The Culture Factor Group analiza seis dimensiones culturales que permiten comparar países. No se trata de características que definan a todos sus habitantes, sino de tendencias que ayudan a comprender comportamientos colectivos. Al comparar al Perú con las cuatro economías latinoamericanas que lo superan, aparecen algunas diferencias que merecen atención.

La primera es la relación con la autoridad. El Perú registra 64 puntos en distancia de poder, un nivel relativamente alto que refleja la aceptación de estructuras jerárquicas. Aunque México, Brasil y Colombia presentan puntajes similares o superiores, Argentina se diferencia con 49 puntos. En el ámbito empresarial, las jerarquías pueden limitar la iniciativa, dificultar la comunicación y concentrar las decisiones. Para favorecer el crecimiento, resulta importante promover organizaciones donde las ideas puedan surgir desde cualquier nivel y donde se valore más la capacidad que la posición.

Otra diferencia importante aparece en el individualismo. Con apenas 20 puntos, el Perú es el país más colectivista de los cinco. Esto refleja la importancia de la familia, las relaciones personales y la pertenencia a un grupo. Son características que pueden fortalecer la solidaridad, pero también favorecer la conformidad y dificultar el reconocimiento del mérito individual. El desafío no consiste en abandonar los vínculos colectivos, sino en complementarlos con mayor autonomía, iniciativa y responsabilidad personal.

En cuanto a la orientación al logro, el Perú obtiene 42 puntos, por debajo de los otros cuatro países. La cultura peruana tiende a valorar más la cooperación, las relaciones humanas y la calidad de vida que la competencia y el reconocimiento individual. Esto no significa falta de ambición o de capacidad. Sin embargo, para impulsar el desarrollo resulta fundamental fortalecer una cultura que reconozca el esfuerzo, premie los resultados y promueva la excelencia, sin perder el valor de la colaboración.

Una de las características más marcadas es la elevada aversión a la incertidumbre. Con 87 puntos, el Perú presenta el nivel más alto del grupo. Existe una fuerte necesidad de reglas y estructuras que proporcionen seguridad, aunque paradójicamente el país convive con una elevada informalidad y una considerable distancia entre las normas y su cumplimiento. Esta contradicción puede convertirse en un obstáculo para la innovación y el emprendimiento. El desafío consiste en contar con reglas claras y estables, pero también desarrollar una mayor disposición a experimentar, asumir riesgos y adaptarse al cambio.

Quizás la diferencia más preocupante esté en la orientación al largo plazo. El Perú obtiene apenas cinco puntos, frente a 29 de Argentina, 28 de Brasil y 23 de México. Colombia también presenta un nivel bajo, con seis puntos. Esta dimensión refleja una tendencia a privilegiar resultados inmediatos sobre objetivos futuros. Sus implicancias son importantes para el ahorro, la inversión, la capacitación y la continuidad de las políticas públicas. Un país difícilmente podrá sostener su crecimiento si sus decisiones están dominadas por la urgencia y el corto plazo.

La sexta dimensión, indulgencia, muestra al Perú en una posición intermedia, sin una inclinación clara hacia la satisfacción inmediata de los deseos o su contención. Aunque también ofrece elementos para comprender los comportamientos sociales, las diferencias más relevantes para el desarrollo parecen encontrarse en las dimensiones anteriores.

Comprender la cultura peruana permite identificar las fortalezas sobre las cuales apoyarse y las limitaciones que deben superarse para impulsar un crecimiento económico sostenido.

La noticia parece salida de una serie distópica de Netflix: ciberdelincuentes manipularon a distancia los sistemas de refrigeración de supermercados europeos y convirtieron productos frescos en pérdidas económicas. No atacaron una bóveda bancaria ni robaron secretos de Estado. Bastó intervenir el termostato. Una nevera conectada puede ser muy inteligente, pero no necesariamente prudente.

El episodio tiene una explicación menos pintoresca: miles de interfaces de control industrial permanecen accesibles desde Internet, algunas con software desactualizado o protecciones insuficientes. Por ejemplo, según la empresa de seguridad Check Point, España concentra el 8,4% de las interfaces de refrigeración comercial expuestas detectadas mundialmente. Ojo: expuestas no significa hackeadas. Pero sí significa puertas que alguien podría intentar abrir.

¿Debemos entonces desenchufar todo? Por supuesto que no. Hay entusiasmo por el Internet de las Cosas (IoT), esa capacidad de conectar objetos para medir, anticipar y actuar. Sensores que evitan desperdicios alimentarios, medidores que ahorran energía, equipos médicos que alertan a tiempo. Y la innovación ahí consiste en que lo conectado también sea confiable.

