Esto no le da al Ejecutivo razones para celebrar. De los 66 puntos que pidió el gobierno, se aprobaron apenas una veintena, y quedaron en pie solo dos de las ocho materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, y por un plazo recortado de 90 días. Lo que quedó afuera era importante y su exclusión revela una actitud mezquina.

¿Qué se perdió en el recorte? En primer lugar, la simplificación y el Estado digital: es decir, cambiar las reglas del procedimiento administrativo, la firma y las credenciales digitales. En segundo lugar, la meritocracia en el Estado, que incluía requisitos de idoneidad y salidas voluntarias con incentivo, lo más cercano a una reforma del servicio civil que este gobierno haya planteado. Asimismo, quedó fuera la mype, con la formalización voluntaria y el ‘factoring’, precisamente en un país donde más del 80% del empleo era informal. Por otro lado, tampoco avanzó el comercio exterior, que buscaba bajar costos y tiempos en aduanas y controlar las mercancías hechas con trabajo forzoso, en un momento en el que Europa ya aprobó cerrar su mercado a esos productos, un tema decisivo para un país exportador. Finalmente, se descartaron el agua y la vivienda, con subsidios cruzados focalizados y el destrabe de la vivienda de interés social. En definitiva, nada de esto era ideológico; todo respondía a una urgencia nacional.

Más grave aún: ni siquiera en seguridad se otorgó todo lo necesario. Quedaron fuera la capacidad operativa de la DINI, la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los penales y la declaración de organizaciones transnacionales como terroristas, herramientas que le permitirían al gobierno elaborar una política seria contra el crimen organizado.

El Ejecutivo debe reconocer que meter todo en un solo paquete fue un error. Lo que corresponde ahora es presentar un segundo pedido, corto y sin temas que dividan –simplificación, meritocracia, mype, aduanas y agua– y perseverar hasta conseguirlo. No se trata de rendirse ante un recorte injustificado, sino de demostrar que, aun con una mayoría esquiva, hay voluntad para sacar adelante lo esencial. El camino está trazado; avanzar pese a las resistencias es, al final, lo que el país espera del gobierno.

En el Perú, todavía hacen falta medidas para gestionar eficientemente la fatiga. Recién el año pasado se corrigió un vacío normativo sobre la contabilización de las horas de vuelo. Es un avance necesario, pero apenas el punto de partida de una tarea regulatoria más amplia, que otros países de la región ya completaron hace años.

Desde Siplap hemos planteado la seguridad operacional como uno de nuestros principales ejes, porque un marco débil en gestión de fatiga constituye una brecha que compromete a toda la cadena: pilotos, tripulaciones, controladores aéreos y, al final, a quienes ocupan un asiento en cabina.

La gestión de la fatiga no depende solo de cuántas horas se contabilizan, sino de cómo se organizan los turnos y de la posibilidad real de planificar y recuperar el descanso. Cambios frecuentes en las programaciones o jornadas exigentes pueden afectar la recuperación del piloto y, con ello, su capacidad de respuesta ante escenarios adversos.

Por eso, las condiciones de descanso y la estabilidad de las programaciones no deberían entenderse solo como beneficios laborales, sino como herramientas de prevención. Un piloto con condiciones adecuadas para descansar está en mejores condiciones para tomar decisiones y mantener su nivel de alerta durante una operación.

En esa línea, la negociación colectiva de Siplap incorpora la seguridad operacional, la gestión de la fatiga y una mayor estabilidad en la programación de los vuelos, aplicando al trabajo cotidiano de los pilotos los mismos principios de prevención que la aviación internacional reconoce desde hace décadas. El caso del accidente ocurrido en julio del 2022 en el Aeropuerto Jorge Chávez, en el que un avión colisionó con un camión de bomberos y dejó tres personas fallecidas, es una muestra de lo que está en juego: en su investigación, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) identificó múltiples factores contribuyentes, entre ellos la fatiga y la reducción del nivel de alerta en los controladores aéreos como uno de los elementos del entorno operativo que deben revisarse. Ejemplos como este son un recordatorio de que cerrar la brecha regulatoria en materia de fatiga no es un asunto abstracto, sino una condición para operar con mayores márgenes de seguridad.

Tanto el regulador como el operador peruano deberían tomar en cuenta que cerrar esa brecha beneficia a cada piloto, cada tripulante y, sobre todo, a cada pasajero que aborda un avión en el Perú.

Si bien su primera derrota estruendosa fue el fracaso en el intento de censurar al ministro del Interior, César Astudillo, el rechazo absoluto a otorgar las facultades extraordinarias para legislar, solicitadas por el Ejecutivo, también ha terminado siendo desechado por sus pares de la Cámara Baja.

Juntos por el Perú creyó que enviando al archivo el pedido del Ejecutivo iba a arrinconar a un gobierno que todavía no cumple 100 días de gestión. No calculó que quienes fueron sus aliados para ganar la Mesa Directiva de Diputados le iban a dar la espalda al no estar de acuerdo con ser catalogados como oposición irresponsable y sin argumentos.

Si bien el Ejecutivo no midió al enemigo que se enfrentaba cuando presentó 66 iniciativas como parte de las facultades, debería ahora aprovechar la coyuntura para con sus diputados enriquecer el texto sustitutorio que saldrá de la Comisión de Constitución. No es momento del “todo o nada”, sino de salvar unas facultades que estaban perdidas.

La censura al ministro César Astudillo es otra historia. Cuando parecía que la suerte del general EP en retiro estaba echada se produjo lo inesperado. Primero una escueta declaración del líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau: “Hay que pensar en el Perú”, que dejaba entrever que su agrupación no apoyaría la salida del titular del Interior. Luego vino la carta abierta del diputado Harvey Colchado, exhortando a no apoyar la censura. El desencanto de los más entusiastas “barristas” del exrector y del policía en retiro fue inocultable. Jamás pensaron que precisamente los personajes que ellos ayudaron a encumbrar con tanto ahínco se bajaran del barco de la oposición radical.

Luego fue la bancada de Obras, que recibió el jalón de orejas de su fundador Ricardo Belmont, opuesto a la censura. La bancada del Partido del Buen Gobierno, que estuvo de acuerdo con la salida del ministro, cambió de opinión tras reunirse con él. La decisión se caía de madura. Bastó el retiro de tres firmas de la moción para que esta fuera inviable al no cumplir con los requisitos.

