El campeonato mundial de fútbol que termina hoy ha sido el simulacro de una guerra mundial con los uniformes de los ejércitos y las alineaciones bien dispuestos. Toda guerra tiene una expectativa alta en vista de que se trata de una carnicería ritualizada y condicionada por las tarjetas rojas. Es curioso que un torneo jugado por distintos nombres de países ocurra en un mundo dominado precisamente por la coexistencia de diferentes patrias en la identidad de muchos jugadores. En la selección de Marruecos, por ejemplo, ninguno de los titulares nació en tierras marroquíes. En algunos casos, como en el de los hermanos Williams, cada uno juega en selecciones distintas, la de Ghana y la de España. Luca, el hijo del seleccionado y estrella de Francia Zinedine Zidane, ha sido el portero de la selección de Argelia, la tierra de sus abuelos. Como en ninguna época de la historia, hoy hay millones de personas que pertenecen a más de un país. Eso no los hace pertenecer menos a su selección, como afirmó el estúpido comentario de Mariano Rajoy en estos días.

El cine ha dado lugar a muchísimas historias de inmigrantes, desde “Casablanca” hasta “Sin nombre”, la conmovedora película de Cary Fukunaga sobre la violencia en la frontera mexicana. Sin embargo, en estos días he recordado la historia de Nino, el personaje de “Pan y chocolate”, que protagonizó hace más de cincuenta años Nino Manfredi, bajo la dirección de Franco Brusati.

Nino es un inmigrante italiano en Suiza. Trata de abrirse paso como camarero en un restaurante de lujo. Una de sus primeras obligaciones es saber cortar una naranja de un modo primoroso, como lo hacen los otros camareros. No puede y tiene que abrirla a mordiscos. Luego, cuando lo sorprenden orinando en la calle, le revocan el permiso de trabajo. Empieza una vida clandestina en Suiza. Conoce a Ana, una refugiada griega, que aparece en los bellos ojos inmortales de Ana Karina, la primera musa de Godard. Cuando un millonario que lo iba a ayudar muere, Nino se refugia con un grupo de napolitanos que cuida gallinas. Allí viven todos, con la ropa condecorada por plumas de las aves. Se sienten tan rebajados, que empiezan a cantar como las gallinas que cuidan. En una de las escenas más reveladoras, estos trabajadores castigados ven aparecer en el campo a unos jóvenes suizos, rubios y esbeltos. Aferrados a unos alambres, contemplan los cuerpos desnudos, ejemplos de una especie de olimpo del Primer Mundo. Luego de verlos, Nino se pregunta quién es. No sabe si es italiano o no. Entonces se pinta el pelo de rubio. Va a querer ser o parecer un suizo. Entra a una taberna. Hay un partido de fútbol. Está jugando la selección de Italia contra un equipo local. Al comienzo Nino se une al resto. Abuchea a Italia. Pero cuando Fabio Capello mete un gol, salta de alegría. Grita el gol de Italia. Es italiano. Lo echan de la taberna.

Al final de la película, debe embarcarse de regreso a Italia junto a otros inmigrados. En la última escena, sin embargo, todo ha cambiado nuevamente.

La historia de la soledad de Nino es la de infinitos inmigrantes hoy en día. Todos han contribuido a enriquecer el país al que llegaron sin negar su país de origen. Pero cuando se trata de un partido de fútbol, obedecen a una identidad profunda. Van al país donde ellos o sus padres nacieron. Veremos qué pasa hoy.

Desde una perspectiva científica, diversos estudios han demostrado que la música puede influir en la neuroplasticidad cerebral y en procesos relacionados con la memoria, la atención y la regulación emocional. Como señalan en “The transformative power of music: Insights into neuroplasticity, health, and disease”, estos efectos están vinculados al funcionamiento del cerebro y respaldan su impacto en el aprendizaje y el bienestar cognitivo.

En la actualidad, la música clásica no ha desaparecido, sino que ha evolucionado en nuevas formas de expresión. Compositores como Hans Zimmer demuestran cómo la tradición orquestal puede integrarse con elementos modernos del cine y la tecnología sonora, generando obras que conservan la esencia clásica mientras se adaptan a audiencias contemporáneas. Por otro lado, John Williams representa una continuidad más fiel a la tradición orquestal en el cine, manteniendo un estilo sinfónico cercano a estructuras tradicionales y consolidando el legado de la música clásica en el lenguaje cinematográfico.

Impulsar la música clásica no implica mirar al pasado, sino reconocer su vigencia y capacidad de adaptación. Su presencia en la educación, el arte y los medios actuales contribuye a una sociedad más creativa, reflexiva y profundamente sensible. Su valor no radica solo en la tradición, sino en su impacto en la experiencia cultural contemporánea.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ingreso gratuito al hipódromo de Monterrico por Fiestas Patrias

El hipódromo de Monterrico abre sus puertas gratuitamente por Fiestas Patrias, con espectáculos familiares y clásicos durante el feriado largo. Cabe saludar la decisión del Jockey Club del Perú y esperar que otras instituciones privadas sigan este ejemplo, entendiendo que celebrar la patria también significa abrir puertas, incluyendo a quienes quedan fuera por falta de recursos.

🟡Cierre de Av. Brasil debería ser mejor planificado

El cierre de un tramo de la avenida Brasil para montar tribunas del desfile patrio es comprensible, pero exige mejor planificación municipal. Cada año se repite el mismo escenario: congestión, desvíos confusos y escasa señalización previa para los vecinos afectados. Las autoridades deben anticipar estas medidas con mayor difusión, rutas alternas y coordinación con el tránsito. Celebrar Fiestas Patrias no puede traducirse en un caos vehicular evitable.

🔴Nuevo crimen por extorsión

Un conductor de Translima fue baleado por extorsionadores mientras cumplía su ruta: una vez más el transporte público es blanco de violencia impune. Esto revela el fracaso estatal para proteger a trabajadores esenciales frente a mafias que operan con total impunidad en las calles. Exigimos a las autoridades resultados concretos, no solo discursos, porque el crimen organizado extorsiona sin freno; la ciudadanía espera que el Estado garantice seguridad.

Para la presidenta electa, el sur no es simplemente un bastión opositor, sino que debería ser un espejo que refleje las heridas abiertas de un país que todavía se niega a reconocerse de manera integral. Ignorar este descontento, o intentar aplacarlo únicamente con discursos transitorios, sería un error de cálculo fatal, puesto que el problema exige respuestas concretas y sostenidas.

El verdadero reto de la nueva presidenta comienza precisamente en ese escenario. No radica en convencer a sus detractores para que cambien su ideología, sino en demostrar la capacidad de una estadista, de una gobernante capaz de tender puentes sobre el abismo de la desconfianza. Asimismo, en tiempos de polarización extrema, el verdadero liderazgo debe trascender la confrontación entre bandos para abrazar un propósito superior.

Hoy, más que nunca, el futuro del país exige que nuestra mayor batalla cívica se centre en la búsqueda y en la lucha incansable por la unión nacional. Si no logramos sanar esta fractura histórica, el Perú seguirá siendo un archipiélago de rencores, condenado a la ingobernabilidad, puesto que ninguna nación puede consolidar su desarrollo mientras permanezca dividida por la desconfianza y el resentimiento.

Durante siglos innumerables niños fueron juzgados con criterios morales cuando lo que correspondía era un diagnóstico clínico. Se les llamó distraídos o indisciplinados, como si sus dificultades nacieran de un defecto de carácter y no de una condición del neurodesarrollo. El diagnóstico oportuno puede alterar el curso de una vida, ya que permite dar inicio a evaluaciones especializadas, estrategias pedagógicas, terapias y adaptaciones escolares que permiten ofrecer igualdad de oportunidades. Comprender que dos niños necesitan caminos distintos para alcanzar un mismo hito del desarrollo significa abandonar la falsa creencia de que la equidad consiste en tratar a todos exactamente de la misma manera.

Russell Barkley, una de las mayores autoridades en el estudio del TDAH, sostiene que la principal dificultad de quienes viven con este trastorno consiste en disponer de las funciones ejecutivas necesarias para transformar sus intenciones en acciones en el momento oportuno. Desde esa perspectiva, el objetivo de las intervenciones nunca ha sido modificar a la persona, sino construir apoyos que le permitan traducir sus capacidades en resultados.