Ahora veamos al Perú, con una escena menos cinematográfica, pero igual de reveladora. El lunes, una sobrecarga eléctrica provocó un incendio controlado en la infraestructura del Reniec. Sus servicios quedaron suspendidos durante unas seis horas. No fue, según la información oficial, un ataque informático. Sin embargo, la interrupción alcanzó trámites y verificaciones de entidades que dependen de sus sistemas, incluyendo desde los servicios bancarios hasta la emisión de pasaportes.

La identidad digital es mucho más que un DNI electrónico. Es la infraestructura que permite demostrar quiénes somos y acceder a derechos, servicios y transacciones. Cuando esa pieza se detiene, el efecto dominó recorre un Estado cada vez más interconectado. No basta con proteger datos: hay que garantizar que los sistemas funcionen, incluso cuando algo falla.

Por eso necesitamos una arquitectura redundante, energía de respaldo, pruebas de recuperación, controles de acceso y responsabilidades claras entre proveedores y entidades. También explicaciones públicas oportunas: la confianza no se restablece simplemente reiniciando servidores. Porque la tecnología que simplifica nuestra vida no puede complicarla cuando más la necesitamos.

Europa nos recuerda que cualquier objeto conectado puede convertirse en un riesgo; el Reniec, que también podemos quedarnos desconectados sin hackers de por medio. El desafío peruano no es elegir entre innovación y seguridad, sino dejar de tratarlas como si fueran enemigas. Porque un país digital no debería quedar en pausa por un termostato ni por un cortocircuito.

Eso importa cuando nos preguntamos por qué un país debe financiar ciencia, tecnología e innovación (CTI) si puede comprar tecnología desarrollada en otros lugares. En “What is Technology? Six Definitions and Two Pathologies” (2014), Paul Nightingale advierte que reducir la tecnología a un aparato oculta conocimientos, instituciones y capacidades que permiten desarrollarla y hacerla funcionar.

La historia de la tomografía computarizada lo muestra. El descubrimiento de los rayos X por Röntgen, en 1895, fue fundamental, pero no produjo automáticamente el tomógrafo. Su desarrollo reunió durante décadas conocimientos de física, matemáticas, computación, ingeniería y medicina, con aportes decisivos de Cormack y Hounsfield, Nobel de Medicina en 1979. Según una reconstrucción publicada en el “Journal of Medical Imaging” (2021), el financiamiento directo que permitió llegar a la primera imagen de tomografía fue de £69.000 de la época, a lo largo de tres años: una cifra que no incluye la investigación previa ni los recursos posteriores para perfeccionar y extender su uso.

La inteligencia artificial muestra hoy esa dinámica a otra escala. Según la OCDE, las empresas de IA captaron en el 2025 el 61 % del capital de riesgo mundial (US$258.700 millones), sin contar investigación pública, formación ni infraestructura.

Adquirir tecnología es necesario, pero también lo es construir capacidades propias. Esto no significa producirlo todo, sino contar con personas e instituciones capaces de seleccionarla, evaluar su desempeño, adaptarla a las condiciones locales y desarrollar soluciones cuando las disponibles no responden a nuestras necesidades.

Por eso, el financiamiento en CTI requiere continuidad. Cuando se interrumpe, pueden dispersarse equipos, perderse aprendizajes y detenerse soluciones antes de su validación. Ello no implica financiar indefinidamente cualquier iniciativa, sino priorizar, evaluar y decidir con base en evidencia. En el Perú, ese es el sentido de los concursos que Concytec, a través de Prociencia, implementa para sostener el trabajo de investigadores, ingenieros y equipos técnicos.

Invertir en ciencia y tecnología no garantiza cada resultado esperado, pero abre la posibilidad de construir respuestas propias a preguntas que quizá nadie resolvería por nosotros. El precio de una tecnología nos dice cuánto cuesta adquirirla hoy; financiar la CTI es apostar en las capacidades que nos permitirán comprender, decidir y construir mañana.

En nuestro país, la arqueología se ha concentrado desde siempre en las edificaciones preincas e incas. En general, poca importancia se le ha dado al patrimonio virreinal y republicano del siglo XIX a excepción de las iglesias, lo que se ha podido apreciar con el descuido y abandono de las casonas de los centros históricos que, si no fuese por contadas entidades —entre las que destaca Prolima—, estarían condenadas a ser arrasadas por una malentendida modernidad.

Dentro de ese patrimonio, la conservación de la casa hacienda ha sido la más castigada por el descuido y el olvido de las entidades llamadas a protegerla. Esta falta de valoración, a mi juicio, tiene mucho que ver con la denostada figura del hacendado o ‘gamonal’, retratada peyorativamente por autores socialistas e indigenistas como José Carlos Mariátegui o José María Arguedas.