Juntos por el Perú se va quedando solo en su intento de oponerse a todo. Parece evidente que Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación no quieren verse identificados con una oposición irracional que solo buscaría el fracaso de un gobierno para pescar a río revuelto.

Tampoco les debe hacer gracia identificarse con el razonamiento del excandidato presidencial Roberto Sánchez, cuyo mayor argumento para oponerse a las facultades fue calificarlas de “mamarracho”.

¿Será que ha llegado el momento de abrir nuevos puentes en un diálogo indispensable entre Ejecutivo y Legislativo?

Para que ello se concrete será necesario un renovado entendimiento, y aprovechar que los últimos hechos demuestran que no toda la oposición quiere estar en la vereda radical de Juntos por el Perú, porque esa foto no les gusta.

¿Cómo se sostiene entonces la narrativa ultraconservadora que afirma que “la violencia no tiene género”? Si fuera así, ¿por qué el 99,8% de los presos por delitos de connotación sexual son varones en agravio de mujeres o menores de edad, así como el 99% de los feminicidas y el 98,5% de los acusados de violencia familiar? Pues no, el Congreso anterior eliminó el factor de género a la hora de diseñar políticas públicas en todos los sectores y también la educación sexual integral en las escuelas, ignorando que ser mujer o menor de edad aumenta exponencialmente el riesgo de ser víctima de violencia en general, y de violencia sexual en particular.

Objetivamente, el género y la edad son factores de riesgo indiscutibles y, por ello, los espacios donde se desenvuelven mujeres, niños y adolescentes son prioridad. Las escuelas, las residencias estudiantiles, el transporte público, los centros de trabajo y los hogares, están siendo aprovechados por los agresores, que se saben impunes, pues son apañados por sus instituciones y por los responsables de tramitar las denuncias.

Intervenir un colegio no sirve de mucho si no se ataca la raíz del problema en todo el territorio. El nuevo gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados no parecen estar interesados en elaborar un trabajo técnico que aborde la condición de mujer o de infancia como categoría de alta vulnerabilidad que debe ser protegida por el Estado. Sus decisiones se mueven por intereses personales, políticos o religiosos. Por otro lado, el sistema de justicia se muestra incapaz de cautelar los procesos para que no caigan en el archivo y no protege a las víctimas contra las amenazas y el hostigamiento de sus denunciados y sus cómplices. La negación y la rampante impunidad están ayudando a envalentonar a los agresores e intimidar a las personas que denuncian y que son posteriormente amedrentadas, revictimizadas, desacreditadas e, incluso, quebrantadas en su derecho a proteger su identidad. Seguiremos viendo cómo las víctimas desisten de su denuncia, se cambian de colegio o de trabajo por miedo a seguir siendo piñata de compañeros, directores de escuela, colegas de trabajo, abogados, políticos e incluso periodistas.

Es imperioso que los que ostentan el poder asuman su responsabilidad. No es suficiente tomar la administración de un colegio o realizar otro informe más sobre la situación de las niñas de Condorcanqui. Hablamos de hacer una real limpieza de funcionarios que son agresores y de los responsables de gestionar las denuncias que entierran los casos o amenazan a las víctimas. Hablamos de medidas de protección efectivas para los denunciantes, apoyo psicológico y abogados de oficio que litiguen con eficiencia y consigan condenas efectivas. Hablamos de que quien la haga, la pague, conforme a ley y con el debido proceso. Hablamos de mirarnos al espejo y reconocer que algo bien feo nos está pasando.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL FÚTBOL MOVERÁ LA ECONOMÍA EN LAS ELIMINATORIAS 2026

Los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030 podrían impulsar la economía del Cusco. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio local, estimó que recibir partidos en la ciudad imperial incrementaría entre 8% y 10% el flujo turístico y los ingresos del mes. Además, identificó oportunidades para desarrollar infraestructura deportiva a 20 o 30 kilómetros de la ciudad. La proyección evidencia el potencial del fútbol para dinamizar servicios y generar nuevas oportunidades de negocio.

🟢LOS ESCOLARES TAMBIÉN PUEDEN CONTAR HISTORIAS

El Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio promueve la participación ciudadana y la formación periodística de niños y adolescentes. En su segunda edición del año, 200 niños de 40 colegios de todo el Perú ya están listos para contar historias sobre emergencias climáticas, como el fenómeno de El Niño y eventos climatológicos adversos, desde sus localidades. Desde su relanzamiento, 3.400 menores han participado en la iniciativa, que suma más de 520 notas publicadas y 2,6 millones de vistas en la web.

🔴MÁS EXTORSIONES EN EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA

En el Día Internacional de la No Violencia, las cifras evidencian el avance de la extorsión en el Perú y las dificultades para contenerla. Las denuncias pasaron de 4.761 en el 2021 a 26.217 entre agosto del 2025 y julio del 2026, mientras los procesados encarcelados aumentaron de 315 a 1.028. Sin embargo, los sentenciados descendieron de 712 a 650. El contraste expone la necesidad de evaluar la respuesta estatal frente a un delito que amenaza a ciudadanos y transportistas.

Para empezar, estas elecciones nacieron teñidas por el fraude, ya que la competencia no ha sido igual para todos. López Aliaga tenía la obligación constitucional de asumir su cargo de senador y el mismo texto establece de manera explícita la prohibición de la reelección.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nada menos que un vocal supremo, aterrado por las amenazas públicas de ‘Porky’ de sodomizarlo y hasta matarlo, optó por violar la Constitución. Pase lo que pase el domingo, Burneo debe alejarse de cualquier función pública y asumir las consecuencias legales de lo que ha hecho.

Ya en campaña, tramposo siempre –no por nada imitador de Trump–, pone carteles con ‘Porky’ alcalde y, a la vez, no reporta gastos de campaña ante la ONPE argumentando que él es solo un candidato a regidor.

