La denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntas coimas en el Caso Ascensos, que está en manos del Congreso de la República, está en riesgo de caducar, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, dicha investigación corre el riesgo de caerse y de quedar en nada por el vencimiento de los plazos en el Parlamento. Si hasta el próximo 15 de noviembre no hay decisión en las cámaras de diputados y senadores, el caso se cerrará.

El caso estalló a finales del gobierno de Castillo Terrones e involucra a su exministro de Defensa Walter Ayala. En 2023 el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional para levantarle la inmunidad y formalizar la investigación.

El proceso quedó entrampado. Con el nuevo Parlamento bicameral, todo pasó a manos de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, dirigida por el diputado Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

Casi dos meses después de instalada y al borde de quedar en el archivo, dicha comisión recién envió la denuncia constitucional a la Cámara de Diputados. La próxima semana, el jueves 29 de octubre, habrá un debate donde todo puede pasar.

La votación de los parlamentarios será determinante para archivar el caso o permitir que la fiscalía siga adelante con su investigación. Juntos por el Perú ya cerró filas por Pedro Castillo. Las otras bancadas de oposición definirán la suerte del exmandatario.

La prueba más incriminadora sería una pericia grafotécnica que confirmaría que Castillo sí intervino en los ascensos de militares y policías y ordenó cambios contra toda meritocracia a cambio de recibir presuntos sobornos.

“Cuarto Poder” accedió a la declaración de 5 colaborares eficaces y una testigo. Así, la fiscalía ha podido conocer de presuntos pagos ilícitos de entre U$S20 mil y U$S40 mil por ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales, dinero que habría terminado en manos de Pedro Castillo.

La fiscalía incluso recabó una declaración especialmente reveladora: el testimonio de un oficial que reconoció haber pagado una coima para conseguir su propio ascenso a general. Precisó reuniones, montos, coordinaciones y nombres.

“Reconozco ser una de las personas que efectuó el pago de dinero para lograr el ascenso (…) Tengo conocimiento sobre tres (03) coroneles de armas de la policía que pagaron cuarenta mil dólares americanos para ascender al grado de general de armas”, relató.

Además, Bruno Pacheco, ex secretario general de Castillo Terrones, entregó dos post it a la fiscalía para demostrar las órdenes escritas que el exmandatario impartía. Esto fue contrastado con otros 7 documentos escritos a puño y letra por el exmandatario.

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La presidenta Keiko Fujimori felicitó a su homólogo de Brasil, Lula da Silva, por su reelección, tras ganar la segunda vuelta en las elecciones generales en ese país frente al senador opositor Flávio Bolsonaro

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria reafirmó su voluntad de “fortalecer” la alianza estratégica, integración, cooperación y desarrollo sostenible de la Amazonía que comparten Perú y Brasil.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática”, escribió en la red social.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, agregó.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario. El líder progresista sumó hoy 64,2 millones de papeletas, mejorando también con creces sus resultados de 2022.

De este modo, Lula da Silva asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

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El gobierno de Keiko Fujimori obtuvo una parte de las facultades para legislar que solicitó al Congreso hace casi dos meses. El Senado aprobó otorgarle 27 de los 66 puntos que pidió y ahora el Ejecutivo deberá comenzar a emitir una serie de decretos legislativos para intentar frenar la inseguridad y hacerle frente al fenómeno de El Niño (FEN), que puede llegar a ser el más fuerte de nuestra historia reciente.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que tienen listos borradores de decretos legislativos en los 20 puntos que, inicialmente, aprobó la cámara de diputados del Parlamento. Entre ellos, la reforma y modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la declaratoria de necesidad en la construcción de nuevas cárceles y la modificatoria a la Ley de Carrera Especial Penitenciaria.

En esta última, la administración de Fujimori Higuchi busca establecer la inhabilitación permanente para el reingreso al INPE de funcionarios destituidos y acelerar los procesos administrativos de sanción.

