías o inundaciones por un Niño fuerte, el impacto puede ser mucho mayor.

Todavía no sabemos con certeza qué tan intenso será el fenómeno, pero las agencias climatológicas están señalando una probabilidad muy alta de que sea históricamente fuerte.

Ante esta alerta, ¿qué medidas urgentes debería tomar hoy el Gobierno peruano?

Cuando estamos frente a un shock de oferta, como ocurre ahora, y el principal problema en el caso peruano es el precio de los combustibles, lo peor que puede hacer un gobierno es fijar los precios o subsidiar los combustibles.

Lo que tiene que hacer es permitir que la demanda se reduzca y utilizar esos recursos para ayudar a los más vulnerables.

Si empezamos a subsidiar combustibles, la medida termina siendo regresiva. La mayor parte del beneficio va hacia quienes tienen mayores ingresos y además los recursos fiscales desaparecen muy rápidamente. Eso generaría una presión fiscal innecesaria y podría terminar rompiendo las reglas fiscales.

Por eso esos recursos deben dirigirse a quienes realmente están siendo afectados.

Desde la perspectiva técnica de la FAO, ¿los subsidios generales y las exoneraciones tributarias realmente ayudan o pueden terminar agravando el problema?

Hay que mirar lo que está ocurriendo en Asia. Muchos países están restringiendo el uso de vehículos, promoviendo el trabajo remoto o reduciendo desplazamientos. Hay una respuesta orientada a reducir la demanda porque estamos frente a un shock de oferta.

Lo que no se debería hacer es subsidiar de manera generalizada el consumo de combustibles, porque eso termina siendo regresivo y genera presiones fiscales importantes.

Ahora, cuando el aumento de costos empieza a trasladarse a los alimentos, sí pueden evaluarse medidas temporales para reducir algunos tributos aplicados a productos básicos. Pero tienen que ser temporales.

La situación que estamos discutiendo podría durar alrededor de un año y medio. Lo que hay que hacer es encontrar formas de ayudar a los más vulnerables, reducir pérdidas y desperdicios de alimentos y empezar a ajustar la demanda a esta nueva realidad de oferta más restringida.

Si esta situación efectivamente se prolonga por un año y medio, ¿qué herramientas tendría hoy el Perú para proteger a los más vulnerables sin comprometer su estabilidad fiscal?

Yo creo que para programas sociales Perú tiene toda la capacidad fiscal para poder apoyar, pero tienen que ser programas bien focalizados.

Lo que uno no quiere es utilizar recursos fiscales restringidos y entregar dinero a personas que no lo necesitan.

Por eso hay que prepararse desde ahora, actualizar los registros y tener identificadas a las personas que requerirán apoyo para que, cuando el problema se materialice, los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Si no, básicamente se termina entregando dinero a personas que no requieren esa ayuda.

¿Qué grupos serían los primeros en necesitar ese apoyo?

En este momento, los más afectados serían los pequeños productores agrícolas de las zonas rurales.

¿Qué medidas deberían tomarse para ayudar a esos productores?

En el caso de la producción agrícola, creo que es importante implementar líneas de crédito para los agricultores formales, similares a las que se utilizaron durante el COVID-19, pero muy bien focalizadas.

Y para los agricultores informales, hay que buscar mecanismos de apoyo a través de cooperativas, asociaciones o utilizar esta coyuntura como una oportunidad para impulsar su formalización.

Estamos hablando de líneas de crédito de 24 a 36 meses, con períodos de gracia de seis meses y tasas de interés que permitan que el productor pueda sobrevivir este año y medio, que será bastante complicado.

No queremos que el sistema de agrodealers (empresas distribuidoras de insumos agrícolas), el sistema de empaques ni toda la agroindustria se vea afectada. Lo que queremos es que productores y agroindustriales puedan atravesar este período difícil.

¿Estamos hablando de un programa similar a Reactiva Perú, pero orientado específicamente a pequeños agricultores?

El problema es que gran parte de los agricultores son informales. Existe un grupo formal, especialmente en la costa, que sí podría acceder a un programa de este tipo. Pero no estamos hablando de un regalo.

Estamos hablando de un préstamo en condiciones más favorables y con plazos que permitan enfrentar los problemas de rentabilidad que podrían aparecer en los próximos meses.

Si este escenario se materializa, ¿qué alimentos serían los primeros en registrar alzas importantes?

Los cereales. Además, los productos de mayor valor agregado también se verán afectados por el incremento de los costos de energía.

¿Qué cambios importantes podría verse obligado a hacer un hogar peruano de menores ingresos si la inflación alimentaria se acelera?

Tiene dos opciones: consume menos o consume alimentos de menor calidad. Existe una tercera posibilidad, que es reducir el desperdicio.

El mayor desperdicio en nuestro país se da en el consumidor final, no se da en los restaurantes.

Además, en términos de uso de energía, las personas también tendrán que buscar formas de reducir el consumo de combustibles como el petróleo y el diésel.

