Unidad de Investigación.

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez (Renovación Popular), evitó la detención preliminar durante el megaoperativo de la madrugada de ayer, pero el expediente del caso ‘Los Pulpos de La Victoria’ detalla una seria imputación en su contra.

Según la resolución, a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, el Poder Judicial desestimó el pedido de captura inmediata al calificarlo como una medida ‘desproporcionada’ para esta parte del proceso.

Sin embargo, el magistrado sí declaró fundado el allanamiento de su inmueble en La Molina y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, medidas consideradas ‘idóneas y útiles’ para asegurar pruebas de su presunta participación como facilitador de la red criminal.

De acuerdo con la tesis fiscal y la ampliación de la declaración del Testigo Clave N° 22-2024, Cano Altez habría puesto el aparato municipal a disposición de la organización delictiva liderada por Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’.

El documento judicial señala que, por orden del alcalde, se designó a Wilson Mego Fuentes en el área administrativa de la Subgerencia de Fiscalización con la finalidad de encargarse de la administración del personal y recibir al personal no calificado encomendado por Cano Altez, alterando los contratos como locadores de servicio.

El testigo afirma que se contrató personal de fiscalizadores previo pago de S/ 300 para asegurar su ingreso, asignándoles sueldos elevados y sin pasar los filtros de denuncias policiales o antecedentes penales.

Reuniones en el municipio

El testimonio incluido en el expediente describe una preocupante infiltración institucional. El Testigo Protegido detalló ante las autoridades que el 23 de octubre de 2024, Iván Rojas, asesor del alcalde Rubén Cano, ingresó junto al cabecilla criminal alias ‘Pulpo’ y otros miembros de la organización a la oficina del Gerente de Fiscalización y Control.

El objetivo de esta cita de coordinación era brindar supuesta seguridad y controlar el Damero B de Gamarra, lo que permitió que luego, aproximadamente 24 personas vinculadas a la red delictiva ingresaran a trabajar en dicha subgerencia.

Asimismo, la resolución judicial vincula a la gestión municipal con las operaciones ilícitas dirigidas por Oscar Carbonel Vargas, alias ‘Chopper’. El grupo delictivo bajo su mando operaba con total impunidad en las calles del Damero A, camuflados bajo el cargo de fiscalizadores y supervisores para ejecutar el cobro de cupos extorsivos a miles de comerciantes informales. Esta maquinaria delictiva acumuló un botín estimado de S/ 63.2 millones de soles entre 2023 y 2025.

Tras la incautación de documentos y equipos electrónicos en la vivienda del burgomaestre, el caso entra ahora a una fase determinante de peritaje técnico.

El análisis forense a las comunicaciones del alcalde buscará corroborar la veracidad de los testimonios de los colaboradores y el presunto uso de la estructura municipal para encubrir la extorsión.

Por su parte, Rubén Cano ha rechazado tajantemente las acusaciones, afirmando que la investigación responde a “una venganza de las mafias organizadas en La Victoria; justamente, son organizaciones que están incrustadas hace muchos años”.

El último lunes, 4 de mayo, se reportó un incidente durante una movilización de extranjeros por las calles del distrito de Pisac, en la provincia de Calca (Cusco). Los vecinos señalan que los protagonistas del hecho fueron jóvenes y adultos israelíes que permanecen de manera temporal en la mencionada ciudad y que estaban celebrando una actividad religiosa.

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve que un vecino increpa a los extranjeros por la bulla que generan, ya que portaban parlantes en alto volumen, y por no contar con el permiso de las autoridades para realizar tal movilización. En medio de la discusión, intervino el serenazgo y la Policía para controlar la situación.

Luego, los extranjeros ingresaron a un local ubicado frente a la Plaza Constitución de Pisac en el que solo se permite el ingreso de israelíes.

Una fuente que conoce la realidad israelí contó a El Comercio que los jóvenes de ese país que cumplieron con el servicio militar obligatorio deciden viajar durante su periodo de licencia a distintas partes del mundo, como Europa, el sudeste asiático y Latinoamérica. En esta última región, muchos extranjeros eligen como destino el Cusco, especialmente Pisac, ya que pueden realizar trabajo social en alguna ONG del lugar y a cambio reciben alojamiento y alimentación.

Esta información confirma lo que ya había señalado la agencia alemana de noticias Deutsche Welle (DW) en el 2023 respecto a que miles de jóvenes israelíes buscan cumplir ‘La ruta del hummus’, la cual consiste en viajar a distintos lugares del mundo, como Pisac o Tailandia.

Los jóvenes israelíes viajaban usualmente de Pisac a otros puntos de Sudamérica, como Chile y Argentina, pero el inicio de la guerra entre Israel y Hamás cambió sus planes, por lo que muchos de ellos regresaron a su país, en octubre del 2023, para continuar con su servicio militar.

El punto de encuentro de los israelíes

Los israelíes que llegan a Pisac tienen su punto de reunión en la denominada Casa Jabad, fundada por Menachem Mendel y Chaya Mushka Tzikvashvili. Dicho local es una filial de Jabad de Cusco y está ubicado cerca de la plaza principal de Pisac.

Cada viernes por la noche, decenas de jóvenes israelíes participan en las cenas de Shabat en Pisac y en las reuniones se realizan cánticos animados y recitaciones de la Torá, según describió el portal ColLive.

El Jabad de Pisac forma parte del movimiento mundial Chabad-Lubavitch, que brinda apoyo a los turistas israelíes que visitan la región.

Un agente del serenazgo de Pisac confirmó a El Comercio que el municipio desplegó un grupo de serenos para intervenir en el incidente que se suscitó en la plaza principal del distrito, ya que el hecho fue monitoreado desde la central de videovigilancia del municipio.

Detalló, además, que el restaurante en el que se reúnen los israelíes funciona hasta la madrugada y que bailan y beben licor durante largas horas. Remarcó que solo se permite el ingreso al local de ciudadanos de Israel.

El agente informó que los jóvenes israelíes que llegan a Pisac tienen entre 20 y 30 años y se alojan en habitaciones de inmuebles que alquilan en la zona conocida como La Rinconada. Explicó que muchos de ellos se agrupan y alquilan viviendas completas para ahorrar costos.

También detalló que son habituales los incidentes entre jóvenes israelíes y las autoridades de Pisac, ya que en algunas oportunidades son intervenidos por manejar motos sin el casco obligatorio y por no respetar las normas de tránsito.

Afirmó que los israelíes llegaron a Pisac hace más de 10 años y que algunos abrieron negocios en el lugar. Indicó que en el distrito de San Salvador, contiguo a Pisac, las autoridades sí “han tomado acciones” antes los incidentes que protagonizan los extranjeros.

Local no cuenta con licencia de funcionamiento

Una fuente de la Municipalidad de Pisac informó a El Comercio que el local conocido como Casa Jabad no cuenta con licencia de funcionamiento de ningún tipo, por lo que ya se ha notificado de esa situación a su propietario. Cumplido el plazo de 15 días que estipula norma, se procederá al cierre en caso no presente la documentación requerida.

Remarcó que el local le pertenece a un vecino de Pisac, pero que le alquiló a un ciudadano israelí hace unas semanas. Las reuniones en dicho inmueble son casi todos los días, según contó.

Indicó, además, que el local funciona como hospedaje, así como restaurante en horas de la tarde, mientras que en la noche y madrugada se convierte en punto de reunión de jóvenes israelíes.

Precisó que los israelíes permanecen en promedio de uno a dos meses en Pisac y que en muchas oportunidades se resisten a las acciones de control de las autoridades. Señaló que el municipio evalúa coordinar con Migraciones para iniciar una fiscalización a dichos extranjeros.

Investigan el caso

El incidente en la plaza de Pisac no fue pasado por alto en la Policía. El jefe de la Región Policial de Cusco, Virgilio Velásquez, indicó que el caso fue derivado a la comisaría de Urubamba para que investigue.

“Tenemos entendido que son personas que han ido de diferentes partes, seguramente de la región Cusco, y algunos también de la localidad. Fue una concentración de cerca de 80 personas, según nos han indicado. Se ha dispuesto a la comisaría y al coronel de Urubamba para que tome cartas en el asunto. En todo caso dialogue y si es posible que aplique el uso progresivo de la fuerza para cautelar el orden”, refirió el oficial PNP.

El Comercio trató de recoger la versión de la embajada de Israel en Perú, pero se nos informó que no iban a pronunciarse sobre el tema.

A inicios de año se registraron incendios en la Patagonia argentina y los resultados fueron devastadores: más de 15 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Tras ello, surgieron las teorías sobre quiénes iniciaron el fuego y entre ellas está la que señala a los grupos israelíes como los presuntos responsables.

“Estas versiones suelen apoyarse en el llamado ”Plan Andinia", una antigua teoría de conspiración antisemita que afirma, sin pruebas, que existiría un plan para crear un Estado judío en la Patagonia, una región con abundante agua dulce y tierras fértiles”, se indicó en un reportaje de la DW.

“A este relato se suma la presencia de jóvenes judíos que, tras cumplir el servicio militar obligatorio, realizan el tradicional Hatiyul Hagadol (“Gran viaje”) por países como Perú, Brasil, Argentina y Chile. Su paso por la región, junto con episodios aislados del pasado, ha sido usado para alimentar narrativas conspirativas sin respaldo empírico”, agregó la agencia de noticias alemana.

En Chile también se tuvo una similar situación. En redes sociales circuló la versión de que el presidente José Antonio Kast supuestamente habría prometido “un subsidio a los colonos israelitas llegados a la Patagonia”. Sin embargo, un trabajo de verificación efectuado por la agencia EFE estableció que “no existen rastros de las supuestas promesas de Kast en medios de comunicación fiables ni en su programa de Gobierno”.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, ha anunciado que se tomará una licencia para postular a la Municipalidad de Lima, por lo que surge la interrogante de quién lo sucederá en el cargo y cuál es la actual situación del distrito y qué proyectos han sido concluidos o están pendientes.

Bruce precisó que la licencia sin goce de haber, conforme lo establece la Ley Electoral, será del 4 de septiembre al 4 de octubre. En ese periodo lo sucederá Eliana Toledo, quien es la teniente alcaldesa. No obstante, él remarcó que regresará a su puesto el 5 de octubre y que cumplirá su mandato hasta el 31 de diciembre de este año.

Bruce había expresado su interés de postular a la alcaldía de Lima a través del partido Somos Perú desde mediados del 2025. Cuestionó que no se permita la reelección de las autoridades ediles, pues su primer objetivo era continuar como burgomaestre de Surco.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gestión de Carlos Bruce en Surco ha ejecutado un 36,3% de su presupuesto en lo que va del año, y proyecta alcanzar el 100% por cuarto año consecutivo.

El popular ‘Techito’ señaló que su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, por ello se ha construido una central de videovigilancia, la cual considera “la más moderna del país”, y se han instalado 3.400 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y se cuentan con 113 patrulleros bajo el sistema de renting. “Hemos inaugurado una escuela de capacitación de serenos y se han comprado 150 pistolas eléctricas con bodycam”, manifestó.

El alcalde también considera que Surco “se ha convertido en el distrito de avanzada en lo que se refiere en la protección y rescate de los animales”. Recordó que en su gestión se ha implementado un albergue municipal, una veterinaria y un crematorio para mascotas.

Además, remarcó que se han puesto en valor las zonas arqueológicas que existen en Surco y la iglesia Santiago Apóstol, construida en 1571, así como los alrededores del sector denominado ‘Supermanzana’, que implica el adoquinado, el retiro de los cables aéreos y la implementación de un drenaje pluvial.

En cuanto al deporte, el burgomaestre detalló que han construido el coliseo Montjoy y el coliseo Ferrero, y se ha remodelado el complejo deportivo Chacarilla, el estadio municipal Montjoy y el estadio Carbajal. También se vienen implementando las ciclovías de las avenidas Primavera, Nazarenas, Av. Velasco Astete (en ejecución) y la del Morro Solar (en proyecto).

“Se ha repavimentado más de un millón de metros cuadrados de vías. Se han remodelado 180 parques. Las intervenciones se realizan en función a encuestas que hacemos previamente entre los vecinos sobre los equipamientos que deseen que se instale en los espacios públicos”, anotó.

Un programa que destacó Bruce es “Techo Propio Surcano”, el cual se financia con las utilidades de las plantas de reciclaje. El municipio entrega un bono de 32 mil soles para que construya una vivienda a las personas que tiene terreno, pero una casa de mala calidad. “Este año vamos a terminar de entregar 70 casas de ese tipo”, aseveró.

Sobre los proyectos pendientes, Bruce precisó que la remodelación de la hacienda San Juan Grande no se concluirá en su gestión debido a que el Ministerio de Cultura se tomó cerca de un año para autorizar la obra. La construcción del tren de la juventud también es un proyecto que deberá ejecutar la próxima gestión.

El alcalde de Surco contó que el presupuesto que recibió en el primer año de su administración era de 280 millones de soles, pero los recursos de este año son de cerca de 430 millones de soles. “El distrito casi ha duplicado su volumen de recaudación”, afirmó.

Otro punto que Bruce destacó, al comparar con la gestión de Jean Pierre Combe, es que en su periodo no existen juicios ni denuncias por corrupción. “Hemos implementado una oficina de integridad que se encarga de promover la integridad en todas las instancias de la municipalidad y recibir denuncias y procesarlas”, señaló.

Un tema que también tendrá que afrontar Carlos Bruce en caso llegue al Palacio Municipal de Lima será el caso de Vía Expresa Sur. Él aseguró que concluirá la obra, pero recordó que una persona falleció y cuatro personas fueron atropelladas, por lo que consideró fundamental que se implementen viaductos e intercambios viales.

“Es una vía muy peligrosa. Es importante que esta vía se culmine, me parece que es una gran idea y obra que parecía imposible que se podía hacer, pero se ha hecho a medias, esta obra ha debido tener un expediente técnico”, puntualizó.

La gestión de Carlos Bruce en Surco fue puesta bajo la mirada del vecino Eduardo Salmón, dirigente vecinal del parque Pléyades, quien remarcó que la gestión de dicho burgomaestre tiene “una nota regular aprobatoria”, pero la consideró “relativa” debido a que no ha enfrentado de manera directa casos que han afectado a los ciudadanos.

En conversación con El Comercio, Salmón explicó que Bruce “tiene una gran ventaja”, ya que si se compara su gestión con la de su antecesor, Jean Pierre Combe, “saldría bien”, pues recordó que la gestión de este último es considerada “la peor” en la historia de Surco y siendo vinculada a actos de corrupción.

En ese contexto, indicó que Bruce se ha dedicado a hacer “mucha obra pequeña” y destacó la construcción de polideportivos e infraestructura, como el teatro municipal, la nueva sede del municipio, la central de las cámaras de seguridad, la ‘Supermanzana’. Además, indicó que el burgomaestre ha promocionado que Surco ha alcanzado “un alto nivel de ejecución”.

No obstante, Salmón remarcó que las obras desarrolladas por Bruce se ven borradas por el tema de la Vía Expresa Sur, pues recordó que él no defendió a sus vecinos y permitió que “se parta a Surco en dos”.

“Lo que me deja un sinsabor es que, y ahí lo repruebo totalmente, no defendió a Surco. Las cosas buenas que ha hecho, como los polideportivos, se borran con el no haber defendido a sus vecinos en el caso de la mal llamada Vía Expresa Sur”, afirmó.

“Surco perdió 9 parques (con la construcción de la Vía Expresa Sur) Bruce no ha tenido una voz en ese cantar. Ha dejado que partan el distrito en dos y eso muy grave. Eso no se verá ahora, pero a futuro se verá porque el destino de Surco es el mismo que le pasó a Barranco con el Metropolitano”, agregó.

Exigen más áreas verdes y seguridad

Ricardo Ortiz, quien fue dirigente del asentamiento humano Rodrigo Franco, consideró que la gestión de Carlos Bruce ha hecho poco por los sectores populares y que se ha enfocado más en desarrollar obras en urbanizaciones donde se recaudan más tributos.

En diálogo con El Comercio, el vecino surcano señaló que en los barrios cercanos a los distritos cercanos a Chorrillos y San Juan de Miraflores no se han implementado áreas verdes, como parques o espacios públicos, no se ha acentuado la vigilancia mediante el serenazgo y se requieren obras de infraestructura, como muros de contención. Aseguró que el único proyecto emblemático de Bruce en su sector es el mejoramiento de una losa deportiva.

Ortiz, además, aseguró que en los asentamientos humanos Rodrigo Franco, Viñedos y Precursores ha aumentado la delincuencia, pese a los avisos de los vecinos para que haya mayor presencia de los serenos.

Cerca de 21 mil papeletas impuestas a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel serán anuladas, así lo anunció Jorge Román, gerente municipal de dicho distrito, a El Comercio, tras las reuniones con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las coordinaciones se iniciaron en febrero pasado y participaron representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y del referido municipio distrital.

Román explicó que se ha determinado que las 21 mil papeletas fueron impuestas en zonas donde no había una adecuada señalización o pintado y que se aplicó la sanción a una misma persona en similares circunstancias y en el mismo lugar, pero recién se le notificó después de seis a ocho meses, por lo que el ciudadano no tuvo el debido tiempo para ejercer su derecho a presentar una apelación o corregir su conducta. Recordó que la Ley de Procedimientos Administrativos establece un plazo de cinco días para notificar a un ciudadano de una multa impuesta.

“Los reportes que realizaban los inspectores de la municipalidad (de San Miguel), los cuales sirven como un medio probatorio para acreditar una conducta continuada, la MML los consignaba como si fuera una infracción individual. En un lapso de seis meses le reportaban al vecino la acumulación de todas las multas que habían reportado los inspectores y no había un sistema de retorno (de información) a la Subgerencia de Tránsito (de San Miguel), de la cual dependían los inspectores, para hacer la verificación de cuántas inspecciones se habían realizado sobre un mismo administrado”, afirmó el funcionario a este Diario.

“Esto originó que, después de seis meses, muchas personas tuvieran un cúmulo de notificaciones. Las notificaciones no tienen un carácter tributario o de enriquecimiento de la municipalidad, sino un carácter educativo. Entonces, se planteó el tema ante la MML para ver y corregir este tema”, agregó.

Se aplicaron cerca de 30 mil papeletas a través de Lima Reporta en San Miguel y se anularán 21 mil por contener “vicios”, por lo que los 9 mil restantes sí deberán ser pagadas por los conductores, según refirió Román. No obstante, precisó que los infractores pueden presentar documentación para apelar la sanción.

“Se colocaron cerca de 30 mil papeletas, pero las otras 9 mil han sido colocadas no con esa mecánica de repetición y en zonas que estaban bien señalizadas y donde no había defectos técnicos. A la fecha, las 21 mil papeletas que se han anulado son aquellas en las que ha habido la mala praxis de generar papeletas individuales por cada conducta de la misma persona, en la misma vía y el mismo hecho, pero en días diferentes”, afirmó.

“No es que el sistema en su totalidad sea malo. Ha habido vicios en un 80% de las papeletas, por eso se han anulado. En el 20% restante, en caso tuviera algún vicio que el vecino puede sustentarlo, la municipalidad está presta a apoyarlo”, afirmó.

Respecto a la situación de las personas que pagaron la multa de una papeleta mal impuesta, el funcionario indicó que se trata de “temas individuales”, pero que la Municipalidad de San Miguel asesorará a los vecinos a efectos de que soliciten la devolución de su dinero.

Remarcó que la infracción más recurrente que ha sido reportada en Lima Reporta ha sido la de estacionar en zonas intangibles de San Miguel. “Se ha sancionado porque se tenía ordenanza de la MML que establece que esa es una zona prohibida, pero cuando vas al campo ves que la señalización no es la correcta. Si se hubiera notificado a tiempo, habría un mecanismo de defensa de la persona”, anotó.

El gerente municipal de San Miguel remarcó que la aplicación de papeletas a través de Lima Reporta ha quedado en suspenso hasta que se coordine y se establezca con MML las mejoras de las deficiencias técnicas del sistema.

El Comercio recogió el testimonio de un conductor que fue sancionado a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel. Martín recordó que estacionó su vehículo en una zona del cruce de las avenidas La Marina y Parque de Las Leyendas, pero en la que, según señaló, no había una adecuada señalización.

De acuerdo con su relato, él fue notificado de la papeleta varios meses después del hecho, lo que no le permitió poder presentar su reclamo, corregir su conducta para evitar futuras sanciones o acceder a un descuento por pronto pago.

Lo que más le sorprendió de la papeleta fue que se le consignó la infracción G57, la cual implica una multa de 440 soles, porque supuestamente su vehículo había invadido un poco la vereda. Debido a que no fue notificado a tiempo, no pudo acceder al descuento del 83% y terminó pagando el monto de 145.2 soles.

Ante lo señalado por la Municipalidad de San Miguel, Martín no sabe si su papeleta será anulada, si se le devolverá el dinero o cómo será la forma en que se le notificará de su caso.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

Pese a lo señalado por San Miguel, la Municipalidad de Lima indicó a El Comercio que la nulidad de un grupo de papeletas emitidas mediante la aplicación “Lima Reporta” en dicho distrito “se encuentra actualmente en proceso”.

Sin embargo, la MML aseguró que, durante las reuniones técnicas realizadas, el municipio de San Miguel “reconoció la existencia de deficiencias en la señalización del distrito y, además, la ausencia de una campaña de sensibilización dirigida a los vecinos”.

Jorge Luis Cardoza Novoa, presidente de la Asociación Peruana de Conductores Profesionales, se mostró de acuerdo con que se anulen las papeletas que fueron mal impuestas a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel, pues aseguró que hubo “muchas injusticias y arbitrariedades”.

