La pobreza afecta al 35,5% de la población peruana que vive en el área rural y al 23,4% del área urbana (INEI). Es difícil, pues, sostener que las cosas van bien, y que todo se arreglará con la continuidad de las políticas actuales. Más difícil aún para las personas directamente afectadas. Sabiendo esto, ¿cabe sorprenderse de la distribución geográfica de los votos?

No obstante, la pobreza no ha sido tema central de debate y propuestas. La seguridad fue la vedette, como si se la pudiera derrotar sin reducir drásticamente la pobreza. ¿O ya no es válido preguntarse por qué, para tanto joven, la oferta laboral en negocios ilegales es tentadora?

Un grave efecto de la pobreza –y un desafío para la democracia–, como lo explica la filósofa española Adela Cortina, es que en la sociedad se instala una poderosa cultura de desprecio por los pobres. Esto es la aporofobia. Dice Cortina: “Es el pobre, el ‘áporos’, el que molesta, incluso el de la propia familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear”. Así, pues, “es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada, o parece que no pueden hacerlo” (“Aporofobia, el rechazo al pobre”, Paidós, 2017).

En el Perú, muchas variables macroeconómicas se encuentran en azul, y el manejo del Banco Central de Reserva es prolijo; pero está visto que el mercado no lo resuelve todo, y que la crisis política y la nefasta alianza política que ha gobernado estos últimos años está teniendo un efecto muy pernicioso sobre la calidad de las políticas públicas para mejorar los servicios, fomentar el empleo y conectar más a las personas. Es decir, para vivir con dignidad. ¿O este ya es únicamente un problema individual, y no hay Estado ni solidaridad ni responsabilidad que valgan?

No fue sino hasta 1993 que Yantaló se conectó a la red eléctrica. No fue hasta el 2009 que se asfaltó por primera vez la ruta desde Yantaló a Moyobamba, la ciudad más cercana. Durante la Gran Depresión, un miembro del Ejército peruano, Eulogio Vásquez, llevó a Adelina a Lima. En esa época, era usual viajar a pie y a caballo hasta llegar a la costa norte y de allí ir en camioneta hacia la capital. El 19 de setiembre de 1935 nació su hijo, César Luis Vásquez. Prontamente, el padre abandonó la familia para solo jugar un papel muy distante en los años sucesivos.

En sus primeros años, Luis, como le llegarían a llamar, vivió con su madre en una quinta en el Centro de Lima. Adelina trabajaba de lo que podía: limpieza de casas, cuidado de niños. Ella no tenía mucha educación formal, pero sí buenos valores y una constitución fuerte. Insistió en que su hijo aprendiera inglés y, como tantas familias humildes todavía hacen, sacrificaba comidas para priorizar la educación.

Luis era un buen estudiante. Luego de recibirse de médico en la Universidad de San Marcos, viajó con una beca a principios de los sesenta para hacer investigaciones médicas en la Universidad de Denver. Allí conoció a Mary MacAulay, del estado de Wisconsin. Se casaron, tuvieron un hijo en Estados Unidos y en 1966 se mudaron al Perú, donde tuvieron dos hijos más. El menor fui yo.

Con dos socios, mi padre estableció un consultorio médico en el Centro de Lima y trabajó con la farmacéutica británica ICI, que lo llevó a Londres de manera regular. Siempre insistió en que recibiéramos la mejor educación. En la segunda parte de los setenta, nos mudamos a Estados Unidos debido a la desastrosa economía que produjo el gobierno militar. Allí, mi padre trabajó para otra farmacéutica y empezó una empresa que organizaba congresos médicos internacionales por todo el continente.

No fue, sin embargo, hasta que se jubiló que mi padre se dedicó a lo que consideraba la obra profesional más importante de su vida. En el 2005, decidió visitar por primera vez el pueblo de su madre. Allí descubrió un paisaje hermoso, decenas de familiares por toda la zona y una comunidad necesitada. Estableció la Fundación Yantaló y construyó una clínica, nombrada en honor a Adelina Soplín, que daría atención a quienes lo necesitaban.

La fundación ha traído misiones médicas de las mejores universidades y hospitales de Estados Unidos varias veces al año y así ha realizado miles de cirugías de todo tipo y miles más de consultas médicas. Ha contado con voluntarios y practicantes médicos peruanos que trabajan a la par de los médicos estadounidenses. Ni qué decir, la fundación ha cambiado innumerables vidas.

La obra de la fundación ha sido posible en parte porque el Perú de las últimas décadas ha vivido un período extraordinario de apertura y estabilidad que ha facilitado la comunicación y el intercambio. He viajado a San Martín numerosas veces durante 20 años, en los que he visto cómo la región se ha transformado, con mejoras notables en el bienestar de la población. La pobreza en San Martín ha caído de alrededor de 70% a 22%. Aun así, sigue habiendo mucho por hacer, y por eso sigue existiendo la fundación.

Mi padre, Luis Vásquez, falleció el 2 de mayo. Quería recordar aquí algo importante para su Perú querido que, considero, representa su historia: la creencia en el progreso y su promoción por voluntad propia.

Esta incertidumbre no solo afecta los mercados, la inversión y el tipo de cambio, sino que nos impacta a cada uno de nosotros. Afecta nuestra salud mental y física, nuestras relaciones, nuestra capacidad de planificar y hasta nuestra manera de mirar al otro. La incertidumbre es supremamente desgastante porque necesitamos cierta sensación de estabilidad para funcionar, movernos entre marcos mínimos de previsibilidad, donde las reglas del juego sean claras y el futuro no dependa únicamente del azar.

Desde la psicología sabemos que la incertidumbre sostenida genera ansiedad, hipervigilancia, agotamiento emocional y la necesidad constante de querer anticipar amenazas. El cerebro entra en modo supervivencia y empezamos a modificar nuestras decisiones: personas que postergan inversiones, compras importantes o emprendimientos porque no saben qué ocurrirá en los próximos meses; jóvenes que sienten que el país no les ofrece un futuro próspero y empiezan a pensar en emigrar; trabajadores que viven con la sensación permanente de fragilidad; familias que consumen noticias compulsivamente, pendientes de rumores políticos, escándalos o posibles crisis, o que, por el contrario, terminan optando por desconectarse por completo de lo que pasa en el país.

La incertidumbre nos vuelve más ansiosos, más irritables y menos tolerantes. Lo vemos en las conversaciones familiares, en el trabajo y, en su expresión más brutal, en las redes sociales. El agotamiento colectivo termina filtrándose en todo y, en nuestro caso, empieza a volverse estructural.