Los problemas no son solamente los mencionados, sino que fue un pésimo alcalde de Lima. Ofreció de todo al electorado, empezando con la promesa de que convertiría la capital en “una potencia mundial”, llevándonos, más bien, a un desastre local. Ejemplo: a diferencia del invalorable ‘Zanjón’ del ‘Tucán’, en el de ‘Porky’, sin estudios previos, no incluyó cruces peatonales (causó una muerte y varios heridos) ni cruces para vehículos (aún inexistentes). Su legado: una vía expresa inconclusa y con semáforos.

Asimismo, caprichoso ‘Porky’, decidió que los corruptos peajes de Odebrecht no podían continuar. Pequeña omisión: desde antes de su gestión eran ya propiedad de un gigantesco y prestigioso fondo canadiense de pensiones. Ya no tenemos peajes en la Panamericana y la municipalidad ha tenido que asumir el costo del mantenimiento, en detrimento de otras inversiones.

Como era previsible, se viene perdiendo arbitraje por arbitraje y a un costo enorme que pagaremos todos para que la municipalidad pueda seguir funcionando. Ya a los abogados contratados –que sabían que iban a perder los cuatro casos y que perderán los siguientes– se les ha pagado US$26’354.176, en soles casi 100 millones. Se avecina uno adicional que se presume nos costaría unos S/1.509 millones (US$440 millones).

Le agrego a estas perlas que –homofóbico patológico como es– dice de su principal contrincante en esta lid que no se esconde en el clóset: “Esta bebita tiene que morir acá. Pero qué bebita para malcriada, maleducada. Es engreída y caprichosa”.

Está fresco todavía el horroroso caso en el que un grupo de alumnos del Liceo Naval violentó con un palo de escoba en el ano a un muchacho. Lo hicieron por su raza, por envidia de su talento deportivo y sus notas en la escuela. Amenazas como las de “voy a meterte un Morrocoy”, dirigidas al presidente del JNE, podrían haber llegado a los oídos de estos adolescentes, animándolos a repetir esa monstruosidad.

Para mí, más impactante que un tercio de los electores diga que votará por ese candidato es que ello se eleve al 54% en el nivel socioeconómico A –última encuesta publicable de Ipsos–. ¿Cómo entender a los que se presume están mucho mejor informados de todo lo descrito? Que, se supone, tienen una mejor educación y son cosmopolitas. ¡Qué difícil entender su masoquismo!

Pero, sorpresas te da la vida, entre los más pobres –NSE E– sus adhesiones bajan a 15% –según la misma encuesta de Ipsos–. Los que a las justas sobreviven, que no tienen tiempo ni recursos para estar informados, intuyen mejor lo que significaría el retorno de este oscuro personaje a la municipalidad de Lima.

En una economía con alta informalidad como la nuestra, el aumento en la RMV hace que el equilibrio se fije en otro nivel y se priorice a los trabajadores que indican mayor productividad. Como la RMV es usualmente el salario más bajo en el mercado formal, su aumento resulta en menor empleo y algunos empleados son expulsados al mercado informal. Así, los montos dependerán del aumento de la RMV y de la productividad de la economía. Al final, solo unos cuantos se benefician de la remuneración, en vez de aumentar el bienestar del empleado.

Según nuestros cálculos y sin contar los efectos de la demanda, solo cerca de 500.000 trabajadores, de un total de casi 18 millones, se beneficiarían de los dos aumentos programados.

Lo preocupante es que esta decisión se toma cuando el mercado de trabajo se ha convertido en el mayor soporte de nuestro crecimiento económico, que viene impulsado por el aumento en la inversión privada. Es de esperar que este incremento de la inversión se traduzca en una mayor productividad, y en mejores salarios para nuestros trabajadores.

Sin embargo, cuando uno revisa el mercado laboral, los salarios más altos están en las grandes empresas y los trabajadores más productivos. Por el contrario, la mayor proporción de empleos se concentra en las pequeñas empresas y con menores capacidades; esto es 12,6 millones de puestos de trabajo. Según el INEI, la tasa de informalidad llega al 88% en las pequeñas empresas y 84% dentro de los trabajadores menores de 24 años. Más aún, de un total de 8,4 millones de trabajadores que ni siquiera se dedicaron a buscar empleo, 3,3 millones son jóvenes. Para estos últimos, el aumento de la RMV hará aún más difícil el soñado empleo permanente.

Mejorar los ingresos de los trabajadores es necesario. Pero hacerlo sin medir las consecuencias sobre las empresas y el empleo formal puede terminar perjudicando a quienes se busca beneficiar. La remuneración mínima vital (RMV) no puede fijarse a partir de decisiones improvisadas. Debe responder a criterios técnicos, ser previsible y considerar la realidad económica del país.

En el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, empleadores y trabajadores coincidimos en la necesidad de incrementar la remuneración mínima. La diferencia está en cómo y cuándo hacerlo. Desde la Cámara de Comercio de Lima fuimos claros: el aumento debe ser gradual y responsable, considerando a las micro y pequeñas empresas, y los riesgos que enfrenta nuestra economía ante el fenómeno de El Niño.

El gobierno optó por un incremento escalonado, recogiendo parcialmente esta preocupación. Pero anunciar un aumento de S/100 cuando está por entrar en vigencia no es razonable. Las empresas no pueden administrar sus costos sobre la base de sorpresas. Necesitan tiempo para presupuestar, reorganizarse y cumplir. Por eso, el primer tramo debió aplicarse, como mínimo, desde noviembre.

El bono anunciado puede aliviar el impacto inicial y debe implementarse rápidamente y sin trabas. Pero no confundamos una solución temporal con el problema de fondo. El bono se acaba. El mayor costo laboral permanece.

Por eso, el segundo incremento de S/70 no puede operar en piloto automático. Antes de aplicarlo, debe evaluarse qué ocurrió con el primer tramo, cuánto afectó al empleo formal, a las empresas y la economía. Decidir primero y medir después sería el camino equivocado.

La RMV no puede convertirse en una decisión política desconectada de la economía real. El desafío no es simplemente decretar mejores ingresos, sino que estos sean sostenibles, sin destruir empleo formal ni empujar a más empresas hacia la informalidad. Gradualidad sí. Improvisación no.

