El presidente del BCRP, Julio Velarde, recordó que la autonomía del banco no nace en la Constitución de 1993 (C93), sino en la Constitución de 1979 (C79). Surgió como una reivindicación tras una década oscura en la que el BCRP perdió toda independencia. Durante la dictadura militar se creó el Consejo de Política Monetaria, presidido por el ministro de Economía y con autoridad superior al directorio del BCRP. En los hechos, el banco pasó a ser un brazo operativo del voraz gobierno. La C79 devolvió al BCRP la conducción de la política monetaria y estableció un directorio de siete miembros con reglas de nombramiento y remoción para limitar interferencias del Ejecutivo. Esta arquitectura nos resulta familiar porque, en lo esencial, rige hasta hoy.

Velarde menciona este origen para subrayar que la independencia puede declararse de jure y, aun así, ser ignorada de facto. Un ejemplo claro fue el DS 159-87-EF, que establecía que correspondía al BCRP fijar el tipo de cambio “de acuerdo a la política cambiaria que fije el Ministerio de Economía y Finanzas”. No es un error de tipeo: la política cambiaria del Ejecutivo, en abierta y desvergonzada interferencia con las funciones del BCRP. En ese mismo contexto, el entonces presidente del banco, Pedro Coronado, intentó apagar la maquinita que financiaba el déficit fiscal, pero terminó renunciando en 1989 tras presiones del gobierno antes de las elecciones municipales.

¿Y qué aportó la C93? Muchísimo. El artículo 84 prohíbe explícitamente que el BCRP financie al erario. Esa aparentemente inocua frase eliminó de un plumazo varios trucos y artimañas, desde entonces inconstitucionales, con los que se burlaba la autonomía monetaria: leyes especiales, refinanciamientos encubiertos o el uso del Banco de la Nación y la banca de fomento para financiar indirectamente al gobierno. Como ha mostrado Luis Jácome, el índice de independencia del BCRP pasó del mínimo histórico de 0,60 en la década de 1970 a 0,75 tras la C79 y a cerca de 0,95 después de la C93, uno de los niveles más altos de América Latina. Los resultados han sido elocuentes: desde entonces el Perú ha mantenido inflaciones bajas y estables, comparables con las de economías avanzadas.

Pero ninguna arquitectura institucional es completamente inexpugnable. La independencia del BCRP requiere no solo buenas reglas, sino también personas responsables dispuestas a ejercerla y defenderla. Por eso preocupa que en cada campaña electoral reaparezcan propuestas de algunos nostálgicos que quieren regresar a los años ochenta, transformando al BCRP en una banca de fomento o usando las reservas internacionales para fines en conflicto con su mandato. Tan cegados por la promesa del poder y la nostalgia de la maquinita que parecen creer que no hay lección histórica que valga.

A esto se suma un mayor avance de la pobreza urbana, una tendencia que lleva varios años sin ser atendida, y un preocupante aumento de la pobreza extrema en Lima Metropolitana. Todo esto a pesar de las buenas condiciones externas que ha tenido la economía, como el fortalecimiento de la inversión privada, mejoras en las cifras de empleo y el crecimiento. Antes de cantar victoria, corresponde preguntarnos: ¿por qué el crecimiento está contribuyendo menos a la reducción de la pobreza que antes?

La respuesta no está en el modelo económico o en la actividad económica misma, sino en la distracción de quien debería ser el habilitador de las condiciones para que el crecimiento se traduzca en bienestar: el Estado. Llevamos años debatiendo sobre la necesidad de medidas específicas contra la pobreza urbana, sin cambios claros a la vista. Servicios como el transporte, la seguridad ciudadana y la salud resultan críticos para combatir pobreza y vulnerabilidad, pero no ven cambios significativos no solo en inversión, sino en lo más deteriorado de los últimos años: gestión pública. Por su parte, no hay combate sostenible de la pobreza sin empleos de calidad. Mejorar la empleabilidad, productividad, formalidad y dinamismo del mercado laboral requiere presupuesto, sí, pero sobre todo voluntad política.

¿Y el Estado? Distraído. El Congreso, sin mayor resistencia del Ejecutivo, ha aprobado medidas que reducirían la recaudación mientras aumentan el gasto en miles de millones en medidas populistas, arriesgando la estabilidad fiscal que tantos años nos ha costado construir y poniendo en mayores aprietos el cumplimiento de nuestras reglas fiscales. Según Apoyo Consultoría, solo el último aumento que el Congreso hizo a su propio presupuesto habría podido cubrir más de la mitad de lo que le falta a Pronabec para cubrir las becas de cientos de jóvenes. Pero ellos no parecen ser la prioridad.

Y luego está —siempre— Petro-Perú. La empresa estatal lleva cuatro años consecutivos de pérdidas, una deuda absolutamente insostenible, mantiene una gestión errática y ningún avance en su reforma. Sin embargo, pide ahora un nuevo rescate de US$2.000 millones. Dejo al lector el cálculo de todo lo que podríamos financiar con ese monto en lugar de destinarlo a un agujero negro.

Y entonces, ¿cómo combatimos mejor la pobreza? Así las cosas, desde el Estado parecen decisiones de segundo orden, que tendrán que esperar. No quiero cerrar este espacio dando a entender que el crecimiento no reduce la pobreza: lo ha hecho, lo hace y es una absoluta condición para ello. Pero queremos que lo haga con más fuerza y eso requiere un Estado que haga su parte. Quizás toque recordarle algo para aumentar la urgencia: no son puntos porcentuales, son personas.

El 28 de julio de 2021, en sesión solemne en el Congreso de la República, Pedro Castillo Terrones se colocó la banda presidencial. El evento, que coincidió con el bicentenario de la independencia del Perú, inauguraba el el lustro más caótico de los últimos 25 años.

El quinquenio 2021-2026, tristemente conocido internacionalmente por haber acumulado cuatro presidentes en lugar de uno, concentró hitos negativos en los principales indicadores económicos, sociales y de seguridad ciudadana.

La alta incertidumbre política vino acompañada de un crecimiento económico insuficiente. Descontando la pospandemia, la tasa de expansión promedio del PBI entre el 2022 y el 2025 fue solo de 2,5%, la más baja de los últimos cuatro quinquenios. En el 2023, la incidencia de El Niño costero y la alta conflictividad social ocasionaron que en PBI cayera en 0,4%, la primera recesión registrada desde 1998, a excepción del 2020.

Pero los efectos comenzaron incluso antes. La incertidumbre electoral y económica previa al inicio del gobierno ocasionó que, durante el 2021, salieran del país US$16.638 millones. La cifra, que equivale al 7,4% del PBI, es la más alta registrada en la historia.

Este quinquenio también estuvo caracterizado por la erosión de la fortaleza fiscal, una de las bases del manejo económico de los últimos años. Durante el 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.

¿Han sido los últimos cinco años una oportunidad perdida? Para Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) remarcó que el modesto crecimiento económico estuvo relacionado a la poca confianza empresarial que se vio reflejada en el estancamiento o caída de la inversión privada. Asimismo, sostiene que el manejo de las finanzas públicas será un indicador a monitorear en el futuro.

“El Consejo Fiscal ha advertido en múltiples oportunidades que está incrementando el gasto corriente. Y no es un incremento transitorio, es un incremento permanente que limita los recursos para otras actividades del Estado como, por ejemplo, la infraestructura”, explicó.

Desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. En promedio, un titular de sector del Ejecutivo duró solo cinco meses, casi 80% menos que 20 años atrás, en el periodo 2001-2006. En aquel quinquenio, los ministros se mantuvieron dos años y nueve meses en el cargo, en promedio. La erosión en la estabilidad ministerial empezó en el periodo 2016-2021 y se redujo a su mínimo histórico en el vigente.

El sector más volátil es Interior. En los últimos cinco años, 18 personas dirigieron la cartera, con una duración promedio de tres meses cada una. Todo ello en medio de una subida consistente en las cifras de crímenes violentos. En el 2021, las denuncias por homicidios a nivel nacional aumentaron en 35% respecto del año anterior, según las principales modalidades delictivas denunciadas en el Sidpol.

Enzo Elguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, advierte que la alta rotación impide la continuación de la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

“Como no hay visión de gobierno, el nuevo ministro se tiene que poner al día y ajustar a ciertos parámetros. Esto, finalmente, hace que no continúes ninguna política de gobierno. Todo esto hace que el Perú esté en un retroceso sin importar la demanda poblacional”, indica.

El periodo 2021-2026 deja, también, récords negativos en el respaldo presidencial. Pedro Castillo fue el primer presidente en empezar su mandato con menos del 40% de aprobación desde, por lo menos, el 2001. En noviembre de 2024, Dina Boluarte obtuvo la cifra más baja de respaldo registrada desde el 2001 por Datum Internacional: 3%. Con la misma dejó el cargo, en octubre de 2025. En la última medición, de febrero y marzo de 2026, José María Balcázar obtuvo 13%. Sin contar a Boluarte, no se veía una aprobación tan baja desde el gobierno de Alejandro Toledo.

Para la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, son dos los factores que explican esta crisis de confianza ciudadana frente al gobierno. Por un lado, el hecho de que el ganador de las elecciones tenga tan poca representatividad en la población hace que los nuevos gobernantes inauguren sus mandatos con poco respaldo. A esto se le suma, explica Torrado, la poca legitimidad que ostentan los presidentes que asumieron luego de las vacancias presidenciales. O sea, sin haber sido electos por la población.

“En los últimos cinco años, lo que se ha visto es un desgaste producto de esa baja representatividad. La gente siente que quienes gobiernan no son las personas que han elegido, no se siente representada por las autoridades. Comienzan con una aprobación baja y, salvo pocas excepciones, no han logrado conectar con la población”, sostiene.

Este deterioro ocurre en un contexto en el que las denuncias mensuales por extorsión se multiplicaron por diez en los últimos cinco años. Pese a ello, las propuestas de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) no abordan integralmente las principales debilidades del sistema de seguridad, tales como las limitaciones operativas de la PNP, la baja articulación institucional y la crisis del sistema penitenciario.

Policía debilitada

Una primera limitación para enfrentar la inseguridad es la debilidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). En un contexto de mayor criminalidad, los recursos disponibles para combatir el delito se han reducido: el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) para 2026 cayó 10% en términos reales y se ubica en su nivel más bajo de la última década. Esto restringe su capacidad para mejorar la infraestructura, renovar el equipamiento y ampliar las herramientas básicas del trabajo policial.

Estas limitaciones se reflejan en las comisarías básicas, primera unidad de atención de la PNP frente a delitos y emergencias. Según el Mininter, en 2020 poco más de la mitad de estas a nivel nacional contaba con acceso adecuado a agua, electricidad y desagüe. Hacia 2024, esta proporción se mantuvo estancada. La brecha se amplía a nivel regional: en Loreto, apenas 9% de las comisarías cuenta con estos servicios. A pesar de estas deficiencias, solo FP plantea reforzar la infraestructura policial a través de la construcción de comisarías “sostenibles”; sin embargo, no específica en qué consisten.

El rezago también se observa en conectividad, clave para una respuesta policial oportuna. Según la Defensoría del Pueblo, 26% de las comisarías no cuenta con acceso a Internet. Además, solo 21% tiene radios de comunicaciones y acceso al sistema TETRA, que permite conocer vía GPS la ubicación de vehículos y personal policial. Estas carencias limitan la coordinación operativa, reducen la capacidad de respuesta y dificultan el despliegue eficiente de los recursos en el territorio. Pese a ello, solo FP plantea medidas para reducir estas brechas: propone modernizar 200 comisarías (15% del total). En contraste, ni JPP ni RP incluyen medidas sobre el tema.

Fortalecer a la PNP también requiere mejorar sus capacidades profesionales y recuperar la confianza ciudadana, que se encuentra en su nivel más bajo desde que se tiene registro (13%). Más aún, en regiones como Puno (4%), Madre de Dios (7%) y La Libertad (10%), con alta presencia de minería ilegal y mayor ratio de homicidios, esta confianza es aún menor.

En esa línea, los tres partidos incluyen propuestas orientadas a la formación policial, aunque con distintos énfasis. Por un lado, FP plantea profesionalizar a la PNP en líneas de seguridad e investigación, mediante la formación universitaria y convenios internacionales. Por su parte, JPP propone una reforma estructural de la institución y el fortalecimiento de la Escuela de Policía. Finalmente, RP plantea crear el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía e incorporar directamente a los licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP.

Fallas de articulación

La limitada articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial es uno de los principales cuellos de botella en la lucha contra la criminalidad. Además, las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia se traducen en una significativa brecha de impunidad: durante el primer trimestre de 2026, se registraron 5.966 denuncias por extorsión, pero en ese periodo solo se sentenció a 101 personas por ese delito según el Poder Judicial. Así, en promedio, por cada 60 denuncias solo se está obteniendo una condena.

Ante esta situación, FP propone fortalecer las unidades de flagrancia, que agrupan en un solo espacio físico a la policía y las entidades de justicia para procesar delitos en plazos cortos. Al cierre de 2025, las 38 unidades existentes recibieron 32 mil denuncias, de las cuales habrían logrado resolver el 93% (cerca de 30 mil), según el Poder Judicial. JPP y RP también proponen estrategias para acelerar los procesos de sentencia de manera articulada.

En particular, JPP plantea crear equipos especiales contra la extorsión y el sicariato, y juzgados especializados en flagrancia. Por su parte, RP propone crear Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana compuesto por la policía, el serenazgo y entidades de justicia.

Los problemas de coordinación se agravan ante la ausencia de una red de información articulada. Según la Defensoría del Pueblo, solo el 22% de las comisarías cuentan con acceso a los antecedentes penales y el 15% puede visualizar el registro de detenidos y sentenciados. Asimismo, un quinto de los establecimientos policiales no tiene conexión con datos del Reniec.

Además, únicamente una de cada cuatro comisarías gestiona sus registros de detenidos de manera digital, el resto aún lo hace manualmente. Al respecto, FP y JPP plantean crear sistemas de información compartida entre instituciones del sistema de seguridad y justicia, aprovechando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. RP no incluye ninguna medida sobre el tema en su plan de gobierno.

Hacinamiento en cárceles

Según en el INPE, a febrero de 2026, la población penitenciaria a nivel nacional supera las 100 mil personas. No obstante, las cárceles en el Perú solo tienen una capacidad de albergue de cerca de 40 mil. Así, hay una tasa de sobrepoblación de 150%. Este desbalance se ha profundizado en el tiempo: hace dos décadas era de 47%.

Frente a ello, FP propone la construcción de cuatro grandes penales, cada uno con una capacidad para mil internos, y fortalecer las medidas de seguridad (como bloqueos de señales). Aunque positiva, dado el nivel de hacinamiento actual, esta medida será insuficiente frente a los más de 60 mil reos en exceso. Por su parte, JPP y RP no proponen ninguna medida sobre el hacinamiento, aunque ambos sí están a favor de endurecer algunas penas.

Enfrentar la inseguridad ciudadana es el desafío más crítico para el próximo gobierno. Diversas estimaciones arrojan costos importantes para la economía y el bienestar de las personas. Por ejemplo, según el BCRP, la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú 2,2% del PBI, aunque aclaró que esa cifra probablemente subestima el impacto total, porque no incluye los costos indirectos como los efectos sobre la productividad.

Se requiere lograr una gestión ordenada y articulada entre todas las entidades responsables de la lucha contra la criminalidad. Fortalecer la debilitada institucionalidad del sector es clave para evitar que este problema continue erosionando el bienestar de la población y el potencial de crecimiento del país.

Finalmente, cualquier propuesta en seguridad será débil si no se logra resolver la alta rotación de autoridades en el sector. Por ejemplo, en el último quinquenio hubo 18 ministros del Interior, cifra que duplica el promedio de los cuatro periodos presidenciales previos. Esta alta rotación impide la continuidad de políticas para enfrentar la inseguridad, erosiona la confianza ciudadana y limita cualquier esfuerzo de coordinación interinstitucional.

