Edmundo se ha enterado de que yo llegaría a Panamá para presentarme en la feria del libro. Me ha escrito un correo electrónico. Me ha dicho que hace años visitó mi programa de televisión en Miami. Me ha mandado fotos de aquel encuentro. Me ha pedido que le conceda el honor de buscarme en el aeropuerto. Quiere llevarme al hotel e invitarme a cenar esa noche. Mi esposa me dice que es un riesgo subir al auto de Edmundo sin saber quién es Edmundo. Yo decido correr el riesgo. Puede que sea un lector o un espectador. Puede que sea un espía amigo o enemigo. Puede que quiera secuestrarme o envenenarme.

La última vez que visité la ciudad de Panamá llegué en el avión de Shakira, invitado por ella. Despegamos de Miami. Durante el vuelo, de pronto el avión se oscureció del todo. Las luces se apagaron súbitamente y pareció que uno de los motores se había apagado también. Los pasajeros nos miramos, consternados. Pensé que morir al lado de Shakira sería un final de cierta belleza literaria. Nadie dijo una palabra. Fue el minuto más largo de mi vida. Luego se encendieron las luces y quizás también el motor averiado y pasó el susto.

En aquella ocasión Shakira había citado en Playa Bonita, Panamá, a unos magnates y unos artistas, todos amigos suyos, para donar dinero a favor de los niños pobres. Yo no era magnate ni artista. Acudí en condición de amigo de Shakira. Sin embargo, no era su amigo. Estaba enamorado de ella, perdidamente enamorado de ella. La miraba embrujado como una mariquita posada sobre una hoja marchita miraría el aleteo grácil de una mariposa monarca. Tantos años después, sigo enamorado de ella. Sigo pensando que es una mariposa dorada, una bella mariposa inmortal, y yo una mariquita que quisiera volar como ella.

He regresado a Panamá para presentarme en la feria del libro. Nadie me ha invitado, yo mismo me ocupé de convidarme. Nadie me espera, salvo Edmundo. No me espera mi hermano Manuel, quien vive en esa ciudad. No lo veo hace años. No recuerdo por qué nos peleamos. Seguramente nos distanciamos por algo indelicado que escribí. Tengo tantos enemigos que no recuerdo por qué me he peleado con todos ellos. Me gustaría ver a Manuel. Se ha casado, ha tenido hijos, es un hombre de éxito, ama a su familia, posee una vasta fortuna. Ha elegido vivir en Panamá por razones tributarias. No tiene que pagar impuestos sobre los ingresos que percibe en el resto del mundo. Al ser un inversionista sagaz en Wall Street, y no ser residente fiscal en los Estados Unidos, todo lo que gana en sus avezadas operaciones bursátiles está exento de impuestos en Panamá.

En la feria del libro me han asignado un salón para seiscientas personas. Tengo pavor de que no vaya nadie, salvo Edmundo. Creo que es un espía. Desde el vuelo a Panamá, le escribo un correo, preguntándole a qué se dedica. Responde sin demora. Es venezolano. Es inversionista individual. Como mi hermano Manuel, tiene un portafolio en Wall Street. No paga impuestos en Panamá sobre aquellas ganancias de capital. Aún no ha cumplido cuarenta años y ya es rico. Posee un yate y una aeronave para ocho pasajeros. Sabe pilotear su avión. Vuela con frecuencia. Le gustan las mujeres, pero no tiene esposa ni novia. Tiene amantes de ocasión.

Edmundo me recibe con un abrazo en el aeropuerto. No recordaba su rostro. Caminamos a su camioneta. Sin que se lo pida, apaga el aire acondicionado. Por lo visto, conoce mis mañas. Rumbo al hotel, le cuento que mi hermano Manuel vive en ciudad de Panamá, pero no tengo su teléfono ni su dirección. Edmundo me dice que conseguirá esa información. En el hotel me registro deprisa, dejo mis cosas en la habitación y salimos a cenar. Edmundo ha reservado en un italiano. Nos acomodan en el salón privado. Yo pido un jugo de maracuyá y, para mi sorpresa, él tampoco pide alcohol, prefiere agua. Me mira a los ojos como si quisiera leerme el alma, como si pudiera leerme el alma. Me da miedo la mirada penetrante de ese hombre. Creo que es un espía. No sé si es un espía amigo o enemigo.

No soy yo quien gobierna la conversación. Edmundo habla, yo escucho. Me habla de sus padres, de su hermano. Su padre está retirado, vive en Buenos Aires, Edmundo vuela en su avión con cierta frecuencia, aterriza en el aeropuerto de San Fernando y visita a su padre en la casa que este tiene en Pilar. Su madre vive en Medellín, Edmundo la mantiene con todos los mimos y engreimientos, vuela a esa ciudad cada mes para acompañarla unos días. Por último, me cuenta que acaba de perder a un hermano que vivía en Nueva York y murió de una sobredosis de opioides. De pronto está llorando. Mis sentidas condolencias, le digo.

Edmundo me invita al brunch del hotel Santa María el domingo a mediodía. No será posible, le digo. Es el mejor brunch de la ciudad, insiste. A esa hora yo duermo, le digo. Pero lo sirven hasta las dos de la tarde, porfía él. Yo duermo hasta las tres, le digo. Edmundo piensa que estoy bromeando. No estoy bromeando. Yo duermo de tres de la mañana a tres de la tarde, dondequiera que esté. Tomo mis pastillas a medianoche, me duermo tres horas después y luego despierto cada dos horas, tomo fracciones de pastillas, minúsculas porciones de pastillas, la quinta o la sexta parte de cada pastilla, y sigo durmiendo hasta las tres de la tarde. Cuando finalmente despierto, no siempre recuerdo dónde estoy. Al despertar por la tarde en ciudad de Panamá, y oír los ruidos incesantes del tráfico vehicular, he creído que estaba en Santo Domingo, tal vez porque pronto viajaré a esa ciudad.

Tras retirarnos del restaurante pasada la medianoche, Edmundo me sorprende. De pronto toma una ruta extraña y dice que va a darme un paseo por la ciudad. No me pregunta si estoy fatigado, si deseo dar el paseo. Me lo comunica, me informa de su decisión. Estupendo, le digo, pero en realidad estoy cansado y quiero volver al hotel. Mientras conduce lentamente su camioneta, Edmundo me pregunta qué pienso de los masones, de la masonería. Le digo la verdad: no tengo amigos masones, pero no tengo nada contra los masones, no tengo ningún prejuicio contra la masonería. Yo soy masón, me dice Edmundo, mirándome a los ojos. Maestro masón, añade, con orgullo. Hombre, te felicito, le digo, y al mismo tiempo pienso es espía, es masón y va a matarme esta noche. Luego Edmundo me cuenta cómo se hizo masón, por qué es masón, cuánto le cuesta anualmente ser masón, dónde se reúne con sus hermanos masones. Le pregunto por qué le conviene ser masón, qué gana siendo masón. Me dice: no es una religión, es una filosofía, me ayuda a convertir mi cuerpo en un templo interior y a combatir los vicios y las bajas pasiones. Comprendo, le digo, y guardo silencio, al tiempo que me pregunto cuáles serán las bajas pasiones que Edmundo quiere reprimir. Poco después me pregunta si deseo acompañarlo a una reunión en el templo masón. Quizás más adelante, le digo. Luego me permito una broma: en mi caso, la mejor manera de combatir los vicios es entregándome a ellos. Edmundo no sonríe, no le ha gustado que me declare vicioso. Le pregunto cuáles son los requisitos para ser aceptado en la logia masónica. No ser ateo, responde. Yo soy agnóstico, le digo. Ya lo sé, dice Edmundo, que parece saber de mi vida más que yo mismo.

Poco después, dando vueltas por unas calles oscuras, en medio de un barrio desangelado, yo preguntándome por qué Edmundo tarda tanto en llevarme al hotel, me dice, mirándome a los ojos: me he perdido. Siento un golpe repentino de miedo, un ramalazo de angustia. Le sugiero que use internet para encontrar la ruta al hotel. Me dice: no, me he perdido a propósito porque mis jefes en Caracas me han encomendado la misión de secuestrarte. Siento de pronto un viento helado en el corazón, un sudor frío en la espalda. Estoy jodido, pienso, es un espía enemigo, cómo diablos se me ocurrió subirme a su camioneta. Pero Edmundo se ríe y me dice no te asustes, estoy bromeando. Quince minutos después, me deja en el hotel. Al despedirse, me regala un sombrero panameño y me dice al oído: serás feliz cuando te atrevas a ser masón.

“Si mañana la señora Keiko Fujimori cierra el Congreso, va a subir veinte o treinta puntos su popularidad”, dijo esta semana en una entrevista con Exitosa. Aunque luego intentó poner todos los parches posibles y aseguró ser “un demócrata”, lo cierto es que planteó una eventual ruptura constitucional desde la óptica del beneficio político que esto representaría.