La inteligencia artificial parece avanzar en esa dirección, ya que podría reemplazar agendas, recordatorios y calendarios por asistentes inteligentes que ayuden a organizar la vida cotidiana. Aunque aún no existe evidencia suficiente para considerarla una intervención terapéutica, recientes estudios publicados en la prestigiosa revista Information Fusion (Q1 Scimago) muestran un potencial considerable, porque no pretende modificar el trastorno, sino compensar algunas de sus consecuencias prácticas.

Todo ello adquiere un significado más profundo cuando se observa el recorrido histórico de esta condición. Se estima que el TDAH afecta a entre el 2,5 % y el 4,5 % de la población, pero apenas entre el 1 % y el 2 % de los adultos ha recibido un diagnóstico. Esa brecha permite dimensionar cuántas personas atravesaron la infancia y la adultez sin comprender el origen de sus dificultades. No es difícil entender por qué una mente incapaz de encontrar reposo, que experimenta la concentración como un esfuerzo agotador, termina buscando por sus propios medios aquello que la medicina aún no le había ofrecido. No se trata tanto de la búsqueda del placer cuanto de la búsqueda del silencio. Como explica el psiquiatra José Martínez-Raga, el TDAH no tratado triplica el riesgo de desarrollar una adicción. A ello se suma que hasta el 80 % de las personas con TDAH presenta otro trastorno psiquiátrico, fenómeno conocido como patología dual. Hoy en día, aunque las dificultades persisten, las posibilidades son distintas porque la ciencia ha logrado convertir aquello que antes era motivo de reproche en objeto de comprensión.

Quizá esa sea la verdadera importancia de dedicar un día a recordar el TDAH. No se trata de visibilizar un trastorno, sino de reconocer el valor acumulativo del conocimiento humano, ese lento proceso mediante el cual el sufrimiento de unos termina haciendo posible que otros vivan mejor.

La inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro. Ya está transformando la forma en que aprendemos, trabajamos, accedemos a la información y participamos en la vida democrática.

El desafío que tenemos por delante no es simplemente tecnológico. Es profundamente humano. La pregunta no es si la IA transformará nuestras sociedades. Ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es si las sociedades conservarán la capacidad de orientar esa transformación de acuerdo con valores compartidos, los derechos humanos y la dignidad humana.

Por eso, la conversación sobre la inteligencia artificial no puede limitarse únicamente a la innovación. También debe centrarse en la gobernanza. Debe ser una conversación sobre ética, enfocada en herramientas concretas, marcos prácticos y acciones medibles.

En 2021, los 194 Estados Miembros de la UNESCO adoptaron la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el primer y único marco normativo mundial sobre la ética de la IA. Este instrumento ha proporcionado a gobiernos, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil una brújula común para garantizar que la innovación avance de la mano de los derechos humanos, la transparencia y la sostenibilidad ambiental.

Pero los principios, por sí solos, no transforman la realidad. América Latina y el Caribe están demostrando que la innovación significativa no surge únicamente de los mayores polos tecnológicos del mundo. Cada vez más, la región está mostrando cómo el Sur Global puede contribuir a definir enfoques prácticos y centrados en las personas para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante los últimos tres años, los países de la región han trabajado conjuntamente para adaptar e implementar la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial a sus propias realidades, generando nuevos espacios de cooperación.

Este impulso continuó hace un par de semanas, cuando ministros, responsables de políticas públicas, investigadores, líderes del sector privado y representantes de la sociedad civil se reúnan en Santo Domingo para la Tercera Cumbre Ministerial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe. La Cumbre representó una oportunidad para acelerar la traducción de los principios éticos en políticas públicas, sistemas educativos y prácticas empresariales.

Este compromiso también se refleja en el Perú. Como parte de la colaboración entre la UNESCO y el Estado peruano, en 2025 se presentó el informe Perú: Evaluación del Estado de Preparación para la Inteligencia Artificial, elaborado mediante la aplicación de la Metodología de Evaluación de la Preparación (RAM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO, que permiten identificar prioridades y orientar la toma de decisiones con base en evidencia. Este importante análisis examina las dimensiones social y cultural, legal, económica, científica y técnica; e identifica fortalezas y recomendaciones para avanzar hacia un desarrollo y uso ético, responsable e inclusivo de estas tecnologías. Este esfuerzo se complementa con los avances del país en normativa y formulación de instrumentos de política pública que buscan orientar el desarrollo y la adopción responsable de estas tecnologías.

En tanto, en Uruguay, empresas que desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial, con el apoyo de la UNESCO, han unido esfuerzos con el gobierno para crear un Consejo Empresarial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, la primera red de este tipo a nivel mundial.

La verdadera prueba reside ahora en cómo los principios éticos se traducen en las decisiones cotidianas, tanto en las aulas como en las salas de directorio. Las instituciones públicas deben contar con las capacidades necesarias para ejercer un liderazgo responsable en la era de la inteligencia artificial. Con el apoyo de la UNESCO, los gobiernos están fortaleciendo sus competencias, conocimientos y herramientas para responder a este desafío. Estos esfuerzos trascienden la administración pública y alcanzan también al sector justicia, donde la UNESCO ha colaborado con decenas de miles de jueces, fiscales e instituciones judiciales de América Latina para fortalecer sus capacidades en el uso ético de la inteligencia artificial.

Este año, la UNESCO lanzó en América Latina y el Caribe el curso abierto en línea “Educar en tiempos de Inteligencia Artificial: ciudadanía digital desde la escuela”, diseñado para ayudar a docentes y educadores a comprender los algoritmos, la desinformación, la participación digital y las implicancias éticas de la inteligencia artificial. Más de 30.000 personas de la región y de otras partes del mundo ya se han inscrito, convirtiéndolo en uno de los cursos en línea con mayor participación en la historia de la UNESCO. El mensaje es claro: las personas no solo quieren acceso a la tecnología; quieren sentirse empoderadas para desenvolverse en la era de la inteligencia artificial, con una IA ética desde su diseño.

La inteligencia artificial no debe ser una fuerza que simplemente actúe sobre las personas. Debe ser una herramienta que las personas puedan diseñar, gobernar y utilizar para promover la dignidad humana. Por ello, el futuro de la IA dependerá no solo de los avances tecnológicos, sino también de nuestra capacidad para construir alianzas sostenibles.

Desde el Sur, América Latina y el Caribe están mostrando el camino, demostrando que los países no necesitan elegir entre el desarrollo tecnológico y las salvaguardas éticas. Pueden —y deben— avanzar en ambos frentes de manera simultánea, con las personas y para las personas.

Imagine estar en su casa, conversando con alguien que aprecia o ama profundamente y que de pronto se desmaya. No respira, no responde, y en esa situación cada minuto cuenta: tiene literalmente menos de cinco minutos para evitar un daño irreversible. En ese instante de desesperación, la pregunta sería: ¿sabría qué hacer? Aunque sus manos tienen el poder de mantenerla con vida, la dura realidad es que el poco interés, el desconocimiento o el miedo a hacer las cosas mal paralizan a la mayoría de los peruanos. A pesar de los esfuerzos, la realidad es que la capacitación en RCP a menudo no alcanza el impacto esperado, ya que muchos programas se limitan a cursos breves o teóricos, sin lograr transformar el conocimiento en una verdadera cultura de prevención. Sin embargo, la buena noticia es que las normas de la AHA han simplificado las pautas para revertir esta situación. Hoy, el enfoque está en la RCP Lego, que consiste en usar solo las manos, sin necesidad de ventilación boca a boca, para que cualquier persona pueda salvar una vida mientras llega la ambulancia.

Como licenciados en enfermería, nuestra esencia es el cuidado, y lo más empático o puro que podemos hacer es educar a los ciudadanos para que puedan salvar vidas a través de campañas para capacitar en RCP Lego. Si compartimos lo que sabemos de forma sencilla y accesible, podemos contribuir a que los ciudadanos sepan cómo actuar y a que esto no sea un privilegio de pocos en nuestro país, sino una nueva cultura de solidaridad y respuesta, en la que el poder de salvar una vida esté en las manos de cada peruano que decide aprender y actuar

Es posible que Jorge Nieto esté buscando disputarle a Roberto Sánchez la representación de ese amplio sector despojado. Pero lo primero que hay que notar es que al hacerlo cede a la narrativa de la izquierda de que a Castillo le dieron un golpe en lugar de explicar que fue él quien intentó dar un golpe de Estado, algo absolutamente condenable en una democracia.