La sociedad entera está funcionando desde el miedo y no desde la planificación. Podemos lidiar con el riesgo –asignamos probabilidades a distintos eventos–, pero no podemos lidiar sanamente con una incertidumbre tan prolongada. Desde el 2016 estamos viviendo en modo supervivencia democrática, institucional e individual: tenemos presidentes que no terminan su mandato, crisis institucionales recurrentes, enfrentamientos permanentes entre poderes del Estado y una degradación progresiva del debate público. La incertidumbre se ha vuelto la constante y es el terreno perfecto para la polarización y para narrativas que “ordenan” ese caos.

Las teorías conspirativas ofrecen justamente eso: relatos simples para problemas complejos. Poco importa, por ejemplo, si no existen pruebas sólidas sobre el supuesto fraude electoral desde la ONPE o si jamás se aclara quiénes lo habrían orquestado. Lo que sí es obvio en esta elección es que la gestión institucional y comunicacional del proceso electoral dejó enormes vacíos, que permitieron que estas ideas conspirativas escalaran y se instalaran en un sector importante de la sociedad.

Eso tiene consecuencias nefastas para nuestra precaria democracia. Cuando todo puede ser presentado como manipulación, la conversación pública se vuelve imposible. Nos está ocurriendo cada vez más seguido porque nos hemos acostumbrado a que la incertidumbre sea la norma. Y esa normalización tiene costos enormes, incluso cuando no siempre sean visibles de inmediato.

La economía lo sabe bien. La inestabilidad política le cuesta crecimiento al país y afecta directamente el empleo y la reducción de la pobreza porque disminuye la inversión, frena la contratación y paraliza decisiones empresariales. Pero la incertidumbre también deteriora el tejido social: hace más difícil confiar, colaborar o construir proyectos comunes. Una sociedad emocionalmente agotada se vuelve más cínica, más individualista y menos capaz de sostener conversaciones mínimamente saludables.

¿Cómo reconstruimos confianza en un país que lleva años viviendo bajo tensión permanente? ¿Cómo evitamos que el miedo termine definiendo nuestras decisiones y nuestras relaciones sociales? ¿Cómo devolvemos a nuestras instituciones esas reglas y esa confianza perdidas, con autoridades creíbles y mínimos consensos compartidos? Sin confianza no hay inversión pero, más importante aún, tampoco hay ciudadanía.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bienes del Obispado de Chiclayo son Patrimonio

El Ministerio de Cultura, a través de una resolución, declaró Patrimonio Cultural de la Nación 66 bienes histórico-artísticos ubicados en la catedral Santa María de Chiclayo, en la parroquia Santa María Magdalena de Ciudad Eten y en las iglesias San Pedro de Monsefú y Santa Lucía de Ferreñafe. Los bienes son propiedad del Obispado de Chiclayo, que antes estuvo a cargo del papa León XIV. La medida se da por el valor artístico de las piezas y porque constituyen un testimonio de la historia de Lambayeque.

🔴 Nuevo rescate financiero para Petro-Perú

El Gobierno autorizó, por medio de un decreto de urgencia, un nuevo rescate financiero para Petro-Perú, esta vez de US$2.000 millones, con el argumento de mantener las operaciones de la empresa estatal y evitar riesgos de desabastecimiento de combustibles a nivel nacional (atiende casi el 20% del mercado nacional). Según Pro Inversión, el dinero se devolvería después de siete años. El problema es que Petro-Perú acumula enormes pérdidas y más de S/18.000 millones en salvatajes.

🔴 Peruanos afectados por bloqueos en Bolivia

Más de 400 peruanos se han visto afectados por los bloqueos de vías en Bolivia, consecuencia de las protestas de la Central Obrera Boliviana de la última semana. Hace unos días, la cancillería informó que alrededor de 200 personas varadas en el país vecino eran estudiantes de colegios de las ciudades de Cusco, Arequipa y Puno. Ante esta situación, la cancillería ya está coordinando con el Ministerio de Defensa para evacuar a nuestros compatriotas de La Paz y Oruro hasta Juliaca (Puno).

Como era previsible, pareciera que los votantes de López Aliaga y Álvarez se inclinan en su mayoría por Fujimori; y que los de López Chau y Belmont lo hacen por Sánchez, mientras que los de Nieto se parten por la mitad, según el análisis que realiza la última encuesta del IEP, de finales de abril. El gran campo de disputa es por los indecisos: los porcentajes más altos de indefinición están entre las mujeres, los jóvenes, los más pobres y el votante identificado con posiciones de centro. En los dos primeros la delantera la lleva hasta el momento Keiko Fujimori; entre los dos últimos, Sánchez.

En el 2001 y 2006, las segundas vueltas favorecieron a los candidatos más capaces de atraer a los votantes de centro, Toledo frente a García, y García frente a Humala. En el 2011, Humala se desplazó hacia el centro para ganar, y explotó el voto anti-Keiko. En el 2016, Kuczynski y Keiko Fujimori compartían un mismo espacio político, pero el primero pudo congregar el voto anti-Keiko. Del otro lado, Fujimori intentó explotar el miedo al “chavismo” en el 2011 y posturas críticas contra la élite empresarial en el 2016, y perdió en ambas ocasiones, aunque con diferencias estrechas, en el 2016 en particular. En el 2021, era claro que Castillo tenía que mostrar capacidad de armar un gobierno viable para poder ganar, por lo que recurrió a técnicos y profesionales independientes para cubrir ese flanco; mientras que Keiko Fujimori redobló la apuesta por denunciar los peligros del “comunismo” y volvió a perder, aunque también por una diferencia pequeña.

El dilema de Keiko Fujimori es que necesita conquistar votos en el centro para ganar, pero su voto negativo es muy fuerte en ese ámbito. La lección que pareciera haber sacado de sus derrotas anteriores no es necesariamente que debe cambiar de estrategia, sino que debe cuidar mejor sus votos: reducir el ausentismo en Lima y las ciudades principales, los votos del extranjero y los votos de militares y policías. En esta ocasión, la intemperancia de López Aliaga la ha empujado a asumir posiciones más moderadas, que podrían ayudarle un poco a despejar los miedos del votante de centro. También la ayuda la precariedad que proyecta la candidatura de Sánchez.