Sin proponérselo, Gutiérrez ha logrado algo poco frecuente en la clase política peruana: el consenso. Tan desatinadas han sido sus declaraciones que los colores políticos quedaron de lado y la unanimidad se impuso en el Congreso. Izquierdistas y derechistas, fujimoristas y castillistas, todos los legisladores que se han pronunciado han coincidido en rechazar enfáticamente las declaraciones del defensor que, en sus ratos libres, funge de comentarista político.

En un país con antecedentes recientes de rupturas constitucionales e inestabilidad política, plantear escenarios hipotéticos y calcular cuántos puntos de aprobación sumarían revelan una tremenda irresponsabilidad y una preocupante ligereza.

La Defensoría del Pueblo está próxima a cumplir 30 años. Es una institución que merece estar encabezada por alguien que asuma el reto de ser un contrapeso a los abusos del poder y no por un frívolo opinante que, en cada intervención pública, desmerece el alto cargo que ocupa.

“La Casa Verde” cumple sesenta años de construida, y uno puede seguir explorando cada uno de sus espacios. Desde el comienzo sentimos la fuerza de ese aire denso, poblado de jejenes, mientras “el sargento echa una ojeada a la madre Patrocinio y el moscardón sigue allí”. A partir de allí la novela parte a su travesía. Poco después “el viento que baja de la cordillera se caldea y endurece armado de arena, sigue el curso del río y cuando llega a la ciudad se divisa sobre el cielo y la tierra como una deslumbrante coraza”.

Uno puede hacer una antología de las frases de la novela a través de sus muchos escenarios. Anselmo llega a Piura en una mula que se arrastraba penosamente, con su “silueta con sombrero de alas anchas, envuelta en un poncho ligero”. Tushía navega por el río y pierde la noción del tiempo solo para escuchar la respuesta de Aquilino: “Qué te importa el tiempo, para qué sirve eso”. La Selvática cuyos “labios rectos y espesos semejaban un puño apretado” con facciones “duras y metálicas” o la mujer cuyo llanto muestra “dos hilos húmedos” que “abren finísimos canales en la costra de polvo de su cara”.

Estas frases se quedan con nosotros lo mismo que los predicamentos de los personajes. Uno de ellos es el líder aguaruna Jum que se rebela contra las autoridades. Busca crear una cooperativa indígena contra el abuso de los explotadores del caucho. Quiere acabar con los contrabandistas y gamonales. El resultado es terrible. Jum es apresado, colgado de un árbol, azotado sin piedad en Santa María de Nieva. Lalita se casa con Tushía pero, cansada de sus maltratos, se fuga con Adrián Nieves. Y junto a ellos aparecen los que no pueden escapar a la violencia, entre ellos Toñita, violada por don Anselmo, que luego da a luz a la niña que sería conocida como La Chunga. Estas historias desconciertan a los que piensan que en la obra de Mario Vargas Llosa no hay una clara protesta social.

Es, por otro lado, una novela llena de movimiento. Así como Tushía avanza por el río, caminan Los Inconquistables por las calles, donde encontramos a Josefino y Lituma. Y el padre García va a dirigir una turba. En el centro de todo ese movimiento está la Casa Verde, el corazón de la historia y emblema del Perú: un lugar donde se canta y se baila, y a la vez se producen los peores abusos.

Apenas leyó la novela, Julio Cortázar le envió a Vargas Llosa una carta: “A la altura de los primeros diálogos de Bonifacia con las monjitas ya estaba yo totalmente dominado por tu enorme capacidad narrativa, por eso que tenés y que te hace diferente y mejor que todos los otros novelistas latinoamericanos vivientes”.

Eso se debe a lo que también señalaba Cortázar: “Esa fuerza y ese lujo novelesco y ese dominio de la materia que inmediatamente pone a cualquier lector sensible en un estado muy próximo a la hipnosis”. Es una novela que nos hace seguir profundizando en un terreno familiar y extraño. Su lenguaje nos sigue golpeando, y algunos todavía no terminan de asimilarlo. Según escribía hace poco el escritor venezolano Rodrigo Blanco, a propósito de Vargas Llosa y de esta novela, hay algunos autores “progresistas y buenitos” que “nunca le perdonaron que fuera tan buen escritor”. Pero la casa sigue allí para quien quiera tocar sus puertas.

Rodríguez conocía el proceso porque dio su conformidad al pago de la defensa legal de la investigada. La CGR le había impuesto a Velásquez una sanción mayor, que rebajó luego de que ella apelara a fines de diciembre. El funcionario que precalificó el acogimiento al retiro voluntario era coimputado con ella en el mismo expediente de la Contraloría. La consulta a la Gerencia de Cumplimiento sobre la pertinencia del beneficio se hizo dos días después de que se le hubiera concedido. Esta dependencia respondió que ya no tenía nada que opinar. Lo extraordinario del incidente no estriba en el monto del perjuicio –Rodríguez podría tener que devolver a Petro-Perú medio millón de soles–, sino en la obscenidad del comportamiento. Parecería parte de la normalidad. Ocurrió cuando ya había alertas sobre la empresa desde hacía buen tiempo.

Una irregularidad peor está comenzando a ser investigada por una fiscalía anticorrupción, ante otra denuncia presentada por Petro-Perú. Deberá establecer si alguien fue coimeado –y cómo– por los vendedores de crudo Gunvor y Vitol, que ante las autoridades norteamericanas confesaron haber realizado pagos ilícitos en varios países de la región. Entre el 2012 y el 2020, Gunvor depositó más de US$ 97 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador a través de empresas fantasma para obtener crudo a precios devaluados. El producto fue revendido en Lima. Entre el 2015 y el 2021, Gunvor ganó 54 contratos, cinco de ellos sin ser el postor más barato, mientras su CEO, Raymond Kohut, mantenía familiaridad con los funcionarios encargados. Las ventas de crudo y biodiésel de Gunvor a Petro-Perú superaron los US$ 1,7 millones. Vitol, por su parte, vendió hidrocarburos a Petro-Perú manteniendo relaciones sociales impropias con funcionarios. La mercancía también tenía un origen ilícito. En el 2020, Vitol admitió en Nueva York haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, y aceptó pagar US$ 135 millones en multas. En el 2023, el directorio de Petro-Perú contrató por US$ 769,000 al estudio norteamericano Paul Hastings LLP para que hiciera una investigación exhaustiva de las compras durante los años en los que Gunvor y Vitol se la pasaron sobornando en América Latina. Le entregó tres mil correos electrónicos y documentación de más de 800 transacciones, no sin antes declarar confidenciales todos los archivos. La investigación fue entregada en abril del 2025, pero recién en mayo del 2026 el directorio, presidido por Edmundo Lizarzaburu, la derivó a la fiscalía.

¿Cuánto habrá dejado caer Raymond Kohut en las 36 visitas que hizo a Lima, incluso en períodos de licitaciones? Ha trascendido que el informe contiene fuertes indicios de corrupción, especialmente en las compras de crudo ecuatoriano de Gunvor realizadas por Petro-Perú, en las que Kohut participó la mayoría de las veces. Sin embargo, el informe solo pudo detectar invitaciones a comer y comunicaciones no autorizadas que podrían ser ilegales en los Estados Unidos, pero no en el Perú. Los funcionarios entrevistados dijeron que no sabían si estaba mal. Por la naturaleza de la investigación, Hastings no accedió a las comunicaciones de los teléfonos móviles. Lo cierto es que solo una investigación fiscal en regla podrá llegar a la verdad.

El peligro ahora es que el proceso siga el modelo de Lava Jato, con interminables diligencias, con exceso de imputados y perdiéndose en asuntos secundarios. La diferencia es que Kohut no admitió pagos ilícitos en el Perú, de modo que se impone una búsqueda sin la delación del corruptor, como están mal acostumbrados los fiscales. Quiera el destino que el Ministerio Público no esté pensando en utilizar cinco años para llegar a conclusiones valederas, cubierto bajo el capote de la reserva del proceso. Lo mejor que podría ocurrir ahora es que el directorio, por propia iniciativa o ante un pedido ciudadano basado en la ley de transparencia, desclasifique el informe de Hastings. Así sabríamos cuál es la línea de base de los fiscales.

Existen otras investigaciones necesarias, como la que podría comprobar supuestos negociados cuando indebidamente se restringió la participación de empresas extranjeras en la provisión de biodiésel para favorecer a proveedores nacionales que no podían abastecer el mercado. Fue durante el período de Pedro Castillo: 2021-2022. O la igualmente irregular limitación para comprar insumos antiincendios que no fueran norteamericanos, una restricción que duplica el precio de los sistemas y que ocasionó la investigación que realiza la Comunidad Europea, con la que tenemos un TLC, por el bloqueo a sus productos. O la contratación de aseguradoras a dedo, el sobredimensionamiento de planillas y los conflictos de interés de los directores sindicales. O, saltándonos otros casos, la contratación de servicios de masajes en el 2020. Pero ninguno es tan importante como la indagación que debería responder si fue corrupción o ineptitud lo que causó el sobrecosto de la Refinería de Talara.