Se dirá que en política lo que cuenta son las percepciones. Pero si estas se basan en hechos no reales, la obligación es aclarar la verdad. En un estado de derecho no cabe tomar decisiones sobre la base de posverdades. Salvo que se ponga en la balanza dos valores: el jurídico versus el político. Si se privilegia lo político, la salida es el indulto: el perdón. Pero el indulto no es posible porque Castillo no tiene condena firme. Tampoco cabe la excarcelación “buscando rutas” como propone Nieto, porque tiene sentencia con pena privativa de la libertad, algo que solo podría ser revocado por la segunda instancia.

Nieto sabe perfectamente que lo que propone no es factible, pero lo hace porque está haciendo política -buscando la audiencia de los que no votaron por él-, pero mala política, porque sabiendo que Keiko Fujimori no podría actuar como él le pide, la hace aparecer como negándose a remediar un agravio, agravando la brecha. En la práctica es un consejo para ahondar la brecha, no para reconciliar o despolarizar.

Pero puede enmendar. La mejor manera de reconciliar al Perú es incluir a los excluidos en una formalidad abierta y en servicios públicos eficientes, que atiendan. Un Estado que funcione, como ha dicho Keiko Fujimori. Ello implica llevar a cabo reformas profundas que desafían el statu quo y los intereses burocráticos, empresariales y políticos enquistados. Allí es entonces donde se necesitarán el apoyo congresal y las capacidades verbales tan pedagógicas y persuasivas del líder del partido del Buen Gobierno, para explicar a la población la naturaleza y conveniencia de los cambios, que van a necesitar del apoyo de la opinión pública.

La tarea es tan compleja que el gobierno puede sentirse tentado a no abordarla desde el principio, esperando condiciones que nunca se van a presentar. Los servicios públicos fallidos están en manos de los gobiernos regionales, que hace tiempo traicionaron su promesa inclusiva. Paradójicamente será Lima -la odiada, la “excluyente”- la que tendrá que acudir al rescate de las poblaciones introduciendo cambios que transformen los servicios y eliminen la corrupción.

Pero esto no va a ser fácil. Líderes como Nieto y otros deberían sumarse a la demanda de abrir la formalidad y reformar el Estado y los servicios para que el gobierno se anime a hacerlo y la resistencia sea dominada por la intensidad del reclamo. Salvo que no se quiera que la reconciliación se produzca.

Además, para poder otorgar el indulto, el individuo que ciñe por estos días la banda presidencial tendría que contar con un informe previo de la comisión de gracias presidenciales –un requisito cuyo resultado no lo compromete, pero que no puede ser omitido y que, hasta el momento, no se ha cumplido– y con la firma del ministro de Justicia: un detalle al que el actual titular de esa cartera se resiste. Entre tanto, por el camino de la gracia presidencial, la cosa no luce mejor. Esta solo puede ser concedida cuando los plazos de un proceso legal exceden límites que, en lo que a Castillo concierne, no han sido excedidos. Así que, por gracioso que se sienta, en las actuales circunstancias, Balcázar simplemente no puede apelar a ese recurso. Que le pregunte, si no, a Hegel.

–Puente demasiado lejos–

De otro lado, aun si el precario inquilino de Palacio pudiera superar mágicamente todos estos problemas y otorgarle el indulto a su chochera, este seguiría encarcelado, pues la ya mencionada orden de prisión preventiva por el caso “Puente Tarata”, solo puede ser levantada por el Poder Judicial, no por el presidente. Por último, las inexploradas rutas constitucionales para lograr la libertad del golpista de Chota de las que le ha hablado el excandidato Jorge Nieto a la futura conductora del Ejecutivo, Keiko Fujimori, sencillamente no existen. Los cambios a las normas que rigen la prisión preventiva tendría que hacerlos el Legislativo, que, como se sabe, es un poder del Estado distinto. Adicionalmente, la circunstancia de que nuestro penoso exmandatario estuviera camino de la embajada de México cuando se lo detuvo el 7 de diciembre del 2022, insinúa un cierto peligro de fuga que haría poco recomendable retirarle la detención. Los otros exgobernantes que purgan prisión en el Fundo Barbadillo, en consecuencia, podrían entonarle al profesor ese cántico de “y no se va…” que se escucha en los estadios cuando los aficionados no quieren que un jugador se retire de las canchas.

Agotados los argumentos del no hay cómo sacar a Castillo de la cárcel, conviene finalmente visitar también los del no hay por qué. Y uno de los más socorridos por los que proponen hacerlo para “pacificar el país” es el que sostiene que muchos de nuestros compatriotas creen de modo equivocado que él fue la víctima y no el autor del golpe que acabó con su presidencia. Lo que sugieren pues, en buena cuenta, es algo así como darle la razón al loco para tranquilizarlo… Ojalá la señora Fujimori entienda que acceder a esos pedidos una vez que esté instalada en la casa de Pizarro no sería percibido como un gesto, sino como una mueca.

Pero la responsabilidad política frente a esta emergencia climática recae también en los gobiernos subnacionales. Al margen de las imágenes prejuiciosas que circulan en algunos segmentos de la tecnocracia capitalina (“las regiones no saben gastar”, “las municipalidades no tienen especialistas”), el historial ejecutivo de estas instancias no ha sido tan auspicioso en materia de rehabilitación y recuperación (ni qué decir en prevención). Esto no convierte, por supuesto, al gobierno central en un agente eficaz cuando administra eventos calamitosos, sea para prevenir, sea para reconstruir. Mucho se recuerda que los estragos del Niño Costero de 2017 –que afectó al Perú y al Ecuador-- fueron mejor gestionados por las autoridades ecuatorianas que las peruanas.

Volviendo al punto, ¿las crisis derivadas de desastres asociados a fenómenos naturales constituyen ventanas de oportunidad para las administraciones gubernamentales? En principio sí, pero dependerá de qué tanto dispongan de, y cómo jueguen con, elementos tales como recursos financieros, mínima capacidad estatal, eficaces entidades especializadas, manejo integral del riesgo y buenas redes de asistencia. Aún así, nada de lo anterior serviría de mucho si es que no hay liderazgo político, uno que transmita determinación, confianza, transparencia y empatía.

Los pocos estudios en ciencia política que han investigado el comportamiento de los gobiernos ante desastres no han sido concluyentes para identificar las variables que aseguran cierto éxito cuando se enfrenta un sismo, un huracán, un Niño, una erupción volcánica o cualquier otra amenaza natural. Sin embargo, una élite política que esté a la cabeza de un país consolidado y articulado tendrá mayores posibilidades de gestionar mejor un evento que uno casi sin Estado y con tejido social precario: cuando Chile y Haití fueron sacudidos por terremotos en 2010, el aceptable manejo del primero marcó una notoria diferencia frente a la devastación sufrida por el segundo. Pero también dentro de una democracia consolidada los buenos desempeños no siempre están garantizados: en Estados Unidos, la distante y poco oportuna respuesta que George Bush dio a los embates del huracán Katrina, en 2005, contrastó con el liderazgo que Barack Obama imprimió cuando le tocó lidiar con el huracán Sandy, en 2012, consolidando así su reelección. En los regímenes autoritarios, los desastres mal respondidos pueden hacerles perder respaldo y credibilidad, e incluso iniciar su caída, como pasó con el terremoto de Managua, en 1972: el régimen personalista de Anastasio Somoza perdió el apoyo de los sectores medios, la Iglesia y del gobierno norteamericano, tras comprobarse corrupción y negociados en la distribución de la ayuda internacional, junto a un deficiente manejo de la emergencia.

En el caso peruano, la ciencia ya puso la evidencia; ahora es la política aquella que deberá poner la estrategia y la eficiencia. Con una actual gestión gubernamental de salida, un nuevo gobierno que comenzará sin “luna de miel” y un recambio de autoridades regionales y municipales a fin de año, las perspectivas no parecen muy auspiciosas. Pero quedan algunos meses donde se puede hacer mucho frente a una coyuntura climática que ya nos es harto conocida. Se dice que la tónica de la siguiente gestión gubernamental será confrontacional y revanchista; sea como fuere, El Niño lo obligará a ser convocante, dialogante e inclusivo. Así como una amenaza natural suscita no pocos temores, esperemos que su tratamiento político no nos signifiquen grandes resquemores.

Bajo esta doctrina, se justificó la intervención en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, pero que ha devenido en una especie de cogobierno con el chavismo. El siguiente paso ha sido la presión sobre Cuba, que aún es un hueso duro de roer.