A pocas semanas de una nueva campaña de depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), uno de los beneficios laborales más relevantes para los trabajadores formales en el Perú, las empresas vuelven a enfrentar un problema recurrente: errores en el cálculo.

Para Jimmy Quispe, Product Manager del software de Gestión de Personas de Defontana, estas fallas responden principalmente a debilidades en la gestión operativa y tecnológica. “Muchas empresas aún trabajan con procesos manuales o herramientas que no integran todas las variables necesarias, lo que eleva el margen de error”, señaló.

El especialista de Defontana detalla que los principales factores detrás de los errores en el cálculo de la CTS son:

• Uso de herramientas manuales: La dependencia de hojas de cálculo como Excel incrementa el riesgo de errores en fórmulas, omisiones o duplicidades.
• Mala gestión de variables: No considerar correctamente elementos como comisiones, horas extras, gratificaciones o días laborados puede alterar significativamente el monto final.
• Cambios normativos mal aplicados: La actualización constante de la normativa laboral exige ajustes que no siempre se implementan de forma correcta y oportuna.
• Falta de integración de sistemas: Procesos desconectados entre planillas, asistencia y compensaciones generan inconsistencias en la información.

“El cálculo de la CTS puede parecer sencillo, pero en la práctica involucra múltiples componentes que deben ser gestionados con precisión. Un pequeño error puede escalar rápidamente en organizaciones con muchos colaboradores”, explicó Quispe.

Las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las empresas. Entre los principales efectos se encuentran los reclamos de trabajadores por montos menores a los esperados, el riesgo de sanciones y multas por incumplimientos laborales, así como sobrecostos operativos derivados de correcciones y reprocesos. A ello se suma el deterioro del clima laboral y la pérdida de confianza interna, factores que pueden afectar la relación entre la empresa y sus colaboradores.

Cabe remarcar que las empresas no solo deben cumplir con el depósito en los plazos establecidos, sino también asegurar la exactitud de los montos.

En ese escenario, las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las organizaciones: desde reclamos de trabajadores por montos menores a los esperados, hasta el riesgo de sanciones y multas por incumplimientos laborales, además de sobrecostos operativos por correcciones y reprocesos. A ello se suma el deterioro del clima laboral y la pérdida de confianza interna.

“La digitalización de la gestión de planillas permite calcular la CTS de forma automática, considerando todas las variables en tiempo real y alineadas con la normativa vigente. Esto reduce errores, mejora la trazabilidad y facilita auditorías”, sostiene Quispe de Defontana. En ese sentido, el especialista recomienda a las empresas:

• Revisar periódicamente sus procesos de cálculo de planilla.
• Asegurar la correcta actualización normativa.
• Evaluar herramientas tecnológicas que automaticen el cálculo.
• Fortalecer los controles internos y auditorías.

El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizará este 14 de mayo.

El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. En ese sentido, cobran relevancia los espacios de análisis sobre el escenario económico y político, así como la construcción de propuestas que orienten al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Por ello, el Día1 Summit 2026 incluirá en su agenda el bloque ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’. El próximo gobierno asumirá las riendas del país en julio y tendrá el desafío de impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal heredado del período anterior y mejorar la calidad de vida de la población.

La mesa de diálogo contará con la participación de representantes de distintos gremios empresariales, entre ellos Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jorge Zapata, presidente de la Confiep; Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú.

El conversatorio también será transmitido a través de las redes sociales de El Comercio, con el objetivo de que el público conozca la visión de los líderes empresariales sobre la ruta que debería seguir el próximo gobierno a partir del 28 de julio.

Aunque el Perú mantiene su atractivo como receptor de inversiones latinoamericanas, el estudio “España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo”, elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, revela que aún existe un amplio margen para que sus empresas den el salto hacia otros mercados y expandan sus inversiones en el exterior.

Según el informe, el país se ubica como el cuarto destino inversor en la región, con un stock acumulado de US$ 15.726 millones a lo largo del tiempo. Asimismo, es el segundo destino más importante para capitales provenientes de Chile y México, que han invertido aproximadamente US$ 10.330 millones y US$ 3.736 millones, respectivamente.

No obstante, aunque el Perú resulta atractivo para la llegada de inversiones, su proceso de internacionalización empresarial aún es limitado frente a otros países de la región. De las 26.987 matrices latinoamericanas presentes en el mundo, solo 1.516 son peruanas; y de las 44.520 filiales registradas, 1.882 pertenecen a estas matrices.

Esta brecha se hace más evidente al analizar el rol estratégico de estas operaciones. El país ocupa la octava posición en número de filiales que funcionan como trampolín global y, de las 1.882 filiales peruanas en el exterior, apenas 81 cumplen esta función.

El país trampolín

El estudio identifica a España como el principal país utilizado como plataforma de expansión por las empresas latinoamericanas. En la práctica, estas compañías, tras consolidarse en su mercado de origen, se instalan en territorio español para aprovechar sus ventajas y desde allí proyectarse hacia otros destinos.

De acuerdo con Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, España ofrece múltiples beneficios, como una amplia red de convenios de doble imposición, acceso a financiamiento en euros con tasas de entre 2% y 3%, y un entorno de estabilidad monetaria. A ello se suma un huso horario que facilita la conexión tanto con América Latina como con Asia, así como la protección jurídica que brinda la Unión Europea en caso de controversias.

Pese a estas ventajas, el Perú aún aprovecha de manera limitada este esquema. En España operan apenas 24 matrices peruanas que controlan 31 filiales, y de estas solo dos actúan como trampolín hacia otros mercados, lo que evidencia el amplio margen que existe para fortalecer la internacionalización de las empresas locales.

Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas y vicerrector académico de la PUCP, reconoce que el escenario que enfrenta la economía peruana en la actualidad es uno de mayor incertidumbre: en el frente externo, el conflicto en Medio Oriente persiste; y a nivel interno, la segunda vuelta electoral aún debe definirse. “Los inversionistas que quieren impulsar inversiones de largo aliento esperan, con tranquilidad, que el panorama se aclare”, anota. En esta entrevista, el economista opina sobre los desafíos más inmediatos.

El país creció 3,4% al cierre del 2025. Sin duda, podríamos haber crecido mucho más considerando el contexto internacional. ¿Cuál es su balance sobre lo que nos dejó el año anterior?

Para poner en perspectiva, hay una variable importantísima para nuestras conexiones con el mundo: los términos de intercambio, que explica la relación entre los precios de exportación e importación. Cuando esa variable sube, es bueno para el país; cuando baja, es malo. Esa variable, el año pasado y este año, ha estado en sus niveles más altos desde 1948; desde tiempos de Odría. Es decir, el contexto externo ha estado buenísimo. En un contexto externo no tan bueno como este, pero parecido —el período 2003-2013— la economía peruana creció 6,2% anual y la inversión crecía 13% anual, a pesar de que los términos de intercambio habían subido solamente 5% por año.

Y el precio de las materias primas no era tan elevado como ahora.

No lo estaba. Ahora tenemos términos de intercambio que han subido en 12,5% anual entre el 2023 y el 2026, con los precios del oro y la plata en los cielos, y la inversión solo ha crecido 3% en promedio, y el PBI, en tanto, creció solo 2,5%. El contrafactual es que, si las cosas hubieran estado más o menos ordenadas, podríamos haber crecido a tasas muchísimo más altas que en ese período 2003-2013.

¿A qué cosas hace referencia exactamente? ¿Es un funcionamiento inadecuado del aparato económico, o se debe a los efectos de las constantes crisis políticas que nos han impactado esta última década?

Los países avanzan cuando tienen un buen modelo de desarrollo. Un buen modelo es aquel amigable con el mercado, que además se beneficia de una buena coyuntura internacional —que ha estado buena— y de una gestión pública adecuada. La gestión pública es importantísima, y creo que ese elemento se ha debilitado fuertemente en los últimos años.

¿Se ha menospreciado el valor de la gestión pública?

Se ha depreciado. Los ministros de Economía ya no cumplen el rol que cumplían antes. Los ministros sectoriales tampoco tienen el nivel que se necesita para manejar un país como este. En resumen, la gestión pública se ha “recontra” debilitado y eso explica, en parte, este resultado mediocre en términos de crecimiento económico.

¿Cómo ve las perspectivas para lo que resta de este 2026 en materia económica? ¿Qué tan sujeto está el desempeño al resultado electoral o a los choques internacionales?

Extrañamente, el contexto externo este año sigue buenísimo. Las cifras del primer trimestre indican que los términos de intercambio han subido bastante y las proyecciones del BCR y del MEF dicen que este año los términos de intercambio crecerán alrededor de 10%, que es un montón de crecimiento. Entonces, los vientos a favor todavía los tenemos. Lo que vendrá más adelante no se sabe. En este momento estamos en una etapa de incertidumbre: los inversionistas que quieren impulsar inversiones de largo aliento esperan con tranquilidad que el panorama se aclare para poder invertir. Las inversiones están un poco paralizadas este año.

Anteriormente usted ha advertido sobre el impacto que generan las actividades de economías ilegales y de la criminalidad en el desempeño económico; sobre todo a nivel micro, pero también a nivel macro. ¿Cómo vislumbra ese impacto este año?

Ese es el otro factor, además de la gestión pública, que está debilitando el comportamiento económico. Para invertir, los inversionistas necesitan tasas de rentabilidad altas y poder apropiarse de los frutos de esa rentabilidad. Ahora está pasando que esa “tasa de apropiación” está disminuyendo, tanto en las empresas pequeñas como en las grandes, de tal manera que el incentivo para invertir se está debilitando rápidamente. Entonces, entre una gestión pública deficiente y economías ilegales, con violencia y sicariato presentes, es bien difícil que crezcamos a las tasas a las que solíamos crecer en los buenos tiempos.

¿Ese contexto también explica lo que vemos en las tasas actuales de pobreza: una disminución escueta, que dista aún de los resultados que teníamos antes de la pandemia?

La tasa de pobreza depende básicamente —casi únicamente— del crecimiento económico. Como el crecimiento ha sido modesto, la caída en la pobreza también ha sido modesta. A pesar de que la pobreza ha bajado, no hemos recuperado los niveles de 2019, cuando teníamos alrededor de 20% de pobreza, es decir, una quinta parte de la población. Combatir la pobreza significa crecer. Cuando la economía crece, crece el empleo, crecen los salarios y aumenta el poder de compra de la gente. Cuando la economía crece, las empresas pagan más impuestos y el gobierno cuenta con más recursos para Juntos, Cuna Más, Pensión 65, entre otros programas sociales. El crecimiento económico es la “fábrica” de recursos para hacer buenas políticas; entre ellas, combatir la pobreza.

En los últimos años se ha advertido, también, sobre la creciente inseguridad alimentaria. Un análisis del economista Javier Herrera mostraba que más de cuatro de cada diez limeños están en una situación de déficit calórico al cierre del 2025. ¿Es esto también fruto de una mala gestión pública?

Yo creo que es otro ejemplo de mala gestión pública, porque eso depende básicamente del Midis. El Midis cuenta con recursos suficientes para atacar ese tipo de problemas...

El problema es que no se están usando eficientemente.

Así es. Es la ausencia de una buena gestión pública. Con ministros cambiando, con funcionarios cambiando, no se pueden sacar adelante buenas políticas públicas.

¿Cuál cree usted que es el cambio que se requiere con más urgencia para atacar la pobreza de manera efectiva? ¿Hay algo que se requiera más allá de impulsar el crecimiento económico?

Es, fundamentalmente, el crecimiento económico. Por los factores que he comentado: con un mercado dinámico, los ingresos y gastos aumentan, y por la vía de la recaudación, la política pública tiene la posibilidad de impulsar más acciones —por ejemplo, a través de Juntos, Pensión 65, etcétera—. Son ambas cosas. Ese componente de política pública tiene como soporte los impuestos, y los impuestos tienen como soporte el crecimiento económico. Así que no nos escapamos del crecimiento económico como factor determinante de la pobreza.

¿Pesan, también, la ausencia de políticas de formalización eficientes?

La formalización es un tema mucho mayor. En mi opinión, existe un sector informal porque nuestro país tiene un dualismo: hay un sector moderno, capitalista, con alta productividad, al que le es fácil pagar salarios, EsSalud e impuestos; y hay un sector enorme, con baja productividad, cuyos ingresos no alcanzan para cumplir las normas. Ese sector representa al 60%-70% de la población; es enorme. ¿Cómo han desaparecido históricamente los sectores informales? Con crecimiento rápido del sector moderno. El sector moderno crece y crece, y va absorbiendo trabajadores; entonces, el país se convierte en un país capitalista.

¿Hay sectores ahí que deberían impulsarse con más fuerza?

Obviamente, los sectores intensivos en mano de obra contratan más trabajadores y aceleran el proceso de “desinformalización” de la economía peruana. Sin embargo, la parte complicada es que no somos nosotros los que decidimos si vamos a un sector intensivo en mano de obra o a uno menos intensivo; son los empresarios. El empresario irá a aquel lugar donde sea seguro invertir y ganar. Por eso la minería y la agroexportación son sectores a los que las empresas van voluntariamente: invierten, capitalizan y emplean gente.

Este año, si bien tenemos —aún— vientos a favor, también estamos siendo afectados por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente: precios de combustibles más altos y una presión sobre el dólar. Esto puede seguir presionando a los precios y a la inflación. ¿Estamos en riesgo de que la pobreza aumente al cierre de este 2026?

Te había dicho que la pobreza depende básicamente del crecimiento económico. Pero depende, también, de la inflación. En el 2023 fue clarísimo: la inflación se elevó y la pobreza también, porque la pobreza se mide con una canasta básica de consumo. Si el precio de esa canasta sube y los ingresos no alcanzan para consumirla, la pobreza aumenta. Entonces, con un crecimiento de 2-3% y una inflación como la que estamos teniendo, que ya está en 4%, puede pasar que este año no baje la pobreza. Por eso era importante hacer algo para que los precios no aumenten. Lamentablemente, no se ha hecho nada en absoluto. Hemos dejado que la inflación se eleve, que los combustibles suban y que todo se encarezca. Eso va a arrastrarse todavía por unos buenos meses, dependiendo, también, de cómo evolucione la coyuntura internacional. Hemos desperdiciado tiempo, teniendo los recursos, para intentar atenuar los efectos de la crisis internacional, que están básicamente en el efecto del precio del petróleo.

¿Qué se pudo hacer, en su opinión?

Varias cosas. Uno: el precio de los bienes y servicios en el Perú depende mucho del tipo de cambio, porque buena parte de la canasta que consumimos está asociada a productos del exterior. Si dejas subir el tipo de cambio, esos productos se encarecen. Para mi gusto, yo habría mantenido un tipo de cambio más tranquilo.

Es decir, considera que se pudo intervenir más en el mercado cambiario.

Sí. El Banco Central tiene, felizmente, la holgura para hacer ese tipo de intervenciones.

En cuanto a los combustibles: somos importadores netos, así que, si sube el precio del petróleo a nivel internacional, los precios domésticos suben automáticamente. Había maneras de impedir eso con el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles. ¿Cómo es que funciona? Imaginemos una banda de precios entre US$80 y US$90 el barril, y que el precio internacional del petróleo se sitúa por encima de US$90. El Estado le dice al importador: “Cobra como si el precio fuese US$90 y yo te pago el saldo vía subsidio”. Cuando los buenos tiempos vuelven, el precio baja a US$60-US$65 y al importador se le dice: “No bajes el precio interno; devuélveme lo que te presté”. Conceptualmente, un fondo de estabilización de combustibles puede no generar gasto fiscal si se maneja bien. Tampoco hemos intentado hacer eso. Entonces, los combustibles han subido como tenían que subir y eso ha hecho saltar la inflación hasta donde está ahora: ya son dos meses consecutivos en que la inflación está fuera del rango meta del Banco Central.

¿Cree que estamos en un escenario en el que el BCR podría verse presionado a subir la tasa de interés, tras el ciclo de descensos de los últimos años?