Todas las empresas en el Perú que venden bienes y servicios gravados con IGV están obligadas a tener una cuenta de detracciones en el Banco de la Nación, donde sus clientes les depositan un porcentaje de los ingresos que facturan. Los fondos depositados en esas cuentas sólo pueden ser usados para pagar impuestos, cosa que ocurre una vez al mes. El Banco de la Nación no paga intereses por esos fondos.

El costo para las empresas no es despreciable. A fines de julio, el Banco de la Nación tenía S/13.000 millones en depósitos a la vista (o cuentas corrientes) en moneda nacional (más que todos los demás bancos, excepto dos). La mayor parte, sospechamos, son detracciones. Si esos depósitos estuvieran en otros bancos, las empresas de todo tamaño podrían estar ganando unos S/200 millones al año, asumiendo una tasa de interés de 1,5%, que es la mitad de lo que gana el propio Banco de la Nación cuando coloca sus fondos en otros bancos.

El sistema de detracciones tiene la ventaja de asegurar la disponibilidad de fondos para el pago de impuestos. Pero no hay ninguna ventaja adicional, desde el punto de vista de la Sunat, en el hecho de que esos fondos estén necesariamente en el Banco de la Nación. Podrían estar en cualquier otro banco, en cuentas especiales que sólo puedan usarse para el pago de impuestos, con la única diferencia de que los bancos competirían por esos fondos pagando intereses. Las empresas deberían ser libres de escoger el banco donde quieren tener su cuenta de detracciones, así como la gente ahora es libre de escoger en qué banco tener su CTS o en qué AFP tener su cuenta de jubilación.

Un exministro a quien le dimos la idea hace unos años nos hizo saber después que a los bancos no les había interesado. Quizás a los más grandes no, pero estamos seguros de que a los más chicos sí, porque con esos fondos podrían ofrecer préstamos personales a tasas más atractivas. Dejemos que el mercado decida.

El ciudadano no espera una disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Espera justicia. Y las deficiencias del sistema no pueden atribuirse exclusivamente a una institución. Tienen responsabilidades el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo, el Congreso, la Policía, el INPE y las demás entidades involucradas.

Defender la independencia judicial es indispensable, pero independencia no significa ausencia de crítica. Todas las instituciones deben ser evaluadas por sus resultados y, sobre todo, por la respuesta que brindan al ciudadano. Según la encuesta de Datum publicada por este Diario, apenas el 15% de peruanos confía en jueces y fiscales. La cifra mejoró seis puntos desde abril del 2025, pero ocho de cada diez todavía no confían.

Los militares y policías procesados por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo merecen respeto al debido proceso y decisiones dentro de plazos razonables. Pero ese mismo derecho corresponde a cualquier peruano que lleva años esperando justicia.

Es el transportista que denuncia una extorsión y no sabe si la investigación avanzará; el comerciante que espera años una sentencia; o la madre cuya audiencia por alimentos vuelve a reprogramarse.

Existen experiencias que demuestran que es posible hacerlo mejor. Las unidades de flagrancia evidencian que, cuando la policía, fiscalía, defensa pública y Poder Judicial trabajan articuladamente, el Estado puede responder con mayor rapidez. ¿Por qué esa coordinación no puede trasladarse progresivamente al resto del sistema?

Tenemos problemas de provisionalidad de magistrados, sobrecarga procesal, infraestructura, presupuesto e interoperabilidad. Pero la reforma exige responsabilidades compartidas: el Ejecutivo en seguridad, defensa pública y sistema penitenciario; el Congreso en mejores leyes y procedimientos; el Ministerio Público en la investigación fiscal; la policía en tecnología y capacitación; y el INPE en la política penitenciaria.

El Perú ya ha tenido diagnósticos, reformas y nuevas instituciones. Lo que ha faltado es continuidad, coordinación y capacidad para convertirlas en cambios que el ciudadano pueda sentir. Ese debería ser el debate.

No necesitamos instituciones trasladándose responsabilidades. Necesitamos compromisos concretos, medibles y con plazos. El ciudadano está cansado de escuchar quién tiene la culpa. Quiere saber quién resolverá el problema.

Desde la Cámara de Diputados nos corresponde hacer nuestra parte: fiscalizar, legislar y promover los acuerdos necesarios.

Porque la discusión no debería ser quién ganó este enfrentamiento entre poderes.

La pregunta realmente importante es: ¿cuándo comenzará el ciudadano a sentir que la justicia funciona?

Y esa respuesta ya no puede seguir esperando.

Ahora Nación, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno entendieron que censurar a un ministro a los dos meses, sin una falta ética o moral de por medio y dinamitando todo plan de trabajo, era una irresponsabilidad. El propio Ricardo Belmont lo explicó sin ambages: no se puede sacar a un ministro al mes porque se destruye un plan cualquiera. Fue la decisión sensata y el Congreso merece el reconocimiento por no dejarse arrastrar por el afán desestabilizador de una agrupación que confunde fiscalización con sabotaje.

Pero que la censura haya caído no significa que el gobierno haya ganado nada. Es, más bien, un llamado de atención. De Astudillo se exige lo que empezó a faltarle: acciones y resultados. Porque, aun sin censura, el balance preliminar de su sector es inquietante, y lo último que ha revelado El Comercio resulta especialmente grave.

Debido a una consulta de este Diario se pudo conocer que el Programa de Recompensas está, según el propio ministerio, en reestructuración. La confesión llegó después de semanas de evasivas y luego de que un informe revelara los severos errores y vacíos de recompensas.pe: la plataforma seguía ofreciendo medio millón de soles por información sobre ‘Niño Guerrero’, abatido en junio en Venezuela, un cabecilla sentenciado a cadena perpetua no figuraba entre los más buscados, pese a que llevaba un año y medio prófugo, y la página ni siquiera tenía un dominio oficial del gobierno. No es un detalle técnico: es una de las principales herramientas contra el crimen funcionando a medias.

El ministro se salvó de la censura, pero no se ha ganado la confianza. Ahora tiene que demostrar con resultados, no con promesas ni con otras reestructuraciones a destiempo.

Sin embargo, antes de construir una vivienda tienen que ocurrir varias cosas. Debe existir suelo urbano con servicios y una familia que, además de necesitar el inmueble, pueda acceder al financiamiento para adquirirla.