Y también cambiar la norma para permitir que oficiales del Ejército y de la Policía Nacional en retiro y expertos en seguridad puedan asumir la dirección de cárceles y otros altos cargos. “Queremos incorporar a especialistas, es necesario incluir a más personas con experiencia en seguridad. La actual ley lo impide”, añadieron.

Las mismas fuentes refirieron que están trabajando en la redacción de los decretos legislativos de los siete puntos que fueron sumados en el Senado.

Además, detallaron que el primer paquete de normas que saldrá será en seguridad ciudadana y la modificación para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pueda atender las emergencias de manera directa y rápida.

Otras fuentes señalaron que, en estos primeros decretos legislativos, el gobierno intentará incluir el restablecimiento de las capacidades operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que no tuvo consenso en la cámara baja y que fue rechazado por la oposición en el Senado.

En el 2015, el Parlamento le retiró esta facultad a la referida institución, luego de que una denuncia periodística revelara que realizó reglaje a políticos de la oposición, empresarios y hombres y mujeres de prensa. Incluso, espió a Marisol Espinoza, entonces vicepresidenta de la República que estaba distanciada del gobierno de Ollanta Humala.

En dos semanas

El texto aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, que fue ratificado en el pleno de la cámara alta, eliminó la calificación de las organizaciones criminales como “grupos hostiles” y planteó una regulación más amplia sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

En la ley contra el crimen organizado reemplazó “método de violencia propios del terrorismo” por “técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas” como criterio para calificar a estas organizaciones.

Al respecto, fuentes del Ejecutivo indicaron que se va a analizar si esta facultad delegada les permite o no homologar el juzgamiento o sanción de las redes criminales al trato que reciben organizaciones terroristas, como sucede en El Salvador, Colombia y otros países de la región. “Vamos a buscar la fórmula más útil para el país […] Ya se ha avanzado bastante en los borradores, lo que necesitamos es ubicar las palabras adecuadas”, manifestaron.

Las mismas fuentes adelantaron que los primeros decretos legislativos se comenzarán a promulgar dentro de las próximas dos semanas.

Explicaron que los decretos legislativos tienen que contar con el visto bueno de la asesoría jurídica del sector Justicia, de los viceministros y, por último, ser aprobados en el Consejo de Ministros antes de ser enviados a El Peruano para su publicación y posterior entrada en vigor.

Precisamente, el primer ministro, Luis Galarreta, estimó que en 10 o 12 días, el gobierno comenzaría a publicar los primeros decretos legislativos.

“Esas pocas facultades las vamos a usar efectivas y contundentemente, hay que dejar constancia de será en 10 o 12 días, porque hasta en eso hay burocracia. Para aprobar un decreto legislativo se demoraba unos 20 días, lo hemos reducido a 12 días, un flujo más pequeño. Y lo que no vaya por decreto legislativo, será por decreto de urgencia”, manifestó.

No están conformes

Al interior del Ejecutivo no creen que la entrega de 27 de 66 puntos en delegación haya sido una victoria del oficialismo. Y ese sentimiento fue exteriorizado por la presidenta Fujimori y el primer ministro Galarreta. La mandataria dijo- el último miércoles, desde Ucayali- que “nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades”.

Y Galarreta lamentó “la mezquindad” de un sector de la oposición del Congreso y sostuvo que “es la primera vez en la historia” que esta institución “se cierra de manera tan radical”.

Fuentes ligadas al gobierno refirieron que la delegación de facultades “no es nada excepcional” y reiteraron que un sector de Fuerza Popular cometió errores que llevaron a este escenario. Esto al recordar las declaraciones de senadores, entre ellos Martha Chávez y Carlos Mesía, en el sentido de que en la cámara alta iban a poder restituir lo que no aprobara la cámara de diputados.

“No, no estamos conformes, estamos, en realidad, insatisfechos. Del otro lado, hubo mucho obstruccionismo y mucho antifujimorismo”, expresaron.

También apuntaron a que las reuniones entre el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y las bancadas de la oposición no tuvieron el resultado deseado.

