Dentro de esas reflexiones, sin embargo, la primera que debería hacerse es sobre la importancia misma de ir a votar. El último 12 de abril, más de siete millones de peruanos no lo hicieron (el 26% del total), un porcentaje que no está muy lejos del 30% de ausentismo que se registró en la primera vuelta del 2021, cuando el país se hallaba sumido en la segunda ola de la pandemia (que fue, recordemos, la más mortal de todas) y millones de electores acudieron a votar bajo estrictas medidas sanitarias. Hoy vivimos una realidad completamente distinta y, aunque una parte del ausentismo de la primera vuelta puede atribuirse al desastre organizativo de la ONPE, es innegable que hay muchísimos votantes que todavía prefieren quedarse en casa el día de la elección por las razones que sean.

Esto es lamentable porque, contrario a lo que podría creerse, cada voto cuenta. Pensemos solamente en la segunda vuelta del 2021, en la que Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori por el estrecho margen de 44.263 votos. Esa diferencia fue menor que el número de ausentes registrados en distritos como Santiago de Surco (74.000), San Juan de Miraflores (61.000), Chorrillos (49.000) o Puente Piedra (46.000), y eso solo en Lima. Si en aquella elección los ausentes de, por poner ejemplos regionales, los distritos de Trujillo (casi 75.000) o Chimbote (46.000) hubiesen votado, el resultado podría haber sido distinto.

Por ello, es clave que los peruanos vayamos a votar. Y que nos informemos sobre el local que nos corresponde, pues no olvidemos que más de 161.000 electores han sido reubicados por la ONPE para esta segunda vuelta. También es crucial que los miembros de las mesas de votación cumplan con su deber y que estas se instalen temprano para que nadie se quede sin sufragar.

Hay quienes aseguran que no votarán porque ninguna de las dos opciones les genera simpatía y que, en ese sentido, ausentarse les da cierta tranquilidad al sacarles de encima el peso de elegir una candidatura que consideran más nociva que beneficiosa. Ese razonamiento, sin embargo, esconde una gran ingenuidad. Al no ir a votar, uno también termina haciendo aquello que en teoría rehúsa: elegir. Querámoslo o no, el ausentismo, como el voto viciado, también es una elección y las elecciones, al final del día, tienen consecuencias.

El caso Muhammad Ghaleb Hamdar no es una anécdota. Este miembro de la Organización de Seguridad Externa de Hezbolá fue arrestado en Surquillo en octubre de 2014 tras una operación de inteligencia conjunta con servicios israelíes. En su basura se hallaron residuos de materiales explosivos, fotografías de objetivos turísticos peruanos y documentación falsificada. Admitió su pertenencia a Hezbolá en el proceso judicial. Esto demostró que Lima no era un destino de tránsito sino un teatro de operaciones real para redes terroristas internacionales. Lo que el caso Hamdar reveló entonces sigue vigente: cuando Irán siente presión geopolítica, activa sus redes asimétricas en América Latina. Y esas tienen ramificaciones peruanas que hoy son más relevantes que nunca.

El vínculo no es abstracto. Edwar Husain Quiroga Vargas, fundador de la organización Inkarri Islam en 2012, construyó un movimiento que fusiona el nacionalismo andino con el Islam fundamentalista chiíta. Se autodefine como etnocacerista y ya en 2021 llamó públicamente a votar por Pedro Castillo, hoy preso por intento de golpe de Estado y cuya reivindicación sigue siendo bandera de Roberto Sánchez. Quiroga envió a decenas de jóvenes peruanos a Irán para ser formados por clérigos próximos a Hezbolá, y la organización estableció células en Apurímac donde, según reportes de inteligencia, hay colaboración con remanentes de Sendero Luminoso. El Inkarri Islam no es una curiosidad sociológica. Es la intersección entre el etnocacerismo de Antauro Humala, el islamismo radical iraní y el terror senderista: un triángulo de fuego en las entrañas del país.

Antauro Humala, recordemos, no es un aliado incómodo que Roberto Sánchez toleró en la primera vuelta. Es el sostén electoral de su candidatura. El propio Antauro lo reconoció sin eufemismos: de los casi dos millones de votos que obtuvo Sánchez en primera vuelta, un millón, a su juicio, le pertenecen. En el cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo, Sánchez lo presentó como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en su eventual gobierno. Y sin embargo, en el debate presidencial, ante la pregunta directa de Fujimori, fue incapaz de responder si el asesino de policías tendría algún rol en su administración. Ese silencio no es inocente. Es una admisión de culpa que no osó verbalizar por mera cobardía y falsedad sistemática. Se dedico a callar con un cinismo paradigmático.

El programa de Antauro es conocido y no ha cambiado: paredón de fusilamiento, recuperación militar de Arica y Tarapacá, asamblea constituyente de inspiración etnopatriótica, estado teocrático tahuantinsuyano. Propuestas que el mismo Nieto Montesinos resumió con brutal exactitud: “Paredón, marihuana y estado teocrático tahuantinsuyano. Estamos en pleno siglo XXI.” Un hombre condenado a 19 años de prisión por asesinar cuatro policías, declara sentirse orgulloso del Andahuaylazo, y que lo mejor de la izquierda política era Sendero Luminoso, y que sostiene vínculos con el movimiento que envió peruanos a entrenarse con Hezbolá en Teherán.

A este cuadro de terror se suma la variable programática. Roberto Sánchez llegó a la primera vuelta prometiendo “una alternativa al capitalismo”, revisión de los contratos ley y prescindir de Julio Velarde en el BCR, considerado el pilar de confianza de los inversores frente a la volatilidad política local. Sánchez, el improvisado, a días de la votación, presentó un nuevo plan que promueve exactamente lo opuesto. Siendo advertido por el JNE que los planes de gobierno no pueden modificarse tan tardíamente. No se trata de una evolución ideológica sino de una estrategia de engaño con doble cara calculada por audiencia: Sánchez radical en el sur, Sánchez moderado en Lima. Ollanta Humala usó la misma táctica en 2011 y hoy quieren volver a sorprendernos con lo mismo. El Perú de 2026 tiene instituciones más frágiles, un etnocacerismo y senderismo con cuota parlamentaria real y un candidato impostor que exhibe fotografías con Pedro Castillo como credencial de identidad.

Las células iraníes en el Perú no son reliquias del pasado, tal como sostuve en mi análisis anterior. Son amenazas latentes esperando el momento oportuno. Un gobierno endeudado políticamente con el etnocacerismo — ideológicamente hermanado con el yihadismo radical— no tendría ni la voluntad ni el interés de desmantelarlas. La prevención efectiva del terrorismo requiere un Estado con claridad democrática, no uno construido sobre el “paredón patriótico” y la convergencia con el yihadismo andino. Este domingo, el Perú elige entre dos concepciones del Estado: una que protege la estabilidad democrática, y otra que, en su núcleo más profundo, la amenaza de forma subversiva.

Un ejemplo extremo y contraproducente: el suicida no busca el mal por el mal, no busca la muerte en sí, sino que su voluntad se mueve por el aparente bien que significa para él liberarse de su sufrimiento o su desgracia.  Otro ejemplo menos extremo y procedente: la extracción de una muela no es en sí misma un bien, es un mal, pero se permite que el dentista lo haga para mantener la salud integral, que es un bien superior al de mantener una pieza dental o al mal del dolor a tolerar en la extracción.

Pedir que se elija directamente el mal por el mal, aún cuando sea menor, es un contrasentido. No mueve a nadie a la acción. El mal se tolera, pero no se elige directamente. No debe sorprender, entonces, la inmovilidad de no pocos electores, expresada en el número de intenciones hacia el voto en blanco o viciado. Si, en cambio, se alentase a buscar lo que de bien pueda haber en aquello que, en un primer momento, parece totalmente malo, entonces no sólo la voluntad sino, sobre todo, la inteligencia se movería para desentrañar la mejor opción.