En un informe para Gato Encerrado, el muy discutido ex gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo (2021-2022), comparó la situación con el error de un taxista que se endeudó para comprar un auto lujoso, pagando cuatro veces más que por uno modesto. Con ambos vehículos haría el mismo número de carreras al día, pero sus ingresos le permitirían pagar el crédito de un Nissan Sentra, no el de un Mercedes-Benz. Así, aun cuando la Refinería de Talara produjera 95,000 barriles diarios, que es el tope de su capacidad, sus utilidades no le alcanzarían para pagar las cuotas de la deuda por US$ 6,500 millones que terminó contrayendo. A esta cifra, 4.5 veces superior a lo proyectado, se llegó luego de estudios y planeamientos que se revelaron equívocos. Entre otras distorsiones, cuando la planta principal ya estaba construida, faltaban la provisión de agua, la energía y el hidrógeno que proporcionaban las plantas auxiliares, que se hicieron después. Con la refinería sin producir, crecieron la deuda y los intereses.

La demanda interna de refinados, que bordea los 200,000 barriles diarios, es cubierta en su mayoría con hidrocarburos del mercado externo, porque la producción nacional apenas llega a 35,000 barriles. Los estudios realizados no demuestran el beneficio de que la refinería se dedicara a procesar crudo importado. En este esquema, los beneficiados son los traders que suministrarán hidrocarburos con contratos de largo plazo, así como los abastecedores de la sobrevaluada seguridad industrial de la que es cautiva la planta. El sobredimensionamiento pudo deberse al interés de favorecer a terceros. Petro-Perú aún no encargó una investigación forense sobre cómo se botó tanta plata.

No está claro si se desea un análisis sobre la idoneidad de las decisiones, los problemas técnicos del proyecto, los dilemas financieros o la búsqueda de un caso de corrupción. Una vez definido aquello, se escogerá una firma experta. El producto debiera esclarecer lo ocurrido de manera fehaciente y documental, de forma que pueda ser empleado en instancias judiciales o arbitrales, si fuera necesario. De lo contrario, sería un encargo para quedar bien con las tribunas. O sea, un despilfarro más.

La república del Perú, concebida por sus teóricos como una “asociación de asociaciones” en pos del bien común, fue descrita como “un gobierno central sostenido por la concurrencia de gobiernos locales”. De lo que se trataba era de fomentar administraciones “convenientes al carácter y costumbres de los habitantes” de cada región del Perú y “a las circunstancias territoriales” que de ellas emanaban. La apuesta descentralizadora duró muy poco tiempo, ya que los caudillos de turno no solo impusieron la llamada “tramoya electoral”, sino que crearon, de la mano de sus aliados de turno, un modelo de territorialización guerrerista. Porque fue en las decenas de conflictos armados del siglo XIX de donde emergieron las provincias, distritos y departamentos del Perú republicano. En efecto, la adhesión al caudillo victorioso les permitió a decenas de localidades el acceso a la prebenda estatal que la riqueza guanera llevó a los límites de una acelerada movilidad social.

Si se tiene en consideración la avidez y desesperación de los candidatos a las próximas elecciones de noviembre, donde la transgresión de la ley mediante “sucesiones matrimoniales” o el mimetismo político es un verdadero escándalo, queda claro que la municipalidad es el nuevo botín de guerra para, salvo honrosas excepciones, los rufianes de turno. En esta nueva lucha abierta por el poder local, donde el culto a la personalidad y el sinsentido es lo que se impone, no hay más que observar los carteles de Renovación Nacional, con su horripilante muelle de plástico en la entrada de La Punta, que dando cuenta de un bombardeo mediático que se repite a lo largo y ancho del Perú. Cada localidad, hasta la más pequeña, se ha convertido en un “Far West” sin sheriff que la custodie ni santo que la ampare de la rapacidad. Lo que más duele, sin embargo, es que las armas de estas maquinarias perversas apuntan a la destrucción sistemática de una memoria local acumulada por décadas. Pienso en el crimen estético perpetrado por otro “renovador nacional” en Miraflores, sin olvidar a su cruel correligionario, responsable directo del arboricidio en el antes bello y acogedor Campo de Marte.

¿Qué hacer ante este tsunami de arrogancia y ambición desenfrenada? En una notable entrevista, Carissa Véliz, profesora de Filosofía en el Instituto de Ética de la Universidad de Oxford, nos recuerda que, luego de la Segunda Guerra Mundial, se dio un gran énfasis en los derechos y pasaron a un segundo plano los deberes ciudadanos. Y esos deberes son en esta etapa de tránsito planetario un instrumento de supervivencia. El deber revisitado como oportunidad de construir desde abajo instituciones cívicas que apunten a la humanización y al respeto por la vida, está personificado, en nuestro caso particular, por Marina Auñiz, quien, a través del Club Amigos del Árbol, que ella fundó, lidera una cruzada de recuperación de nuestro huarango milenario. Aparte de difundir su compromiso ciudadano entre los niños, Marina reimagina una territorialización basada en el cuidado, el amor y el trabajo colectivo, y por ello, desde su trinchera, ejemplifica un civismo silencioso para tiempos de muerte como los presentes.

El defensor del Pueblo ensayó su profecía esta semana. Si Keiko Fujimori disolviera el Congreso, dijo, su aprobación aumentaría entre veinte y treinta puntos, como ocurrió con su padre, Alberto. Acto seguido, aclaró que no estaba alentando nada porque él es demócrata. No hay manera de justificar esta provocación. Ningún analista político ha deslizado ese camino, pero estamos tan acostumbrados a la decadencia que sus declaraciones se minimizarán para ser olvidadas, como ha sucedido con tantas barbaridades. Qué triste final para una institución que fue tan importante en tiempos oscuros.

Desde el retorno de la bicameralidad, la presidenta no puede “cerrar el Congreso”. La Constitución le permite disolver la Cámara de Diputados únicamente después de que esta haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros. El Senado permanece en funciones y no puede ser disuelto. Salvo que el defensor haya querido atacar solo a la Cámara Baja, que parece ser la que evitaría un desequilibrio en el balance de poderes.

No se trata solamente de una imprudencia verbal. Los autócratas suelen usar los golpes de Estado como medidas de legitimación. Gutiérrez escogió como referencia el respaldo que recibió Alberto Fujimori después del 5 de abril de 1992 y le explicó a su hija cuánto podría ganar repitiendo el gesto. La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1993 para proteger derechos fundamentales y vigilar al poder, terminó convertida por unos minutos en una consultora de comunicación política.

Keiko Fujimori ha calificado las declaraciones como un “desliz” y ha rechazado cualquier cierre del Congreso. Pero el problema excede lo que ella piense hacer. La Defensoría del Pueblo existe para custodiar los derechos de los ciudadanos y vigilar que el poder permanezca dentro del orden constitucional. En el Perú, donde un presidente disolvió el Congreso en 1992 y otro intentó hacerlo en el 2022, el cierre parlamentario no es una torpe prospección. Como en Macbeth, funciona como un caballo de Troya en el imaginario de la opinión pública e introduce, temeraria e intolerablemente, la ruptura como un camino eficaz de gobierno.

Por motivos de espacio, me enfocaré en Piura, región que visitamos varios gremios empresariales en días pasados. Nos reunimos con congresistas, autoridades del Gobierno Central, directivos de la Cámara de Comercio de la región, académicos, periodistas, entre otros. Lamentablemente, ni siquiera dentro de ese “entre otros” pudimos avistar a algún funcionario del gobierno regional, a algún alcalde o a algún representante delegado por estos. Desde el último FEN, estas autoridades han tenido tiempo suficiente para ejecutar las obras que eviten que los ríos se desborden, que las lluvias inunden las ciudades o que los huaicos caigan sobre ellas; sin embargo, se observa muy poco o casi nulo avance. En paralelo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se tomó casi una década para obtener la viabilidad técnica de los proyectos de drenajes pluviales de áreas urbanas y de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección en riberas vulnerables. Sus aprobaciones datan de junio y julio del 2026.