No. El BCR es muy cuidadoso. Cuando los choques son de demanda —cuando el consumo se cae, la inversión se cae y la economía entra en recesión—, para el BCR y el MEF la cosa es clara: el BCR baja la tasa de interés, el MEF sube el gasto público, se impulsa la demanda y se recupera la actividad económica. Cuando hay expansión —cuando la economía crece mucho y la inflación se eleva—, la respuesta también es sencilla: el Banco Central sube su tasa de interés y el gobierno baja su gasto público. Pero cuando el choque es de oferta, por un lado sube la inflación y, por otro, se enfría la economía. En ese caso, el Banco Central entra en un dilema: si sube la tasa de interés, combate la inflación pero agudiza la recesión; si baja la tasa, combate la recesión pero agudiza la inflación. En ese caso el Banco Central debe hacerse una idea de cuánto va a durar el choque. Si el choque es juzgado como transitorio, se pueden aplicar políticas transitorias. Si se juzga como permanente —por ejemplo, una situación política muy mala durante mucho tiempo, como en el primer semestre de 2021—, el BCR es más cuidadoso porque no puede vender reservas hasta agotarlas. Entonces, mucho depende del juicio del banco central.

Segunda vuelta electoral

En una columna de opinión que usted escribió para este Diario el año pasado, mencionaba que era una pérdida de tiempo leer los planes de gobierno y que es mejor ver a quiénes proponen los candidatos para cargos importantes —MEF, BCR, SUNAT, SBS, y ministerios—. En su opinión, ¿quien asuma la presidencia el 28 de julio debería, para empezar, proponer que se mantenga Julio Velarde al mando del BCR?

Los planes de gobierno, en general, tienen varios problemas. Uno es un problema formal. Tinbergen, un economista premio Nobel, decía hace mucho tiempo: “Si tienes cuatro objetivos, dime cuáles son tus cuatro instrumentos para atacar esos cuatro problemas. Si no los tienes, no me digas nada”. Los planes de gobierno son documentos llenos de 80 objetivos y casi ningún instrumento. Conceptualmente, no sirven. Por ejemplo: en el plan de la candidata Fujimori, por un lado, afirma que va a tener disciplina fiscal y llevar el déficit a 1% del PBI, y por otro lado, plantea hacer varias líneas del metro de Lima, duplicar Pensión 65, Juntos, etcétera, y no cuadra la ecuación. Y el plan de Sánchez ni siquiera es un plan. Es más o menos decir: “Vamos a hacer todo distinto a lo que hasta ahora se estaba haciendo. Maldito neoliberalismo”.

Es plantear, básicamente, un borrón y cuenta nueva.

Sí. Y en un escenario así, pienso que es mejor esperar y exigir que los partidos nos digan con quiénes piensan gobernar. Quién será su jefe de equipo económico, en quién piensan para el Banco Central, para el MEF, para el Ministerio de Salud, Educación, etc., que son puestos importantísimos. Mientras no haya eso, es difícil elegir.

Respecto a tu pregunta sobre Julio: Julio está en forma, lo está haciendo muy bien. En caso lo inviten, posiblemente nos acompañará por un buen tiempo más.

¿Le parecería una buena decisión que lo inviten a quedarse?

Me parecería una buena decisión, aun cuando Julio ha fortalecido el BCR. El Banco Central es Julio Velarde, pero también es una institución. Y, por otro lado, felizmente la Constitución blinda al BCR. Eso ayuda. Asusta menos que llegue alguien inadecuado, gracias a ese blindaje. En particular, por la norma que dice que el BCR no le presta ni un sol al gobierno.

Mientras se define la segunda vuelta presidencial, el candidato que más ha hablado sobre el modelo económico es Roberto Sánchez. Él ha asegurado que el modelo no funciona, que se debe convocar a una Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución; principalmente, el capítulo económico. ¿Cómo ve usted esa propuesta?

En general, cuando discuto sobre el modelo económico, le digo a mis interlocutores: mira un país que crece y se desarrolla, para ver cuáles son los principales rasgos de esa forma de crecer. El Perú es una economía pequeña y abierta. Eso significa que no podemos crecer a punta del mercado interno. El plan del señor Sánchez habla de crecer a punta de mercado interno, pero si nos comprásemos solo entre nosotros, nos compraríamos muy poquito. En cambio, cuando miramos al exterior, el mercado es infinito: podemos exportar, no hay problemas de demanda. Por eso nuestros arándanos, nuestras uvas, nuestro cobre, nuestro oro, llegan con rapidez al mercado internacional. Los modelos de desarrollo apropiados —llámales “neoliberales” o lo que sea— son aquellos que se abren al comercio internacional, tienen libre comercio y libre movilidad de capitales.

Otra parte del modelo económico es que no hay país en el mundo que haya crecido si no ha sido a través de la inversión privada. A la inversión privada hay que engreírla, atraerla, convencerla: no nos sobra plata. [...] Los países que avanzan impulsan bien el capital humano, impulsan el capital físico y abren su economía. Ese es el modelo que, a mi modo de ver, funciona, y es un modelo más o menos como el del Perú, quizá quitando la parte de capital humano, en la que hemos retrocedido un montón en esta última década.

¿Lo que plantean el señor Sánchez y JPP amenazan ese aparato que ha funcionado?

Yo creo que sí. Espero que por desconocimiento. Un consejo que les doy en general a los políticos es: mira a tu alrededor, mira qué países funcionan y cuáles no. La experiencia de políticas como las que figuran en el plan de gobierno del señor Sánchez son Venezuela, Bolivia, Argentina antes de Milei, y no funcionan; se ha visto y experimentado muchas veces. Yo creo que con el capítulo económico de la Constitución no hay que hacerse problemas. Los problemas son de gestión pública, y eso no tiene nada que ver con la Constitución.

Por ejemplo, si mal no recuerdo, [Juntos por el Perú] está en contra del capítulo sobre los contratos ley. En realidad, ese capítulo es una maravilla para el inversionista. Por ejemplo: has alquilado un departamento y firmado un contrato para que te paguen S/1.000 mensuales por dos años, ese contrato no puede ser afectado ni por ley. Ese es el famoso capítulo de los contratos, que beneficia, evidentemente, a inversionistas pequeños y grandes. Luego, respecto al rol empresarial del Estado, lo único que hay que decir es que se mire a Petro-Perú y si, aun así, se sigue pensando que impulsar la economía a través de empresas públicas funciona.

¿Cree usted que existen problemas materiales en el modelo económico actual?

Problemas hay. Antes de la pandemia podíamos decir: el Perú es campeón del mundo en reservas internacionales; es casi campeón del mundo en los menores niveles de deuda pública; y es casi campeón del mundo en baja inflación. Y resultamos campeones del mundo también en muertos por COVID-19. Eso quiere decir que hay muchas cosas que faltan por hacer. Pero, otra vez, la “fábrica” que te da la plata para hacer lo que necesitas es el crecimiento económico y la tributación. Ahí están los resultados. Hay que dejar crecer a las empresas, ayudarlas a crecer y cobrarles todos los impuestos necesarios, y con eso se resolverá aquello que nos preocupa.

En el podcast “Pitucos Marrones”, Sánchez dijo: “Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”. ¿Son ideas incompatibles? ¿No deberían, en realidad, estar conectadas?

Hace un momento decía que no hay manera de que la pobreza caiga sin crecimiento económico. Del mismo modo, no hay manera de que mejoren los índices de desarrollo humano sin crecimiento económico. No hay que subestimar el crecimiento. En particular, la gente no entiende que el crecimiento es la fábrica de recursos para el Estado. Con eso se pueden hacer muy buenas políticas.

¿Están hoy en el Perú desconectados el crecimiento económico y el desarrollo humano? ¿Le parece que ha habido un desacoplamiento?

Con el crecimiento, a la larga, el desarrollo humano tiene que mejorar, pero es mejor si acompañamos el crecimiento con buenas políticas públicas. Para eso están los recursos que tiene el Midis, con los que puede hacer políticas públicas específicas que mejoren aquello que haya que mejorar.

Desde Juntos por el Perú se ha hablado de intervenir las reservas internacionales del BCR, aunque dicho partido ha asegurado recientemente que respetará la autonomía del Banco Central. ¿Qué impacto podría tener que un gobierno pretenda hacerlo?

Es necesario resaltar que nuestro sector externo está bien sólido. Tenemos alrededor de US$100.000 millones en reservas internacionales, de los cuales unos US$70.000 son de propiedad del BCR. El año pasado hemos exportado unos US$95.000 millones y la balanza comercial ha sido de alrededor de US$35.000 millones, una cifra que nunca antes habíamos tenido. ¿Para qué nos sirve eso? Recapitulando, cuando uno mira la historia —1967, 1977, 1988, 1998—, hemos tenido crisis importadas. Lo que solía pasar era que los precios de las materias primas caían, o la tasa de interés internacional subía, o una mezcla de ambas. Cuando eso pasaba, los dólares comenzaban a escasear y el tipo de cambio se iba a las nubes. Y cuando el tipo de cambio se iba por las nubes, ya todo estaba malogrado si no había manera de impedirlo. Subía el tipo de cambio, subía la inflación, bajaba el poder de compra y la economía entraba en recesión. Así eran nuestras crisis. La última, la de 1998, dejó bancos quebrados y una economía que se paralizó casi cuatro años. Eso ya no es posible en el Perú porque, cada vez que viene una crisis internacional como esa, el Banco Central la espera con sus reservas: “crisis internacional, bienvenida, aquí te espero”.

Para eso sirven las reservas.

Veamos lo que el BCR hizo en la crisis de 2008-2009 o lo que hizo en la crisis de Castillo: vendió reservas para que el tipo de cambio no suba mucho. De esa manera, la gente ni se da cuenta de que hay una crisis. Entonces, las reservas son como un seguro oncológico para el país: están para esas ocasiones, y no sabemos de qué tamaño será la siguiente crisis internacional. Por eso no hay manera de decir cuáles son las reservas “óptimas”. Además de que constitucionalmente no se pueden tocar, el sentido común nos dice que el Banco Central tiene, en realidad, dos grandes políticas: el manejo de la tasa de interés y la intervención cambiaria. A través de la intervención cambiaria nos ha sacado de crisis como la de 2008-2009, como la del 2021, y nos sacará de las crisis que vengan, cualquiera sea su tamaño.

En general, las reservas del BCR no deberían estar a disposición de ningún gobierno de turno.

Los bancos centrales no son bancos privados. Los bancos privados buscan maximizar ganancias y pueden tener en sus reservas oro, plata, yenes, etc. En cambio, el BCR tiene una regla: colocar el dinero en los bancos internacionales mejor calificados. Así nuestras reservas están bien seguras. Y nuestro Banco Central no especula; es averso al riesgo. Por lo tanto, mantiene sus reservas en los lugares más seguros del mundo y, evidentemente, esos lugares no ofrecen mucha rentabilidad. El banco no está para ganar plata.

Desde Juntos por el Perú también se ha planteado que el Estado renegocie ciertos contratos, como el de Camisea. ¿Qué riesgos plantean este tipo de propuestas?

El ejemplo más cercano es Bolivia. Bolivia era un país que funcionaba más o menos hasta el 2006. Entonces, Evo Morales empezó a nacionalizar empresas. El problema de nacionalizar empresas es que esas empresas son foráneas, tienen una espalda financiera enorme y son capaces de poner miles de millones en inversión. Evo se aprovecha de esas empresas, pero luego no tiene el dinero para invertir. Ahora, Bolivia es importador neto de combustibles. A mí me parece que el artículo sobre el rol subsidiario del Estado es correcto. No es que el Estado no pueda hacer empresa; en rigor puede, pero por ley y bajo ciertas normas que están escritas en la Constitución.

Tampoco se pueden nacionalizar empresas privadas.

En realidad, ¿cuánto le costaría al Estado nacionalizar una empresa grande? Seguro que no tenemos la plata para hacerlo. Y ahí entra el caso de Petro-Perú: hay que mirar a la estatal para decir que esto no funciona.

Desde su cuenta de X, usted ha calificado al actual gobierno de “inepto e injusto” por otorgarle, por un lado, recursos a Petro-Perú, sin garantizar, por otro lado, los recursos que necesitan programas como Beca 18 o Beca Bicentenario. ¿Cree que hay alguna salida óptima a la situación de la petrolera estatal en el corto y mediano plazo?

Yo creo que estaba bien encaminado cuando estaba la ministra [Denisse] Miralles: hay que segmentar Petro-Perú, identificar las partes rentables y recuperables, y deshacerse de las partes no rentables, no recuperables. Era una reorganización total. Además, es imposible restablecer Petro-Perú con la cantidad de trabajadores que tiene. Es una empresa sobredimensionada. Me temo que vamos a seguir gastando plata, dado que todavía no se está haciendo nada para reestructurarla.

¿El próximo gobierno, entonces, heredará otro gran problema?

Tendrían que reestructurarla totalmente. El problema es que, si Petro-Perú cotizara en bolsa, valdría -US$3.000 millones. Es decir, en este momento es imposible incluso venderla porque tiene más deudas que activos. En perspectiva, cuando salgamos de los problemas, si la empresa va a seguir siendo estatal, puede serlo, pero con un directorio privado. Hay empresas estatales que se manejan bien: son empresas que cotizan en bolsa y cuyos directores cuentan con amplia trayectoria. Habría que arreglar totalmente Petro-Perú y hacerla eficiente; para eso se necesita una reestructuración completa.

Escenario fiscal

Ahora volveremos al sistema bicameral. ¿Usted reafirma que el Congreso que está terminando funciones actualmente ha sido el peor en los últimos tiempos?

En materia fiscal no le gana a ningún Congreso. Nunca hemos tenido tanto gasto público sin oposición del Ejecutivo. Una parte se debe a esa debilidad y fragilidad del Ejecutivo. Si uno tuviera que mencionar el problema económico más importante entre todos los que existen, actualmente es la cuestión fiscal. Recientemente el gobierno ha publicado su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, y si uno lo lee sin contexto, dice “qué bien”: según ese documento, la regla fiscal se va a cumplir y, para los próximos años, el déficit bajará hasta 1% en 2028.

¿Es un objetivo ya irreal?

En realidad, no han considerado en esas proyecciones las leyes que ya ha dado el Congreso y que implican, obligatoriamente, más gasto. Están pateando el problema. Me parece que no han considerado el gasto de los aviones F-16, ni el crédito suplementario que están a punto de pedir. Cuando se mira la situación fiscal en perspectiva, se ve que los déficits fiscales y la deuda suben sistemáticamente, tal como el Consejo Fiscal lo ha advertido. Ese es el primer escollo que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar.

¿Bajo ningún escenario, a su parecer, el gobierno podría cumplir la meta fiscal de 1,8% planteada para este año?

Ya hay efectos nocivos de esta proliferación de gasto corriente. En el primer trimestre de este año, la inversión pública del gobierno nacional ha caído alrededor de 12%, mientras que el gasto corriente del gobierno nacional ha crecido cerca de 8%. Ya se está sintiendo y esa dinámica va a mantenerse. El gobierno entrante va a tener un problema práctico y un problema legal. El problema legal es definir si va al Tribunal Constitucional a quejarse sobre esas leyes, que son claramente inconstitucionales. De lo contrario, tendrá que hacer un ajuste fiscal contractivo para hacerle espacio a ese nuevo gasto tremendo que acaba de aprobarse en el Congreso. Lo más probable es que sinceren las cifras, y que se modifique la regla fiscal.

¿Cree que deberían hacer un mea culpa, para empezar, los partidos que potencialmente están en la segunda vuelta —Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular—, que tienen representación en este Congreso, y han apoyado, en distinta medida, normas que suman a este problema de gasto corriente?