“Nosotros tratamos de incentivar y motivar a que los conductores manejen de la manera más correcta y respeten el reglamento de tránsito, no estamos en contra de las papeletas ni la fiscalización, pero todo se tiene que hacer de la manera más transparente y de acuerdo con los procedimientos de la Municipalidad de Lima”, afirmó Cardoza a El Comercio.

Como muestra de una de esas arbitrariedades, señaló que el procedimiento del sistema Lima Reporta determina que, una vez aplicada la papeleta a través del aplicativo, se tiene que dejar como constancia un sticker en el vehículo, pero que no se cumplió eso, por ello, según dijo, algunas personas acumularon hasta 30 sanciones sin que se percataran de la infracción que cometían.

Se mostró de acuerdo en que se siga usando Lima Reporta, pero que se aplique con el procedimiento correcto y que no se repitan en Surco, donde se iniciará la fiscalización bajo ese sistema, los mismos errores detectados en San Miguel. “A veces los conductores abusan en la manera cómo se estacionan. Vemos a diario que se estacionan en muchos sitios de manera irresponsable”, indicó.

Lima Reporta es un aplicativo que utilizan los inspectores autorizados por la Municipalidad de Lima para registrar, mediante videos cortos, situaciones que afectan el tránsito. La información se envía en tiempo real a la plataforma de la MML y es evaluada por equipos técnicos antes de continuar con el proceso correspondiente para imponer la multa.

El aplicativo se usa principalmente en vías con alto flujo vehicular, donde el incumplimiento de normas afecta directamente en la circulación y la seguridad vial. La priorización responde a criterios técnicos como niveles de congestión, seguridad vial y frecuencia de incidencias y se aplica en avenidas como Javier Prado, Benavides, Arequipa, Abancay, entre otras, indicó la MML.

La comuna capitalina ha firmado, desde el 2023, convenios con 18 municipios, como Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac, para aplicar el sistema Lima Reporta.

El próximo municipio en implementar Lima Reporta será Surco, que ha desplegado una marcha blanca para dar a conocer el sistema.

En pleno Centro de Lima la histórica Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años de fundación ininterrumpida. La ceremonia conmemorativa no solo rindió homenaje a una de las compañías más emblemáticas del país, sino que también marcó un hito institucional: la designación de la teniente brigadier CBP Judy Romero Valladares como la primera mujer en liderar esta unidad operativa.

La ceremonia por el aniversario reunió a oficiales generales, autoridades bomberiles y representantes diplomáticos italianos, quienes destacaron el legado histórico de la compañía. Entre los asistentes estuvieron el brigadier general CBP Germán Medina Arzola, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP); el brigadier mayor CBP Marco Pajuelo Herrera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro; así como representantes de la Embajada de Italia en el Perú.

Su designación representa un hecho histórico para la institución y refleja el avance de la participación femenina en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. “Su nombramiento simboliza el liderazgo, la disciplina y la entrega que caracterizan el espíritu bomberil”, destacaron durante la ceremonia.

La historia de la compañía se remonta al 15 de abril de 1866. En ese entonces, Lima vivía momentos de tensión ante la amenaza de invasión española, luego de los ataques ocurridos en Chile y Antofagasta.

Según explicó Carlos Lembcke, Brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), para El Comercio, fue el entonces alcalde de Lima, Antonio Salinas, quien convocó a las colonias extranjeras para organizar compañías de bomberos que ayudaran durante una eventual emergencia.

“La primera colonia que respondió fue la italiana y funda la Roma. Después viene la colonia francesa, que funda la France, y luego la aristocracia limeña funda la Lima 4”, detalló.

En aquella época, el trabajo bomberil estaba enfocado principalmente en la extinción de incendios y la atención de heridos producto del Combate del 2 de Mayo. Para ello, los italianos utilizaron una antigua “bomba a brazos”, un mecanismo manual accionado por bomberos que generaban presión mediante palancas para expulsar agua.

Actualmente, ese histórico equipo se encuentra en proceso de restauración dentro del cuartel.

La historia de Roma N.° 2 también está marcada por tragedias y actos de sacrificio. Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1868, el cuartel se convirtió en un hospital improvisado para atender enfermos.

Inicialmente solo recibían ciudadanos italianos, pero la cantidad de pacientes obligó a abrir las puertas a toda la población. Decenas de voluntarios terminaron contagiados y varios fallecieron.

Uno de los nombres más recordados es el de Juan Bautista Berninzoni, considerado por la compañía como el primer bombero fallecido en acto de servicio en el Perú. Murió en 1870 durante el incendio de la Iglesia La Merced, en el jirón de la Unión, luego de que el techo colapsara mientras combatía el fuego.

A lo largo de los años, otros bomberos también perdieron la vida en incendios, prácticas de entrenamiento y situaciones de emergencia. En total, la compañía registra 42 fallecidos en acto de servicio.

Entre ellos figuran también los tres bomberos, Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez, que murieron durante el incendio ocurrido en El Agustino en octubre de 2016.

Durante la Guerra del Pacífico, los bomberos asumieron incluso funciones de seguridad ciudadana. Ante la ausencia de policías y militares, quienes habían partido al frente de batalla, la Roma integró la denominada Guardia Urbana.

“Los bomberos se hicieron cargo del orden interno de la ciudad. Por eso tenemos espadas y fusiles históricos dentro del cuartel”, explicó Lembcke.

Dos integrantes de la compañía fallecieron durante enfrentamientos armados mientras cumplían labores de resguardo y atención de emergencias en el Centro de Lima.

La teniente brigadier CBP Judy Romero Valladares, quien cuenta con 25 años de servicio dentro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, fue designada como primer jefe de la compañía, convirtiéndose en símbolo de una nueva etapa para la institución.

“Es un orgullo y un honor que nunca pensé alcanzar”, afirmó Romero durante su entrevista para El Comercio, quien explicó que recibió la noticia con sorpresa y emoción tras la confirmación oficial de su nombramiento.

Inicialmente llegó a la compañía acompañando a su hermana, pero terminó descubriendo una vocación que la llevó a permanecer durante más de dos décadas en el servicio voluntario.

“Desde que entré por esa puerta ya no salí nunca más”, recordó.

A lo largo de su trayectoria, Romero pasó por distintas áreas operativas y de liderazgo dentro de la compañía. El año pasado ocupó el cargo de segundo jefe y este 2026 asumió oficialmente la máxima jefatura de la Roma.

La comandante reconoció que uno de los mayores retos como mujer fue enfrentar prejuicios sobre el papel femenino dentro de instituciones históricamente lideradas por hombres.

“Las mujeres tenemos muchas capacidades. Creo que poco a poco se ha ido demostrando que podemos asumir responsabilidades importantes dentro del cuerpo de bomberos”, señaló.

Romero indicó que su principal objetivo es fortalecer la disciplina, la capacitación permanente y el trabajo en equipo entre los voluntarios de la compañía. Además, espera que su designación motive a más jóvenes a integrarse al servicio bomberil.

“La idea es quitarse el miedo y seguir adelante. Ser bombero no es imposible para una mujer”, expresó.

Para la comandante, el verdadero sentido de esta labor está en la vocación de ayuda hacia los demás. “No somos superhéroes, pero siempre queremos ayudar a quienes nos necesitan”, concluyó.

Actualmente, la Roma N.° 02 atiende todo tipo de emergencias en Lima: incendios, rescates vehiculares, emergencias médicas, fugas de gas, rescates en ascensores e incluso auxilio de animales.

“Estamos para todas las personas que nos necesitan”, señaló Judy Romero Valladares, primera mujer en asumir la jefatura de la compañía en sus 160 años de historia.

La comandante explicó que muchas emergencias pueden agravarse en cuestión de minutos, por lo que la preparación constante resulta indispensable.

“Las capacitaciones son el pan de cada día. Un bombero nunca puede decir ‘ya sé todo’. Siempre tenemos que seguir preparándonos”, indicó.

Además del trabajo operativo, los voluntarios deben equilibrar la vida familiar y laboral con largas jornadas de guardia y entrenamiento.

“Es un acto de amor y de apoyo al prójimo. Hay algo aquí que nos hace sentir satisfechos de poder ayudar a las personas”, afirmó Romero.

El actual cuartel de Roma N.° 2 tiene 135 años y conserva una importante colección histórica. En sus instalaciones se exhiben vehículos de inicios del siglo XX, campanas originales, antiguas herramientas de emergencia y banderas con más de cien años de antigüedad.

Uno de los vehículos más emblemáticos es un antiguo camión Fiat utilizado durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente adaptado como unidad bomberil por integrantes de la compañía.

El local fue restaurado en los últimos años mediante un proyecto impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que permitió recuperar parte importante de su estructura original.

Gremios de transporte terrestre de carga y pasajeros anunciaron que acatarían un paro nacional indefinido desde el próximo 2 de junio ante la falta de aprobación de subsidios estatales frente al incremento sostenido del precio de los combustibles.

Las organizaciones remitieron una carta al presidente de la República, José Balcázar. En el documento, los dirigentes exigieron la promulgación inmediata de decretos de urgencia que establezcan apoyos económicos para el sector.

Los transportistas indicaron que estas medidas resultaron de un consenso alcanzado el 14 de abril con las autoridades competentes. Según los gremios, el Ejecutivo reconoció en esa fecha la urgencia de aplicar instrumentos financieros para mitigar la crisis.

La convocatoria incluye a gremios de transporte interprovincial y urbano de provincias, Lima y Callao. Los representantes advirtieron que la demora administrativa pone en riesgo la operatividad de los servicios públicos a nivel nacional.

Los manifestantes señalaron que la crisis actual afecta la distribución de bienes esenciales en el país. Además, sostuvieron que el encarecimiento de los insumos compromete la estabilidad financiera de miles de familias vinculadas al rubro.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluó previamente mecanismos como la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo. No obstante, los sindicatos iniciarán la protesta si el Gobierno no oficializa los acuerdos en un plazo razonable.

VIDEO RECOMENDADO:

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, jueves 14 de mayo. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros y 32 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 a. m. y alcanzó una intensidad de grado III.

REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0278
Fecha y Hora Local: 14/05/2026 09:19:04
Magnitud: 3.6
Profundidad: 42km
Latitud: -12.75
Longitud: -76.91
Intensidad: III Chilca
Referencia: 32 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/Y9KcBV39gZ

— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 14, 2026

Sismo también en Junín

Quince minutos antes, nuevamente el IGP registró un sismo, esta vez a 49 km al noroeste de Satipo, región Junín. Fue de 4.0 magnitud, con una profundidad de 25 km y de intensidad III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Y para las mascotas:

• Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
• Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Un sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 13 de mayo. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 92 kilómetros y 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca, en la región Piura.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:10 a. m. y alcanzó una intensidad de grado IV.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0272
Fecha y Hora Local: 13/05/2026 09:10:28
Magnitud: 4.0
Profundidad: 92km
Latitud: -4.79
Longitud: -79.92
Referencia: 28 km al SO de Ayabaca, Ayabaca - Piurahttps://t.co/izVuMTgfpL

— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 13, 2026

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Y para las mascotas:

• Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
• Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

• Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
• Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

• Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
• Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.

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Extorsionadores no identificados incendiaron una combi de transporte informal con el conductor en su interior esta madrugada en Santa Anita, en la urbanización Las Praderas mientras el trabajador, identificado como Jorge Janapa (45), descansaba dentro de su unidad de trabajo.

El vehículo de placa AKZ667 fue incendiado sin previo aviso por los atacantes que, según la Policía Nacional, serían miembros de la banda criminal ‘El Clan del Norte’.

Los vecinos de la zona auxiliaron a la víctima y apagaron las llamas con sus propios recursos antes de que el fuego destruyera la unidad por completo. Personal médico trasladó de emergencia al afectado al hospital Hipólito Unanue por las quemaduras que sufrió antes de ser rescatado. Actualmente, el conductor permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Familiares de la persona que alquila el vehículo denunciaron constantes amenazas desde hace meses por la falta de pago de cupos. Los delincuentes exigen un monto de 200 soles por inscripción y cuotas diarias a los transportistas de la ruta óvalo Santa Anita-Ceres. La banda utiliza la aplicación WhatsApp para enviar videos y mensajes intimidatorios a sus víctimas.

Agentes de la comisaría del sector y peritos de Criminalística recolectaron evidencias en el lugar del siniestro. Las autoridades analizan los restos de combustible y la manta del afectado hallados en la escena del crimen. Además, revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales para identificar a los sujetos que iniciaron el fuego.

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Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú ingresaron a la fuerza al Centro Dintilhac, sede donde se ubican las oficinas del rectorado, durante la sesión de Consejo Universitario en el que se debatía el tema de la escala de pensiones.

En la mañana, en rechazo al nuevo sistema de pensiones anunciado por las autoridades universitarias, los alumnos realizaron una protesta a las afueras del campus universitario, ubicado en el distrito de San Miguel.

Posteriormente, bloquearon parte de la avenida Universitaria como una medida de fuerza para exigir la anulación del nuevo sistema de escalas y reclamar becas más justas.

PUCP: ¿en qué consiste el nuevo sistema de pensiones?

Según precisó la PUCP, el nuevo esquema se empezará a aplicar a los estudiantes que ingresen a la casa de estudios, a partir del próximo año 2027. Los estudiantes que cursan estudios actualmente tendrán las mismas condiciones en sus pensiones.

De acuerdo a los alumnos, el nuevo sistema busca la eliminación de las escalas más bajas de pago. Hasta 2026, la universidad contaba con nueve categorías de pensiones, cuyos montos oscilaban entre S/1.218 y S/4.656 mensuales. Las primeras escalas estaban orientadas a estudiantes evaluados bajo criterios socioeconómicos especiales.

LEE: Obras en Lima Centro: Las diferencias entre Barranco, Miraflores, Surco y San Isidro en el avance del último año de gestión

Por su parte, mediante un comunicado, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

“El modelo será a partir del 2027-1 de 8 niveles: 4 escalas de pensiones; y 4 niveles de becas (Becas Mac Gregor y Becas Lucet)”, aclaró la universidad mediante una nota de prensa.

Toma San Marcos: exfiscal Delia Espinoza alerta desalojo con “matones”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, acudió este miércoles a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima, luego de que estudiantes mantuvieran tomada la ciudad universitaria ante el temor de un eventual desalojo por parte de agentes de seguridad privada.

En declaraciones a RPP, Espinoza alertó sobre antecedentes de intervenciones irregulares durante anteriores protestas en la universidad y denunció el ingreso de personas no identificadas para retirar por la fuerza a manifestantes.

“Nos han referido y lamentablemente sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones”, señaló.

]]>https://elcomercio.pe/lima/sucesos/temblor-en-peru-dos-sismos-en-lima-y-arequipa-se-sintieron-esta-manana-en-menos-de-media-hora-ultimas-noticia/https://elcomercio.pe/lima/sucesos/temblor-en-peru-dos-sismos-en-lima-y-arequipa-se-sintieron-esta-manana-en-menos-de-media-hora-ultimas-noticia/Thu, 14 May 2026 12:46:30 +0000

Un temblor de 3,6 grados se registró esta madrugada al sur de la provincia de Lima y se sintió en la capital con mayor intensidad en la zona de Chilca, mientras que un segundo sismo ocurrió pocos minutos después al norte de Arequipa, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer sismo ocurrió exactamente a las 5:41 a.m. del jueves 14 de mayo con epicentro a unos 30 km al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

REPORTE SÍSMICO:
IGP/CENSIS/RS 2026-0275
Fecha y Hora Local: 14/05/2026,05:41:53
Magnitud: 3.6
Profundidad: 39 km
Latitud: -12.70
Longitud: -76.94
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 30 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/KfZdNHIcxr

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

El epicentro tuvo una profundidad de 39 k.m. e hizo que el temblor se sintiera con una intensidad de II-III grados en Chilca.

El segundo fenómeno se sintió pocos minutos después, a las 6:08 a.m. con mayor fuerza en Chala, provincia de Caravelí, Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:
IGP/CENSIS/RS 2026-0276
Fecha y Hora Local: 14/05/2026,06:08:58
Magnitud: 4.0
Profundidad: 52 km
Latitud: -15.99
Longitud: -74.01
Intensidad: III Chala
Referencia: 29 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/kPquGtktiB

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

Este epicentro se ubicó a 52 km. de profundidad y a 29 km. al sureste de Chala, ciudad donde también se percibió con mayor fuerza con una intensidad máxima de II-III, según el IGP.

Hasta el momento, el movimiento telúrico no dejó secuelas registradas de forma oficial ni daños personales.

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lamentó los recientes hechos de violencia registrados dentro del campus universitario, este 13 de mayo. A través de un comunicado oficial, el Rectorado aseguró que “no tolera estas acciones violentas que no reflejan el sentir de nuestra comunidad y que no son coherentes con una universidad católica, democrática y con instancias de representación estudiantil como es la PUCP”.

Además, la casa de estudios detalló que, durante la reunión del Consejo Universitario, un grupo de estudiantes ingresaron por la fuerza en el edificio Dintilhac, donde se llevaba a cabo la sesión. “Rompieron la puerta de ingreso y se instalaron en el primer piso del edificio, produciendo lesiones físicas al personal de seguridad, que tenía la labor de recepción, además de dañar las instalaciones de la Universidad”, se lee en el comunicado.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la PUCP?

Los alumnos de la Pontificia Universidad Católica protestaron por la oficialización del nuevo sistema de pensiones que tendrán los ingresantes desde el año 2027.

De acuerdo a la comunidad estudiante, este nuevo sistema de pagos tiene como objetivo eliminar las escalas más bajas de pensiones, que hasta 2026, comprendía nueve categorías, y cuyos montos oscilaban entre S/1218 y S/4656 mensuales.

No obstante, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

Crean Comisión Asesora

La universidad destacó que “el Consejo Universitario aprobó la conformación de la Comisión Asesora sobre el nuevo sistema de pensiones, tomando como base la propuesta de los representantes estudiantiles”.

Esta iniciativa, según un comunicado oficial, tiene como objeto recoger las inquietudes, dudas y preocupaciones del alumnado luego de la oficialización del nuevo sistema de pensiones.

Por último, el Rectorado hizo un llamamiento a toda la comunidad universitaria a mantener la calma, participar en las instancias de diálogo y continuar informándose por los canales oficiales. “Las acciones violentas no representan a nuestra comunidad y no serán toleradas”, puntualizó.

Tras una sesión del Consejo Universitario, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) decidió conformar una Comisión Asesora para brindar asesoría técnica y recomendaciones, en relación con su nuevo sistema de pensiones.

La iniciativa, según un comunicado oficial de la universidad, busca recoger las inquietudes, dudas y preocupaciones del alumnado luego de la oficialización del nuevo sistema de pensiones.

Además, pretende agrupar las perspectivas de la comunidad universitaria, así como identificar aspectos que requieran aclaraciones y formular recomendaciones para fortalecer “la solidez, equidad, sostenibilidad institucional y la gobernanza en el corto y mediano plazo”.

Según la casa de estudios, la creación de esta comisión busca facilitar un proceso participativo y transparente para asegurar la intervención de diferentes perspectivas en la implementación del sistema.

Estudiantes advierten aumento en las pensiones

De acuerdo al estudiantado, el nuevo sistema de pensiones, que se aplicará a los ingresantes desde el próximo año, tiene como objetivo la eliminación de las escalas más bajas de pago, las que, hasta 2026, comprendía nueve categorías de pensiones, y cuyos montos oscilaban entre S/1218 y S/4656 mensuales.

Sin embargo, mediante una nota de prensa, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

De acuerdo a la página web de la PUCP, con el nuevo sistema de pensiones, los niveles regulares quedarán reducidos a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. La pensión más baja de este grupo es de S/2692 mensuales para estudiantes con una carga académica de 20 créditos.

En tato, la institución explicó que a esto se suma el nivel de becas. “En la práctica, un estudiante que en el sistema anterior hubiera calificado para una escala baja, con el nuevo modelo recibirá una Beca Mac Gregor (cuyo monto mensual es de S/ 1600), que no dependerá de sus calificaciones sino de la evaluación socioeconómica familiar. Es asignada de forma inmediata”, precisaron.

Médicos de EsSalud alertaron sobre los graves efectos que la hipertensión arterial puede ocasionar en distintos órganos de una persona cuando esta enfermedad no es diagnosticada ni controlada a tiempo.

La enidad recordó que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y silenciosa, ya que inicialmente no suele presentar síntomas, pero puede generar un deterioro progresivo en órganos vitales, advirtió el médico de familia de EsSalud, Mario Izquierdo, a propósito del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora el 17 de mayo.

El especialista explicó que muchas personas desconocen que padecen hipertensión debido a la ausencia de síntomas iniciales. “Cuando aparecen los síntomas, muchas veces la enfermedad se encuentra en un estado avanzado”, lamentó.

Consecuencias

Izquierdo detalló que la hipertensión no controlada puede provocar enfermedad cerebrovascular, como infartos cerebrales; afectar el corazón, generando aumento de tamaño del músculo cardíaco o infartos; así como causar enfermedad renal crónica.

Advirtió que también puede comprometer la visión con el paso del tiempo. “La hipertensión puede generar a la larga efectos graves en órganos como el riñón, corazón, cerebro y ojos”, precisó.

Cifras

En el Perú, alrededor del 22% de la población padece hipertensión arterial, siendo más frecuente en adultos y adultos mayores. EsSalud estima que, durante el 2025, se registraron en los establecimientos del Seguro Social aproximadamente 260 mil nuevas consultas de pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

Aunque puede aparecer en personas jóvenes, agregó, el grupo con mayor incidencia se encuentra entre los 40 y 65 años, principalmente en varones.

Izquierdo explicó que una persona es considerada hipertensa cuando presenta cifras de presión arterial iguales o mayores a 140 sobre 90 en al menos dos mediciones realizadas en diferentes momentos.