Solo en Lima existen varias ruinas de casas hacienda, como la casa hacienda Buena Vista, cerca del distrito de Pachacámac; la casa hacienda Infantas, en San Martín de Porres; o la casa hacienda Punchauca, en Carabayllo. Esta última es célebre por ser donde se llevó a cabo la entrevista entre el general don José de San Martín y el virrey del Perú, don Joaquín de la Pezuela, y hoy se encuentra en total abandono.

La casa hacienda es un importante testigo de nuestro pasado en cuanto a realidades sociales, económicas y productivas que se extendió por cinco siglos. Es necesario recuperar su historia e interpretarla bajo las particularidades de sus diferentes épocas, considerando también las campañas militares externas e internas, así como el papel de la Iglesia en ellas respecto a la educación y la socialización, y muchos otros aspectos que han sido dejados de lado indebidamente.

El Ministerio de Cultura debería realizar una labor más efectiva y eficiente en este sentido: desarrollar un programa de recuperación de las casas hacienda a nivel nacional, utilizando modelos de asociación público-privada como en el exitoso caso de la Huaca Pucllana y su restaurante.

Sin embargo, hasta la fecha, ese ministerio no ha podido, por ejemplo, recuperar la Quinta de Presa —magnífico monumento de fines del siglo XVIII en el que se viene trabajando desde el 2021—, lo cual difiere de la agilidad y el profesionalismo con que Prolima nos regala continuamente, tanto a peruanos como a extranjeros en general, la recuperación de monumentos en el centro histórico de la capital.

Por suerte, existen importantes excepciones como las casas hacienda Moreyra, hoy convertida en restaurante en San Isidro, o San José de Chincha, conservada por sus propietarios por más de un siglo, la familia Cillóniz, quienes han sabido preservar este legado que no solo brinda comodidad a sus huéspedes, sino que tiene mucha historia que contar, como estoy seguro la tendrían muchos de los monumentos hoy abandonados en el Perú, pero aún en pie, que se resisten a desaparecer. Recuperarlos para todos es un gran desafío público-privado, que ojalá se tome en serio y se haga.

Por lo pronto, la aún breve presidencia de Keiko Fujimori debe ubicarse como el punto concluyente de una prolongada crisis política, plagada de inestabilidad y desorden.

En tal contexto, debía esperarse que su gestión fuera: A) una continuidad de dicha precariedad, B) un retorno al statu quo previo (2001-2019), C) un nuevo momento, que sus simpatizantes esperaban como reformista, mientras que sus detractores temían como autoritario.

Por lo pronto, el de Fujimori parece la opción B: el retorno al siglo XXI peruano iniciado con Alejandro Toledo en julio del 2001. En resumen, corrección económica, reinstauración de mínimos estándares técnicos en la mayoría del Ejecutivo, y complicaciones sociales y políticas propias de una gestión carente de arraigo.

Sin embargo, la gran diferencia frente al gobierno de Toledo quizá radique en la consolidación aún pendiente del soporte parlamentario oficialista. En el lustro 2001-2006, en alianza inicial con el Frente Independiente Moralizador, el oficialismo supo sostener a un impopular mandatario. Al frente se tenía a la férrea oposición aprista, un adversario complicado con cierta capacidad de movilización social.

Hoy, en cambio, el oficialismo ha logrado, a duras penas, una parcial delegación de facultades, en gran medida por el aporte de su aliado (Renovación Popular), mientras la oposición se desgrana. Esto contrasta con lo que se percibía como el principal activo del fujimorismo: su experiencia parlamentaria.

Fujimori, ciertamente, no es lo impopular que fue Toledo, aunque tiene pendiente el ‘delivery’, bien graficado por la percepción de que el gobierno ha avanzado “nada” en materia de seguridad (68%, Datum-América TV, 1/11/2026), el tema de mayor expectativa y preocupación en tiempos actuales. Está pendiente saber si el reciente y publicitado viaje a El Salvador tendrá algún impacto, pero la crítica, al menos en medios y redes sociales, parece haber superado al respaldo.

Otra mirada al gobierno de Fujimori es pensar desde la ucronía: ¿qué hubiera pasado si los resultados del balotaje de junio favorecían a Roberto Sánchez?

Esa eventualidad, que bien pudo ser un ‘remake’ del 2021 –aunque con una ejecución quizás más perversa–, y el alivio de detener un ciclo de inestabilidad que parecía eterno, constituyen quizá el principal soporte para las expectativas que aún mantiene un sector importante de la ciudadanía.