Ellos han sido responsables, pero recordemos, también, al otro responsable: el Tribunal Constitucional (TC). Recordemos que este tribunal, ante una queja del gobierno de Francisco Sagasti, sacó un comunicado diciendo que la prohibición se refería al gasto presupuestal y al gasto del año corriente, no de los siguientes períodos. Con el primer punto, el problema es que el gasto no es solo presupuestal. Petro-Perú, por ejemplo, no está en el presupuesto; EsSalud tampoco. Si Petro-Perú o EsSalud tuvieran políticas irresponsables, serían legales según esa interpretación. Y, por otro lado, una ley que diga “duplíquese el sueldo a partir de 2027” sería constitucional según el Tribunal, porque no afecta el presupuesto actual. En algún momento hay que quejarse y explicarle al TC que eso que ha hecho es el principal atentado contra las finanzas públicas. El TC tiene una responsabilidad fortísima.

¿Considera que estamos en camino a perder el grado de inversión del Perú en los próximos cinco años si el nivel de gasto corriente actual se mantiene, como ha advertido el Consejo Fiscal?

Cuando el gobierno empiece a pagar todo lo que debe pagar por las leyes aprobadas, la trayectoria fiscal va a cambiar radicalmente. Nuestra trayectoria fiscal actual pasaría a ser historia. No cuadran las cifras. Entonces, una de dos: o se hace una reforma tributaria para intentar equiparar, con más ingresos, esos mayores gastos; o se hace una política fiscal contractiva. Pero, generalmente, las políticas fiscales contractivas afectan a la inversión pública, lo cual es un problema para el largo plazo. Cuando todas esas leyes se hayan materializado y, supongamos, no haya habido ningún éxito con el TC, la pérdida del grado de inversión puede estar más cerca de lo que dice el Consejo Fiscal.

En una potencial reforma tributaria —de la que se habla hace tiempo y que no se ha concretado—, ¿por dónde cree que se debe empezar? ¿Hay que revisar, primero, las exoneraciones, o revisar las políticas para atacar la evasión y la elusión fiscal?

Las exoneraciones, tengo entendido, equivalen a alrededor de 2,5% del PBI. Ahí me parece que hay material para reducirlas. La evasión es altísima y creo que se necesita una Sunat muy activa, que reeduque y persiga, pero sin hacerse muchas ilusiones, porque en el Perú el sector informal te impide cobrar los impuestos que normalmente podrías cobrar.

Finalmente, mientras esperamos a que se defina la segunda vuelta, ¿qué recomendación le daría a los candidatos presidenciales que la disputarán?

Yo recomiendo que exijamos a los partidos que muestren sus fichas, que muestren sus equipos técnicos, para que la ciudadanía vote, además de por el presidente o la presidenta, por los equipos técnicos. Porque, finalmente, son ellos quienes van a llevar al país hacia adelante o hacia atrás.

LAP negó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se haya convertido en el aeropuerto más caro de la región para pasajeros en conexión internacional, como sostienen IATA, ALTA y AETAI.

“Esa afirmación no es correcta. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no es el más caro de la región”, señaló la concesionaria. Según explicó, las aerolíneas están realizando “una comparación inadecuada” al considerar únicamente la TUUA de transferencia y no el costo total que asume el pasajero.

La empresa añadió que existen aeropuertos de la región, como Panamá, con cargos superiores para vuelos internacionales directos y cuestionó que los gremios no mencionen otros cobros aplicados por las propias aerolíneas, como equipaje, selección de asiento o embarque prioritario.

“Lo que están haciendo estos gremios es tomar un único componente —la TUUA de transferencia— y extrapolarlo como si definiera el costo total del aeropuerto”, indicó LAP.

Descartan impacto directo en conectividad

Respecto a la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima reportadas por AETAI, LAP aseguró que no existe evidencia para atribuir estas decisiones exclusivamente a la tarifa de transferencia.

“Las decisiones de apertura o cierre de rutas son propias de cada aerolínea y responden a múltiples variables comerciales y operativas”, sostuvo la concesionaria.

Además, afirmó que el tráfico de pasajeros en conexión internacional creció 5,4% en el primer trimestre del 2026 frente al mismo periodo del 2025, por lo que consideró “incompleto e irresponsable” vincular cualquier variación únicamente a la TUUA.

LAP también defendió el esquema tarifario aplicado en el nuevo terminal y recordó que la tarifa de transferencia está contemplada desde el 2013 en el contrato de concesión suscrito con el Estado peruano y regulada por Ositrán.

“La TUUA de conexión no es una novedad”, remarcó la empresa. En paralelo, la concesionaria aseguró que viene trabajando con aerolíneas como Sky Airline, JetSmart, Copa Airlines, Avianca y Air France-KLM dentro de un programa de incentivos para impulsar nuevas rutas y tráfico de pasajeros.

MTC defiende la Adenda 9

Por su parte, el MTC confirmó que la Adenda N°9 continúa en trámite y actualmente se encuentra en la etapa de solicitud de opiniones a entidades competentes, luego de recibir la opinión técnica no vinculante de Ositrán.

“El procedimiento de modificación contractual de la Adenda N°9 se desarrolla conforme al marco legal vigente y no presenta ningún vicio de ilegalidad”, indicó el ministerio.

La entidad respondió así a las críticas de los gremios aeronáuticos, que sostienen que la negociación de la adenda se realiza bajo un decreto derogado. Según el MTC, la nueva Ley N°32441 y su reglamento contemplan mecanismos de transición que permiten continuar los procedimientos iniciados antes del cambio normativo. “La adenda es total y absolutamente legal”, enfatizó el ministerio.

Asimismo, el MTC destacó que la modificación contractual permitirá que los pasajeros nacionales y turistas extranjeros no paguen la TUUA de transferencia nacional, actualmente suspendida por decisión de LAP.

Sin embargo, reconoció que el pedido de incorporar también la eliminación de la TUUA internacional no prosperó. “Las aerolíneas solicitaron que se incorpore dentro de esta adenda el no cobro de la TUUA de Transferencia Internacional. Sin embargo, por falta de sustento no se incorporó”, sostuvo.

Apuesta por fortalecer el hub limeño

Frente a las críticas sobre una eventual pérdida de competitividad del Jorge Chávez frente a hubs regionales como Bogotá, Santiago o Panamá, el MTC afirmó que el desempeño del aeropuerto responde a múltiples factores y resaltó que el tráfico internacional continúa creciendo.

Según cifras del sector, el tráfico de pasajeros internacionales en el Jorge Chávez aumentó 6,7% entre enero y abril del 2026 respecto al mismo periodo del 2025, mientras que el tráfico de pasajeros en conexión creció 4,5%.

“El mercado ha permitido alcanzar una cifra histórica de 3,2 millones de pasajeros internacionales en el primer trimestre”, indicó el ministerio.

El MTC también señaló que continúa impulsando acuerdos de cielos abiertos y nuevas rutas internacionales, entre ellas el próximo ingreso de Turkish Airlines y Emirates a Lima, además del inicio de operaciones de LEVEL en la ruta Lima-Barcelona.

Por su parte, Ositrán consultado sobre el inicio del proceso judicial presentado por los gremios aeronáuticos, evitó emitir comentarios. “El Ositrán no va a pronunciarse hasta que nos notifiquen de la demanda de manera oficial”, indicó la entidad reguladora.

Las dos compiten en mercados saturados, necesitan diferenciarse, construir confianza, posicionar atributos relevantes y conectar emocionalmente con su audiencia. Pero hay una gran diferencia: la intensidad. Una campaña política es como una campaña publicitaria… pero en esteroides. Ninguna marca comercial tiene una “primera vuelta” con fecha límite, seguida de una final dramática donde solo una opción gana. Todo esto, además, en apenas 5 a 6 meses y compitiendo —como ocurrió recientemente— con más de 35 candidatos tratando de captar el voto al mismo tiempo.

Por eso, las campañas electorales son una fuente fascinante de aprendizajes para el marketing. Viéndolas desde el “lente” publicitario, hay varias lecciones que cualquier marca debería tomar en cuenta.

1. Las marcas honestas generan confianza

La confianza es el activo más importante de cualquier marca. Ganarla toma tiempo; perderla puede tomar segundos. Eso le ocurrió a un candidato que creció rápidamente en intención de voto, pero no supo cuidar ese capital. Una mentira pública terminó erosionando la credibilidad que había construido. Y en marketing pasa exactamente igual: cuando una marca decepciona, el consumidor no solo deja de comprarla, deja de creerle. Subestimarlo suele salir caro.

2. Las marcas genuinas no intentan ser lo que no son

Una marca no puede ocultar su esencia, su calidad, su adn. La publicidad no hace magia. Podría generar una percepción inicial pero la gente no es tonta.

Un ejemplo clarísimo fue el del candidato que intentó reinventarse a punta de influencers, trends y contenido viral. La estrategia buscaba mostrarlo cercano, fresco y moderno, totalmente opuesto a la imagen construida por décadas. Y cuando algo no se siente genuino, la gente lo detecta rápidamente.

La canción de Bob Marley lo resume perfecto: “Puedes engañar a parte de la gente parte del tiempo, pero no a toda la gente todo el tiempo.” Las marcas más fuertes no son las que aparentan más, sino las que tienen claro quiénes son.

3. El carácter de marca importa más de lo que parece

Una de las definiciones claves en una estrategia es la personalidad de marca, la cual debe ser consistente con la imagen que se quiere proyectar: joven o de trayectoria, divertida o seria, innovadora o tradicional. Todas valen. Lo importante es tener consistencia. Una gran cantidad de candidatos rompieron esta regla de manera flagrante, especialmente en TikTok. Por lo visto no fue suficiente el ridículo que en una elección presidencial pasada hizo un candidato, ya bien entrado en la tercera edad, bailando “Gata Fiera”, en honor a su apodo de Garfield. Bailes incómodos, challenges sin sentido y contenido que terminaba debilitando la credibilidad más que fortaleciendo su conexión. La magia desaparece cuando una marca deja de parecer auténtica.

4. Toda marca necesita un concepto claro

Las grandes marcas ocupan un territorio mental concreto: Pilsen es amistad, Volvo es seguridad, Apple es innovación, RPP es confianza. Ese concepto funciona como un “ancla emocional” que ayuda a que la marca sea recordada y preferida.

En política sucede igual. Las campañas más recordadas suelen tener una idea poderosa y simple detrás. “Honradez, tecnología y trabajo” en el 1990, “Más trabajo” en el 2001, o recientemente “No más pobres en un país rico” en el 2021 son ejemplos de conceptos claros que quedaron grabados en la memoria colectiva. Sin embargo, en la última elección, muchos candidatos parecían hablar de todo… y al final no representar nada. Recuerdas alguno con un concepto relevante y claro en estas últimas elecciones?

Bancos, cervezas, universidades, supermercados, automóviles o detergentes: todos están en campaña permanente buscando votos todos los días. Y las elecciones, con toda su intensidad, nos recuerdan una gran verdad del marketing: Las marcas más fuertes no son las que más prometen, sino las que logran generar confianza, coherencia y emoción.

El acuerdo permitirá reactivar las operaciones petroleras en el lote y generar ingresos por regalías, canon y empleo directo e indirecto en la región.

Según informó Perú-Petro, el contrato tendrá una vigencia de 30 años y contempla un ambicioso programa de trabajo para incrementar la producción y explorar nuevas reservas en la Cuenca Talara.

Más de 300 pozos y nuevas reservas

Dentro de las actividades previstas para la primera década del contrato figuran 120 reacondicionamientos de pozos, la perforación de 323 pozos de desarrollo y otros 40 pozos exploratorios.

La meta es impulsar el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos y desarrollar aproximadamente 22,8 millones de barriles de petróleo y 42,5 billones de pies cúbicos de gas durante el periodo contractual.

La firma del acuerdo se concretó luego de la promulgación del Decreto Supremo N.° 004-2026-EM, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó a Perú-Petro a suscribir el contrato.

Reactivación del sector

El gerente general de Perú-Petro, Pedro Arce, destacó que la reactivación del Lote VI tendrá impacto económico directo en Talara y en la industria hidrocarburífera nacional.

“El éxito del Lote VI será el éxito del sector. Hoy no solo firmamos un contrato sino un compromiso para poner en valor el potencial de nuestros recursos”, afirmó durante la ceremonia.

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, señaló que el Gobierno busca dinamizar las inversiones en el sector y acelerar la firma de nuevos contratos de exploración y producción.

“Estamos comprometidos con impulsar la reactivación de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética del país”, sostuvo.

El representante de SPT Energy, Ethan Wu, aseguró que la empresa operará bajo estándares de seguridad y eficiencia, además de trabajar de manera coordinada con las comunidades de Talara.

La ceremonia también contó con la participación de la cónsul general honoraria de Singapur, Luzmila Zanabria, y del gerente general de Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., Gong Bencai.

Cencosud reportó ingresos consolidados por CLP 4.041.009 millones (US$ 4.565 millones) durante el primer trimestre del 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 0,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la compañía en sus resultados financieros trimestrales.

La empresa señaló que el trimestre estuvo marcado por un contexto internacional de mayor incertidumbre y presión competitiva. Además, indicó que los resultados estuvieron impactados por efectos de tipo de cambio asociados principalmente a la operación argentina.

Al excluir los ajustes contables relacionados con hiperinflación y variaciones cambiarias en Argentina, los ingresos consolidados alcanzaron CLP 3.956.983 millones (US$ 4.470 millones), lo que implicó una disminución de 4,4% frente al primer trimestre del 2025.

En tanto, la utilidad del periodo alcanzó CLP 102.144 millones (US$ 115 millones), cifra que representó una caída de 19,2% respecto al mismo trimestre del año pasado. Según la compañía, este resultado estuvo explicado principalmente por variaciones de cambio en moneda extranjera y un mayor impuesto diferido asociado al ajuste por hiperinflación en Argentina.

Por su parte, el EBITDA ajustado llegó a CLP 333.388 millones (US$ 377 millones), una disminución de 11,4% interanual, con un margen EBITDA ajustado de 8,3%. La empresa indicó que esta variación respondió a efectos cambiarios, menores ventas en las divisiones de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile y Argentina, además de mayores provisiones por riesgo en ese mercado.

En Perú, los ingresos alcanzaron CLP 349.165 millones (US$ 394 millones), lo que significó un crecimiento de 6,5% en pesos chilenos y de 5,9% en moneda local frente al mismo periodo del 2025. El EBITDA ajustado del país ascendió a CLP 43.927 millones (US$ 50 millones), con un avance de 12,7% interanual.

Dentro del negocio de supermercados en Perú, la compañía indicó que los ingresos fueron impulsados por un incremento de 17,9% en las ventas online, apoyadas por el programa de fidelización Wong Prime y el fortalecimiento del modelo omnicanal. Además, el canal físico registró mejoras en ventas, con un crecimiento de 5,1% en ventas mismas tiendas (SSS), principalmente en los formatos Metro y Metro Almacén.

En centros comerciales, los ingresos crecieron 5,3% en moneda local frente al mismo trimestre del año pasado, debido a una mayor apertura de tiendas en Cenco La Molina durante el trimestre, según indicó la empresa.

Durante el evento “Corredor Sur del Perú: Megapuerto de las Américas Corío”, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que Corío tiene el potencial de convertirse en una plataforma logística clave para el comercio internacional y la distribución de carga regional.

Según explicó, una ruta marítima entre Perú y Asia puede tomar alrededor de 23 días, mientras que desde Brasil el trayecto puede extenderse hasta 45 días, lo que posiciona al sur peruano como una salida estratégica hacia el océano Pacífico.

“Corío representa una oportunidad histórica para posicionar al Perú como la gran plataforma logística del Pacífico sudamericano”, afirmó Del Carpio durante el encuentro.

El proyecto forma parte del modelo APP 5.0 impulsado por ProInversión, que busca desarrollar corredores territoriales integrados con enfoque en digitalización, sostenibilidad y gobernanza logística.

Corredor bioceánico

El denominado Eje Sur articula infraestructura desde los puertos de Matarani, Ilo y Marcona hasta Iñapari, conectando al Perú con Brasil y mercados asiáticos mediante corredores bioceánicos.

Este sistema integra puertos, carreteras, plataformas logísticas y futuras conexiones ferroviarias para dinamizar el comercio exterior y descentralizar el crecimiento económico.