Algún “bienintencionado” defensor de estas autoridades, que nunca faltan, intentará justificar los retrasos atribuyéndolos a la falta de presupuesto. Habrá que darle la siguiente noticia: la región sumó cerca de S/4.000 millones entre canon, sobrecanon y regalías entre los años 2016 y 2025, y cuenta con un presupuesto superior a ese monto para obras por impuestos. Lo más lamentable es que el costo de esta falta de ejecución de obras de prevención podría ser mucho mayor que el del presupuesto no invertido: primero, en vidas humanas, que son invalorables, y luego, en daños a la propiedad y al aparato productivo de la región. Siendo así, no se entiende la comprobada incapacidad demostrada. Si bien ya no hay tiempo para ejecutar grandes obras, es imprescindible actuar rápido: proteger la vida, la integridad física y la salud de la población, y mitigar el impacto sobre la economía. Quedan apenas tres meses para ejecutar intervenciones puntuales y urgentes, como desbrozar, limpiar y profundizar cauces de ríos y ampliar el canal de desfogue en el caso del río Piura.

En el sector privado, existe una capacidad de despliegue ágil y estamos expectantes ante las necesidades. Sin embargo, es urgente que el Ejecutivo apruebe el decreto de urgencia que amplía el uso del mecanismo de servicios por impuestos, herramienta fundamental para que las intervenciones sean oportunas. Hagamos que la leyenda no sea más una realidad, que quede anclada en el pasado y que, con el tiempo, permanezca en el ámbito de la ficción.

Según un comunicado del Departamento de Estado del 10 de agosto, la mayoría de las revocaciones de visas fue por violaciones de reglas migratorias y delitos como robos, fraudes, conducir en estado de ebriedad, abusos sexuales y actividades “que pusieron en peligro la seguridad nacional”.

Entre los más recientes casos de visas revocadas están el de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el de la embajadora de Brasil en Washington, María Luiza Ribeiro Viotti. En octubre, funcionarios de Trump dijeron que les habían revocado las visas a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos por presuntos vínculos con los cárteles de la droga. El gobierno de Trump ha cancelado cuatro veces más visas que el gobierno anterior, según reportó la revista “Newsweek”.

Brian Nichols, el exencargado de América Latina del Departamento de Estado durante el gobierno de Biden, me dijo en una entrevista que Trump ha ampliado enormemente el criterio con que se cancelan las visas. Mientras que antes se quitaban visas por sospechas de corrupción, narcotráfico o terrorismo, ahora se hace también “con fines políticos o económicos”. “Trump quiere usar todas las herramientas que tiene para conseguir una ventaja en negociaciones, para apoyar a sus aliados y para castigar a los opositores” a su gobierno, me explicó.

En diciembre, el gobierno de Trump también dio a conocer una propuesta según la cual los turistas de 42 países que no necesitan visa previa deberán mostrar el historial de sus redes sociales en los últimos cinco años para poder entrar en EE.UU. Según funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el plan era solo una propuesta que iba a ser sometida a discusión. Pero, aunque no está claro si se ha puesto en marcha, los abogados de inmigración dicen que hay un mayor escrutinio sobre las redes sociales gracias a la inteligencia artificial. Todas estas trabas de entrada al país, sumadas a las redadas migratorias y a los aranceles de Trump, le han dado un duro golpe a la industria turística. El número de visitantes extranjeros a EE.UU cayó casi un 6% el año pasado, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Mientras tanto, el turismo aumentó en todo el resto del mundo, dijo el WTTC.

Nichols me dijo que cancelar visas por diferencias políticas “está mal”, porque cierra las posibilidades de un debate abierto y “va en contra del sentido de la Constitución de EE.UU”. Y advirtió que, a mediano y largo plazo, “esto va a generar anticuerpos en la región en contra de EE.UU”.

Estoy de acuerdo. El gobierno de Trump está anunciando con orgullo su récord de visas anuladas para satisfacer a los sectores nacionalistas y antiinmigrantes de su base política. Pero, en el resto del país y en el mundo, sus medidas no harán más que causar un perjuicio económico y dañar la imagen de EE.UU.

–Glosado y editado–

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El gobierno pretende reordenar la migración. Quiere, además, dar leyes para el rastreo, la localización, la geolocalización, entre otros temas de vigilancia.

Facilitar estas tareas a la policía puede ayudar a combatir el crimen. También puede ser útil legislar sobre el sistema nacional penitenciario.

La solicitud plantea regular la participación en el orden interno de las Fuerzas Armadas. Además, busca normar el uso de la fuerza por parte de las FF.AA.

Este es un saludo a las graderías. La gente pide la presencia de las FF.AA. en las calles. El gobierno la otorga.

No es eficaz darles a las FF.AA. una tarea para la que no están preparadas. El efecto disuasivo que suelen tener las FF.AA. no sirve para detener la ola criminal, solo para tranquilizar a ciertas amas de casa.

¿Pueden las FF.AA. participar en una balacera con delincuentes? ¿Qué pasa si un miembro de las FF.AA. mata a una persona? Otra pretensión del gobierno es poder declarar terroristas a las organizaciones criminales. En vez de forzar una figura, el gobierno debería dar medidas para castigar directamente a las organizaciones criminales.

Hacer pasar un hecho delictivo por otro puede traer consecuencias. Puede aparecer un resquicio de ilegalidad que, inmediatamente, favorecería a los delincuentes.

No hay en la solicitud medidas que refuercen el trabajo de la inteligencia policial. Tampoco se ven normas que faciliten el apoyo a las Dirincri o a las módulos de flagrancia.

Las facultades solicitadas no revelan un plan para articular a la policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin la posibilidad de rastreo y vigilancia de las carpetas fiscales, las sentencias y su cumplimiento, se trabajará en vano.

El gobierno también quiere legislar con relación a la reinserción social juvenil. Esto es una pérdida de tiempo. Debería pedir facultades para legislar sobre los delincuentes juveniles, los asesinos y los sicarios juveniles.

No hay, tampoco, como se puede ver, un replanteamiento de penas para delitos feroces que se cometen hoy en día.

Esperemos que la legislación sobre el sistema nacional penitenciario garantice el cierre de las comunicaciones de los penales. No se puede admitir que las extorsiones sean comandadas desde las cárceles.

Esperamos, además, normas que faciliten la construcción rápida y simultánea de centros penitenciarios. Hay mucho por destrabar, desregular y legalizar.

El gobierno parece desaprovechar esta oportunidad.

Resolver este problema debería ser una prioridad. Sin embargo, para una empresa formal que decide hacerse cargo de un pasivo y rehabilitarlo, el camino puede convertirse en un verdadero calvario.

Las normas existen desde hace más de veinte años. La primera ley sobre la materia se aprobó en el 2004 y desde entonces ha sido modificada y reglamentada varias veces. En setiembre del 2024, se aprobó una nueva ley y, recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto para modificar su reglamento.

Hay que reconocer que la nueva legislación recoge aportes positivos y abre posibilidades interesantes. El problema aparece cuando pasamos del papel a la realidad.

–¿Hay que destruirlo todo?–

Uno de los principales problemas es la rigidez con la que se aplican las normas. En muchos casos se exige eliminar toda la infraestructura existente y devolver el terreno prácticamente a su condición original, sin preguntarse si parte de ella podría tener algún valor histórico, social o económico.

Un buen ejemplo es la histórica mina Santa Bárbara, en Huancavelica. Se trata de una antigua mina de mercurio de enorme importancia durante la Colonia, vinculada al desarrollo minero de Potosí y Cerro de Pasco.

¿Tiene sentido demoler una infraestructura con semejante valor histórico cuando las propias comunidades quieren conservarla como monumento y atractivo turístico?

La nueva legislación ofrece una oportunidad para cambiar esta manera de pensar. No todos los pasivos tienen que terminar necesariamente bajo una pala y una excavadora. Algunos pueden ser reaprovechados.

Con los actuales precios de los metales, ciertos relaves podrían volver a procesarse y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental. Algunas instalaciones mineras abandonadas podrían transformarse en centros educativos, alojamientos turísticos u otros proyectos útiles para las comunidades. La propia ley contempla alternativas como la reutilización, el reaprovechamiento, el uso alternativo y, cuando corresponda, el cierre definitivo.

–El que intenta solucionar el problema termina castigado–

Aquí aparece una de las mayores paradojas del sistema.

Las empresas que voluntariamente asumen la rehabilitación de un pasivo pueden enfrentar multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por variaciones técnicas respecto del plan de cierre original, incluso cuando esas modificaciones pueden ser necesarias durante la ejecución de los trabajos y más efectivas para mitigar el riesgo.

Y el problema no termina cuando concluye la rehabilitación.

Después de realizar los trabajos y cumplir los cinco años de monitoreo exigidos, conseguir la certificación final sigue siendo extremadamente difícil. De los más de 6.000 pasivos incluidos en el inventario nacional actualizado, apenas tres habrían logrado ser formalmente certificados. Hay una larga lista esperando ser certificados después de rehabilitados y monitoreados por más de cinco años.

La señal que se transmite es preocupante: quien voluntariamente decide resolver un problema ambiental puede terminar atrapado durante años en trámites, fiscalizaciones y sanciones.