Estas expectativas obtienen un sólido 41% en la percepción de los encuestados de la mencionada encuesta de Datum. Por su parte, el sector corporativo parece compartir la misma visión: en el primer semestre, la inversión privada creció 15,5% (MEF, 2026).

Pero esto recién empieza y es imposible distinguir un derrotero.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ignacio Buse logra un triunfo histórico en París

El tenista peruano Ignacio Buse protagonizó en el Masters 1000 de París la victoria más importante de su carrera al derrotar en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4 al ruso Daniil Medvédev, ubicado entre los cinco mejores del mundo. El triunfo le permitió clasificar a los octavos de final y confirmó su capacidad para competir frente a figuras de la élite. Además, la actuación del deportista representa un resultado de alto impacto para el tenis peruano en el circuito mundial.

🟢El Perú y Estados Unidos impulsan cooperación en energía nuclear

Los países firmaron un memorando para fortalecer la cooperación nuclear civil y evaluar tecnologías como pequeños reactores modulares y microreactores, que podrían generar electricidad para hospitales, escuelas y comunidades amazónicas y altoandinas sin suministro continuo. El acuerdo representa un importante paso para estudiar alternativas energéticas, y abre una vía de intercambio técnico, respaldada por la experiencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear.

🔴El Niño pone en emergencia a 1.380 distritos

El gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 1.380 distritos de 25 regiones y el Callao, equivalentes al 73% de los distritos del país, ante el peligro de intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida evidencia la magnitud del riesgo y la limitada capacidad de respuesta de los gobiernos regionales. El principal desafío será proteger a la población y reducir los daños en infraestructura y actividades económicas.

Es bueno recordar que esta conferencia, a la que asistieron 134 países, fue organizada por la OMS y Unicef, liderada por el Dr. Halfdan Mahler, director general de la OMS, y un compatriota nuestro, el Dr. David Tejada de Rivero, como subdirector de la misma entidad. Sin embargo, han pasado 48 años y en nuestro país esta política, que se instrumentaliza a través del primer nivel de atención compuesto por sus casi 9.000 centros y puestos de salud en el territorio, no ofrece las garantías suficientes para brindar una atención integral. La causa es que tanto desde el punto de vista político como presupuestal se tuvo una mirada más centrada en lo hospitalario, una infraestructura costosa, que necesita especialistas, equipamiento de alto nivel y personal administrativo, por lo que muchos no funcionan y otros están paralizados por hechos de corrupción.

El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud, recibe solo el 24% del presupuesto y cuenta con solo el 37,5% del total del personal asistencial. Por ello tiene el 97% de sus establecimientos con capacidad resolutiva inadecuada e insuficiente debido a la infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Además, el 54% no tiene acceso a Internet, por lo que no puede realizar teleconsultas.

Creemos que la política principal del Ministerio de Salud debe ser fortalecer un modelo que priorice el primer nivel de atención, pero con cuidado integral familiar y comunitario, lo que comprende no solo lo curativo, sino también lo preventivo y promocional de la salud con abordaje territorial y multisectorial, que incluya en mayor proporción condiciones crónicas y no solo transmisibles, pues la población se hace cada vez mayor. Los hospitales solo deberán atender casos complejos que serían referidos desde el primer nivel.

Para iniciar el fortalecimiento, lo ideal sería un levantamiento rápido de la infraestructura del primer nivel de atención que dé cuenta del saneamiento legal (si el terreno no pertenece al Estado, no se pueden hacer mejoras de los establecimientos en su parte física). También ver las necesidades de equipamiento, medicinas, insumos y recursos humanos. Se deberían recategorizar los establecimientos de salud, reducir su número al consolidar varios de ellos y focalizarse en el fortalecimiento de los 748 establecimientos estratégicos georreferenciados a escala nacional, ya identificados, que serían aquellos que funcionen las 24 horas con cuatro especialidades: medicina, pediatría, ginecología y obstetricia y cirugía, y servicio de imágenes y laboratorio que ofrezcan atención ambulatoria, emergencias y servicios especializados.

Lo que el ciudadano quiere saber, si tiene un problema de salud, es saber a dónde va, quién lo va a atender, cuánto le va a costar, si le harán un análisis, si le darán medicinas y, si no se resuelve allí, dónde lo van a referir, y así no continuar con la incertidumbre, las colas, la falta de medicinas y el gasto de bolsillo.