Del lado de este, el gran dilema es si está dispuesto a hacer los ajustes necesarios para intentar ganar la elección y poder gobernar: ampliar la convocatoria, establecer alianzas, convocar a técnicos independientes, camino muy diferente al que siguió para construir su candidatura, basado en perfilar un proyecto más radical, o si optará por una campaña más identitaria, y confiará más en los errores del adversario.

Por eso, cuando algunos minimizan el crecimiento económico o lo satanizan olvidan que este es la principal fuente de financiamiento del bienestar social. El crecimiento no es un fin en sí mismo, pero sí es la condición indispensable para que un país pueda reducir pobreza y generar oportunidades.

El Perú es un ejemplo claro de ello. Desde hace más de 30 años, el país emprendió un proceso de ordenamiento económico que permitió controlar la inflación, estabilizar la moneda, atraer inversión y aumentar sostenidamente la recaudación fiscal. Gracias a ese modelo, contenido en la Constitución de 1993, millones de peruanos salieron de la pobreza y el Estado pasó a contar con presupuestos históricamente altos para atender salud, educación, infraestructura, seguridad y servicios públicos esenciales.

Sin embargo, aquí aparece la verdadera tragedia peruana: el problema no ha sido principalmente la falta de dinero, sino la incapacidad del Estado para transformarlo en bienestar real para la población, y en esa “aventura fallida” figuran varias conspicuas figuras de la izquierda radical que han gobernado en sus regiones y hoy se distancian del “crecimiento” y apelan a un discurso de engaño. Lo cierto es que gobiernos regionales y municipales han recibido enormes recursos provenientes de impuestos, canon y regalías, pero gran parte de ese dinero no se ha ejecutado correctamente. Hospitales inconclusos, colegios deficientes, obras paralizadas, carreteras mal hechas y proyectos sobrevalorados son el reflejo de un problema estructural de ineficiencia, burocracia y corrupción.

El Perú no necesita destruir el crecimiento económico; necesita convertirlo eficientemente en desarrollo humano. Porque sin crecimiento no habría recursos para distribuir, pero sin buena gestión pública esos recursos tampoco llegarían adecuadamente a la gente. ¡Este 7 de junio votemos con la cabeza y no con la emoción!

Subrayado lo anterior, diremos que hay por lo tanto algunos militares y policías que han caído en la minería ligada con el oro ilegal, el cobre ilegal o el carbón ilegal, este último un mineral que en La Libertad es un furor y cuya exportación está en auge por la demanda europea.

En Pataz, ahora mismo, hay una historia enrevesada que involucra a algunos militares y policías de acusaciones mutuas de dar “seguridad y protección” a mineros ilegales y a las familias millonarias que invaden concesiones ajenas y que tienen plantas de procesamiento sin vigilancia ni fiscalización. Se comenta que la caída de un general de La Libertad es parte de esta dialéctica del delito. Otro ejemplo: un oficial de la policía acumula más de S/31 millones en sus cuentas bancarias. Él había sido designado a una zona minera ilegal convulsa. Otros tres militares son acusados de dar “apoyo” a ilegales en Pataz. En Madre de Dios igual y en el Nanay también.

Todo lo anterior es peligroso, sumamente peligroso. Si los militares, sobre todo, y los policías pierden la confianza de los ciudadanos y otras instituciones porque alguno de los suyos estaría involucrado directa o indirectamente en la ilegalidad y criminalidad en la minería, entonces el último bastión de la seguridad y protección se derrumba.

No es la primera vez que algunos militares y policías son centro de investigaciones sobre acciones ilegales y criminales en la minería. Miren Tocache, ciudad clave en el Alto Huallaga, eje de toda la zona cocalera de San Martín y Huánuco. Entre fines de la década de los setenta hasta los primeros años de los noventa, la zona fue centro de la explosión de la cocaína con sus capos y líderes, algunos presos hasta hoy. Por supuesto que durante esos años hubo muchas denuncias en medios de comunicación que involucraron a militares y policías como colaboradores del narcotráfico. También políticos, claro está. No pudo ni puede existir narcotráfico ni ilegalidad en la minería sin la corrupción ni la anuencia de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales.

Ahora tomen un mapa y observen Pataz, la pequeña “urbe rural” enclavada en las montañas liberteñas. Al fondo está el Marañón o la ‘serpiente de oro’ en palabras literarias. Sigan en el mapa, miren hacia abajo y encontrarán dos ciudades pequeñas: Sihuas y Huacrachuco. Ambas, sobre todo esta última, son enlaces hacia Tocache. Si uno continúa en la Marginal de la Selva, la vista nos llevará hacia Juanjuí, Tarapoto y luego a Yurimaguas. Esa extensa red es uno de los más grandes corredores del narcotráfico, las armas de contrabando y la minería ilegal en el nororiente del país. Ahora volvamos a Pataz y sigamos el cauce del Marañón que nos lleva a Celendín, pasa por Jaén, San Ignacio, para ir hacia Santa María del Nieva. En todo ese camino encontramos opio y criminalidad en la minería.

Todo ese territorio del Marañón –desde Pataz a Nieva– podría convertirse en el nuevo ‘Alto Huallaga’ de la década de los ochenta, cuando los capos del narcotráfico como Demetrio Chávez dominaban con sus fiestas, corrupción y armamento. Pero aquí tendríamos a la ilegalidad en la minería y no a la cocaína como la combustión con la que arde este nuevo ‘Alto Huallaga’. Lo preocupante de todo es que habría varios ‘Alto Huallaga’.

Lo cierto es que la situación era ya mala hace una década o más, pero lo que ocurre ahora no tiene parangón. Las imágenes satelitales han mostrado también que principalmente en las zonas aledañas al río Malinowski —que marca uno de los límites de la Reserva Nacional— operan 183 balsas tipo tracas y dragas, utilizadas para remover y succionar grandes volúmenes de tierra con agua en busca del oro y causantes de una alta contaminación. Cerca de las infraestructuras mineras, se han identificado, además, 67 campamentos, lo que indica que actualmente habría no menos de 1.000 mineros ilegales deforestando el lugar. Tales campamentos, como se sabe, son adicionalmente habituales focos de trata de personas y violencia.

Si bien entre el 2017 y 2018, y luego en el 2021 (tras el receso al que obligó el COVID-19), se llevaron a cabo en la reserva importantes operaciones y patrullajes permanentes que lograron disminuir significativamente el problema, en los años siguientes los esfuerzos del Ejército y la Policía Nacional se hicieron menos frecuentes y el fenómeno se desbordó. Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación, grafica la dramática situación así: “Solo hay un grupo de 12 personas en un bote enfrentados diariamente a mil mineros ilegales”.