“Primero se debía realizar la ronda de diálogo, ver los puntos de consenso y presentar las facultades”, mencionaron.

Las mismas fuentes avizoraron un panorama de enfrentamiento con la oposición en el Parlamento. “Va a ser bien difícil que en la cámara de diputados aprueben los proyectos de ley que envíe el gobierno”, alertaron.

A pesar de ello, informaron que el Ejecutivo presentará proyectos de ley por los puntos que fueron rechazados en la solicitud de facultades, una vez que concluyan con la emisión de los decretos legislativos en seguridad ciudadana y El Niño.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, dijo que no están conformes con las facultades delegadas por el Congreso, porque si se pidieron 66 puntos es “porque ese era el número necesario de las medidas que se tenían que tomar”. “Lo que se ha alcanzado es menos de la mitad y eso va a tener un costo no para el gobierno, sino para la ciudadanía. El Ejecutivo ha sido objeto de un obstruccionismo visible y directo de parte de organizaciones de extrema izquierda”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Álvarez Miranda estimó que en una semana o en una semana y media se estarían dando los primeros decretos legislativos.

“Esto lo tenemos que ver [el tiempo para las primeras normas], algunos van a ser presentados en una semana o semana y media, pero pueden tener observaciones de equipos técnicos o de ministros. Esto se verá en la cancha”, finalizó.

El punto de vista

El ex jefe de Gabinete Ministerial Jorge del Castillo le recomendó a Galarreta a no esperar al día 89 de las facultades para recién sacar las normas.

“Si me permite, le doy una recomendación amigable a Galarreta: estas facultades son a 90 días, ¿cierto? Entonces, no espere al día 89 o 90 para sacar las normas, porque se supone que tenemos urgencia. Los decretos legislativos tienen que estar listos, si [la ley de la delegación de facultades] sale mañana o pasado en El Peruano, desde el domingo o el lunes deberían salir las normas”, manifestó.

Del Castillo refirió que el Ejecutivo tiene que comenzar a dar las medidas más urgentes para hacerle frente a la inseguridad y El Niño.

“Ya hemos visto que El Niño ya arrancó, ya está en Piura con fuerza. Entonces, el gobierno tiene que actuar rápidamente. Si no llegan los 90 días, ya pasó El Niño, ya pasó todo y no tiene sentido. Que lo hagan rápido, de lo contrario la gente dirá: ‘oye, ¿qué tanta emergencia? ¿qué tan urgencia si no resuelves rápidamente?’”, acotó.

El paso a paso

1. La aprobación y la promulgación

El abogado constitucionalista Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, explicó que, tras la aprobación de la solicitud de facultades en el Senado, la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo debe ser promulgada en el boletín de normas legales del diario “El Peruano”. Y un día después, el gobierno ya puede comenzar a emitir decretos legislativos sobre las materias aprobadas.

2. La ruta

Albán detalló que los decretos legislativos, antes de ser promulgados, deben contar con la aprobación del Consejo de Ministros. “Sí, en el Gabinete se tiene que discutir y aprobar. Uno esperaría que luego de tanto tiempo en que se ha demorado el debate [casi dos meses], imaginaríamos que ya están listos los [borradores] de los decretos legislativos. Entonces, al día siguiente que salga la publicación [de la ley que delega facultades], ya deberíamos empezar a ver los decretos”, manifestó en Tenemos que Hablar, video pódcast de El Comercio.

3. El alcance de los decretos

Si bien el Senado aprobó 27 de los 66 puntos de la solicitud de facultades, esto no significa que el gobierno solo vaya a emitir 27 decretos legislativos. El letrado indicó que bajo el paraguas de un punto delegado pueden darse varias normas. “Sí, ya se ha hecho antes, ha ocurrido. Lo que pasa es que si el Congreso da facultades en principio deben ser muy acotadas, pero de nuevo viene el tema sobre qué se interpreta”, complementó.