Dijo que existen factores de riesgo que incrementan las probabilidades de desarrollar esta enfermedad, como el colesterol elevado en sangre, sobrepeso, diabetes, sedentarismo, estrés, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

Comida ‘chatarra’

El especialista también alertó sobre el impacto de la alimentación moderna en el incremento de casos de hipertensión. Los alimentos ultra procesados, embutidos, snacks con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas favorecen el aumento de la presión arterial. Recordó que los antecedentes familiares también influyen.

El médico de EsSalud enfatizó que una persona diagnosticada con hipertensión debe mantener tratamiento permanente y adoptar cambios en su estilo de vida para controlar la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones está la reducción del consumo de sal, realizar actividad física al menos 30 minutos diarios, controlar el peso, disminuir el estrés y evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. También recomendó realizar controles periódicos de presión arterial.

Como parte de las actividades previas por el Día Mundial de la Hipertensión, EsSalud organiza el 14 de mayo la campaña “Controlando juntos la hipertensión”. El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de conocer sus niveles de presión arterial, mantener un tratamiento responsable y prevenir los factores de riesgo asociados a la hipertensión.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) incrementó en más de 45% sus acciones de supervisión ambiental en los últimos cinco años. A la fecha tiene bajo su competencia a cerca de 18 mil administrados y 1931 entidades públicas, entre ministerios, municipalidades y gobiernos regionales, como parte de las acciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

El presidente del Consejo Directivo del OEFA, Ítalo Díaz Horna, destacó que la entidad viene consolidando una fiscalización ambiental más moderna, descentralizada y basada en tecnología, fortaleciendo su capacidad operativa y de respuesta ante emergencias ambientales en el país.

Para ello, la entidad emplea herramientas geoespaciales avanzadas y orientadas a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, lo que permite fortalecer la supervisión aérea, la vigilancia remota y la atención de emergencias ambientales. Asimismo, el procesamiento de información se centraliza en plataformas tecnológicas que integran más de 9.8 millones de registros de mediciones de monitoreo ambiental.

De otro lado, con el objetivo de obtener información técnica en tiempo real sobre la calidad ambiental en zonas de influencia de actividades productivas, el OEFA implementó 40 estaciones de vigilancia ambiental de la calidad del aire que integran la Red Nacional de Vigilancia Ambiental. Estas estaciones se encuentran distribuidas estratégicamente en 13 regiones del país: Piura, La Libertad, Áncash, Pasco, Junín, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Cusco, Tacna, Apurímac y Ucayali, lo que permite un control continuo y oportuno de la calidad del aire en ámbitos priorizados.

La entidad proyecta cerrar el año 2026 con 43 estaciones operativas, considerando la incorporación de tres nuevas estaciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire en la provincia de Espinar, departamento de Cusco. Esta ampliación fortalecerá la generación de información oportuna para las autoridades y la ciudadanía, contribuyendo a la toma de decisiones frente a posibles afectaciones ambientales.

Intervenciones con drones

El OEFA fortaleció también sus labores mediante la adquisición de 60 drones especializados para la evaluación y fiscalización ambiental. Estos equipos cuentan con cámaras RGB, infrarrojo cercano y sensores especializados capaces de detectar anomalías no visibles a simple vista, como estrés en la vegetación, afectaciones al suelo o posibles indicios de deforestación.

Gracias al uso de esta tecnología, el OEFA ha realizado más de 400 estudios con drones, orientados a la generación de información fotogramétrica digital y otros productos geoespaciales aplicados en sectores como minería, energía, agricultura, residuos sólidos e industria, a lo largo de sus 18 años de funcionamiento institucional.

Asimismo, el uso de drones permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales, incendios forestales y estructurales, así como en derrames de hidrocarburos en zonas costeras y amazónicas, facilitando la obtención de evidencia técnica con mayor precisión y en menor tiempo.

La transformación digital también permitió optimizar los tiempos de supervisión ambiental. A través del aplicativo “Gestión Efectiva de Monitoreo Ambiental” (GEMA), el OEFA redujo en 97% el tiempo empleado para la revisión de informes de monitoreo ambiental presentados por las empresas administradas. Antes, la revisión de estos reportes demandaba aproximadamente 60 horas/persona; actualmente, el proceso puede realizarse en dos (2) horas/persona.

Dato:

Entre el 2025 y 2026, el OEFA fortaleció la operatividad de sus 31 oficinas desconcentradas y de enlace implementadas a nivel nacional mediante la entrega de vehículos y equipamiento valorizados en más de S/ 3.4 millones.

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), lanzó “InnovaCITE”, la primera plataforma digital en su tipo diseñada para conectar la oferta tecnológica con las necesidades reales de las empresas mediante soluciones innovadoras.

InnovaCITE funcionará como un Marketplace, donde emprendedores, empresas y organizaciones podrán acceder a soluciones tecnológicas, servicios especializados y activos de propiedad intelectual generados por la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) ubicados en diversas regiones del país.

El objetivo de esta herramienta virtual es ayudar a las empresas a incorporar innovación en sus procesos, mejorar su eficiencia y desarrollar nuevos productos, permitiéndoles competir en mercados cada vez más exigentes.

Durante la presentación, realizada en el marco de la Semana de la MYPE, el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, destacó que esta nueva plataforma permitirá acercar el conocimiento y la tecnología desarrollada por la red CITE a miles de micro y pequeñas empresas del país.

“Esta plataforma dinámica permitirá poner a disposición de las MYPE avances tecnológicos, desarrollos innovadores y soluciones especializadas impulsadas desde los CITE, acercando herramientas concretas para mejorar su productividad, competitividad y capacidad de innovación”, afirmó el viceministro.

Panel de expertos

Como parte de la presentación, que contó con la participación del viceministro de MYPE e Industria de Produce, Juan Carlos Requejo Alemán, y la directora ejecutiva del ITP, Kitty Trinidad Guerrero, se llevó a cabo el panel “Plataforma InnovaCITE para la transferencia tecnológica en la red CITE”.

El panel, moderado por la directora de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT) del ITP, Olga Timoteo Pedroso, estuvo conformado por expertos como Rodolfo Ojeda Medina, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima; Erich Inguil Rojas, especialista en gestión del conocimiento de ProInnóvate; Hans Vásquez Soplopuco, director ejecutivo de ProCiencia; y Liz Karina Bañón Félix, coordinadora senior de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Los especialistas compartieron experiencias y perspectivas sobre cómo la transferencia tecnológica y la articulación entre el Estado, la academia y el sector privado pueden convertirse en motores clave para el desarrollo productivo y sostenible del país.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron este miércoles una protesta en los exteriores del campus universitario, en el distrito de San Miguel, y bloquearon parcialmente la avenida Universitaria en rechazo al nuevo sistema de pensiones anunciado por la casa de estudios.

La movilización se concentró principalmente en el tramo de la vía con dirección hacia la avenida La Marina. Los manifestantes cuestionaron los cambios en el esquema de financiamiento universitario y calificaron la medida como “elitista y excluyente”.

🚨#AHORA | Estudiantes de la PUCP realizan un plantón y bloquean un tramo de la av. Universitaria en rechazo a la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Consejo Universitario de esa casa de estudios. pic.twitter.com/VaozwYVXKO

— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 13, 2026

La protesta surgió luego de que la universidad oficializara una modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Según precisó la institución, el nuevo esquema solo se aplicará a los estudiantes que ingresen desde el año 2027, mientras que quienes actualmente cursan estudios mantendrán las condiciones vigentes.

¿Qué cuestionan los estudiantes?

Uno de los principales cuestionamientos de los alumnos apunta a la eliminación de las escalas más bajas de pago. Hasta 2026, la universidad contaba con nueve categorías de pensiones, cuyos montos oscilaban entre S/1.218 y S/4.656 mensuales. Las primeras escalas estaban orientadas a estudiantes evaluados bajo criterios socioeconómicos especiales.

Por su parte, mediante un comunicado, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

“El modelo será a partir del 2027-1 de 8 niveles: 4 escalas de pensiones; y 4 niveles de becas (Becas Mac Gregor y Becas Lucet)”, aclaró la universidad mediante una nota de prensa.

Con el nuevo modelo, el sistema regular quedará reducido a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. De acuerdo con información difundida en la página web de la universidad, la pensión más baja de las escalas ascenderá a S/2.692 mensuales para estudiantes con una carga académica de 20 créditos.

En relación al nivel de becas, la institución explicó que “en la práctica, un estudiante que en el sistema anterior hubiera calificado para una escala baja, con el nuevo modelo recibirá una Beca Mac Gregor (cuyo monto mensual es de S/ 1600), que no dependerá de sus calificaciones sino de la evaluación socioeconómica familiar. Es asignada de forma inmediata”.

La PUCP señaló que la modificación responde a una reorganización interna del sistema de apoyo económico. La universidad explicó que parte de las subvenciones estaban integradas dentro de las antiguas escalas G1, G2 y G3, por lo que ahora se busca separar con mayor claridad las pensiones regulares de las becas.

Asimismo, la institución indicó que el nuevo esquema contará con ocho niveles entre escalas y becas, cuya asignación dependerá de evaluaciones socioeconómicas y académicas realizadas desde el ingreso de cada estudiante.

La universidad aseguró que “el mayor apoyo económico se encuentra en los niveles de pensión (G1, G2, y G3), que tienen un carácter excepcional y se asignan sobre la base de evaluación socioeconómica con un mayor apoyo económico”.

“En el nuevo sistema, la subvención institucional diferencia con mayor claridad las escalas regulares de las becas, permitiendo una asignación más adecuada de los apoyos y el cumplimiento de las exigencias de la Ley Universitaria con esto la universidad asegura el apoyo a las familias que más necesitan ese respaldo”, agregaron.

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El Congreso de la República se alista para retomar el debate del Proyecto de Ley N.° 00842-2021-CR, que busca regular las plataformas digitales de intermediación, como Uber, Cabify, DiDi e inDrive. Esta iniciativa, aprobada en primera votación el pasado 15 de mayo y luego sometida a reconsideración, ha generado amplia controversia al establecer nuevas exigencias para los conductores y mayores obligaciones para las empresas que ofrecen servicios de taxi por aplicativo en el país.

Entre las principales disposiciones se contempla la creación del Registro nacional de empresas de intermediación digital para el transporte de personas(ReNEID) y del Registro nacional de usuarios afiliados a una o varias plataformas digitales (ReNUA). En estos registros deberán inscribirse todas las plataformas y conductores que deseen operar legalmente en el país. El ReNEID será supervisado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que el ReNUA estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La norma también establece que, transcurridos dos años desde su entrada en vigencia, los conductores afiliados deberán contar con una licencia de conducir clase A II-A. Además, no deberán tener antecedentes penales, judiciales ni policiales; deberán aprobar una evaluación psicológica, presentar su récord de conductor y operar vehículos que cumplan con condiciones técnicas específicas, como pasar una revisión técnica semestral, contar con cinturones de seguridad funcionales, extintor, conos de seguridad, y pólizas de seguros vigentes.

Por su parte, las empresas de intermediación digital estarán obligadas a registrar su operación ante el Estado, administrar y remitir información al MTC cada tres meses, garantizar mecanismos de seguridad dentro de la aplicación, y proporcionar información detallada sobre el conductor, el vehículo, la tarifa y las condiciones del servicio. También deberán contratar una póliza de responsabilidad civil general y permitir el acceso de autoridades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial a sus bases de datos en caso de investigaciones.

Cabe destacar que, el pasado 15 de mayo, el proyecto de ley fue aprobado en primera votación. Sin embargo, posteriormente, la congresista Patricia Chirinos presentó un pedido de reconsideración, por lo que deberá repetirse la primera votación. De ser aprobado nuevamente, el proyecto pasará a segunda votación o podría ser remitido al Ejecutivo. En caso de ser observado, el Congreso aún podría aprobarlo por insistencia.

En respuesta a esta propuesta legislativa, DiDi, inDrive, Uber y Cabify, junto a cámaras de comercio y asociaciones civiles, anunciaron que la iniciativa busca aplicar al sector de plataformas digitales una regulación diseñada para el servicio público de taxi, desconociendo su naturaleza tecnológica y modelo colaborativo. Según un comunicado oficial, estas plataformas no son operadores de transporte, sino herramientas que conecta a pasajeros con conductores particulares que operan de manera flexible, según su tiempo y disponibilidad.

“El dictamen propone reclasificar a las empresas como servicio público tipo taxi, exigiendo cambios de licencia, color de vehículo y otros requisitos típicos de transporte público que desnaturalizan el modelo, generan sobrecostos, limitan el acceso de los usuarios conductores y afectarían la calidad de la movilidad urbana”, manifestaron.

Que actualmente operan bajo un marco legal, han implementado tecnología avanzada para bancarizar los pagos y filtros de seguridad, así como realizar validaciones constantes de los conductores. “Imponer más trámites burocráticos no mejorará la formalización, sino que dificultará el acceso a un modelo de negocio eficiente y transparente, afectando la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros”, advirtieron.

En ese sentido, alertaron que el proyecto advierten que el proyecto afectaría directamente los ingresos de más de 150.000 familias que hoy encuentran en estas plataformas una fuente flexible y autónoma de generación de ganancias. “Un enfoque rígido afectará no solo a miles de usuarios conductores, sino también al desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno regulatorio que promueva la innovación y la libertad económica para todos”, concluyeron

Frente a estas disposiciones, diversos expertos han dado a conocer su postura. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó que las empresas por aplicativo vinculadas al transporte deben contar con un domicilio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Es conocido a nivel mundial, y también en el Perú, que el 90% de estas empresas destinan el dinero que reciben de sus afiliados al exterior sin pagar impuestos”, dijo.

Además, enfatizó que no se debe permitir que la tecnología sustituya las obligaciones legales. “Un aplicativo no reemplaza a un operador, y eso es muy peligroso porque origina simulación de posición de dominio”, dijo. Sin embargo, reconoció que las plataformas llegaron para quedarse. “Son una necesidad, debido a la realidad internacional y al comportamiento del usuario, pero esto no significa que tengan impunidad sancionadora”, agregó Ojeda.

Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, sostuvo que el transporte por aplicativo debe acogerse al mismo marco regulatorio que los servicios formales de taxi. “Los servicios de transporte están regulados en el país por normas existentes. En el caso del servicio de taxi, existe una norma que identifica las características del vehículo y el conductor. Las empresas de intermediación solo deberían afiliar a aquellos conductores que cumplan con los requisitos que exige la ley: auto y licencia adecuada, porque están brindando un servicio de transporte, no es cualquier cosa”, enfatizó.

Ambos expertos criticaron la postura de quienes defienden la “informalidad” argumentando desempleo. “Tienen el argumento de que más de 150.000 familias se quedarán sin trabajo. Lo siento mucho, el transporte no es el colchón social del desempleo. Existen normas sobre quiénes pueden brindar servicio de taxi y todos deben cumplirlas, inclusive los aplicativos”, dijo Florez.

Por su parte, la gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Brenda Sparrow explicó que las plataformas no están en contra de la regulación de las plataformas digitales y mucho menos en crear un registro como el que introduce el proyecto de ley.

“Nosotros, como representantes de la industria, consideramos de que es importante que hayan reglas claras para el desarrollo de este tipo de negocio. No obstante, lo que sucede con este proyecto es que está desdibujando la naturaleza de lo que es el servicio de plataformas de intermediación porque lo está equiparando con lo que representa un taxi”, explicó Sparrow.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú declaró que desde la empresa siempre se han mostrado a favor de la formalización del sector, por lo que ven “con buenos ojos” la creación de un registro como el ReNIED; sin embargo, destacó que el proyecto normativo considera erróneamente al servicio de movilidad por aplicativo como taxi.

“Medidas como el cambio de licencia, entre otras propuestas consignadas en el dictamen, desvirtúan nuestro modelo de negocio basado en tecnología y economía colaborativa y lo reclasifican como un servicio de taxi tradicional, yendo en contra de la preferencia de millones de usuarios pasajeros que consideran la movilidad por aplicativo más segura y eficiente. En ciudades con sistemas de movilidad más avanzados que los nuestros, coexisten los dos servicios, el de taxi con el de movilidad por aplicativo, cada uno con su propia regulación, generando multiplicidad de oferta para que los usuarios escojan lo que les conviene en cada momento”, expresó a este Diario.

En un comunicado enviado a este diario, Uber indicó que “el proyecto de Ley 842 no es el resultado de un proceso de diálogo participativo y no ha sido discutido con las partes involucradas, como empresas, conductores y usuarios”.

“El proyecto de ley pide que los conductores incurran en gastos y procedimientos que les impedirían continuar con su actividad o la encarecería, sin que esto signifique ninguna eficiencia o seguridad del servicio. En la práctica, el proyecto podría eliminar el derecho de los conductores a tener oportunidades de generar ganancias a través de la tecnología al establecer mecanismos como el bloqueo de las plataformas, perdiendo también los usuarios la opción de moverse de manera accesible y segura”, indicó.

Finalmente, Uber afirmó que mantienen “la disposición de participar de un diálogo que permita evitar el impacto negativo que tiene ese proyecto en su versión actual y abogamos porque no sea aprobado sin un debido proceso de participación”.

En tanto, Carlos Castellanos, director de Asuntos Públicos de DiDi Región Andina, planteó a través de un comunicado enviado a El Comercio, “la necesidad de que se evalúe el PL 842 sobre una base clara, que contemple el debate técnico y la participación de todas las voces involucradas. La ambigüedad en la regulación, sin la debida consideración de los actores técnicos, la exclusión de empresas de intermediación y, más importante aún, de los propios socios conductores, conlleva a una falta de reflexión técnica que puede dañar a la industria y afectar a miles de ciudadanos que encuentran en las plataformas una solución para su movilidad diaria”, dijo.

Agregó que el proyecto en mención “no comprende el modelo de negocio de la industria y podría causar una pérdida de ganancias para los conductores y desincentiva la innovación y la competitividad. La propuesta de regulación de esta actividad debe partir y considerar los principios de la economía digital colaborativa, que opera en todo el mundo para que los peruanos se puedan beneficiar de la misma”

“Sin duda, trabajar una regulación de manera colaborativa permitirá que la ciudadanía tenga acceso a mayores herramientas de seguridad y que reduzcamos ese dolor que aqueja a miles de peruanos, mientras que se busca proteger a más de 150,000 familias que actualmente generan ganancias a través de esta actividad”, señala.

Las gestiones en la Municipalidad de La Victoria están marcadas por serias denuncias. En esta oportunidad, el alcalde Rubén Cano es sospechoso de supuestamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, la cual se dedicaría al cobro de cupos a los ambulantes de las calles del emporio comercial de Gamarra.

El Ministerio Público ejecutó este martes allanamientos en viviendas de Lima y Ucayali para detener a los miembros de la banda, entre ellos exfuncionarios de La Victoria, así como exfiscalizadores.

El cabecilla de la banda, de acuerdo con información de la Policía, era Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’. Él salió de la cárcel en el 2014 e integró la banda ‘Los intocables ediles’, que también operó en la Municipalidad de La Victoria. El sujeto fue baleado en el 2024 por un sicario y el móvil del ataque sería la disputa por el control del cobro de cupo a los ambulantes de Gamarra.

A Rubén Cano se le imputa el permitir que los extorsionadores penetren distintas áreas del municipio. Solo se le allanó su vivienda, pero no se le dictó detención preliminar por 15 días, tal como sí ocurrió con los otros 14 integrantes de la banda.

También son sindicados de ser miembros de la banda Juan José Roncagliolo Monje, quien fue subgerente de Movilidad Urbana Sostenible de La Victoria, así como los exfiscalizadores Wilson Armando Mego Fuentes, Jhon Williams Pajuelo Romero, Óscar Carbonel Vargas y Anthony Rubén Quispe Figueroa. Ellos son, dentro del organigrama, los facilitadores de la comisión del delito.

Por su parte, Luz Marina Santa Cruz Vargas y Nancy Úrsula Carrillo son las recaudoras del dinero, mientras que Ruth Esther Saldarriaga Vásquez, Edith Rosario Bautista, Karina Rocío Gavidia Ensiso, Carmen Yulissa Sánchez John y Martha Yashuri Perales Aragón son ‘las bolseras’, es decir, cobraban directamente el dinero a los ambulantes. Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel y Rosa Balbina Aragón Balarezo son las lugartenientes del cabecilla.

De esa lista, resalta el nombre de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, quien postuló a la Cámara de Diputados por las filas de Juntos por el Perú. Ella es acusada de tener a su cargo el damero A de Gamarra. Rosa Balbina Aragón Balarezo manejaba el damero B.

“Ella (Carbonel) directamente daba las instrucciones precisas a todo el cuadrante que tenía bajo su control, tenía a su cargo de seis a siete cuadras a la redonda, prácticamente ella era la encargada de supervisar y controlar de que se ejecuten los cobros en la forma establecida, ya sea en forma diaria o mensual”, indicó el coronel PNP Roberto Trujillo, de la Diviac.

La Diviac y la Fiscalía, con el apoyo de la Digimin, determinaron que la banda comenzó a operar desde abril del 2024, según información obtenida por El Comercio. Desde ese momento se realizaron seguimientos, interceptaciones telefónicas y acopio de documentos policiales sobre los miembros de ‘Los Pulpos de La Victoria’.

El modus operandi de la banda era que sus miembros que eran fiscalizadores de La Victoria desalojaban a los ambulantes de los dameros A y B de Gamarra, pero luego les exigían el pago de una especie de “inscripción” de mil a 5 mil soles, así como un pago diario de 10 a 20 soles, para dejarlos entrar nuevamente al espacio público.

En casos los comerciantes informales se negaban a pagar o retrasaban, los fiscalizadores los desalojaban y les arrebataban o destruían sus productos. La Policía ha determinado que en cada damero había entre 600 a 800 ambulantes, por lo que al día extorsionaban, en promedio, a 1500 vendedores. Las personas encargadas de hacer el cobro era un grupo de mujeres. La banda logró amasar cerca de 75 millones de soles, de acuerdo con cálculos de la Fiscalía.