De acuerdo con ProInversión, las exportaciones del Eje Sur pasaron de representar el 25% del total nacional en 2002 a 44% en 2025, superando los US$40.000 millones el último año, impulsadas principalmente por minería, agroexportación y productos industriales.

“Perú tiene una ventaja geográfica privilegiada. Puertos como Callao, Chancay y Corío pueden convertirse en puertas de entrada y salida para el comercio regional hacia Asia, Estados Unidos y Europa”, sostuvo Del Carpio.

ProInversión indicó que Corío no solo ha sido concebido como un terminal portuario, sino también como una futura ciudad logística orientada al almacenamiento, consolidación y distribución de carga nacional e internacional.

La iniciativa contempla criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y planificación territorial moderna, en línea con el objetivo de convertir al sur peruano en un hub logístico regional.

Inversiones en el sur

La agencia también destacó el volumen de inversiones vinculadas al desarrollo del corredor sur. Entre 2002 y 2025, ProInversión adjudicó 68 proyectos APP en el sur del país por US$14.000 millones.

Además, mantiene una cartera adicional estimada en US$12.900 millones para el periodo 2026-2028, que incluye proyectos de transporte, energía, saneamiento y logística.

“La consolidación de corredores logísticos modernos permitirá atraer nuevas inversiones, fortalecer exportaciones e impulsar cadenas productivas regionales”, señaló Del Carpio.

El evento contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, además de autoridades regionales de Arequipa y Cusco.

En los últimos años, el acceso a servicios financieros formales en el Perú ha tenido un avance significativo. En ese contexto, el BCP contribuyó a que más de 7 millones de personas se incorporen al sistema financiero desde el 2020, a través de cuentas de ahorro BCP y Yape.

“En el BCP estamos convencidos de que la empresa privada puede aportar de manera importante al desarrollo del país desde su quehacer diario. Por ejemplo, a través de la inclusión financiera ayudamos a cerrar brechas sociales y construir un crecimiento más equitativo”, sostuvo Diego Cavero, gerente general del BCP.

Del total de personas incluidas, el 51% proviene de regiones, con una presencia relevante en departamentos como La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca y Piura. Asimismo, el 51% son mujeres, lo que evidencia avances en la reducción de brechas territoriales y de género en el acceso a servicios financieros formales.

“Pero para el banco, la inclusión financiera va más allá de la apertura de una cuenta. Por ello, en este hito consideramos a personas que no solo accedieron por primera vez a una cuenta en el BCP o Yape, sino que además utilizan estos servicios de manera activa, registrando al menos tres transacciones en promedio al mes”, agregó Cavero.

BCP también recordó que la educación financiera es un pilar clave para asegurar que esta inclusión sea sostenible en el tiempo. En esa línea, desde el 2021, más de 2 millones de personas han sido capacitadas a través de iniciativas como el ABC del BCP, el programa de educación financiera del BCP.

El precio del dólar cerró este viernes 8 de mayo en S/3,4370 según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda tuvo una variación de 230 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer que se situó en S/3,4600.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

En ese sentido, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4310 y un precio máximo de S/3,4460. En el mercado se negoció US$138 millones a un precio promedio de S/3,4403.

El dólar viene cayendo ante expectativas de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y una moderación en los indicadores económicos de EE.UU., lo que ha impulsado una mayor demanda por activos de riesgo.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.

Wall Street cerró en verde este viernes, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 0,02%, hasta los 49.609; el selectivo S&P 500 ganó 0,84%, hasta los 7.398 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,71%, hasta las 26.247 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones creció 0,22%, el selectivo avanzó 2,33% y el tecnológico un 4,51%. El Nadsaq cerró la semana marcando su undécimo nuevo récord del año este viernes, después de ya haber superado su propio máximo este jueves.

Una de las razones del nuevo máximo del tecnológico fue el repunte del sector de los semiconductores. Las acciones de Intel, uno de los mayores diseñadores y fabricantes de semiconductores del mundo, subieron un 13,93% al cierre del mercado bursátil.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza una semana de ganancias motivada por el optimismo que ha inundado el mercado ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Los inversores también valoraron positivamente el último informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que mantiene estable el desempleo en el 4,3 % en abril pero anota que se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65.000 empleos.

El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indica el BLS en su informe.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes 0,6%, hasta 95,42 dólares el barril.

El crudo cerró la semana con una pérdida acumulado del 6% tras varias oscilaciones provocadas por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía 0,35%, hasta 4.727 dólares la onza; la plata, por su parte, avanzó 0,92%, hasta los 80,91 dólares la onza.

Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de recolocación laboral muestran resultados altamente positivos, reflejando una tendencia sostenida de dinamismo en el mercado laboral y alta adaptación profesional, señaló Ines Temple, presidente de LHH Perú.

De esta manera, en el primer trimestre del año, el 75% de los candidatos en programas de transición de LHH Perú logró recolocarse en un empleo dependiente, consolidándose como la principal vía de reinserción laboral. En paralelo, un 8% optó por el emprendimiento o negocio propio, otro 8% se desempeña bajo un esquema de portafolio de actividades, un 8% en consultoría y un 3% en jubilación activa.

En este período, el 95% de los candidatos en transición laboral mejoró o mantuvo su nivel de cargo, superando los resultados de los mismos periodos en años anteriores: 89% en el 2025 y 87% en el 2024. Asimismo, el 73% de los profesionales recolocados logró igualar o mejorar su sueldo, aunque ligeramente por debajo del 76% registrado en 2025, pero significativamente superior al 62% del 2024.

Otro dato relevante es la movilidad laboral. El 65% de los ejecutivos y profesionales se recolocó en un sector diferente al de su experiencia previa, confirmando una tendencia creciente (62% en 2025, 64% en 2024 y 63% en 2023).

En cuanto a las herramientas de recolocación, el 77% de los profesionales accedió a nuevas oportunidades a través de su red de contactos, seguido por un 10% mediante headhunters y agencias de selección, y un 13% a través de plataformas digitales como internet y LinkedIn. “La red de contactos continua siendo el principal motor de las oportunidades. Por eso, es importante cultivar redes de confianza, vínculos genuinos y mantenernos visibles para lograr ser más empleables”, indicó Temple.

Acerca de los sectores económicos con mayor absorción de talento, el sector financiero lidera la lista, seguido por tecnología y telecomunicaciones, consumo masivo, consultoría, manufactura e industria, transporte y retail.

Recolocación por género

En cuanto a la recolocación laboral por género, el 63% de los profesionales recolocados fueron hombres, mientras que el 37% fueron mujeres. Respecto al nivel de inglés, 57% de los recolocados tiene un nivel avanzado, 38% intermedio y solo 5% tenía un nivel básico. Además, el 58% de los candidatos señala tener un MBA o maestría.

En relación a la edad de los profesionales, el 44% tiene de 41 a 50 años, 30% de 31 a 40 años, 17% de 51 a 60 años. El 6% es menor a 30 años y 3% más de 60.

“Estos resultados reflejan no solo la resiliencia del talento profesional, sino también la importancia de la adaptabilidad, la red de contactos y la diversificación de habilidades en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante”, expresó Temple.

Mallplaza anunció el nombramiento de Rafael Jaramillo como nuevo gerente de División Perú, sucediendo en el cargo a Cristian Somarriva, quien asume un nuevo rol como gerente corporativo de Integración y Nuevos Mercados en la matriz en Chile.

Jaramillo es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos por la Universidad de los Andes. Posee una trayectoria de más de dos décadas en gestión, desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios y comerciales.

Se incorporó a Mallplaza Colombia en 2018 como director de Desarrollo, participando en proyectos de expansión relevantes para el crecimiento de la compañía. En 2020, asumió la gerencia comercial, liderando la renovación de la propuesta comercial de Mallplaza NQS y la apertura de Mallplaza Cali. Desde el 2025 se desempeñó como gerente de División Colombia, cargo que ahora asumirá para la División Perú.

En su nuevo rol, tendrá a su cargo la operación y el desarrollo del portafolio en Perú, en un contexto de crecimiento para la organización, que incluye la transformación y ampliación de activos clave, la incorporación de nuevos formatos como outlets premium y la expansión de su superficie arrendable en el país.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Mallplaza de fortalecer su propuesta comercial y consolidar su presencia en el mercado peruano.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresaron su preocupación por el grave nivel de paralización de obras públicas en el país.

Ambas entidades consideran indispensable que el Gobierno adopte medidas urgentes para destrabar la inversión pública y recuperar la capacidad de ejecución del Estado. “Solicitamos al Gobierno Central, particularmente a la PCM, y al Ministerio de Economía y Finanzas, implementar un verdadero shock reactivador que permita asignar recursos para reactivar obras paralizadas, priorizar inversiones de alto impacto social y fortalecer la capacidad de gestión de las entidades públicas”, indicaron en un comunicado.

Tanto Capeco como la SNCI señalaron que, según el Informe de Obras Paralizadas N° 001-2026-CG/SESNC de la Contraloría General de la República, las obras paralizadas comprometen más de S/47 mil millones en inversión pública.

Los gobiernos locales concentran el 70,1% de los casos, siendo las principales causas el incumplimiento contractual, la falta de recursos financieros en expediente técnicos y el incumplimiento en el pago de valorizaciones.

“Pese a la vigencia de la Ley N° 31589 y otras medidas orientadas a destrabar inversiones, existen más de 12.000 proyectos sin financiamiento, entre ellos escuelas, hospitales, sistemas de agua potable, saneamiento y carreteras, sin que hasta la fecha se haya presentado una estrategia integral y sostenible para enfrentar esta problemática”, agregaron.

Ambas entidades reiteraron su disposición de contribuir técnica e institucionalmente en la construcción de soluciones que permitan acelerar la inversión pública, cerrar brechas y recuperar la confianza en la capacidad del Estado.

“El Perú necesita recuperar su capacidad de ejecutar infraestructura con eficiencia, transparencia y sentido de urgencia”, finalizaron.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco BBVA en Perú han suscrito un nuevo acuerdo de financiación por un importe de hasta US$150 millones en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, con el objetivo de apoyar proyectos de inversión, crecimiento y actividad exportadora de empresas con interés español en Perú.

Este es el cuarto acuerdo de este tipo entre ambas instituciones y el décimo que el ICO suscribe con una entidad del Grupo BBVA en el marco de este programa: cuatro en Perú, tres en México, dos en Colombia y uno en Turquía.

A través de los tres acuerdos firmados anteriormente entre el ICO y BBVA en Perú se han financiado 4 proyectos por importe global de 260 millones de euros, pertenecientes a los sectores de producción/distribución de energía eléctrica, gas, agua y construcción.

“El crecimiento de un país depende de empresas con visión y acceso a oportunidades. Por eso, esta alianza entre BBVA e ICO permitirá canalizar financiamiento hacia proyectos que modernizan la economía, fortalecen la sostenibilidad y generan empleo. Nuestro compromiso es seguir siendo el socio estratégico de quienes apuestan por crecer y transformar el Perú”, afirmó Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú.

El nuevo acuerdo, alineado con los objetivos de sostenibilidad y transformación digital de la Estrategia ICO 2022-2027 y con las prioridades del Plan de Recuperación y del programa Next Generation EU, impulsará iniciativas de eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible, así como la financiación de proyectos digitales y tecnológicos.

Se apoyarán proyectos empresariales en todos los sectores, especialmente en manufacturas, energía, servicios, infraestructuras y transporte, considerados estratégicos para la diversificación y el desarrollo económico bilateral.

“Este nuevo acuerdo con BBVA en Perú refuerza el compromiso del ICO con el impulso de proyectos empresariales con interés español en mercados estratégicos para nuestra economía, como es América Latina. A través de la Línea ICO Canal Internacional, seguimos impulsando la sostenibilidad y la transformación digital en los procesos de internacionalización de las empresas españolas. Esta colaboración refleja nuestra vocación de actuar como socio financiero de referencia en proyectos que impulsan un modelo de crecimiento sostenible”, agregó por su parte Manuel Illueca, presidente del ICO.

Para la entidad financiera peruana esta alianza se enmarca en la estrategia global de BBVA de ser un agente catalizador de la transición hacia una economía baja en carbono, y contribuye a la nueva meta del Grupo de movilizar 700 mil millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029, ampliando su liderazgo en banca responsable e inversión sostenible en los mercados donde opera.

Este acuerdo se enmarca en un contexto de creciente relación económica entre Perú y España. En 2025 las exportaciones españolas hacia Perú superaron los 838 millones de euros, con un aumento del 5,8% interanual.

Volcan Compañía Minera anunció la culminación al 100% del túnel de integración del Proyecto Romina, que marca la conexión física entre el yacimiento y la planta concentradora de Alpamarca, y que habilita la fase final previa al inicio de operaciones.

La compañía resaltó que la finalización de este túnel representa un avance decisivo en el desarrollo del proyecto, al permitir el transporte eficiente, continuo y seguro del mineral hacia la planta, así como el transporte de suministros, equipos y personal; integrando plenamente a Romina dentro del sistema productivo de la compañía.

La conclusión del túnel forma parte de un desarrollo integral que ha contemplado la ejecución de infraestructura clave, incluyendo la construcción y mejoramiento de una carretera de 14 kilómetros que articula el túnel de 1.6 km con la operación minera y la planta de tratamiento, consolidando un sistema logístico eficiente y de alto desempeño.

El Proyecto Romina ha sido diseñado sobre la infraestructura existente de Alpamarca, cuya planta cuenta con una capacidad de procesamiento de 2.500 toneladas por día (tpd). Actualmente, esta instalación viene siendo adecuada para procesar mineral de alta ley proveniente de Romina, lo que permitirá maximizar la eficiencia operativa, optimizar costos y fortalecer la rentabilidad del proyecto.

Volcan Compañía Minera destacó que el Proyecto Romina incorpora un enfoque moderno de explotación mediante el método sublevel stoping, que permite extraer grandes volúmenes de mineral con altos niveles de productividad y eficiencia.

Este modelo se complementa con la implementación de un sistema de minería 4.0, basado en el monitoreo y control en tiempo real de las operaciones, lo que facilitará la toma de decisiones oportunas y la optimización continua de los procesos.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, destacó que el Megapuerto de las Américas Corío tiene el potencial de transformar al sur del Perú en un eje internacional de comercio, conectividad, industrialización y desarrollo tecnológico, consolidando a Arequipa como una plataforma estratégica para Sudamérica y el Asia-Pacífico.

Durante entrevista en RPP, sostuvo que Corío no debe entenderse únicamente como infraestructura portuaria, sino como una plataforma económica continental capaz de integrar corredores bioceánicos, industria limpia, energías renovables, comercio global y una futura ciudad puerto. “Arequipa puede convertirse en el gran nudo de conectividad del Pacífico”, afirmó.

Además explicó que el megaproyecto contempla una inversión estimada de US$7 mil millones, equivalente aproximadamente al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, cifra que representa además 8.5 veces el presupuesto anual de Arequipa, el 9,5% de toda la inversión pública nacional anual y cerca del 42% del gasto de capital nacional.

Asimismo, precisó que actualmente ya existe interés de inversionistas provenientes de China, Estados Unidos y Alemania, y anunció que el Gobierno Regional de Arequipa desarrollará el primer roadshow internacional del proyecto, con la participación de más de 350 interesados en invertir en las diferentes etapas y componentes de esta iniciativa de alcance continental.

“El Megapuerto de las Américas Corío no es un puerto más del Perú ni del sur peruano; es el megapuerto de Sudamérica”, enfatizó el gobernador. Entre las principales ventajas estratégicas del proyecto destacó la ubicación geográfica privilegiada de Arequipa en el Pacífico sudamericano y el calado natural excepcional de Corío, que oscila entre los 20 y 29 metros de profundidad, condición que permitirá recibir buques Post-Panamax y Ultra Large Container Vessels, convirtiéndolo en uno de los terminales con mayores ventajas operativas de la región.