El profesor de la Universidad del Pacífico refirió que cuando sale una norma “hay gente que piensa que el único que la puede interpretar es el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial”. Pero, en realidad siempre interpreta la ley “quien la aplica primero” y genera un procedente. “Hemos visto decretos legislativos que en varios gobiernos se han ido un poco más allá de lo que le daban”, remarcó.

4. La fiscalización de la cámara alta

Albán señaló que una vez que el gobierno promulga los decretos legislativos, estos deben ser revisados por una comisión especial del Senado, a fin de determinar si el Ejecutivo actuó dentro del marco legal que se le delegó o si se excedió. Añadió que la cámara alta tiene la potestad de modificar, derogar o respaldar la norma dada por el gobierno en este contexto.

5. Una comisión para las controversias

El letrado propuso que cuando el Senado modifique los proyectos que lleguen desde la cámara de diputados, se debe llamar a una comisión bicameral " que defina un texto de consenso que se apruebe por ambas cámaras". Como parte de sus planteamientos para afinar al nuevo Congreso bicameral, Albán también indicó que se debe renovar la totalidad de la cámara de diputados y la mitad o el tercio del Senado a la mitad de su período.

El jueves 15, Fuerza Popular estaba desmoralizada. La debacle en la Comisión de Constitución puso en jaque a la bancada naranja en el Senado. La de Diputados se sacó la madre para conseguir al menos 20 de las 66 facultades pedidas por el gobierno e hizo lo imposible -a riesgo de perderlo todo- para sumarle 7 más.

Sus colegas de la Comisión de Constitución del Senado tenían que conseguir esas 7 y contaban con los votos, pues el presidente de la comisión, Carlos Mesía, dirimía el empate de 6 versus 6. ¡Las hubieran tenido ese día! Pero las perdieron por una serie de torpezas como el voto tardío del fujimorista Alejandro Aguinaga, no haber previsto la conveniencia de nombrar a accesitarios para los viajeros, que Mesía cerrara muy pronto la votación y que para, remate, intentara conciliar con la oposición ofreciéndoles despectivamente el debate que se habían ganado. Se fueron todos, haciendo valer su capacidad de bloqueo por quorum.

El gobierno tenía que romper ese bloqueo. La solución se había ya insinuado en la misma sesión. Los dos miembros de Obras que estaban presentes, el vicepresidente de la comisión, Roger Astucuri, y Daniel Barragán, que estaba de visitante sin voto, pero es el líder de la bancada; fueron los últimos en retirarse.

Conversé con Barragán y me dijo que no se fue con los otros, porque estaba sentado cerca a Mesía y trató de persuadirlo para que no continúe con la sesión mandando al voto. Al no ser oído decidió irse con Astucuri.

Es cierto que ya había indicios de un giro de Obras hacia la colaboración con el Ejecutivo y de un entendimiento en marcha. Semanas atrás, la bancada retiró tres firmas y se echó abajo una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, en Diputados. Pero ese jueves negro para el gobierno, Obras cerró filas con la izquierda. Barragán me dice: “No hemos pasado al oficialismo, somos de centro y hemos coincidido esta vez con el gobierno. En cada caso, veremos si las leyes son en beneficio del país y desde nuestra posición de centro coincidiremos con otras fuerzas políticas”.

Lourdes Alcorta, portavoz de RP, reunió a FP, a Mesía y a tres portavoces de la oposición, salvo JP, en su oficina. Se comprometieron a asistir el lunes, pero luego le hicieron saber que no irían. Obras cumplió su palabra. Belmont negó haber hablado con Galarreta pero dijo en RPP que conversó con José Chlimper, asesor ad honorem de la presidenta, antes y después de la crisis.

Barragán me dice que conversa constantemente con Belmont y este solo le comentó de una conversación con Chlimper días atrás de la votación y que abordaron diversos temas. Por otro lado, una fuente del Ejecutivo me dice que sí hubo conversaciones con Belmont. Incluso, hubo un intento de que Obras votara a favor de más facultades en Diputados, pero algunos miembros de la bancada lo frustraron.