El otro objetivo que debía estar en la lista de Trump tendría que ser Nicaragua. Alineada con el eje castrochavista desde hace décadas, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han convertido el gobierno en una autocracia familiar. Con cientos de muertos sobre sus espaldas, anulación de cualquier resquicio de oposición y miles de nicaragüenses en el exilio temerosos de su vida, el orteguismo no parece ser una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos. Al menos, por ahora.

Y no se trata, obviamente, de falta de información. De hecho, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Michael Kozak, dijo apenas unos días que la situación en Nicaragua “debe cambiar pronto” y no dudó en definir el régimen de Ortega como una “brutal y cleptocrática dinastía dictatorial”. Se trata de una de las poquísimas declaraciones que ha dado la administración Trump sobre la dictadura Ortega-Murillo, quien sigue solapadamente sin alzar la voz ni soltar alguna frase altisonante que pueda molestar al presidente de Estados Unidos.

Ortega, viejo zorro, sabe que no le conviene estar en la mira evidente de Trump para no terminar como Maduro. Pero también sabe que se trata de intereses y conveniencias, y que Trump basa su diplomacia en relaciones transaccionales. Nicaragua no tiene el peso económico de Venezuela, en cuanto a riquezas energéticas; ni tampoco tiene el peso simbólico y político de Cuba. La diáspora cubana en Florida, además, constituye un colchón de votantes que puede determinar una elección.

Sin embargo, hay algo que sí hace ruido en Nicaragua, y es la cantidad de concesiones mineras, sobre todo de oro, que el régimen orteguista ha firmado con empresas estatales chinas, además de millonarios préstamos y acuerdos comerciales que atan a Managua con Beijing. Por ahora, Washington viene pasando esta situación por agua tibia, mientras el gobierno siga colaborando con operaciones antinarcóticos y en la contención de inmigrantes ilegales. Pero en la mente impredecible del presidente estadounidense todo puede ser posible, y Ortega tiene varias fichas en su contra.

Paradójicamente, mientras condenamos la corrupción, seguimos alimentando las condiciones que la favorecen. Un entramado de leyes y procedimientos excesivamente complicados genera incentivos para que ciudadanos y funcionarios recurran a la llamada aceitada. Cuando un trámite demora semanas o meses y existe urgencia por resolverlo, la tentación de ofrecer o solicitar un soborno aumenta inevitablemente.

Con frecuencia se anuncia la necesidad de simplificar los trámites administrativos y agilizar los permisos. Sin embargo, esas promesas suelen quedarse en el discurso. En la práctica, la reacción habitual consiste en endurecer las sanciones: multas más elevadas, mayores exigencias regulatorias y penas de prisión más largas, aun cuando el propio Estado carece de infraestructura suficiente para hacerlas cumplir.

El problema no radica únicamente en la severidad de las sanciones, sino en la falta de eficacia de los mecanismos de control. Existen alternativas tecnológicas para supervisar a delincuentes de menor peligrosidad mediante dispositivos electrónicos o para reforzar la seguridad ciudadana con sistemas inteligentes de vigilancia en el transporte público. Sin embargo, estas herramientas avanzan lentamente, mientras continúan imponiéndose multas que muchas veces nunca llegan a cobrarse.

Las contradicciones también son evidentes en la política económica. Por un lado, el Estado afirma que la exploración minera es fundamental para atraer inversiones y asegurar el crecimiento del país. Por otro, incrementa permanentemente las exigencias regulatorias y los procesos de fiscalización, haciendo que desarrollar nuevos proyectos resulte cada vez más costoso, lento e incierto.

En muchos aspectos, el Perú parece aspirar a tener regulaciones propias de países como Suiza o Singapur. No obstante, la realidad cotidiana está muy lejos de esos estándares. Basta recorrer nuestras ciudades para observar un tránsito caótico, basura acumulada en calles y veredas, cableado desordenado y una infraestructura urbana deteriorada. En la práctica, solo una pequeña parte de las empresas y los ciudadanos logra cumplir con la enorme cantidad de normas existentes.

El desafío no consiste en legislar más, sino en legislar mejor. El país necesita reglas claras, sencillas y aplicables, orientadas a proteger aquello que realmente importa: la vida, la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente y los derechos fundamentales, como la propiedad privada y el libre tránsito. Una regulación eficaz debe reducir al mínimo la discrecionalidad burocrática y privilegiar mecanismos como el silencio administrativo para evitar que los ciudadanos queden atrapados en trámites interminables.

Los peruanos hemos demostrado una extraordinaria capacidad para emprender y generar oportunidades. Sin embargo, esa energía choca permanentemente contra una telaraña de leyes, reglamentos y procedimientos que desincentivan la inversión y la formalidad sin producir beneficios reales para la sociedad.

En definitiva, el Perú necesita encontrar un punto de equilibrio. Debemos construir un marco regulatorio que impida el desorden y la improvisación, pero sin caer en la ilusión de imponer normas propias de los países más desarrollados cuando nuestras instituciones aún no tienen la capacidad de hacerlas cumplir. No se trata de elegir entre Suiza y Calcuta, sino de construir un sistema de reglas realista, eficiente y respetado por todos.

Cruz insiste en que legalizar a la Fenatep “no está en su agenda”. Pero sus actos lo contradicen. Antes de esa reunión había dicho que, si el sindicato “cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse”. Después, admitió que el trámite de inscripción sigue en curso y que su despacho evalúa las observaciones pendientes. No hace falta suspicacia para notar la incoherencia: no se sostiene que algo no esté en agenda mientras se recibe a quienes gestionan ese trámite.

El problema no es solo de forma. La Fenatep arrastra denuncias de vínculos con el Movadef, fachada de Sendero Luminoso disuelta judicialmente por su origen senderista. Dirigentes de la organización, como Mery Coila Ramírez y Lucio Ccallo Ccallata, figuran en los planillones que el Movadef presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Legalizar a una federación con esos antecedentes en su dirigencia no es un trámite cualquiera: compromete la seguridad del Estado y la formación de escolares.

A esto se suma que, ese mismo día, dirigentes de la Fenatep también acudieron al Ministerio de Educación, para presentar su pliego de reclamos. Que el mismo gremio toque puertas en Trabajo y Educación en cuestión de días no parece casualidad, sino una estrategia para ganar legitimidad institucional por ambos flancos del Estado, mientras sus ministros aseguran que no hay nada que negociar.

Cruz puede seguir negando intenciones, pero cada reunión, cada declaración ambigua y cada registro extemporáneo lo desmienten. Un gobierno de transición que agota sus últimos días no debería usar ese tiempo para allanarle el camino a un sindicato con dirigentes ligados al terrorismo. Si Cruz quiere despejar dudas, la vía no es negar en público lo que hace en privado, sino cerrar la puerta que él mismo le mantiene abierta a la Fenatep.

Al culminar el encuentro con Fujimori Higuchi, Nieto reveló a los periodistas que cubrían las incidencias de la reunión: “Le he sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización”.

Esta sola afirmación del también exministro de Defensa generó más de una reacción. ¿Cree realmente Nieto que la liberación de Castillo reconciliará a los peruanos? ¿Cree Jorge Nieto que, en el hipotético caso de que Castillo sea liberado, lo veremos haciendo proclamas de paz y reconciliación en favor de todos los peruanos? ¿Recordará Nieto que fue precisamente Aníbal Torres –para algunos el cerebro detrás del golpe de diciembre del 2022– quien amenazaba con que correrían “ríos de sangre” si Castillo era vacado? ¿De qué “despolarización” estamos hablando?

Con todo respeto a la libertad de expresión del señor Nieto, la agenda del país merece prioridades distintas a la excarcelación de Pedro Castillo. La lucha inmediata contra la inseguridad ciudadana, las tareas de prevención y mitigación para el inminente fenómeno de El Niño, entre otros asuntos, resultan más importantes que la libertad de un golpista.

Si bien Nieto se cuidó en decir que cualquier proceso que implique la libertad de Castillo debe ser constitucional, lo cierto es que no existe el sustento legal que pueda abrirle la puerta de Barbadillo a Castillo.

El exmandatario que dio un discurso de quiebre constitucional el 7 de diciembre del 2022 ha sido sentenciado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, y esta condena ha sido apelada ante la Corte Suprema; por tanto, no tiene sentencia firme. Además, tiene otros procesos de corrupción, como el de Puente Tarata, por el que viene cumpliendo prisión preventiva.