Al repliegue de la autoridad y las fuerzas del orden, se han sumado por otra parte el estímulo de los altos precios del oro y, sobre todo, una actitud cómplice por parte de diversos sectores del Congreso, dispuestos a extender el Reinfo —parapeto de la criminal actividad que describimos— una y otra vez. Esa complicidad legislativa con la minería ilegal e informal tiene, según el especialista en hidrocarburos Iván Arenas, un máximo representante: el aún congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, quien ha sido y continúa siendo uno de los mayores aliados de esta actividad en el Legislativo y particularmente en la Comisión de Energía y Minas. Piense bien su voto si le indigna que la deforestación siga su avance incontrolable.

El primer aspecto central radica en la naturaleza jurídica de las gracias presidenciales reguladas por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 062-2026-JUS. El literal b) del artículo 3 establece expresamente que el indulto implica la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de condenados con sentencia consentida o ejecutoriada. Es decir, el presupuesto indispensable para su evaluación es la existencia de una condena firme.

En el caso de Pedro Castillo, la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión se encuentra actualmente en apelación, razón por la cual no ha adquirido firmeza. Jurídicamente, ello imposibilita siquiera ingresar al análisis material de un eventual indulto común o humanitario. Pero incluso si se pretendiera discutir una interpretación extensiva de dicha figura, aparece un segundo obstáculo reglamentario. El numeral 37.1 del artículo 37 exige que el solicitante no registre procesos penales pendientes con mandato de detención vigente. Castillo mantiene una prisión preventiva vinculada a los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, medida que se extiende hasta marzo de 2027.

Bajo ese supuesto, tampoco cumpliría los requisitos para una recomendación favorable. La misma lógica jurídica se aplica respecto de la conmutación de pena. El literal c) del artículo 3 del Reglamento señala que esta figura implica la reducción de una pena impuesta en sentencia consentida o ejecutoriada. Nuevamente, el requisito de firmeza no se cumple en el presente caso. A ello se suma la existencia de otro proceso penal con mandato de prisión preventiva vigente, lo que impide además satisfacer las condiciones previstas en el numeral 37.2 del reglamento. En cuanto al derecho de gracia común, el análisis tampoco resulta favorable. El literal d) del artículo 3 establece que esta figura extingue la acción penal cuando la etapa de instrucción o investigación preparatoria excede el doble de su plazo más sus ampliaciones.

Sin embargo, en el caso del expresidente, el proceso penal ya superó la investigación preparatoria y culminó incluso la etapa de juzgamiento con una sentencia actualmente recurrida en apelación. En consecuencia, el derecho de gracia común no resultaría jurídicamente procedente. La alternativa humanitaria tampoco parece encontrar sustento objetivo. El artículo 44 del Reglamento exige supuestos médicos excepcionales: enfermedades terminales, enfermedades graves degenerativas o trastornos mentales irreversibles que coloquen en grave riesgo la vida, salud e integridad del interno. Hasta la fecha, no existe información pública conocida que permita sostener que Castillo se encuentre dentro de dichos supuestos. Existe además un elemento adicional que confirma la relevancia política y jurídica del tema. Con fecha 31 de marzo de 2026, mediante Oficio N.° 004119-2026-DP/SSG, el Subsecretario General del Despacho Presidencial trasladó al Ministerio de Justicia el escrito presentado por el ciudadano Raúl Choquenaira Chino, quien solicitó el indulto presidencial a favor de Castillo. Dicho pedido fue respondido por la Dirección de Gracias Presidenciales a través de la Carta N.° 036-2026-JUS/DGAC-DGP, de fecha 14 de abril de 2026, precisándose únicamente los requisitos mínimos necesarios para la eventual presentación de una solicitud de gracia presidencial. Es decir, lejos de existir un reconocimiento de procedencia, la propia respuesta administrativa evidencia que cualquier evaluación futura deberá necesariamente sujetarse al marco normativo vigente. Por ello, el debate alrededor de una eventual gracia presidencial no puede abordarse desde consignas políticas ni presiones mediáticas.

El derecho constitucional de gracia posee límites claramente establecidos por el ordenamiento jurídico y por el propio reglamento administrativo que regula su aplicación. En ese contexto, corresponde destacar además que el actual ministro de Justicia, Luis Jiménez, ha demostrado una gestión activa, técnica y pegada a la ley. No sólo desde la defensa irrestricta del principio de legalidad en asuntos sensibles como el presente, sino también impulsando esfuerzos concretos en el plan de deshacinamiento penitenciario y en la articulación de un subsistema especializado de lucha contra las extorsiones, fortaleciendo la coordinación entre jueces, fiscales, Policía, INPE y Defensa Pública frente a uno de los fenómenos criminales más graves que enfrenta actualmente el país. Ello evidencia una conducción del sector orientada a fortalecer las instituciones y no a debilitar el marco jurídico mediante decisiones de coyuntura política.

El Estado constitucional de derecho exige precisamente eso: que incluso en los casos políticamente más sensibles, prevalezca la ley sobre la coyuntura.

Si bien esto no es novedoso (en 1997, el Congreso dominado por Cambio 90-Nueva Mayoría de Alberto Fujimori destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a su tercera reelección), el Congreso 2021-2026 ha empleado esta herramienta de forma sistemática y cada vez más en escalada para garantizarse impunidad y menos vetos a su agenda.

La estrategia ha sido doble. Por un lado, el Congreso ha cooptado instituciones claves del sistema de justicia mediante nombramientos politizados de figuras cuestionadas por su cercanía con el Parlamento. Fue el caso del Tribunal Constitucional en el 2022 con el nombramiento de seis magistrados mediante un proceso cuestionado por falta de transparencia. Desde entonces, el TC ha archivado investigaciones o favorecido a políticos como Keiko Fujimori, Dina Boluarte y Daniel Urresti. En el 2025, asimismo, la destitución de Delia Espinoza, forzada por el Congreso, abrió el camino para que Tomás Gálvez, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, asumiera la Fiscalía de la Nación.

Por otro lado, el Congreso ha destituido a figuras del sistema de justicia que investigaban a sus integrantes: en el 2024, el Parlamento intentó por cuarta vez destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que investigaba a varios miembros del Parlamento por los casos Los Niños y Valkiria. Terminaría destituyendo e inhabilitando por diez años a su entonces vicepresidente, Aldo Vásquez, y a Inés Tello, dado que no les alcanzó los votos para destituir a los cinco restantes⁴. Si a estas destituciones les sumamos la inhabilitación de la exfiscal Espinoza y la no ratificación del exjuez Ordóñez, el patrón queda claro.