Los entonces fiscalizadores que pertenecían a la banda también habían penetrado el Centro Comunicaciones y Monitoreo de La Victoria, ya que el cobro de cupos a los ambulantes, las lotizaciones del espacio y los desalojos no autorizados no eran grabados por las cámaras de videovigilancia. Eso se constató cuando las autoridades solicitaron las imágenes para investigar, ya que les remitieron videos recortados e incompletos.

Por ello, el equipo 4 de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada investiga a la banda por los delitos de extorsión, organización criminal y homicidio.

El Ministerio Público sí solicitó la detención preliminar por 15 días para el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, pero el Poder Judicial decidió denegar el pedido, por lo que solo se allanó su casa ubicada en La Molina, donde él se encontraba descansando. Las autoridades le incautaron dos celulares y documentación.

Cano Altez dijo que la Municipalidad de La Victoria tiene 2500 empleados, por lo que “no podría ver por el total” de trabajadores, pero remarcó que “no hay ningún funcionario actual comprometido con los actos delictivos”. Afirmó que desconoce si alguna persona de su entorno fue detenida en el operativo de las autoridades.

En conferencia de prensa, el burgomaestre aseguró que las “mafias” que operan en Gamarra lo quieren involucrar con el presunto caso de cobro de cupos debido a que, según dijo, ha liberado de ambulantes los dameros A, B y C y que, por tanto, los ha dejado sin ingresos.

“Esta es la venganza de los delincuentes. Esto debe ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas que venden los espacios públicos por años, que están enquistadas hace 20 años en La Victoria, y eso es lo que hemos cambiado. Esa gente ha quedado ofendida, se le ha pisado los talones, se ha recuperado los espacios públicos, se le ha tocado el bolsillo y ahora me quieren involucrar en estos actos”, afirmó Cano.

Sobre las personas que ingresan a trabajar a la Municipalidad de La Victoria, el alcalde refirió que se realizan constantes convocatorias de serenos y fiscalizadores, pero remarcó que los funcionarios ediles son los que “reciben y califican” a los postulantes. Señaló que desconocía que uno de los exfiscalizadores tenía un amplio prontuario.

Susana Saldaña Ramos, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, señaló que varios de los detenidos por sus vínculos la banda ‘Los Pulpos de La Victoria’ son “hartamente conocidos y denunciados por los ambulantes”, ya que “actúan como jefes de las organizaciones criminales” que durante años han tenido dominado los dameros A y B, así como el jirón Huánuco y las avenidas Parinacochas, Bausate y Meza y Aviación.

No obstante, remarcó que no se puede generalizar la responsabilidad en todo el cuerpo de fiscalizadores de La Victoria o en el alcalde Rubén Cano, pues recordó que en los últimos años se han recuperado los dameros A y B. Por ello, consideró que la justicia establecerá si la autoridad edil tiene algún vínculo con el caso, pero pidió ser “cautos” y esperar qué arrojan las investigaciones.

“No podemos generalizar. Si hay malos elementos entre las personas que se ha capturado y se logra determinar su responsabilidad, entonces tiene que caerles todo el peso de la ley, pero no por ello vamos a generalizar a todo el personal, ya que los mismos fiscalizadores han sido asesinados para liberar los dameros de Gamarra”, expresó Saldaña Ramos.

“Yo no podría determinar lo que se está diciendo sobre el alcalde de La Victoria. Lo real y cierto es que la zona del damero A está liberada hace como tres años, el damero B hace cerca de dos años, y eso solo lo hemos podido lograr con el apoyo de la Policía y por los buenos fiscalizadores que hay. No podemos generalizar. El alcalde lo que ha manifestado es que a él lo habían amenazado de muerte estas mafias hace tres años”, afirmó.

Pidió a las autoridades aumentar la presencia de la Policía, ya que esta situación podría ser utilizada por “los ambulantes y las mafias para volver a invadir Gamarra aprovechando el caos de estos días”.

No es la primera vez que un alcalde de La Victoria se ve salpicado por casos de cobro de cupos a los comerciantes informales. En el 2018, el exburgomaestre Elías Cuba fue detenido en 2018 como presunto cabecilla de la banda “Los Intocables Ediles”, integrada por sus familiares y funcionarios, y la cual es sindicada de cobrar cupos a ambulantes en Gamarra. Se le dictó 26 meses de prisión preventiva en agosto del 2018, sin embargo, fue excarcelado en mayo del 2020 para que cumpla arresto domiciliario ante el deterioro de su salud.

Según la acusación fiscal, Elías Cuba dirigió una banda criminal dedicada al cobro de cupos por parqueo y venta ambulatoria. En este caso también está involucrada la excongresista Luciana León, ya que se le acusa de ser el supuesto brazo político de esta organización.

Más alcaldes cuestionados

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, habría mantenido vínculos con la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, dirigida por Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, según una investigación del Tercer Equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lima Noreste. Un testigo protegido señaló que el delincuente habría financiado la campaña electoral del burgomaestre para obtener luego facilidades y favores de la gestión.

La Municipalidad de Carabayllo habría sido utilizada como una plataforma para favorecer y proteger a la organización criminal que durante años manejó las actividades ilegales en Lima Norte, de acuerdo con la tesis fiscal.

En el caso de Comas, Ulises Villegas fue suspendido en el cargo de alcalde debido a que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la condena de seis años de prisión efectiva en su contra por el delito de colusión agravada.

Fernando Velasco fue vacado del cargo de burgomaestre de Chorrillos, a mediados de octubre del 2025, por el JNE debido a una acusación de la presunta cesión de un predio municipal a favor de un empresario vinculado a su entorno.

Un nuevo caso de maltrato animal se registra en el Perú. Esta vez, una familia denuncia que su perro ‘Mechoso’ fue asesinado a disparos por el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Jorge Escobar, en la urbanización Los Ingenieros, en Piura

Cámaras de seguridad del edificio captan cuando la mascota orina la puerta del agente del orden. Segundos después, este sale con una escopeta de caza para atacar al animal, dijo la dueña del can a Buenos Días Perú.

Los propietarios del animal indicaron que el perro llegó hasta la casa atraído por una mascota en celo.

“Aparentemente, ha sido en un ataque de ira, porque él ha tenido una perrita en celo y ‘Mechozo’, pues, parte de su instinto, ha sido a orinar en su puerta”, agregó a RPP.

El matinal indicó que el agresor escapó por varias horas, sin embargo, se acercó al domicilio con el objetivo de buscar una conciliación con los dueños de ‘Mechozo’.

¿Qué dice la Ley contra el Maltrato Animal?

La Ley N° 30407 de Protección y Bienestar Animal en Perú (vigente desde 2016) protege a los animales domésticos y silvestres de actos de crueldad, abandono o muerte, sancionando con penas privativas de libertad de hasta 3 años, o hasta 5 años si el animal muere, además de inhabilitaciones.

Unidad de Investigación.

La resolución judicial del caso coloca a Jhuliana Carbonel Carbonel, alias ‘Jhuly’ (y candidata al Congreso por Juntos por el Perú), como una de las piezas maestras en la estructura de ‘Los Pulpos de La Victoria’. La Fiscalía la identifica como la lugarteniente de máxima confianza del cabecilla alias ‘Pulpo’, encargada de dirigir la operatividad del cobro de cupos en los Dameros A y B del emporio comercial.

El expediente señala que ‘Jhuly’ no era una colaboradora menor; ella gestionaba la caja de las extorsiones y tenía a su mando a un grupo de mujeres que realizaban el cobro en las calles.

Su poder era tal que, junto a fiscalizadores municipales implicados, decidía quién podía ocupar el espacio público y quién debía ser desalojado por no pagar el cupo.

Esta red, que funcionó entre 2023 y 2025, habría amasado más de S/ 63 millones de soles bajo la presunta complicidad del alcalde de La Victoria, Rubén Cano.

El nexo con la Municipalidad y la política

Carbonel funcionaba como el nexo clave entre la banda criminal y la Subgerencia de Movilidad Urbana de La Victoria.

El peritaje contable a la hoy candidata de Juntos por el Perú (JPP) detectó ingresos no justificados por S/ 537 mil, dinero que manejaba mientras lideraba este sistema de extorsión que utilizaba a los propios trabajadores municipales como fachada.

La investigación de la DIVIAC también documentó el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para centralizar los fondos, además de transferencias realizadas por la propia Carbonel hacia Argentina.

En paralelo a estas operaciones, ‘Jhuly’ seguía con su carrera política: registros de la ONPE muestran aportes a su propia campaña en febrero de 2026, lo que pone bajo la lupa el origen del dinero que financió su postulación.

Hacia la prisión preventiva

Tras su captura, Jhuliana Carbonel cumple una detención preliminar por 10 días. En su resolución, el juzgado advierte un alto peligro de fuga y obstaculización, señalando que la candidata no cuenta con arraigos y podría utilizar el dinero ilícito para comprar o amenazar a testigos.

Incluso, el documento alerta sobre posibles atentados contra la vida de quienes colaboran con la justicia para evitar que aporten pruebas.

Durante este tiempo, la fiscalía revisará los celulares y documentos incautados en su vivienda para sustentar un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Debido a su rol como jefa operativa y los vínculos con homicidios y extorsiones, la justicia señala que Carbonel podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

La Fiscalía busca demostrar que el control territorial que ejercía en Gamarra no era solo un delito de calle, sino una operación de alto nivel infiltrada en la propia gestión municipal.

Mediante un comunicado, Nexa Resources informó que, esta mañana, se registró un incidente en una de las instalaciones industriales de la Refinería Cajamarquilla, que generó un incendio actualmente controlado.

Se reportaron cuatro personas afectadas, entre ellas un trabajador de Nexa y tres trabajadores de la empresa contratista Hitachi, que realizaba labores en la zona.

Tres de ellos fueron trasladados a un centro de salud para evaluación y atención médica, encontrándose estables, mientras que la cuarta persona recibió atención local. La compañía viene acompañando de cerca su atención y brindando soporte a sus familias.

Como medida preventiva, Nexa, realizó la evacuación oportuna de trabajadores de las zonas involucradas, manteniéndose el monitoreo permanente de la situación dentro de la unidad.

“Desde el primer momento, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes, con apoyo de brigadas internas y del Cuerpo General de Bomberos”, informó la compañía.

Asimismo, se indicó que las causas del incidente se encuentran en investigación y se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes.

A la mitad del segundo trimestre del 2026, el último año de gestión, algunas gestiones ediles mantienen estancada la ejecución presupuestal para proyectos de inversión. En Lima centro, las administraciones de Barranco y Miraflores acumulan 15 proyectos de inversión, con una inversión superior a los S/ 24 millones, que se mantienen con 0% de ejecución.

Barranco es el que presenta menor avance, al tener el total de su cartera de inversión -siete proyectos- con 0% de ejecución. La gestión de la alcaldesa Jessica Vargas explicó que que esto ocurre debido a que la mayoría de su cartera de inversión corresponde a adquisiciones: una grúa, un camión baranda, camionetas y motocicletas para gestión de desastres, una camioneta para los centro de asistencia a personas vulnerables, equipo de protección y contra incendios para la Compañía de Bomberos. Solo dos proyectos corresponden a obras: la mejora de la piscina en el estadio Chipoco, y la construcción de un gimnasio biosaludable.

“En compras no hay adelantos ni valorizaciones mensuales, por lo que se estima que en mayo culminen los procesos de adquisición y en junio suba el porcentaje de ejecución”, indicaron. Las obras de La Ermita y el Puente de los Suspiros están en manos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con un 3.6% de ejecución a la fecha.

En Miraflores, existen ocho proyectos de inversión con un 0% de ejecución, y otros 10 proyectos con avances (cinco de ellos, con 100% de ejecución). ¿Por qué entonces la gestión registra un 9.6% de ejecución global? La razón está es que los ocho proyectos no ejecutados representan una cartera superior a S/ 22 millones, mientras que los 10 proyectos con avances apenas rozan los S/ 3 millones.

A diferencia de Barranco, la gestión del alcalde miraflorino, Carlos Canales, tiene en espera seis proyectos relacionados a obras, y dos adquisiciones (una ambulancia y un camión baranda, volquete y complementos). La obra más importante en esta cartera es uno que implica la mejora de la Avenida Pardo, en el tramo que va desde el Óvalo Miraflores hasta el Malecón Cisneros, de S/ 14 millones de inversión, pero con 0,1% de ejecución.

El equipo del alcalde Canales destacó que la obra de la Av. Pardo ya está en ejecución, además de resaltar otros proyectos como el skate park, el complejo para surfistas en playa Makaha, y la entrega en breve de la Sede de OMAPED. “Es la primera vez en la historia de Miraflores que OMAPED, tiene su propia sede. Todas estas obras reflejan una inversión de más de S/ 60 millones”, dijeron tras añadir que han superado lo invertido por gestiones anteriores.

Diferente es el caso de Surco, donde la gestión del alcalde Carlos Bruce registra una ejecución presupuestal, entre 20% y 90%, en los cinco proyectos de inversión -todos referidos a obras- de mayor envergadura para este 2026, que representan un gasto superior a los S/ 22 millones.

En este paquete se encuentran las tres obras más importantes de la gestión para este 2026: la creación de la supermanzana en el centro histórico del distrito (42,8% de ejecución), la creación del Coliseo Ferrero (69,3% de ejecución) y la recuperación de la Casa Hacienda San Juan Grande (56,8% de ejecución).

Surco tiene otros cinco proyectos pendientes, sin un nivel tan alto de ejecución, pero representan solo S/ 7 millones.

Similar es el caso de San Isidro, aunque con niveles más bajos de ejecución que Surco. La gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga acumula cinco proyectos de inversión, con una ejecución entre 9% y 15%, valorizados en S/ 23 millones; y otro grupo de siete iniciativas, con cero avance, pero valorizados en poco más de S/ 8 millones.

El equipo de la alcaldesa Vizurraga destacó que tienen en camino la nueva central de seguridad ciudadana, lo cual fortalecerá las labores de monitoreo y vigilancia en el distrito, así como las obras de mejora urbana en las zonas de Los Cines con Pelicanos, Halcones con Tucanes, Golondrinas con Tucanes, Perdices con Halcones y Colibríes con Halcones.

Una gran expectativa ha generado la reciente aprobación de una norma en el Congreso que permite que los conductores que hayan acumulado puntos por infracciones de tránsito podrán reducir dicho puntaje en caso cumplan con ciertos requisitos.

La norma ajusta la escala de infracciones y las sanciones para que sean proporcionales al riesgo, e incorpora cursos de reeducación y exámenes psicológicos, lo que permite la recuperación de puntos a través de incentivos más atractivos.

El congresista Juan Carlos Mori, autor del proyecto de ley, explicó que el dictamen aprobado el pasado 7 de mayo modifica la Ley 29365, que establece el sistema de control de licencias de conducir por puntos, y la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de brindarle a la norma un “enfoque preventivo, educativo y proporcional”, pues aseguró que el actual mecanismo ha generado “un déficit crítico de conductores profesionales en el transporte público de carga y de pasajeros”.

“Esto se debe a la suspensión y cancelación masiva de licencias por acumulación de puntos. A la fecha, más de 48 mil licencias han sido suspendidas o canceladas por alcanzar los 100 puntos, lo que ha generado una reducción significativa de la oferta de conductores. Como consecuencia de ello, se ha identificado una brecha superior a 26 mil conductores adicionales, necesarios para cubrir la demanda actual del sistema de transporte terrestre”, indicó el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Por ello, detalló que su iniciativa plantea una reforma integral del sistema de puntos orientada a “equilibrar la sanción con la formación y la reinserción del conductor, pero sin debilitar la seguridad vial”. Mori remarcó que se mantiene el sistema de 100 puntos como límite máximo, pero se introduce una nueva escala de infracciones “basada en criterios técnicos y de proporcionalidad”, ya que las infracciones leves tendrán entre 1 y 10 puntos, las graves entre 11 y 30 puntos, y las muy graves entre 31 y 70 puntos.

No obstante, aclaró que se mantiene el esquema de sanciones progresivas por acumulación de puntos. “A los 100 puntos, el conductor recibe una suspensión de 6 meses en la primera ocurrencia, luego se le aplica 12 meses en la segunda, y la cancelación definitiva en la tercera. No obstante, se incorpora un elemento clave: la sanción se ejecuta de manera automática únicamente cuando la infracciónha quedado firme en vía administrativa, garantizando el respeto al debido procedimiento”, agregó.

El punto más saltante de la norma es que los puntos se eliminan luego de dos años, y que los conductores puedan reducir puntos mediante cursos de seguridad vial, evaluaciones y capacitación continua. También se otorgan beneficios en el puntaje a aquellos conductores que hayan mantenido una “conducta responsable” durante periodos prolongados.

“Un elemento adicional es la posibilidad de reducir el plazo de suspensión por única vez hasta un mínimo de un mes siempre que el conductor cumpla estrictamente ciertos requisitos, como aprobar evaluaciones psicológicas, de conocimiento y de manejo, pagar las sanciones correspondientes y no haber cometido infracciones que impliquen graves riesgos, como la conducción en estado de ebriedad o conductas temerarias. Esto permite evitar un incentivo negativo y garantiza que la reducción esté vinculada a un proceso real de rehabilitación”, afirmó Mori.

“La resocialización del conductor no implica la impunidad”, aclaró el director de la Cámara Internacional de la lndustria del Transporte, Martín Ojeda, respecto al contenido del proyecto aprobado por el Congreso, el cual defendió e incluso precisó que es muy diferente de la iniciativa conocida la ‘Ley del borrachito’, ya que no se exime de la sanción económica.

En diálogo con El Comercio, el dirigente explicó que lo más resaltante de la norma es que permite a las personas que han sido sancionadas con 6 meses de suspensión de la licencia por exceder los 100 puntos a reducir a solo un mes de suspensión si pasa por distintas evaluaciones.

Ojeda indicó que la propuesta aprobada en el Parlamento contempla que se deje de lado las respuestas de un balotario y el infractor sea sometido a pruebas de conocimiento, de manejo y del manual de seguridad vial.

“En este caso no se está declarando la impunidad del tema económico, igual (los conductores) tienen que asumir esa responsabilidad, pero se está poniendo un criterio mucho más estricto en cuanto a la recuperación de puntos para aquellos que tenían seis meses (de suspensión) y bajarle a un mes siempre y cuando no se use balotario, se use la lectura y el examen de cualquier pregunta de un manual de seguridad vial, aspecto que se ha dejado en el Perú hace varios años y eso ha originado la gran cantidad de fallecidos y heridos porque lamentablemente no se resociabiliza al usar un balotario sencillo y al dejar un estricto examen del manual de seguridad vial”, expresó Ojeda.

“Esto (el beneficio) no abarca a los que han sido sancionados por alcoholemia, esto es solo para aquello que han excedido los más de 100 puntos y no tengan que esperar seis meses”, agregó.

Ojeda contó que el sector interprovincial de transporte ha sido afectado con el anterior sistema de puntos debido a que los conductores deben realizar ciertas maniobras en algunos tramos de autopistas, pero el GPS registra un exceso de velocidad, lo cual implica una multa y la acumulación de 50 puntos para el chofer.

Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, consideró “interesante” la norma que establece cambios en el sistema de puntos para conductores, ya que existe “mucha injusticia” en la aplicación de determinadas papeletas, como en el caso de los límites de velocidad y en la acumulación de puntajes.

“Si uno viene por la carretera con velocidad máxima permitida de 100 km/h y de repente hay un letrero pequeño que lo baja a 60 km/h o a 30 km/h y después está la cámara. Se nota un fin recaudador antes que un tema educativo. Con dos pasadas de velocidad en carretera, el conductor ya acumula 100 puntos, por lo cual se le quita el brevete”, afirmó el especialista.

Por ello, indicó que se debería revisar de manera integral el sistema de sanciones para conductores, ya que, según refirió, las multas son “absurdamente altas” porque tienen como referencia la UIT, pero deben ser calculadas sobre el sueldo mínimo.

Se puede crear “nuevas mafias”, advierte especialista

La norma sobre reducción de puntos para conductores infractores es “en términos generales apropiada”, pero la realidad es que en el país la fiscalización al sistema del transporte “no es eficiente”, afirmó Franklin Barreto, especialista en transporte, tránsito y seguridad vial.

“Cuando se anuncia que se debe considerar a aquellos que tienen infracciones de tránsito, es decir rebajarle la suspensión, todo estaría bien en el supuesto que todas las infracciones fueran detectadas, pero en nuestra realidad las infracciones no son detectadas en su totalidad”, afirmó Barreto a El Comercio.

Barreto consideró que sí debería existir gradualidad en las sanciones, pero que también se tendría que implementar previamente una educación vial, a fin de que los conductores infractores conozcan cuando cometan una infracción.

No obstante, Barreto alertó que el sistema de reducción de puntos podría originar que se formen “nuevas mafias”, tal como ocurre con el caso de las papeletas.

Durante la madrugada de hoy, en medio de una persecución policial, un grupo de delincuentes dedicados al robo al paso, abandonaron en el distrito de Miraflores, una camioneta que habían robado hace algunas semanas.

Imágenes de Buenos Días Perú muestran a los tres sujetos a bordo del vehículo, cuando fueron interceptados en un semáforo de la avenida Paseo de la República cruce con 15 de enero. El conductor hizo una maniobra temeraria para escapar estuvo a punto de atropellar a un efectivo del orden.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron cuando la camioneta, que fue reportada robada el 30 de abril en Lince, impactó con las rejas de un edificio. Acto seguido, los facinerosos bajaron de la unidad vehicular y huyeron a pie en distintas direcciones.