Hace unos días, Nexo Summit, evento organizado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), tuvo el acierto de poner varios de estos problemas sobre la mesa. Más de 200 empresas del sector, autoridades y especialistas discutieron no solo cómo construir más, sino qué condiciones necesitamos para hacerlo a una escala mucho mayor.

Uno de los temas fue el financiamiento. Como alternativa, se discutió que Estado aporte recursos para garantizar parcialmente créditos hipotecarios y facilitar su otorgamiento a familias con dificultades para acceder al sistema.

La experiencia colombiana, por su parte, resulta interesante, porque muestra un sistema de financiamiento de vivienda donde participan, además de los bancos, cooperativas financieras, entidades especializadas y el Fondo Nacional del Ahorro. Para el Perú, esto abre una discusión interesante sobre cómo ampliar los canales por los que las familias pueden acceder al crédito.

En ese contexto, vale la pena preguntarnos si las cajas municipales podrían asumir un rol mayor. Por el tipo de clientes que ya atienden y su experiencia evaluando perfiles distintos a los del trabajador dependiente tradicional, podrían ser una pieza relevante para ampliar el financiamiento de vivienda.

Pero existe otro problema, incluso anterior al financiamiento: la ciudad.

Un estudio de GRADE, presentado durante el encuentro, analizó unas 135.000 nuevas edificaciones entre el 2017 y el 2024 en ocho ciudades. El 68% de estas construcciones apareció fuera de las zonas que contaban con infraestructura de agua.

La mecánica contempla, primero, ocupar el territorio y, después, tratar de llevarles los servicios.

Según el estudio, bajo este ‘modelo reactivo’ de edificación, conseguir agua y saneamiento puede demorar en promedio 12 años. Además, una conexión ejecutada posteriormente, mediante inversión pública, puede costar alrededor de tres veces más que bajo un esquema preventivo.

Estamos gastando más para llegar tarde.

Un terreno dentro de una ciudad no es necesariamente suelo preparado para producir vivienda. Agua, saneamiento, accesos y normativa urbana determinan qué puede desarrollarse, cuánto cuesta y cuánto demora.

Por eso, resulta interesante invertir el orden. En lugar de esperar que la ciudad aparezca para después llevarle infraestructura, debemos anticipar hacia dónde crecerá y preparar esas zonas antes de que sean ocupadas.

Algo similar ocurre con el financiamiento: crear previamente las condiciones para que más familias puedan acceder responsablemente a un crédito.

El Estado no necesita convertirse en constructor para cumplir un papel determinante. Puede anticipar infraestructura, planificar, establecer reglas claras y financiar mecanismos de garantía. Por su parte, el sector privado puede invertir, desarrollar y asumir el riesgo empresarial de producir las viviendas.

Si queremos cerrar la brecha habitacional, quizás tenemos que empezar bastante antes de construir viviendas.

Primero tenemos que construir ciudad.

El Perú cuenta hoy con un marco normativo que permite construir una política de protección de estos activos. El Decreto de Urgencia 007-2020 estableció el Marco de Confianza Digital y asignó al Estado y a las organizaciones responsabilidades en materia de seguridad digital. Su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 126-2025-PCM, constituye un avance importante tras varios años de espera, pero aún queda pendiente la parte institucional y el despliegue efectivo de la normativa.

A ello se suma la Ley de Ciberdefensa y su reglamento, aprobado mediante el D.S. 017-2024-PCM, que regula las capacidades de ciberdefensa y la actuación frente a amenazas que comprometan la seguridad nacional. El reglamento establece como finalidad preservar la continuidad de las operaciones nacionales mediante la protección de los activos críticos nacionales, recursos claves, la soberanía y los intereses nacionales frente a amenazas o ataques. El problema, por tanto, ya no es solo la ausencia de normas; es su articulación, implementación y capacidad operativa. En el Perú, la ciberseguridad, el cibercrimen y la ciberdefensa han avanzado por caminos parcialmente separados, mientras subsisten carencias institucionales, técnicas y de coordinación.

La protección de activos críticos requiere pasar de una lógica reactiva a una cultura permanente de ciberresiliencia. No basta con instalar ‘firewalls’ o responder después de un ‘ransomware’. Los directorios, funcionarios y responsables de infraestructura deben comprender que la ciberseguridad es una cuestión de continuidad del negocio, del Estado y gestión estratégica del riesgo. La prevención, capacitación, simulación de incidentes y formación de especialistas deben comenzar mucho antes del ataque.

Esta cultura debe comenzar en las escuelas y extenderse a las universidades, empresas y administración pública. La agenda pendiente planteada ha insistido en construir una cultura de ciberseguridad desde la educación y en formular una política nacional de ciberseguridad con participación del Estado, sector privado, academia y sociedad civil.

Pero existe una condición adicional: la seguridad no puede construirse sacrificando los derechos fundamentales. La protección de infraestructura crítica implica necesariamente procesar grandes volúmenes de información, muchos asociados a personas. Por ello, la ciberseguridad debe estar vinculada con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales y su nuevo reglamento, aprobado por el D.S. 016-2024-JUS, establecen precisamente que la protección de datos personales constituye un derecho fundamental vinculado al artículo 2.6 de la Constitución. Una política de ciberseguridad que ignore estos límites podría terminar protegiendo sistemas mientras vulnera a las personas que esos sistemas deben servir.

En este escenario, la creación de una autoridad nacional digital puede convertirse en una oportunidad estratégica. La propuesta anunciada este año debería superar una simple reorganización administrativa y permitir articular gobierno digital, datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, interoperabilidad y ciudadanía digital bajo una visión común. La creación de esta entidad debe venir acompañada de fortalecimiento institucional, protección de datos y una política nacional de ciberseguridad.

El desafío es construir una arquitectura nacional de confianza: activos críticos seguros, instituciones capaces de responder, ciudadanos formados y derechos protegidos. La ciberseguridad no consiste en alcanzar una seguridad absoluta –imposible en un entorno dinámico–, sino en reducir sistemáticamente los niveles de inseguridad, aumentar la resiliencia y garantizar que, aun frente a un ataque, el Estado y la sociedad puedan continuar funcionando. La autoridad nacional digital debería ser el espacio institucional para convertir esa visión en política pública. No necesitamos solo más normas: necesitamos un norte, capacidades, coordinación y cultura. Ese es el verdadero desafío de un Perú digital y ciberseguro.

