El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, desmintió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que había asegurado que un fiscalizador de dicha institución había asegurado el traslado de las cajas con cédulas de sufragio, que al final terminaron en plena vía pública, en Surquillo.

“Contrariamente a lo que indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportados por vehículos no registrados, vehículos particulares y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, puntualizó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Burneo anunció que, ante esta situación, el JNE tomará acciones. “Estamos realizando los informes correspondientes y ya estamos comunicando a la autoridades como la Procuraduría para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, corresponde”.

En otro momento de su presentación, reiteró que el JNE no acompañó, ni fue parte de ese traslado y advirtió que la carga fue puesta “subrepticiamente en otra unidad no declarada”.

“Como les he indicado no es cierto lo que señaló la ONPE respecto a que fiscalizar (del JNE) acompañó esa unidad”, remarcó.

#EnVivo

Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre caso de material electoral en la calle: Es preciso indicar que a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares,… pic.twitter.com/2RfnBZGVxy

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Luego de que en el programa de Beto Ortiz se revelara que cuatro cajas con cédulas de sufragio de la ODPE Surco fueron halladas en uh basurero de Surquillo, la ONPE emitió un comunicado en el que aseguraba que en el vehículo, en el que transportaban el material, viajaron un coordinador de la ONPE, un efectivo policial y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.

“Tal como ha explicado en ese mismo programa la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oste 3, Claudia Sandoval Carmona, se contrató a una empresa que brindó el servicio de movilidad para trasladar material electoral desde un local de votación hacia dicha oficina”, indicó la ONPE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladas, faltaban 4, que por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo sin obtener respuesta”, añadió el comunicado emitido a la medianoche.

Lee aquí el comunicado, cuyo contenido fue calificado como “falso” por el presidente del JNE:

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw

— ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización:

Congreso citará por tercera vez a Roberto Burneo

Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad la moción que solicita citar ante el pleno del Parlamento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

El titular del JNE deberá brindar un informe detallado, documentado y bajo responsabilidad sobre las irregularidades detectadas durante las elecciones generales.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

El grupo parlamentario solicitará que Burneo expliqué las causas estructurales, técnicas y operativas que habrían generado los problemas durante los comicios de 12 de abril, como la no instalación de mesas de sufragio.

Asimismo, tendrá que informar sobre las responsabilidades de funcionarios o las acciones que se adoptaron para determinarlas.

La Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), impulsada como parte de la modernización del aparato electoral, buscaba agilizar la transmisión de información desde los locales de votación en Lima. Sin embargo, su ejecución evidenció que la eficiencia tecnológica depende directamente de una logística operativa adecuada.

Precisamente, durante la jornada electoral, tanto el sistema operativo como la logística presentaron fallas que afectaron su funcionamiento integral. Reportes desde distritos de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco evidenciaron retrasos en la llegada del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas y generó malestar entre los ciudadanos.

A ello se sumaron dificultades en la transmisión de actas y demoras en el procesamiento de datos, poniendo en cuestión la efectividad del STAE.

La implementación del STAE durante las Elecciones Generales 2026 buscaba facilitar el trabajo de los miembros de mesa mediante la digitalización de actas y la automatización de procesos clave, con el objetivo de reducir errores humanos y disminuir la cantidad de actas observadas. No obstante, terminó generando el efecto contrario en diversos puntos de Lima y Callao, donde miembros de mesa y electores reportaron que las dificultades técnicas del sistema retrasaron el inicio de la jornada electoral, obligando en varios casos a recurrir al método tradicional de registro manual.

Para su funcionamiento, el STAE se requería de equipos como laptops, impresoras y dispositivos USB que contenían el sistema, además de condiciones básicas como acceso a energía eléctrica y conexión a internet. Sin embargo, en la práctica, estos requisitos no pudieron cumplirse de manera uniforme en todos los locales de votación.

Entre las principales fallas reportadas se encontraron problemas de conectividad, dificultades para reconocer códigos de acceso y equipos que no funcionaban adecuadamente. Estas incidencias, también advertidas por la Defensoría del Pueblo, impidieron que muchas mesas pudieran instalarse con normalidad. A través de redes sociales, miembros de mesa señalaron que, pese a que durante las pruebas previas no se registraron inconvenientes, el día de la elección el sistema presentó múltiples errores, esto los llevó a optar por el registro físico en cuadernos.

Frente a esto se añaden cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del personal asignado para asistir en el uso del sistema. Aunque la ONPE dispuso la presencia de coordinadores de mesa STAE, usuarios indicaron que estos no contaban con la capacitación suficiente para resolver los problemas técnicos en tiempo real.

Según explicó el especialista electoral José Villalobos, en una entrevista con El Comercio, parte de las fallas también se debió a limitaciones básicas de infraestructura, como la falta de electricidad o una conexión estable a internet en algunos locales.

Por su parte, Erick Iriarte, especialista en derecho digital, advirtió que los problemas registrados —como laptops inoperativas, errores de acceso y fallas de internet— impidieron que la herramienta opere según lo previsto, generando retrasos en lugar de agilizar el proceso.

Asimismo, en una declaración para Exitosa noticias, cuestionó que estas deficiencias no hayan sido detectadas durante las pruebas piloto, aquello evidenciaría falencias en la evaluación previa del sistema antes de su aplicación en los comicios.

Cabe recordar que el STAE es un sistema implementado por la propia ONPE. Si bien el costo de su creación no se ha detallado de forma específica, la inversión para su aplicación está incluida dentro del presupuesto electoral general. Para el caso de las Elecciones 2026 se destinó S/ 4 mil millones.

El abogado penalista y especialista en cibercrimen, Ricardo Elías Puelles, explicó para El Comercio que sistemas como el STAE deben cumplir con estándares básicos de ciberseguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información electoral. Señaló que, antes de su implementación, es clave verificar que los datos estén correctamente protegidos —evitando filtraciones, pérdidas o alteraciones— y que el sistema haya sido previamente supervisado. Asimismo, destacó que el funcionamiento de estas herramientas no depende solo del software, sino también de la capacitación del personal y de condiciones logísticas adecuadas, como conectividad y acceso a energía, durante su ejecución.

En esa línea, advirtió que es necesario diferenciar entre fallas por negligencia operativa —como la falta de planificación o ausencia de contingencias— y riesgos propios de la seguridad informática, como posibles ciberataques o sabotajes. De cara a futuros procesos electorales, recomendó fortalecer la supervisión externa del sistema, mejorar los planes de prevención y contingencia, y asegurar que el personal encargado cuente con el perfil y la capacitación adecuados. Estas medidas, indicó, son fundamentales para reducir vulnerabilidades y evitar cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral.

El especialista en temas electorales y políticas públicas, Jorge Jáuregui, explicó en una entrevista para El Comercio que este tipo de soluciones tecnológicas, como lo es el sistema STAE, disminuye la cantidad de actas observadas, uno de los principales factores de retraso en los cómputos electorales. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta limitaciones estructurales en el país, como la falta de acceso uniforme a electricidad e internet, así como restricciones presupuestales.

Respecto a las fallas registradas durante la jornada electoral, Jáuregui, indicó que estas responderían principalmente a problemas logísticos, más que a deficiencias tecnológicas o de planificación. En ese sentido, consideró inusual lo ocurrido con la distribución del material electoral, dado que —según su experiencia— la ONPE suele tener un control riguroso en las etapas de despliegue y repliegue.

La responsabilidad política y administrativa del proceso recae en la ONPE, pero la empresa contratada debe responder por el incumplimiento.”

Jorge Jáuregui, experto en políticas públicas.

Finalmente, sostuvo que, de cara a futuros procesos, es clave reforzar la supervisión en la ejecución logística y realizar una evaluación exhaustiva de lo ocurrido, sin que ello ponga en cuestión la validez de los resultados electorales.

Pese a que la ONPE había sostenido que el STAE permitiría acelerar la entrega de resultados, lo ocurrido durante la jornada evidenció brechas entre el diseño del sistema y su aplicación en campo. La imposibilidad de utilizar la herramienta en varias mesas, incluso en Lima Metropolitana y Callao —zonas con mayor acceso a servicios—, plantea interrogantes sobre la viabilidad de su implementación a mayor escala sin antes garantizar condiciones técnicas y logísticas adecuadas.

Ante esta situación, se le suman situaciones que reflejan problemas estructurales en la organización electoral. Personal de la ONPE permaneció más de 24 horas en los locales de votación, evidenciando una sobrecarga laboral y falta de previsión en la gestión de recursos humanos. De igual manera, una extensa fila de camiones quedó varada en los exteriores del almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de entregar material electoral trasladado desde diversos distritos de Lima, revelando fallas en la coordinación logística posterior a la jornada.

Lo ocurrido durante estas elecciones no solo cuestiona el desempeño de una herramienta tecnológica, sino también la capacidad operativa del sistema electoral en su conjunto. Los especialistas advierten que la implementación de soluciones digitales como el STAE exige no solo inversión, sino también condiciones técnicas y logísticas adecuadas que garanticen su funcionamiento en campo.

Coincidieron en que la modernización del sistema electoral no puede sostenerse únicamente en la incorporación de tecnología. Sin una planificación integral y una ejecución eficiente, los avances corren el riesgo de convertirse en nuevos focos de vulnerabilidad. Garantizar procesos ágiles, ordenados y confiables sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades electorales.

Las autoridades siguen intentando determinar responsabilidades detrás del caos generado el último domingo 12 de abril que afectaron al desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizara directamente a Servicios Generales Galaga SAC por las demoras que obligaron a extender los comicios una fecha más, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, respondió enviando una carta notarial al jefe de la institución, Piero Corvetto, exigiendo que se rectifique y culpando al ente estatal por las demoras.

En conversación con El Comercio, Castillo asegura que sus representados no incumplieron con las especificaciones del contrato.

Un informe de la Contraloría General de la República publicado el 14 de abril detalla que el contrato suscrito entre la ONPE y Galaga detallaba que la distribución a 168 rutas debía iniciar a las 10:00 p.m. del viernes 10 de abril, mientras que las 49 restantes estaban programada para las 07:00 a.m. del 11 de abril.