Minutos después, la PNP encontró la unidad abandonada en la puerta de una cochera de un condominio.

Dentro del vehículo se encontró un arma, municiones, una peluca, guantes quirúrgicos y otros objetos utilizados para robos sistemáticos en MirafloresySan Isidro.

¿Cómo contactar servicios de emergencia en el Perú?

En el país existen diversos canales gratuitos y disponibles las 24 horas para atender situaciones de riesgo que comprometan la salud, la seguridad o la vida de las personas.

Uno de los principales es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que brinda asistencia médica inmediata ante accidentes, emergencias o problemas de salud graves. Este servicio es gratuito y funciona de manera ininterrumpida todos los días. Para solicitar una ambulancia o atención prehospitalaria, basta con marcar el 106 desde cualquier teléfono.

Además, es importante tener en cuenta otros números clave en el Perú:

• 105: Policía Nacional del Perú (emergencias de seguridad ciudadana).
• 116: Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú (incendios, rescates y emergencias).
• 102: Central de emergencias de EsSalud.

La Municipalidad de Santiago de Surco presentó 150 pistolas de electrochoque y cámaras corporales destinadas al personal de serenazgo. Las labores de vigilancia iniciarán con un grupo de 20 agentes dotados con estos equipos.

Los dispositivos emiten pulsos eléctricos que interfieren con las señales neuromusculares del individuo. Esta descarga inmoviliza al sujeto de forma temporal y permite su intervención inmediata sin causar daños mortales. Cada unidad incluye una cámara corporal que registra audio e imágenes desde el momento del desenfunde.

“Como municipio no vamos a escatimar esfuerzos en brindarles a los serenos las mejores herramientas que la ley nos permita, para poder combatir contra esta epidemia de inseguridad”, afirmó el alcalde de Surco, Carlos Bruce, durante la presentación de estos dispositivos.

La presentación de estas armas contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, quien felicitó al burgomaestre por apostar por esta tecnología de origen estadounidense. Dijo además que, para su país, como para el Perú, la seguridad es necesaria para que haya prosperidad. “Sin seguridad no puede haber estabilidad y sin estabilidad no hay prosperidad. Eso es algo que yo y el presidente Trump creemos fundamental”, señaló.

Las pistolas eléctricas, modelo TASER 10, son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona mediante la aplicación de impulsos eléctricos controlados. El dispositivo tiene un alcance de hasta 14 metros y permite realizar 10 disparos sin necesidad de recarga inmediata. Además, tiene un sistema de puntería láser verde visible.

Las bodycams cuentan con transmisión en tiempo real y de manera automática a la Central de Monitoreo apenas se desenfunda la pistola. Graban audio y video. Tienen una batería con más de 11 horas de duración y poseen bluetooth, GPS y conexión wifi. Gracias a sus micrófonos digitales, el personal puede entablar comunicación directa con los operadores de la Central de Monitoreo.

Junto con las pistolas y las cámaras, se adquirió también una Plataforma de Gestión de Evidencias, que almacena y gestiona los registros obtenidos en el uso de las armas eléctricas, y optimiza la supervisión y control de las intervenciones.

El personal que hará uso de estas armas fue capacitado por expertos y certificado por el Centro de Capacitación Municipal de Surco (CECAM), acreditado por el Ministerio del Interior; y pasó por evaluación psicológica en la Sanidad de la Policía Nacional.

🚨⚡ ¡Surco marca un hito importante en seguridad ciudadana!
Se presentaron 150 pistolas de electrochoque TASER 10, convirtiendo al distrito en el primero del país en incorporar este tipo de tecnología no letal para Serenazgo. 1/2 pic.twitter.com/ECEOkkd8Ih

— Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) May 12, 2026

El sistema transmite la información en tiempo real a la central de monitoreo municipal. Esta tecnología documenta las intervenciones y garantiza la transparencia en el ejercicio de las funciones del personal. Las grabaciones sirven como prueba ante posibles incidencias delictivas o quejas sobre el uso de la fuerza.

Un grupo de 40 serenos completó la capacitación especializada en el Centro de Capacitación Municipal. La instrucción incluyó prácticas en polígonos de tiro, entrenamientos de campo y el uso de simuladores de realidad virtual. El municipio proyecta equipar la totalidad de sus 109 patrullas en un plazo de 30 días con las 130 unidades restantes.

La medida cumple con la Ley 32312, norma que autoriza el uso de medios de defensa para el servicio de serenazgo. El alcalde Bruce impulsó esta iniciativa legislativa tras el fallecimiento del sereno Luis Manrique durante un forcejeo con un delincuente armado. El equipamiento busca proteger la integridad física de los agentes ante situaciones de riesgo.

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Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el caso de Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, involucrada en una investigación como parte de una supuesta organización criminal que también involucra a su hermana Rosa Paredes, y que conllevó una serie de allanamientos en Lima y Ucayali este 13 de mayo.

Ariana Orué, colega de Paredes de Podemos Perú, dijo que hasta el momento no han escuchado los descargos de la congresista al interior de la bancada.

“No ha habido una comunicación todavía como bancada, pero se supone que tiene que realizarse una debida investigación (...) Primero que se investigue con la mayor transparencia y que se puedan brindar todos los recursos para que se pueda dar esta investigación”; dijo a RPP.

En un comunicado publicado en redes sociales, Francis Paredes rechazó categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento contra ella y su hermana, y dice que carecen de sustento y verdad.

Alex Paredes, de Somos Perú, dijo esperar que la legisladora se pronuncie “en su momento”. “No podemos adelantar juicios, sentencias. Simplemente que se desarrolle dentro del marco del Estado de derecho, que haya libertad para ejercer su derecho de defensa”.

Jorge Montoya, de Honor y Democracia, exigió que se activen las comisiones del Congreso a cargo de evaluar casos como estos, como Ética para proceder con la posible suspensión de Francis Paredes.

“Tienen que tomarse las acciones correctivas inmediatas. Si es que es cierta la denuncia, debería estar detenida o ponerse a disposición del juez para que decida si habrá prisión preventiva o no. La Comisión de Ética debería estar viendo la suspensión. Esas cosas hay que hacerlas rápido”, indicó ante la prensa.

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, acudió este miércoles a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima, luego de que estudiantes mantuvieran tomada la ciudad universitaria ante el temor de un eventual desalojo por parte de agentes de seguridad privada.

En declaraciones a RPP, Espinoza alertó sobre antecedentes de intervenciones irregulares durante anteriores protestas en la universidad y denunció el ingreso de personas no identificadas para retirar por la fuerza a manifestantes.

“Nos han referido y lamentablemente sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones”, señaló.

La titular del Colegio de Abogados sostuvo que estas personas habrían sido contratadas para emplear la fuerza y vulnerar los derechos de quienes participan en las medidas de protesta dentro de la universidad.

Los estudiantes indicaron que la toma del campus se desarrolla de manera pacífica y aseguraron que, hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos ni actos de violencia. Asimismo, manifestaron su disposición a participar en una mesa de diálogo con la rectora Jerí Ramón para buscar acuerdos.

Ante la posibilidad de un desalojo, Espinoza informó que se comunicó personalmente con la Fiscalía de Prevención del Delito para advertir sobre la situación y evitar posibles excesos en el uso de la fuerza.

“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes”, indicó.

Entre las principales demandas de los estudiantes figura el archivo del proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores en las universidades públicas. También exigen que las elecciones universitarias previstas para junio se desarrollen de manera presencial y no virtual, como propone el actual rectorado.

Los manifestantes señalaron que mantendrán la toma de la universidad pese a que esta noche se realizará una verbena por el aniversario número 475 de fundación de San Marcos, actividad que contará con artistas invitados.

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Desde pasada las 7 de la mañana, cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atendieron un incendio registrado en la refinería de zinc de Cajamarquilla, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica. Motobombas, ambulancias y una unidad de rescate se encuentran en el lugar.

De acuerdo con la página web de los Bomberos, el lugar del siniestro es operado por la empresa brasileña Nexa Resources. Los trabajadores confinaron las llamas.

Videos en redes sociales muestran una gran columna de humo que se elevaba sobre las instalaciones de la refinería y se pudo ver desde varios kilómetros a la redonda causando preocupación.

Los Bomberos indicaron que las llamas afectaron el equipamiento eléctrico de la subestación de transmisión y como consecuencia, un horno explotó.

Según Canal N, en un inicio hubo hermetismo de parte de la empresa, sin dejar entrar a personal de fiscalización de la municipalidad del distrito.

Heridos de incendio fueron atendidos

A través de un comunicado, la empresa Nexa precisó que cuatro trabajadores resultaron afectados por el humo del siniestro: uno de la misma empresa fue llevado a una clínica local y otros tres de la empresa contratista Hitashi, que realizaban labores en la zona, fue atendido en el lugar.

Asimismo, indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad de brigadas junto a los Bomberos. Se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes.

Según la consultora de energía Wood Mackenzie, Cajamarquilla es la refinería de zinc más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo. Sus operaciones comenzaron en 1981, y en 2021 produjo alrededor de 328.1 mil toneladas de zinc metálico.

La congresista Francis Paredes (Podemos Perú) rechazó que ella o su hermana, Rosa Paredes, estén involucradas en la presunta organización criminal que habría direccionado contrataciones en diversas instituciones del Estado, investigación por la cual la fiscalía allanó varios inmuebles esta madrugada en Lima y Ucayali.

En un comunicado publicado en redes sociales, la legisladora rechazó categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento contra ella y su hermana, y dice que carecen de sustento y verdad.

“Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado, por lo que resulta irresponsable pretender vincularla a hechos irregulares sin prueba alguna”, indicó.

La parlamentaria elegida por Ucayali dijo que ni ella ni su familiar pueden ser responsables si terceras personas han “utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

“Me pongo plenamente a disposición de las autoridades competentes y brindaré toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, manifestó.

Según las investigaciones de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta presunta organización criminal capta personas naturales y jurídicas para conseguirles puestos en la red de salud de Ucayali, así como en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la dirección desconcentrada de Cultura de esta región. En total, habrían logrado órdenes de servicio por más de 20 millones de soles.

Francis Paredes dijo que durante su labor como congresista ha tenido relación con personas e instituciones sin que esto implique vínculos indebidos ni beneficios económicos. Por esto, pide que se actúe con “celeridad y objetividad” porque ve afectadas sus honras, nombres y el de su familia.

El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Michael Magallanes Gaviria, solicitando 10 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’, durante la movilización social del pasado 15 de octubre.

Fue el Estudio Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa de la familia del fallecido, indicó que, de acuerdo con la acusación fiscal, durante la protesta Magallanes Gaviria realizó el disparo que causó la muerte de Mauricio Ruiz.

De acuerdo con los abogados, según la tesis fiscal, se evidencia un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, esto basado en pericias forenses, necropsia y registros audiovisuales.

Asimismo, “la calificación adoptada por la Fiscalía Común no modifica la gravedad institucional del caso ni la necesidad de examinarlo bajo estándares reforzados de protección de derechos fundamentales”.

“Reiteramos nuestra postura de que los hechos debieron ser investigados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, atendiendo a que la muerte se produjo en el contexto de una protesta social y en circunstancias vinculadas al ejercicio de la fuerza estatal”, apuntaron en sus redes sociales.

¿Qué pasó en la marcha del 15 de octubre de 2025?

La marcha nacional del 15 de octubre de 2025 en Perú, convocada en el contexto de la crisis política y la inseguridad ciudadana contra el gobierno del presidente José Jerí, resultó con una persona fallecida y más de 100 heridos, principalmente en el Centro de Lima.

Desde la madrugada del viernes 9 de mayo, maquinaria pesada y cientos de agentes municipales y policiales intervinieron la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, para ejecutar el desalojo y demolición de aproximadamente 30 predios que ocupaban parte de la Carretera Central de manera irregular. La acción forma parte de un proyecto de recuperación de espacios públicos que busca mejorar la transitabilidad y ampliar esta importante vía de conexión hacia el este de Lima.

El operativo, liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en coordinación con la Municipalidad de Ate y la Policía Nacional, permitió recuperar más de 2.300 metros cuadrados de área pública invadida, comprendida entre el grifo Tokio y el mercado APROMEC, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central.

Entre las estructuras demolidas se encontraban locales comerciales, edificaciones de varios pisos, un mercado y un grifo que, según las autoridades, habían ocupado áreas destinadas originalmente para el tránsito vehicular y peatonal.

El Comercio recogió declaraciones del alcalde de Ate, Franco Vidal. La autoridad edil señaló que el principal objetivo de la intervención es ejecutar obras de ampliación vial en la Carretera Central, una de las vías más congestionadas de Lima Este.

“La finalidad de esta recuperación de espacios públicos es hacer nuevas veredas y nuevas pistas”, señaló durante una transmisión en vivo realizada desde la zona intervenida. El burgomaestre indicó que administraciones anteriores permitieron ocupaciones irregulares sobre terrenos públicos, reduciendo el ancho de la vía y afectando el tránsito en la zona.

Según explicó, el proyecto contempla la ampliación de carriles y la recuperación del recorrido de la Carretera Central entre Vitarte y Santa Clara. Además, la liberación de espacios permitirá complementar la obra denominada “recuperación del corte de cerro Candela”, intervención vial que añadirá dos nuevos carriles y cuya entrega, según adelantó, se realizaría a fines de mayo.

La comuna sostiene que estas obras buscan reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación tanto de transporte público como privado en uno de los corredores con mayor carga vehicular de Lima Metropolitana.

Franco Vidal también agregó que la obra forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura que viene ejecutando la comuna, entre ellos la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón en el sector Cerro Candela, la renovación de pistas y veredas en Santa Clara y la futura intervención de la avenida 26 de mayo, cuya primera piedra —afirmó— sería colocada a fines de junio. Además, adelantó la construcción de un estadio profesional en Huaycán, proyecto valorizado en más de 60 millones de soles.

El alcalde Franco Vidal precisó que la recuperación del espacio público fue posible tras coordinaciones iniciadas en 2024 con el entonces alcalde electo de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga.

Debido a que la Carretera Central es una vía metropolitana bajo competencia de la MML, la Municipalidad de Ate necesitaba una delegación de facultades para intervenir directamente en la zona.

“Cuando un alcalde local quiere hacer una obra en una competencia metropolitana debe solicitar dicha autorización. Gracias al permiso otorgado es que ahora, en mayo del 2026, pudo realizarse la obra en conjunto de ambas administraciones, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Ate.”, mencionó Franco Vidal, alcalde de Ate.

Según explicó el burgomaestre, tras obtener dicho permiso ambas comunas pudieron desarrollar el proyecto de manera conjunta, aunque la inversión presupuestal corre por cuenta del municipio distrital.

Tanto la Municipalidad de Lima como la Municipalidad de Ate señalaron que los ocupantes fueron notificados meses antes del inicio de las demoliciones.

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariela Falla, indicó que las primeras notificaciones fueron emitidas desde enero y que inicialmente se solicitó el retiro voluntario de las estructuras y pertenencias.

Por su parte, Franco Vidal aseguró que todos los propietarios y comerciantes intervenidos recibieron procedimientos administrativos sancionadores (PAS) y que la comuna cuenta con documentación que respalda las acciones ejecutadas.

Durante la jornada, la Gerencia de Movilidad Urbana implementó un plan de desvío vehicular para reducir el impacto en el tránsito. Los vehículos pesados fueron redirigidos por las avenidas Esperanza y Nueva Esperanza, mientras que el tránsito ligero utilizó rutas alternas como la avenida Central.

El operativo contó con la participación de cerca de 700 efectivos policiales y 300 agentes municipales, además del uso de excavadoras y cargadores frontales para las labores de demolición y limpieza del área recuperada.

Durante la jornada del lunes, un joven fue retirado de los escombros de una vivienda demolida en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate, luego del operativo de recuperación de espacios públicos de la Carretera Central ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Según se denunció en un inicio esta persona quedó atrapada; sin embargo, luego el municipio negó esta información.

La madre del afectado indicó a América Noticias que su hijo ingresó a rescatar a algunos animales que se encontraban dentro del predio.

“El ingeniero dijo que esto estaba listo para el domingo. Mi propiedad ha sido casi la última y entonces me decían ‘señora tiene que salir’, entonces hemos salido, pero mi hijo fue por los animales y yo pensé que estaba afuera”, aseveró la mujer identificada como Doris Campos de Huaynate.

Desde el lugar de los hechos, Renzo Reggiardo dijo que las acciones son parte “fundamental para recuperar el principio de autoridad” y que, además, actuaron “en el marco estrictamente legal pues se ha notificado”, sin embargo, “no se ha hecho caso” a estos avisos de la MML.

“Esto estaba en manos de la informalidad durante 20 años. Nosotros hemos asumido el rol de ordenar con las consecuencias que son complejas. Estamos abiertos al diálogo pues lo hemos hecho con los vecinos de Vía Expresa Sur, Campo de Marte y no tenemos problemas de recibir a las personas que se han visto afectadas ahora”, sostuvo a los medios.

Mariela Falla, gerenta de Fiscalización y Control de la MML, precisó que la intervención tuvo “cero riesgo y costo social”.

“Los vecinos de ahora han contratado a pseudos delincuentes para agredir a nuestro personal, por eso el viernes no se pudo ayudar el viernes a las personas a sacar sus bienes. Estos pseudos propietarios solo son ocupantes. Las áreas de dominio público son inalienables e imprescriptibles. No hay ni una persona agredida. El día de ayer intentaron meterse, porque hay un conflicto entre los familiares”, aclaró.

El Ministerio Público y la Policía Nacional ingresaron en allanamientos a diversos inmuebles en Lima y en Ucayali, incluyendo la vivienda de la hermana de la congresista Francis Paredes (Podemos Perú) como parte de una investigación contra una presunta banda que direccionaba contrataciones en instituciones del Estado.

Una de las diligencias ocurrió en la cuadra 13 del Jr. Junín, en Barrios Altos, en el inmueble donde vive Rosa Paredes Castro, hermana de la legisladora por Ucayali, y quien sería presuntamente integrante de la organización criminal que tendría como cabecilla a la parlamentaria.

En total fueron 10 inmuebles, 7 de ellos en Ucayali y 3 en Cercado de Lima, Surco y Jesús María, en la capital.

La Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga los actos perpetrados por esta organización que, supuestamente, capta personas naturales y jurídicas para conseguirles puestos en la red de salud de Ucayali, así como en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la dirección desconcentrada de Cultura de esta región. En total, habrían logrado órdenes de servicio por más de 20 millones de soles.

¿Por qué se detuvo a Rosa Paredes?

Rosa Paredes habría sido una de las operadores que habría captado a las personas que luego serían beneficiadas en diversas instituciones. También son investigaos Iván García Rodríguez, el técnico de primera del Ejército Javier Antonio Barbarán Pérez, Lucas Renato Martín Borjas (director de la Red de Salud Coronel Portillo y exjefe de Essalud en Pucallpa) y Vidal Rosas Mallqui.

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La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Nueva Generación”, organización dedicada a la extorsión y usurpación agravada mediante la venta fraudulenta de terrenos y viviendas en Lima Este. Entre los detenidos figura un suboficial de la institución policial, identificado como Manuel Baltazar Solórzano.

El operativo fue ejecutado durante la madrugada de este martes por agentes de la Dirincri en coordinación con el Ministerio Público. Junto al efectivo policial fueron detenidos Yhony Germán Claros Taipe, señalado como cabecilla de la organización, y Anabel Cuya Juypa, presunta colaboradora en los cobros extorsivos y amenazas contra las víctimas.

Según informó el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, la organización captaba a personas interesadas en adquirir terrenos o viviendas y les ofrecía supuestos trámites rápidos para obtener la titularidad de los predios.

No obstante, una vez concretados los pagos, las víctimas eran sometidas a extorsiones para seguir entregando dinero bajo amenazas.

“Venden terrenos y, con la ficticia información de que estarían gestionando algunos trámites para que en algún momento tengan la titularidad, se abastecen de dinero y, al no querer pagar la suma que ellos requieren, viene la extorsión”, explicó el mando policial.

Durante los allanamientos realizados en inmuebles ubicados en El Agustino y Santa Clara, los agentes hallaron una granada de uso manual acompañada de mensajes amenazantes. Además, incautaron certificados de posesión y títulos de propiedad en blanco que presuntamente eran utilizados para aparentar legalidad en las operaciones ilícitas.

La Policía detalló que la banda utilizaba documentación irregular para engañar a sus víctimas y mantener el control de inmuebles invadidos o desocupados. Las investigaciones preliminares indican que la organización habría operado durante aproximadamente tres años.

De acuerdo con las pesquisas, los integrantes exigían pagos semanales o mensuales que podían alcanzar los S/500 a cambio de permitir a las víctimas permanecer en los predios ofrecidos de manera fraudulenta.

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Aquellos días del 12 y 13 de mayo de 1951, el sol de otoño parecía querer sumarse al júbilo de una ciudad que recibía entusiasmada los 400 años de su universidad emblemática. Lima no era solo la capital del Perú; durante esos días fue el epicentro de la cultura y el progreso deportivo de nuestra región.

Las celebraciones por el cuarto centenario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos habían alcanzado su punto más alto. Cuatro siglos de historia, desde aquella Real Cédula firmada por Carlos V en 1551, se condensaban en el orgullo de inaugurar la Ciudad Universitaria, y dentro de ella, su gran estadio.

El nuevo recinto deportivo, una mole de cemento y césped, con cancha atlética reglamentaria, se erigía imponente como el segundo más grande de América del Sur en la costa del Pacífico. Era, para los jóvenes de la época, la promesa de un futuro donde el cultivo del espíritu y la mente se darían la mano con el adiestramiento del cuerpo, del físico.