¿Es posible encontrar en los candidatos algo mínimamente bueno? Para muchos puede ser difícil. Pero tal vez la perspectiva cambia si se cotejan ambas propuestas en función de un horizonte mayor a éstas: el bien común del país. ¿Qué es el bien común? Aristóteles diría que es aquel apetecible por todos. Aquel que permite el bien mínimo de cada miembro de la comunidad y de ésta en su conjunto. En la actual coyuntura coincidiría con el desarrollo real, verificable e integral del país, más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar cualquiera de los candidatos.

Poniendo el bien común en el horizonte se podría elegir a quien manifiesta más claramente algo de ese bien, pero también podría hacerse eligiendo en contra, es decir, evitando a quien se considera que obstaculizaría más ese bien común. Lo que haya de malo no se eligiría, aun cuando haya que preguntarse si se está dispuesto a tolerarlo. No se trata entonces de poner la mirada en el mal menor, sino de elegir una opción que, aun cuando pueda no ser totalmente buena, se elige positivamente porque se mira al bien mayor, al bien común, al desarrollo no utópico o demagógico, sino viable, real e integral del Perú.

Cuando una pareja decide contraer matrimonio, suele concentrar su atención en los aspectos emocionales y familiares de esta nueva etapa. Sin embargo, existe un tema de gran importancia que muchas veces pasa desapercibido: el régimen patrimonial que regulará los bienes y obligaciones económicas de los cónyuges.

La legislación peruana contempla dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La elección entre uno u otro puede tener importantes consecuencias en la administración de bienes, la responsabilidad frente a deudas y la distribución del patrimonio durante la vida matrimonial o ante una eventual separación.

De acuerdo con el Código Civil, antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de separación de patrimonios. Para ello, deben formalizar su decisión mediante escritura pública e inscribirla en el Registro Personal. Si no realizan este trámite, la ley presume automáticamente que han elegido el régimen de sociedad de gananciales.

Esta presunción legal responde a una tradición histórica según la cual el matrimonio constituía una comunidad económica en la que ambos cónyuges compartían los bienes adquiridos durante la unión. No obstante, la realidad social actual muestra cambios significativos en la forma en que las parejas organizan su economía. Cada vez es más frecuente que ambos cónyuges desarrollen actividades profesionales independientes, adquieran bienes con recursos propios o prefieran mantener una gestión patrimonial separada.

Precisamente por ello, pienso que resulta oportuno debatir si la presunción legal vigente sigue respondiendo a las necesidades de la sociedad contemporánea. En lo personal, pienso que no, por lo que opino que, desde esta perspectiva, podría evaluarse si la separación de patrimonios debería convertirse en el régimen presunto, reflejando mejor las prácticas actuales. Sin embargo, este es un tema que merece un análisis más amplio y especializado.

Es importante señalar que la elección inicial no es definitiva. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por otro. Para hacerlo, deben liquidar el régimen patrimonial vigente, otorgar una escritura pública e inscribir el cambio en el Registro Personal.

Asimismo, cualquiera sea el régimen elegido, ambos cónyuges mantienen la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas y rentas. En caso de desacuerdo, corresponde al juez determinar la forma y proporción de dicha contribución.

En el régimen de sociedad de gananciales pueden coexistir bienes propios de cada cónyuge y bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. La ley presume que todos los bienes son sociales mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, los bienes que cada cónyuge poseía antes del inicio del régimen generalmente conservan su carácter propio. En cuanto a las deudas, los bienes sociales responden prioritariamente por las obligaciones de la sociedad y, en determinados casos, también pueden comprometerse los bienes propios de los cónyuges.

Por otro lado, en el régimen de separación de patrimonios cada cónyuge conserva plenamente la propiedad, administración y libre disposición de sus bienes presentes y futuros. Asimismo, los frutos, rentas y beneficios que estos generen pertenecen exclusivamente a su titular. Del mismo modo, cada uno responde individualmente por sus propias deudas.

En artículos posteriores desarrollaremos en más detalle ambos regímenes.

La elección entre uno u otro régimen no implica que exista una alternativa mejor que la otra. Lo fundamental es que los futuros esposos conozcan las características, ventajas y efectos legales de cada opción para adoptar la que mejor se adapte a su realidad económica y familiar.

Después de todo, así como el matrimonio implica un proyecto de vida en común, también requiere una adecuada planificación patrimonial que contribuya a brindar seguridad jurídica y tranquilidad a la pareja.

Autor: Javier Ignacio Arrieta García

Especialista en Derecho de Familia y Procesal Civil.

Extenuante, no solo porque ha reiterado las viejas brechas y taras que, como país, arrastramos, sino porque ha vuelto a poner sobre la mesa los males que genera la liquidación del quehacer político de las últimas décadas. Son males que, disfrazados de heroísmo, no suelen ser más que conveniencia y oportunismo.

Pero dejando todo eso atrás, en este último tramo hay al menos cuatro aspectos que deben considerarse para poder avizorar cuál será el resultado final del domingo 7 (es sintomático que el Día D tenga una connotación de malagüero: terminará siendo un día negro para alguno de los bandos en contienda).

En primer término, las encuestas difundidas al cierre, hasta el domingo 31, proyectan un final ajustado, con ambos candidatos arrastrando pasivos que podrían agravarse en la etapa previa. Contradictoriamente, persistir en señalarlos podría favorecer al oponente reduciendo el voto que, por el momento, opta por el blanco o nulo.

Evidentemente, un segundo aspecto por considerar es el debate presidencial del último domingo. En sus intervenciones, Keiko Fujimori expuso una rigidez que echaba por tierra la experiencia de tres balotajes previos. En tanto, Roberto Sánchez demostró mejor manejo escénico y un amplio uso de la maña política. Veremos si esto le resulta.

Tercero: la vuelta a escena del antifujimorismo, aunque con señales ambivalentes. La convocatoria a marchas en todo el territorio nacional mostró una marcada orfandad y cabría pensar, por tanto, que este ha perdido peso. No obstante, los cambios de posición de la última semana de prominentes figuras públicas pasando del nulo al decidido voto por Sánchez pueden hacer reconsiderar tal percepción. En cualquier caso, el domingo se despejará toda duda.

Finalmente, la actualización del plan de gobierno de Juntos por el Perú ha conseguido gran cobertura mediática. Pero, tanto por el guion como por el cásting, parece que estamos ante un ‘remake’ que ha perdido gracia: una “nueva propuesta” que sigue anclada a una mirada del país desde la izquierda, con todo lo que ha significado para el país y la región.

¿Qué esperar de los días que quedan? Primero, una intensa circulación de información real y ficticia. Segundo, la activación de factores emocionales: temores y tirrias, en la misma medida, para justificar posiciones encontradas. Si, como reza la salsa, “alguien pierde, alguien gana”, la derrota, que también es parte del quehacer democrático, deberá ser asumida con la madurez democrática que las circunstancias exigen. ¿Tenemos políticos capaces de responder con esa intensidad y a esa altura?

Una de ellas es atribuir al Congreso o al fujimorismo la responsabilidad por el no financiamiento de las becas para la convocatoria 2026. Es incorrecto. La decisión de no incorporar el presupuesto necesario fue exclusiva del Poder Ejecutivo. Se puede debatir si esa decisión fue acertada o equivocada, pero no se puede trasladar la responsabilidad a partidos que no tuvieron injerencia en ello. Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú fueron responsables de su no financiamiento.

Más allá de la coyuntura electoral, lo realmente importante es recordar qué representa Beca 18 para el país. Desde su creación, el programa ha permitido que miles de jóvenes talentosos provenientes de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad accedan a universidades e institutos de calidad con todos los gastos cubiertos. Este programa busca reducir las brechas de oportunidades y convertir el mérito académico en una herramienta efectiva de movilidad social.