Asediar e infiltrar el sistema de justicia no es solo cuestión de retribución para estos congresistas. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, en julio del 2025 más de la mitad de los miembros del Congreso estaban investigados por corrupción u otros delitos⁵. Infiltrar el sistema de justicia y desactivarlo desde adentro, y despedir a los jueces que no se subordinan es, entonces, un intento del Parlamento de alcanzar a la justicia antes de que la justicia los alcance a ellos una vez vencida su inmunidad parlamentaria en julio de este año.

Sin embargo, empezamos hoy una semana que va a ser determinante para el proceso electoral. El compromiso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido que, a más tardar este viernes 15 de mayo, entregará los resultados finales de la primera vuelta, y nos dirá oficialmente quiénes pasan a la segunda vuelta. En rigor, recién entonces empezaría la nueva carrera.

El JNE debe mostrar al país su capacidad para enfrentar con decisión, responsabilidad y autoridad una situación como la que vivimos en este proceso electoral. Y será todo un reto porque lo que hasta ahora ha mostrado este ente rector ha sido todo lo contrario.

El escenario no es el mejor. El segundo lugar puede definirse por apenas unos miles de votos, lo que haría discutible cualquier proclamación, considerando las graves irregularidades que se cometieron el 12 y 13 de abril.

En adición, tenemos dos posiciones en disputa que involucran a candidatos y sectores políticos, pero también empresariales e institucionales: la que señala que estas irregularidades no llegan a impactar cuantitativamente en el resultado final y hay que cumplir los plazos establecidos para el proceso electoral; y la que sostiene que las irregularidades sí han torcido la voluntad popular, y exige que no se entreguen resultados ni se proclamen ganadores hasta que no se conozcan los resultados de la auditoría anunciada por el propio JNE.

La discusión corre el riesgo de resultar confusa y hasta molesta para la población si no queda claro qué es lo que realmente se necesita y se quiere porque se habla de auditorías, peritajes y otros conceptos y términos (actas de la serie 900.000) que van apareciendo y que el electorado no termina de entender.

En medio de todo esto aparecen quienes quieren pescar a río revuelto y se disfrazan de “defensores” de la confianza en las instituciones y el sistema electoral. Se trata de quienes estarían buscando, moviéndose agitadamente tras bambalinas, que se postergue la proclamación de resultados por tiempo indefinido, y hasta que se convoque a nuevas elecciones, lo que les permitiría quedarse por varios meses más en sus cargos, vacar a José María Balcázar y poner a alguien que les asegure mantener su “repartija”, y así seguir manejando ministerios e instituciones públicas para seguir “haciendo negocios” hasta por un año más.

Ya tenemos un proceso electoral y organismos responsables de este, que generan desconfianza y han perdido legitimidad. Tenemos que llegar a una segunda vuelta que pueda corregir todos los errores de la primera y restablecer en algo la confianza ciudadana.

El anuncio que el JNE haga este viernes 15, y que no puede postergarse más, deberá estar muy bien sustentado desde todo ángulo, y a prueba de cuestionamientos.

¿Hay alguna mujer más interesante, más enigmática, que lady Brett Ashley? La pregunta ronda las mentes de Jake Barnes, Robert Cohn, su prometido Mike, el torero Romero y quienes tratan con ella en las páginas de “Fiesta”, la novela de Ernest Hemingway que cumple 100 años.

Desde que Cohn la mira como quien mira a la tierra prometida, con una “ávida y merecida esperanza”, la novela se las arregla para que sus lectores también la sigamos. Con su suéter, su falda de ‘tweed’ y el “pelo cepillado hacia atrás, como un chico”, sabemos ante una mujer excepcional. Brett es desvergonzada, elegante, sentimental. Está “toda hecha de curvas, como el casco de un yate de carreras” que no pasan inadvertidas bajo su chompa de lana. Pero el secreto de su magia es su conversación sugestiva, hecha de silencios reveladores. Tiene “una manera de mirar que uno se pregunta si realmente veía algo de lo que estaba frente a ella”. Según el autor, sus “ojos podían seguir mirando y mirando cuando todos los demás habían dejado de mirar.” Promiscua, voluble, Brett es una aristócrata inglesa expatriada, que va a tener romances con Cohn y con Romero. Al final del capítulo cuatro, luego de que Jake la ve alejarse y subir a una ‘limousine’, piensa que esa es la Brett por la que él “había estado llorando”.

En el inicio de la novela, un grupo de expatriados se reúne en París en el verano de 1925. Todos están celebrando algo, embriagados por la vida que comparten. Van a viajar a la tierra de los sanfermines, Pamplona. Allí, antes y después del paseo de los toros, en un cortejo con la muerte, van a seguir festejando. Las embriagadas conversaciones entre ellos son memorables. No tienen una ideología, unas convicciones o unas creencias muy afincadas. Solo una sed personal de cruzar todos los límites desde la curiosidad de la inocencia. Es tan intensa la celebración que “al final todo se volvió bastante irreal y parecía como si nada pudiera tener consecuencias”.

Hemingway empezó a escribir la novela en julio de 1925, después de uno de sus paseos por los sanfermines con su primera esposa, la escritora Hadley Richardson, y un grupo de amigos. Era un muchacho de 26 años. A pesar de que lo negó en muchas oportunidades, en realidad Scott Fitzgerald lo ayudó a mejorar el inicio del libro. La novela salió publicada en octubre de 1926, y su autor saltó a la fama. No escribiría una novela mejor que esa. Luego del éxito del libro, el pelo corto de Brett se difundió como una moda entre muchas mujeres.

“Fiesta” es también una historia de amor, el que sienten Jake y Brett el uno por el otro. Al final, cuando él va a buscarla en Madrid, ambos se suben a un taxi. En ese último diálogo hay una pregunta y una respuesta atravesadas por la nostalgia. Unas palabras sencillas ponen fin a las celebraciones que ha contado la historia. La técnica de dar cuenta de la grandeza de sus personajes en frases simples iba a ser una marca de su autor.

A esos personajes puede aplicarse lo que dijo Salvador de Madariaga sobre Hemingway: “Esa cosa tan rara que es un ser humano: ojos abiertos, manos abiertas, corazón abierto, mente abierta, un hombre dispuesto a aprender, a comprender, a apreciar, a mirar por debajo de las apariencias”.