Desde temprano, las rutas hacia la nueva Ciudad Universitaria se vieron congestionadas por una multitud ávida de ser parte de la historia. Estudiantes, catedráticos, vecinos y familias enteras buscaban un lugar en las tribunas de este moderno campo deportivo.

La expectativa no era para menos, pues se anunciaba la presencia del propio presidente Manuel A. Odría y de ilustres personalidades del ámbito académico internacional. San Marcos, la institución cuya historia se ligaba profundamente a la nación misma, abría sus puertas al público en general.

En el palco oficial, la figura del dictador Odría destacaba entre los asistentes. Acompañado por sus ministros de Educación y Relaciones Exteriores, el primer mandatario de facto fue recibido con aplausos por los 14,815 espectadores presentes esa mañana.

SAN MARCOS, EN SUS 400 AÑOS: CEREMONIA Y FERVOR UNIVERSITARIO EN LA CANCHA

El acto protocolar se inició al mediodía con la solemnidad que la ocasión ameritaba, bajo la mirada atenta del rector de la Universidad, el doctor Pedro Dulanto. Los acordes del Himno Nacional resonaron en el estadio, marcando el inicio oficial de una nueva era para el deporte universitario.

Monseñor Antonio Alvarado bendijo las instalaciones, elevando una oración por la unión de las naciones y el desarrollo de la juventud. Fue un momento de recogimiento que contrastó con la algarabía que pronto estallaría en las graderías de cemento.

El programa deportivo comenzó con un gran desfile atlético en el que participaron las delegaciones de diversos centros de instrucción superior y estudiantes universitarios extranjeros, invitados especialmente para la apertura del recinto.

Los jóvenes, perfecta y deportivamente uniformados, marcharon ante el estrado oficial, demostrando en cada paso la disciplina y el vigor de la nueva generación, aquella recordada “generación del 50”.

Era una fiesta de la cultura física, un complemento básico para el mejoramiento de la gran masa estudiantil que hasta entonces carecía de un espacio deportivo de tal magnitud. San Marcos finalmente tenía un propio lugar para sus glorias deportivas.

El estadio sanmarquino, la primera construcción de la entonces “futura” Ciudad Universitaria, se encontraba ubicado entre “las avenidas Colonial y Mariscal Benavides”, en una gran explanada, decía El Comercio, “cedida, por Decreto de la Junta Militar de Gobierno”. (EC, 13/05/1951, pág. 18)

El estadio de la Ciudad Universitaria, cerca de la Unidad Vecinal Nº 3, no era solo un campo de juego; era el símbolo de una universidad que, tras 400 años, seguía renovándose. San Marcos, la “Madre y Maestra” de las letras americanas, se prolongaba a las fueras de la ciudad de esos años, lejos de su vieja y eterna casona en el Parque Universitario.

SAN MARCOS: LEGADO DE GLORIA EN EL CUARTO CENTENARIO

La “Tribuna Oficial” tenía capacidad para 1,000 personas y estaba equipada de asientos especiales para los espectadores y de un techo que daba sombra desde las primeras horas de la tarde. Además, contaba con una tienda o kiosco donde se expendían bebidas y refrescos.

Los asientos de las graderías estaban formados por blocks individuales de cemento de un metro de largo, con algunas “pequeñas desnivelaciones” debido al ligeramente irregular terreno donde se construyó. Pero no era de cuidado. Informaba nuestro diario, “las pistas deportivas son las reglamentarias, contando además con un gran campo de foot-ball”. (EC, 13/05/1951, pág. 18)

Al caer la tarde de ese 13 de mayo de 1951, completamente dominical, la multitud abandonó el estadio con la sensación de haber sido testigos de un hito histórico. La Ciudad Universitaria empezaba a cobrar vida, proyectándose como el futuro hogar de las diversas facultades de la Década de América.

La inauguración del estadio fue el número principal de un programa conmemorativo que incluyó la emisión de estampillas y homenajes a los fundadores Fray Tomás de San Martín y Jerónimo de Aliaga, quienes hubieran quedado estupefactos de admiración al ver su legado convertido en esa realidad deportiva.

Ese día de celebración deportiva dentro de los 400 años sanmarquinos, quedó grabado como la jornada en que San Marcos abrazó la modernidad sin perder su esencia secular. El estadio sanmarquino nacía bajo un signo de excelencia, la cual fue la guía de la universidad desde su fundación.

El estadio de San Marcos –que mañana cumple 75 años de existencia- está hoy básicamente dedicada a la organización de conciertos juveniles y populares. Ese estadio, en su momento, fue el fruto de un esfuerzo colectivo (Gobierno-Universidad) que buscó fortalecer y adiestrar al ser humano en todas sus dimensiones.

Al recordar aquel acontecimiento, que antecedió a la inauguración del renovado Estadio Nacional, abierto al público recién el 27 de octubre de 1952, podemos apreciar la emoción de una ciudadanía que celebraba su identidad masivamente al lado de su universidad más antigua. Fue una especie de “monumento a la perseverancia”, aunque luego esta haya sido olvidada por sus posteriores autoridades.

Más allá de ello, rememorar cómo nació el famoso estadio de San Marcos, en este 475 aniversario de San Marcos, sirve para no olvidar los grandes proyectos que nacieron en el seno de la decana, que dentro de 25 años estará celebrando su quinto centenario.

Durante las celebraciones por el 475 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este martes 12 de mayo, un numeroso grupo de estudiantes se movilizó contra la reelección de rectores, las elecciones virtuales para elegir autoridades universitarias y el incremento de la valla electoral.

Los manifestantes ocuparon los accesos 1, 2 y 3 del campus central y realizaron marchas internas para expresar su rechazo al proyecto de Ley N.° 12736, que permitiría la continuidad de Jerí Ramón, actual rectora cuyo mandato vence en julio de 2026.

#EnVivo Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) protestan en la ciudad universitaria

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/T3ciGgCjGw

— Canal N (@canalN_) May 12, 2026

La protesta comenzó alrededor de las 15:00 horas, coincidiendo con las actividades oficiales. Los estudiantes denunciaron que la propuesta para modificar los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria no pasó por la Comisión de Educación y fue presentada directamente por la Junta de Portavoces del Congreso.

Por otro lado, mediante un pronunciamiento, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), organizadores de esta movilización, aseguraron que la gestión de Ramón busca garantizar sus intereses políticos mediante la aprobación de elecciones virtuales y el incremento de la valla electoral al 20% para acceder al cogobierno.

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“Las elecciones virtuales generan mejores condiciones para que su correlación pueda alterar los resultados y cometer fraude”, escribieron días antes en sus redes sociales. “La rectora busca mantenerse en el poder mediante el proyecto de ley 12736″, agregaron.

De ese modo, la FUSM también calificó de “cortina de humo” las celebraciones organizadas por el aniversario, sosteniendo que estas buscan desviar la atención del debate legislativo.

Además, un grupo de docentes miembros de la Asamblea Universitaria (AU) solicitó formalmente que el proceso electoral se desarrolle de manera presencial y no virtual.

El pedido fue presentado por Gisella Orjeda Fernández, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, junto a otros profesores asambleístas, quienes solicitaron que el cambio de modalidad sea incorporado en la agenda de la próxima sesión de Asamblea Universitaria.

La controversia se produce en medio del cronograma electoral difundido por el Comité Electoral Universitario (CEU), que establece para el próximo 8 de julio la primera jornada electoral bajo la modalidad de voto electrónico no presencial.

Sin embargo, el propio documento precisa que el proceso estará “sujeto a la disponibilidad operativa y logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, condición que también ha generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad universitaria.

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 576 viviendas en zonas urbanas y rurales de Madre de Dios para recolectar datos actualizados sobre seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos y telecomunicaciones. Las visitas se realizarán como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres).

La encuesta permitirá recopilar información sobre acceso a agua, desagüe y electricidad, uso de telecomunicaciones, percepción de inseguridad ciudadana, victimización y conocimiento de prevención de enfermedades como dengue, araña casera y rabia canina, entre otros temas vinculados al seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del Estado.

Como parte de las acciones de supervisión, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, se trasladó a la región para verificar el desarrollo de las encuestas en algunas de las viviendas seleccionadas. Durante su visita, destacó que la Enapres constituye una herramienta fundamental para medir el avance de los programas presupuestales y fortalecer las estrategias públicas en beneficio de la población.

Asimismo, la información obtenida contribuirá a conocer con mayor precisión las condiciones de vida de la población y servirá para fortalecer el diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Alcance de la muestra y estudio

A nivel nacional, la Enapres contempla una muestra de 59 968 viviendas. En Madre de Dios se ha seleccionado un total de 1 576 viviendas distribuidos en zonas urbanas y rurales de la región.

De este total, 720 viviendas corresponden a la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento, las cuales serán visitadas durante el 2026.

Las viviendas fueron seleccionadas mediante un proceso aleatorio, lo que garantiza la representatividad estadística de los resultados. La encuesta está dirigida a todas las personas que residen habitualmente en los hogares seleccionados, con el fin de obtener información precisa sobre su acceso a servicios y condiciones de vida.

Resultados recientes de la Enapres muestran que, en el año 2025, el 28,4% de la población de 15 y más años de edad en Madre de Dios fue víctima de algún hecho delictivo. Asimismo, el 87,6% considera que podría ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12 meses.

En relación con los servicios básicos, el 89,5% de los hogares del departamento cuenta con acceso al servicio de agua por red pública, mientras que el 94,7% dispone de energía eléctrica mediante red pública.

En telecomunicaciones, el 91,2% de la población de 6 y más años de edad accede y hace uso del servicio de internet, cifra superior al promedio nacional. Además, el 84,3% de la población de 12 y más años de edad manifestó estar satisfecha con el servicio de telefonía móvil.

Personal identificado y confidencialidad garantizada

El trabajo de campo está a cargo de personal técnico del INEI debidamente identificado con chaleco, gorra y fotocheck institucional con código QR, el cual permite verificar la identidad de los encuestadores a través de la página web oficial de la institución.

El INEI recordó que toda la información proporcionada por la población es estrictamente confidencial y está protegida por el secreto estadístico, conforme a lo establecido por ley.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio inició en Piura, la marcha blanca del primer radar meteorológico del país que permitirá fortalecer el sistema de alerta temprana y la vigilancia de fenómenos atmosféricos extremos en la parte norte del Perú.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), precisó que esta herramienta tecnológica tendrá un alcance de observación de hasta 200 kilómetros de radio, permitiendo monitorear en tiempo real lluvias intensas, tormentas y otros eventos atmosféricos asociados a fenómenos como El Niño.

La actividad se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura y comprendió una reunión técnica de articulación interinstitucional para presentar los alcances del proyecto, fortalecer la continuidad operativa del sistema e identificar acciones preventivas para su sostenibilidad.

Además, especialistas del Senamhi realizaron una visita técnica a la infraestructura del radar meteorológico, donde supervisaron la torre, el radomo, los soportes estructurales y la instalación de componentes de gran capacidad, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán, apuntó que el radar marca un hito para el país en el ámbito científico, ya que se mejorará los “servicios en la toma de decisiones frente a eventos extremos y escenarios asociados al cambio climático”.

Asimismo, resaltó que el Perú se suma al grupo de países de la región que cuentan con sistemas de radares meteorológicos operativos, fortaleciendo así su capacidad de observación atmosférica y contribuyendo a iniciativas impulsadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como “Alertas Tempranas para Todos”.

La actividad reunió a representantes del Gobierno Regional, alcaldes provinciales y distritales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

La Unidad de Investigación reveló cómo tres escuelas virtuales otorgan diplomados de 384 horas académicas en 15 minutos. El patrón se repite con otras instituciones: EGEC (Escuela Global de Educación Continua Perú) y ESIEP (Escuela Integral de Especialización Profesional) ofrecen diplomas a la carta, sin la menor exigencia académica, y agregando un elemento: la posibilidad de elegir fechas de los diplomados que mejor le convengan a su cliente para que su hoja de vida luzca coherente ante una convocatoria del Estado.

Con EGEC, el primer contacto se realizó por WhatsApp. La institución promueve paquetes de diplomados de 240 horas académicas —una carga que, en cualquier programa serio, implicaría meses de dedicación sostenida— a precios que van desde S/ 120 por uno hasta S/ 380 por siete. Nos ofrecieron, además, una “modalidad acelerada” por S/ 250 que prometía la certificación de tres diplomados en menos tiempo, sin esperar los dos meses que dura cada programa en su versión regular. Aceptamos.

Elegimos el Diplomado en Marketing de Contenidos, el de Gestión de Redes Sociales y el de Gestión Comercial, tres áreas que aparecen habitualmente en convocatorias del sector privado y público. Lo más revelador fue que nos brindaron las fechas de los tres diplomados: de junio a agosto, de agosto a octubre y de octubre a diciembre, todas figurarían con el año 2025, cuando nosotros hicimos la operación en marzo del 2026 sin haber estudiado.

La plataforma de EGEC tenía habilitados videos por cada diplomado, pero el contenido total no superaba las ocho clases de aproximadamente una hora cada una. Es decir, unas ocho horas reales frente a las 240 que promete el certificado. No fue necesario reproducir un segundo: la modalidad acelerada no exige verificación alguna.

Pagamos y, en cuestión de minutos, los tres diplomas llegaron a nuestro correo electrónico y WhatsApp. El mensaje que acompañó el envío fue el siguiente: “ya se enviaron los diplomas al correo, los descarga y guarda por favor ya que si los vuelve a solicitar le cobrarán un adicional”.

Con ESIEP, en cambio, no llegamos a concretar ningún pago. Pero la conversación fue igualmente ilustrativa. La institución también comercializa paquetes de diplomados: siete por S/ 380, cinco por S/ 300, cuatro por S/ 250. Al preguntarles por el contenido, admitieron que algunos de los certificados ofrecidos no contaban con clases grabadas.

Lo que siguió fue una negociación sobre fechas. ESIEP nos propuso cinco diplomados con periodos ya asignados: de junio a setiembre de 2025 llevaríamos un diplomado, de octubre a diciembre de 2025 llevaríamos dos y lo mismo para enero a marzo de 2026. Además, aclaró que podíamos llevar hasta tres diplomados con la misma fecha.

“Si es para una postulación la próxima semana tendría que hacer la certificación inmediata con fechas anteriores. Hoy tendría que pasarme sus datos y se le colocaría del año pasado”.

Solicitamos cambiar las fechas para que todas figuraran en 2025 y nos propusieron nuevas fechas acorde a lo que pedíamos. El criterio para organizarlos, según nos explicaron, era evitar que los períodos se “crucen”. La lógica no era académica: era logística. El objetivo era que el historial formativo del postulante luciera coherente en su hoja de vida.

“Se trata de certificados propios, no oficiales del sistema universitario”, señaló la exministra de Educación Marilú Martens al ser consultada sobre este mercado. “Y aquí el problema más grave es que el propio Estado termina validando este circuito cuando contrata o asigna funciones a personas que sustentan su formación en diplomados de dudosa calidad”.

Por ahora, el problema seguirá vigente y sus consecuencias alcanzan a quienes sí cursan programas rigurosos, asisten a clases durante horas y cumplen exigencias reales, pero que, al postular al Estado, su nivel en el papel está a la par de quienes no lo hacen.

Unidad de Investigación

En agosto del 2018, el Perú conoció el nombre de Edinson Agustín Barrera, alias ‘Catire’, no como un delincuente común, sino como la primera cara visible de la crueldad del Tren de Aragua en el país. Su captura en Plaza Norte fue el ‘caso cero’ que permitió a la inteligencia policial entender la magnitud de la criminalidad transnacional que se avecinaba.

Sin embargo, ocho años después, ese esfuerzo histórico de la Dirincri está a punto de chocar con una realidad administrativa crítica. En agosto próximo, Barrera, quien cumple su sentencia en un penal de máxima seguridad cumplirá su condena y existe el riesgo de que recupere su libertad plena en el país al no haberse gestionado, según fuentes policiales, una ruta de expulsión clara.

La caída de Barrera fue el desenlace de una escalada de violencia que meses antes ya había sacudido la capital. El 22 de junio de ese mismo 2018, una banda de delincuentes asaltó la joyería Banchero en el Jockey Plaza, un atraco que por su ferocidad marcó un precedente de lo que estas bandas eran capaces de ejecutar. Aunque en ese momento el país aún no asimilaba la firma del Tren de Aragua, la captura de ‘Catire’ semanas después permitió a los investigadores conocer a la estructura criminal que ya operaba en los puntos más custodiados de Lima.

Aunque la justicia peruana lo sentenció por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, el prontuario que Edinson Agustín Barrera arrastra desde Venezuela cuenta con una historia mucho más oscura. Conocido por su frialdad y crueldad, ‘Catire’ se hizo tristemente célebre por los videos que circulaban en redes sociales donde alardeaba de sus asesinatos.

Para la policía, Barrera no es el reo común que reflejan sus cargos actuales, sino un sicario sanguinario que, según su propio peritaje psicológico, muestra un ‘total desprecio por la vida humana’.

El antecedente de Víctor Rivero

Una prueba de ello fue la liberación de su cómplice Víctor Manuel Rivero Álvarez integrante de la facción ‘Los Malditos del Tren de Aragua’ con quien cayó en Plaza Norte con un maletín con armas, granada, pasamontañas y el croquis de una agencia bancaria que pretendían asaltar. Cumplió los 6 años de su condena en 2024 y tras ser puesto a disposición de la División de Extranjería por el INPE, recuperó su libertad porque no hubo sustento legal para expulsarlo en ese momento. Fuentes policiales admiten que, a la fecha, no se ha gestionado su expediente de expulsión. Aunque Migraciones lo registra hoy con la ‘calidad migratoria suspendida’, su paradero es desconocido.

Este escenario podría repetirse con Barrera y otros dos sentenciados del mismo grupo, José Rafael Zorrilla Velásquez y Rodysnimel Alcántara Brito. A menos de 90 días de cumplirse el plazo, no se ha confirmado si la sentencia original del 2019 incluyó la expulsión como medida accesoria.

Según el abogado penalista Jorge Zúñiga, cumplida la pena, el INPE debe disponer la libertad inmediata del interno al no tener facultades migratorias. “No podrían tenerlo retenido ni trasladarlo porque no tiene facultades de detención más allá de las que correspondan a la ejecución de la pena”, señala.

El laberinto administrativo y el obstáculo legal

Esta situación obliga a la División de Extranjería de la PNP y a Migraciones a actuar en conjunto. De no existir una orden judicial previa, se requiere de una resolución administrativa firme antes de agosto. De lo contrario cualquier intento de retención serías vulnerable a recursos legales. “Si alguien pretende mantenerlo privado o restringir de alguna manera su libertad (vencida la pena), eso se convierte en arbitrario. Se convierte en inconstitucional”, advierte Zúñiga.

Ante las consultas para este informe, Migraciones remitió el protocolo del PASEE, un mecanismo de expulsión rápida. Sin embargo, para la defensa legal de los internos, la clave está en los cambios normativos recientes. Zúñiga precisa que la Ley 32372, vigente desde el 7 de junio del 2025, es la que hoy obliga a la expulsión inmediata como pena accesoria en delitos graves, pero esta no puede aplicarse hacia atrás. “Eso es a partir de junio del 2025, para los de atrás (como Barrera) tendrían que cumplir toda su pena”, explica el abogado, señalando que la falta de esta cláusula en las sentencias antiguas obliga al Estado a procesos ordinarios más lentos.

Al final, para la ley no importa el perfil de peligrosidad que señale la policía. Si la condena está cumplida, el interno debe salir. El caso de ‘Catire’ pone a prueba la capacidad de respuesta coordinada entre el INPE, Migraciones y la Policía, el reto es evitar que la falta de sincronía administrativa termine facilitando que el sicario recupere su libertad plena en el país, tal como sucedió con su cómplice.

Antes de la primera publicación sobre las acusaciones contra el proyecto inmobiliario “Miami Beach Peruano”, ubicado en Casma, El Comercio se contactó directamente con José Verona, CEO de la organización. Sin embargo, pese a la solicitud de sus descargos, nunca respondió. Ahora, su equipo de representación salió en su defensa ante la serie de reclamos surgidos en redes sociales contra este proyecto dedicado a la venta de lotes.

El grupo Verona, que maneja la representación del “Miami Beach Peruano”, comunicó que “el proyecto cuenta con títulos de propiedad independizados en la Sunarp, sumando más de 3.000 lotes con existencia jurídica plena. Además, contamos con las resoluciones de recepción de obras emitidas por la Municipalidad Distrital de Comandante Noel entre 2023 y 2025″.

En cuanto a los reclamos y especulaciones sobre las redes eléctricas que hacen usuarios en internet, el equipo del señor Verona afirma “contar con suministro eléctrico formal. La red eléctrica se encuentra conectada al sistema nacional”.

Su equipo informó a El Comercio que “se han instalado más de 470 postes conectados a la Red Eléctrica Nacional, con facturación industrial/comercial activa a abril de 2026. Toda la red eléctrica instalada ha conllevado una inversión de S/ 23.000.000″.

“Actualmente en Miami Beach Peruano, se han completado las obras de habilitación urbana de todos los lotes de condominios entregados. Contamos con los estudios certificados de suelos que fueron realizados por Higashi Ingenieros SAC y Martínez Ingeniería, contamos también con una piscina de 1,200 m² certificada por la Corporación Grubal S.A. (la piscina más grande entre Ancón y Máncora) y un Club House de 1,600 m². Así, el proyecto presenta una ejecución física y legal avanzada”, dijo a este Diario.

Respecto a su relación con Marriott International, cadena hotelera que hasta ahora no se ha pronunciado con este Diario pese a las múltiples solicitudes, el grupo Verona sostiene que “mantienen vínculos contractuales vigentes”. “Actualmente operan los contratos de Design Review supervisados por la oficina corporativa de Marriott en Bethesda, EE.UU., garantizando estándares internacionales de ingeniería”, afirmaron.