La situación se vuelve todavía más absurda cuando intervienen terceros. Si un minero ilegal invade un pasivo que está siendo rehabilitado para extraer mineral, la responsabilidad puede continuar recayendo sobre quien asumió la remediación. Algo similar sucede cuando el propietario del terreno impide el ingreso para realizar los trabajos.

Es decir, se puede sancionar a quien intenta cumplir incluso por situaciones que están fuera de su control.

–Dos varas distintas–

Pero quizá la contradicción más difícil de explicar al ciudadano es otra.

Mientras las empresas formales están sometidas a una estricta supervisión, miles de operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desarrollan actividades con un nivel de fiscalización muy diferente.

Cuando se pregunta por esta situación, la respuesta suele ser que la OEFA no tiene facultades suficientes para supervisarlos.

El resultado es una evidente desigualdad: somos extremadamente exigentes con quien está identificado, invierte y trata de cumplir, pero mucho menos eficaces frente a quienes pueden estar generando nuevos problemas ambientales.

Bajo el Reinfo permanecen más de 30.000 mineros que podrían estar dejando detrás nuevos pasivos sin un control ambiental efectivo.

No tiene sentido gastar enormes esfuerzos y recursos públicos para remediar los pasivos del pasado mientras permitimos que se generen los pasivos del futuro.

–Una oportunidad para cambiar–

Este problema no se resolverá bajando los estándares ambientales. Todo lo contrario. Necesitamos reglas exigentes, pero también claras, razonables y posibles de cumplir.

El Estado debería facilitar que una empresa, una comunidad o un inversionista quiera recuperar un pasivo, reaprovecharlo cuando sea técnicamente posible y darle un uso que beneficie a la población.

También debería distinguir entre quien incumple deliberadamente y quien, actuando de buena fe, enfrenta dificultades técnicas o situaciones provocadas por terceros.

Este noviembre, el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú-Lima organiza por tercer año consecutivo el Congreso de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas (Pacmin). Será una buena oportunidad para que las autoridades presenten y fundamenten las modificaciones incluidas en el nuevo reglamento en un foro técnico.

El Perú necesita resolver pasivos ambientales que entrañan alto riesgo ambiental y social, pero difícilmente lo conseguirá si convierte en una carrera de obstáculos la decisión de quienes quieren rehabilitarlos.

La regulación ambiental debe ser rigurosa con quien contamina y no cumple. Pero también debe ayudar –y no castigar– a quien decide hacerse cargo del problema.

Revisemos los datos duros. El agro exportó US$15.000 millones en el 2025, con un crecimiento de 17% interanual, y sostiene cerca de 900.000 empleos formales, muchos en regiones donde antes solo había informalidad rural. Ese es el activo que nadie debería querer destruir. Pero también es cierto que el Perú recauda apenas 16,3% del PBI en impuestos, el nivel más bajo de la región y de los países miembros del organismo (el promedio de la OCDE se acerca al 35%). El gasto tributario ya supera el 2,2% del PBI, casi lo mismo que nuestro déficit fiscal. La Ley Agraria, prorrogada hasta el 2035, le cuesta al Estado cerca de S/1.900 millones al año: más de lo que se invierte en buena parte del presupuesto de protección social.

La OCDE tiene razón en el diagnóstico: un incentivo diseñado para atraer inversión a un sector naciente no debería sobrevivir intacto 25 años después, cuando ese sector ya demostró que puede competir solo. Pero la izquierda del Congreso, con los proyectos de Analí Márquez, de JPP, y César Holguín, de Ahora Nación, se equivoca en la receta: quiere derogar el régimen entero, sin distinguir entre la empresa que reinvierte en nueva tecnología de riego y la que simplemente reparte dividendos. Aplastar a ambas por igual no corrige una distorsión: puede crear otra.

Se debería buscar una alternativa que no frene el crecimiento de una de las estrellas de la economía y tampoco socave las arcas fiscales. Una salida es condicionar el beneficio a la reinversión. Que la tasa de 15% se mantenga solo sobre las utilidades que una agroexportadora reinvierte en su operación y que la tasa general de 29,5% se aplique a lo que se reparte como dividendo. Así, el subsidio deja de ser un regalo automático por pertenecer al sector y se convierte en lo que siempre debió ser: un incentivo a seguir invirtiendo y generando empleo, no a acumular renta. El diseño no es una invención exótica: el régimen de la Amazonía ya premia la reinversión en lugar de subsidiar sectores enteros sin distinción. Exigiría reglas claras sobre qué cuenta como inversión productiva en lugar de aplicar un porcentaje fijo sobre el valor exportado. No se debe buscar tumbar una buena herramienta, pero sí ajustarla.

El ministro Elmer Cuba, antes de sentarse en el MEF, fue de los primeros en advertir sobre el uso irresponsable de las exoneraciones aprobadas por el Congreso saliente. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que ese diagnóstico se puede traducir en mejores políticas tributarias. El pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo prepara para el Congreso es el vehículo natural: incorporar ahí la reinversión condicionada le permitiría al Gobierno adelantarse a los proyectos de derogación total de la izquierda y ofrecer una salida defendible ante la OCDE. Porque el verdadero riesgo no es que el Estado deje de recaudar unos soles más: es que, por no reformar a tiempo, el país termine apagando de un plumazo el mismo régimen que convirtió ese desierto de Ica en el punto de partida de las paltas y los arándanos que hoy son la estrella de las góndolas del mundo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ordenando la casa

El nuevo directorio de Petro-Perú liderado por Oliver Stark avanza con decisión al remover 14 gerencias en dos semanas, reemplazándolas por funcionarios comprometidos con la reorganización que impulsa Pro Inversión en Petro-Perú. Esta limpieza institucional es necesaria para recuperar la confianza de inversionistas. El Gobierno debe comprometerse a sostener este proceso para que la petrolera estatal deje atrás los malos manejos y sea una empresa eficiente, creíble y sostenible en el largo plazo.

🟢Buse hace historia en ATP 250 de Winston-Salem

Ignacio Buse conquistó el título del ATP 250 de Winston-Salem al vencer 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del torneo y sumando su segundo título ATP tras Hamburgo. Este logro llega justo antes de su debut en el US Open, la vitrina más importante del circuito, y confirma que el tenis peruano vive un momento de proyección genuina. El país debe respaldar más a sus deportistas para que no sea una excepción y celebrar estos títulos se convierta en costumbre.

🔴Un crimen que exige una respuesta inmediata

El asesinato de Betzy Mallma Sarmiento, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, ocurrido frente a menores y sin presencia policial, revela el colapso de la seguridad ciudadana en Lima. Sicarios en moto dispararon siete veces contra una dirigente cuya labor era alimentar a familias vulnerables y que deja cuatro huérfanos. Las autoridades no pueden seguir reaccionando tras cada tragedia; urge presencia policial efectiva y protección para líderes sociales.

Pero hay una parte previa de esa historia que recibe bastante menos atención. Antes de extraer un recurso hay que encontrarlo, y antes de encontrarlo hay que conocer el territorio. Esa tarea requiere ciencia.

Un mapa geológico puede parecer, a primera vista, una pieza de información bastante modesta, pero en realidad contiene años de trabajo de campo, análisis de muestras, interpretación de estructuras y datos que permiten entender cómo se formó una determinada parte del territorio. Cuando esa información se cruza con estudios geoquímicos, geofísicos, imágenes satelitales y modelos computacionales, empieza a ser posible identificar zonas donde tiene sentido buscar determinados recursos.

La tecnología detrás del mapa

La tecnología está haciendo que ese trabajo sea cada vez más preciso. La geofísica aérea permite estudiar grandes extensiones sin necesidad de recorrerlas metro por metro; la geoquímica ayuda a detectar concentraciones anómalas de elementos que pueden delatar la presencia de un depósito; las imágenes satelitales permiten observar estructuras que desde el suelo resultan difíciles de distinguir; y los modelos de prospectividad mineral pueden combinar todas esas capas de información para estimar dónde existen mayores probabilidades de encontrar determinados recursos.

Es decir, estamos aprendiendo a hacer mejores preguntas al subsuelo. Y eso tiene un valor económico que solemos subestimar.

En Estados Unidos, un análisis publicado por el American Geosciences Institute a partir de miles de usuarios de mapas geológicos estimó retornos de inversión que van desde 7 dólares por cada dólar invertido hasta casi 35 dólares en determinadas zonas con infraestructura o recursos de alto valor. El cálculo incluye usos que van mucho más allá de la minería, como agua, construcción, transporte, planificación territorial y gestión de riesgos.

El dato merece atención porque cambia la forma en que deberíamos mirar el presupuesto destinado a la ciencia geológica. Un mapa es un producto científico que puede reducir la incertidumbre para quien decide dónde invertir, ayudar a determinar dónde construir infraestructura y aportar información para gestionar riesgos naturales.