Una persona puede mostrar poco interés por los partidos políticos y, al mismo tiempo, involucrarse en causas sociales, expresar sus posiciones en redes sociales o participar en iniciativas ciudadanas. Por eso, la distancia frente a las organizaciones políticas tradicionales no debe interpretarse automáticamente como ausencia de participación. Lo que está cambiando también son los espacios, los mecanismos y las expectativas desde los cuales los jóvenes buscan hacerse escuchar.

Pero su influencia va mucho más allá de estas formas de participación. Las generaciones jóvenes contribuyen a transformar la sociedad porque tienen valores, creencias y expectativas diferentes. Sus decisiones cotidianas, incluso aquellas que no tienen una intención política explícita, pueden modificar progresivamente las actitudes sociales.

Una de las transformaciones más significativas es el tránsito desde valores asociados principalmente con la supervivencia hacia otros vinculados con la autoexpresión. Esto supone una mayor valoración de la autonomía individual y se refleja en nuevas maneras de entender la familia, las relaciones personales, el trabajo y la autoridad. Son cambios que trascienden la discusión política y alcanzan casi todos los ámbitos de la vida.

Lo interesante es que esta evolución no ocurre únicamente porque una generación reemplaza a otra. Las generaciones mayores también modifican sus actitudes y, en determinados aspectos, se aproximan a los valores de los más jóvenes. El cambio generacional, por tanto, combina el ingreso de nuevas generaciones con la adaptación de quienes ya forman parte de la sociedad. Esto amplía el alcance de las transformaciones y demuestra que los valores no permanecen necesariamente inalterables a lo largo de la vida.

Esta evolución plantea dificultades para las instituciones. Aunque las generaciones mayores siguen ocupando buena parte de las posiciones de decisión, gobiernos, partidos, universidades y empresas deben responder a expectativas que cambian a una velocidad mayor que su capacidad de adaptación. Las nuevas generaciones están modificando las relaciones laborales, las decisiones de consumo y las formas de participación ciudadana, mientras muchas instituciones continúan organizándose a partir de estructuras y criterios establecidos en otro contexto.

En el ámbito político, esto plantea un desafío de representación y de participación efectiva. No basta con convocar a los jóvenes, consultar sus opiniones o incorporarlos simbólicamente a determinados espacios. Es necesario generar oportunidades reales para que intervengan en la discusión y construcción de decisiones. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar su distanciamiento de las instituciones y de las formas tradicionales de participación política.

En el Perú, esta reflexión adquiere especial relevancia. El voto de los jóvenes tuvo un impacto en la elección presidencial y volverá a tener un peso importante en las próximas elecciones regionales y municipales. Pero su influencia va mucho más allá de las urnas. La tecnología y, más recientemente, la inteligencia artificial se incorporan a la vida cotidiana, en buena medida, a través de los jóvenes, quienes no solo adoptan estas herramientas, sino que acercan su uso a otras generaciones. Así, el cambio generacional no se limita a las nuevas formas de pensar, sino que también transforma la manera en que el conjunto de la sociedad incorpora nuevas prácticas y se adapta a un mundo en constante evolución.

Imaginemos a Internet como una torta helada de varias capas. Abajo están los cables, antenas y fibra; encima, los mecanismos que permiten transportar y dirigir los datos; más arriba, los protocolos y servicios que hacen posible abrir una web, enviar un correo o usar una aplicación. Cada capa cumple una función distinta y se apoya en la capa anterior.

La IA no reemplaza esa torta. Se sirve sobre ella. Un modelo de IA (tipo ChatGPT o Claude) puede parecer extraordinariamente inteligente, pero sin conectividad, centros de datos y redes que muevan información sigue siendo –simplificando bastante– un enorme archivo de números sentado en algún servidor.

Comparar directamente la IA e Internet sería parecido a discutir si el refrigerador es más importante que la electricidad. O sea, una buena conversación para la sobremesa, aunque confunda categorías distintas.

Pero Trump toca un punto interesante. La IA está construyendo su propia ‘torta helada’: energía, chips, centros de datos, nube, modelos, interfaces, agentes IA y aplicaciones. No son las mismas capas de la ‘torta’ de Internet, pero la lógica se parece: cada nivel habilita al siguiente. Y en la parte superior de esa torta está apareciendo algo más disruptivo aún: los agentes IA, que ya no esperan que naveguemos nosotros, sino que conversan con sistemas y ejecutan tareas, directamente.

En este punto es donde surge la diferencia importante, porque Internet se expandió alrededor de protocolos abiertos que permitieron a miles de actores innovar sobre una infraestructura compartida. La IA, en cambio, nació mucho más concentrada en pocos países y empresas, que controlan buena parte de los chips, la nube y los modelos más avanzados de su torta.

Entonces por eso es hoy tan necesario empezar a hablar de la infraestructura pública digital en el Perú, aunque parezcan temas demasiado técnicos. Porque ya no se trata solo de tener acceso a la IA o a la conectividad de Internet, si es que entre ambas no aparece una capa decisiva sobre la que ofrezcamos servicios digitales como la identidad digital, los pagos, intercambio de datos o un catálogo de servicios sobre el cual escoger. Esa capa es la plomería que permite convertir la IA en servicios públicos.

En el Perú tenemos algunas piezas de esa, pero todavía no una arquitectura digital lo suficientemente integrada, distribuida y preparada para entregar una nueva generación de servicios públicos a los peruanos. De nada sirve, entonces, emocionarnos por la IA, poniéndola encima de la torta, si esta anda con huecos.

Volviendo a Trump, la pregunta para el Perú entonces no es si la IA será más grande que Internet, sino, más bien, cómo vamos a cocinar nuestra torta de la IA: qué capas vamos a cocinar nosotros y cuáles podríamos traer de fuera. Y eso incluye a los vecinos más lejanos y más cercanos en Latinoamérica.

Imaginemos un domingo de verano con más de 150.000 bañistas en la Costa Verde. Un terremoto de gran magnitud sacude Lima y se activa una alerta de tsunami; la primera ola golpeará la orilla en apenas 12 a 15 minutos.