Además, el puerto tendría un ahorro estimado de hasta 90% en costos de dragado respecto a otros terminales portuarios sudamericanos gracias a sus condiciones naturales. Sánchez informó también que el Gobierno Regional de Arequipa ya logró el saneamiento físico legal de 34,596 hectáreas, destinadas al desarrollo integral del proyecto, incluyendo:

• 1.127 hectáreas para el núcleo portuario,
• 467 hectáreas para plataforma logística,
• 2.609 hectáreas para zona industrial,
• y 1.192 hectáreas destinadas a la futura ciudad puerto.

A ello se suma la recuperación de más de 6,500 hectáreas que anteriormente se encontraban invadidas. “Corío permitirá conectar a Sudamérica con Norteamérica y Asia. La producción del sur de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y el norte de Chile podrá salir hacia el mundo desde Arequipa”, señaló.

El megaproyecto contempla además terminales multipropósito, corredores logísticos, conectividad ferroviaria, infraestructura energética y parques industriales, consolidando un ecosistema económico integral en el sur del continente.

En su etapa inicial, el Megapuerto de las Américas Corío tendría capacidad para movilizar 20 millones de toneladas métricas anuales, mientras que su capacidad máxima proyectada alcanzaría hasta 100 millones de toneladas métricas por año, lo que le permitiría captar entre 18% y 25% de la carga portuaria del Pacífico sudamericano, con proyección de concentrar entre 30% y 40% del movimiento portuario regional hacia el año 2040.

En el componente industrial, Rohel Sánchez indicó que Arequipa busca impulsar procesos de transformación de minerales críticos y estratégicos utilizando energías renovables e hidrógeno verde, con el objetivo de avanzar hacia una industrialización limpia y competitiva.

“Mientras producir un kilogramo de hidrógeno verde en Europa cuesta alrededor de nueve dólares, en Arequipa puede costar tres dólares. Esa ventaja es enorme”, explicó. Añadió que Perú y Chile ya suscribieron un memorando de entendimiento orientado a consolidar una macrozona exportadora de cobre, abriendo la posibilidad de desarrollar plantas procesadoras y cadenas de valor vinculadas a minerales estratégicos.

“Si hoy somos grandes productores de cobre, el desafío es transformar ese cobre y generar valor agregado desde Sudamérica”, remarcó. El gobernador indicó además que el desarrollo del Megapuerto de las Américas Corío se ejecutará mediante mecanismos de Asociación Público-Privada (APP), proyectos en activos y otros esquemas orientados a facilitar la inversión internacional y acelerar la implementación de infraestructura estratégica.

La primera etapa del proyecto demandará aproximadamente US$650 millones, mientras que las inversiones complementarias podrían superar los US$20 mil millones en sectores como industria, energía, minería, agroindustria, petroquímica, inmobiliario y servicios.

Según estimaciones preliminares, Corío podría generar más de US$6,460 millones anuales en actividad económica vinculada a comercio, exportaciones, logística, transporte, industria y energía, además de movilizar inversiones industriales complementarias por entre US$10 mil millones y US$15 mil millones.

El impacto también se reflejaría en el empleo y el crecimiento regional. Se proyecta la generación de 50 mil empleos directos, 150 mil indirectos y más de 200 mil puestos de trabajo totales, equivalentes a más del 7% de la PEA del sur peruano.

Asimismo, el megaproyecto permitiría incrementar entre 12% y 18% la capacidad exportadora del sur del país y reducir entre 20% y 35% los costos logísticos, además de disminuir entre 10 y 12 días los tiempos de exportación hacia Asia.

“El Megapuerto de las Américas Corío tiene el potencial de convertir al Perú en la principal plataforma portuaria del Pacífico sudamericano y en un verdadero eje de integración continental”, concluyó Rohel Sánchez.

Y es que el profesor de Esan y experto en compliance aprobó en su primera sesión de directorio celebrada ayer, una serie de cambios gerenciales que devuelven a Petro-Perú a su status quo anterior al proceso de reorganización iniciado en enero, señalaron fuentes del sector.

Así, volverían a sus puestos muchos gerentes de áreas estratégicas que fueron removidos por la exgerente general Rita López en el marco de la implementación del DU 010-2025, que dispone la reorganización de Petro-Perú y el diseño de una nueva estructura organizacional.

Dicha estructura – que empezó a funcionar en febrero – sería desmontada ahora con el regreso de los gerentes removidos en su momento por López.

Esto, como “parte de una maniobra" que estaría dirigida a “derogar el Decreto de Urgencia, ocultar información clave y estorbar la auditoría forense de la refinería de Talara que tanto temen”, señalaron las fuentes consultadas.

Vale puntualizar que Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú hasta el pasado 3 de mayo, fue cesado de su cargo días después de comprometerse ante el Congreso de la República a sacar adelante dicha auditoría forense.

LOS CAMBIOS

Las movidas aprobadas por el directorio de Petro-Perú ayer son las siguientes: Arturo Alexander Rodríguez Paredes, nuevo gerente (e) corporativo de operaciones; Ernesto Gamarra Malpartida, gerente (e) de distribución; Carlo Javier Prado Lazo, gerente (e) de comercialización y trading de hidrocarburos; Fidel Murrugarra Pelaez, gerente (e) corporativo de planeamiento; y Elder Eloy Ruiz Díaz, gerente (e) corporativo comercial y cadena de suministro.

Con ellos también fueron nombrados: Andrés Jesús Galiano Fuentes, gerente (e) de operaciones Conchán; Moisés Carrasco Bustamante, gerente (e) de planeamiento operacional; Steeck Hoffman Panduro, gerente (e) de operaciones selva; y Gustavo Alonso Galván Pareja, secretario general (e).

“Llama mucho la atención que un profesional como Lizarzaburu, que enseña en Esan y es experto en compliance, se preste a este tipo de presiones que atentan contra el buen gobierno corporativo”, manifestó una de las fuentes consultadas.

Lizarzaburu es el cuarto presidente que tiene la petrolera estatal en el transcurso de los últimos tres meses. Los otros fueron: Elba Rojas Álvarez de Mares, Edgar Zamalloa Gallegos y Roger Arévalo.

Cabe señalar que ProInversión alertó días atrás que las recientes movidas gerenciales en Petro-Perú representan un riesgo crítico para su reorganización patrimonial.

Hasta ese momento, la petrolera había realizado tres cambios en las areas de Recursos Humanos, Legal y de Administración. Estas se complementan ahora con las de Planeamiento, Operaciones, Comercial y Cadena de Suministro, así como con Cumplimiento (Compliance).

En el marco del Investor Day de Citi, sus principales líderes comunicaron los avances y las estrategias que seguirá el banco para mejorar los retornos de sus inversionistas, con una estrategia enfocada en la eliminación de su portafolio heredado y centrándose en cinco negocios interconectados.

“Al 2022 nuestra principal ambición fue ofrecer retornos más altos y sostenibles, operar el banco con mayor rigor y disciplina, reducir el riesgo y ejecutar con rapidez. Hemos cumplido esos objetivos y estamos encaminados a alcanzar nuestra meta de RoTCE (ratio de rentabilidad sobre el patrimonio tangible) de 10% a 11% para 2026”, indicó Jane Fraser, Chair and Chief Executive Officer.

Aunque el objetivo va más allá, pues a corto plazo esperan retornos de hasta el 13% y de hasta 15% al mediano plazo, entre 2029 y 2031. Para ello, Citi ha reconfigurado sus líneas de negocio y las enmarcó en cinco principales: servicios, mercados, banca, gestión de patrimonio y tarjetas de consumo (service, markets, banking, wealth, U.S. Consumer Cards); entre otras mejoras que incluyen procesos internos y calidad de talento.

“Tras las implementaciones, el primer trimestre (2025) marcó el crecimiento trimestral más sólido de Citi en una década, con crecimiento en los cinco negocios. Eso se suma al año pasado, cuando logramos un crecimiento récord de ingresos (US$86,4 mil millones), mejores retornos (casi 200 puntos básicos, excluyendo partidas destacadas), apalancamiento operativo positivo por segundo año consecutivo y US$17.600 millones devueltos a los accionistas”, detalló.

Cada negocio fija metas específicas, como inversiones en su plataforma de liquidez en tiempo real, pagos, custodia y activos digitales para Servicios. En el caso de mercados busca el crecimiento de la franquicia de acciones y salir de áreas donde no cuenta con ventajas competitivas; asimismo está invirtiendo en la contratación de banqueros senior para fortalecer el negocio de banca y capturar orgánicamente los activos invertibles de los clientes actuales, enfocándose en asesores y tecnología; entre otras.

De acuerdo a Fraser, la estrategia genera valor para sus clientes que operan en un entorno marcado de desafíos como la inestabilidad global, interrupciones en las cadenas de suministro y disrupciones tecnológicas.

“Con nuestro modelo de negocio, Citi está posicionada de manera única tanto para ayudar a nuestros clientes a navegar estas complejidades como para obtener ventaja competitiva. Un cliente puede tener su efectivo global administrado por Services, su moneda cubierta por Markets, una adquisición estratégica asesorada y financiada por Banking y los ejecutivos gestionados por Private Bank, mientras sus gastos son respaldados por Cards”, detalló.

En cuanto a la estrategia para el mediano plazo, detalló que serán cuatro impulsores que los lleven a retornos de 14% a 15% y estos incluyen una mezcla de ingresos más diversificada con mayor contribución de comisiones, inversión continua para impulsar el desempeño del negocio, mayor productividad —incluyendo tecnología e IA— y, cuarto, la reducción del DTA (activo por impuestos diferidos) para maximizar la productividad del capital.

Los precios de los alimentos subieron moderadamente en abril, por tercer mes consecutivo, debido al mayor coste de la energía y las perturbaciones debidas a la guerra en Medio Oriente, indicó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, subió 1,6% respecto a marzo, y 2% en comparación con abril de 2025.

“Pese a las perturbaciones debidas a la crisis en el estrecho de Ormuz, los sistemas agroalimentarios mundiales siguieron mostrando resiliencia”, estimó el economista en jefe de la FAO, Máximo Torero, en un comunicado.

“Los precios de los cereales aumentaron de forma moderada hasta ahora gracias a unas reservas relativamente sólidas, y una oferta adecuada de temporadas anteriores”, indicó.

En detalle, el índice FAO de los precios de cereales aumentó 0,8% respecto al mes anterior. La subida fue del +0,8% para el trigo y del +0,7% para el maíz.

El precio de los aceites vegetales se incrementó en cambio 5,9% en abril respecto a marzo, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022 por las subidas en los aceites de palma, soja, girasol y colza.

“Los aceites vegetales acusan los mayores incrementos de precios, por las cotizaciones del petróleo, más elevadas, que aumentan a su vez la demanda de biocarburantes y ejercen una presión adicional sobre los mercados de aceites vegetales”, explicó Torero.

Por su lado, el índice de la carne, en alza del 1,2%, alcanzó un récord en abril, empujado por los precios del bovino.

El conflicto en Medio Oriente encareció igualmente los fertilizantes. Un 30% de su volumen transitaba por el estrecho de Ormuz, y su precio se ve influido por el coste del gas necesario para su producción.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, avisó el jueves de que la escasez de fertilizantes se traducirá en menores rendimientos agrícolas, y en una reducción de la oferta de alimentos en la segunda mitad del año y en 2027.

“La agricultura funciona según un calendario que no puede postergarse”, destacó el responsable de esta agencia de la ONU. “Los fertilizantes se tienen que emplear en determinado momento preciso del ciclo de los cultivos. Si no llegan en el momento adecuado, los rendimientos se ven reducidos”.

Las empresas industriales peruanas transformadoras de alambrón, encabezadas por PRODAC, formalizaron el pasado 30 de abril la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Indecopi, con el objetivo de revertir la resolución de primera instancia que impone derechos antidumping a las importaciones de alambrón provenientes de China.

La apelación se dirige contra la Resolución N.° 065-2026/CDB-INDECOPI y busca que la segunda instancia corrija lo actuado y deje sin efecto la medida, al considerar que no cuenta con sustento técnico suficiente. “Con esta apelación buscamos que el Tribunal evalúe de manera objetiva lo resuelto, con las garantías de un proceso técnico e imparcial”, señaló Pierino Stucchi, abogado de PRODAC.

Entre los principales fundamentos del recurso, PRODAC advierte la existencia de vicios relevantes en la investigación. Uno de los puntos centrales es el cambio de metodología para calcular el margen de dumping, el cual, según la empresa, se produjo fuera de los plazos establecidos y cuando la etapa probatoria ya había concluido.

Inicialmente, la Comisión utilizó a Ecuador como país de referencia, pero posteriormente modificó el criterio y presentó un cálculo basado en costos reconstruidos. Este cambio, según los importadores, se conoció recién en la etapa final, limitando su derecho de defensa al no poder presentar pruebas ni cuestionamientos oportunos.

Asimismo, sostienen que no se ha acreditado la existencia de daño importante a la industria nacional, requisito indispensable para justificar la imposición de medidas antidumping. De acuerdo con los propios indicadores del expediente, la empresa solicitante habría mostrado crecimiento en producción, productividad y participación de mercado durante el periodo analizado, además de realizar inversiones significativas en el exterior.

“La apelación expone inconsistencias metodológicas relevantes y afectaciones al debido proceso. Corresponde que el Tribunal revise el caso con criterios estrictamente técnicos y garantice la imparcialidad que exige este tipo de procedimientos”, sostuvo Pierino Stucchi, quien representa a la industria peruana que utiliza el alambrón como materia prima.

La apelación también incluye cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. PRODAC señala la existencia de reuniones no comunicadas entre autoridades del Indecopi y actores vinculados al caso, lo que genera dudas sobre la imparcialidad institucional.

En esa línea, la empresa ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar la conducta del titular de Indecopi, sobre la base de hechos documentados que podrían comprometer la confianza en el proceso. Sobre este punto, Stucchi añadió: “Cuando existen elementos que pueden afectar la percepción de neutralidad, es indispensable que la segunda instancia actúe con absoluta transparencia y rigor.”

Por otro lado, las empresas advierten que la imposición de los derechos antidumping ya viene generando efectos en la cadena productiva. El mercado de productos de alambre básico, como clavos y alambres recocidos, ha comenzado a desacelerarse, mientras que los costos de producción se han incrementado. El alambrón es utilizado en sectores prioritarios de la economía nacional: agroindustria, construcción, pesca, minería y otros.

Según PRODAC, el alza en el precio de la materia prima podría trasladarse progresivamente al consumidor final, especialmente en sectores vinculados a la construcción. Se estima que los costos de fabricación ya habrían aumentado en más de 10%, afectando márgenes y dinámica comercial. “La medida obliga a pagar más por la materia prima o a buscar alternativas más costosas, lo que reduce la competitividad y ralentiza la demanda en toda la cadena”, indicaron.

Con la apelación ya presentada, el caso entra ahora a evaluación del Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi, que deberá pronunciarse sobre los aspectos técnicos y los cuestionamientos procesales planteados.

Grupo Unacem fue incorporado al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, uno de los principales referentes de sostenibilidad en el mercado de capitales de la región, que agrupa a empresas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por Chile, Colombia, México y Perú.

La inclusión del Grupo UNACEM se sustenta en su desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, donde alcanzó 78 puntos, resultado que previamente lo ubicó en el Top 10% de su sector e impulsó su ingreso al Sustainability Yearbook 2026.

Cabe precisar que el índice, elaborado por S&P Dow Jones Indices, selecciona a las empresas con mejor desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro del universo del S&P MILA Pacific Alliance Composite, integrando a aquellas que superan a la mayoría de sus pares en cada industria.

Este reconocimiento forma parte del proceso de rebalanceo anual del índice, que evalúa a las compañías por mercado bursátil, como el MILA, y selecciona a aquellas con prácticas más avanzadas en sostenibilidad.

“Este reconocimiento refleja la consistencia de nuestro desempeño en sostenibilidad y cómo este se integra en la gestión del negocio. Es resultado de un enfoque que venimos consolidando en el tiempo”, señaló Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo unacem.