Es decir, por más potestad que tenga un jefe del Estado para conceder un indulto o gracia común, este no aplica por el simple hecho de que son casos que están siendo procesados todavía por el Poder Judicial, y no cabe una injerencia del Ejecutivo con el instrumento del indulto. La separación de poderes también es democracia.

Una auténtica reconciliación debe pasar, quizá, por saber discrepar con altura, por no cancelar al que piensa distinto, y por entender que un país merece memoria, pero también justicia y perdón.

Cuando una pareja se separa, la relación sentimental termina, pero la relación entre padres e hijos continúa. Esa es una diferencia que, en la práctica, muchas veces se olvida. Es frecuente que uno de los progenitores, movido por el resentimiento o por los conflictos derivados de la ruptura, impida que el otro mantenga contacto con sus hijos. Sin embargo, esta conducta no solo afecta al padre o a la madre que no puede verlos, sino que también vulnera un derecho fundamental del propio niño.

En el Derecho de Familia existe un principio que debe orientar toda decisión relacionada con los menores de edad: el interés superior del niño. Este principio exige que cualquier medida adoptada por los padres o por las autoridades busque proteger el bienestar físico y emocional del menor, dejando de lado los intereses personales de los adultos.

Por esa razón, la legislación peruana reconoce que los niños y adolescentes tienen derecho a mantener una relación personal y permanente con ambos padres, aun cuando estos se encuentren separados o divorciados. La ruptura de la pareja no extingue los deberes ni los derechos derivados de la paternidad o la maternidad.

Lamentablemente, en muchos casos uno de los padres utiliza a los hijos como una forma de represalia. Las visitas se suspenden sin motivo, se incumplen los acuerdos existentes o se crean obstáculos para dificultar el contacto entre el menor y el otro progenitor. En ocasiones, incluso se influye en el niño para que rechace a su padre o a su madre, generando un deterioro progresivo del vínculo familiar.

Estas conductas no deben considerarse simples conflictos entre adultos. Desde una perspectiva jurídica, pueden constituir una afectación al derecho del niño a mantener relaciones familiares estables y al derecho del progenitor a participar activamente en la crianza y formación de sus hijos.

Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo sobre las visitas, corresponde al Poder Judicial fijar un régimen de visitas. En ese proceso, el juez no decide pensando en quién tiene la razón o quién cometió errores durante la relación de pareja. Su principal obligación es determinar cuál es la alternativa que mejor protege el desarrollo integral del menor.

Una vez establecido judicialmente el régimen de visitas, ambos padres están obligados a cumplirlo. Si quien tiene la tenencia impide reiteradamente las visitas sin una causa justificada, el juez puede adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de su decisión. Dependiendo de las circunstancias del caso, ese comportamiento también puede ser valorado al momento de resolver futuros procesos relacionados con la tenencia del menor.

Naturalmente, existen situaciones excepcionales en las que restringir el contacto resulta necesario. Cuando existen evidencias de violencia familiar, abuso, consumo problemático de drogas, alcoholismo u otras circunstancias que pongan en riesgo la integridad física o psicológica del niño, el juez puede limitar, supervisar o incluso suspender las visitas. Pero esa decisión debe sustentarse en pruebas y no en simples afirmaciones o conflictos personales entre los padres.

Otro aspecto que suele generar confusión es la relación entre la pensión de alimentos y el régimen de visitas. En la práctica, algunas personas consideran que quien no paga alimentos pierde el derecho de ver a sus hijos. Otras creen que impedir las visitas es una forma válida de presionar para obtener el pago de la pensión. Jurídicamente, ambas posiciones son incorrectas. Se trata de derechos y obligaciones independientes. El incumplimiento de uno no autoriza el incumplimiento del otro.

El Derecho de Familia busca preservar los vínculos familiares y proteger el desarrollo emocional de los niños. Por ello, los procesos judiciales no deben convertirse en escenarios para prolongar los conflictos de pareja, sino en mecanismos para garantizar que los hijos mantengan una relación equilibrada con ambos padres.

Al final, impedir injustificadamente que un padre o una madre vea a sus hijos no representa una victoria para quien ejerce ese control. Por el contrario, puede significar una vulneración de derechos y un daño emocional para el menor que, muchas veces, deja huellas difíciles de superar.

La verdadera responsabilidad de los padres, incluso después de una separación, consiste en comprender que los hijos no son un instrumento de presión ni un medio para ajustar cuentas. Son personas cuyos derechos deben estar siempre por encima de cualquier conflicto entre los adultos.

Es cierto que la Constitución reconoce al Presidente de la República la facultad de conceder indultos. Nadie discute esa atribución. Lo que sí admite discusión es la forma en que debe ejercerse. En un Estado constitucional, las competencias públicas no son cheques en blanco ni prerrogativas absolutas. Todas responden a una finalidad y encuentran límites en los principios que estructuran nuestro sistema democrático. El indulto es una manifestación excepcional del derecho de gracia del Estado; no una herramienta para desplazar a los jueces cuando un caso adquiere suficiente presión política.

Históricamente, esta institución ha estado asociada a razones extraordinarias de clemencia, muchas veces de naturaleza humanitaria. Su lógica consiste en extinguir los efectos de una pena cuando concurren circunstancias excepcionales que justifican una respuesta distinta a la estrictamente judicial. Lo que nunca ha sido —o no debería ser— es un mecanismo para revisar condenas discutidas, neutralizar procesos penales incómodos o convertir al Presidente en una instancia paralela de control de las decisiones jurisdiccionales.

El caso de Pedro Castillo ilustra perfectamente ese riesgo. El expresidente ha sido condenado en primera instancia en uno de los procesos que enfrenta, aunque dicha decisión todavía no ha adquirido firmeza y puede ser revisada por los órganos jurisdiccionales competentes. Paralelamente, afronta otros procesos penales en los que se han dictado medidas de coerción personal. Su situación jurídica, por tanto, sigue dependiendo de decisiones judiciales que aún deben adoptarse o revisarse dentro de los cauces previstos por la ley.

Este dato no es un tecnicismo; es el centro del debate. Incluso si alguien sostuviera que resulta jurídicamente viable conceder un indulto respecto de la condena impuesta en primera instancia, ello no implicaría, por sí mismo, la inmediata libertad de Pedro Castillo. El indulto extingue los efectos de una pena concreta, pero no hace desaparecer los demás procesos ni las decisiones adoptadas en ellos. Si existen otras medidas restrictivas de la libertad, corresponderá exclusivamente a los jueces determinar si subsisten o si deben ser levantadas. La eventual excarcelación del expresidente, por tanto, continúa siendo una cuestión que pertenece al ámbito de la justicia y no al de la política.

Precisamente por ello, tampoco conviene atribuir al informe de Naciones Unidas un alcance que no tiene. Las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos merecen ser analizadas con seriedad y pueden constituir un llamado de atención cuando advierten posibles vulneraciones a derechos fundamentales. Pero una recomendación internacional no sustituye las competencias de los tribunales nacionales ni convierte al Poder Ejecutivo en una instancia revisora de las resoluciones judiciales.

Si el informe considera que determinadas medidas adoptadas contra Pedro Castillo son incompatibles con los estándares internacionales, corresponde que esa discusión sea llevada ante los jueces mediante los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico. Esa es la esencia del Estado de derecho: las controversias jurídicas se resuelven en los tribunales, no en Palacio de Gobierno. Pretender lo contrario equivale a aceptar que las decisiones judiciales pueden ser desplazadas por criterios de oportunidad política cada vez que un caso alcanza suficiente notoriedad.

Hay, además, una pregunta que rara vez se formula y que resulta indispensable plantear. Quienes hoy defienden un eventual indulto para Pedro Castillo, ¿estarían dispuestos a aceptar exactamente el mismo criterio respecto de cualquier otro condenado que alegue persecución política o invoque un informe internacional favorable? Porque el derecho constitucional no se construye pensando en las personas, sino en los precedentes. Y los precedentes suelen sobrevivir a quienes los promovieron.

Ese es el verdadero problema. Si aceptamos que un Presidente puede utilizar el indulto para intervenir en un proceso cuya situación jurídica aún se encuentra bajo examen judicial, mañana cualquier caso políticamente sensible podrá terminar resolviéndose fuera de los tribunales. El despacho presidencial dejaría de ser la sede del Poder Ejecutivo para convertirse, de facto, en una suerte de tribunal de apelaciones. No sería una victoria para Pedro Castillo; sería una derrota para la separación de poderes.