Sin embargo, el último vehículo salió del almacén de ONPE recién el 12 de abril, el mismo día de la elección, a las 5:51 a.m. luego de que el cronograma de salida se modificara el 11 de abril entre las 7:30 p.m. y la medianoche sin evidencia documental de aprobación.

Al respecto, el abogado asegura que Galaga dispuso “los 424 camiones en la puerta del almacén de ONPE” a la hora indicada del 10 de abril y el trabajo se desarrolló con normalidad “hasta la noche previa al proceso electoral cuando nos encontramos con que no había posibilidad de cargar más camiones porque no tenían material. Teníamos 35 camiones esperando ser abastecidos de material del sistema de cómputo”.

“La mejor forma de comprobarlo es que nosotros no tenemos ningún requerimiento de cumplimiento de obligaciones, no tenemos ningún correo, no tenemos ninguna notificación de parte de ONPE que nos diga que no están los camiones”, señala Castillo, quien asegura que al momento de retraso no hubo ninguna explicación oficial por parte de ONPE, “lo que ha habido son comentarios por parte de los mismos trabajadores que estaban descontentos, que no tenían las herramientas para trabajar, que no había la cantidad de asistentes para poder embalar, ese tipo de comentarios. Lo que sí tenemos es la comunicación cerca de la medianoche del sábado, en la cual que decimos que tenemos 35 camiones a la espera de que le envíen el material”.

El Comercio solicitó acceso a dicho documento para constatar los argumentos de Galaga; sin embargo, Castillo indicó que ”esa documentación va a ser presentada en la Fiscalía y por disposición de la empresa no podemos compartirla con nadie hasta entonces. Por seguridad nos reservamos hasta que primero se entregue al Ministerio Público".

Sin embargo, podría explicar por qué la ONPE ha evitado aplicar hasta el momento las multas de 2% de la UIT por cada hora de retraso injustificado que especifica el contrato suscrito con Galaga.

Según el abogado, además, la ONPE fue la encargada de definir las rutas de distribución del material electoral. Al respecto, consideró que estas “han demostrado deficiencias de planificación porque nos ordenaban avanzar a un centro educativo y de ahí regresar a otro para dejar el material. Lo óptimo habría sido una línea recta, pero en vez de avanzar, hemos dado dos pasos para adelante y uno para atrás“.

Al ser consultado por El Comercio sobre si existió posibilidad de sugerir cambios o rediseñar la ruta, Castillo aseguró que “no se nos ha permitido, no se nos ha participado, no se nos ha convocado para hacer el diseño de ingeniería al detalle para ver lo más óptimo”.

Este Diario solicitó a la oficina de prensa de la ONPE sus descargos en referencia a la demora en la entrega del material para su distribución, al trazado de las rutas y a las observaciones que realizó la Contraloría en cuanto a la idoneidad del contratista. Sin embargo, al cierre de este informe no recibió respuesta oficial.

Sin embargo, la Unidad de Investigación de El Comercio tuvo acceso a la manifestación brindada por el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, a la Fiscalía en la que asegura que el contrato con Galaga nació con vicios operativos que él mismo detectó el sábado previo a la elección y por los que responsabiliza al gerente de Administración y señaló a la Subgerencia de Producción de la ONPE, Juan Phang.

Desde que se identificó a Galaga como proveedora del servicio de distribución del material electoral, se acumularon los cuestionamientos sobre la capacidad operativa que poseían para cumplir con dicha labor.

Al respecto, Castillo señaló que “es una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Tiene contratos con particulares, con grandes empresas que por obvias razones no se puede divulgar quiénes son pero acreditan una solidez empresarial fuerte. Está en capacidad de asumir cualquier contrato”.

Cabe recordar que Galaga superó a la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. y el Consorcio AFE en la licitación referente a este servicio. En el proceso, ambos competidores cuestionaron la metodología utilizada para calcular el metraje de los vehículos.

Castillo calificó los reclamos como carentes de fundamento técnico y aseguró que “no es la primera vez que una entidad del Estado, a la hora de calificar los vehículos para transporte, tiene preferencias sobre la carga útil, que es lo que le interesa al Estado y a todo contratista cuando se trata de transporte. Y eso ya ha sido resuelto por ONPE en anteriores procesos, no solamente en este, sino simplemente descuentan de la capacidad total los dos metros cúbicos que significa la cabina”.

Sobre las publicaciones que realizó la empresa en las últimas semanas en busca de choferes y unidades destinadas al transporte del material electoral, el abogado aseguró que mas bien se trataba de un acto de responsabilidad de la empresa. “Es responsable de sus actos y ha convocado a choferes, camiones y repartidores para cubrir las posibles suplencias que podían suscitarse“, señaló.

Pese a ello, al ser cuestionado por las observaciones de Contraloría sobre la presencia de conductores distintos a los declarados por la empresa, Castillo primero aseguró que esto hacía referencia a que los conductores no contaban con las licencias adecuadas, “lo cual es totalmente falso”.

“Contraloría parte del principio de que las licencias para manejar el transporte deberían tener A-III y A-II, cuando la ley de la materia nos permite que sea A-I. Los términos de referencia dicen que los conductores deben tener licencias de acuerdo al tipo de vehículo que la norma exige. Para los furgones de hasta 2.5 toneladas, si no me equivoco, se permite el brevete A-I“, señaló.

El informe de Contraloría alerta que en una muestra de 15 conductores, cinco de ellos y tres vehículos eran distintos a los declarados por la empresa para el servicio. Ante ello, Castillo señaló que “los conductores pueden ser reemplazados, no tiene nada que ver con incumplimientos porque no es personal clave para el cumplimiento del servicio”.

En otra parte de su informe, Contraloría advierte que al menos cuatro choferes de Galaga habían recibido papeletas por faltas muy graves, cuando el contrato estipulaba como requisito que no cuenten con ninguna sanción de este tipo durante los últimos 12 meses.

El abogado no supo confirmar si este era uno de los Términos de Referencia del contrato, pero aseguró que “si lo había nosotros hemos sido prolijos en la documentación que ha sustentado la experiencia, la calidad de los conductores y todo lo demás”.

Por primera vez, los principales operadores aeroportuarios del país se han unido para luchar por una misma causa: el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este miércoles 15 de abril, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Aeropuertos del Perú, Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) realizaron la firma del convenio “Alianza estratégica nacional en favor de la niñez”, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Este convenio tiene como objetivo proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad. En la firma estuvieron presentes la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco; la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria; el gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino; el gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Aeropuertos Andinos del Perú, Juan Sánchez; y el gerente del Aeropuerto de Cusco por parte de Corpac, Jonathan Pareja.

Tanto Aldeas Infantiles SOS Perú como las cuatro entidades aeroportuarias serán parte de esta alianza estratégica, que contempla la colocación de ánforas o “alcancías” en los aeropuertos, donde los pasajeros podrán realizar donaciones simbólicas.

Todo lo recaudado se utilizará para mejorar el acceso a necesidades básicas, principalmente la alimentación balanceada, y fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas —entre niños, niñas, adolescentes y sus familias— en situación de vulnerabilidad a nivel nacional, durante el periodo 2026-2030. Además, se tiene la meta de contribuir con 12 millones de raciones de alimentos hacia 2030.

Los ciudadanos pueden sumarse a esta iniciativa a través de las ánforas ubicadas en los terminales aeroportuarios administrados por las empresas aliadas, donde podrán dejar su donativo.

Pronunciamientos

En diálogo con El Comercio, la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco, señaló que esta es una alianza estratégica relevante, ya que, al articularse con las entidades aeroportuarias, se contribuirá al bienestar integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

“Aldeas Infantiles SOS Perú trabaja desde hace cerca de 55 años a nivel nacional, en regiones donde hay miles de niños y niñas en situación compleja, sin acceso a educación, salud o salud mental, entre otros servicios. Por lo tanto, esta alianza nos permitirá llegar a esas poblaciones”, agregó.

“Al colocar estas ánforas o ‘alcancías’ en los aeropuertos, los pasajeros que transiten podrán hacer su donativo. De esta forma, llevamos el mensaje de que los niños no están solos. Nuestro objetivo es llegar a todos los aeropuertos del país. Por el momento, estamos presentes en 10 aeropuertos en los que se han instalado ánforas, y esperamos poder llegar a muchos más. Estamos trabajando para que ningún niño ni niña crezca solo”, concluyó.

Por otro lado, la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria, indicó a El Comercio que “me parece muy importante involucrarnos, porque es nuestra contribución a la niñez del Perú. Somos un intermediario en la recolección de fondos que, finalmente, permiten que los niños tengan un hogar seguro, puedan desarrollarse y cuenten con mayores oportunidades en la vida”.

“Tenemos un gran compromiso con la defensa de la niñez. Al permitir que se coloquen estas ánforas en nuestro espacio aeroportuario, incentivamos a que, con lo recaudado, los niños tengan un lugar seguro. De este modo, tendrán mayores oportunidades y se evitará que caigan en la delincuencia o en situaciones de peligro”, sostuvo.

“En estas ánforas, los pasajeros del aeropuerto podrán donar de forma totalmente libre. Están ubicadas tanto en las áreas domésticas como en las internacionales, lo que permite que los viajeros puedan contribuir sin importar su destino. Esperamos que cada vez más personas se sumen”, concluyó.

El gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino, señaló a este Diario que “esta alianza es muy significativa porque refleja nuestro rol en el país. No solo nos enfocamos en conectar familias, negocios y destinos, sino también en generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Aliarnos con una organización como Aldeas Infantiles SOS Perú nos permite unir esfuerzos por una causa común y amplificar ese impacto. Nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso”.

“Esto no se trata solo de participar, sino de involucrarnos activamente para que los resultados sean tangibles. Vamos a seguir facilitando espacios en nuestros aeropuertos y promoviendo esta causa para que más personas se sumen, siempre alineados con nuestro propósito de ampliar oportunidades para las personas”, añadió.