De acuerdo con los gremios, la aplicación de este cobro desde el 7 de diciembre del 2025 convirtió al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de América Latina para pasajeros en conexión internacional y ya provocó la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima durante el primer trimestre del 2026.

La acción judicial fue presentada el 4 de mayo contra las resoluciones N°0005-2026-CD-Ositrán y N°0019-2025-CD-Ositrán, mediante las cuales el regulador fijó las tarifas máximas de US$7,46 para pasajeros en transferencia nacional y US$11,86 —incluido IGV— para pasajeros en transferencia internacional.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, explicó que la decisión de acudir al Poder Judicial responde a que “se agotó la vía administrativa”. “Ositrán dentro de sus funciones tiene la potestad de regular esta tarifa de la TUUA de transferencia nacional e internacional. Administrativamente hablando ya no nos cabe algún recurso impugnatorio porque esa vía ya está concluida con este último pronunciamiento de Ositrán”, sostuvo.

Según detalló, el objetivo de la demanda es que un juez revise la metodología utilizada por el regulador para fijar la tarifa y ordene una nueva evaluación. “Lo que se busca es que el juez revise esta resolución de Ositrán y básicamente le indique a ellos que, recogiendo los cuestionamientos de AETAI, vuelvan a pronunciarse tomando en consideración los puntos que están siendo cuestionados”, señaló.

Entre los principales cuestionamientos figuran la metodología empleada para el cálculo tarifario, el valor de las inversiones consideradas y, especialmente, la falta de información estadística sobre pasajeros en transferencia nacional.

“¿Cómo puedes marcar una tarifa si no tienes una demanda? Un estimado no es algo serio para marcar una tarifa que están pagando los pasajeros”, cuestionó Gutiérrez.

Críticas a la Adenda 9

El anuncio ocurre en medio de las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) para suscribir la Adenda N°9 al contrato de concesión del aeropuerto.

Según los gremios, el proyecto de adenda —publicado el 30 de marzo— no resuelve el problema de fondo porque solo contempla eliminar la TUUA de transferencia nacional, mientras mantiene intacta la tarifa internacional.

“La adenda que pretenden firmar eliminaría únicamente la TUUA de transferencia nacional, pero se dejará intacta la tarifa internacional que ha generado el daño real”, indicaron en el comunicado.

Para AETAI, el problema central es precisamente la TUUA internacional, que consideran responsable de la pérdida de competitividad del hub limeño frente a aeropuertos como Bogotá, Panamá, Santiago o São Paulo.

“Eso es lo que ha generado ocho vuelos cancelados, la pérdida de competitividad y conectividad como país”, afirmó Gutiérrez.

El gremio propuso como alternativa ampliar el plazo de concesión del aeropuerto en lugar de que el Estado subsidie el cobro de la TUUA nacional. “Eso es inocuo porque el Estado no deja de recaudar y tampoco va a subvencionar. Atacas el problema de fondo, que es eliminar ambas TUUA”, explicó el gerente general de AETAI.

Además, cuestionaron que el MTC no haya transparentado los informes económicos que sustentan la Adenda 9. Según los gremios, la cifra de pasajeros de transferencia nacional utilizada para calcular el eventual monto de compensación estatal “no tiene fuente declarada ni estadística oficial que la respalde”.

Ocho rutas canceladas

La tensión por la TUUA de transferencia se intensificó en abril, cuando AETAI informó la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima. Entre ellas figuran Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, operadas por Latam Airlines Perú, además de Lima–La Habana y Lima–Cancún. También quedaron suspendidos dos nuevos vuelos que iban a lanzarse este año: Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte.

Según AETAI, el cobro adicional de casi US$25 ida y vuelta para pasajeros en conexión internacional “destruye la lógica del hub” y favorece a otros aeropuertos de la región.

En abril, el CEO de JetSmart, Estuardo Ortiz, reconoció en una entrevista a este Diario, que la medida ya está impactando en las decisiones de expansión de la aerolínea. “La TUUA de transferencia ha tenido un impacto ya en la conectividad, y en nuestros planes de negocio lo va a generar también”, afirmó.

Ositrán y LAP defendieron la medida

En febrero, en declaraciones a la prensa recopiladas por este Diario, Ositrán declaró infundados los recursos presentados por AETAI e IATA y ratificó definitivamente la aplicación de la tarifa hasta el 2030.

El regulador sostuvo entonces que los montos fueron calculados conforme al contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y LAP.

Por su parte, en declaraciones brindadas en febrero a El Comercio, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), consideró que las aerolíneas habían “elevado la voz de manera exagerada” respecto a la TUUA internacional. “Me parece exagerado decir que por un cobro de US$11 el pasajero va a cambiar su decisión de vuelo”, sostuvo entonces.

En aquella entrevista, Salmón también indicó que LAP está abierto a conversar alternativas con el Estado, aunque defendió la necesidad de mantener ingresos que permitan sostener financieramente la concesión y cumplir con sus compromisos financieros.

Al cierre de esta edición, ni el MTC ni LAP se habían pronunciado sobre el inicio de la acción contencioso-administrativa presentada por los gremios aeronáuticos.

Esto no es gratuito, ya que también responde a la consolidación de la propuesta de viajes corporativos, a una estrategia para entrar a nuevos segmentos y a la valoración que hoy en día tienen estos viajes para las empresas y sus colaboradores, lo que se refleja en el Barómetro de Movilidad Corporativa en Perú 2026.

El reporte muestra que el 38% de los colaboradores interpreta este servicio como una inversión en el bienestar laboral por parte de su empresa. Además, un 28% de los encuestados considera que tener este tipo de traslados genera una reducción de estrés logístico que les permite enfocarse en los objetivos laborales.

Así también, el 31% de los colaboradores encuestados utiliza los viajes corporativos como una extensión de su espacio de trabajo, esto es, para atender alguna reunión, llamada o resolver algún tema laboral usando su celular o su laptop. Para ello, Cáceres apunta que se enfocan mucho en la seguridad como parte de sus propuesta de valor.

En base al barómetro, han identificado que un viaje corporativo suele tomar unos 35 minutos, en promedio, con traslados que pueden tomar 10 km en Lima. Los miércoles y jueves entre las 10 a.m. y 11 a.m. son los horarios en el que se da mayor movimiento laboral.

Las zonas donde se realizan estos viajes son, sobre todo, distritos como San Isidro, Miraflores y Surco. También viajes al aeropuerto, donde las reservas son una herramienta al alza; solo durante el último año frente al 2024 han aumentado 52%, también por un mayor foco en brindar un mejor servicio y experiencia de reserva para estos viajes, y por brindar soluciones diferentes como las rutas agrupadas en el segmento corporativo. Un servicio muy utilizado en sectores intensivos en personal, como empresas aeroportuarias o contact centers, explica Cáceres.

Expansión de servicios

Como parte de su estrategia de crecimiento han impulsado dos aspectos centrales. Una de ellas es su expansión geográfica dentro de Lima Metropolitana. “Teníamos presencia en San Isidro, Surco, Barranco, pero poca en otras zonas como Lurín, Callao y Huachipa, donde también se concentran gran cantidad de empresas y fábricas. Pusimos mucho foco allí desde el año pasado dando un buen nivel de servicio”, refiere el ejecutivo.

Con ello, no solo han aumentado el número de viajes llegado a más empresas, sino que también esto les permitió ir más allá de los sectores banca o ‘consulting’, muy concentrados en el centro empresarial, e ingresar a los sectores ‘retail’, manufactura y logística, en los distritos periféricos. Hoy en día han sumado más de 15 empresas grandes que operan en estas zonas. A nivel de precios, estos trayectos, por la distancia, suelen ser entre 10% y 15% más elevados que en las zonas céntricas.

Este año también están lanzando el servicio Executive, servicios corporativos en autos más modernos, de mejor gama, con menos de tres años de antigüedad y con conductores más profesionales. Y también incorporan en mayor medida el servicio de vans. “Hay una gran oportunidad en las zonas periféricas de Lima. Para el mismo servicio de rutas agrupadas se necesitan vans para acercar a los colaboradores de estas empresas a sus lugares de trabajo”, indica.

“Estamos creciendo al llegar principalmente a empresas grandes a las que antes no llegábamos, adecuamos nuestros procesos para ello. Ahora trabajamos con 3.100 empresas y estimo que serán 3.200 este año”, proyecta.

Al notar este crecimiento, también han visto oportunidades para atender a empresas pequeñas y medianas, algo que ya ha hecho la compañía en España, detalla Cáceres. “En Perú no lo veo este año, pero sí en el 2027″, adelanta. Para atender a esta nueva demanda, cuenta, tienen que adecuar algunos servicios con tecnología y el uso de la IA, para tener capacidad de respuesta a la que será una nueva masividad.

T&C proyecta duplicar su operación en 2026, impulsada por el crecimiento de su negocio en Miami, que ya representa el 30% de sus ingresos y podría superar a Lima en el corto plazo. “En conjunto, en Lima y Miami esperamos crecer 100% este año”, afirma William Ticona, gerente general de la compañía.

El avance en Estados Unidos responde al desarrollo de su proyecto Edge House, cuyo inicio de construcción ha sido clave para acelerar las ventas, según explica él ejecutivo. A diferencia de otros proyectos que se comercializan en planos, el inicio de obra reduce la percepción de riesgo y mejora la confianza de compradores e intermediarios.

“El hecho de iniciar obra genera confianza, porque el proyecto ya tiene todas las aprobaciones y eso se refleja en las ventas”, señala Ticona.

Actualmente, el proyecto bordea el 30% de unidades colocadas y apunta a cumplir su plan comercial. La entrega está prevista para finales del 2028 e inicios del 2029.

El ticket promedio en este desarrollo alcanza los US$800.000, con precios que van desde US$500.000 hasta los US$1,5 millones. Ticona afirma que la demanda está dominada por inversionistas internacionales que compran las unidades como segunda vivienda o activo de inversión. “Son compradores que buscan invertir en un activo tangible, que pueden usar como segunda vivienda o rentar, y que esperan que gane valor en el tiempo”, precisa.

Según Ticona, la estrategia en ese mercado apunta a profundizar su presencia en una misma ciudad. Es así que la compañía ya evalúa tres proyectos adicionales en Miami, con un modelo similar de departamentos orientados a inversión, con potencial de renta y ubicaciones estratégicas. “Tener varios proyectos en una misma ciudad nos permite generar sinergias y no duplicar esfuerzos”, explica Ticona.

Mercado local

En el 2025, T&C vendió 1.000 departamentos y aumentó su facturación en 15% frente al año anterior, apoyado en una mayor oferta en distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco y San Miguel.

La empresa ha reducido el tamaño de sus unidades para hacer más accesible el ticket de entrada, con departamentos desde 25 m2 y precios que van desde los S/159.000 en el caso de los ‘lofts’, mientras que las unidades de mayor tamaño se cotizan desde los S/295.000.

En el negocio de oficinas, el proyecto IQ Surco alcanza cerca del 80% de unidades vendidas y abre paso a una segunda etapa, lo que confirma la demanda por este tipo de producto. “En oficinas nos está yendo muy bien, eso nos permite lanzar nuevos proyectos”, indica.

(Desde Leipzig, Alemania)

En un paso más rumbo a nuestro objetivo de adherirnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país se ha unido al Foro Internacional de Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) como miembro número 72 de este organismo intergubernamental que está dentro del sistema de la OCDE.

De hecho, hace dos meses, Perú había formalizado su intención de adherirse al organismo con una carta remitida por el ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, Aldo Prieto, al secretario general del ITF, Young Tae Kim, gestión realizada por la representante permanente del Perú ante los Organismos Económicos Internacionales con sede en París, Ana Rosa Valdivieso Santa María.No obstante, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuentan que la decisión de Perú de adherirse al ITF inició formalmente en el 2024. “Esto respondió principalmente a una visión estratégica de mediano y largo plazo”, indicaron del MTC a El Comercio.

La decisión final estaba en manos del ITF, tema que fue evaluado durante el ITF Summit 2026 esta semana, realizado en Leipzig, Alemania. Así, el Perú esperaba sumarse a los siete países latinoamericanos que ya forman parte del foro y consolidar su posicionamiento en la agenda global del transporte.

El jueves 7, luego de la reunión del Consejo de Ministros de Transportes del ITF, el máximo órgano de la organización que cumple dos décadas este año, se admitió al Perú como parte del ITF, junto a Panamá y Ghana, durante el Summit 2026, que ha reunido a ministros de los países miembros del ITF y más de 1.000 delegados de todo el mundo del 6 al 8 de mayo, bajo el tema de “Financiar un transporte resiliente”.

El ITF actúa como un centro de pensamiento para políticas de transporte y organiza cada año la cumbre mundial de ministros de Transporte.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, afirmó que con la adhesión de estos tres nuevos países, el organismo da otro paso a convertirse en una plataforma realmente global.

Rashad Nabiyev, ministro de desarrollo digital y transporte de Azerbaijan, país que tiene la presidencia del ITF hasta este año, dio la bienvenida a los nuevos miembros y asegura que cada uno de los países da una perspectiva distinta y valiosa del transporte al foro. Destacó la presencia de Perú y señaló que con la reciente apertura del megapuerto de Chancay en la costa del Pacífico está creando un nuevo corredor logístico entre Sudamérica y Asia. “Su adhesión refleja la creciente relevancia global de nuestra organización.

Kim destacó que tener tres miembros nuevos no es algo habitual. También resaltó la presencia de Ghana por su posición en el continente africano, a Panamá por su importancia en la cadena de suministro global, y a Perú, por ser una de las economías más fuertes de América Latina.

Por Perú, estuvo presente Gerald Pajuelo, ministro consejero en la misión permanente de las organizaciones económicas internacionales en Paris, del Ministerio de Relaciones Exteriores. El representante peruano leyó un mensaje del ministro Prieto en el que manifestó que esta adhesión le permitirá fortalecer las políticas públicas de transporte del Perú mediante el acceso a cooperación internacional, análisis comparativo, el intercambio de experiencias y la participación en diálogos de alto nivel.

“La decisión de la Cámara de Ministros de Transporte es una clara señal de confianza en Perú y su prospecto de desarrollo, en particular en el sector de transporte, donde hemos promovido una mayor inversión pública y privada. Perú es un país con una de las economías más estables en Latinoamérica y tiene un gran compromiso con el multilateralismo. Por lo tanto, la membresía en la ITF no es solo una oportunidad, sino también una responsabilidad. Estamos seguros de que la membresía de la ITF nos permitirá fortalecer nuestra capacidad internacional, la experiencia de intercambio y la cooperación en las zonas con los más altos estándares internacionales”, dijo.

En contacto con El Comercio, el MTC dijo que La adhesión del Perú al Foro Internacional de Transporte (ITF) significa incorporarse a la principal plataforma mundial de análisis, cooperación y coordinación de políticas públicas en materia de transporte.

“Esto permite al país participar activamente en la discusión de tendencias globales, como movilidad sostenible, logística, infraestructura resiliente, digitalización e integración multimodal, para mejorar el diseño de nuestras políticas sectoriales. Para un país como el Perú, con importantes brechas de conectividad y altos costos logísticos, representa una oportunidad importante de modernización institucional”, explicaron.

Asimismo, el MTC dijo a este Diario que estar adherido al ITF, organismo integrado a la OCDE, “es un paso que va alineado al proceso de adhesión a la OCDE. No porque sea un requisito formal, sino porque refuerza capacidades que la OCDE valora: calidad regulatoria, formulación de políticas basadas en evidencia, fortalecimiento institucional y articulación internacional. En términos políticos y técnicos, proyecta al Perú como un país que busca converger hacia estándares globales de gobernanza pública”, detallaron.

Como se recuerda, el Perú avanza en su proceso de adhesión a la OCDE, con el objetivo y la expectativa de que se pueda formalizar su ingreso entre finales de 2026 y principios de 2027.

Sobre los otros miembros, Nabiyev también destacó a Ghana por su papel como centro de transporte regional para el sur de África, y a Panamá como uno de los corredores marítimos más importantes y estratégicos del mundo por el Canal de Panamá, que soporta aproximadamente el 6% del comercio marítimo internacional.