Las cifras de las últimas convocatorias muestran que la demanda de este programa sigue creciendo. Detrás de cada beca hay una historia familiar de esfuerzo, sacrificio y esperanza. Por eso, cuando se proponen becas, no estamos hablando simplemente de números; estamos hablando de oportunidades reales de desarrollo para miles de peruanos.

Beca 18 merece algo mejor que convertirse en un instrumento de confrontación política. Los programas públicos exitosos necesitan continuidad, sostenibilidad y consenso mínimo. La educación no debería utilizarse para alimentar narrativas partidarias ni para buscar culpables. Mucho menos cuando ello implica desinformar a la ciudadanía y utilizar a los beneficiarios como munición electoral. Si existe algo en lo que todas las fuerzas políticas deberían coincidir es en la necesidad de fortalecer Beca 18. Incluso la OCDE plantea incrementar la cobertura del programa.

Preocupa que una de las propuestas de Juntos por el Perú sea declarar el acceso universal a las universidades. Esta idea suena bien y puede ser bienintencionada, pero resulta antitécnica porque el ingreso a universidades pasa por un estricto orden de mérito en los procesos de postulación. Si lo que se busca es tener más estudiantes en universidades públicas, se deberían aumentar las vacantes, cosa que no ha sucedido en los últimos años a pesar del incremento de financiamiento.

Beca 18 no pertenece a un gobierno ni a una bancada. Pertenece a los miles de jóvenes peruanos que ven en la educación una oportunidad para transformar sus vidas y contribuir al desarrollo del país.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢VUELVE “EL SUPER CHOLO”

“El Super Cholo”, historieta creada por Francisco Miró Quesada Cantuarias y Víctor Honigman, regresa con una de sus aventuras más recordadas: el Campeonato Interplanetario de Fútbol. La aventura, publicada originalmente en 1962, coincidió con el Mundial de Chile y permitió que los lectores participaran eligiendo a los jugadores del equipo terrestre. Más de seis décadas después, esta clásica historieta vuelve en una edición recoloreada en nuestras páginas desde el próximo domingo.

🔴356 AUSENCIAS

Roberto Sánchez acumuló 356 ausencias en distintas comisiones del Congreso durante el actual período parlamentario, con lo que se convirtió en uno de los legisladores con más inasistencias registradas. La mayoría de estas faltas se produjo mientras participaba en actividades políticas vinculadas a su partido. El informe cuestiona el nivel de participación que mantuvo en el trabajo legislativo. Además, se señala que su escasa asistencia contrasta con las responsabilidades que asumió como congresista y presidente de diversas instancias parlamentarias.

🔴ATENCIÓN INDIGNA PARA LOS FALLECIDOS

La morgue de Satipo enfrenta una grave crisis debido a la falta de una cámara frigorífica operativa y la escasez de personal especializado. Esta situación obliga a los familiares de los fallecidos a comprar bolsas de hielo para conservar los cuerpos mientras esperan las necropsias. Además, la ausencia de médicos legistas durante los fines de semana genera retrasos en los procedimientos y en la entrega de los cadáveres. Ante la falta de soluciones por las autoridades, la población exige medidas urgentes para garantizar una atención digna y adecuada.

El problema es que, todo parece indicar, la AA no está diseñada para acoger semejante prestación. Es más, los hechos sobre los cuales demandó se remontaban al 2023 (hace tres años). En su petitorio, el equipo solicitaba ser incorporado en la Liga 1 del 2025 (de hace un año) y –sin que se lo hayan requerido, es decir, de oficio– el TC le habría obsequiado la incorporación para la Liga 1 del 2027 (el próximo año), en una suerte de ‘volver al futuro’.

Una AA sirve para proteger derechos fundamentales que tengan un innegable contenido constitucionalmente protegido (como su copiosa jurisprudencia siempre lo ha reiterado) y que hayan sido vulnerados por el demandado, reponiéndose las cosas al estado anterior a la agresión. Así reza la ley orgánica que desarrolla la AA por vía del Código Procesal Constitucional (CPConst), en una previsión idéntica en sus versiones del 2021 y 2004, y a la contenida en la primigenia Ley 23506 de 1982 (hace 44 años).

Y también esas leyes sostenían consistentemente que cuando el derecho reclamado se había tornado irreparable, ya no cabe dar curso a la AA. En versión vigente del CPConst, no se concede lo pretendido y se le señala al demandado aquello que, en criterio del juez constitucional, ha hecho mal, como bien fundamenta el voto de un magistrado disidente. Pero en el presente caso, reconociéndose que lo acontecido ya es irreversible (campeonato del 2023, pretensión al 2025, estando actualmente en el 2026), el TC, extrapolando artificiosamente la teoría de los “actos continuados”, y con una referencia fuera de contexto al abuso del derecho, ha concedido la AA para que se ejecute en el 2027, es decir, a futuro. “Cosas veredes, Sancho...”.

Por lo demás, la sentencia del TC nos enfrenta otra vez no solo con lo irreal, sino con la justicia deportiva internacional, haciendo que las regulaciones deportivas nacionales sean pasibles de sanciones por el sistema internacional que administran la FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en la medida en que la jurisdiccional interna se trata de imponer sobre las regulaciones deportivas internacionales, algo que el TC soslaya.

Es curioso comprobar cómo la demanda de Binacional alegaba la violación de los derechos fundamentales de asociación, trabajo, honor y a la buena reputación, a la tutela procesal efectiva, defensa, debido proceso y al patrimonio. El TC ha acogido, de este rosario de derechos invocados, solo la supuesta afectación al debido proceso, y con eso relanzó el derecho del demandante al campeonato del 2027. ¡Brillante!

En el fundamento de voto de un magistrado firmante del fallo, se alega además, como especial consideración para dar lugar a la AA, “la afectación del derecho del pueblo puneño al fútbol como deporte profesional” (sic), siendo que el pueblo puneño no ha sido parte del proceso ni el demandante su representante procesal. Se invoca para ello que el fútbol es parte de la “cultura popular” y que puede ser concebido como “una religión laica”. ¡Recórcholis!

Más curioso es que se acoge la demanda por una supuesta afectación del debido proceso, pero el TC ha vulnerado el debido proceso de otro club (Sport Boys), que no ha sido parte del mismo. Y claramente ha vulnerado el principio de congruencia al fallar ‘extra petita’ (dar más de lo pedido): el demandante invocó hechos del 2023 y solicitó su incorporación al 2025. Nunca habló, dijo o mencionó el campeonato del 2027. El TC lo sacó de la manga del calendario del futuro.

Antes los partidos se ganaban en la cancha con esfuerzo, buen juego y pundonor. Esa es la verdadera mística del fútbol. Esperábamos con ansias los ‘chumpigolazos’ y nos anunciaban con voz engolada la llegada de “los goles de Cubillas”. Hoy se ganan con una equivocada sentencia del TC.

A solo tres días de cerrar uno de los procesos electorales más peliagudos de los últimos tiempos, la única certeza que teníamos era que el país estaba partido en dos. No en dos mitades simétricas y razonables, sino en dos ‘naciones’ que no se hablan, no se ven y que, cuando se encuentran, no se reconocen. Dos Perúes con visiones distintas del futuro e interpretaciones absolutamente divergentes sobre qué merece ser prioridad en los años que vienen. Esa fractura es el telón de fondo que recibirá a quien sea elegido este domingo 7 de junio.

Pero hay otra evidencia, más incómoda y estimulante: contrariamente a lo que piensan las clases dirigentes, los politólogos y la ‘intelligentsia’ de ambas ‘naciones’, la gente joven –y en particular los Z– sí se interesa por la política. Basta ver la avalancha de tendencias (‘trends’) que circulan en este momento por TikTok e Instagram con relación al voto.

Más allá de calificar si cada ‘trend’ es el idóneo, lo cierto es que esa población será, en mi opinión, la que defina una elección apretadísima este fin de semana. Con sus memes, sus canciones, sus ‘reels’ de 20 segundos y su energía chacotera.