Esto constituye desde luego una demora burocrática inaceptable, pero, además, en el contexto de una elección donde la diferencia entre las dos opciones con más respaldo en las urnas es muy estrecha –como ha sucedido con Renovación Popular y Avanza País en la capital– crea una tensión política peligrosa al dar espacio para las especulaciones sobre eventuales manipulaciones del resultado. Máxime si, de un tiempo a esta parte, los líderes de algunos de los partidos en competencia han hecho del enfrentamiento con los miembros del JNE un hábito. El retraso no solo resulta innecesario, sino también absurdo, si se considera que el propio candidato de Avanza País, Francis Allison, ha reconocido públicamente que no ha ganado la elección.

Tener todo paralizado en la plaza electoral más populosa del país a la espera del reconteo de las tres actas mencionadas es, pues, una muestra de indolencia. Y si a ello le agregamos la renuencia de esa misma institución a aclarar de antemano si consentirá la llamada “reelección encubierta” o no, el cuadro se torna realmente preocupante. Cualquiera que sea el sentido en el que esta resuelva la mentada controversia, sabemos que habrá reacciones negativas y cuestionamientos de parte de quienes defienden una posición o la otra, y eso estresará innecesariamente la confianza de la ciudadanía en la seriedad con la que los comicios en general son llevados adelante. Urge, en consecuencia, un cambio de actitud de parte de los responsables de esa tarea antes de que su flema continúe afectando a nuestra democracia.

El primer tema ya está encaminado y no habría problema porque los congresistas empezarán a probar la miel que significa gestionar proyectos de inversión y los réditos políticos –y de otra índole– que estos les pueden significar. El problema engorroso pasa por la ley MAPE, en la cual existe un gran signo de interrogación sobre la definición y los plazos para su aprobación.

El panorama es preocupante si tomamos en cuenta que, con la excusa del nuevo proceso legislativo, congresistas de distintas bancadas han deslizado la posibilidad de que se amplíe la vigencia del Reinfo por al menos seis meses a fin de tener más tiempo para debatir la fórmula de la ley MAPE.

Lo que alegan los parlamentarios es que el nuevo flujo para la aprobación de leyes es más lento, y para esto usan de ejemplo la aprobación de la delegación de facultades. Bajo sus propias estimaciones, todo noviembre estará centrado en sacar adelante la ley de presupuesto 2027 –cuya fecha límite es el 30– y recién en diciembre podrían concentrar sus esfuerzos para la ley MAPE. El otro problema, según lo que han deslizado desde las bancadas, es que la legislatura acaba el 15 de diciembre y, al parecer, no están dispuestos a una extensión que los obligue a trabajar durante su primera navidad parlamentaria.

Alargar la vigencia del Reinfo implica extender el manto de impunidad que esto representa para los mineros ilegales que vienen operando en zonas como Pataz, Loreto o Madre de Dios. Lo que pretenden desde el Congreso es permitir que sigan operando en un escenario en el que la atención –entre enero y marzo del 2027– estará enfocada en el fenómeno de El Niño, y cuando estarán asumiendo el poder los nuevos alcaldes y gobernadores, y esto parece ser el combo perfecto para que las operaciones ilegales sigan a toda marcha y sin ningún control.

El Congreso necesita declarar en sesión permanente la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para establecer un estudio riguroso del proyecto del Ejecutivo. El mismo gobierno, el autor de la iniciativa, debe garantizar que el texto final sea definido en la Cámara Baja, para que el Senado tenga todo diciembre para hacer la revisión y ajustes necesarios, a fin de que se cierre el capítulo del Reinfo antes del 31 de diciembre.

En medio de este debate, se debe hilar fino para no permitir que las bancadas de izquierda –las que llevan a varios representantes de mineros informales– logren infiltrar intereses que lindan con lo ilegal. De no marcar una posición clara respecto a este tema, el 2027 repetiremos el escenario de este 2026, en el que se estima que las exportaciones de oro de origen ilegal superarían por primera vez a la de origen legal.

En los distritos más consolidados de Lima, la proximidad a comercios, servicios y equipamientos permite resolver las actividades cotidianas sin largos desplazamientos. En los distritos periféricos, acceder a esas mismas oportunidades exige recorrer grandes distancias y depender de un transporte público precario; en muchos casos, informal.

Despertamos bajo el mismo cielo, pero nos enfrentamos a realidades urbanas diferentes que marcan y condicionan nuestra vida.

El acceso al agua potable y al saneamiento, la calidad de la vivienda, la proximidad a centros de salud, colegios y parques, la disponibilidad de transporte público y la posibilidad de caminar por calles seguras y arboladas inciden directamente en nuestra salud y bienestar. El lugar donde vivimos puede representar varias horas adicionales de desplazamiento, mayor exposición a la contaminación y al calor, así como dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud o recibir auxilio ante una emergencia. La precariedad de las viviendas y del entorno urbano también puede agravar las consecuencias de incendios, derrumbes y otros accidentes.