Por supuesto, nada de esto significa que las decisiones judiciales sean infalibles. En una democracia, los jueces también pueden equivocarse y sus resoluciones deben estar sujetas a control mediante los recursos previstos por la ley. Si la condena impuesta al expresidente debe ser revocada, corresponderá a los órganos jurisdiccionales hacerlo. Si alguna medida restrictiva de la libertad carece de fundamento, serán los jueces quienes deban disponer su levantamiento. Esa es, precisamente, la garantía que ofrece el debido proceso: que las controversias sean resueltas por jueces independientes y no por autoridades políticas.

La pregunta de fondo, entonces, no es si Pedro Castillo merece o no recuperar su libertad. Esa discusión deberá resolverse en los expedientes judiciales. La verdadera pregunta es otra: ¿queremos que el Presidente de la República pueda convertirse en el árbitro final de los procesos penales cuando el caso tiene suficiente presión política? Si la respuesta es afirmativa, habremos aceptado que la separación de poderes es poco más que una declaración retórica. Si la respuesta es negativa, el camino también es claro: que decidan los jueces.

El día en que Palacio empiece a corregir sentencias, el problema dejará de ser Pedro Castillo. Ese día, el problema será la República.

Por ejemplo, un director que vota a favor de la eliminación de un área especializada de la empresa para la contención de los riesgos ambientales con la única finalidad de evitar una fuga de dinero a propósito de los sueldos altos de este personal calificado. Solo él y los otros que voten a favor podrían ser responsables de un delito ambiental, si esta decisión puede ser imputable a un daño ambiental grave ocasionado por la actividad de la empresa y no evitada por alguien justamente especializado en materia ambiental.

Sin embargo, los directores no solo se enfrentan a riesgos penales con ocasión de las decisiones que deban adoptar de forma simultánea en el directorio, sino a otras que ya pudieran haber adoptado personas distintas y deben ahora aquellos adoptar una posición al respecto. En otras palabras, ¿adherirse o no a la decisión?

En efecto, los directores de una empresa pueden recibir decisiones colegiadas por herencia y aquellos deben adoptar una decisión inmediata al respecto: adherirse a ellas o cuestionarlas desde ese momento. Estos nuevos contextos de riesgos penales para los directores pueden llegar por una reestructuración empresarial (fusión por absorción, por ejemplo) que pueden traer consigo decisiones colegiadas penalmente relevantes (no levantadas por un due diligence en su momento y que son descubiertas con posterioridad), por recién integrarse a un directorio y la decisión penalmente relevante adoptada con anterioridad se encuentra pendiente de iniciar su ejecución o se encuentra ejecutándose y se eleva al directorio de forma periódica sus avances, etc.

Entonces, estamos en un contexto donde el director toma conocimiento posterior de la decisión adoptada en el ejercicio de su cargo. No estamos en un escenario que todo director debe, bajo un esquema de principio de desconfianza, dudar de todo lo que recibe u otros decidieron. Solo estamos en el supuesto de que el director, en el ejercicio de su cargo, toma conocimiento de la posible relevancia penal de la decisión adoptada previamente.

En esta situación se sugiere que el director de la empresa o los miembros del directorio adopten la decisión de realizar una debida diligencia respecto de lo decidido de forma colegiada de forma previa, zanjando si se adherirá o la revocará o, en todo caso, dejará constancia de estar a favor o en contra de esta para mitigar los riesgos penales de manera personal o corporativa que podrían sobrevenir a futuro. Para estos casos, el director debe realizar su debida diligencia o triaje de la decisión recibida de la siguiente manera:

¿La decisión recibida y adoptada con anterioridad podría ser imputable a la comisión de un posible delito?

¿Cuál es el estado de la ejecución de la decisión adoptada e imputable a la comisión de un posible delito?

¿Qué acciones se puede realizar para mitigar los riesgos penales contra el director y la compañía con ocasión de la decisión adoptada con anterioridad e imputable a la comisión de un posible delito: revocarla o dejar constancia de la no adhesión?

Las respuestas a estas interrogantes no son fáciles de determinar, por lo que es recomendable externalizar estas tareas de cara a que realicen una investigación interna con proyección a definir cada una de las respuestas a las interrogantes arriba mencionadas. Dependerá de los resultados de la investigación, si el director debe simplemente adherirse y continuar con su actividad o, debe en todo caso, revocar cuanto antes la decisión a través de los mecanismos que le ofrece el estatuto de la empresa y las normas del derecho societario peruano. En caso de que aquello ya no sea posible, es importante para resguardar una posible responsabilidad penal individual o corporativa por adhesión que el director pueda dejar constancia de la debida diligencia previa y de la constancia de no adhesión a la decisión con proyección de la comisión de un delito.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una saludable medida

Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, avisará a los padres si detecta que sus hijos adolescentes hablan de suicidio o autolesiones, repitiendo lo que ya hace Instagram y reforzando los recursos de apoyo existentes. Es una decisión sensata y necesaria: la tecnología puede volverse una red de contención para los jóvenes en crisis. Proteger la vida debe estar por encima de cualquier debate sobre privacidad. Ojalá otras plataformas sigan este ejemplo y el aviso llegue con rapidez y acompañamiento profesional.

🔴El transporte, otra vez bajo fuego

Néstor Eduardo Quintero Hernández, conductor venezolano de una combi, fue baleado en el Callao por dos delincuentes en motocicleta antes de iniciar su ruta. Recibió dos balas en el muslo y los peritos hallaron siete casquillos. La principal hipótesis apunta a las extorsiones que azotan el transporte público, y Los Pirañas se atribuyeron el ataque. La inseguridad se cobra cada día nuevas víctimas. Es urgente tomar medidas efectivas y desarticular estas bandas.

🔴Innecesaria e inmerecida condecoración

El Congreso otorgó la Medalla de Honor en grado de Gran Cruz a José Jerí, expresidente del Parlamento y expresidente interino de la República, en una ceremonia protocolar privada. La distinción, confirmada por Fernando Rospigliosi, reaviva el debate sobre cuándo y a quién se entregan nuestros máximos reconocimientos. Premiar a figuras cuestionadas sin explicación pública menoscaba la dignidad del propio Legislativo. Los peruanos merecen transparencia: las medallas no deben ser nunca favores políticos.

Una estructura es un sistema complejo que interactúa dinámicamente con su entorno. Factores críticos como el tipo de suelo y el cumplimiento estricto de la normativa local dictan la supervivencia de una obra. Las normas de diseño no son una valla fija; se adaptan al peligro latente del silencio sísmico. En la costa central, el último gran terremoto ocurrió en 1746. Tras 280 años de acumulación continua de energía, los límites lógicos de este silencio se están alcanzando. Un edificio “formal” construido hace 30 años bajo los parámetros de su época hoy se enfrenta a un escenario de energía acumulada mucho mayor. Si las estructuras no se evalúan y refuerzan bajo la realidad actual, esa supuesta formalidad es solo un riesgo latente.

Paradójicamente, esta “formalidad informal” no solo ocurre en la periferia, sino que se ha vuelto recurrente en grandes megaobras estatales bajo contrataciones Gobierno a Gobierno (G2G) o similares de algunas concesiones. Al amparo de estos marcos especiales, empresas extranjeras asumen el diseño de infraestructuras críticas pretendiendo trasplantar reglamentos de sus países de origen y subestimando la Norma de Diseño Sismorresistente Peruana E.030.

La norma E.030 no es un capricho burocrático; nació del aprendizaje de nuestras propias tragedias y el muy alto riesgo sísmico. Prescindir de ella en obras que servirán a miles de ciudadanos no solo es un error técnico, es ilegal y un enorme delito. Disfrazar la elusión de la normativa local con tecnicismos contractuales expone al público usuario a un riesgo masivo.

La teoría se ignora hasta que la realidad se impone a golpes. Lo sucedido recientemente en Venezuela con el doblete sísmico de una magnitud muy inferior a la peruana, es una lección dolorosa: colapsaron edificaciones formales levantadas por ingenieros y empresas registradas, dejando daños físicos estimados preliminarmente por la ONU en US$ 6,700 millones (6% del PBI de Venezuela), cuya cifra final puede triplicarse, al igual que el alto número de fallecidos.