Aseguran que cuentan con contratos de franquicia con las marcas City Express Plus y City Express Suites by Marriott, los cuales fueron firmados en diciembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente, pero sostienen que no pueden hacerlos públicos porque “contienen datos sensibles”.

La única publicación proveniente de Marriott International al respecto se encuentra en su web y data de hace más de un año, enero de 2025. En ella, se informa que “se tiene anticipado hacer dos hoteles en el proyecto de Casma que abran en 2027”. Pese a ello, al final de este comunicado colocan una advertencia clara, la cual dice que “este comunicado de prensa contiene ‘declaraciones prospectivas’ (proyecciones sujetas a riesgos) (...). Son eventos futuros previstos y expectativas que no constituyen hechos históricos”.

“Le advertimos que estas declaraciones no garantizan resultados futuros y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres cambiantes que podríamos no poder predecir o evaluar con precisión (...). Esto podría hacer que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa. No asumimos obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente (la información)”, se lee en lo expresado por Marriott International en su página web.

El grupo Verona reafirma que, de acuerdo con su cronograma estimado para la culminación total del proyecto, se construirán dos hoteles en “Miami Beach Peruano”, los cuales provienen del contrato de franquicia establecido entre Marriott Switzerland Licensing Company SARL y Grupo Verona SAC. “La fecha límite para el inicio de las obras de ingeniería y arquitectura de las unidades hoteleras es 2027, y el plazo máximo para la apertura oficial e inicio de operaciones de los hoteles de las franquicias Marriott es el primer trimestre de 2029”, sostuvieron.

“A nuestros más de 3.000 compradores, su inversión está respaldada por activos reales, registros públicos y suministros verificables. Reafirmamos nuestra disposición permanente para brindar información transparente y colaborar“, concluyó el equipo del señor Verona a este Diario.

El Comercio conversó con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), para abordar ejes utilitarios en cuanto a este tema.

¿Qué señales debe tomar en cuenta un ciudadano ante una promoción inmobiliaria?

“Primero, debe sospechar o desconfiar de los precios cuando estos están muy por debajo del mercado. Luego, debe ver si el proyecto es solo un anteproyecto aprobado, lo cual solo podría funcionar en un entorno consolidado. Además, siempre debe pedir que exista una licencia de edificación y habilitación urbana”.

¿Qué documentos o evidencias concretas debe exigir un comprador?

“Primero, tiene que asegurarse de que el predio es de quien lo está vendiendo, y eso tiene que estar en la partida registral del inmueble. Después, está la resolución de habilitación urbana, que es una garantía para la futura construcción de viviendas. También están los planos aprobados de lotización. Eso es primordial, sobre todo si hablamos de un proyecto integral”.

¿Cómo un consumidor puede diferenciar entre una proyección legítima de desarrollo y una promesa que, con el paso del tiempo, quizás no podría concretarse?

“Nosotros, como gremio, hemos emprendido una campaña que se llama ‘La Defensa del Modelo Inmobiliario’. La empezamos el año pasado en Lima y ahora la estamos llevando a provincias. Es para educar al ciudadano de a pie y enseñarle qué cosas debe considerar a la hora de comprar. Y dentro de eso es muy importante, en una etapa inicial, la habilitación urbana aprobada por la municipalidad. Otra cosa que tiene que pedir el ciudadano a la empresa inmobiliaria es una fuente de financiamiento real y una estructura de financiamiento aprobada por una institución financiera”.

“Nosotros hemos desarrollado una institución que se llama la DCI, Defensoría del Cliente Inmobiliario. Trabajamos de la mano de Indecopi y ayudamos a resolver conflictos entre clientes y desarrolladores. Obligamos a todos nuestros asociados a incluir en el contrato de compraventa una cláusula que diga que cualquier inconveniente que haya entre el cliente y el desarrollador se pueda resolver a través de la Defensoría del Cliente Inmobiliario”.

Además, ¿qué precauciones debe tomar un inversionista de un proyecto inmobiliario y qué mecanismos existen para poder protegerse ante eventuales incumplimientos contractuales?

“Del lado de los inversionistas, tienen que evaluar la estructura legal del producto. Es decir, si está respaldado por un fideicomiso inmobiliario, un fideicomiso de flujos, un vehículo de inversiones, etc. Luego, tienen que verificar quién administra los fondos. Es muy importante ver quién maneja el dinero. Otra de las cosas que hay que exigir como inversionista son reportes periódicos de los avances físicos, financieros, la posición contable y el flujo de caja. También hay que revisar qué tipo de garantías otorgará ese desarrollador inmobiliario, ya sea a los inversionistas o a la institución financiera. Me refiero a hipotecas, fideicomisos en garantía, entre otros”.

“Nosotros, como gremio, tenemos un compromiso con el desarrollo urbano formal. Buscamos fortalecer mecanismos de supervisión. Hay que cuidar el patrimonio. Y también venimos trabajando con las autoridades para generar las bases para que haya una planificación urbana que beneficie a la familia y también a un entorno sostenible”.

En últimas semanas, en El Comercio se publicaron informes sobre José Leopoldo Verona Baluarte, CEO del Miami Beach Peruano, uno de ellos relacionado con las acusaciones de sus inversionistas por este proyecto inmobiliario ubicado en Casma. Sin embargo, no son los únicos cuestionamientos en torno a su nombre, pues también existen otros hechos, entre ellos una investigación anticorrupción, una denuncia policial por atentado contra el derecho de sufragio y una denuncia pendiente por estafa ante el Ministerio Público.

José Verona, además de ser CEO del Grupo Verona y del mencionado Miami Beach Peruano, se presenta en sus redes sociales como escritor best seller y experto en asesoría tributaria. Además, se dedica a brindar conferencias y a la venta de lotes. En Instagram cuenta con un promedio de 81.000 seguidores.

Nació el 6 de diciembre de 1976 en Bellavista, Callao, y actualmente tiene 49 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Al revisar sus datos en la plataforma de Infogob, no figura como afiliado a ningún partido político; sin embargo, sí postuló como regidor distrital en las elecciones regionales y municipales de 2006 por el Movimiento Amplio Regional Callao, en Bellavista. Además, fue designado viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior (Mininter) en junio de 2010, durante el segundo gobierno de Alan García. También integró la comisión de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Investigación anticorrupción

En julio de 2016, Ojo Público informó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) involucró a José Verona Baluarte en una investigación interna anticorrupción. El medio sostuvo que Verona estaba en la mira de dicha entidad por presuntamente obtener de forma irregular resoluciones favorables en casos de devolución de dinero por los conceptos de pago de impuestos, fraccionamiento de deuda, levantamiento de medidas de embargo y por procesos de fiscalización y cobranza tributaria.

La indagación reveló que el hombre se “jactaba que sus contactos en la institución podían ayudarlo en algunos trámites, utilizaba los nombres de algunos de ellos ante otros empleados de dicha entidad e incluso contactaba a funcionarios de áreas claves con la finalidad de obtener información de procesos reservados”.

En el documento se lee que el objetivo de la investigación es “evaluar e investigar los hechos señalados en la denuncia respecto a la presunta vinculación de algunos directivos o colaboradores de la entidad con un asesor tributario que ofrece sus servicios valiéndose de dichos vínculos dentro de la Sunat a favor del Grupo Verona (...). En la denuncia se indica que el señor José Verona, director del Grupo Verona, supuesto asesor tributario, vende los servicios de la Sunat como si fueran producto de su empresa, siendo el negocio principal del señor Verona ofrecer a empresas asesoramiento para solicitar y obtener sus devoluciones con éxito y en un tiempo relativamente corto y a buen precio”.

En la investigación de la oficina anticorrupción de la Sunat, que recogió información de los años 2014 y 2015, también se lee que “algunos colaboradores entrevistados indicaron que en las reuniones donde ha participado José Verona se presenta como extrabajador de Sunat, ufanándose de conocer colaboradores dentro de la institución que presumiblemente podrían ‘ayudarlo en algunos trámites’”.

Denuncia policial por atentado contra el derecho de sufragio

Más adelante, en 2021, en medio del contexto electoral de segunda vuelta, José Verona fue acusado de ser el creador de una página que promovía una eventual entrega directa de dinero del canon minero a las familias si Keiko Fujimori ganaba, y también aparecía la imagen de la entonces candidata presidencial, lo que para algunos usuarios fue catalogado de propaganda política.

Verona admitió ser el creador de la página web tucanon.com (Canon Minero), la cual prometía una eventual repartición del canon minero a los ciudadanos. Manifestó que no fue el Grupo Verona —del que es dueño— el que creó el sitio web, sino que fue él, a título personal, y la pagó con la tarjeta de su hermano Gino Verona. Sin embargo, en la dirección de la página figura el correo de su compañía (soporte@grupoverona.com). Al ser consultado por ello, Verona indicó que una persona que lo ayudó a crear el sitio se equivocó y colocó el correo institucional.

“El Grupo Verona no tiene nada que ver en esta propuesta ciudadana que viene desde que yo era viceministro. El Grupo Verona no participa en ninguna actividad política de ningún partido, ni nunca participará”, señaló en ese entonces. Pidió disculpas a la candidata y aseguró que se colocó su foto porque estaban “probando” la página. “Tengo que pedirle disculpas públicas a Keiko Fujimori, estábamos en la etapa beta”, agregó.

Reiteró que “esta propuesta no responde a un tinte político”. “En el 2010, cuando era viceministro, me di con la sorpresa de la inutilización del canon minero por parte de los gobiernos regionales y distritales. He venido estudiando este fenómeno por 11 años”, explicó. “Tomé el reto de preparar un simulador, pero en vista que lo han tomado mal y ataca a la democracia y por el amor que le tengo a mi país estoy procediendo a dar de baja a la página”, añadió.

En 2021, diversos especialistas cuestionaron dicha página web. El experto en procesos electorales Jorge Jáuregui dijo que “la acción está destinada a persuadir a los electores para que voten por esa opción porque les están ofreciendo dinero. A mi juicio, hay argumentos coherentes para pensar que podría ser propaganda electoral porque cumple los parámetros que el reglamento establece. Si es propaganda electoral, sería ilegal porque ahora está prohibida la contratación de propaganda electoral con recursos privados. Solamente se puede difundir por recursos del Estado”, agregó.

Ante ello, este Diario logró acceder, a través de registros públicos, a la denuncia policial del 2021 interpuesta contra Keiko Fujimori y José Verona por “atentado contra el derecho de sufragio”.

Denuncia pendiente por estafa

Finalmente, El Comercio también pudo acceder a la página de consultas de casos fiscales para saber cuáles son las diligencias efectuadas contra él en el Ministerio Público. De ese modo, se pudo constatar que cuenta con una denuncia pendiente por estafa, cuya fecha es 28 de abril de 2021.

En realidad, son dos cuadrantes los que aparecen con la palabra estafa, pero como corresponden al mismo número de caso, el N.° 00506150101-2021-000208-0000, se trataría del mismo proceso, el cual además está bajo la jurisdicción de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Surquillo.

Bajo análisis

Para poder tener un panorama más completo, El Comercio se contactó con el abogado especialista en derecho penal Iván Torres La Torre, quien en primera instancia explicó que las investigaciones anticorrupción en la Sunat son procesos internos y administrativos destinados a detectar y sancionar posibles actos de corrupción, como el soborno o la concusión. “El Ministerio Público podría investigar delitos como cohecho (soborno), concusión, tráfico de influencias o colusión. Pero es importante precisar que la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal ni culpabilidad. Jurídicamente, solo significa que las autoridades están verificando si existen elementos suficientes para atribuir la comisión de un delito”, expresó.

Sobre el reconocimiento de José Verona como creador de una página web durante la campaña de 2021, Torres expresó que las implicancias legales dependerán de si la página fue utilizada únicamente para difundir una propuesta política o si realmente buscaba influir en el voto mediante una promesa económica concreta vinculada a una candidatura. “La sola creación de una página web o la difusión de una propuesta sobre el canon minero no constituye automáticamente un delito. Para que exista responsabilidad penal o electoral, tendría que acreditarse que hubo una coordinación política o un ofrecimiento indebido orientado a captar votos”, mencionó.

En cuanto a la denuncia pendiente por estafa, el abogado comentó que “cuando en el registro fiscal figura una denuncia pendiente, normalmente quiere decir que existe una noticia criminal registrada ante el Ministerio Público, pero que el caso aún no cuenta con una decisión fiscal definitiva. Ello puede significar distintas situaciones procesales, por ejemplo, que el caso se encuentre en diligencias preliminares o que esté en etapa de calificación fiscal. Por tanto, una denuncia pendiente no equivale a condena ni implica que exista acusación formal”.

De todos modos, advirtió que el hecho de que haya dos cuadrantes con la palabra estafa y que tengan el mismo número de caso sería debido a que “podría ser una denuncia acumulada. Es decir, dos personas o más denunciaron casi al mismo tiempo y acumularon”.

Descargos

El Comercio se contactó con José Verona para conocer su versión sobre estos cuestionamientos. En relación con el informe de Sunat, mencionó que dicha entidad recibió a su correo institucional el 30 de octubre de 2015 una denuncia sobre presuntos hechos irregulares que estarían ocurriendo en Sunat y solicitando una investigación a fin de determinar su veracidad. “Esta denuncia es anónima. Deciden atender una denuncia anónima de octubre de 2015. ¿Fue una mentira para crear una patraña sobre José Verona? Porque las conclusiones del informe que emite Sunat quiere decir que para setiembre de 2016 el único informe técnico que emite esta oficina es el mío. ¿A ti te parece normal que esta oficina solo haya emitido un informe técnico?”, dijo.

“La oficina de la Sunat se llama Ofecop (Oficina de Ejecución Coactiva), que solo investiga a funcionarios públicos. En mi opinión, la Sunat en el 2016 revive una falsa denuncia anónima del 30 de octubre de 2015 con una sola finalidad: desacreditar a mi persona para que Pedro Pablo Kuchsinski no me nombre jefe de la Sunat. El informe archivó este correo electrónico anónimo que supuestamente me denuncia. No entiendo cómo dieron cabida a esta patraña que lo único que buscó fue manchar mi nombre”, agregó.

Sobre la denuncia policial por presunto atentado contra el derecho al sufragio, Verona aclaró que a los tres meses se archivó. “Lo que dijo el fiscal en el archivo fue que estos hechos no constituyen delito. La acusación no vino de una institución pública. Fue un ciudadano de a pie, un samaritano dijo: ‘Voy a denunciar al señor Verona’”, expresó.

Finalmente, en relación con la denuncia pendiente que figura en los registros públicos de Fiscalía, Verona enfatizó que “no existe, lo que existe es un atraso en los sistemas de la Fiscalía. El día de mañana mis abogados van a presentar un escrito en ambas porque cuando un caso se archiva esto tiene que salir de los sistemas. No superó los estándares ni rigores de investigaciones preliminares”.

Ante las acusaciones, tanto anónimas como con nombre y apellido que se le han hecho desde hace años, este Diario le hizo una pregunta concisa: “¿Por qué la ciudadanía y sus clientes deberían seguir confiando hoy en José Verona?”. Él respondió que “denuncia es la que se hace ante una autoridad. Mis denuncias están archivadas. Los perfiles que comentan sobre mí en redes tienen menos de 100 seguidores, son falsos, son ‘hate’, son bots creados para atacar mi imagen. Quiero aclarar que no existe ninguna denuncia pendiente o vigente al 2026 contra José Verona”.

“Yo comencé a dar entrevistas en televisión en el 2005. He dado más de 1.000 entrevistas en televisión, he estado en todos los canales de televisión, en todos los periódicos y en todas las radios. Fui alto funcionario de la Sunat y he resuelto los casos más importantes de constructoras e inmobiliarias. Tengo una carrera destacada como jurista. Entonces es un deporte bien divertido atacar a la persona que sale en la tele dando entrevistas (haciendo referencia a su persona)”, concluyó.

En el Callao ya se empezaron a mover las fichas para las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre próximo. La principal atención está sobre los actuales autoridades, liderados por el alcalde provincial Pedro Spadaro, quienes se mantienen como aliados de Renovación Popular. Ante la prohibición de la reelección subnacional, Spadaro buscará dar el salto a la región y sus alcaldes distritales se reubicarán como consejeros y regidores, a la vez que esperan concretar alianzas estratégicas con exalcaldes como Omar Marcos y Juan Sotomayor.

El alcalde Pedro Spadaro y su teniente alcalde César Pérez llegan a la elección subnacional en medio de una investigación originada a raíz de un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio respecto a órdenes de servicio giradas desde la Municipalidad del Callao a favor de Sindel Spray Palomino, gerente de un negocio de peluquería de ambas autoridades, en el caso que la Policía ha bautizado como ‘Los socios fantasmas del núcleo edil’ y que produjo el allanamiento de un total de 15 inmuebles.

En medio de las diligencias que continúan su curso, Spadaro renunció a su cargo de alcalde para empezar su campaña como gobernador regional; mientras que su teniente alcalde César Pérez postulará para sucederlo en la provincial. La dupla Spadaro-Pérez tienen el poder en cinco distritos de la región: Ventanilla, La Perla, Carmen de la Legua, La Punta y Bellavista. A excepción de Bellavista, todos las autoridades ediles se reacomodaron en la lista de consejeros regionales y regidores provinciales.

En el caso de Bellavista, el actual burgomaestre Alexander Callán postulará como regidor número 1, mientras que la casilla de alcaldía ha quedado para un “designado”. Fuentes allegadas al partido indicaron que el candidato sería el exalcalde Juan Sotomayor, quien acaba de lograr la absolución judicial en el caso “Rich Port II” en una investigación que incluyó una prisión preventiva en su contra. Ambos han trabajado juntos, pues Callán fue regidor en la gestión de Sotomayor en el Callao, en el periodo 2014-2018, además de que ambos integraron el desaparecido partido Vamos Perú.

Otro exalcalde que regresaría es Omar Marcos, quien postulará al Callao y, según las mismas fuentes, sería junto a la alianza de Spadaro con Renovación Popular. La lista del partido celeste en Ventanilla ha dejado la casilla de alcalde y de los dos primeros regidores como “designado”, espacios que serían puestos a disposición de Marcos y su equipo de trabajo.

Pero en el Callao nada está firmado hasta último momento. Fuentes de Renovación Popular indicaron que existen disputas al interior del partido, debido a que los candidatos que no lograron ganar en las elecciones congresales buscan obtener espacios en las subnacionales y no ceder todos los cupos a los aliados liderados por Spadaro. Muchas de estas figuras buscan que, por ejemplo, se exacerbe la disputa que existió cuando Sotomayor se mostró con un polo celeste en plena campaña, y el partido emitió un comunicado -replicado por el propio Rafael López Aliaga- donde se indico que no era precandidato y que no estaba autorizado a utilizar el nombre de la organización.

A esto se suma de que, en el mismo Callao, se habla sobre conversaciones con otras agrupaciones políticas, como Fuerza Popular. El fujimorismo logró una importante votación en el Callao, ganando en algunos distritos como Ventanilla.

El analista político Enzo Elguera, advirtió que si esta disputa se reaviva podría afectar a Renovación Popular de cara a los comicios municipales. “Sería peligroso y llegaría con un partido aún más debilitado. Según informaciones, Spadaro no se retractó porque (lo de Sotomayor) era parte de la alianza política que tienen en la región. No le iba a enmendar la plana a López Aliaga, pero su silencio era señal de que no iban a retroceder”, explicó.

Dante Mandriotti es otra exautoridad que busca regresar al poder en el Callao. El exgobernador competirá, bajo el logo de Acción Popular, con Pedro Spadaro por el trono regional. También se prevé que postule Ciro Castillo, el hijo del actual gobernador, aunque esto aún no ha sido oficializado porque Alianza para el Progreso no ha transparentado sus listas en el primer puerto.

Otro exalcalde que busca retornar es Pedro López, quien postula a La Perla de la mano de la Alianza Regional por el Perú (la unión de los partidos Fuerza Moderna y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!).

Somos Perú tiene definidas sus candidaturas en casi todos los espacios en disputa. Sus principales cartas son Carlos Cox en la provincial, el exalcalde Daniel Malpartida en Bellavista y Luis Landauro en Ventanilla.

Por su parte, Avanza País, ha dejado para designados sus cargos en la región y en la provincial, dejando en expectativa la anunciada postulación del excongresista Paul Garcia, quien postuló, sin éxito, para el Senado en la elección del 12 de abril. La única carta que parece definida es la de Johanna Gutiérrez en Ventanilla, quien también postuló sin éxito como diputada en los últimos comicios legislativos.

Para Elguera, la falta de definiciones y sorpresas hasta el momento, dejan el terreno favorable para la alianza de Spadaro con Renovación Popular. “Los veo bastantes seguros en tanto conserven los invitados aliados que tienen en los distritos. No se nota, de momento, un grupo que logre amalgamar o destaque en los bolsones importantes bajo un liderazgo regional o provincial para competir. Puede haber competencia en algunos distritos, eso sí“, explicó el CEO de la Encuestadora Imasolu.

La operación, que compromete más de S/100 millones de fondos públicos, hoy está rodeada de serios cuestionamientos por la forma en que fue conducida y por la real eficacia del sistema planteado, cuya activación de alertas dependerá principalmente de que los conductores detecten una situación de riesgo mientras manejan y presionen a tiempo un botón de pánico, aun cuando su propia integridad pueda estar comprometida.

El Comercio pudo verificar que la adquisición, aprobada el pasado 16 de abril de este año, se amparó en una declaratoria de emergencia, mecanismo que permitió evitar el proceso regular de licitación y adjudicar el contrato de manera directa. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario cuestionaron tanto el uso de esta figura excepcional como la efectividad del modelo de seguridad propuesto, debido a las especificaciones técnicas exigidas para las cámaras. Lejos de ofrecer una solución inmediata frente a la criminalidad que golpea a miles de usuarios cada día, la implementación total del sistema se proyecta en entregas de hasta 10 lotes, que se completarían en los próximos años.