El caso peruano

El Perú tiene además una razón bastante evidente para tomarse esto en serio. Seguimos siendo una potencia minera y tenemos grandes extensiones del territorio cuya información geológica todavía puede mejorar. Ingemmet, el servicio geológico del Perú, acaba de incorporar 31 Áreas de No Admisión de Petitorios que abarcan más de 289 mil hectáreas, con evidencias favorables para cobre, oro, hierro, plata y molibdeno. La información generada por sus estudios queda disponible como insumo para la exploración y la inversión.

Ese es precisamente el tipo de infraestructura científica que un país minero debería tratar como inversión económica. Y es también, no por casualidad, la misma entidad que hoy debe tener más recursos para seguir haciéndolo.

El instituto que vela por la geología tiene actualmente un presupuesto institucional de apertura de unos S/68,6 millones para 2026. El propio Ministerio de Energía y Minas señala entre las actividades previstas para este año la generación de nuevos datos geoquímicos, la identificación de nuevas áreas prospectivas y la actualización del potencial geológico del país.

En un país que busca atraer decenas de miles de millones de dólares en inversión minera, la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos invirtiendo lo suficiente en saber qué tenemos. No conozco una buena razón para responder que sí.

Infraestructura de conocimiento

El Perú tiene uno de los territorios geológicamente más interesantes del planeta, pero todavía invertimos demasiado poco en conocerlo. Y mientras la demanda mundial por minerales críticos aumenta, conocer mejor nuestro subsuelo puede ser una ventaja que se vuelve más valiosa con cada año que pasa.

Aumentar el presupuesto de Ingemmet no debería presentarse como una concesión a la comunidad científica ni como un gasto adicional de una institución pública. Debería discutirse como lo que es; inversión en infraestructura de conocimiento.

Si queremos decidir mejor qué extraer, dónde construir y dónde invertir, primero necesitamos saber qué tenemos debajo de los pies. Para un país con nuestra riqueza, esa debería ser una prioridad bastante menos secundaria de lo que ha sido hasta ahora.

Ahora, el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 (MMM) publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esta semana ratifica el buen momento. Aun con el enorme riesgo del fenómeno de El Niño (FEN) encima, la entidad liderada por el ministro Elmer Cuba elevó las proyecciones del PBI para el 2026 de 3,2% a 3,4%. Lo más notable de la revisión fue el incremento de la proyección para la inversión privada de 5,5% a 10,5%. Este anticipo se alinea con las expectativas que recoge el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) entre los empresarios: el optimismo en la economía peruana llega a niveles no vistos desde hace al menos una década.

Si la inversión privada realmente mantiene altas tasas de crecimiento, lo natural es que el resto de la economía avance con vigor en los siguientes meses y años. Mayor apuesta de las empresas gatilla el círculo virtuoso que encadena la inversión privada con el empleo, seguido del consumo, el pago de impuestos, el gasto público y mayor inversión.

El MEF es también por primera vez explícito en reconocer –oficial y sistemáticamente– la gravedad de los riesgos fiscales derivados de la aprobación irresponsable de leyes desde el Congreso. El documento señala que “entre el 2021 y el 2025 se publicaron 248 leyes de este tipo, cifra que triplica el promedio de 78 registrado en los períodos congresales previos (entre el 2006 y el 2021)”. El Consejo Fiscal, por su lado, advirtió que no es solo el número de normas, sino que su magnitud hace una diferencia sustancial. Por ejemplo, solo el incremento de pensiones a docentes –en un esquema de cédula viva– supera los S/8 mil millones anuales, equivalente a más del doble de lo presupuestado este año para reducción de la vulnerabilidad a atención de emergencias por desastres.

La nueva administración encuentra, pues, una economía vigorosa, pero riesgos climáticos y fiscales la esperan a la vuelta de la esquina. La presidenta parece estarse tomando su tiempo para responder adecuadamente; sin embargo, el momento para actuar al respecto es hoy.

En sectores con alta intensidad de mano de obra formal y baja elasticidad de sustitución de insumos, se documentan coeficientes de traslado parciales, es decir, incrementos del salario mínimo de 10% generan, en promedio, aumentos de precios de entre 0% y 4% en los bienes afectados, nunca proporcionales uno a uno.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la segmentación formal-informal, donde, en una economía con alta tasa de informalidad laboral, como la nuestra, con cerca del 70% de la PEA fuera de planilla, la RMV opera como un precio sombra que no rige en el segmento informal. Por ello, el canal directo de transmisión hacia esos bienes específicos es estructuralmente débil.

Asimismo, el incremento del ingreso disponible de los perceptores de RMV puede generar presión de demanda, efecto keynesiano de corto plazo, y un canal de expectativas, donde los agentes ajustan precios de manera anticipatoria sin cambio efectivo en su estructura de costos, fenómeno denominado money illusion o ajuste por saliencia del anuncio en cuestión.

Actualmente, parece casi imposible imaginar nuestra vida sin la tecnología, la inteligencia artificial o nuestros celulares. Los utilizamos para estudiar, trabajar, comunicarnos, entretenernos e incluso realizar actividades que antes hacíamos por nosotros mismos. Pareciera que aquello que antes nos acercaba también puede hacer que dejemos de vivir nuestra propia experiencia para comenzar a vivir a través de una pantalla.

Esto no significa que esté mal utilizar el celular, la IA o las redes sociales. El problema aparece cuando su uso interfiere con nuestra capacidad para comunicarnos con quienes nos rodean, reconocer nuestras emociones o valorar nuestras propias opiniones, y llegar a creer que no somos capaces de afrontar determinadas situaciones sin el apoyo de la tecnología.

Por ello, necesitamos encontrar un equilibrio. Conversar con nuestros seres queridos y desconectarnos de las pantallas por un momento puede ayudarnos a valorar aquello que muchas veces dejamos de percibir. La tecnología es como la decoración de nuestra torta llamada vida: puede hacerla más atractiva y especial, pero no constituye la totalidad de la torta. Podemos disfrutar de ella sin olvidar lo verdaderamente importante: vivir y conectar con la realidad que nos rodea.

Juntos por el Perú preside cuatro comisiones, y Constitución y Acusaciones Constitucionales son las más importantes; es decir, que ejercerá la postura de aparente oposición con argumentos y capacidad de alcance. Las comisiones mencionadas eran herramientas de anteriores congresos para disuadir cualquier tipo de oposición, consolidar impunidad y realizar cambios en la Carta Magna.

Lo desglosaremos de la siguiente manera: Constitución es la comisión utilizada para agregar, reformular o eliminar los mandatos de la Carta Magna, y Acusaciones Constitucionales recibe las denuncias a funcionarios; o sea, decide la permanencia de aquellos que practican el ejercicio público. Para un partido de vértebra socialista como JPP, estas resultan sumamente importantes porque les da el poder de realizar cambios fetichistas al apartado económico. Por otro lado, Acusaciones representa una oportunidad de evitar el amiguismo o la impunidad por preferencias políticas.

Por lo tanto, se puede afirmar que, desde la Cámara de Diputados, el papel del partido de Roberto Sánchez como defensor de la justicia y la democracia será sustancial. Muchos prevén un obstruccionismo y otros esperan responsabilidad con el poder asignado en la cámara. Y otros aseguran la inutilidad de presidir esas comisiones porque el Senado puede anular sus decisiones si así lo desea.

Entonces a la presidenta le será difícil mantener los niveles de aprobación con los que ha comenzado su gestión. Y para recuperarlos después, una vez que vaya consiguiendo resultados luego de reformas que serán difíciles de ejecutar, necesitará un esfuerzo de comunicación estratégica creativo –incluso para impulsar las reformas–, que complemente su vocación comunicadora personal y su relación directa con el pueblo en el terreno, que son efectivas.

Pero llega un momento en el que tiene que empezar a comunicar los grandes objetivos, los problemas para alcanzarlos y la manera de resolverlos, es decir, las reformas requeridas. Para conseguir el apoyo de la población. Ella tiene el contacto con el pueblo para hacerlo.

Este comienza a ser el momento, ahora que se ha enviado al Congreso el pedido de facultades legislativas, que revela, de paso, que se mantiene una ambición reformista relativamente alta: se pide declarar las organizaciones criminales como terroristas, se sigue planteando la reforma del Estado incluyendo ahora la reestructuración de Sedapal, la meritocracia, incentivos económicos a renuncias, desregulación profunda, digitalización del Estado, aprobación automática y fiscalización ex post, silencio administrativo positivo para facilitar la inversión, mejora de los regímenes tributarios y laborales para formalizar los emprendimientos, incentivar el empleo juvenil, aunque ya no figuran las reformas laborales del borrador salvo de una manera mucho más general. Sería lamentable que Fuerza Popular renuncie a representar al sector informal excluido en aras de no hacer olas con el sector organizado.

No se puede seguir criticando al gobierno si al mismo tiempo no se le exige al Congreso que otorgue las facultades que le permitan conseguir resultados. La crítica debe venir si, con las facultades, tampoco hay resultados.