Alberto Huby, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, sostuvo que “entendemos que nuestros espacios no solo conectan destinos, sino también personas y causas. Poder brindar visibilidad a la labor de Aldeas Infantiles nos permite sensibilizar a miles de pasajeros sobre la importancia de garantizar entornos seguros y oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

“Nuestro compromiso es habilitar nuestros aeropuertos como plataformas activas de impacto social, facilitando la recaudación de fondos y dando visibilidad a esta causa a través de puntos de contribución y acciones de comunicación. Esta alianza, además, se articula con otros operadores aeroportuarios del país, lo que nos permite sumar esfuerzos para asegurar un impacto sostenido, medible y de alcance nacional”, remarcó.

Finalmente, desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) indicaron que la firma de la alianza estratégica nacional representa una oportunidad para colaborar con la niñez, conjuntamente con los principales operadores aeroportuarios del país. “Esta iniciativa reafirma el rol de Corpac no solo como gestor de infraestructura estratégica, sino también como actor comprometido con el desarrollo del país y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. Asimismo, esta alianza permite potenciar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes”, manifestó la institución.

“Corpac asume el compromiso de contribuir activamente a la sostenibilidad y continuidad de esta iniciativa solidaria, facilitando espacios dentro de los aeropuertos bajo su administración para la recaudación de fondos a través de las ánforas de Aldeas Infantiles SOS Perú. De igual manera, la empresa se compromete a promover esta causa entre sus usuarios, pasajeros y colaboradores, fomentando una cultura de solidaridad que permita ampliar el alcance de la ayuda. No cabe duda de que cada aporte canalizado se traducirá en acciones concretas orientadas a garantizar el acceso a alimentación balanceada para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, concluyó.

La falta de unidades para transportar todo el material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la accidentada jornada del domingo 12 de abril sigue siendo el foco de atención hoy lunes, cuando se puede ver que se usan taxis por aplicativo para trasladar todo el material electoral.

América Noticias, durante su cobertura en las afueras de un colegio en Villa El Salvador donde se pudo sufragar este domingo, vio cómo había una cola de taxis por aplicativo fuera de las instalaciones con papeles tamaño A4 pegados en sus parabrisas.

Esa era la única documentación que se podía ver desde afuera de los taxis para poder identificar que habían sido contratados por la ONPE para trasladar el material electoral que normalmente es transportado en camiones oficiales al inicio y al final del sufragio.

En este colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa y personeros pernoctaron luego de sufrir demoras en las instalación de las aulas y la implementación de todo el material a lo largo del domingo. Las cédulas recién terminaron de ser contadas y las actas llenadas en horas de la madrugada.

Por este motivo, los taxis hicieron cola durante las primeras horas de hoy lunes 13 de abril, en paralelo a la jornada electoral extraordinaria que se llevó a cabo en otros 13 locales de votación donde, por no haber recibido el material de la ONPE a tiempo, no se pudo sufragar el domingo.

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero hasta enero de 2027 debido a la alta probabilidad de que el evento climático continúe con una magnitud débil en los próximos meses.

En su comunicado, la entidad destaca que, según análisis técnicos, el fenómeno podría alcanzar una intensidad moderada entre los meses de junio y julio del presente año.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento continuaría hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año.

Comunicado ➡️ https://t.co/WdLtV84mJm pic.twitter.com/TcLwAH7rB0

— ENFEN (@enfenperu) April 17, 2026

Para el Pacífico central, se estima que las condiciones neutras predominarán durante el bimestre de mayo y junio de 2026. A partir de julio, la probabilidad de desarrollo de un evento El Niño se incrementa, pudiendo extenderse hasta inicios del próximo año. Según las proyecciones actuales, este evento en la región central alcanzaría su mayor intensidad entre los meses de noviembre y diciembre de 2026.

Se espera que las temperaturas del aire se mantengan por encima de lo habitual en toda la costa peruana. En cuanto a las lluvias, entre abril y junio se prevén niveles de normales a superiores en la costa norte, concentradas principalmente en abril y de forma localizada, al tratarse del cierre de la temporada de precipitaciones.

El pronóstico hidrológico señala que los caudales de los ríos que desembocan en el océano Pacífico se mantendrán mayoritariamente dentro de los rangos normales. Sin embargo, la institución no descarta la ocurrencia de incrementos puntuales en los niveles de los ríos situados específicamente en la zona norte del país. Estas estimaciones se fundamentan en los escenarios de riesgo y avisos meteorológicos procesados por los organismos técnicos.

En cuanto a los recursos pesqueros, el ENFEN estima que el stock de anchoveta en la zona norte-centro continuará concentrado mayormente dentro de las primeras 30 millas frente a la costa en las próximas semanas. Del mismo modo, se proyecta que el bonito seguirá disponible para la pesca a lo largo de todo el litoral peruano. La evolución de estas condiciones biológicas estará sujeta a la estabilidad de las anomalías térmicas del mar.

Finalmente, la comisión recomendó a los tomadores de decisiones considerar estos escenarios para la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres. Es necesario fortalecer las acciones de preparación ante posibles peligros inminentes o emergencias derivadas de las condiciones climáticas extendidas. Se exhortó a la población a seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la institución.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 16 de abril se cumplió el tercer día consecutivo de temperaturas elevadas de la semana.

Este jueves, detalló que las estaciones de La Molina y Jesús María reportaron temperaturas diurnas extremas 30.8 °C y 29.7 °C, respectivamente.

El 13 de abril, Senamhi había adelantado que las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana oscilarán entre los 26°C y 27°C en los distritos cercanos al mar, mientras que en los alejados del litoral se llegará hasta los 29 y 30°C.

Según especialista del servicio, estas cifras se asocian a las condiciones cálidas del mar y al ingreso de vientos del norte.

En su reporte, informaron que la costa norte y central del Perú continuarán presentando altas temperaturas diurnas, en hasta el domingo 19 de abril. Se esperan registros de 37°C en la costa norte.

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Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país –casi la mitad– necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema, sin embargo, es significativamente mayor en los colegios rurales: 9 de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). En total, el 57% de los colegios rurales necesitan ser totalmente reemplazados. Para cerrar esta brecha de infraestructura en zonas rurales, el Estado tendría que invertir S/99 mil millones.

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor determinante, el 38% de locales educativos rurales y el 35% en las ciudades tienen más de 25 años de antigüedad, según la Dirección de Planeamiento del Minedu.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. No obstante, la proporción crece dentro del país y varía según zonas geográficas. Por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos.

A pesar de esta alta concentración de estudiantes, en el 2025 había 8.989 planteles que requerían ser sustituidos totalmente en esas regiones (37% de los colegios en mal estado del país). Las deficiencias materiales de las aulas afectan a 310.223 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en estas zonas.

Las carencias materiales en zonas rurales tienen un impacto significativo en el aprendizaje, señala Sergio Pinto, jefe de proyectos de educación de Es Hoy, un movimiento de líderes empresariales que contribuye a realizar proyectos de desarrollo educativo.

“El deterioro de la infraestructura en las escuelas rurales es el resultado de fallas en la gestión y en la distribución de recursos a escala nacional y regional. Pero la discusión no debe centrarse solo en infraestructura: la brecha de la educación rural es aún mayor debido a aspectos de calidad y a la falta de pertinencia con las características de cada región”, explicó.

En efecto, en el ámbito rural, los indicadores de logro educativo y asistencia están significativamente por debajo de los registrados en áreas urbanas. Según el Censo Educativo del 2024, el 17% de los estudiantes de cuarto de primaria de colegios rurales registraron un nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 16% lo tuvo en matemáticas. Las escuelas urbanas duplicaron estas cifras (36% y 32%, respectivamente).

El 53% de niños y adolescentes entre 5 y 11 años trabajan, mientras que el 11% de adolescentes entre 15 y 17 años son madres o están embarazadas por primera vez. En las ciudades, estas cifras bajan a 14% y 3%.

Para Mariana La Riva Quispe, analista senior de proyectos de Ruralia, la dispersión poblacional y las distancias prolongadas que tienen que recorrer alumnos y maestros hacia los centros de estudio suponen una dificultad adicional. “Muchas direcciones regionales de educación y UGEL de zona rural no pueden hacer efectivas las visitas o el acompañamiento, debido a las distancias y los escasos recursos”, añadió.

Desde hace cuatro años, Eshoy, a través de su programa Ruralia, viene articulando proyectos (del Estado, privados y la sociedad civil) destinados a mejorar la educación rural. Según la organización, a la fecha existen 431 proyectos que beneficiarían a más de 2 millones de personas.

‘Apprendemos’, uno de los programas educativos apoyados por Ruralia, busca fortalecer los aprendizajes en matemáticas y comunicación de estudiantes de primaria mediante el uso de una app interactiva que está disponible de forma gratuita. Santiago Cueto, investigador principal de Grade y quien lidera el proyecto, detalló que, solo el año pasado, fue utilizada por más de 100 mil estudiantes y 5 mil docentes de colegios públicos.

“El sistema peruano es altamente inequitativo, las mejores oportunidades para aprender va a encontrarlas uno en las zonas donde hay mejores condiciones socioeconómicas. El programa ‘Apprendemos’ brinda estas oportunidades en zonas urbanas y rurales por igual, pero para que se pueda usar de una manera más intensa en zonas rurales, hemos hecho que se puede usar desde cualquier dispositivo. Nació desde el 2020 con la pandemia, pasando de ser un pequeño programa a ofrecerlo escala nacional”, explicó.

Según reporte, el evento meteorológico se desarrollará desde la medianoche de este sábado 18 hasta las 23:59 horas del domingo 19 de abril, y estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, representa un riesgo para las estructuras ligeras y la navegación fluvial.

Las regiones a las que se extiende esta advertencia son: Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali

Según el pronóstico del Senamhi, la intensidad de las lluvias variará de acuerdo al día y la ubicación geográfica:

• Sábado 18 de abril: se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, 65 mm/día en la selva centro y 60 mm/día en la selva sur.
• Domingo 19 de abril: Las precipitaciones se intensificarán en el norte y sur, alcanzando los 60 mm/día y 65 mm/día respectivamente, mientras que el centro mantendrá un promedio de 60 mm/día.

Yajaira Janet Sigueñas Urbano, de 32 años de edad, fue víctima de una agresión perpetrada por su expareja el pasado sábado alrededor de las 4:00 a. m. en el distrito de Surquillo.