El colapso de la “formalidad informal” cuesta más caro que la informalidad declarada, porque en la primera el ciudadano y el Estado pagaron por seguridad, recibiendo a cambio un peligro maquillado. Ante la inminencia de un gran sismo en nuestra costa, es urgente auditar técnicamente las críticas megaobras y obligar el respeto irrestricto a la norma E.030, así como empezar a revisar y reforzar las estructuras antiguas. La ingeniería debe responder a la realidad de nuestra norma y el alto riesgo sísmico, no a la flexibilidad de los contratos.

Lo más preocupante es que estamos dejando de cumplir la promesa más básica de cualquier sistema educativo: que los estudiantes aprendan. Hoy, miles de niños y jóvenes avanzan por la escuela sin desarrollar plenamente las competencias que necesitarán para construir su proyecto de vida y aportar al desarrollo del país. Los resultados lo confirman. Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, apenas el 22,9% de los estudiantes de segundo grado alcanzó un nivel satisfactorio en comprensión lectora. Más preocupante aún, los resultados más recientes muestran que solo uno de cada diez estudiantes de quinto de secundaria logra niveles satisfactorios en comprensión lectora y matemática. Detrás de estas cifras hay una realidad que no podemos normalizar: estamos limitando las oportunidades de una generación entera.

Pero recuperar los aprendizajes no será suficiente si seguimos educando para un mundo que ya cambió. La inteligencia artificial, la transformación digital y los cambios en el mercado laboral están redefiniendo las habilidades que las personas necesitarán para desenvolverse y prosperar. Según el Foro Económico Mundial, cerca del 40% de las habilidades requeridas en el trabajo cambiarán durante los próximos cinco años. Frente a esta realidad, la educación debe enfocarse cada vez más en desarrollar pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad y capacidad para resolver problemas, preparando a los estudiantes para aprender y reinventarse a lo largo de toda su vida.

Tampoco podemos seguir aceptando que las oportunidades educativas dependan del lugar donde nace un estudiante. Las brechas que persisten entre regiones del país siguen condicionando el acceso a una educación de calidad y limitando el futuro de miles de niños y jóvenes. Reducirlas exige decisiones sostenidas, una gestión enfocada en resultados y acelerar la modernización educativa. Hoy, según UNICEF, solo el 39,5% de los estudiantes de escuelas públicas cuenta con acceso a internet a través de dispositivos digitales, una realidad que evidencia todo lo que aún nos falta por avanzar.

Si queremos transformar la educación, debemos empezar por quienes hacen posible el aprendizaje todos los días: los docentes. La UNESCO ha señalado reiteradamente que son el factor escolar más importante para mejorar los aprendizajes. Por eso, el país necesita maestros preparados para formar estudiantes autónomos, creativos y capaces de aprender de manera continua. En un entorno de cambio acelerado, enseñar ya no significa solo transmitir conocimientos, sino desarrollar capacidades para toda la vida. Para lograrlo, también es indispensable fortalecer sus competencias digitales. Hoy, según la OCDE, solo cuatro de cada diez docentes peruanos cuentan con habilidades digitales básicas, una brecha que no podemos seguir postergando.

Sin embargo, ningún avance será sostenible si seguimos cambiando de rumbo cada cierto tiempo. La educación requiere continuidad, visión de largo plazo y acuerdos que trasciendan gobiernos y coyunturas. Por eso, más que soluciones aisladas, el país necesita construir una ruta educativa compartida que permita mejorar los aprendizajes, fortalecer el liderazgo docente, acelerar la modernización educativa y movilizar a todos los actores comprometidos con el futuro del Perú.

Por eso, hoy más que nunca, el país necesita espacios de diálogo y construcción de consensos como CADE Educación 2026, capaces de convocar a los distintos actores a pensar y construir una ruta compartida para transformar la educación peruana.

Recuperar los aprendizajes, fortalecer el liderazgo docente y preparar a nuestros estudiantes para los desafíos del futuro es una tarea que nos involucra a todos y sobre la que no podemos seguir esperando.

Como hemos dicho más de una vez en esta columna, es difícil pensar en una ley que no genere gastos, sea en el ejercicio presupuestal en curso o en los futuros. La celebrada ley universitaria del 2014, para poner solo un ejemplo, creó la Sunedu, que tiene un presupuesto de apertura de 72 millones de soles para este año. Sea como fuere, es evidente que los congresistas entendían los límites de sus atribuciones de una manera antes del traspié del Tribunal y de otra manera después. No tenemos que resolver el problema filosófico; basta con volver al entendimiento de antes.

El gobierno de la señora Keiko Fujimori tendrá que decidir qué hace con las leyes aprobadas que contravienen el principio constitucional. Una opción es vivir con ellas y hacer espacio para que se cumplan recortando otros gastos: frenar los aumentos a los oficiales en actividad para pagar la cédula viva de los que se retiran, reducir consultorías para darles sus CTS a los CAS que trabajan en los ministerios y así por el estilo. Otra opción es ir al Tribunal a pedir que las declare inconstitucionales. No sabemos si hay un plazo para hacerlo ni si ese plazo está vencido, pero en cualquier caso puede ser políticamente difícil quitarle un caramelo a quien ya lo está desenvolviendo. Veremos si tiene la firmeza que pregona.

Hay, en nuestra opinión, otro dilema fiscal para el gobierno que está por comenzar. Como tantos otros en el pasado, su plan de gobierno propone ampliar la base tributaria sin aumentar, naturalmente, la presión sobre los actuales contribuyentes. Pero esa presión ya está aumentando con las exigencias cada vez mayores de la Sunat para que se le demuestre que cada gasto que una empresa pretende deducir ha contribuido a la generación de ingresos. Y si sigue aumentando, van a faltar voluntarios para ampliar la base tributaria. El nombramiento del jefe de la Sunat es uno de los más importantes que tiene que hacer la señora Fujimori, y ojalá nombre a una persona sensata y la mantenga cinco años en el cargo.

Que un Congreso presidido por Fuerza Popular haya decidido dejarle a un gobierno de salida la potestad de trazarle el rumbo al gobierno de Keiko Fujimori es, por decir lo menos, poco estratégico y, siendo realistas, irresponsable.

El crédito suplementario aprobado permite que los gobiernos regionales y locales, que también tienen los meses contados, usen los recursos extraordinarios por S/5.436 millones recaudados por canon, sobrecanon y regalías, más o menos, a sus anchas.

Aunque se establece que puedan realizar modificaciones presupuestarias para mitigar los efectos de los fenómenos de El Niño global y El Niño costero, lo que han demostrado las autoridades subnacionales en los últimos años es su incapacidad no solo para identificar los proyectos de prevención prioritarios, sino para ejecutarlos con la inmediatez y la calidad que amerita esta inminente emergencia.

Es difícil imaginar que las mismas entidades con ratios de ejecución paupérrimos en obras de prevención se vayan a convertir mágicamente en máquinas de eficiencia. Por eso, se necesita que se defina sin demora qué institución con presencia nacional centralizará las decisiones sobre cómo se va a usar este extraordinario presupuesto, tomando en cuenta las lecciones que nos ha dejado este fenómeno climatológico y el hecho de que las autoridades subnacionales cambiarán antes de fin de año.

Ya fenecida la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que se creó en su reemplazo tiene una larga lista de prioridades que podrían quitarle foco a lo que es, sin lugar a dudas, el principal reto para nuestro debilitado aparato estatal este año. Y prueba de ello es que el crédito suplementario le otorga recursos a la ANIN para fomentar el turismo, implementar los Juegos Panamericanos del próximo año y el cierre de minas.

Durante su discurso tras recibir las credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori prometió que no ha venido a administrar la inercia, sino a recuperar el sentido de urgencia del Estado. Ojalá que estas no sean solo palabras y que veamos una verdadera acción conjunta, liderada por el Gobierno Central, para que el grave fenómeno de El Niño que se espera no nos vuelva a coger desprevenidos, pese a que aún no hemos culminado siquiera la reconstrucción total de los daños que dejó este evento en el 2017.

La investigación de la CVR fue una tarea colectiva cuya columna vertebral son los testimonios de casi 17.000 compatriotas. Ese ingente trabajo produjo un documento sólido sobre el período 1980-2000. La CVR fue creada para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y reconocer las luchas contra los dos movimientos que quisieron tomar el país: Sendero Luminoso y el MRTA.