Pero hay algo interesante. El gobierno ha publicado un decreto supremo que crea la Secretaría Estratégica Presidencial en Palacio, encargada de monitorear los grandes objetivos del gobierno –que aún deben ser precisados–, promover la digitalización y desregulación del Estado y desarrollar una comunicación estratégica. Es decir, un “centro de gobierno” como el que inventó Tony Blair en Inglaterra y aplica Chile. Hay un estudio reciente del BID sobre eso. Le ayudará mucho a la presidenta para asegurar rumbo y resultados, y comunicarlos bien. Amén.

Este es el caso de miles de jóvenes que cada año no cuentan con los recursos suficientes para financiar sus estudios de educación superior. ¿Qué hacer frente a necesidades de apoyo financiero tan distintas?

Mientras en el Perú estamos discutiendo si hay o no recursos para brindar solo 5.000 vacantes en Beca 18, otros países de la región llevan más de 50 años diseñando sistemas que combinan becas, créditos educativos y subsidios, con distintos esquemas de participación del Estado, las instituciones de educación superior y el sector privado.

Por ello, es necesario que se amplíe la discusión para proponer más opciones de financiamiento para la educación superior con recursos públicos y privados: becas integrales, pero también becas parciales, becas por impuestos y créditos educativos para el acceso y la culminación de estudios.

Con un portafolio de instrumentos diversos, pensados para realidades distintas, Beca 18 puede concentrarse en reducir la inequidad en el acceso de jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema. Y los créditos educativos pueden contribuir a resolver otros dos problemas generados por la falta de liquidez en familias que no necesariamente están en situación de pobreza.

¿Qué tan grande es cada reto? El primero es de cobertura: solo el 38% de quienes terminan secundaria pasa a la educación superior, y alcanzar la tasa de Chile (50%) exigiría que 36.000 jóvenes adicionales cuenten con recursos para financiar una carrera. El segundo es de continuidad: de los casi dos millones de estudiantes universitarios y de institutos, más de 881.000 ya enfrentan problemas financieros que ponen en riesgo su permanencia. En ambos casos, el problema no es necesariamente la falta de talento, sino la falta de una alternativa de financiamiento adecuada.

¿Cómo avanzar hacia una pluralidad de opciones de financiamiento para los estudiantes? Los países de la región han acumulado muchos aprendizajes durante las últimas décadas. Chile, Colombia, Brasil y Costa Rica muestran tanto los beneficios de ampliar el acceso mediante créditos educativos como los riesgos de hacerlo sin un diseño adecuado. En Chile, por ejemplo, el CAE llegó a entregar en su octavo año casi ocho veces más créditos de los que originalmente se habían proyectado. La experiencia demuestra que el problema no es que el crédito educativo no funcione, sino que un diseño débil puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema o generar incentivos no deseados.

El Perú tiene hoy la oportunidad de aprender de estas experiencias. “Invertir en el talento: Hacia un modelo sostenible de créditos educativos en el Perú”, reciente estudio de Cappes, recoge qué funcionó, qué no funcionó y qué condiciones hacen sostenibles los créditos educativos en los principales países de la región. A partir de estas lecciones, planteamos dos modelos de crédito educativo para el Perú.

El primero busca evitar la deserción por falta de liquidez y puede ser impulsado directamente por las instituciones de educación superior, fintechs y entidades financieras, sin requerir inversión estatal. El segundo busca ampliar el acceso a carreras de educación superior y requiere una nueva política pública, con un esquema en el que el Estado y las instituciones compartan el riesgo y el repago se vincule progresivamente a los ingresos de los egresados. Ambos modelos incorporan mecanismos para proteger a las familias y asegurar la sostenibilidad del sistema —como cuotas escalonadas, criterios de calidad y empleabilidad y garantías compartidas—, de modo que el crédito no solo financie estudios, sino que ayude a orientar recursos hacia una educación de calidad con mejores resultados laborales.

Algo que hemos aprendido en estos últimos años es que el Perú necesita cuidar su talento y apostar por la educación como una de las vías para salir adelante. Los dos estudiantes con los que inicié este artículo —uno que necesitaba S/5.000 para terminar su último año y otro que necesitaba financiar una carrera completa— no presentan el mismo problema ni necesitan la misma solución. Evidencian la importancia de construir un sistema capaz de ofrecer a cada estudiante la oportunidad que necesita para desarrollar su talento.

El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad para pensar la educación superior como un verdadero ecosistema, en el que Estado, universidades, institutos y sector privado puedan encontrar nuevas formas de invertir en el talento. Eso supone contar con instrumentos diversos y complementarios: con becas para quienes más lo necesitan, pero también con créditos y nuevas formas de financiamiento que permitan ampliar el acceso y sostener las trayectorias educativas. Es momento de traer nuevas soluciones para construir un sistema que multiplique las oportunidades que brindan las propias instituciones de educación superior, el Estado y el sector privado. Y para que más jóvenes puedan desarrollar el talento profesional y técnico que el país necesita.

Hay otras cosas, sin embargo, para las que no es tan temprano. Como, por ejemplo, para detectar determinados patrones en el ánimo de la presidente frente a la necesidad de plantarle cara a ciertos problemas que venimos arrastrando desde hace décadas y que sus votantes seguramente imaginaron que atacaría con decisión. Asuntos que le exigirían chocar con grupos de interés o bolsones de votantes repartidos por el territorio nacional: una tarea ingrata para quien quiere ser popular a cualquier costo o se intimida fácilmente ante la grita matonesca de los que quieren preservar un privilegio haciéndolo pasar por prioridad patriótica. Se trata de la magnificación de la fantasía necia que hizo que los parlamentarios de toda procedencia votasen durante estos últimos cinco años a favor de iniciativas que causaban estragos fiscales –homologaciones remunerativas, aumentos de pensiones, creación de universidades, etc.– sin que ello les atrajera un solo simpatizante más. Se trata, en buena cuenta, del retorno del viejo populismo, inútil, pernicioso e inmortal.

–Tempus fugit–

Todo empezó con el aumento de la Remuneración Mínima Vital, anunciado por la señora Fujimori en el mensaje de 28 de julio, sin que nadie se lo hubiese pedido. Un mecanismo seguro para aumentar la informalidad en el país. Luego vino el retroceso en la idea sensata de eliminar algunos feriados del calendario a fin de aumentar la productividad (ahora, además, el ministro Juan Sheput ha informado que están considerando declarar algunos feriados en coincidencia con la visita del Papa León XIV, un rendido homenaje a la naturaleza supuestamente laica del Estado Peruano). No hubo que esperar mucho, por otra parte, para conocer la tibieza de la reacción de la nueva administración frente a la irremontable crisis económica de Petro-Perú: poner de nuevo a Oliver Stark en el directorio ha sido positivo, pero impedirle buscar un manejo privado de la empresa, porque “suena a privatización”, es torpe e inconducente. Asimismo, hacer concesiones que atentan contra el equilibrio fiscal para conjurar protestas –como ha ocurrido a propósito del subsidio a los transportistas y la reducción en un 90% de las multas que los afectan– es doblemente nocivo. Primero, por el desajuste económico que generan; y, segundo, porque el mensaje que se envía es: haz tu protesta y conseguirás lo que te apetece… Y, por último, tenemos el inexorable avance hacia la sexta extensión del Reinfo, conocido parapeto de la minería ilegal para operar sin estorbo de las autoridades.

La presidente, en suma, no parece estar de ánimo para dar las batallas que algunos asumieron que libraría sin pestañear. “Díganme de qué se trata, para rendirme”, daría la impresión de ser su consigna en estas primeras semanas de gobierno, que tendrían que ser las más proficuas en reformas y recortes que requieren del apoyo ciudadano. El tiempo para hacer cambios se agota y la gobernante, preocupantemente, no da señas de comprenderlo.

P.D. Esta pequeña columna sale de vacaciones por dos semanas.

El propio cargo de defensor demanda que quien lo ejerza tenga solvencia democrática y especial prudencia y cuidado cuando se pronuncia o emite declaraciones porque no es portavoz ni tribuna de comentarios políticos controversiales. Por eso son muy irresponsables las últimas declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

En una entrevista que dio el jueves último, Gutiérrez afirmó que, “si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir, tranquilo, 20 o 30 puntos de su popularidad”. Obviamente, luego intentó minimizar sus dichos afirmando que no alentaba la disolución del Parlamento porque es “demócrata” y cree “en los principios”. Ayer incluso desde la cuenta oficial de la defensoría se emitió un comunicado por las “erróneas interpretaciones generadas” por sus recientes declaraciones, y que en “ningún momento se promovió la disolución de la Cámara de Diputados”. Un comunicado que fue editado, ya que en una primera versión se mencionó que las declaraciones de Gutiérrez “han sido sacadas de contexto” y que hay “una corriente que busca deslegitimar las opiniones del defensor”.