Un claro indicador de esta desigualdad es la distribución de las áreas verdes entre los distritos de la capital. Según registros de la Municipalidad Metropolitana de Lima, San Isidro dispone de 19,31 m² de área verde por habitante, mientras que Villa María del Triunfo registra apenas 0,54 m². La diferencia es de casi 36 veces.

Esta brecha cobra mayor importancia frente al cambio climático y las lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño. Los árboles proporcionan sombra, reducen la temperatura de las superficies expuestas al sol y moderan el calor urbano mediante la evapotranspiración. Los suelos permeables y la vegetación favorecen la infiltración del agua y reducen la escorrentía. Las diferencias en la temperatura superficial entre calles con y sin árboles puede alcanzar los 20 °C. La evidencia científica relaciona una mayor presencia de áreas verdes con mejores condiciones ambientales y menores riesgos para la salud durante episodios de calor extremo.

Sin embargo, la escasa valoración de estos beneficios hace que algunas autoridades sigan priorizando el cemento y el asfalto. Son habituales las noticias de árboles talados o parques pavimentados en nombre de una supuesta modernización. Algunos de estos casos son la construcción del “parque de las aguas” de Piura, donde se talaron 21 árboles añejos, y la cesión de 10 hectáreas (equivalente al 22% del área total) del parque zonal Sinchi Roca, en Comas, para implementar el patio de maniobras y las cocheras del Metropolitano.

La pérdida de árboles y superficies verdes debilita la capacidad de nuestras ciudades para moderar el calor, absorber el agua de lluvia y proteger la salud de sus habitantes. Invertir en planificación, infraestructura urbana y áreas verdes debe entenderse como una política de salud pública, desarrollo humano y equidad. Ampliar y conectar parques, recuperar el arbolado, mejorar el drenaje pluvial, garantizar los servicios básicos y acercar los equipamientos y el transporte público a los barrios más vulnerables son decisiones que protegen vidas y reducen desigualdades.

El Niño costero 2026-2027 vuelve a poner a prueba la resiliencia de nuestras ciudades y la capacidad de proteger a quienes viven en los territorios más vulnerables. Mientras atendemos la emergencia, debemos medir sus impactos diferenciados y orientar las inversiones hacia la reducción de los riesgos. No podemos seguir reconstruyendo las mismas condiciones que producen vulnerabilidad. Necesitamos cambios estructurales en la manera en que planificamos, proyectamos y construimos nuestras ciudades.

Uno de ellos es el de libertad de iniciativa privada, que implica que el rol asignado al Estado no involucra una intervención directa en la economía, sino una actuación encaminada a crear las condiciones necesarias para atraer la inversión privada al mercado.

Para ello es necesario que el mercado se desarrolle en libre competencia; esto es, que se permita la libre concurrencia de proveedores y consumidores para efectuar transacciones o intercambio de bienes y servicios, cuya interacción es lo que determina el precio, cantidad y calidad de los productos. Así, es la libre competencia la que genera menores precios y mejor calidad de los productos y servicios, así como el avance en innovación y tecnología.

El artículo 61 de la Constitución dispone que el Estado facilita y vigila la libre competencia, lo que supone la libertad de acceso al mercado por parte de los diversos agentes económicos (en el sentido que quien tiene la capacidad de producir un bien o prestar un servicio debe acceder al mercado en condiciones autodeterminativas; esto es, sin que nadie –ni el Estado ni los demás agentes económicos– pueda impedir o restringir dicha participación) y la libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado (que implica que, tras haberse accedido al mercado, se debe gozar de la suficiente capacidad de autodeterminación para competir conforme a las propias condiciones y variables económicas impuestas por la llamada ley de la oferta y la demanda), como lo precisó el Tribunal Constitucional (Exp. 3315-2004-AA/TC).

Compatible con ello, el artículo 59 de la Constitución preceptúa que el Estado garantiza la libertad de empresa, compuesta por un conjunto de derechos tales como las libertades de creación de empresa, de inversión, de acceso al mercado, de organización, de gestión, de transferencia de empresa y de cierre de empresa.

De otro lado, según el artículo 58 de la Constitución, el Estado, dentro del régimen de economía social de mercado, orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Como lo indica la doctrina, cuando la Constitución precisa el rol del Estado en el sistema económico y se refiere a los servicios públicos, distinguiéndolos de los servicios de salud y educación, debe interpretarse que se está refiriendo con esta denominación a los servicios públicos económicos, que no deben de confundirse con los servicios sociales (Klesalja y Ochoa, 2016).