El presunto atacante, identificado como Luis André Flores Julca, su expareja, ingresó a la vivienda ubicada en la calle Irribarren sin autorización previa para violentarla físicamente.

Según los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de allegados, el sujeto utilizó un arma punzocortante y golpeó la cabeza de la mujer contra un lavadero. Tras la agresión, el individuo prendió fuego al departamento con la víctima en su interior y huyó del lugar robando una computadora portátil y un teléfono celular.

La mujer logró salir del inmueble por sus propios medios al percatarse de la llegada de los bomberos, quienes atendían la emergencia provocada por el incendio. Antes de ser trasladada al hospital Casimiro Ulloa, Sigueñas identificó verbalmente a su expareja ante los médicos y el personal de rescate como el responsable del ataque.

El estado de salud de la paciente es crítico y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido centro médico. Los informes médicos señalan que tiene los riñones comprometidos, por lo que requiere diálisis, y presenta las vías respiratorias obstruidas por la inhalación de hollín.

Las autoridades han tipificado el hecho como un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. El sospechoso, quien se desempeña como tatuador, se encuentra con paradero desconocido, aunque se reportó que mantendría actividad en sus redes sociales personales tras el suceso.

Cifras de feminicidio en Perú

Según cifras de este año del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre 2015 y 2024 se registraron 1.345 feminicidios en el país. El nivel de incidencia varía levemente por año; sin embargo, entre 2023 y 2024, se observó un incremento interanual de 5,5% casos registrados.

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Una acción de supervisión ejercida por la Contraloría sobre el servicio que prestó Galaga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la distribución del material electoral de las Elecciones General 2026 evidencia que dicha empresa no estaba cumpliendo con lo dispuesto en el contrato firmado con la entidad electoral, lo que se reflejó en que muchos locales de votación de Lima sur no pudieron abrir porque no recibieron a tiempo el material.

Un equipo de la Contraloría constató, tras visitar dos locales de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE ubicados en Lurín, tres situaciones adversas que podrían haber afectado la continuidad del proceso de distribución del material electoral.

A través de un informe al que accedió El Comercio, desarrollado entre el 8 y 13 de abril, el órgano de control detalló que el despliegue del material no se realizó en la fecha y hora programada, ya que, de acuerdo con información que proporcionó la Gerencia de Gestión Electoral al Órgano de Control Institucional de la ONPE, el cronograma de salida de unidades vehiculares establecía que 168 rutaS debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas.

Sin embargo, personal de seguridad del local denominado Lurín Live, donde permanecían los vehículos que distribuyeron el material electoral, informó que la última unidad salió a las 5:51 am del 12 de abril, lo que evidenció un incumplimiento del cronograma.

Además, una funcionaria de la ONPE explicó a la Contraloría que esta situación se habría generado por demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondiente al área de Gestión de Material Electoral y que, en el momento del levantamiento del acta, las personas responsables de las áreas mencionadas no se encontraban laborando.

Además, la ONPE señaló que, de acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para trasladar material electoral y 217 unidades para el despliegue de equipos informáticos, y que incluso utilizaron más unidades, pero sin precisar ni sustentar dichas cantidades.

El segundo hecho que la Contraloría resaltó fue que los conductores y vehículos que propuso la empresa Galaga en un inicio no fueron incluidos durante el despliegue, tal como como lo constató su Comisión de Control durante una visita de inspección realizada el 10 de abril a los dos locales de la ONPE en Lurín.

“Se ha evidenciado de una muestra de 15 conductores, que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente por la empresa Servicios Generales Galaga”, señaló la Contraloría en su informe, por lo que considera que dicha situación ocasionó que no se cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato.

Otro punto en el que incide la Contraloría es que, tomando como muestra las licencias de conducir de 60 conductores de Galaga, unos cuatro contaban con papeletas de tránsito calificadas de muy grave, lo que contraviene los términos de referencia del contrato, donde se señala que el chofer no debe registrar papeletas muy graves en los últimos 12 meses.

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría, señaló a El Comercio que remitieron a la ONPE unos 274 informes, pero que más del 83% de las situaciones de riesgo o adversas que se alertó no fueron implementadas por la entidad electoral.

En ese contexto, recordó que el 24 de marzo advirtió a la ONPE que los conductores que habían presentado la empresa Galaga “no cumplían con algunos requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y eso ponía en riesgo la gestión y la conducción de los vehículos”.

Además, según explicó el funcionario, un equipo de la Contraloría acudió el viernes 10 de abril al local de la ONPE para conocer el estado de los vehículos y la cantidad que se emplearía para cubrir las 217 rutas definidas por la entidad electoral para distribuir el material electoral en Lima Metropolitana, pero se evidenció que ya había un retraso en la salida de las unidades.

“Entre la ONPE y la empresa no habían coordinado el tema logístico, por lo tanto, se inició un proceso de retraso, salidas a destiempo, lo que iba a impactar directamente en el cronograma”, expresó el funcionario.

Remarcó que alertó de esa situación a la ONPE, pero que no se tomaron medidas correctivas. Incluso, recordó que la Contraloría volvió a acudir al local de la entidad electoral el mediodía del domingo 12 de abril para verificar que todos los equipos ya estén fuera del almacén, pero se dio con “la ingrata sorpresa” que ese mismo día seguían saliendo vehículos y que se había aplicado una restructuración de rutas de entrega del material electoral. Por ello, según dijo, hubo vehículos que hicieron recorridos de hasta 20 horas entre el sábado y domingo.

“(Las furgonetas) estaban entregando material, pero las rutas habían sido modificadas. Este plan de 217 rutas que habían sido establecido inicialmente fueron redistribuidas, y generó que hubiera material que tenía que ir a Surco, pero en el mismo vehículo había material que debía estar en Lurín”, refirió.

Castillo Torrealva remarcó que otro hecho llamativo que se detectó fue que no se efectuó un monitoreo en tiempo real de los GPS de los vehículos, algo que estaba dentro del contrato entre Galaga y ONPE. “Era importante y necesario monitorear las rutas porque estaban llevando material electoral”, agregó.

Remarcó que el material electoral debía estar en los locales de votación a más tardar la medianoche del sábado. “Todo el material se quedaba en el colegio para que las mesas puedan ser abiertas a primera hora (del domingo)”, añadió.

Consultado por lo que hará la Contraloría en el futuro, el funcionario explicó que se terminará de recopilar la información sobre el traslado y repliegue del material electoral y determinar las presuntas irregularidades y, de ser el caso, iniciar los servicios de control posterior.

“A la poca proactividad que ha mostrado la ONPE en poder subsanar o mitigar las situaciones adversas que se han identificado, se están evaluando todas ellas y definir si es que existen o no presuntos hechos irregulares con respecto a las acciones que han hecho”, anotó.

Castillo precisó que las responsabilidades que identifique involucra solo a los servidores y funcionarios de la ONPE. “Con respecto a las sanciones que amerita la empresa, la entidad electoral, a partir del informe que emitamos, tendrá que comunicarle al OSCE para que suspenda o sancione a la empresa, de ser el caso”, puntualizó

Enfatizó que en la segunda vuelta de los comicios habrá un “mayor ímpetu” de la Contraloría para “asegurar que los recursos públicos que se están destinando para estas elecciones se usen de manera adecuada”.

Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, señaló que los términos de referencia del contrato que ganó Galaga fueron mal elaborados, ya que no se exigió a dicha empresa que acreditara de manera fehaciente que contaba con la disponibilidad de los vehículos que se requería para transportar material electoral. Eso en referencia a que dicha compañía solicitó, una semana antes de las elecciones, el alquiler de una flota de furgonetas.

“Podemos advertir que tiene errores (los términos de referencia) porque, por ejemplo, no se puso que el ofertante debía acreditar, por lo menos, la disponibilidad de todos los vehículos necesarios para el transporte de las cédulas de votación”, afirmó Yaya.

“Si se hubiera puesto que se debía garantizar la disponibilidad de vehículos identificados con sus placas, Galaga no hubiera estado buscando, después de haber ganado la buena pro, vehículos para el traslado del material”, agregó.

La Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera de Tacna luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciará la expulsión masiva de extranjeros en situación migratoria ilegal.

El jefe policial de la región, general PNP Víctor Luna Velarde, precisó que el personal desplegado ocupará puestos de vigilancia a lo largo de la línea de frontera.

Además, anunció que también se hará uso de drones que cubrirán la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, que comprende zonas de difícil acceso.

Este despliegue tienen como objetivo proteger el territorio peruano del ingreso irregular de extranjeros que puedan contar con antecedente o ser parte de actividades ilícitas.

Chile anuncia expulsión masiva de migrantes irregulares

El Gobierno de Kast comunicó la expulsión masiva de extranjeros que se encuentran residiendo, en situación migratoria irregular, dentro del territorio chileno.

La medida iniciará desde este jueves 16 de abril, con vuelos y transporte terrestre a la frontera con Perú. Esto ha generado preocupación entre las autoridades peruanas.

El gremio del transporte interprovincial denuncia que todavía presenta dificultades para operar luego de la escasez de gas que se vivió en el Perú. Y es que, a raíz de esa coyuntura, se incrementó el precio de los combustibles, especialmente del diésel, el cual es utilizado por este sector. Es por eso que los transportistas llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde este último se comprometió a otorgar un subsidio al gremio para apoyarlos. No obstante, han pasado más de dos días desde que se firmó el pacto y todavía no se ha publicado ningún decreto.

Los transportistas exigen que se publique lo más pronto posible, ya que sin ello el Estado no financiaría parte de los costos operativos de este servicio. El gremio afirmó que, de no tener respuesta, convocarán a un paro, ya que, debido al aumento del precio del diésel, sus operaciones están en riesgo. Advierten que no solo los pasajeros se verían perjudicados, sino también el comercio, ya que, si la situación no mejora, no se podrían trasladar alimentos ni materiales a distintos puntos del Perú.

Anuncio del paro

Mediante una carta dirigida al Consejo de Ministros, el gremio de transporte interprovincial solicitó que, a la mayor brevedad posible, se disponga la elaboración de una norma, preferentemente mediante decreto de urgencia, a fin de establecer un subsidio excepcional dirigido a los operadores del transporte terrestre de pasajeros y carga.