El comunicado, por supuesto, se hizo público tras las numerosas críticas a Gutiérrez, incluidas las de senadores y diputados de distintas tiendas políticas. La misma presidenta Keiko Fujimori rechazó “categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso”.

Gutiérrez debería ser, con sus declaraciones, un garante de los derechos y del orden constitucional, no alguien que desliza ideas peligrosas cuando las nuevas autoridades apenas tienen un mes de gestión. Por supuesto, uno podría dudar de esas “erróneas interpretaciones” si este hubiese sido un desliz aislado de Gutiérrez, pero es uno más en una larga lista de su cuestionada trayectoria política. No hay que olvidarnos de su viaje a Rusia en el 2011 con Alexis Humala, cuando Gutiérrez era congresista electo de Gana Perú; de su condición de abogado de Vladimir Cerrón y sus declaraciones contrapuestas cuando el líder de Perú Libre estaba prófugo; o, ya en el cargo que ostenta, su defensa del derecho a postular de miembros de la agrupación vinculada a Antauro Humala, en la que su hermano estaba afiliado. Esto además de su polémica designación como defensor por el anterior Congreso y sus cambios de filiación o tiendas políticas para postular a cargos de elección popular (Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional y Perú Libre).

La defensoría está por cumplir 30 años desde el inicio de sus actividades. En este tiempo, la institución ha cumplido un rol fundamental para defender la democracia y los derechos fundamentales de los peruanos. Sin embargo, Gutiérrez ha manchado esa labor en su gestión. Y sus últimas declaraciones solo ratifican que nunca ha estado a la altura del cargo.

La incertidumbre se hizo mayor cuando se difundieron videos de la bandera estadounidense siendo retirada de las ventanas de la legación diplomática en Moscú, dejando un montón de vacíos que, como suele pasar, se llenan con teorías de conspiración.

Diferentes medios estadounidenses han cruzado fuentes y han dado su versión de lo que puede haber ocurrido. Pero, sin duda, se trata de un gesto que muestra movimientos estratégicos, en medio de un contexto geopolítico global sumamente tenso.

Según fuentes de “The New York Times”, Ratcliffe viajó a Moscú para compartir en privado con los máximos jefes de seguridad rusas –no llegó a entrevistarse personalmente con Vladimir Putin– las sombrías perspectivas que EE.UU. tiene sobre la situación de la guerra en Ucrania, un conflicto que está empantanado y que no tiene visos de solución.

Sin embargo, medios como “The Wall Street Journal” y “Politico” han señalado que el objetivo principal fue hacerle una advertencia a Rusia sobre operaciones militares contra los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia), miembros de la OTAN. La preocupación se acrecentó tras recientes ejercicios y operaciones híbridas de las fuerzas de seguridad rusas cerca de la frontera con Estonia.

A fines del 2021, meses antes de la invasión rusa en Ucrania, el entonces director de la CIA, William Burns, también viajó a Moscú para advertirle a Putin sobre la guerra a gran escala que ya venían preparando, una coincidencia que hace elevar la visita de Radcliff de una mera diplomacia de rutina a una contención de crisis de alta gravedad.

No obstante, para el expresidente de Estonia Toomas Hendrik Ivses, actual influyente asesor de seguridad europeo, el verdadero motivo no ha sido Ucrania, sino el principal dolor de cabeza de Washington: Irán, y la ayuda continua que Rusia brinda a los persas en cuanto a información de inteligencia, a cambio de los drones baratos que los iraníes les proveen a los rusos.

No sería de extrañar que Radcliffe haya aprovechado su visita para tocar ambos temas: tanto la guerra en Irán, a la que Trump se metió creyendo que sería un paseo rápido; y la de Ucrania, que también pensó que podría resolver en tiempo récord. Sin embargo, no ha cumplido ni lo uno ni lo otro, mientras tiene las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 RECUPERANDO TÉCNICAS ANCESTRALES

En Ácora, Puno, comunidades campesinas recuperaron los waru waru, una técnica agrícola ancestral de hasta 3.000 años de antigüedad. El proyecto, iniciado en el 2022, reconstruyó cinco campos y permitió recuperar 50 variedades de papa. Esta técnica utiliza camellones, surcos y canales para controlar el agua y proteger los cultivos de heladas y sequías. La iniciativa fortalece la conservación de conocimientos ancestrales, la biodiversidad y la autonomía alimentaria. Por su importancia, fue reconocida internacionalmente como solución frente al cambio climático.

🟢 NACHO VA POR SU SEGUNDO TÍTULO

Ignacio Buse jugará por segunda vez en lo que va del 2026 una final ATP hoy sábado. Esta vez, logró vencer al francés Benjamin Bonzi para meterse en la última ronda del ATP 250 de Winston-Salem, en Estados Unidos. Con este triunfo, además, ‘Nachito’ estrena la posición más alta en el ránking de lo que va en su carrera: será 31 del mundo. Con miras al US Open, el último Grand Slam del año, esta semana ha sido una excelente preparación en pista dura, pues el ‘Colo’, hasta hace unos días –previos al torneo–, no había podido concretar una sola victoria en un cuadro principal en esta superficie.

🔴CAJAMARCA EN EMERGENCIA

El Gobierno declaró por 60 días el estado de emergencia en diez distritos de Cajamarca debido al incremento de la minería ilegal, delitos relacionados y hechos de violencia. La medida busca restablecer el orden interno y proteger la seguridad de la población. Los distritos afectados pertenecen a las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Ignacio y Jaén. Durante este período, la Policía Nacional estará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar acciones de control.

Si bien me honra integrar esta comunidad que impulsa el Instituto de Evidencia Educativa, basado en Mendoza, Argentina, confieso que me sentí bastante interpelado cuando vi las cifras comparativas de alfabetización en los seis países representados (Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile y Perú) y el nuestro estaba a la cola.

Pero, en lugar de regresar a casa cabizbajo y decepcionado, vengo más bien recargado de ilusión y esperanza. Porque he visto in situ lo que puede ocurrir en un país –Brasil, en este caso– cuando se alínea el conocimiento de la academia, el empuje del sector privado, el compromiso de los servidores públicos, la voluntad de los políticos y, por supuesto, el heroísmo de los docentes y las ganas de aprender de los estudiantes.

Es difícil lograr que la educación básica esté en el centro del debate público en un país. A los estudiantes no se les presta suficiente atención porque no votan, mientras que sus padres lo hacen priorizando otros temas como la economía o la seguridad. Los académicos en muchos casos han tirado la toalla respecto de la posibilidad de que los políticos valoren la evidencia. Los políticos asumen que este es un problema que se resuelve en el largo plazo, así que le dejan la tarea al que venga después. A los medios de comunicación se les hace cada vez más difícil tener una cobertura especializada en dicha materia y tienden a privilegiar la noticia del conflicto antes que la historia personal de superación. Y el sector privado, en vez de articular esfuerzos, los fragmenta o traslapa porque cada quien quiere estar en el centro de la atención.

Esto no tiene por qué ser así. Si bien existe una necesidad imperiosa de que padres y madres de familia se organicen para exigir una mejor educación para sus hijos e hijas, lo que demuestra la experiencia internacional es que la situación empieza a cambiar cuando la clase dirigente de un país se compra el pleito. Un líder del sector empresarial con el cual interactuamos en Sao Paulo lamentaba que hubiera ejércitos de lobistas dedicados a cautelar intereses corporativos, pero nada cercano a eso en lo que respecta a intereses nacionales como lograr educación de calidad a todo nivel.

Otra cosa importante que nos dijo es que, entre quienes sí participan en el debate educativo, varios parecen haber encontrado soluciones rápidas, sencillas, eficientes… y equivocadas. Sucede, pues, que se subestima la complejidad del problema y a veces se desprecia incluso el propio proceso democrático, porque el temor real de que con cada elección se cambie todo. El problema con esto es que se elige trabajar oportunisticamente con un solo partido o espacio político, cuando lo que se necesita es trascender a las diferencias ideológicas para que las reformas que se impulsen tengan continuidad más allá del ciclo político.

Debe quedar claro, entonces, que no hay atajos para solucionar el problema de la educación en un país, sino una necesidad de trabajo comprometido con visión de largo plazo, capacidad de diálogo político y financiamiento adecuado. No seré yo el que minimice las diferencias ideológicas que aparecen en este debate, que son muchas, pero puedo dar fe por dos procesos de diálogo que me ha tocado moderar en los últimos meses -uno sobre educación básica regular y otro sobre educación universitaria- que sí es posible alcanzar consensos entre especialistas con posiciones diversas. Y si a eso se agrega la aparición de movimientos organizados como “Leer no basta”, pues bien vale la pena sumarse a la causa y dar la lucha por la educación que merece nuestro país. Es lo que nos toca.