He aprendido a leer por segunda vez. A través de los ojos de mi hijo, he revivido aquel asombro ante el misterio intacto de las letras, el esfuerzo del desciframiento, la tarea lenta y balbuciente de ordeñarles su sentido a las palabras. Mis labios han vuelto a silabear mientras su lengua iba desenmarañando los sonidos ocultos en los signos. No es tarea fácil arrebatar las páginas al silencio. De niña no fui consciente, pero ahora me ha fascinado la operación tan extraña, sinestésica y mestiza que implica enseñar a los ojos a escuchar.

Un texto es la partitura del lenguaje; las palabras, aire escrito. Ahora mismo, con tu mirada, tú extraes música callada de estos párrafos. El alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento, también para comunicarnos a distancia. Pero no es la única forma de hacer viajar los mensajes. Nuestros antepasados encontraron otros modos de atravesar el horizonte con sus frases. Así idearon el lenguaje de humo o el idioma rítmico de los tambores. En “La Orestíada”, Esquilo describe cómo Agamenón envía noticias desde Troya a Grecia a través de una hilera de hogueras que los vigías van encendiendo sucesivamente desde sus puestos de guardia, de torre en torre y de montaña en montaña, como un telégrafo de fuego. Los incas transmitían relatos y órdenes mediante nudos en sus quipus, hablándose con el grosor de los flecos, los colores y las ataduras. Desde siempre nos apasionan las tramas, la urdimbre y el desenlace de los relatos.

Recientemente el escritor Juan Camilo Rincón me descubrió un asombroso método de comunicación creado por las esclavas colombianas. Tras una rebelión y largas luchas, el gobernador de Cartagena de Indias reconoció la libertad de San Basilio de Palenque. Surgieron rutas secretas para huir a esa ciudad, donde, tras una peligrosa aventura, esperaba el fin de la servidumbre. Aquellas mujeres negras inventaron un código para memorizar el itinerario: trenzaban el cabello en forma de mapa. En ese entramado de peinados que delineaba los pasos y las vías, sus cabezas portaban, sin que nadie lo sospechase, el sueño de una fuga, la cartografía de una nueva vida.

A lo largo de milenios hemos sido capaces de escribir con humo, cuerdas, pelo; incluso –sorprendentemente– con los ojos. Utilizando secuencias de puntos y rayas, Samuel Morse creó hace casi dos siglos un sistema eléctrico para desafiar largas distancias. Como sus señales son tan sencillas –cortas y largas–, el código morse se puede utilizar también con sonidos, luces o gestos intermitentes.

En 1966, un piloto norteamericano prisionero de guerra en Vietnam fue obligado a grabar una entrevista televisada. Mientras recitaba frente a la cámara el discurso dictado por sus captores, parpadeó en morse la palabra “tortura”. En una inesperada pirueta comunicativa, su rostro fue capaz de lanzar dos mensajes al mismo tiempo y así consiguió narrar todas las caras de su historia.

Somos seres entrelazados, fabricamos tapices de palabras, nos anudan los hilos del lenguaje. Desde que nacemos enviamos señales con las manos, el arco de las cejas, los titubeos. Por eso, cuando alguien se muestra transparente, cuando su mirada y su gesto reflejan con claridad lo que siente, decimos que es un libro abierto. Misteriosas escrituras desvelan nuestra historia: los surcos de las arrugas y las incisiones del tiempo, como los anillos de los árboles; las cicatrices; la caligrafía de la maternidad; las ilustraciones de los tatuajes; el subrayado de las ojeras; los borrones de las moraduras. En la película “The Pillow Book”, de Peter Greenaway, una joven escritora recibe una carta de un editor reprochándole que sus versos no valen ni el papel en el que están escritos. A partir de entonces, ella redacta sus poemas con exquisita habilidad en la piel de sus amantes, creando libros carnales que le granjean un enorme éxito. Miro a mi hijo enfrascado en su lectura y trato de leer sus manos aferradas al libro, sus ojos caminando por las líneas, sus labios dibujando sílabas en el aire. Nuestros cuerpos son página, atlas y partitura: narran lo que no está escrito.

Esa memoria crítica es indispensable. Roberto Sánchez no debe ser visto como una novedad inofensiva: fue ministro de Pedro Castillo, defiende una nueva Carta Magna, ha prometido liberar al expresidente y representa una continuidad política que solo puede evaluarse a la luz del intento de golpe del 2022. Su cercanía con Antauro Humala tampoco es un dato menor. Revela que el riesgo no está solo en el programa, sino en las alianzas que lo sostienen. No se trata de nombres propios, sino de una oferta política que vuelve a poner sobre la mesa el cambio constitucional, la revisión de las reglas económicas y el debilitamiento de las garantías institucionales.

Ese riesgo no es teórico: ya fue ensayado. Castillo fue elegido democráticamente, pero terminó intentando disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y gobernar por decretos leyes. Antes del intento de golpe, el deterioro ya estaba en marcha: designó ministros sin preparación, hizo desfilar a casi ochenta miembros del Gabinete en apenas 16 meses y convirtió la gestión pública en una ruleta de favores, improvisación y obediencias.

En economía, generó desconfianza. La hostilidad hacia la inversión minera, las amenazas de nacionalizar Camisea y la defensa de Petro-Perú como supuesta tabla de salvación estatal revelaron una visión estatista, improvisada y costosa. Cuando el Estado se vuelve botín político y remedio universal, la factura siempre la paga el ciudadano.

El frente laboral fue igualmente revelador. Se impulsaron rigideces, como las restricciones a la tercerización, sin medir sus efectos sobre la formalidad, competitividad ni la supervivencia de las pequeñas empresas. Castillo dejó, además, una lección política más amplia: las instituciones pueden debilitarse incluso sin mayoría parlamentaria ni Asamblea Constituyente.

El Consejo Fiscal ha advertido sobre el deterioro progresivo de las finanzas públicas. No se trata de equiparar responsabilidades. Castillo encarnó una deriva política e institucional de signo autoritario; los gobiernos posteriores no corrigieron esa fragilidad y dejaron las finanzas públicas expuestas a leyes, exoneraciones y concesiones de alto costo.