Con esta advertencia sobre la mesa, ¿qué mensaje le daría al agricultor peruano que hoy está planificando su campaña y teme un nuevo golpe internacional?

Los agricultores tienen que trabajar fuertemente en aumentar la eficiencia en el uso de micronutrientes y fertilizantes.

Tienen que utilizar lo más posible los mapas de suelo para aplicar fertilizantes de manera más eficiente.

El fertilizante cubre la diferencia entre lo que la planta necesita y lo que el suelo tiene. Por eso es fundamental conocer las características del suelo y los requerimientos del cultivo.

Tenemos que buscar la máxima eficiencia posible.

¿Qué otras medidas pueden tomar desde ahora?

Quienes tienen sistemas de irrigación deberían empezar a evaluar cómo migrar hacia alternativas que no dependan del diésel.

Ahí podría existir apoyo específico para los pequeños productores que necesiten realizar ese tipo de inversiones.

También mencionó cambios en la composición de algunos cultivos. ¿A qué se refiere?

Por ejemplo, los productores que siembran maíz pueden empezar a incorporar leguminosas.

Las leguminosas utilizan menos nitrógeno y además ayudan a mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno por parte del maíz.

Por eso, productores que hoy tienen parcelas dedicadas exclusivamente al maíz podrían empezar a combinar esos cultivos con leguminosas. Eso les permitiría utilizar menos urea y mejorar la eficiencia de producción.

Y es que, los contrapesos institucionales sí importan. La bicameralidad, los mayores requisitos para aprobar normas fiscales y el rol de entidades autónomas actúan como mecanismos de contención. Sin embargo, estos límites son parciales. La evidencia muestra que el Ejecutivo conserva suficiente margen para influir en variables críticas –como expectativas, inversión y empleo– incluso sin mayoría congresal.

—Dos enfoques contrapuestos—

Como ya se ha demostrado, las propuestas de ambos partidos configuran trayectorias claramente diferenciadas. Por un lado, Fuerza Popular plantea un enfoque centrado en la promoción de la inversión privada, el destrabe de proyectos y la simplificación administrativa. Por otro, Juntos por el Perú propone una transformación estructural del modelo económico, con mayor intervención estatal, una asamblea constituyente y cambios en el rol del sistema financiero y del BCR.

Entre las principales medidas en discusión destacan elementos como la defensa o afectación de la autonomía del banco central, la renegociación de contratos en sectores estratégicos, la intervención directa del Estado en la actividad económica y la implementación de reformas tributarias de gran magnitud.

Al proyectar el efecto de estas propuestas, los resultados son contundentes. Bajo un escenario de continuidad del marco macroeconómico –asociado a Fuerza Popular–, el crecimiento del PBI se podría ubicar en torno a 4,5% anual en el período 2026-2031. En contraste, bajo un escenario de mayor intervención estatal e inestabilidad por el llamado a una Asamblea Constituyente —asociado a Juntos por el Perú—, el crecimiento se desaceleraría a alrededor de 1,5%.

La principal diferencia radica en la inversión privada, la variable más sensible al entorno institucional. En un escenario de estabilidad y respeto a contratos, esta crece de forma sostenida, impulsada por el destrabe de una cartera minera de aproximadamente US$60 mil millones. En cambio, en un escenario de renegociación de contratos, incertidumbre constitucional y mayor intervención estatal, la inversión sufre un choque inmediato de confianza. Incluso podría entrar en terreno negativo hacia el final del período, replicando parcialmente lo ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando la inversión privada cayó 6,1% en 2023.

—Lecciones recientes: el precedente Castillo—

La experiencia con Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, ofrece un precedente claro sobre los efectos de cuestionar las bases del modelo económico. La incertidumbre generada en ese periodo derivó en una salida de capitales equivalente al 7% del PBI y una fuerte depreciación del sol. Asimismo, el deterioro de la confianza empresarial se tradujo en una paralización de la inversión y en un menor dinamismo económico, cuyos efectos terminaron impactando principalmente en los ingresos de los hogares más vulnerables. A esto debemos sumar el marcado deterioro de la gestión pública generado por una altísima rotación de funcionarios y nombramientos de personal no idóneo para los cargos.

Las propuestas de Juntos por el Perú recogen varios elementos similares: cuestionamiento de la autonomía del BCR, uso de reservas internacionales, impulso a una asamblea constituyente, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos y una conformación de equipos sobre la marcha. Esto sugiere que los riesgos observados en el pasado podrían reactivarse bajo un nuevo gobierno con este enfoque.

El impacto de las decisiones del gobierno puede ser profundo. El Ejecutivo mantiene control sobre aspectos clave como la ejecución y priorización del gasto público; nombramiento, no solo de ministerios, sino también de altos mandos policiales y militares, jefes de EsSalud, Sunat, Indecopi, Sunafil entre otros; la gestión de programas sociales, la fijación del salario mínimo y la conducción de la inversión pública. Estas herramientas son suficientes para alterar significativamente las expectativas, la confianza e impactar en el desempeño de la economía real.