Pero esa promesa no se sostiene sola. Para que un pasajero llegue a tiempo, hay un ecosistema con diferentes actores que trabajan en sincronía; cada uno con sus propios flujos y restricciones. Un terminal que no opera a plena capacidad, un sistema migratorio que se cae, una torre de control que no optimiza salidas o, incluso, una tripulación con dificultades para llegar al aeropuerto, pueden impactar tanto el despegue de un vuelo como a toda la red.

Al interior de las aerolíneas, el monitoreo de aeronaves en tiempo real asegura la continuidad de la operación. A esto se suma una logística de tripulaciones rigurosa y esquemas de mantenimiento predictivo que buscan anticipar y neutralizar disrupciones. En paralelo, en tierra se ejecuta un trabajo de alta precisión: mientras el pasajero realiza su check-in, se despliega una secuencia que incluye carga de equipaje, abastecimiento de combustible y limpieza. Cada minuto cuenta en una dinámica donde cualquier desajuste puede escalar rápidamente.

Sin embargo, la puntualidad no depende solo de la gestión de las líneas aéreas. Hoy, la aviación en el Perú enfrenta desafíos de competitividad. El cobro de tasas adicionales en procesos de transferencia de pasajeros le quita agilidad al proceso.

A esto se suma la necesidad de mantener separaciones entre vuelos, que reduce la flexibilidad del sistema y limita su capacidad para absorber retrasos. Incluso, cualquier ineficiencia previa podría amplificarse a lo largo de la operación. Estas fricciones no solo incomodan al viajero, sino que ponen en riesgo el horario de salida y alteran la rotación de las aeronaves en toda la red.

En ese contexto, los estándares internacionales permiten dimensionar el desempeño. En marzo, el ranking de Cirium volvió a posicionar a SKY como la línea aérea más puntual de la región, con un 94,12% de llegadas a tiempo. Y si bien el aeropuerto de Lima ha mostrado resultados igual de destacados, el desafío no está solo en alcanzarlos, sino en sostenerlos en un contexto donde la puntualidad depende de la coordinación de múltiples actores.

Por ello, es imperativo que la infraestructura -especialmente la regional- y el entorno regulatorio dejen de ser un cuello de botella. Es urgente invertir en modernización para que el éxito no dependa solo del esfuerzo de algunos actores.

El desafío es construir un sistema que funcione como uno solo, donde la infraestructura acompañe, la regulación habilite y todos los actores operen con una lógica de red. La puntualidad no puede ser un esfuerzo aislado de las aerolíneas; debe ser el compromiso de un ecosistema que entienda que, cuando un avión despega a tiempo, es el progreso del Perú el que toma vuelo.

Las grandes marcas de belleza miran al Perú como un mercado en pleno ‘glow’. Solo el 2025 creció 7% frente al año anterior y ya mueve S/10.000 millones hoy en día, según cifras del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la CCL. Es por eso que en los últimos años han aparecido más jugadores y las grandes marcas globales miran con atención sus primeros pasos en el país.

Mariana Becerra, directora comercial del Jockey Plaza, confirma que, en efecto, el segmento belleza sigue creciendo y que este año llegarán varios conceptos de belleza al ‘mall’. Adelanta que este 2026 aterrizará la marca Mia Beauty Bar (del grupo Intercorp) con un local de 300 m2 y un par de marcas de belleza más, Kiko Milano entre ellas.

La firma del Grupo Percassi, que ingresará al país de la mano de DBS Beauty Store-como adelantó este Diario-, estaría abriendo a mediados de año su primera tienda propia en el Jockey Plaza. Kiko Milano, llamada también la ‘Zara italiana de la belleza’ tiene una propuesta de lujo accesible y con precios muy competitivos, como afirmó Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, cuando comentó la llegada de la marca hace algunos meses. A nivel global, Kiko Milano cuenta con más de 1.000 tiendas.

Según pudo conocer este Diario, el acuerdo con Kiko Milano estaría ya en las etapas finales y el local se ubicaría en la parte interna del centro comercial. En la región, Kiko Milano, que vende sobre todo sus productos de marca propia, algunos de los cuales se han vuelto virales en las redes sociales, cuenta con tiendas en México y Chile. En este último operan de la mano de DBS Beauty Store desde hace casi cuatro años, con un modelo como el que se implementará en el Perú.

¿Y Sephora? Becerra anota que esta marca está muy interesada en América Latina pero al ser un ingreso regional, los plazos son distintos. Acevedo explicó que Sephora está en la etapa de registro de marcas, pero que aún no inicia la del registro de fórmulas en Digemid. El siguiente paso es la búsqueda de ubicaciones.

“Por más que hay temas políticos, la economía del Perú viene bien, hay apetito por la región, por traer marcas europeas. Apuestan por venir al país como centro regional de operación”, explica Becerra sobre la llegada de nuevas marcas al país y al Jockey Plaza como puerta de entrada al mercado peruano.

El centro comercial apunta a crecer entre 7% y 8% al cierre de este año, ya con la apertura de nuevas tiendas en el ‘mall’, la llegada de las marcas de lujo y el primer año de la apertura de la tienda ‘flagship’ de adidas, que ha ocupado el espacio que dejó en su momento Forever21.

El año ha arrancado de manera positiva para Platanitos, en particular, por la campaña de verano y ahora con campañas como el Cyber Wow, cuenta Pedro Mont, director ejecutivo de la empresa. La marca, ya desde hace algunos años, no es solo una cadena de tiendas especializada en calzado, sino que también se va consolidando como un amplio marketplace multicategoría.

“El ruido político bajó un poco la celebración, se siente una cierta disminución del acelerador, pero seguimos creciendo a doble dígito, así que este año debería ir muy bien”, explica Mont. Para el ejecutivo, este año el Mundial de fútbol 2026, así como el plan de apertura de sus tiendas y el calendario más espaciado de Cybers, ayudarán a impulsar este crecimiento.

¿El año electoral impacta en el consumo? El ejecutivo cuenta que observando el comportamiento de consumo en las últimas tres elecciones, si Lima se desacelera, las provincias siguen con potencia en el retail.

Impulso: el Mundial Fútbol 2026

Aunque el Perú no ha clasificado al Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, sigue siendo una campaña importante en el calendario comercial. De acuerdo a Mont, la previa para este evento ya viene incrementando 20% las ventas en la categoría fútbol, sobre todo en zapatillas y ropa deportiva, en la plataforma online. Asegura que no esperaba que las pelotas del Mundial tuvieran gran demanda. “Está empezando a calentar la campaña, aunque han habido factores coyunturales que pudieron haber distraído, pero ya van prendiendo. Los productos ligados al fútbol representan el 12% de las ventas de la categoría deportiva”, detalla.

La categoría fútbol registraría el doble de ventas frente a un año sin Mundial. Además, se estima alcanzar los montos que registraron hace cuatro años, durante el último evento deportivo de este tipo.

En cuanto al Día de la Madre, el ejecutivo sostiene que es la tercera campaña más importante del año, por detrás de los Cybers de julio, y por lo general representa un incremental en ventas de 10%-20% en mayo frente a un mes regular, para Platanitos.

Mont agrega que en el contexto geopolítico internacional, que repercute en un incremento de los costos de transporte (por el alza de los combustible), se empieza a sentir el impacto en los costos de los productos importados. Es por eso que el ticket promedio, que era de S/160, se incrementaría a S/189 en el canal online de la compañía este año. Un incremento que, en la medida de lo posible, tratan de absorber en los productos de sus marcas propias.

“[Estos mayores costos] los hemos tratado de manejar internamente, sacrificando margen pero también buscamos, por otro lado, como con las nuevas tiendas, manejar el mismo ‘backoffice’ para las 100 tiendas”, refiere.

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Si bien han podido asumir la mayor parte del incremento de los costos en sus productos, estima que los precio de calzados de marca propia pudieron subir entre 3% y 5%, ya que son productos que se confeccionan en China. Los productos de otras marcas también se han visto afectados.

Nuevas tiendas y Chile

Platanitos, además, está fortaleciendo su expansión de tiendas físicas en el país, lo que también permite reforzar su e-commerce para entregas en tienda. Dentro de poco abrirán una nueva sede en Comas, que será la tienda número 100. Además, tienen planeado inaugurar otras 11 tiendas más durante este año en el Perú, además de otros tres locales que abrieron en el primer trimestre; al término del 2026, habrán sumado 15 tiendas.

“No puedo comentar las ubicaciones exactas, pero estarán sobre todo en ciudades que no son las más grandes, buscando llegar a zonas relativamente nuevas. Estas ciudades pequeñas para mí son el próximo Lima Norte. Aunque más pequeñas, son provincias que tienen mucha demanda y poder adquisitivo, que quizá por ser economías un poco más informales, no se habían visto”, comenta. Un ejemplo de ello ha sido Jaén, que ha tenido un desempeño muy importante.

Por otro lado, en Chile abrirán tres nuevas tiendas fuera de Santiago. Una de ellas en la ciudad de Concepción. Actualmente cuentan con 8 tiendas y están cerrando contratos para inaugurar más locales este 2026; ya tienen tres confirmaciones.

Este año, asimismo, han lanzado Platanitos.com, su canal online, que recién está operando en el vecino del sur, donde se registra una demanda interesante. Actualmente, está en proceso de adaptarse a la moda y forma de compra de los consumidores chilenos.

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este viernes 8 de mayo es de S/3,4400 con una baja de 0,53% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 7 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el tipo de cambio fue de S/3,4600 con una variación de 30 puntos básicos en comparación del precio cierre del miércoles que se situó en S/3,4630.

Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/21.6 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4530 y un precio máximo de S/3,4700. Asimismo, en el mercado se negociaron US$742 millones a un precio promedio de S/3,4579.

Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,13%, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 65 puntos, hasta los 49.662; el selectivo S&P 500 ganaba 0,57%, hasta los 7.378 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,03%, hasta las 26.073 unidades.

La Bolsa de Nueva York volvió a la tendencia al alza anotada durante esta semana después de que la volatilidad del precio del petróleo durante la jornada de ayer le llevara a anotar pérdidas.

Los inversores valoraron positivamente el último informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que mantiene estable el desempleo en 4,3%, en abril pero anota que se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65.000 empleos.

El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indica el BLS en su informe.

El mercado bursátil también sigue pendiente de la evolución de la guerra en Irán después de que se produjeran nuevos ataques cruzados. Aun así, el presidente de estados Unidos, Donald Trump, descarta que supongan una ruptura del alto el fuego.

Ambos países protagonizaron nuevos ataques en el estrecho de Ormuz. “Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad”, dijo Trump en plataforma Truth Social.

El Ejército de Irán denunció la madrugada de este viernes que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del Estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo de alto el fuego, que cumple 30 días, sigue vigente.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se mantuvo estable en torno a los 95 dólares el barril.

El oro, considerado activo refugio, subía un 0,75%, hasta los 4.746 dólares la onza; y la plata 2,02%, hasta los 81,80 dólares la onza.

El crédito hipotecario verde viene ganando espacio en el financiamiento de vivienda, impulsado por la mayor oferta de productos desde la banca y por el desarrollo de proyectos con certificación sostenible. Sin embargo, su penetración aún es limitada y depende, principalmente, de la disponibilidad de este tipo de desarrollos.

María Pia Castro, Enterprise Financing Discipline Leader de BBVA en Perú, señala que el producto Crédito Hipotecario Verde representó el 9% de la facturación hipotecaria del banco en el 2025, nivel que se ha mantenido durante el primer trimestre del 2026. Precisa que este desempeño se encuentra en línea con las proyecciones de la entidad.

En cuanto a las condiciones del producto, indica que la diferencia de tasa frente a un crédito hipotecario tradicional es de aproximadamente 0,15% anual. En un plazo de 25 años, ello se traduce en un costo total del crédito alrededor de 1,3% menor. Añade que el principal beneficio no está únicamente en la tasa, sino en la eficiencia energética asociada a los proyectos sostenibles.

Castro explica que la demanda no se origina necesariamente en el cliente. “Los clientes llegan buscando un crédito hipotecario, no necesariamente un Crédito Hipotecario verde, y somos nosotros quienes le ofrecemos el mejor producto para su necesidad”, afirma.

Asimismo, señala que la disponibilidad de proyectos certificados sigue siendo una limitante. Indica que estos representan todavía una minoría dentro del total financiado por el banco, aunque vienen creciendo conforme los clientes valoran la eficiencia de las viviendas y los promotores adquieren mayor experiencia en su desarrollo. “Los proyectos certificados hoy son todavía una minoría dentro del total de proyectos que financiamos; sin embargo, vienen creciendo por encima del mercado”, añade.

En esa misma línea, desde BanBif anotan que el crecimiento del producto muestra una dinámica más acelerada. Enrique La Torre, gerente de División de Banca Inmobiliaria e Hipotecaria, indica que la entidad colocó 460 operaciones de su producto Préstamo Hipotecario Sostenible en el 2025, por un total de US$44,3 millones, y que en lo que va del 2026 ha registrado más de 170 operaciones por US$18,1 millones.

El ejecutivo destaca que el producto incorpora un bono equivalente al 2% del monto desembolsado, que se entrega al cliente en el mes 19 del crédito. Este incentivo está dirigido a la compra de inmuebles con certificación LEED (certificación internacional que evalúa el desempeño ambiental de edificaciones) o EDGE (estándar que certifica ahorros en energía, agua y materiales en viviendas), asociados a un uso más eficiente de recursos como energía y agua.

En cuanto al perfil del cliente, La Torre señala que se trata principalmente de personas entre 31 y 50 años, con una participación mayoritaria de solteros, que representan el 62% del total. Añade que el ticket promedio de estos créditos alcanza los US$100.000 y que la mayor demanda se concentra en Lima, donde existe una mayor oferta de proyectos sostenibles. “Se proyecta que en los próximos meses esta oferta se expanda hacia otras regiones del país”, agrega.

En ese contexto, el avance de este tipo de financiamiento depende no solo de la oferta de productos desde la banca, sino también de la disponibilidad de proyectos que cumplan con estándares de sostenibilidad, que es una condición necesaria para acceder a estos créditos.

En paralelo, desde el lado inmobiliario, la experiencia muestra que el uso de este tipo de financiamiento está directamente vinculado a la disponibilidad de proyectos certificados. César Madrid, CEO de Madrid Inmobiliaria, indica que en sus desarrollos este tipo de financiamiento representa aproximadamente el 66% de las ventas.

Madrid añade que, en ese proceso, la coordinación entre la inmobiliaria y la entidad financiera se da desde las primeras etapas de la venta, y que desde la visita a la sala de ventas el asesor comercial informa al cliente sobre los beneficios de adquirir una vivienda con certificación sostenible y lo deriva con el asesor del banco para la evaluación del crédito, acompañándolo durante el proceso.

El ejecutivo señala que este tipo de financiamiento contribuye a mejorar la velocidad de venta de los proyectos. Explica que la combinación entre una menor tasa hipotecaria y los beneficios asociados a la sostenibilidad han permitido incrementar la absorción en al menos 10%.

Madrid precisa que sus proyectos se concentran en Lima Top, en distritos como San Isidro, Surco y San Borja, así como en Lima Moderna, incluyendo Jesús María, Magdalena, San Miguel, Surquillo y Pueblo Libre. Indica que el ticket promedio alcanza los S/850.000 en Lima Top y S/438.000 en Lima Moderna.

Asimismo, señala que el acceso a este tipo de financiamiento está condicionado a que los proyectos cuenten con certificaciones como EDGE o LEED, lo que implica incorporar criterios de sostenibilidad desde el diseño del desarrollo inmobiliario. Agrega que estos estándares son considerados desde el desarrollo del proyecto para facilitar el acceso a este tipo de crédito.

Madrid añade que la reducción en la tasa impacta en la cuota mensual, lo que facilita que más clientes puedan calificar a un crédito hipotecario y genera un ahorro relevante para el comprador.