Esta situación debería hacernos reflexionar sobre la urgencia de abrir más espacios de participación para esos 5,3 millones de personas de entre 18 y 25 años que representan el 19,4% del padrón electoral.

Porque el problema no es la apatía, sino que en el Perú existen hoy 82 servicios públicos vigentes destinados a personas de entre 15 y 29 años, según el aplicativo ApliJoven de la Secretaría Nacional de la Juventud y el Ministerio de Educación. ¡82! Y, aun así, seis de cada diez jóvenes quieren irse del país, según el informe “Volando sin retorno” del IEP. El Estado les ofrece una carta de servicios; la realidad les ofrece hospitales sin agua, escuelas que se derrumban y una precariedad que no distingue región ni partido.

Entonces, ¿para qué sirven 82 servicios que no funcionan, no llegan o nadie conoce? Para nada. Y los jóvenes lo saben. Por eso buscan su voz donde sí les prestan el micrófono: en las plataformas digitales, en los ‘trends’, en los ‘hashtags’ que ningún asesor de campaña, ministerio y gremio supo leer a tiempo.

Colofón: ¿no será que el Acuerdo Nacional podría ampliar su convocatoria e incluir a esas organizaciones juveniles formales e informales? ¿No será que en el Perú ya existe una masa crítica de ‘hackers cívicos’, ciudadanos digitales que sí quieren –y pueden– cambiar las cosas, aunque no los tomen en cuenta? Al menos, ya sabemos que sí están definiendo arrasadoramente al próximo presidente.

La minería ilegal no termina en la draga del río Madre de Dios; es una cadena productiva internacional con muchos eslabones cómodos y respetables: personas que financian el capital de trabajo de procesadoras de oro, bancos peruanos y globales, auditores internacionales, asesores financieros y legales, transportadores de valores que llevan las barras doré desde la planta procesadora al Callao y después hasta los Emiratos Árabes Unidos, navieras y aerolíneas que las embarcan. Cada uno cree estar lejos del lodo. No lo está.

La buena noticia es que la cadena tiene un cuello de botella. El eslabón decisivo no son los mineros dispersos en la Amazonía, imposibles de fiscalizar uno por uno, sino las procesadoras de oro que no cuentan con la tecnología ni infraestructura necesaria para garantizar la trazabilidad y las grandes mineras que compran mineral barato de terceros sin trazabilidad para incrementar margen y volumen. Como ya he sostenido, es probable que abordando bien a apenas cinco empresas que no están cuidando la trazabilidad se resuelva el 80% del problema. Allí hay que mirar.

Pero señalar el cuello de botella no basta; hay que mostrar que cerrarlo es posible. Y lo es, porque otros lo han hecho con productos igual o más difíciles de rastrear. Vale la pena estudiar algunos casos de éxito.

El primero es nuestro, y por eso el más elocuente: la vicuña. Su fibra es de las más caras del mundo y, como el oro, fue durante décadas botín de cazadores furtivos. El Perú construyó un sistema de trazabilidad que funciona: la fibra solo puede obtenerse del ‘chaccu’, la captura y esquila del animal vivo, supervisada por el Estado como autoridad CITES; cada prenda que se exporta lleva certificado de origen y solo un puñado de empresas autorizadas puede usar la marca registrada “Vicuña Perú”, administrada por el Estado, que garantiza que la fibra proviene de animales esquilados vivos y no de la caza ilegal. Es un sistema más complejo que rastrear oro —involucra fauna silvestre, comunidades dispersas y convenios internacionales— y, sin embargo, en lo que respecta a la trazabilidad, es un éxito: hoy es muy difícil colocar fibra de vicuña ilegal en el mercado formal internacional.

Conviene, eso sí, ser honestos con su límite: el sistema aseguró el origen y la población de vicuñas creció dramáticamente, pero no resolvió el problema social, pues los pastores que crían y esquilan la vicuña siguen recibiendo una fracción ínfima del valor de una prenda que se vende por miles de dólares, como bien lo ha denunciado Bloomberg y “The New York Times”, y PETA ha interpuesto demandas por maltrato animal. La lección es doble: la trazabilidad de un bien fungible y valioso es perfectamente alcanzable en el Perú —ya lo hicimos—, pero la trazabilidad por sí sola no hace justicia social si no se la acompaña de algo más.

El segundo caso es el aceite de oliva español. Cada movimiento de aceite a granel debe notificarse de forma previa y obligatoria a un sistema informático del Estado, acompañado de documentos y de un boletín de análisis que certifica que la categoría declarada es la real.

Pero lo más interesante para el Perú es otra pieza del engranaje: el balance de masas. Cada almazara debe cuadrar lo que entra con lo que sale, de modo que un productor no pueda declarar más aceite del que sus olivos verosímilmente pudieron dar. Si una planta exporta más de lo que su capacidad y sus insumos permiten producir, el sistema lo detecta de inmediato: ese excedente solo puede venir de fuera, sin trazabilidad. Es exactamente el control que falta en el oro peruano.

Según la analista de Estudios Económicos de Scotiabank Katherine Salazar, en el 2024, de más de mil empresas exportadoras de oro en el Perú, apenas 46 eran productoras formales; el resto son comercializadoras que se abastecen de procesadoras. El resultado es una brecha escandalosa: el país exporta cerca del doble del oro que extrae formalmente —en el 2025 se produjeron alrededor de 109 toneladas y se exportaron 209—. Cien toneladas de oro que nadie sabe de dónde salieron y no fue por alquimia. Bajo un esquema como el del aceite de oliva español, ese desbalance sería imposible: ninguna procesadora podría exportar más de lo que la producción formal justifica. Si Europa sabe de qué finca salió cada litro de un líquido fungible, el Perú puede —y debe— saber de dónde salió cada gramo de un metal que vale mucho más.

El tercer caso es el de los diamantes de sangre. A inicios de los noventa, las gemas en bruto financiaban guerras civiles en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Lo que cambió las reglas no fue un avance tecnológico: fue una movilización internacional. Organizaciones de la sociedad civil de varios países montaron una campaña que volvió impronunciable la palabra “diamante” sin la pregunta incómoda —¿de dónde viene?— y arrastraron con ellas a gobiernos, a Naciones Unidas y a la propia industria, que entendió que su licencia social estaba en juego.

Esa presión combinada —ciudadana, mediática, diplomática y comercial— forzó en el 2000 la reunión de Kimberley, en Sudáfrica, y en el 2002 el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley. Hoy entre el 97% y el 99% del comercio mundial de diamantes ocurre dentro del esquema; los cargamentos cruzan fronteras en contenedores a prueba de manipulación, con certificado de origen, y Sierra Leona —antiguo símbolo de la sangre— exporta legalmente. El Perú no apagará la minería ilegal a solas; necesita convertir su crisis en una causa internacional, como hicieron quienes derrotaron a los diamantes de sangre.

El oro peruano no es más difícil de rastrear que una prenda de fibra silvestre, un litro de aceite o una piedra que cabe en un puño. Lo que falta no es la posibilidad técnica; falta la decisión de exigirla en el eslabón correcto y de hacer un llamado al orden a las empresas formales que lucran con la cadena productiva de la minería ilegal.

Y conviene recordar por qué urge actuar. Aquí el aguacate mexicano dejó de ser una metáfora para volverse una advertencia legal concreta. El ‘oro verde’ de Michoacán terminó copado por los cárteles —entre ellos ‘Cárteles Unidos’— que extorsionan a productores, queman cargamentos y amenazan inspectores. Pero algo cambió de forma drástica: en febrero del 2025, Estados Unidos designó a esos cárteles, incluido «Cárteles Unidos», como organizaciones terroristas extranjeras.