La solicitud se sustentó en el incremento “excesivo y sostenido del precio del combustible diésel”, el cual —según indicaron— viene afectando de manera directa la estructura de costos operativos del sector, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte a nivel nacional. “A la fecha, el sector viene operando por más de un mes en condiciones de pérdida económica, situación que resulta insostenible y que pone en grave riesgo la continuidad de nuestras operaciones”, señala el documento.

Asimismo, el gremio indicó que “se encuentran dadas las condiciones técnicas necesarias para avanzar de manera inmediata en la formulación y aprobación del dispositivo legal correspondiente, el cual contribuirá a mitigar el impacto económico en el sector y a evitar distorsiones en la prestación del servicio público de transporte”.

En esa línea, advirtieron que, de no contarse con una propuesta concreta debidamente aprobada, los gremios del sector convocarán a un paro nacional e indefinido del transporte terrestre de carga y pasajeros como medida de protesta frente a la inacción del Poder Ejecutivo.

Consecuencias

En diálogo con El Comercio, el gerente del gremio del transporte interprovincial, Martín Ojeda, explicó cuáles serían las consecuencias para el sector y para los ciudadanos si continúa el incremento del precio del diésel. “El costo del diésel equivalía, antes de esta subida, a un promedio del 45% de los gastos operativos. Actualmente, ha pasado del 45% al 70%. Además, el costo por galón era de S/12,80 antes del alza, y ahora oscila entre S/25 y S/26 en algunos casos”, señaló.

“Pese a que el usuario no está acostumbrado a una subida de pasajes tan abrupta, si la situación no mejora, el costo de los pasajes se incrementaría en no menos de un 30%, lo que afectará directamente la canasta familiar”, agregó.

Ojeda indicó que los ingresos ya no alcanzan para sostener el servicio, razón por la cual algunas empresas están reduciendo sus viajes o incluso dejando de operar. “Esto está afectando principalmente a las empresas pequeñas, que ya no pueden subsistir”, afirmó.

“La subida de precios de los pasajes no es una solución, porque la gente tampoco tiene el dinero de antes. Esto se puede ver en los resultados de esta Semana Santa; el movimiento en el transporte no ha sido como el del año pasado, porque la población ya no puede costear los viajes”, añadió.

El gerente del gremio enfatizó que no solo se perjudica a los pasajeros, ya que el 40% de los ingresos del transporte interprovincial proviene de las encomiendas, un negocio que también se vería afectado. “Por ello, como gremio hemos tenido reuniones con la PCM y el MTC. Nos prometieron un subsidio del Estado, pero, lamentablemente, no han cumplido y el precio del diésel sigue en aumento”, indicó.

“Es importante resaltar que todo este problema viene de la especulación de precios originada en los grifos, es decir, el aumento de los precios de bienes y servicios básicos a niveles mucho mayores de lo razonable. Por si fuera poco, el Estado no está cumpliendo con su rol de fiscalización para evitar esta situación. Por lo tanto, estamos cansados”, sostuvo.

“Si el Gobierno no publica el decreto para subsidiar el diésel, el precio se irá por los cielos. La última reunión con la PCM fue hace más de una semana y los técnicos parecen no tener voluntad. Si no se concreta, nos vamos a un paro”, concluyó.

Panorama en otros países

En distintos países, los gobiernos han brindado subsidios a los transportistas cuando se han producido alzas en los precios de los combustibles. Uno de esos casos es el de España, donde en 2022 el Gobierno aprobó un descuento general al precio de los combustibles, incluido el diésel. Esta medida benefició directamente a transportistas y ciudadanos, y posteriormente se complementó con ayudas específicas al sector del transporte de carga para evitar paralizaciones.

Solicitud de elaboración de Decreto de Urgencia para subsidio al transporte terrestre de pasajeros y carga

Solicitud de elaboración de Decreto de Urgencia para subsidio al transporte terrestre de pasajeros y carga by Sebastian Ramirez Mendoza

Otro caso es el de Chile, que ha aplicado mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). A través de este sistema, el Estado interviene para amortiguar las fuertes variaciones en el precio internacional del petróleo, evitando subidas abruptas que afecten tanto a transportistas como a consumidores.

En Colombia, por su parte, el Gobierno ha recurrido durante años a subsidios a los combustibles mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha permitido contener el precio interno del diésel, que es clave para el transporte de carga.

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

La medida busca beneficiar a los exmilitares que prestaron servicio en zonas de emergencia y participaron en acciones contra el terrorismo durante las últimas dos décadas..

De acuerdo con esta norma, el beneficio está dirigido a los licenciados reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) al 31 de diciembre de 2024.

Los solicitantes deben haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000, por un periodo consecutivo de 12 a 24 meses, y ostentar grados específicos de tropa, como reclutas, soldados, cabos o sargentos.

En ese sentido, la ley precisa que esta bonificación “no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable” y será intransferible. “La bonificación económica excepcional asciende a la suma de S/ 1,130.00, la cual se entrega a cada licenciado veterano cuya solicitud sea aprobada de forma mensual”, indica el documento.

Proceso y requisitos

Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Además del historial militar, los beneficiarios deben acreditar que no son deudores alimentarios ni poseen antecedentes policiales, penales o judiciales.

El desembolso se realizará de manera progresiva en un periodo de cinco años, estructurado por grupos de edad.

En el primer año se priorizará a los mayores de 60 años y personas con discapacidad.. En el segundo, a quienes tengan entre 55 y 59 años, continuando así hasta el quinto año con el grupo de 40 a 44 años.

A su vez, el Ministerio de Defensa será responsable de gestionar el registro en el aplicativo Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, garantizando que todos los expedientes aprobados estén registrados a más tardar el 31 de julio de 2028.

Según la norma, el financiamiento provendrá del presupuesto del sector Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

“Al atravesar la plaza de La Victoria, enorme y populosa, el Inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe, y a Vallano que decía: ”Manco Cápac es un puto, con su dedo muestra el camino de Huatica”. Ningún monumento ha merecido líneas tan impúdicas e imborrables como las que dedicó Vargas Llosa en “La Ciudad y Los Perros” a la efigie que la colonia japonesa donara a nuestro país hace un siglo, ligándola al desaparecido prostíbulo. Y si bien hasta hoy el dedo del hijo del Sol indica hacia la misma dirección, no fue así originalmente.

El monumento se inauguró el domingo 4 de abril de 1926. A la ceremonia asistieron el presidente Leguía y su séquito oficial, así como el ministro plenipotenciario del Japón, Keichi Yamasaki. Todos ellos ocuparon el tabladillo oficial levantado en una plaza entonces formada por el cruce de las avenidas de Santa Teresa (a partir de entonces renombrada Manco Cápac) y Grau, adornada de banderas, guirnaldas, adornos y flores. El proyecto ganador del concurso fue diseñado por David Lozano, responsable de la figura del Inca, y Benjamín Mendizábal, creador del pedestal. La maqueta original mostraba a Manco Cápac señalando hacia arriba, sin embargo, al último momento, esta se replanteó para que el Inca apuntara hacia adelante, por solicitud del presidente Leguía. Así, apuntaría al sol poniente, en línea recta al Japón.

Para el historiador de arte Omar Esquivel, el interés diplomático japonés resulta clave para entender este monumento. “La colonia japonesa, con mucha astucia, hizo coincidir el sentido nacionalista al vincular a dos esperadores hijos del Sol, el Inca y el emperador japonés”, explica.

Manco Cápac estuvo 14 años apuntando al Japón. Sin embargo, hacia 1940, la estrecha plaza se había convertido en un crucero de tráfico incesante, obstruyendo la vía de los tranvías, los ómnibus y los vehículos que pululaban por la ciudad, siendo reubicado a su posición actual. De señalar al Sol Naciente, su dedo imperial se inclinó hacia la sensual Huatica.

Un inca migrante

No faltaron las polémicas frente a la entronización de Manco Cápac en los entonces extramuros de la ciudad. Omar Esquivel nos recuerda que en esos años, en una Lima predominantemente criolla, los sectores más conservadores generaron resistencia ante el proyecto del monumento. Una campaña en contra de la estatua la emprendió el escritor arequipeño Augusto Aguirre Morales, cercano a Abraham Valdelomar. Asimismo, disparó contra la estatua del inca el pintor indigenista Juan Guillermo Samanez, quien en la edición de El Comercio del 18 de setiembre de 1925, desdeñó el regalo de la colonia japonesa, considerando que Lima, y especialmente el distrito de La Victoria, era un lugar “exótico e inadecuado” para tal monumento. Para el artista andahuaylino, el emplazamiento ideal para la escultura debía ser la ciudad del Cuzco.

Sin embargo, la voz lúcida de la periodista Dora Mayer de Zulen puso las cosas en su lugar. En la edición de El Comercio del 7 de octubre de 1925, ella respondía abiertamente a Samanez, afirmando que en una coyuntura en la que el Perú necesitaba unidad, en los días en que se esperaba un plebiscito para recuperar Tacna, afirmar que la memoria de Manco Cápac no cabía en Lima resultaba un sinsentido. Un siglo después, el Inca de rostro migrante nos sigue observando desde la plaza victoriana, señalando hacia donde queramos ir.

Los recientes allanamientos a las casas de un grupo de exfuncionarios y trabajadores de la Municipalidad del Callao, entre ellos el exalcalde chalaco Pedro Spadaro y su sucesor, César Pérez, han puesto nuevamente sobre el tapete el caso que denunció, en agosto del 2025, el diario El Comercio sobre sospechosos pagos a personas vinculadas a las mencionadas autoridades.

Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía allanaron, la madrugada de este jueves, 15 viviendas ubicadas en los distritos de San Isidro, San Martín de Porres, Miraflores, Surquillo y Pueblo Libre, así como la sede de la Municipalidad del Callao. En el caso están implicados siete funcionarios chalacos y se busca determinar un presunto delito de colusión agravada.

Lo que llamó la atención de las autoridades, según fuentes judiciales, es que César Pérez y Pedro Spadaro no se encontraban en sus domicilios, ubicados en San Isidro, por lo que sospechan que fueron alertados y salieron antes de la llegada de la PNP y la Fiscalía, pese a que contra ellos no había un mandato de detención. Las fuentes también informaron que el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao no aceptó ordenar la detención preliminar de ambos personajes, por lo que solo dispuso el allanamiento de sus casas.