El sábado 17 en la tarde, Galarreta se reunió con Jorge Nieto, líder del Partido de Buen Gobierno (PBG). Este no le ofreció más de lo que el oficialismo ya tenía asegurado: apoyar las 20 facultades y las otras 7 convertirlas en proyectos legislativos que en Diputados -el presidente de la cámara es Óscar Reto, del PBG- se comprometían a tratar con urgencia. Nieto, el domingo temprano, en una entrevista que le hicimos en RPP, calificó su conversación con ‘alguien del más alto nivel’ como ‘un preacuerdo’. Sé que fue Galarreta su interlocutor porque me lo confirmó una fuente del Ejecutivo. Esta también me dijo que el mismo día le “enviaron a Nieto, a través de un emisario, el mensaje de que no podían aceptar su propuesta”. Según mi fuente, el gobierno no confiaba en lo que podía pasar con esos 7 proyectos si pasaban por el aro de la Comisión de Constitución que preside Juntos Por el Perú (JP).

Bancadas quebradas

Los aliados del bloqueo PBG, JP y Ahora Nación (AN), ya dudaban de Obras. Prefirieron apelar una vez más al típico ‘ausentismo de izquierda’ y no ser testigos, en la propia sesión del lunes 19, de lo que no podemos calificar de traición. Recuerden que la alianza para la mesa directiva de Diputados no fue para todo efecto, y, en todo caso, ya la había roto JP en el debate de facultades en Diputados. Que ahora disintiera Obras no podía ser gran escándalo para nadie.

Por otro lado, Belmont no es un hombre de izquierda que comparta el conjunto de vetos de sus aliados de oposición. Barragán también decide muchas cosas y vigila a su bancada, pero es un militar en retiro sin temple obstruccionista, que no encuentra una contradicción personal entre haber sido ministro de Defensa de Pedro Castillo y dar una mano a Keiko Fujimori. Por cierto, le tocó la última fase de Castillo y renunció el 3 de diciembre del 2022, días antes de la intentona golpista del 7 de diciembre. Según me contó en otra oportunidad, se negó a ordenar movidas militares para amedrentar a la oposición, tal como le pedía Castillo.

Barragán estuvo en las sesiones cruciales, vigilando a Astucuri. Cuando se discutió la medida adicional de la DINI, su correligionario pidió que esta se retire, pero no le hicieron caso. Había aportado el quorum. Ese día su voto de poco valía.

En el pleno del miércoles Obras votó partido: tres a favor, la senadora Juana Ticona se abstuvo y la senadora Agripina Flores estuvo ausente con licencia médica por una operación. “La senadora Ticona nos sorprendió. Había firmado un acuerdo para votar a favor. Agripina Flores, estoy seguro que hubiera votado a favor si se hubiera permitido la votación virtual”, me dijo Barragán.

¿Por qué los 7 agregados son cruciales para el gobierno? El de la DINI con capacidad operativa está en su ‘core’ de facultades. Quieren un servicio de inteligencia de acceso directo, adscrito a la PCM, sin pasar por los filtros del Interior, la policía y los militares. También está en su ‘core’ la colaboración de los militares, al lado de la PNP, aunque sea circunscrita a vigilancia de penales y combate a organizaciones criminales. FP rinde culto a la concordia cívico militar al punto que prefirió colocar a un militar como Astudillo en Interior.

La raíz de ese culto es que fueron los aliados de Alberto Fujimori en la victoria contra Sendero Luminoso y el MRTA, y tendrían que serlo en la lucha contra el crimen. Además tenían que asegurarse de poder llamar terroristas y/o ‘grupos hostiles’ a las OC (organizaciones criminales).

Obras fue, en esta crisis, el fiel de la balanza que el PBG no pudo ser. En Diputados, la bancada de Nieto fue clave para llegar al acuerdo con Renovación Popular para cerrar las 20 facultades; aunque en el pleno votó en abstención. En el Senado, perdió piso. Aquí sí, se diferenció de AN, votando en abstención. Pero, ojo, dos de sus senadores, Jorge Gavidia y Juver Flores, votaron a favor de las facultades.