Bajo la ley estadounidense, brindar “apoyo material” a una organización terrorista extranjera es un delito federal que puede acarrear hasta 20 años de prisión. En la práctica, quien hoy financie, transporte, asegure, comercialice o pague para operar dentro de una cadena controlada por uno de esos grupos podría terminar acusado no de un delito comercial, sino de apoyo al terrorismo. El empacador, el transportista, y/o el que financia ya no enfrentan solo un riesgo reputacional: enfrentan una celda federal.

La advertencia para el Perú es directa. El oro ilegal peruano termina en mercados internacionales y toca el sistema de pagos en Nueva York. El día en que una organización vinculada a la minería ilegal peruana sea designada bajo esa misma lógica —y el debate ya se ha abierto—, todos los eslabones cómodos y respetables de la cadena podrían descubrir que el riesgo no era de otros. Quienes hoy hacen negocios sin asegurarse de dónde viene el oro harían bien en imaginarse explicándole eso a un fiscal federal.

El Perú tiene una de las minerías más modernas y responsables del mundo y, a la vez, una de las más oscuras. No tiene por qué resignarse a esa dualidad. La vicuña nos demuestra que ya sabemos hacerlo. El aceite de oliva nos muestra el cómo hacerlo con excelencia. Los diamantes nos muestran el quién. Y el aguacate nos muestra el porqué: porque el que no se incomoda hoy, mañana descubre que el riesgo ya lo alcanzó.

¿Qué están haciendo mejor nuestros vecinos? Primero, predictibilidad para el operador y para el viajero. Los destinos mejor gestionados operan con reglas claras y estables, de tal modo que el operador privado puede planificar inversiones y el turista puede reservar con anticipación y con certeza. Esa previsibilidad es la base sobre la que se construye la reputación de un destino.

Segundo, diversificación estratégica. Los países que lideran la recuperación no dependen de un solo ícono. Han desarrollado circuitos complementarios, han invertido en infraestructura descentralizada y han promovido destinos emergentes con visión de largo plazo. El Perú tiene esa riqueza (destinos con enorme potencial que hoy no reciben la atención ni la inversión que merecen), pero no la está aprovechando con decisión y estrategia.

El turismo es el cuarto generador de divisas del país. Genera más empleo directo e indirecto que otras industrias extractivas, convive de manera armoniosa con las culturas originarias y el medio ambiente, y puede ser un motor real de desarrollo social para las regiones. El Perú se encuentra en la parte media baja del ránking en recepción de turistas en Sudamérica, por debajo de Colombia y Chile. La brecha entre lo que somos y lo que podríamos ser es enorme, y está esperando ser cerrada.

El próximo gobierno recibirá un sector con demanda latente, con operadores privados que han demostrado resiliencia y con un destino que el mundo sigue queriendo conocer. Lo que debe traer es lo que hasta ahora ha faltado: una entidad con autoridad real sobre la gestión integral y de largo plazo de los destinos, una agenda de digitalización, transparencia y simplificación de procesos, y una apuesta sostenida por la diversificación de circuitos.

El caso de Machu Picchu es un ejemplo de lo que ocurre cuando se toman decisiones sin visión de conjunto. En el 2022 se definió que el 20% de tickets se venda exclusivamente de manera presencial para una visita para el día siguiente, creando un falso sentido de equidad. Hoy, en lugar de mantener un solo inventario y digitalizar el 100% de dicha venta para fortalecer la claridad, se ha ampliado hasta tres días, creando confusión en los pasajeros. Estos pequeños retrocesos acumulan un mensaje más grande: el Perú aún no termina de decidir que el turismo es prioridad. Más orden no significa menos turismo, sino mejor turismo, y el momento de ordenar es ahora.

El cambio climático está agravando esta problemática. El río Amazonas registró en el 2024 niveles a solo siete centímetros del mínimo histórico del 2010. Las sequías son más largas, las inundaciones más intensas y los sistemas de agua existentes (donde los hay) son cada vez más vulnerables. Además, la deforestación y el cambio climático actúan de forma sinérgica, intensificando la crisis. Los científicos advierten que estamos cerca de un punto de no retorno: la Amazonía ya ha perdido el 17% de su cobertura forestal, y el umbral de daño irreversible se estima entre el 20% y el 25%.

Las estadísticas difícilmente muestran el enorme impacto que el agua insegura tiene sobre el aprendizaje. En Loreto, apenas el 12,8% de los estudiantes de cuarto de primaria alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora, y solo el 6,3% en matemática. La anemia se convierte así en un freno al desarrollo cognitivo, que trunca el futuro de cada niño.

Frente a este panorama, la respuesta no puede consistir solo en declaraciones. Lo que funciona son modelos territoriales integrados: infraestructura hídrica adaptada al contexto amazónico, educación sanitaria, gobernanza comunitaria y protección de las microcuencas que sostienen el agua. Ese es el camino que organizaciones como la Fundación Encuentros están comenzando a recorrer en comunidades de Loreto con la convicción de que el agua segura no es un privilegio, sino el primer paso hacia la salud, la educación y el futuro.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, recordemos que la Amazonía necesita mucho más que admiración desde lejos: requiere inversión, políticas públicas y voluntad real para que sus comunidades tengan lo que el resto del país da por sentado: agua limpia para el consumo.

Tras los despropósitos que caracterizaron su performance en la primera vuelta, cualquiera pensaría que las precauciones para la segunda serían extremas, pero no es eso precisamente lo que está ocurriendo. A pocos días de que tengamos que volver a las urnas, efectivamente, la mentada entidad ha dispuesto la modificación de locales de votación para más de 161 mil electores en el ámbito nacional, lo que supone la reubicación de 549 mesas de sufragio que funcionaron durante la primera vuelta electoral. Más de un tercio de esos electores –78.894 para ser exactos– corresponden a Lima; es decir, a la plaza donde se produjo el mayor número de irregularidades el 12 de abril.

La explicación que ONPE da con respecto a esta decisión es que responde principalmente a criterios de seguridad y disponibilidad de infraestructura. Se están priorizando, por ejemplo, los colegios que tienen cerco perimétrico como locales de votación, pues de esa manera se facilitará su resguardo por las fuerzas del orden. Un argumento atendible, pero, al tiempo de preguntarnos por qué no se tuvo esa misma prevención en la primera vuelta, debemos llamar la atención sobre el hecho de que la información al respecto alcanzada a los electores a los que la medida afecta ha sido escasa, cuando no defectuosa.

¿Cuál es el riesgo que esto entraña? Pues, obviamente, que miles de ciudadanos acudan el 7 de junio al mismo local al que acudieron el 12 de abril y solo entonces descubran que su mesa ha sido desplazada a otra ubicación. Irritados por el maltrato y la necesidad de trasladarse hasta otro centro de votación, es perfectamente previsible que no pocos de ellos decidan regresar a sus casas sin votar… Y nuevamente tendríamos resultados empañados por la mala organización de todo el proceso. Aunque no hay cifras exactas, además, se sabe que, en el extranjero, donde la distancia entre el lugar de residencia de los votantes y la ubicación de los locales de votación era a veces enorme y suponía horas de viaje, este mismo problema se está presentando. La verdad es que, viniendo de una institución que mantiene hasta ahora en sus puestos a cinco de los diez funcionarios vinculados con los desaguisados de la primera vuelta, esta situación no sorprende, pero sí indigna.

Según un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) publicado esta semana, el 57% de los colegios rurales del país necesita ser sustituido. No se trata de edificaciones que necesitan alguna refacción puntual, ojo, se trata de escuelas que requieren ser completamente demolidas y reemplazadas por otras nuevas. Una remodelación total de la infraestructura escolar del país para la que se necesitaría una inversión de unos S/99.000 millones (es decir, casi seis veces el presupuesto destinado este año para todo el sector educación).