La Municipalidad del Callao afirmó que, hace 8 meses, el alcalde y sus funcionarios han brindado todas las facilidades y han atendido los requerimientos de la PNP y del Ministerio Público. Por ello, consideró que se le estaría dando un “uso político” al caso.

“Por el contexto en el que se desarrollan estas diligencias, existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, con una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, señaló el municipio chalaco.

Toda la historia comienza cuando Pedro Spadaro y César Pérez fundaron en el 2022 la empresa Glamour & Style Salon Spa S.A.C., la cual brindaba servicios estéticos en un centro comercial de Ate. El vínculo de ambos nació cuando trabajaron juntos en el municipio distrital de Ventanilla, donde Spadaro era alcalde y Pérez fue regidor y teniente alcalde, y continuó en la Municipalidad del Callao.

Sin embargo, una investigación de este Diario evidenció que la gerenta de Glamour & Style Salon Spa, identificada como Sindel Spray Palomino, y el apoderado de la empresa, Julio Chanamé Bedón, siguieron obteniendo órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras Spadaro y Pérez eran las autoridades edilicias, es decir, entre 2022 y 2025.

Sindel Spray obtuvo, siendo gerente del mencionado salón de belleza, órdenes de servicios de la Municipalidad de Callao por montos que suman 63 mil soles. Ella también fue anteriormente locadora de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Ventanilla y postuló en abril del 2019 a un puesto en la Subgerencia de Recaudación de Miraflores. También trabajó durante el 2011 en la Subgerencia de Administración Tributaria de San Juan de Miraflores.

Por su parte, Chanamé Bedón había recibido, desde setiembre del 2023, cuando ejerce la representación de la empresa, unos S/96.000 de las gestiones edilicias chalacas bajo el mandato de Spadaro y Pérez. En la Municipalidad de Ventanilla, él trabajó en la Subgerencia de Rentas y Ejecutoría Coactiva.

Sindel Spray era estudiante de Administración cuando fue nombrada, en febrero del 2022, gerenta de la empresa, mientras que Chanamé no registra grados académicos. La estrecha cercanía de la joven con Spadaro y Pérez se evidenció cuando se le delegó a este último, como autoridad chalaca, la facultad de celebrar el matrimonio civil de Spray Palomino, desarrollado el 24 de marzo de 2025.

El Ministerio Público halló 360 mil soles durante un allanamiento, ejecutado el 15 de julio de 2023, en la casa del entonces teniente alcalde del Callao César Pérez, como parte de una investigación reservada.

Sin embargo, el Ministerio Público decidió no continuar con la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito porque Pérez Barriga demostró que dicho dinero era producto de la venta de un inmueble.

“Ese dinero fue producto de un adelanto de la venta de una propiedad que yo adquirí hace más de ocho años atrás, antes de ejercer cualquier cargo de envergadura en el Callao. Eso nos da la tranquilidad de poder decir que ese dinero es producto de una venta transparente de una propiedad”, agregó.

Pérez Barriga asumió como alcalde del Callao tras la renuncia presentada por Pedro Spadaro, quien anunció que postulará al Gobierno Regional del Callao.

Juan Carlos Portugal, abogado de Pedro Spadaro, señaló que las órdenes de servicio que obtuvo Sindel Spray durante la gestión de su patrocinado en la Municipalidad de Callao fue de acuerdo con lo que estipula las normas, por lo que descartó alguna irregularidad.

“La persona ha sido contratada de manera regular, la norma lo permitía, no ha sido fantasma, ha brindado los servicios. La locación de servicios, que es la naturaleza contractual de la ciudadana, es un tipo de contrato permitido, se da en cualquier parte del mundo, en cualquier entidad, así que no es una situación inusual o apresurada que se haya generado aquí (Municipalidad del Callao). Es una contratación permitida, lo prohibido y no permitido es que se contrate una persona que no preste servicios. Nada de eso ha ocurrido”, afirmó el abogado.

“La contratación, según señaló la OSCE en un informe, no es un procedimiento irregular, ese procedimiento es normado y es perfectamente regulado”, agregó.

Desde las redes sociales, Spadaro señaló que, con el allanamiento a su casa, se ha vulnerado la intimidad de su familia “sin motivo legal alguno” y cuestionó que eso ocurra en la etapa final de la investigación en su contra. Por ello, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables.

“La fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis dos menores hijas, sin motivo legal alguno y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, señaló Spadaro en su pronunciamiento.

“También tengo que decirlo con claridad: esto no es justicia, es un show mediático. La fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa”, agregó.

Cuestionan allanamiento

A su turno, Aurora Silva, quien ejerce la defensa legal de César Pérez, cuestionó que el fiscal Wils Gonzales Morales recién haya dispuesto los allanamientos cuando faltan, según dijo, cinco días para que concluya la etapa de investigación preliminar, que abarca 8 meses. Remarcó que la actuación fiscal genera en el actual “contexto político” un “menoscabo” a su patrocinado.

“No hay ninguna irregularidad, se han realizado más de 37 actos de investigación durante 8 meses y no se sabe por qué, a cinco días de terminar la investigación, se está requiriendo allanamientos, no tiene sentido. Pareciese que tuviera fines políticos”, aseveró Silva.

El ataque se produjo en la avenida principal Guardia Civil. Según los primeros informes, el vehículo habría recibido al menos cinco impactos de bala.

El chófer de la unidad salió ileso tras el ataque, aunque los ejecutores de los dispararon lograron huir a borde una moto lineal que, según testigos, fue abandonada posteriormente.

Hasta el cierre de esta nota, aún se desconocía el móvil del atentado. Al lugar de los hechos, llegaron peritos y agentes que circularon la escena del ataque y recogieron las pruebas necesaria para el inicio de las investigaciones.

Después de casi dos décadas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, Creysi, una paciente de 19 años, dejó el centro pediátrico para regresar a su domicilio, cumpliendo el anhelo de su familia. La paciente ingresó, con apenas un año y cuatro meses de edad, al hospital por un cuadro de neumonía que cambiaría su vida para siempre.

Lo que siguió fue un camino largo y desafiante. Tras diversos exámenes, Creysi fue diagnosticada con miopatía congénita y distrofia muscular, condiciones que comprometieron su capacidad respiratoria y la llevaron a depender de un ventilador mecánico. Una traqueotomía marcó el inicio de una permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), específicamente en la sala de ventilación mecánica prolongada, donde creció, aprendió y dejó huella.

“Hoy nos vamos a casa luego de 19 años de estar hospitalizada en la UCI del INSN. Estoy muy agradecida con todo el personal. Hemos tenido altas y bajas, como en toda familia, pero siempre estuvieron para nosotros”, expresó conmovida su madre, Mónica Contreras.

Durante casi dos décadas, el INSN de Breña no solo fue un centro de atención médica, sino el segundo hogar de Creysi. Allí, un equipo multidisciplinario no solo cuidó de su salud, sino también de su bienestar emocional, acompañándola en cada etapa de su crecimiento.

Para la licenciada en Enfermería María del Rosario Palacios Martínez, quien la cuidó durante estos años, Creysi fue mucho más que una paciente. “Es mi ‘ojoncita hermosa’. Siempre ella te recibía con una sonrisa. A pesar de sus limitaciones, lograba comunicarse, interactuar, expresar cariño. Era una niña feliz”, comentó.

Con el paso del tiempo, Creysi desarrolló formas únicas de conexión con quienes la rodeaban. Cada avance era celebrado, desde sus primeras expresiones faciales hasta vocalizaciones. Incluso descubrió habilidades que sorprendieron a todos: aprendió a elaborar pulseras con cuentas, una actividad que no solo le brindó entretenimiento, sino también una forma de expresión.

“Ella nos enseñó que, incluso con limitaciones, se pueden desarrollar habilidades. Es un ejemplo de valentía, de ternura y de fortaleza”, afirmó la enfermera María del Rosario, quien destaca que el cuidado en la UCI va más allá del diagnóstico. “Aquí no solo ves una enfermedad, ves a un ser humano. Y tienes que brindarle no solo conocimiento, sino también amor”, remarcó.

De regreso a casa

El acompañamiento de su familia fue clave en este proceso durante su estancia en UCI. Su madre y sus hermanos estuvieron presentes a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias y manteniendo viva la esperanza de algún día llevarla a casa.

“Me voy contenta con mi hija. No sé cuánto tiempo estará conmigo, pero lo único que quiero es que sea feliz, que tenga el calor de familia, que podamos llevarla a un parque y darle calidad de vida”, contó su madre, con la emoción de quien inicia una nueva etapa.

La historia de Creysi también pone en valor el trabajo sostenido del equipo de la UCI en la atención de pacientes con ventilación mecánica prolongada, quienes requieren cuidados altamente especializados, monitoreo constante y, sobre todo, un profundo compromiso humano.

Creysi deja atrás los pasillos del instituto que fueron testigos de su crecimiento. Se despidió de quienes la cuidaron, pero se lleva consigo algo más grande: el amor de una familia que nunca se rindió y el de un equipo de salud que la acompañó como si fuera suya.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), continúa con la rehabilitación integral de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, cuyos espacios públicos han sido recuperados.

Durante décadas, este sector permaneció tomado por el comercio ambulatorio, con acumulación de residuos, ocupación desordenada y un tránsito vehicular constantemente afectado, sin embargo, tras el operativo de la comuna limeña ejecutado el pasado 3 de marzo, este escenario comenzó a cambiar.

Como parte de las labores que ejecuta Emape, durante la última madrugada, en el tramo comprendido entre el jirón Antonio Raimondi y la avenida México se iniciaron los trabajos de fresado de la carpeta asfáltica a lo largo de más de 32 mil metros cuadrados, para luego dar paso a la colocación de una nueva capa de asfalto en caliente, lo que permitirá recuperar la capacidad estructural de la vía, eliminar deterioros y mejorar significativamente la transitabilidad.