Una de las principales diferencias entre los servicios públicos y esenciales es que los primeros no se desarrollan en mercados de libre competencia, por lo que el Estado interviene en estos a través de la regulación económica, estableciendo parámetros de calidad de la prestación y fijación de tarifas (por ejemplo, el servicio de agua potable y saneamiento). En cambio, en los esenciales, la prestación mínima es brindada por el Estado y financiada con el presupuesto público, pero también la desarrollan los privados bajo criterios de rentabilidad y dentro de un mercado de libre competencia (por ejemplo, un colegio o una clínica).

A la luz de ciertos proyectos de ley, ¿conocerán los actuales parlamentarios estas diferencias? Habría que recordarles que el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Para mejorar la educación no basta, pues, el modelo Bukele que está fijado en la infraestructura y disciplina férrea. El alumno salvadoreño, además, tiene peores resultados PISA que los peruanos.

Ante los últimos casos de indisciplina, resulta esencial fortalecer la legitimidad de la autoridad del docente. Y la legitimidad del docente depende de varios factores.

En primer lugar, del nivel de competencia y profesionalismo del maestro. La legitimidad es la creencia de que las actuales autoridades son las más adecuadas. En la actualidad significa que el maestro, más que “dictar”, debe guiar y promover la enseñanza.

El docente también debe manejar muy bien las materias debido a la competencia con los medios digitales como fuentes de información. En el pasado, el docente era el único que tenía el libro-manuscrito y por eso “dictaba” clase y los alumnos copiaban o tomaban apuntes.

Hoy en día, cualquiera alumno tiene acceso a la información y, por lo tanto, el docente debe transformarse en una persona que promociona el aprendizaje y no solo lo proporciona. Este es su reto.

Por desgracia, es importante tomar en consideración cuán empobrecida y devaluada está la carrera de educación en nuestro país.

Al mismo tiempo, los alumnos ven al maestro como modelo de la adultez. Los jóvenes proyectan en él la esperanza del aprendizaje. Un profesor que transmite pasión por su trabajo y logros concretos tiende a ser más respetado.

Por último, hace algunos años evalué un proyecto que trataba de entender por qué en las zonas populares de Lima Metropolitana los adolescentes varones abandonaban más la secundaria que las alumnas. Una razón principal era que los varones preferían tener un mototaxi y ganar dinero y no seguir el modelo de un maestro empobrecido y al margen de una sociedad de consumo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢REUNIÓN DE LA GASTRONOMÍA GLOBAL EN LIMA

La capital será, por histórica primera vez, sede latinoamericana de la gala de The 50 Best Restaurants, influyente reconocimiento de la gastronomía mundial hoy en el Teatro Municipal de Lima. Chefs internacionales participan de la elección, donde también se ha destacado el posicionamiento internacional de la cocina peruana, ese que llevó a Central y Maido al primer lugar del ránking en el 2023 y 2025. Además del prestigio, se proyecta que el evento tendrá un impacto económico de US$2 millones.

🟢OBRAS EN HOMENAJE A LA VISITA DEL PAPA

A pocos días de la llegada del papa León XIV, el Callao suma dos obras en homenaje a la visita. Por un lado, ya está casi lista la escultura de 14 metros, el monumento más grande dedicado al pontífice en el mundo. Además, El Comercio culminó la instalación de un mural de 167 metros de largo, con las ilustraciones de Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, de nuestra casa editorial, en una obra que muestra el vínculo del Papa con el Perú.

🔴LLUVIAS INUNDAN VÍAS DEL SUR DE LIMA Y COMPLICAN EL TRÁNSITO

Lima sigue en alerta roja, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Por su parte, las lluvias volvieron a afectar la movilidad con la inundación de las pistas de San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo y de la estación de la línea 1. La acumulación de agua dificultó el paso de peatones, incluidos escolares y sus padres. Aunque se prevé que las precipitaciones continúen hasta el 4 de noviembre, la emergencia evidencia el peligro en el que se encuentra la infraestructura urbana y la necesidad de mayores contingencias para los siguientes meses frente al FEN.

En “Hamlet”, esta frase forma parte de un monólogo en el que el protagonista reflexiona sobre el sufrimiento y los obstáculos de la vida, llegando incluso a mencionar la lentitud de la justicia y los abusos del poder. Hamlet se pregunta si es preferible soportar estas adversidades o ponerles fin, aun cuando la alternativa implique enfrentarse a lo desconocido.

Recuerdo este célebre monólogo a propósito de una pregunta que me hago permanentemente: ¿por qué las personas se involucran en la política peruana? Es, en cierto sentido, una pregunta sobre “estar o no estar”, sobre la decisión de participar activamente en los asuntos que determinan el rumbo del país.