No estamos hablando solo de un tema de concreto y ladrillos. La infraestructura educativa tiene un impacto significativo en el aprendizaje escolar. No es lo mismo acudir a una escuela con aulas, carpetas y pizarras en buen estado, que ir a una en la que las puertas –cuando las hay– se caen, los techos dejan pasar las lluvias y los baños no tienen agua. No es casualidad que, según los indicadores educativos, el Perú rural esté marcadamente rezagado en comparación con su par urbano. De acuerdo con el censo educativo del 2024, por ejemplo, solo el 17% de los escolares de cuarto de primaria de colegios rurales registran un nivel satisfactorio en lectura (cuando dicho porcentaje en los colegios urbanos alcanza el 36%) y solo el 16% lo obtiene en matemáticas (en comparación con el 32% del Perú urbano).

Por cierto, la pésima infraestructura es apenas uno de los tantísimos problemas que arrastra la educación rural en nuestro país. La deserción escolar (especialmente por embarazo adolescente o empleo infantil), las largas distancias que deben recorrer los estudiantes para llegar a sus centros de estudio, la falta de conexión a Internet y de materiales educativos, entre otros, forman un combo perjudicial que condena a millones de peruanos a un aprendizaje precario y, a la larga, a menores posibilidades laborales.

Por ello, es lamentable que, durante los debates de esta semana, varios candidatos se hayan perdido en discusiones absurdas sobre cuánto porcentaje del PBI asignar a educación o en si hacer del acceso a Internet un ‘derecho’ en lugar de plantear soluciones viables para problemas concretos como este. Mientras tanto, cada día, millones de escolares peruanos seguirán acudiendo a colegios que –como sus proyectos de vida– se caen a pedazos

La temporada electoral debía proyectar un umbral de fe y esperanza. Como tal, debía estar siempre ligada a la certeza de un cambio. Esa convicción es la que debía justificar celebraciones con banderas y canciones en los mítines. El político que triunfa es el que ha logrado desarrollar las artes de la seducción que en una fiesta electoral lo encumbra en un líder con una promesa firme.

En el Perú de las últimas décadas, uno de los grandes seductores y triunfadores fue sin duda Alan García, que en las elecciones de 1985 logró el 53% de los votos válidos aunque el 46% de los votos válidamente emitidos. Sus mítines eran espectáculos de oratoria y de música y baile. En algún momento una paloma se posó en su cabeza, no faltaba más. En 1985, debía haber ido a una segunda vuelta con el candidato que salió en segundo lugar, Alfonso Barrantes. Sin embargo, este renunció a una nueva votación, ante la diferencia que los separaba. Fue así que se inició un lustro nefasto en nuestra historia (aunque tampoco tenemos ninguna garantía de que Barrantes habría sido un buen presidente). Uno se puede preguntar con alguna esperanza ingenua si ahora que cualquiera de los candidatos empezará con poca popularidad, podrá, sin embargo, hacer un buen gobierno, a diferencia del de 1985.

Hoy en día, lo que decide el voto no es la fe o la confianza o la ilusión que despierta un candidato. Es más bien el sentimiento negativo hacia el contrincante, expresado con un término que se ha difundido, el “anti”. Una de las razones de la popularidad de este término es la desconfianza estructural que ha caracterizado nuestra sociedad.

En su libro canónico “Confianza” de 1996, Francis Fukuyama la define como “la expectativa que surge dentro de una comunidad de un comportamiento regular, honesto y cooperativo, basado en normas compartidas comúnmente, por parte de los demás miembros de esa comunidad”. Fukuyama concluye que el “bienestar de una nación”, así como su “capacidad de competir” se basa en un hecho cultural: “el nivel de confianza inherente a una sociedad”.

Para la mayor parte de los peruanos, la sensación de desconfianza es la primera que tiene al despertarse. La confianza que debería ser el cemento de una sociedad supone una mínima convivencia, en base a unos valores en común. En ese escenario ideal, el bienestar generalizado de un país es puesto como el más alto objetivo, por encima de la filiación partidaria. Votar es en esencia un acto de fe pero también un acto de confianza. Supone estar convencidos de que nuestro voto servirá de algo para que nuestro país mejore con gobernantes nuevos.

Un voto sin mucha esperanza, o basado en esperanzas negativas (que el rival no sea elegido), es una claudicación. Y en el medio abunda el fuego cruzado. Un amigo me recuerda una frase de Virginia Woolf en “Orlando”, que se aplica a algunas de las voces que hemos escuchado estos días: “No hay en el tumultuoso pecho del hombre una pasión más fuerte que la de imponer sus creencias a los otros”. La gran novelista británica que sabía poco de política pero mucho de la vida agregaba: “No es el amor a la verdad el que opone un barrio a otro barrio y hace que una parroquia premedite la ruina de otra parroquia”. El amor a la verdad, sí. O el amor al Perú digamos.

Esa ha sido la estrategia que Sánchez desplegó desde su curul en el Congreso, la cual le permitió ser ministro del gobierno de Pedro Castillo y luego ser salvado por la oposición a Castillo, en el mismo fuero legislativo, de ser inhabilitado, con lo cual hoy no podría ser candidato a la presidencia de la República.

Esa es la misma estrategia que Sánchez ha aplicado en la segunda vuelta electoral, con aliados variopintos y contradictorios entre sí, como Antauro Humala y el exfiscal José Domingo Pérez.

Su plataforma política, Juntos por el Perú, ha intentado maquillar las diferencias entre sus aliados presentando a un nuevo “equipo técnico”, pero no lograron más que acentuar sus contradicciones.

Las mismas contradicciones se producen en las líneas de sus aliados partidarios. La congresista y reelecta senadora de Ahora Nación Ruth Luque reconoció –en nuestro videopódcast “Tenemos que hablar”– su crítica contra Roberto Sánchez por su postura sobre la minería informal e ilegal.

Ahora Nación es un partido que se ha sumado a Sánchez bajo una consigna antifujimorista, e hipotecando el capital político ganado en la primera vuelta bajo la ingenuidad de que Juntos por el Perú adoptará sus planteamientos.

Resulta ingenuo pensar que Roberto Sánchez cumplirá todo lo que les ha prometido a sus aliados. La mejor muestra ha sido la desastrosa presentación de su intento de hoja de ruta que ocurrió el último lunes, y con más de una versión que incluían la nacionalización de Telefónica, la renegociación del contrato del gas de Camisea y meter más dinero a la empresa estatal Petro-Perú.

Finalmente, Roberto Sánchez aseguró que no firmaría una hoja de ruta, pero lo terminó haciendo, en una contradicción más de su campaña electoral.

El producto del sancochado de plan de gobierno es resultado del intento de Roberto Sánchez por contentar a su variopinta plana de aliados partidarios: Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Venceremos, el vizcarrista Perú Primero, entre otras agrupaciones.

Roberto Sánchez ha creído que puede repetir la táctica que le funcionó en el hemiciclo del Congreso, pero se encuentra ante un escenario distinto de votación. Y quizás ese sea el mayor fallo en su estrategia electoral. Lo sabremos el próximo domingo 7 de junio.

Sin embargo, el censo también revela cambios menos visibles, pero con implicancias mucho más profundas para la planificación urbana. En apenas ocho años, la población mayor de 60 años se incrementó en 3%, mientras que la menor de 14 años se redujo en 4%. Estamos frente a una transformación demográfica que plantea desafíos urbanos, económicos y sociales que no podemos seguir postergando.

El Perú está envejeciendo y nuestras instituciones no parecen advertirlo, debido a que la mayor parte de las políticas sociales, sanitarias y territoriales fueron diseñadas para un país más joven. Lo mismo ocurre con la planificación urbana. La gestión municipal y la normativa urbanística consideran a la población infantil y juvenil al momento de definir equipamientos y aportes urbanos, pero el censo nos muestra que los adultos mayores constituyen un grupo cada vez más relevante. Esa realidad debería reflejarse en la provisión de servicios.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación se ocupa de la infraestructura educativa desde los primeros años de vida, y la normativa urbanística exige reservar suelo para ese fin. Pero ¿qué institución se ocupa de planificar los equipamientos y servicios que requieren los adultos mayores? Pese a su creciente importancia demográfica, sus necesidades siguen siendo escasamente consideradas. Además, muchas personas mayores cumplen un papel fundamental en las redes de cuidado familiar, apoyando en la atención de los más pequeños, una contribución poco visible pero esencial para miles de hogares.