En ese escenario, el pánico será absoluto. La muchedumbre intentará desesperadamente escalar los acantilados, pero hallará taludes sacudidos por el sismo, desprendimientos y escombros de edificios caídos. Ante la ausencia de vías de escape hacia la parte superior, la Costa Verde se convertirá en una trampa mortal.

Sorprende el doble rasero con el que juzgamos la inacción. Tras una agresión cometida por alumnos en un bus escolar, la justicia señala con firmeza a los adultos presentes por omisión de funciones al no haber intervenido. La ley exige responsabilidad a quien debe actuar y prefiere mirar a un lado.

¿Por qué no se aplica el mismo principio a la burocracia estatal? Sabiendo que un sismo de 8,8 Mw con tsunami es inevitable en Lima, los funcionarios que no ejecutan el Proyecto de Reforzamiento de los Acantilados –presentado en el 2019 con rampas de evacuación cada 400 metros y anclajes estructurales– incurren en una omisión infinitamente más grave, pues comprometen miles de vidas.

Esta inacción no es menor en el derecho comparado. En Italia, tras el sismo de L’Aquila, funcionarios fueron condenados penalmente por minimizar riesgos. En Japón, la Corte Suprema sancionó a autoridades tras el tsunami del 2011 por carecer de infraestructura y rutas de evacuación. En España, el Estado fue condenado por omitir obras de contención en la tragedia de Biescas. La jurisprudencia global es categórica: la falta de prevención ante riesgos predecibles es una responsabilidad penal.

El artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana es el fin supremo del Estado. Es hora de que los penalistas lo definan y la ciudadanía lo exija: la inacción frente a un desastre previsible no es simple burocracia, es negligencia punible.

La oficina ya no puede ser vista únicamente como un lugar de trabajo. En un entorno más flexible y competitivo, el espacio físico se convierte en una herramienta para fortalecer cultura, identidad y pertenencia, tanto como generar colaboración. Esta visión también se refleja en la gestión inmobiliaria corporativa. De acuerdo con el informe “What Occupiers Want 2025″, elaborado por Cushman & Wakefield y CoreNet global, el 29% de las empresas que modificaron la estructura de reporte de sus áreas de Corporate Real Estate en los últimos dos años trasladó esta función hacia recursos humanos, evidenciando una mayor conexión entre ‘workplace’, experiencia del colaborador y estrategia de talento.

Se trata de una dinámica que ha ido cambiando con el tiempo. Antes de la pandemia, recursos humanos tenía un rol predominante en las decisiones vinculadas a los espacios de oficina. Posteriormente, el contexto pandémico trasladó ese liderazgo hacia finanzas, impulsado por la necesidad de optimizar costes y gestionar la incertidumbre. Actualmente, estamos observando un nuevo cambio de enfoque, donde recursos humanos recupera protagonismo.

Durante años, el concepto de “Flight to Quality” explicó la preferencia de los ocupantes por edificios de mayor categoría, mejores especificaciones técnicas y ubicaciones consolidadas. Si bien hoy esta tendencia sigue vigente, la ocupación eficiente a largo plazo está siendo definida en gran medida por la experiencia efectiva en los espacios de oficinas.

En esa línea, la oficina ya no compite únicamente con el hogar, compite también con el tiempo de las personas. Si asistir implica traslado, planificación y atención, el espacio debe entregar valor a cambio: mayor concentración, colaboración real, interacción relevante y una experiencia que haga que la presencia tenga sentido tanto para el colaborador como para la empresa, que finalmente todo esto se refleje en resultados.

En Lima, el mercado de oficinas clase A también muestra señales de esta transición. Al primer trimestre del 2026, la vacancia se ubicó en 10,9%, con una absorción neta positiva de 10.993 metros cuadrados. Además, San Isidro Financiero y San Isidro Empresarial concentraron el 85% de la absorción neta, reforzando el peso de los corredores corporativos consolidados. Más que un dato aislado, esta concentración permite entender que la demanda no se distribuye de manera homogénea. Las empresas no necesariamente buscan más espacio, sino mejores espacios: oficinas que acompañen su operación, proyecten una imagen corporativa sólida, faciliten la colaboración presencial y respondan a nuevas expectativas del talento.

La experiencia diaria del usuario adquiere mayor relevancia: accesibilidad, tecnología, servicios, áreas comunes, sostenibilidad, bienestar y flexibilidad forman parte de una nueva ecuación. Según “What Occupiers Want 2025″, el 85% de los ocupantes espera mayor soporte por parte de los propietarios y el 46% estaría dispuesto a pagar un premium por mejores servicios y amenidades.

La oficina no está desapareciendo, contrariamente, está viviendo más que nunca. Está dejando de ser un espacio obligatorio para convertirse en un espacio que debe justificar y crear valor.

En el papel, la idea parece buena: fijar un límite a las tasas que las entidades microfinancieras pueden cobrar por prestar dinero para que quienes tienen menos recursos accedan a este. En la práctica, sin embargo, solo termina agravando aquellos inconvenientes que debía arreglar y crea nuevos en el camino.

Para comprender los problemas que ocasionan los topes a las tasas de interés en Perú, es importante recordar que la ley reguladora nació con una falla de origen: el desconocimiento de la realidad nacional. En el país, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% del tejido empresarial y, según Produce, su nivel de informalidad supera el 83%. Es decir, ocho de cada diez mypes son informales y nueve de cada diez empresas peruanas son mypes. No podemos iniciar ninguna discusión sin tener esto en mente.

Al desarrollarse en un terreno marcado por la informalidad, la limitada disponibilidad de información económica, la falta de historial crediticio suficientemente desarrollado y la incertidumbre sobre si sus negocios lograrán mantenerse a flote en el tiempo, es normal que las tasas de interés que reciben las mypes al inicio sean un poco altas. Al fijarlas así, las microfinancieras —responsables de atender a estas empresas— no están haciendo otra cosa que protegiendo el dinero de sus ahorristas ante la eventualidad de que ese crédito no sea devuelto. Sin embargo, conforme las mypes demuestran capacidad de pago, las tasas van cayendo, en un círculo virtuoso que favorece tanto a quienes reciben el dinero —bajo mejores condiciones— como a quienes lo prestan —con la seguridad de que será devuelto—.