En un entorno donde la crítica suele hacer más ruido que el respaldo, donde los intereses se imponen sobre las ideas, donde el riesgo judicial es permanente y donde el conflicto predomina sobre el diálogo, ¿por qué alguien estaría dispuesto a asumir semejantes costos? ¿Por qué elegir “estar” cuando los sacrificios personales pueden ser enormes y el beneficio social de nuestros esfuerzos, en el mejor de los casos, marginal?

Pienso, especialmente, en los políticos experimentados, que conocen las dificultades de impulsar cambios positivos. ¿Por qué aceptar cargos donde la burocracia paraliza cualquier iniciativa? ¿Por qué postular al Congreso cuando incluso las propuestas más razonables pueden naufragar en las comisiones? ¿Por qué fundar partidos que difícilmente sobrevivirán a una elección? ¿Por qué asumir responsabilidades que podrían traducirse en una década de investigaciones judiciales?

Involucrarse en la política peruana parece, a primera vista, una decisión irracional. Los costos personales y profesionales pueden superar ampliamente los beneficios. Estoy convencida de que se requiere una disposición particular para librar esa batalla permanentemente.

Shakespeare escribió: “La conciencia nos hace a todos cobardes”. En el monólogo, Hamlet sugiere que la reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos puede conducirnos a la indecisión. Anticipar el sufrimiento y los riesgos termina por paralizarnos.

Esta reflexión también resulta pertinente para quienes ya ejercen el poder. Con frecuencia nos preguntamos por qué un gobierno no hace lo suficiente, por qué evita decisiones difíciles o por qué parece atrapado en una indecisión permanente.

Quizás la respuesta sea menos misteriosa de lo que imaginamos. Lo que algunos califican de cobardía, desde la comodidad de quienes nunca han asumido responsabilidades políticas, puede ser simplemente un cálculo racional. Si actuar amenaza la propia supervivencia, la inacción se convierte en una alternativa tentadora.

No significa que esa conducta sea correcta ni que debamos resignarnos a ella. Una decisión puede ser racional para quien gobierna y, al mismo tiempo, perjudicial para quienes son gobernados.

En ese cálculo, muchos gobiernos terminan eligiendo sobrevivir, aun cuando ello implique prolongar el sufrimiento y la parálisis.

Y así llegamos a nuestra última pregunta: ¿sobrevivir a costa de qué?

Producto de lo ocurrido, durante horas, el Banco de la Nación no pudo entregar tarjetas, abrir cuentas ni gestionar préstamos, porque toda operación que exige una validación biométrica quedó bloqueada. Migraciones suspendió la emisión de nuevos pasaportes, lo que perjudicó a miles de ciudadanos que acudieron el lunes para realizar dicho trámite. Asimismo, la Sunarp, la Sunat y otros organismos sufrieron intermitencias en su servicio debido a esta situación. En suma, un cortocircuito apagó, en la práctica, la identidad digital de todos los peruanos.

Lo sucedido el lunes nos deja en claro que el Perú está expuesto a una sobrecarga y que no se puede evitar que una falla puntual se convierta en un apagón general de servicios imprescindibles para la ciudadanía. Y es que una institución que administra información crítica –y cuyo servicio, además, suele presentar intermitencias en su labor diaria– no puede carecer de respaldo ni infraestructura alterna que garanticen la continuidad del servicio ante un fallo eléctrico, tecnológico o de cualquier naturaleza.

A lo descrito debe sumarse una interrogante que el Reniec aún no ha respondido: ¿hubo o no pérdida de información? La entidad indicó en un comunicado que la suspensión de sus servicios buscaba resguardar la información, pero el silencio sobre el estado real de sus bases de datos es inadmisible. Los peruanos tienen derecho a saber si su información está intacta o si, por el contrario, se perdió una parte del patrimonio registral que el Estado tiene la obligación constitucional de custodiar.

Otro tema no menos importante es el mantenimiento y adecuada infraestructura eléctrica sobre la que se sostienen los servidores del Reniec. Que una sobrecarga haya podido generar fuego revela, al menos, instalaciones no idóneas que no resisten una variación en el flujo eléctrico. Invertir en prevenir este tipo de situaciones no es un capricho, se trata del organismo que emite el DNI, registra nacimientos, matrimonios y defunciones, valida la identidad que sostiene al sistema bancario y elabora el padrón electoral.

Lo ocurrido no debería de quedar como un incidente atípico. El Reniec debe explicar públicamente qué falló, demostrar que la información está a salvo y construir, cuanto antes, una infraestructura que no se derrumbe con una sola chispa.