El portavoz Flavio Figallo se desconcertó. Nieto ha dicho que el par será sancionado y Gavidia ha confesado en Willax que evalúa su renuncia. Hay más disciplina y homogeneidad ideológica en las dos bancadas de derecha.

AN tenía a Ruth Luque de titular en Constitución, cuya posición es, según lo ha admitido, no dar ninguna facultad. Toda la bancada votó en contra. ¿Podrá ser Obras el nuevo fiel de la balanza, el nuevo ‘centro’? Si a partir de la decisión para salvar las 7 nuevas facultades, se estrechan sus lazos con el gobierno, ya no sería ni el centro ni el fiel de la balanza sino que se habría pasado al plato oficialista. Eso traería un cambio drástico en la correlación en Diputados. Hoy es desfavorable al gobierno: 74 votos opositores versus 56 oficialistas (FP + RP).

Si los 14 diputados de Obras pasaran nítidamente al oficialismo, al menos en coyunturas cruciales, la correlación sería de 70 para el gobierno versus 60 para la oposición. Hasta podrían manejar la próxima mesa directiva. Pero Obras, como ya vimos, votó quebrado como el PBG. Por ahora solo podemos confirmar una coincidencia -llámenle entendimiento si quieren- coyuntural.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostiene que, si le corresponde asumir la alcaldía de Lima, priorizará las medidas para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, entre ellas, la vacunación contra el dengue en la capital. En entrevista con El Comercio indicó que dará prioridad a la seguridad ciudadana y destinará recursos a medidas que ya aplicó durante su anterior gestión municipal.

— Este domingo se cumplen tres semanas de las elecciones y no tenemos todavía resultados, sino al 97%. ¿Qué le reportan los personeros al respecto?

Más que personeros, ahora tenemos abogados. Hemos puesto en más de 10 jurados especiales a 23 abogados, por la desconfianza que tenemos en la ONPE. Los jurados ya acabaron, y es la ONPE que retiene la información. Aparte de delincuentes, como Corvetto y toda su mafia, son vagos.

— ¿Lo de los jurados es solo para estar pendiente, o hay denuncias?

En esta elección ha habido hechos graves, pero no voy todavía a denunciar para no distorsionar el proceso, porque si no se va a alargar más todavía. Voy a hacer denuncia ‘ex post’ de todos los hechos que han sucedido, como querer intentar cambiar ánforas a partir de las 5 de la tarde en determinados colegios. Está documentado. Tengo filmación.

— Un funcionario del JNE ha dicho que finalmente ellos no se van a pronunciar y que serán los regidores quienes elijan cuando gane su lista para que asuma la alcaldía. ¿Esto ya es un caso cerrado?

Veremos qué dice. Reaccionaremos de acuerdo con su pronunciamiento. Hay jurisprudencia, este es el tercer proceso en el cual aparece esta situación de que un alcalde no pueda jurar porque falleció en el proceso. ¿Por qué en este caso sería distinto? Eso sería legislar con nombre propio.

— ¿Le entregarían las credenciales de regidor y el consejo metropolitano lo elegiría alcalde?

Hay jurisprudencia distinta que le han entregado credenciales de alcalde al teniente alcalde.

— Poniéndonos en el escenario de que sea alcalde. Lima no va a ser ajena al fenómeno de El Niño. ¿Qué previsiones se están tomando?

Ya estoy trabajando. Hace cuatro años pasamos el Yaku y me agarró sin maquinaria. Muñoz y su gente no dejaron maquinaria, no había un Caterpillar, un volquete, no había ni lampas. Lo que he hecho de manera informal –porque no me queda otra– es comunicarme con Renzo Reggiardo para que nos permita trabajar de una buena vez. El dengue no espera, hay que vacunar a la población. El Niño que está viniendo va a ser mucho peor que el del 83.