Al respecto, el gerente general de Emape, Edgar Lara, anunció que el proyecto también incluye la reparación de bermas centrales y sardineles, la implementación de señalización horizontal en más de 3200 m² y la incorporación de una ciclovía a lo largo del tramo, promoviendo un uso más ordenado del espacio y una movilidad más segura y sostenible.

Asimismo, destacó el alcance de la intervención que beneficia a alrededor de 2 millones de ciudadanos que transitan por la zona e informó que las labores se ejecutan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., con cerca de 20 operarios, a fin de reducir el impacto en el tránsito diario, siendo el plazo estimado de intervención de aproximadamente 20 días.

El funcionario garantizó además la continuidad de los trabajos en la zona. “Nuestra Gerencia de Seguridad no solamente estará presente, sino que dará sostenibilidad a estos trabajos de manera continua y constante”, añadió.

El abogado de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, Cristian Castillo, afirmó que la responsabilidad por la demora en la entrega del material electoral, en 13 centros de votación de Lima, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una reciente entrevista en “Ampliación de Noticias”, la defensa de Galaga señaló que la empresa no incumplió ningún requerimiento, y responsabilizó a la organización electoral. Según indicó, no tenían los materiales a tiempo para poder ser trasladados a los locales de votación.

“No ha habido ningún incumplimiento. Nuestro trabajo es el siguiente: nosotros llegamos al local de ONPE, recogemos lo que ONPE nos pone en el piso y trasladamos. Si nosotros no tenemos lo que está en el piso, no podemos salir. Nosotros hemos cumplido el contrato porque hemos llevado todo y en todas las horas… Hemos cumplido, cuando ya se han dado las condiciones se ha cumplido, el retraso es de ONPE. Nosotros no teníamos qué trasladar”, manifestó.

Las declaraciones surgen luego de que la ONPE responsabilizara públicamente a la empresa por los retrasos que afectaron la instalación de mesas de sufragio, principalmente en Lima.

“No tenemos los conocimientos de todos los argumentos más de lo que se ha difundido por todos los medios de comunicación, porque no hemos sido notificados. Nuestro representante legal ya acudió a la Fiscalía a rendir su manifestación y ha declarado que no tenemos ningún tipo de responsabilidad”, señaló Cristian Castillo.

Frente a ello, la defensa de Galaga también comentó el manejo de sus operaciones durante las elecciones 2026. Aseguró que la empresa dispuso dos camiones por centro de votación para trasladar el material electoral. El primer camión transporta los elementos electorales como lapiceros, actas, ánforas y otros artículos; mientras el segundo vehículo se encarga de los equipos informáticos.

En ese contexto, Cristian Castillo explicó que si el primer vehículo no está abastecido, el segundo no puede salir e hizo hincapié que la responsabilidad es únicamente de ONPE.

“Hay que determinar que son dos camiones. Los camiones de material electoral sí estaban llenos y estaban esperando al segundo camión de los equipos de cómputo, que no estaban completos. Es más, Contraloría ha detectado, y lo ha señalado en uno de los informes, que un personal de ONPE salió diciendo: ‘oye, faltan estas computadoras que tiene que ir en ese camión’, cuando ya el camión estaba cerrado”, explicó.

Por otro lado, el representante de Galaga afirmó que mantuvo contacto con Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, quién no dio solución inmediata a la demora.

El Ministerio de Cultura anunció el inicio de acciones legales contra el creador de contenido Cristopher Puente Viena, conocido como “Cristorata”, luego que este hiciera comentarios discriminatorios y racistas en una trasmisión en vivo.

“Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”, indicó el Mincul a través de su comunicado, en el que sustentó su actuar en el artículo 323 del Código Penal.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde el streamer cuestionó los resultados de las Elecciones Generales 2026 con frases despectivas e insultos racistas dirigidos a votantes de regiones específicas del país.

La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura formalizará la denuncia ante la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. El objetivo de esta intervención es que se inicien las investigaciones preliminares para determinar las responsabilidades penales frente a los discursos que vulneren la dignidad de las personas.

El Ministerio de Cultura también exhortó a los medios de comunicación y creadores de contenido digital a utilizar el lenguaje de forma responsable en sus canales de difusión. La institución enfatizó la importancia de evitar mensajes que promuevan o normalicen la discriminación étnico-racial en un contexto de alta sensibilidad política.

“Cristorata” publicó un descargo en sus redes sociales donde admitió que sus palabras fueron ofensivas y carecían de justificación. Según indicó, sus expresiones fueron producto de un momento de irritación personal ante el panorama electoral, por lo que pidió disculpas a los ciudadanos que se sintieron agraviados por sus comentarios.

César Pérez, actual alcalde del Callao, se pronunció a través de su abogada Silva Sánchez y rechazó el allanamiento de la Municipalidad Provincial del Callao, hecho que fue realizado en conjunto por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio público en el marco de una investigación por presuntos casos de corrupción.

La defensa del burgomaestre César Pérez aseguró que durante las diligencias no se hallaron elementos incriminatorios. Además, dijo que, tras revisar documentos personales y otros bienes del alcalde, no se encontró ninguna prueba que lo vinculen con actos ilícitos.

“En este allanamiento no se ha encontrado nada irregular, son ocho meses de investigación que se viene realizando en diligencias, donde más bien se han verificado el esclarecimiento de los hechos en donde no se le encuentra a él en ningún tipo de participación. Tanto es así que en el propio requerimiento que el fiscal señala de manera escrita, él mismo refiere que no hay ningún indicio y parece ilógico que se está llevando este tipo de medidas”, dijo ante la prensa Silva Sánchez.

La defensa de César Pérez también aclaró que los allanamientos y las detenciones preliminares judiciales son medidas excepcionales que deben aplicarse de carácter urgente y de forma inaplazable con la finalidad de asegurar la investigación.

“Esta investigación tiene ocho largos meses que se han venido desarrollando sin ninguna contingencia, ninguna diligencia que haya generado algo inapropiado. Estamos a cinco días que esta investigación termine y recién realizan requerimientos de allanamientos de detenciones judiciales sorprendiendo a magistrados y jueces de investigación preparatoria para que funden este tipo de medidas”, precisó el abogado.

“El tipo de ejercicios por parte del Ministerio Público, en específico del fiscal, no debe generar algún pronunciamiento a los magistrados justamente no han fundado esta detención preliminar porque se ha pedido no solo un allanamiento sino una detención preliminar”, agregó Silva Sánchez.

Por otro lado, al ser consultada por las ordenes de servicio observada por montos que superan aproximadamente los 63 mil soles, la defensa señaló que esos hechos están en materia de investigación y se encuentra bajo reserva.

Cabe recordar que en la madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público pusieron en marcha un operativo de allanamiento en viviendas vinculadas al alcalde provincial del Callao, César Pérez, y al exalcalde Pedro Spadaro, en San Isidro.

Cabe señalar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso.

La madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público pusieron en marcha un operativo de allanamiento en viviendas vinculadas al alcalde provincial del Callao, César Pérez, y al exalcalde Pedro Spadaro, en el distrito limeño de San Isidro. Esta acción es parte de la investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto.

En un megaoperativo en conjunto de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircorcoc PNP) y el Ministerio Público, se intervinieron más de 15 inmuebles de funcionarios y exfuncionarios relacionados en el caso, entre ellas las propiedades del actual alcalde provincial del Callao y del exburgomaestre Pedro Spadaro.

Las diligencias se ejecutan como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos dentro de la Municipalidad Provincial del Callao entre los años 2023 y 2025.

La intervención tiene como objetivo recabar elementos de convicción, incautar documentación clave y esclarecer los hechos para identificar a todos los presuntos responsables involucrados en el caso.

Las investigaciones preliminares señalan presuntos vínculos entre proveedores y altos funcionarios de la entidad edil, lo que habría derivado en un posible direccionamiento en los procesos de contratación pública.

Allanan la Municipalidad Provincial del Callao

La Policía Nacional del Perú también intervino la Municipalidad Provincial del Callao con el fin de hallar documentación relevante del caso. Como se recuerda, anteriormente ya hubo un hallazgo sobre pago irregulares a una empresa en particular.

Entre las empresas bajo investigación figura Glamour Style Salón Spa, que habría recibido órdenes de servicio por montos superiores a los 60 mil y 90 mil soles, pese a cuestionamientos sobre la idoneidad de sus representantes.

Asimismo, la Fiscalía investiga a la gerente general del Callao y a presuntos apoderados de la empresa mencionada, quienes habrían obtenido contratos con la comuna en circunstancias que aún son materia de investigación.

Cabe señalar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso. Se dio a conocer una sociedad entre ambos implicados, desde 2022, cuando fundaron Glamour & Style Salon Spa S.A.C. Sin embargo, la gerenta y el apoderado de la empresa han estado emitiendo órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao.

Pedro Spadaro, exalcalde del Callao, se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público allanaran sus vivienda en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el exburgomaestre Pedro Spadaro señaló que se ha vulnerado la intimidad de su entorno más cercano “sin motivo legal alguno” y en la etapa final de la investigación en su contra.

“La fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis dos menores hijas, sin motivo legal alguno y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, señaló Spadaro en su comunicado.

“Pero también tengo que decirlo con claridad: esto no es justicia, es un show mediático. La fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa”, agregó en su mensaje compartida en sus redes sociales.

Asimismo, Pedro Spadaro anunció acciones legales contra los responsables del allanamiento a su vivienda.

“Frente a este abuso, voy a iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables. A quienes no les conviene el cambio que hemos generado en nuestro primer puerto, les digo con total firmeza: no nos van a detener”, puntualizó el exalcalde del Callao.

Cabe recordar que en la madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público pusieron en marcha un operativo de allanamiento en viviendas vinculadas al alcalde provincial del Callao, César Pérez, y al exalcalde Pedro Spadaro, en San Isidro.

Esta acción es parte de la investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto. Cabe señalar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso.

Este 2026, gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, El Comercio no solo logró superar la valla de 2.000 denuncias enviadas a la Sutran para que se conviertan en sanciones efectivas alineadas a la normativa vigente; sino que también amplió su alcance al recibir reportes por cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central.