Dijimos entonces que nuestro informe era perfectible y constituía un punto de partida: nunca lo presentamos como un punto final para el descubrimiento de la verdad, sino como una base para profundizar en la búsqueda. Con esa precaución, sin embargo, presentaba un conjunto de evidencias sobre hechos incontrovertibles, y conviene recordar que, a 23 años de su publicación, ninguna indagación posterior ha refutado con seriedad, más allá de epítetos insustanciales, sus afirmaciones ni sus conclusiones.

Los cargos del autor se desvanecen al solo hojear el informe. Sostiene que no comprendimos el fenómeno; sin embargo, nuestras conclusiones establecen que la causa inmediata y fundamental del conflicto fue la decisión de Sendero Luminoso de alzarse en armas contra un país que retornaba a la democracia, que su ideología fundamentalista y totalitaria se organizó en torno al culto a Guzmán y que sus proclamas revelaban un potencial genocida. Señala que no reconocimos a quienes derrotaron al terrorismo. Falso. El informe califica de impecables las capturas logradas por la inteligencia policial, constata que las Fuerzas Armadas supieron extraer lecciones y afinar una estrategia menos lesiva de los derechos humanos, y rinde un homenaje a los militares y policías caídos en cumplimiento del deber, a los ronderos que infligieron a Sendero su primera derrota estratégica y a las autoridades que sostuvieron al Estado, muchas veces a costa de sus vidas. Afirmar que nada de esto figura en el informe es confesar que no se lo ha leído o, más grave aún, mentir con deliberación confiando en que los lectores tampoco lo harán.

Lo que en realidad se nos reprocha no son omisiones sino inclusiones: crímenes bien documentados –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, violencia sexual– que en ciertos lugares y períodos constituyeron prácticas sistemáticas de los agentes del Estado. Hoy no lo sostiene solamente la CVR: lo ha ratificado el sistema de justicia mediante sentencias firmes. La verdad no es equidistancia ni complacencia. Reconocer esos crímenes no equipara a las instituciones con el terrorismo; las honra, porque distingue entre quienes actuaron en bien de la nación y quienes usaron su poder para humillar y asesinar a quienes debían defender. Escuchamos a decenas de oficiales de las FF.AA y la policía, cuyos testimonios constan tanto en el informe como en el acervo que custodia la Defensoría del Pueblo. Informarse es una regla básica antes de opinar.

Sostiene también Mendonça Ferreira que la CVR ignoró la lucha campesina contra la agresión subversiva y los cambios estratégicos de los años noventa. Pero el informe registra con claridad el papel desempeñado por los comités de autodefensa con el apoyo del Estado (pero sin silenciar sus abusos: son parte de la verdad), el impulso a la labor de inteligencia, la captura de los cabecillas respetando sus vidas. Y registra también –no hacerlo habría sido pecar de omisión– el golpe del 5 de abril, la creación y el apoyo oficial al escuadrón de la muerte Colina y las leyes de amnistía que pretendieron consagrar la impunidad. Permítaseme un recuerdo personal: viajé a Tokio para escuchar a Fujimori, como lo hicimos con Morales Bermúdez, Belaunde y García. Se negó a recibirme, y su agrupación declinó nuestra invitación a testimoniar.

Propone, finalmente, un “nuevo informe”, supuestamente depurado de sesgos. Llamemos a las cosas por su nombre: propone una versión redactada según la conveniencia del poder de turno. Nuestro informe se ofreció al país como punto de partida, y perfeccionarlo será siempre legítimo; pero perfeccionar no es amputar ni desfigurar. La reconciliación se funda en la justicia, no en la impunidad, y ese principio no admite excepciones: ni para el terrorismo ni para nadie.

Rendimos en ese entonces homenaje a la terca voluntad de los peruanos que, en medio del terror, despertaban cada mañana para continuar con la vida. A ellos les debemos la verdad entera.

Una fotografía tomada hace 20 años cruzaba por primera vez el camino del hoy astro Lionel Messi y de un Lamine Yamal de unos meses de nacido, en una sesión inédita.

Ningún guion escrito con puntos y comas, ni mucho menos una foto creada con IA hubiese resultado tan perfecta para anticiparnos que frente a frente tendríamos la despedida más emotiva de la Copa del Mundo con un sueño vivo con Argentina y la posibilidad de alcanzar las estrellas con España.

Pero, tal vez, esa sea la inexplicable magia del Mundial. No solo levantar campeones, sino también decirles adiós cuando los sucesores están listos para empezar a brillar en la temporada más exigente. La que detiene el tiempo, hasta que el caprichoso parpadeo de estar en la final te despierta, te golpea y te hace caer en cuenta que, como en la mismísima vida, todo tiene su fin.

Que ahora, los momentos son recuerdos: el gol mágico de la pequeña Cabo Verde de Lopes Cabral. La madre de Vozinha en la tribuna. Los “RU RU”, moviéndose al unísono del remo vikingo. El contenido llanto de Cristiano. Paraguay eliminando a Alemania. El show de goles de Mbbapé y la fiesta de Messi cada que se lo proponía.

De seguro, esos 39 días de puro fútbol se mirarán con altísima nostalgia, pero lo que también es seguro es que el juego elige y parece haber elegido ya a sus nuevos protagonistas.

Por lo que las despedidas no siempre son el fin, tal vez, solo el inicio.

En otras caras y las mismas dorsales.

La primera fue María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien tuvo una gestión aceptable. Le criticaban su mal humor y su mal carácter. Es decir, una leve garúa que precedió a las tormentas.

La segunda fue también una mujer: Lady Camones, del partido del inefable César Acuña. Ella ejerció el cargo solo 44 días. Fue censurada a raíz de audios en los que su líder le exigía impulsar una norma para crear el distrito de Alto Trujillo, lo que, de hecho, terminó ocurriendo.

El tercero fue José Williams, de Avanza País. General del Ejército con una muy buena foja de servicios, quien actuó correctamente en el cargo, aun cuando le tocó conducir el Congreso durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Con el cuarto llegó el desmadre. Fue elegido el cusqueño Alejandro Soto, también de APP, quien ostentaba un récord de corrupción: 50 procesos en trámite que hacían que las decenas de congresistas con acusaciones similares lucieran como blancas palomas. Anótese que con esa Mesa Directiva se inició el matrimonio de conveniencia entre el partido de la dama que perdió las elecciones y el del caballero que las ganó.

Con lo repudiable de lo anterior, falta lo peor: el susodicho estuvo estrechamente vinculado al caso del asesinato de Andrea Vidal, joven trabajadora del Congreso que denunció la existencia de una red de prostitución destinada principalmente a atender a congresistas, crimen que hasta hoy permanece impune.

El quinto fue Eduardo Salhuana, de APP, quien estaba estrechamente vinculado a la minería ilegal en Madre de Dios. Parecía que, después de Soto, no podría repetirse algo tan chocante, pero así fue.

El sexto fue José Jerí, de Somos Perú, quien llegaba con un prontuario de aquellos. Lo más notorio fue cómo, desde la muy codiciada Comisión de Presupuesto –que ahora preside Soto–, cobraba para que proyectos de terceros fueran incluidos. Al respecto, existe una denuncia documentada de una empresaria arequipeña a quien no solo no le cumplieron, sino que tampoco le devolvieron el dinero.

El último es Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien consiguió su fajín casi 16 meses después que el resto de sus colegas, tras reemplazar al fallecido Hernando Guerra García. Tampoco fue elegido presidente del Congreso. Llegó al cargo porque Jerí asumió la Presidencia de la República y el aludido no renunció a ejercer la Presidencia del Congreso, como inicialmente había dicho que haría.

Decir que la séptima presidencia fue la cereza del pastel de este desastre sería quedarse corto. Aunque los tres últimos ofrecen una competencia reñida, el dos veces suplente los supera ampliamente.

El aludido impulsó la aprobación de leyes notoriamente inconstitucionales. Hostilizó persistentemente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Utilizó la protección del cargo para difamar y fue condenado en doble instancia. Avaló una nueva renovación del Reinfo. Empleó recursos públicos para comprar lealtades mediante pagos adicionales a congresistas y empleados, así como nombramientos masivos de personal. También permitió decisiones motivadas por un populismo electorero que limitan severamente el margen de acción de la presidenta entrante, pues añaden S/23.000 millones anuales al gasto corriente. Ello deja muy poco espacio para la inversión en obra pública y, peor aún, puede costar muchas vidas, al reducir significativamente los recursos disponibles para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño global.

Por todo ello –Ipsos dixit–, la abrumadora mayoría que desaprueba su gestión al concluir el mandato considera, con razón, que ese juicio está plenamente justificado.