Otro tema crítico es la accesibilidad urbana. Nuestras ciudades han crecido principalmente de manera informal y, por ello, no ofrecen condiciones adecuadas para el desplazamiento seguro de los adultos mayores, personas con discapacidad y niños. El problema se manifiesta con especial crudeza en Lima, donde miles de familias habitan en las laderas de los cerros, y dependen exclusivamente de escaleras para acceder a sus viviendas. Mientras tanto, el Reglamento Nacional de Edificaciones mantiene estándares mínimos para el peatón, y continúa priorizando la circulación vehicular por encima de la accesibilidad universal. La misma lógica se observa en el transporte público y, en general, en muchos de los servicios que ofrecen nuestras ciudades.

Por su parte, tan importante como un adecuado sistema sanitario es que nuestras ciudades cuenten con parques accesibles y equipados. La evidencia muestra que estos espacios cumplen una función clave que suele pasar desapercibida. Para muchos adultos mayores son el lugar más cercano y seguro para caminar, encontrarse con otras personas y mantenerse activos, reduciendo el sedentarismo y el aislamiento. Su ausencia no solo afecta la calidad de vida urbana, también impacta en la salud física y mental de quienes más los necesitan. Esta debería ser una prioridad para las nuevas administraciones ediles.

En línea con ello, las normas urbanísticas deben vincular los procesos de densificación con la provisión de espacios públicos, promoviendo mecanismos como los espacios privados de acceso público (EPAP) y la adquisición de suelo mediante la venta de derechos de edificación. Asimismo, resulta necesario revisar la distribución de los aportes obligatorios de las nuevas urbanizaciones, priorizando la recreación pública y los equipamientos de proximidad que contribuyen directamente a la calidad de vida de los vecinos.

El censo 2025 nos entrega mucho más que datos estadísticos, nos muestra cómo está cambiando el Perú. La tarea ahora es utilizar esa información para orientar las políticas públicas, priorizar inversiones y adecuar nuestras ciudades a una nueva realidad demográfica de la cual todos somos parte.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La visita del papa León XIV al Perú

La llegada del papa León XIV al Perú se concretará este año y ya tiene una fecha estimada para la alegría de los peruanos. El canciller Carlos Pareja señaló que, aunque no hay una fecha exacta, será antes de fin de año, “noviembre probablemente”. El Sumo Pontífice no solo visitará el Perú, sino otros dos países de la región, según el ministro, quien a su vez espera que en nuestro país esté al menos tres días porque quiere visitar tres lugares. “Serían Chiclayo [donde vivió y trabajó], Lima y [...] quizá la Amazonía”.

🔴 Cárcel efectiva para mujer que mató a vigilante

Un juzgado de flagrancia de Trujillo condenó a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva a Maricsa Alfaro, quien en abril pasado atropelló y mató al vigilante Juan Martínez en esa ciudad. También deberá pagar S/329.280 de reparación civil en favor de los deudos de la víctima. Como mostró un video, Alfaro embistió a Martínez con su camioneta cuando cuidaba una calle. Según la policía, ella conducía con su licencia vencida y en estado de ebriedad. En un inicio, Alfaro había quedado libre.

🔴 Solo una amonestación para Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría un informe que solo recomienda sancionar con una amonestación pública a Kira Alcarraz por amenazar a una periodista en el 2025, a la que le dijo: “Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada sigues viva”. El informe señala que “se trató de una reacción verbal desafortunada en su forma”. Alcarraz ha protagonizado varios escándalos, y esta amonestación más parece otro ‘blindaje’ del Congreso.

Valido de inicio, y por supuesto, mi convicción acerca de la necesidad de construir instituciones. La vieja fórmula británica de checks and balances, pesos y contrapesos para limitar al poder, nos ha enseñado desde el siglo XVII, cuando menos, que es la receta mejor lograda para la defensa de los derechos de la persona.

Por eso es que, en una democracia moderna, lo que proliferan son agencias especializadas. Unidades menores que se desprenden de otras mayores con la idea de hacer un seguimiento más atento y pormenorizado sobre un asunto que, con el paso del tiempo y las necesidades públicas, se va haciendo más importante y por ello justificador de una nueva entidad.

Si una nueva entidad le presta más atención a un asunto de interés público, como lo puede ser la promoción de la transparencia y del derecho al acceso a la información pública, es de esperar que de vez en cuando no esté alineada con el resto de entidades no especializadas; y que, producto de esa disidencia, interpele al poder público que ellas representan.

Pues bien, creo que en este tiempo la autoridad existente, no obstante, los modestos presupuestos públicos asignados, cumplió con su labor. Supervisó cientos de entidades públicas en la verificación de las obligaciones de transparencia en sus portales web y en la atención de solicitudes de acceso a la información; formuló, por ello, sendas recomendaciones. Capacitó a decenas de miles de funcionarios públicos sobre sus obligaciones legales en esta materia; realizó estudios varios, como el vinculado al cumplimiento de la estandarización de costos de reproducción de la información por parte de las entidades públicas, la virtualización del procedimiento de acceso a la información en tiempos de pandemia o sobre la (in)eficacia de la potestad sancionadora del Estado en esta materia. Propició también un nuevo y mejorado marco regulatorio, que se materializó con el Reglamento de la Ley de Transparencia (2024); pero, por sobre todo, fue la opinión técnica autorizada, jamás contaminada por intereses político-gubernamentales de turno, cuando se le preguntó por los contenidos de la Ley de Transparencia en contraste con decisiones de poder opacas. Pero esta es una declaración interesada, claro está; que el ciudadano que desee contrastar información sobre lo afirmado, lo haga por sí mismo. La web Gob.pe de la ANTAIP puede ayudar. Habría que decir lo propio por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, también ejercida desde esta Dirección, pero no es la ocasión.

Quiero más bien ocuparme, en lo que resta, de una constatación: la voluntad es determinante. Fortalecer a las instituciones llamadas a promover y defender derechos no es un gasto superfluo en más burocracia, es más bien la fórmula de éxito en el Estado moderno para velar por ellos haciendo más eficiente los recursos públicos; siempre que se haga desde la especialidad, con personal idóneo ética y profesionalmente, con presupuestos adecuados, acordes con las responsabilidades asumidas, y con respeto a la autonomía e independencia funcional. La OCDE ha remarcado esto para el Perú en un informe de 2024.

Cuando los diseños normativo-institucionales no garantizan ello, todo depende de las personas, las políticas y las técnicas. Y eso puede significar, desde mi experiencia, obstáculos para la consecución de objetivos si la gestión no se alinea con las necesidades gubernamentales o de grupos de poder. Y los personajes diminutos, genuflexos y opacos, que siempre hay y habrá, lo hacen sentir. Pero también puede ocurrir lo contrario. Servidores públicos decididos y preparados, y políticos que apoyan su trabajo para una gestión exitosa a favor los derechos de las mayorías. Que el futuro nos depare siempre como país la posibilidad de contar con ellos; aún creo que son más.

Esta situación favorable no es solo consecuencia de la magnífica ley de arbitraje que nos rige (Decreto Legislativo 1071), sino también al prestigio que han alcanzado los centros de arbitraje que vienen funcionando.

Sin lugar a dudas, destacan el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (cuyo consejo superior tengo el honor de integrar), los de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres, además del de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y los de las cámaras de comercio de Arequipa, Piura y Cajamarca. Como podrán darse cuenta, se trata de centros de arbitraje creados al interior de instituciones ya consolidadas y con gran respaldo.