En consecuencia, la plataforma que inicialmente se enfocaba en recibir denuncias por invasiones al carril de emergencia, ahora también recopila evidencia audiovisual sobre infracciones como circular en sentido contrario, exceder los límites de velocidad, realizar paradas en zonas prohibidas o efectuar maniobras peligrosas.

Cabe recordar que la invasión a las bermas -nombre técnico de las vías auxiliares- es identificado como la falta G11 del RNT, se considera una infracción grave y se sanciona con una multa de 8% de una UT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Tras informar sobre la ampliación del sistema de Papeletas Ciudadanas, el equipo de #NoTePases recibió más de 550 reportes.

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El sistema detrás de la campaña de #NoTePases se sostiene principalmente en la participación ciudadana. Por ello, resulta fundamental que nuestros lectores contacten al equipo de la campaña a través del WhatsApp +51 937 714 189.

A través de dicha vía, el ciudadano deberá enviar un video en alta calidad en el que se pueda ver con claridad la placa del vehículo infractor, y un mensaje detallando la infracción, además de la fecha, hora, ubicación (kilómetro y distrito) y sentido de la carretera en la que fue registrada.

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Con el registro audiovisual que nos envíes, el equipo de la campaña #NoTePases formulará papeletas ciudadanas, un sistema que, amparado por el Reglamento Nacional de Tránsito, permite a cualquier peruano presentar una denuncia contra choferes que cometen una infracción.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Este mecanismo es posible gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, que respaldan la iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial mediante el uso de herramientas digitales y la colaboración ciudadana.

Durante el desarrollo de esta campaña, representantes de la Sutran resaltaron que el trabajo conjunto con la ciudadanía y los medios de comunicación resulta clave para cumplir con las funciones de fiscalización.

Además, indicaron que su trabajo no puede operar de manera aislada y que la participación de los usuarios de las vías aporta información relevante para identificar conductas indebidas.

“En ese contexto, destacamos la iniciativa impulsada por El Comercio, que promueve la participación de la ciudadanía en la identificación de conductas infractoras al tránsito en la red vial nacional. Dar a conocer estas acciones cumple una función preventiva y disuasiva al advertir estas infracciones y que no queden impunes”, expresó en su momento Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran.

Torres también mencionó que las instituciones privadas y estatales son aliados estratégicos para identificar faltas al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) y poder disuadirlas en favor de la seguridad ciudadana.

Desde el 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.

Por ello, es importante resaltar que el objetivo principal de esta iniciativa no es solo castigar a los infractores, sino también generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

El exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel (r) Franklin Barreto, destacó en conversación con El Comercio el aporte de este tipo de iniciativas para la sociedad.

“El balance siempre será positivo porque están visibilizando conductas que lamentablemente ya tenemos muy normalizadas. Los infractores de tránsito tratan de aprovechar cualquier situación para anteponer su conveniencia sobre el bienestar general. La campaña que ha impulsado El Comercio tiene una gran repercusión no solo en la sociedad sino que contribuya a esta falta de educación vial”, resalta Barreto.

El coronel lamenta, además, que el Estado aún no haya podido cumplir hasta ahora en una efectiva educación vial. Esta campaña “lo que ha intentado es justamente actuar ante esa ausencia del Estado”, menciona.

Barreto destaca también que #NoTePases haya encontrado la forma de que las denuncias ciudadanas, contempladas en la normativa nacional, se conviertan en sanciones efectivas. “Hace pocos años revisaba las placas que denunciaban los ciudadanos y no figuraban las sanciones, pero este año revisé algunas placas de su campaña y he podido verificar que sí se encuentran como infracciones en el sistema”, apuntó Barreto.

“Durante décadas los ciudadanos se volvieron insensibles ante la burla de las normas de tránsito. Este tipo de campañas sirven para despertarnos como ciudadanos y saber que podemos ser parte del cambio. Si bien aún nos falta mayor educación vial, podemos ir actuando desde el sentido común”, añade Barreto.

Un doble homicidio se perpetró esta noche en Barrios Altos, en la intersección del jirón Huari y Centro Escolar. Delincuentes abrieron fuego contra el conductor de una cúster de Los Moraditos, mientras cubría la ruta hacia Villa María del Triunfo (VMT).

Según los testigos del ataque, los delincuentes iban a bordo de una moto lineal. Se acercaron a la venta del chófer, identificado como Óscar Francisco Mucha Valle y empezaron a disparar contra él y la unidad de transporte.

El conductor murió en el lugar, mientras que un pasajero resultó gravemente herido durante el ataque. Él fue trasladado de inmediato al establecimiento de salud más cerca; sin embargo, a su llegada, los médicos confirmaron su muerte.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha decidido la disolución y el inicio del proceso de liquidación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC del Centro).

La medida, que será oficializada mediante la publicación de la Resolución SBS N° 01123-2026, en el Diario El Peruano, fue tomada con la finalidad de cautelar los activos de la CRAC del Centro.

Para la SBS, la oportuna intervención en la entidad financiera permite que se pueda garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los clientes y acreedores.

¿Por qué la SBS intervino la CRAC del Centro?

El último martes 14 de abril, la SBS decidió intervenir la CRAC Centro por el deterioro de su solvencia, causal de intervención según el numeral 4 del artículo 104 de la Ley N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros).

La intervención busca cautelar los intereses del público ahorrista y la estabilidad del sistema financiero. Esto tras identificar pérdidas continuas, deficiencias en la gestión crediticia de negocios, lo cual condujo a más pérdidas, y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas.

En los últimos 12 meses, el patrimonio efectivo de la CRAC del Centro disminuyó en 57.26%, lo que equivale a S/ 7,049 mil.

Por último, el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) tiene un monto máximo de S/ 117 200 para cubrir a todos los ahorristas en liquidación, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro.

A partir del lunes 20 de abril, podrán conocer la relación de los ahorristas que podrán retirar sus depósitos sujetos a cobertura. Cualquier duda podrá ser consultada en la página web de la SBS y en la página web de CRAC del Centro en Liquidación. También pueden llamar al teléfono de la SBS (0-800-10840).

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con la búsqueda de Irma Navarro Álvarez, una menor de 14 años, reportada como desaparecida desde el último miércoles 8 de abril.

De acuerdo a la alerta emitida por la PNP, Irma desapareció en el Rímac, cuando se encontraba en el domicilio de su tío. Es de contextura delgada, de tez mestiza, cabello castaño y mide 1.50 metros.

Según la denuncia, tiene dos dos lunares en la parte derecha del cuello, y vestía un pantalón azul, zapatillas blancas y un polo plomo que tenía un estampado de Mickey Mouse.

Contacto de ayuda

Si usted tiene información que ayude a ubicar a la menor, puede comunicarse con las autoridades de la PNP, a través de la Línea 114.

Cifras

De acuerdo al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), solo en el 2025, se reportaron 1063 menores desparecidos. Solo Lima concentra 441 reportes.

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advirtió la presencia de posibles maretazos en el litoral peruano, ante la persistencia de oleajes anómalos. Se prevé que este fenómeno continuará hasta el lunes 20 de abril.

De acuerdo a Marco Bartens, jefe del departamento de Oceanografía de esta dependencia de la Marina de Guerra, los oleajes se deben al incremento del nivel de la marea, debido a la fase lunar de cuarto menguante, orbitando a luna nueva desde el viernes 17 de abril. “Esto genera un incremento del nivel del mar y genera un impacto mayor del oleaje en las playas”, advirtió para TV Perú.

Oleajes podrían poner en peligro la seguridad

De acuerdo a Bartens, el fenómeno de moderada intensidad se originó en el sur, y se expandió luego a la zona centro y al norte. Estas olas son el doble en tamaño, fuerza y potencia que las que se dan en condiciones normales. “Es un oleaje anómalo que puede poner en peligro la seguridad y la vida de las personas”, afirmó.

Por tal motivo, exhortó a los bañistas a tener cuidado, y a pidió a las autoridades y entidades vinculadas a la actividad marina a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar daños y accidentes.

Se indica que estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas ubicadas hacia el suroeste.

Oleajes anómalos: ¿qué zonas son afectadas por este fenómeno?

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y el puerto de Salaverry (La Libertad), se reporta oleaje moderado, y se prevé que pase a ligero desde el jueves 16 de abril.

En el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, en Ica, se registra oleaje moderado, que podría transformarse a libero desde el 16 de abril.

En la zona que va de Chancay hasta San Juan de Marcona se registra un oleaje moderado que pasaría a ligero la tarde del viernes 17 de abril.

Por último, en el litoral sur, que empieza en San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado reducirá a ligero el viernes 17 de abril.

Un presunto extorsionador disparó contra un chofer de combi, identificado como Cristhian Yara, en el cruce de la avenida Belaunde y Túpac Amaru, en Comas.

Según los testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 3:50 p. m. La víctima se encontraba llenando la combi, cuando un sujeto se hizo pasar por un pasajero para atacarlo con un arma de fuego.

La Policía Nacional intervino, en el lugar de los hechos, a un jalador de la zona por una presunta complicidad con el atacante. Según las imágenes de la cámara de seguridad, él habría dado aviso al presunto sicario.

El joven fue derivado al hospital Sergio Bernales de Collique. Por la gravedad de sus heridas, su diagnóstico es reservado.

Peritos de criminalística llegaron a recoger muestras y los casquillos de bala para realizar las investigaciones correspondientes.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que 15 trabajadores de la empresa agroindustrial Camposol S.A. resultaron intoxicados tras un derrame de productos químicos, en las instalaciones ubicada en el kilómetro 497 de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, La Libertad.

El hecho se registró cerca de las 3:00 p. m., bajo circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo al testimonios de los trabajadores, la ruptura de una tubería que transporta los productos químicos ocasionó la contaminación. No obstante, aún se espera la versión oficial de las autoridades.

Los obreros intoxicados fueron llevados de emergencia al Hospital Bicentenario de EsSalud de Chao, donde recibieron atención médica.

Aunque el número de víctimas asciende a 15, el COER La Libertad no descartó que hay un incremento de trabajadores intoxicados. Por esa razón, vienen realizando un monitoreo constante en el área de emergencia.

Hasta el momento, la agroindustrial Camposol no ha brindado ningún pronunciamiento al respecto.