La actual contratación se produjo luego de que quedara sin efecto el primer expediente técnico impulsado por la propia ATU. Tras esa nulidad, la entidad reinició el proceso reformulando los términos de referencia y encargó nuevamente a la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica (SIGT) sustentar el nuevo requerimiento bajo el argumento de la inseguridad ciudadana en Lima y Callao.

Entre fines de 2025 e inicios de 2026, la SIGT emitió nuevos informes en los que justificó una contratación urgente para instalar cámaras internas y externas en hasta 8.000 buses, además de conectividad, almacenamiento y monitoreo permanente. Luego, en marzo de 2026, la entidad aprobó una quinta versión de los términos de referencia, luego de múltiples consultas, observaciones e interacciones con el mercado.

Finalmente, en abril de 2026 la ATU evaluó las cotizaciones recibidas y concluyó que la única propuesta válida era la del Consorcio Perú-Bolivia por S/110.998.473,60. El 22 de abril de ese año, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable señalando que correspondía aprobar una contratación directa por causal de emergencia, pese a que el requerimiento venía siendo trabajado desde años anteriores.

Según documentación oficial, cada bus contará con un kit compuesto por un grabador móvil digital (MDVR), GPS, almacenamiento interno, conectividad 4G-LTE y cinco cámaras por vehículo: dos internas enfocadas al salón de pasajeros, una frontal dirigida hacia la vía y dos laterales externas para registrar el entorno y posibles incidencias al subir o bajar usuarios. Además, se incorpora audio y un botón de pánico para que el conductor active alertas ante robos, agresiones u otras emergencias.

El monitoreo estaría a cargo de un Centro de Control y Monitoreo (CCM) administrado por la ATU, equipado con estaciones para operadores y software de gestión de video. Desde allí se podría visualizar en tiempo real lo que ocurre dentro y fuera de las unidades, rastrear recorridos por GPS y atender alertas activadas desde los buses. En tanto, durante la vigencia del servicio, el contratista tendría que asumir mantenimiento preventivo, soporte técnico permanente, reposición de equipos dañados o robados y continuidad operativa.

Antes de la actual compra millonaria, durante la gestión del presidente de la ATU, David Hernández Salazar, en abril del año pasado se convocó un concurso público que planteaba un sistema de monitoreo similar. En ese periodo, Hernández Salazar también se desempeñó temporalmente como representante de la entidad ante el gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, el proceso fue dejado sin efecto en agosto de ese mismo año luego de recibir más de 581 consultas y observaciones formuladas por las empresas interesadas. La primera convocatoria tenía un valor referencial superior a S/55 millones y contemplaba la adquisición de más de 16.000 cámaras para 8.100 vehículos (8.000 buses y 100 taxis). El esquema propuesto incluía dos cámaras por unidad —una interna y una frontal externa— además de grabador móvil, GPS, conectividad y botón de pánico.

El modelo inicial de monitoreo contemplaba grabación local y transmisión de video solo cuando fuera requerida por el centro de control. A diferencia del esquema actual, no incluía cinco cámaras por bus ni una infraestructura tecnológica ampliada, elementos que luego fueron usados para justificar el fuerte incremento del presupuesto.

Poco después de que se cancelara el concurso público, y tras el regreso de David Hernández Salazar a la presidencia de la ATU, la entidad optó por ejecutar una compra directa bajo causal de emergencia. Cabe precisar que, antes de dejar el cargo, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ya había cuestionado el proceso de licitación que se venía desarrollando en la ATU.

Al optar por cámaras convencionales, la seguridad queda reducida a un sistema de grabación pasivo que no procesa información de manera inteligente. El ingeniero Samuel Saavedra, experto en telecomunicaciones, explicó a El Comercio que “las cámaras y también el MVBR no cuentan con inteligencia artificial. Son cámaras comunes que se podrían implementarse en un sistema CCTV, que es un sistema de circuito cerrado de televisión”. Sin esta tecnología, el sistema no puede detectar rostros ni patrones de conducta sospechosa de forma automática, delegando buena parte de su eficacia a una central de monitoreo que recibirá un volumen de datos difícil de gestionar y al accionar del conductor con el botón de pánico.

A esta limitación tecnológica se suma una infraestructura de conectividad sumamente frágil. En lugar de una red privada diseñada para la seguridad nacional, el sistema dependerá de la señal comercial de operadores móviles, la cual es propensa a interrupciones en el caótico entorno urbano. Saavedra advierte que el diseño actual no acredita que la comunicación sea efectiva durante toda la ruta debido a que las redes de telecomunicaciones pueden ser intermitentes. Esta intermitencia pone en riesgo la utilidad del botón de pánico, ya que, ante un asalto en movimiento, la alerta podría no llegar nunca.

En el plano jurídico, la figura de la contratación directa por emergencia parece haber sido utilizada para evadir los mecanismos de control de la Ley de Contrataciones del Estado. El abogado Rodrigo Linares, experto en contrataciones con el Estado, señala que el argumento de la “inmediatez” se desmorona al revisar los antecedentes administrativos de la propia entidad. El especialista revela la existencia del informe número D-002594 del año 2024 de fecha 18 de diciembre en el que se sustenta la necesidad del servicio integral de videovigilancia. “Desde el año 2024 tenían esta necesidad. Estamos hablando de ya casi 2 años después y la única salida que tienen es contratar un procedimiento selección no competitivo”, cuestionó.

La contradicción más grave reside en la temporalidad del contrato frente a la vigencia del decreto de emergencia. Mientras el marco legal otorgado por el Gobierno Nacional suele tener una duración de 60 días, el cronograma de la ATU particiona la entrega de equipos en diez lotes que tardarán años en completarse. Linares cuestiona esta lógica de planificación debido a que la estructura contractual indica que se ha disfrazado una necesidad ordinaria de largo plazo como si fuera una urgencia para la conclusión de la compra directa.

“Es necesario tener en consideración que la finalidad del procedimiento de selección no competitivo por la causal de emergencia requiere que las entidades contratantes se provean de los bienes, servicios y obras estrictamente necesarios para prevenir la inminencia de la ocurrencia o atender las consecuencias provenientes de la ocurrencia de la situación de emergencia”, resaltó Linares Almonte.

La anomalía administrativa se extiende hasta la vigencia de las garantías y el mantenimiento del servicio. A diferencia de un contrato estándar donde la prestación culmina de forma integral, aquí se ha diseñado una culminación progresiva que deja cabos sueltos durante años. El abogado Rodrigo Linares Almonte califica este esquema como totalmente inusual para el sector público.“Vamos a tener un primer lote que va a culminar sus 1095 días antes que en los demás. Esa carta fianza va a tener que aguantar literalmente hasta el 16 de febrero del año 2031”, dijo el experto.

Esta fragmentación no solo dificulta la supervisión por parte de la Contraloría, sino que amarra a la entidad a un proveedor específico por un periodo que excede largamente cualquier estado de excepción. El escenario descrito apunta a un presunto aprovechamiento sistemático de las normas de excepción para restringir la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Al evitar un concurso donde otros postores podrían haber ofrecido inteligencia artificial o redes privadas a menores precios, la ATU ha cerrado la puerta a la eficiencia técnica. Linares es enfático al advertir que este tipo de simulaciones son sancionables por el OSCE. “No podemos decir que a través de un procedimiento de selección no competitivo, como es el presente caso, se disfrace una necesidad que debe de provenir de un procedimiento de selección competitivo”, enfatizó el abogado. Sin trazabilidad clara en las ofertas y con una implementación que recién verá sus primeros frutos cuando la emergencia haya pasado, el proyecto de los S/100 millones queda bajo sospecha.

-1.¿Por qué la ATU optó por una contratación directa por causal de emergencia si la necesidad del sistema de videovigilancia ya estaba identificada desde procesos e informes previos?

La contratación directa se adoptó en el marco de la emergencia en seguridad ciudadana declarada por el Gobierno, ante el incremento de robos, extorsiones y ataques contra operadores del transporte público, lo que obligó a acelerar la implementación del sistema de videovigilancia.

Si bien la necesidad ya había sido identificada previamente y existía un proceso convocado en abril de 2025, este fue declarado nulo en agosto del mismo año por deficiencias en las características técnicas desarrolladas en los términos de referencia sustentadas por la a Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) y de la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica (SIGT), en relación a que en julio de 2025 el Ministerio del Interior publicó el proyecto de documento técnico denominado “Lineamientos para la instalación y/o adecuación de cámaras de videovigilancia en vehículos de transporte público de pasajeros”. Además, se incorporó una quinta cámara para reforzar la supervisión dentro de las unidades. Estos cambios obligaron a reformular el alcance del proyecto y generaron retrasos adicionales, sumados a observaciones y requerimientos de información de organismos de control.

En este contexto, el 10 de octubre de 2025, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones precisó que las dieciséis mil (16 000) cámaras ya se encontraban en proceso de adquisición a la espera de la buena pro y la firma del contrato, y manifestó que se dispuso la contratación de estas para distribuirlas en ocho mil (8 000) buses y bajo la modalidad de contratación directa; posteriormente, el 21 de octubre de 2025, se publicó el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM que declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao por el término de treinta (30) días calendario y sus posteriores prórrogas.

-2.¿Qué razones técnicas justificaron que el costo del proyecto pasara de más de S/55 millones en la primera licitación a más de S/110 millones en la compra directa actual?

El incremento del costo responde principalmente a la reformulación de los términos de referencia, tal como se explicó en el punto anterior. La primera convocatoria realizada en abril de 2025, por S/ 52.5 millones, contemplaba únicamente la instalación de dos cámaras por vehículo.

Es decir, el proyecto evolucionó de un sistema básico de videovigilancia a uno integral, con cinco cámaras por vehículo. Este cambio responde a los lineamientos emitidos por el Ministerio del Interior, que establecieron la necesidad de contar con cuatro cámaras por bus, así como la incorporación de una quinta cámara para reforzar el monitoreo y la seguridad. Asimismo, el nuevo alcance incluyó monitoreo centralizado, transmisión continua de video, almacenamiento, interoperabilidad y supervisión desde el Centro de Control y Monitoreo (CCM).

Además, se incorporaron nuevos estándares técnicos y de operatividad exigidos para fortalecer la seguridad en el transporte público y garantizar la adecuada supervisión del servicio, lo que implicó una ampliación del alcance inicial del proyecto y, en consecuencia, un incremento en el presupuesto estimado.

-3.¿Por qué se eligió un sistema de cámaras convencionales sin inteligencia artificial, pese a que existen tecnologías con detección automática de riesgos, rostros o conductas sospechosas?

La evaluación técnica determinó que la inteligencia artificial debía concentrarse en el Centro de Control y Monitoreo (CCM) y no en cada cámara instalada en los buses, debido a criterios de costo, operatividad y eficiencia del sistema.

Implementar inteligencia artificial en cada equipo elevaba considerablemente el costo del proyecto, ya que cada función (como reconocimiento facial, detección de conductas sospechosas o análisis de distancia) requiere software y procesamiento especializado por cámara.

Cabe precisar que el monto transferido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la ATU es de S/. 112 875 795,00 conforme la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, de tal manera que estimar mayores elementos e incrementar los montos de contratación supera diametralmente el monto asignado para los fines específicos.

Por ello, se optó por cámaras de alta resolución 1080p conectadas a un sistema centralizado de monitoreo, priorizando que toda la transmisión de video llegue de manera estable y continua al CCM para su supervisión y análisis; además, este modelo permite ampliar la cobertura a una mayor cantidad de unidades de transporte con el presupuesto disponible, fortaleciendo la vigilancia masiva y la capacidad de fiscalización en rutas autorizadas.

Asimismo, las cámaras seleccionadas ofrecen mayor resistencia a las condiciones propias del transporte público, como vibraciones, polvo y cambios de temperatura, garantizando continuidad operativa, interoperabilidad y la posibilidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a futuro.

-4.¿Cómo garantiza la ATU la efectividad del sistema si la activación principal de alertas depende de que el conductor detecte el peligro y presione un botón de pánico durante una emergencia?

La atención e intervención directa frente a una emergencia corresponde a la PNP, en el marco de sus competencias. Sin perjuicio de ello, la ATU, como entidad encargada de garantizar un transporte público seguro y continuo, busca que los operadores cuenten con herramientas adicionales para enfrentar situaciones de riesgo, como robos, violencia o extorsión.

En ese sentido, el botón de pánico constituye un mecanismo de alerta rápida que permite al conductor comunicar una situación de emergencia de manera inmediata para acceder de manera rápida y oportuna a la protección y auxilio de la PNP.

Además, el sistema no depende únicamente de la activación del botón de pánico. La videovigilancia en tiempo real, el monitoreo centralizado y el almacenamiento de imágenes permiten realizar seguimiento de las unidades, identificar incidentes y generar evidencia para las investigaciones correspondientes.

-5.Si la contratación respondió a una situación urgente de inseguridad, ¿por qué la implementación fue programada por lotes durante y no con una ejecución inmediata e integral?

La implementación fue programada por lotes debido a criterios técnicos, logísticos y de continuidad del servicio de transporte público. El proyecto contempla la instalación de 40 mil cámaras en 8 mil buses, por lo que requiere procesos progresivos de importación, instalación y pruebas.

El cronograma establece hasta 677 días para completar la implementación total, justamente para evitar retirar masivamente unidades de circulación y afectar el servicio para los usuarios. En este sentido, cualquier acción que toma la ATU garantiza la continuidad operativa del servicio de tal manera que resulta inviable la instalación de las cámaras de videovigilancia en una única fecha.

Asimismo, Centro de Control y Monitoreo deberá contar con hardware y software en un máximo de 60 días desde la firma del contrato y quedar operativo 30 días después de la validación de la ATU. Además, el proyecto incluye un servicio de transmisión de datos y almacenamiento por 1 095 días (3 años), que empezará a operar progresivamente conforme cada lote de buses sea incorporado al sistema.

La ejecución progresiva también permite reducir riesgos logísticos y operativos, considerando que no existe una oferta amplia de proveedores con capacidad para instalar simultáneamente las 40 mil cámaras y garantizar soporte técnico, conectividad y almacenamiento para toda la flota al mismo tiempo.

-6.¿En qué estado actual se encuentra el proceso de contratación y cuál es la fecha prevista para la entrega e instalación del primer lote de cámaras en los buses?

El proceso de contratación se encuentra actualmente en la etapa previa a la firma del contrato. El 23 de abril de 2026 se notificó al consorcio seleccionado (Consorcio Perú–Bolivia) para la presentación de la documentación requerida para la firma del contrato, prevista inicialmente para el 6 de mayo de 2026.

Sin embargo, el consorcio solicitó una ampliación de 10 días hábiles para presentar la carta fianza, acogiéndose a lo establecido en el Reglamento de la Ley N.° 32069 (Ley General de Contrataciones Públicas).

Una vez suscrito el contrato, se iniciará el cronograma de implementación progresiva y la instalación del primer lote de cámaras en los buses.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) celebra este 12 de mayo sus 475 años de fundación, reafirmando su posición como la universidad más antigua de América y una de las instituciones académicas más influyentes del continente.

Conocida como la “Decana de América”, San Marcos ha sido cuna de importantes intelectuales, científicos, escritores y políticos que marcaron la historia del Perú y América Latina, entre ellos César Vallejo, Jorge Basadre, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión, Raúl Porras Barrenechea, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa.

Los orígenes de Universidad Nacional Mayor de San Marcos se remontan a 1548, cuando fray Tomás de San Martín impulsó la creación de una universidad en Lima para promover estudios superiores en Artes y Teología. La iniciativa fue aprobada oficialmente mediante una Real Cédula firmada por el rey Carlos V el 12 de mayo de 1551 en Valladolid, España. En sus primeros años, la institución fue conocida como Universidad de Lima y funcionó en el Convento del Rosario de la Orden de los Dominicos.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1574, la universidad adoptó oficialmente el nombre de San Marcos Evangelista, consolidándose desde entonces como la Real y Pontificia Universidad de San Marcos.

San Marcos y su aporte al pensamiento peruano

A lo largo de los siglos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se convirtió en un espacio fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, científico y cultural del país. Desde sus aulas surgieron destacados profesionales y figuras históricas que contribuyeron al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo académico de la región.

La universidad también vivió un momento trascendental en 1962 con la apertura de su moderna ciudad universitaria, cuyo primer pabellón operativo fue el de Letras. Posteriormente se habilitaron las facultades de Educación y Ciencias Biológicas.

Actividades por los 475 años de San Marcos

Como parte de las celebraciones por el aniversario, la universidad desarrollará diversas actividades conmemorativas.

Programación del 12 de mayo

• 9:00 a. m.: Ofrenda floral a la Virgen de la Antigua en la Basílica Catedral de Lima.
• 10:00 a. m.: Misa de aniversario por los 475 años en el Convento de Santo Domingo.
• 11:00 a. m.: Romería a la tumba de fray Tomás de San Martín.
• 12:00 p. m.: Sesión solemne de aniversario en el Centro Cultural de San Marcos.

Próximas actividades

• 15 de mayo – 6:00 p. m.: Gran verbena en la Ciudad Universitaria de San Marcos.
• 16 de mayo – 7:00 p. m.: Cena de gala de confraternidad sanmarquina.

El Indecopi ha actualizado la guía interactiva “Checa tu Taxi”, que ofrece información sobre las 14 aplicaciones de taxis disponibles a nivel nacional. Esta guía permite identificar cuáles cuentan con filtros de seguridad adecuados y cuáles no.

Las aplicaciones monitoreadas son Cabify, DiDi, inDrive, Uber, Yango, Aló Taxi, Directo, Mi Taxi Arequipa, Perú Taxi, Remises VIP Perú, Satelital 3555555, Taxi Mamá SOS, Taxi Remis Chimbote y Taxi Sonrisas.

Esta guía detalla el proceso de selección de conductores, formas de pago, tarifas, penalidades, entre otros aspectos, así como los mecanismos para presentar reclamos. También explica los requisitos para el proceso de afiliación o registro de taxistas interesados en ofrecer servicios mediante estas plataformas. Los consumidores pueden descargar la guía virtual en el siguiente enlace.

Así, la ciudadanía podrá verificar si las empresas han realizado controles de antecedentes penales, policiales y judiciales a los conductores, así como pruebas psicológicas y de aptitud. Además, será posible consultar el historial de multas de los conductores y acceder a toda la información relevante para garantizar un servicio seguro y de calidad.

“Checa tu taxi”, lanzada en agosto del 2018, está nuevamente disponible para los consumidores como una herramienta que les ayudará a tomar decisiones informadas respecto al servicio de transporte de pasajeros.

Milagros Pozo, directora de Fiscalización de Indecopi, informó que de las 14 aplicaciones de taxis que operan en el país, solo siete requieren el récord de conducción. “‘Checa tu taxi’ es una guía que ofrece información crucial sobre los requisitos que cada aplicativo exige a los conductores, como el DNI, récord de infracciones y certificación vehicular. Hemos analizado 14 aplicaciones que operan en 12 departamentos. Por ejemplo, Cabify exige documento de identidad, licencia de conducir, y antecedentes penales y judiciales, pero no solicita el registro de infracciones. inDrive y DiDi tampoco lo piden”, explicó.

Además, señaló que entre el 2023 y lo que va del 2024, el Indecopi ha recibido 320 reclamos dirigidos a los aplicativos por diversos motivos, desde la calidad del servicio hasta incidentes de robos o asaltos.

Recomendó que tanto los usuarios como los conductores pueden confiar en el servicio de taxi al verificar las sanciones, multas o reclamos que haya recibido la empresa en el registro de infracciones del Indecopi.

La seguridad en los servicios de taxi por aplicativo ha sido evaluada por Indecopi respecto a la información que la empresa solicite al individuo para que sea conductor. En este sentido, “Checa tu taxi” presenta algunas de ellas.

• Cabify: DNI, licencia de conducir, antecedentes penales, judiciales o policiales, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Directo: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, credencial para prestar servicio de taxi, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Vip Perú: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Taxi Mamá: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Taxi Sonrisas: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, credencial para prestar servicio de taxi, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Aló Taxi: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, credencial para prestar servicio de taxi y entrevista o evaluación psicológica.
• Perú Taxi: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, credencial para prestar servicio de taxi, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• inDrive: DNI, licencia de conducir, antecedentes penales, judiciales o policiales y reconocimiento facial.
• Satelital: DNI, licencia de conducir, récord del conductor, antecedentes penales, judiciales o policiales, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Uber: DNI, licencia de conducir, antecedentes penales, judiciales o policiales, reconocimiento facial y entrevista o evaluación psicológica.
• Didi: DNI, licencia de conducir, antecedentes penales, judiciales o policiales y reconocimiento facial.
• Yango: licencia de conducir.
• Mi Taxi: DNI y licencia de conducir.
• Taxi Remis Chimbote: DNI, licencia de conducir y entrevista o evaluación psicológica.

Cabe resaltar que, según la información proporcionada por dicha entidad, los reclamos contra las empresas y aplicativos de taxis ascienden a 209 en total. Uber encabeza la lista con 140 reclamos, seguido por Cabify con 43, inDrive con 24 y DiDi con dos.

Actualización

El estudio más reciente (2026) de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ubica, en cuanto al nivel de protección al consumidor, a Yango y Cabify en el nivel alto de protección, mientras que Uber y DiDi se encuentran en el nivel medio, e inDrive en el nivel bajo.

En relación con el riesgo regulatorio y sistémico, Yango y Cabify figuran con riesgo regulatorio bajo, mientras que Uber y DiDi presentan un riesgo medio, e inDrive un riesgo alto.