Sin embargo, hay que alertar que, extrañamente, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas ha formulado una propuesta normativa bastante peculiar y, en cualquier caso, inconstitucional y claramente ajena a lo que sería su campo de acción. Pretende que solo puedan ser reconocidos como centros de arbitraje en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas las personas jurídicas con fines de lucro; excluyendo así, oh sorpresa, a las asociaciones que carecen de tal ánimo de rentabilidad e incluso a los centros de arbitraje de los colegios profesionales, que tampoco están motivados por dicho propósito lucrativo.

¿Cuál es el sustento jurídico para ello? Ninguno. Además, téngase en cuenta que la Ley 32069 solo exige que los centros de arbitraje se encuentren constituidos como personas jurídicas, sin precisar su forma organizativa.

Me disculparán la perspicacia, pero resulta bastante sospechoso que, mientras el país está distraído en el tema electoral, se planteen estos absurdos cambios para eliminar de un plumazo la participación de las instituciones que pueden mostrar los mayores estándares de transparencia, ética, supervisión y buenas prácticas institucionales. Se dirá que la propuesta de marras da un plazo de tres meses para que las instituciones sin fines de lucro se adecúen a la fórmula societaria que se pretende como exclusiva. Es claro que quien propone el cambio parece que no ha leído siquiera la Constitución, porque debería saber que allí se reconoce el derecho de asociación.

Me parece oportuno hacer la siguiente pregunta: ¿el gobierno actual, que ya está de salida, a quiénes quiere beneficiar? Porque ese tipo de cambios son de aquellos que, casi siempre, tienen nombre propio.

Nosotros ya tuvimos la experiencia de los centros bamba y los arbitrajes truchos, ¿o es que no recordamos los llamados ‘centros made in Orellana’?

Algo más, el flamante director de la Dirección Técnica Normativa, Oscar Enrique Malca Naranjo, fue designado un día antes de hacer el planteamiento bajo comentario, por resolución de Presidencia Ejecutiva 147-2026-OSCE/PRE, del 25 de mayo último. ¿Qué evaluación puede haber realizado en ese escaso tiempo? Saque usted sus conclusiones, amable lector.

Todo muy raro y poco transparente, además de grave e insano para el sistema arbitral.

Al Perú le interesa Brasil como mercado para las exportaciones de diversos productos y servicios (frutas, hortalizas, licores, textiles, químicos, etc.), flujo turístico y principalmente inversiones en diferentes industrias que luego exportarán principalmente al mercado asiático. Eso significa importante ingreso de divisas para el país, descentralización y generación de puestos de trabajos directos e indirectos.

Brasil, por su parte, mira al Perú como un canal de llegada al mercado asiático y fundamentalmente a China en condiciones mucho más competitivas. Esto último se ampara en tres ventajas centrales: a) La modernización del puerto Callao y la implementación de la primera etapa del puerto Chancay significan para la industria brasilera la posibilidad de ahorrarse 15-16 días de flete frente a la ruta actual que siguen sus productos pasando por el canal de Panamá. b) Hoy diferentes industrias/empresas exportan a países asiáticos pagando aranceles al no contar con tratados de libre comercio. Perú, al contar con TLC s con China, Japón, Corea del Sur, Singapur, etc. Posibilita a esa industria brasilera establecerse en el Perú y llegar a esos países con arancel cero además de otras ventajas no arancelarias contempladas en tales acuerdos. c) La Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) cuyo reglamento ha sido recientemente publicado permite ventajas aduaneras y tributarias para las empresas que se instalen en esas locaciones, entre ellas, exoneración del impuesto a la renta durante cinco años.

En este tablero China no participa como un observador pasivo sino como un inversionista y promotor a través de planteamientos como el tren bioceánico que forma parte de su gran iniciativa denominada La Nueva Ruta de la Seda ($300 billones). Asimismo, estos movimientos son observados con particular atención e interés por EEUU y la Unión Europea.

Un reto importante reside en la sensibilidad de las comunidades establecidas en la Amazonía Peruana, con presencia estatal casi nula, que hoy se oponen a viabilizar la hidrovía que podría conectar ambos países con un flujo comercial muy interesante.

Se podría escalar la integración Perú-Brasil con un Tratado de Libre Comercio.

Desde el 2006 entró en vigencia el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 58) entre el Perú y MERCOSUR en el que se establece una zona de libre comercio de bienes entre Perú y Brasil con lo cual actualmente dicho comercio se encuentra totalmente liberado. Ello ha permitido que las exportaciones peruanas a Brasil se hayan multiplicado casi cien veces alcanzando $1,587 millones al cierre del 2025 y el intercambio entre ambos países se aproxime a los $5 mil millones.

Entre el 2015 y 2016 se negoció la profundización del ACE 58 incorporando capítulos de inversiones, comercio de servicios y contrataciones públicas. El 2017 se ratificó el acuerdo, pero el Perú decidió frenar el procedimiento de perfeccionamiento interno a la luz del escándalo de Lava Jato, a partir de lo cual planteó incorporar cláusulas más específicas referidas a prevención y lucha frontal a la corrupción. La posición del Perú, que aún se mantiene es que es clave incorporar estas salvaguardas en defensa jurídica del Estado peruano en situaciones por ejemplo de arbitrajes internacionales. Esta posición consensuada entre MINCETUR, MEF y Cancillería se plasmó en la propuesta de Protocolo Complementario que el Perú envió a Brasil en julio del 2024.

Los brasileros consideran que al Acuerdo ya suscrito contempla explícitamente tres artículos (2.14, 3.11. y 4.18) referidos a la prevención de prácticas ilícitas y la exclusión de inversiones cuestionables vinculadas a la contratación pública. Por consiguiente insisten en la ratificación de lo acordado y la puesta en marcha del ACE 58 profundizado.

A pesar del tiempo transcurrido corresponde sentarse a dialogar apelando a la posibilidad de enmiendas que este tipo de tratados contempla y evitar que otros países de la región capitalicen mejor que el Perú estas oportunidades.

Sin embargo, mientras la economía avanzaba, el Estado quedó rezagado.

La gran contradicción peruana es que el sector privado aprendió a competir en un mundo globalizado, mientras muchas instituciones públicas permanecieron atrapadas en prácticas del pasado. La corrupción se volvió estructural, la burocracia creció sin mejorar resultados, la capacidad de gestión se debilitó y muchas entidades públicas dejaron de atraer y retener al mejor talento profesional.

Los resultados saltan a la vista: tenemos una economía capaz de exportar productos a los mercados más exigentes del mundo, pero seguimos enfrentando enormes brechas en salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y justicia. Y no porque falten recursos, sino porque el Estado ha demostrado ser incapaz de transformarlos eficientemente en servicios de calidad a favor de sus ciudadanos.

La evidencia de las últimas décadas demuestra que el principal obstáculo para el desarrollo peruano no ha sido la falta de participación estatal en la economía, sino la debilidad institucional del propio Estado. El problema no es que exista demasiada inversión privada; el problema es que muchas veces no existe un Estado suficientemente moderno, transparente y competente para regular, promover, supervisar y acompañar ese crecimiento. Por ello, el debate nacional debería abandonar las falsas dicotomías entre “mercado y Estado” El Perú no necesita reemplazar al sector privado ni convertir al Estado en empresario. Necesita construir instituciones sólidas, profesionales y transparentes. Necesita un Estado que regule con firmeza, fiscalice con independencia, planifique con visión de largo plazo y ejecute con eficiencia.

Los países que alcanzaron altos niveles de desarrollo no lo hicieron enfrentando al sector privado con el sector público. Lo lograron entendiendo que ambos cumplen funciones distintas y complementarias. La inversión privada genera riqueza, empleo e innovación. El Estado garantiza reglas claras, igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad.

Treinta años de experiencia dejan una lección clara: cuando la inversión crece, el país avanza. Cuando las instituciones se debilitan, el desarrollo se estanca. El desafío del Perú para las próximas décadas no es cambiar el modelo que genera riqueza, sino construir el Estado que aún no ha sido capaz de estar a la altura de esa riqueza.