Al sector privado, entonces más cohesionado que hoy, le tomó años contener parte del daño. La experiencia debió bastar. Sin embargo, hoy se advierten fricciones entre gremios y sectores empresariales que deberían concentrarse en una tarea más urgente: defender un marco común de democracia, inversión, estabilidad y libre competencia. Mientras tanto, la izquierda radical observa cómo la derecha vuelve a devorarse a sí misma. La prioridad no puede ser la disputa menor ni la defensa de feudos: urge construir una agenda común.

De ahí que el riesgo Sánchez no deba leerse como una candidatura más. Si su proyecto insiste en una nueva Constitución, en revisar reglas económicas esenciales, en renegociar contratos y en debilitar garantías, la pregunta resulta inevitable: ¿qué impediría que se repita lo que Castillo intentó?

La cuestión de fondo no es solo qué hará Sánchez, sino qué estamos haciendo quienes vimos todo esto. No basta indignarse entre convencidos. Hay que explicar que defender la democracia y la economía de mercado no equivale a defender privilegios: significa proteger empleo, ahorro, propiedad, competencia y libertad. También supone defender al usuario que depende de servicios públicos, al trabajador formal que necesita estabilidad, al informal que busca oportunidades, al emprendedor que arriesga capital y al contribuyente que paga la improvisación. Esa defensa exige coordinación, pedagogía cívica, acción política y respuesta organizada frente a la desinformación.

Esta vez no basta cambiar la residencia fiscal, comprar propiedades fuera del país, buscar ciudadanías heredadas o procurar salidas individuales mientras se respaldan candidaturas antisistema o se guarda silencio. Olvidar el Caso Castillo es abrirle la puerta a su regreso bajo otras formas. Si Sánchez encarna esa amenaza, esta vez nadie podrá decir que no fue advertido.

En Puno viven 1,2 millones de peruanos. El 83% de los hogares no tiene servicios básicos, luz, agua, desagüe, Internet ni telefonía móvil. La vida en un hogar sin condiciones mínimas se traduce en más horas dedicadas a tareas domésticas y menos oportunidades de desarrollo. Jennifer, también estudiante de la UNAP, lo sabe bien. Sus padres apenas llegaron a tercero de primaria, pero ella está decidida a convertirse en economista. Uno de sus profesores fue alumno de los ‘Chicago Boys’ cuando hacía su maestría en Santiago.

Hoy estamos a menos de un mes de elegir a quien gobernará el país los próximos cinco años. Las dos propuestas son radicalmente opuestas. Una sabemos que podría generar mucho mayor crecimiento económico y seguridad jurídica, y con ello una mayor reducción de pobreza y, si lo hace bien, cerrar las brechas de acceso a servicios. La otra es una receta fallida que ya conocemos. Pero hoy es cuando –en lugar de cuestionar por qué hay personas que no piensan como nosotros y creen que por eso son limitados, poco inteligentes o simplemente egoístas y malas personas– valdría la pena hacer el esfuerzo de entender su realidad. Pero sobre todo de recordar que tenemos una gran tarea pendiente con 8,8 millones de peruanos que aún viven en pobreza.

En el 2025 logramos reducir la pobreza a 25,7%, y si bien esto es una buena noticia, es insuficiente porque seguimos aún cinco puntos porcentuales por encima de las cifras de pobreza prepandemia. Y sobre todo porque quienes escapan de la pobreza permanecen atrapados en la vulnerabilidad. ¿Pero qué es la pobreza? Es la incapacidad que tiene una persona de alcanzar un nivel de vida mínimo. Hoy, en el Perú, 1 de cada 4 peruanos está en esa situación. Es decir, gana menos de S/462 al mes o, para un hogar de cuatro personas, menos de S/1.848.

La única forma de reducir la pobreza es a través del crecimiento económico. Sobre esto no hay dudas. Y el motor del crecimiento es la empresa privada. Pero en nuestro país, el 99,7% de las empresas son mypes, que tienen una baja productividad en comparación con las empresas más grandes y formales, con bajos sueldos y que en su mayoría (87%) se desarrollan en la informalidad. Esto nos muestra que el Perú es un país de empresarios y emprendedores. Que queremos crecimiento y desarrollo. Pero para lograrlo necesitamos hacer reformas estructurales en el país. Reformas que están pendientes desde los noventa.

Necesitamos entender el país, a los peruanos, la pobreza y las barreras que el mismo Estado tiene para poder cumplir con su rol. El Banco Mundial ha encontrado que el 45% de los proyectos de inversión pública en nuestro país se abandonan. Y aunque el Perú es un país donde hay pobreza, no es un país pobre. Cuando escribíamos “Los 10 números que todo peruano debe conocer”, mi coautor, Roberto Chang, encontró que con solo un sexto del presupuesto nacional no utilizado podríamos erradicar la pobreza.

Ese es el trasfondo de una denuncia que 34 empresas del sector presentaron ante el Indecopi y que acaba de superar su primer obstáculo: la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas revocó la declaración de improcedencia emitida por la primera instancia administrativa y ordenó que se analice el fondo de la controversia. Lo que estas empresas cuestionan no es la existencia del SCTR ni la importancia de la seguridad laboral; son las razones –o la ausencia de ellas– para que ese régimen se amplíe de la manera en que se hizo.

En primer lugar, la denuncia cuestiona a nivel formal la disposición. El Decreto Supremo 008-2022-SA habría sido promulgado sin prepublicación; esto es, sin que los sectores afectados tuvieran la oportunidad de conocer el proyecto, comentarlo y recibir respuesta del Estado. A eso se suma que no habría pasado por las instancias de discusión que correspondían. Si bien cambiar las reglas del mercado ya es serio, hacerlo sin debate previo lo es aún más.

El cuestionamiento no se limita a lo estrictamente formal. Se debe considerar que el propio régimen del SCTR exige criterios objetivos para incluir actividades en el listado que determinan el nivel de riesgo: siniestralidad, innovación tecnológica en seguridad ocupacional, evolución del sistema. ¿Cuáles de esos criterios aparecen claramente ponderados en los antecedentes del decreto? Según lo que obra en el expediente, la respuesta no es tranquilizadora. Tampoco lo es el diagnóstico: la propuesta se sustentó en la identificación de accidentes en “restaurantes”, pero sin distinguir las subcategorías del sector ni precisar en qué tipo de locales ni con qué intensidad real tuvieron lugar estos. Se trató como homogéneo a un universo que no lo es.