Pero esta dinámica se interrumpe cuando aparecen los mentados topes, que impiden que empresas y personas que carecen de historial crediticio puedan calificar para un préstamo, sencillamente porque se vuelve muy arriesgado para las microfinancieras darles dinero con una tasa de interés que se ubique por debajo del límite legal. ¿El resultado? La exclusión del sistema financiero formal de quienes menos tienen.

Este es un problema que se agrava en sociedades con alta informalidad, como la peruana, aunque, en buena cuenta, ocurre en todos lados. Un estudio del Banco Mundial examinó la experiencia en países con topes, como Kenia, Zambia, Camboya, India y el Reino Unido, y concluyó que estos generan exclusión.

En Chile, una ley del 2013 fijó límites bastante bajos al interés que se puede cobrar para préstamos pequeños, y luego dejó fuera del mercado formal de créditos a 197 mil personas solo en los dos primeros años de vigencia de la norma, según un estudio del banco central del país. En Colombia, además de exclusión, un análisis de la asociación Colombia Fintech encontró que los topes han expandido el “gota a gota”, una modalidad informal de crédito que, en promedio, les cobra una tasa anual a las pequeñas empresas de hasta el 666% –es decir, más de 22 veces el límite legal–. Y no es necesario añadir las consecuencias que sufren los beneficiarios de estos préstamos cuando no pagan a tiempo.

En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) calcula que, en los tres primeros años de los topes (2021-2024), 324 mil potenciales clientes, entre personas y empresas, quedaron fuera del mercado formal; otros 218 mil que ya estaban adentro fueron expulsados. No hay que ser muy perspicaces para saber a dónde recurrieron finalmente cuando necesitaron dinero, ni cómo se conecta esto con el incremento en los últimos años de las mafias que se dedican a los préstamos ilegales en el país.

Los topes a las tasas de interés no solo no solucionan el problema que se proponen enfrentar, sino que lo terminan agravando. Dificultan que más personas y pequeñas empresas accedan al crédito y, además, afectan principalmente a las microfinancieras, responsables de atender a estos segmentos. En la práctica, operan como verdaderos topes a la inclusión financiera, que perjudican a cientos de miles y solo benefician a quienes hacen negocios con los excluidos del sistema.

Finalmente, no existe un informe oficial, con evidencia estadística, que demuestre que los topes han beneficiado a quienes quedaron excluidos del sistema microfinanciero.

Recientemente, en una actividad en Ica, el martes 29, la presidenta dijo: “Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, y llevan cuatro semanas, y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas, porque esto no se trata del Gobierno; se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a la delincuencia”.

Durante el martes 29 y el miércoles 30, hubo distintas reacciones. En corto: la oposición considera lo dicho por Fujimori como una amenaza. El oficialismo, en tanto, secunda el mensaje como parte del quehacer gubernamental: se trata de exponer una “actitud firme”, sostienen. Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por ejemplo, criticó a la oposición. “Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos. Que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato, dicen: ‘Ay, van a cerrar el Congreso’” (RPP, 29/09/2026).

Pero lo cierto es que lo dicho por Fujimori suma poco o nada al proceso de decisión en la Cámara de Diputados. De hecho, plantear aspiraciones sin consecuencias prácticas (“esperamos tener hoy noticias positivas”) solo conlleva un riesgo muy serio: el desgaste del discurso.

Como se dijo en esta columna hace poco, este debate se ha convertido en el primer gran desafío político del Ejecutivo (El Comercio, 17/09/2026). Pues bien, la administración Fujimori luce algo desconcertada con el trámite.

Dos podrían ser sus principales obstáculos: la vocería y los tiempos. Solo algunos voceros del mismo Ejecutivo dan la impresión de tener claro el objetivo –por nombrar dos, el premier Luis Galarreta o el ministro Sheput–, mientras otros optan por bajar el perfil o tensar la cuerda hasta hacer difícil cualquier acercamiento con los votos en disputa. En vez de vocería propia, parece que se prefiere la tercerización: que otros den batalla, sobre todo en el espacio de la opinión pública.

En cuanto a los tiempos, esperar el minuto noventa para recién salir a buscar el empate puede ser particularmente arriesgado. Es cierto que pudieron haberse dado gestiones reservadas, pero lo concreto es que estas no suman mientras no se traduzcan en resultados favorables.

Con ese telón de fondo, las palabras de Fujimori plantean una contradicción: impacientarse ante vacíos más propios que ajenos. Así, la paciencia presidencial no hace más que recordar al cómico Alex Valle y sus clásicos sketches, en los que su personaje invocaba a la “santa paciencia” para, luego, terminar rebasado por la impaciencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ian Escusa, nuevo peleador peruano en UFC

El peleador peruano Ian Escuza logró una victoria ante el italiano Luca Borando en la competencia Dana White’s Contender Series, al imponerse por nocaut técnico en apenas 32 segundos. El triunfo le permitió obtener un contrato con la UFC, la organización de artes marciales mixtas del mundo, y mantener un invicto de ocho combates como profesional. El resultado representa un paso para el deporte peruano y abre una oportunidad para que un atleta nacional gane presencia al máximo nivel internacional.

🔴El programa de recompensas aún no supera fallas

El Diario El Comercio puso en evidencia las fallas del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y, tras los cuestionamientos, la plataforma comenzó a incorporar cambios. Entre ellos, se mejoró su adaptación a celulares y se incluyó al prófugo Jolín Bazán Valderrama que no figuraba en la lista. Sin embargo, las modificaciones aún no resuelven problemas: la web carece de dominio oficial y sus mecanismos de contacto presentan fallas.

🔴El mar avanza sobre Zorritos y golpea el turismo

La erosión y los fuertes oleajes siguen golpeando Zorritos, en Tumbes, donde más de 20 hoteles y restaurantes ya reportan daños y algunos han tenido que restringir sus operaciones. Empresarios señalan, además, una caída de 80% en la llegada de turistas, especialmente ecuatorianos, ante la pérdida de playa. Mientras las mareas altas continúan afectando la infraestructura, los propietarios recurren a sacos de arena y piedras que son rápidamente arrastrados. La falta de una respuesta efectiva aumenta los riesgos para la actividad turística y los negocios locales.