Finalmente, en cuanto al análisis de proporcionalidad de la medida, ¿se demostró que la solución era incorporar a toda la actividad al régimen del SCTR? Un seguro cubre el accidente una vez ocurrido, pero no lo previene. Había opciones más focalizadas y efectivas como promover mejores estándares, exigencias específicas por función, una fiscalización más intensa. Nada de eso parece haber sido ponderado. En los antecedentes del decreto apenas consta que la medida no generaba costo para el Estado. El problema es que ese costo lo asumen las empresas, y en mayor medida las micro y pequeñas, que son la mayoría del sector.

Y allí aparece la dimensión más inquietante. Si el decreto nació –presuntamente– sin el procedimiento debido y sin análisis técnico suficiente, la duda no debería recaer solo sobre los restaurantes. El cuestionamiento debería ser extensivo a toda la lista aprobada por esa norma –la cual sumó 70 actividades nuevas, entre ellas telecomunicaciones, mensajería, limpieza de instalaciones industriales y transporte de carga– y preguntarse si cada una corrió la misma suerte: entrar en bloque sin que se haya realizado una adecuada medición de los niveles reales de siniestralidad.

La sala del Indecopi ordenó que se analice el fondo. Es lo mínimo que corresponde. La pregunta más incómoda vendrá después: si la forma en que se amplió esta lista fue defectuosa, ¿cuántos sectores llevan tres años pagando una carga que nunca debió imponerse así?

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las medallas de Valeria Sándiga en el ciclismo continental

La ciclista peruana Valeria Sándiga, de 17 años, tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista que se realizó en Veracruz (México). En el torneo obtuvo cuatro medallas: tres de plata y una de bronce (en las pruebas Eliminación, Omnium, Scratch y Prueba por Puntos). Estos resultados evidencian el gran presente y futuro de Valeria, quien el año pasado, en el mismo campeonato (que se llevó a cabo en la Videna) ya había logrado una presea de bronce.

🔴 El peligroso avance de la minería ilegal en la reserva de Tambopata

La minería ilegal del oro que opera en Madre de Dios sigue destruyendo la Reserva Nacional de Tambopata, uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo. Entre el segundo semestre del 2025 y los primeros dos meses de este año, estos mineros ilegales han deforestado 500 hectáreas de bosques de la reserva, creada justamente para proteger la flora, fauna y paisajes amazónicos. Imágenes satelitales han captado cómo la destrucción ha avanzado en la zona.

🔴 Cabecilla de facción del Tren de Aragua podría quedar libre

Edinson Agustín Barrera ‘Catire’, cabecilla de Los Malditos del Tren de Aragua, facción de la peligrosa organización criminal en el Perú, podría quedar libre y permanecer en el país. Desde el 2018, cuando fue capturado, ‘Catire’ cumple una condena en un penal de máxima seguridad. Pero ya finalizará su sentencia y existe el riesgo de que recupere su libertad en el Perú, pues, según fuentes policiales consultadas por El Comercio, no se ha gestionado una ruta de expulsión clara.

Luego de la pandemia, el país tuvo la oportunidad de regresar a algo similar al período anterior, pero la desperdició con indolencia. Según recoge un informe publicado ayer en este Diario, en el quinquenio 2021–2026 muchos de los indicadores estructurales no solo no mejoraron, sino que involucionaron. Esto se dio a pesar de que los términos de intercambio –la relación de precios entre lo que se exporta y lo que se importa– están en el mejor momento histórico, y que las variables macroeconómicas fundamentales, como el tipo de cambio y la inflación, se mantuvieron en niveles aceptables para el contexto nacional e internacional.

La señal más clara de este potencial desaprovechado está en la tasa de pobreza que el INEI publicó la semana pasada. Al 2025, el 25,7% de los hogares peruanos vivía por debajo de la línea de pobreza, un registro 5,5 puntos porcentuales más alto que el del 2019. Si bien este ratio se ha reducido desde el pico de 30,1% en el 2020, es inaceptable que, cinco años después y con un escenario internacional favorable, haya hoy 2,3 millones más de pobres que antes del COVID-19.

El principal responsable, según coinciden la mayoría de los analistas, es el desastre político del que el país ha sido víctima en la última década. El informe recoge que, desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. Estos han durado, en promedio, cinco meses. En pleno azote de las economías criminales, el ministro del Interior tiene una vigencia de cerca de tres meses.

El país no tiene cinco años más para desperdiciar. Los vientos del exterior no siempre soplarán a nuestro favor, y eventualmente alguna crisis –nacional o internacional– golpeará duramente la economía nacional y las familias peruanas. La mejor manera de suavizar su impacto es creciendo hoy todo lo posible de la mano de autoridades políticas que, esta vez sí, den la talla.

Hace unas semanas, anunció que la lucha contra el crimen estará en manos de Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, donde murieron asesinados cuatro policías. Suena a una burla contra las fuerzas del orden poner al frente del Ministerio del Interior a quien purgó prisión por homicidio y rebelión. Eso muestra también que para esta coalición la violencia puede legitimarse como “acción política”

Al exfiscal José Domingo Pérez lo quiere designar al frente de la reforma del sistema de justicia. Y el nuevo aliado Alfonso López Chau ha puesto como condición para su apoyo “un gabinete de unidad nacional”, lo que en otras palabras significa algunos ministerios para afines y allegados.

Sánchez está más preocupado en cortar la torta que en hacer campaña. Diera la impresión de que ya logró el objetivo que buscaba: mantener una cuota de poder en próximo Congreso. El eventual pase a segunda vuelta parece ser una sorpresa inesperada con la que no sabe cómo lidiar. Ahora intenta fingir un distanciamiento con Antauro Humala pero es demasiado tarde para desmarcarse. La cercanía y admiración mutua de ambos personajes ha quedado registrada en diversos actos públicos.

Esta semana, el postulante de Juntos por el Perú ha dicho que no firmará ninguna hoja de ruta y mantendrá como ejes centrales de su agenda la asamblea constituyente y la nueva constitución, desinflando las esperanzas de algunos centristas que podrían haber votado por él si se ollantizaba. Como candidato, es pésimo. Si ha llegado hasta donde está es por las adhesiones que ha logrado sumar. Su labor como congresista y ministro de Estado ha sido muy cuestionada. Con esos antecedentes, no es difícil vaticinar como sería un hipotético gobierno suyo.

En la política peruana no existen verdades absolutas. Quizás el panetón del 2026 solo sea un chancay remojado, pero el riesgo de que Sánchez y sus aliados radicalicen aún más la polarización y agudicen la inestabilidad institucional y económica ya es visible.