— La ciudad de Lima se va a afectar.

Lo gravísimo para mí son las quebradas, porque [los huaicos] bajan y se llevan casas, gente, animalitos... se llevan todo. He coordinado de manera informal porque no me queda otra, dada la demora de la ONPE. Queremos instalar un hospital de la Solidaridad itinerante en Chosica. También he conversado con el ministro de Salud sobre la crisis del dengue que se avecina, para empezar a vacunar.

— No se descartan lluvias fuertes y vimos lo que pasó en el ‘by-pass’ de Villa María del Triunfo.

Ese ‘by-pass’ está mal hecho. Hay que cerrarlo y hacerlo aéreo. Toda la lógica del diseño para Lima Metropolitana debe ser aérea.

— Se va a inundar también la Vía Expresa y el ‘by-pass’ de Javier Prado con la av. Arequipa, según se ve en fotos de archivo, tras una lluvia torrencial en Lima.

Con Carlos Neuhaus, que es un gran amigo mío y profesional, estoy buscando alquilar o comprar bombas de succión, y tener cisternas para llenarlas de toda esa agua que se empoza. Hay zonas en la Vía Expresa que puede llegar a dos metros de altura tras una lluvia fuerte. Lo que le toca a él es conectar con el sector privado, que quieren donar.

— Ahora está ganando Renovación Popular. ¿Qué retomará cuando regrese al sillón municipal? ¿Qué siente que dejó pendiente cuando renunció el 6 de octubre del año pasado?

Lo primero es seguridad ciudadana. Felizmente es distinta esta muni que la de hace cuatro años. Esta muni tiene caja, tiene plata, tiene ahorros, tiene gente de primer nivel. Hay gente que es muy buena, muy capaz y va a tomar posiciones gerenciales ahora. Pero mi tema número uno es seguridad ciudadana, dado que no veo acción desde el Gobierno Central.

— No ve acción del gobierno, ¿ni con las facultades que ahora ustedes han apoyado?

Son muy lentos. Cada día hay seis, siete muertos. Hay que ir más rápido.

— Pero han apoyado las facultades.

Sí, hemos apoyado, pero no somos gobierno. ¿Qué nos queda? ¿Que el Perú se quede a la deriva? Nos queda apoyar.

— Cuando habla de seguridad ciudadana, ¿qué tendría que hacer la municipalidad? Porque están claras las competencias.

Tuvimos con el general José Baella una experiencia de tres años cuando se desactivaron 30 bandas criminales en coordinación con el Ministerio del Interior a través del número 6-10-10-10, que se hizo muy conocido. La gente llamaba... ya lo han desactivado lamentablemente. Nosotros tenemos en el Congreso un peso que antes no teníamos, ahora sí le damos gobernabilidad al país.

— El 1 de enero tiene que empezar de todas maneras la nueva gestión.

Hay una posibilidad de que hagamos sesión de concejo el 1 de enero y se me encarga la alcaldía, eso es una posibilidad.

— ¿Pero el concejo municipal lo nombra alcalde?

La encargatura tramita la credencial del alcalde, pero demora tiempo teniendo un Niño, teniendo un montón de problemas de sicariato y crímenes, la van a hacer más larga todavía y no hay transferencia.

— No puede haber mientras no haya credenciales.

Lo bueno es que Renzo Reggiardo es un caballero y estamos coordinando los temas más urgentes como seguridad y obras que están en ejecución que tengo que terminarlas como la Panamericana Norte desde Habich, Caquetá; donde hay un montón de áreas metropolitanas que hay que recuperar. Queremos establecer un servicio metropolitano que vaya por todo Lima norte, pero empezando de Caquetá y eso tiene conexión con la estación central.

— Y en eso, ¿cómo se engrana el tema de la ATU? Que dice que la ATU tiene que volver sí o sí a la Municipalidad de Lima.

La ATU tiene que pasar a Lima y el Callao. Felizmente en el Callao tengo un gran amigo que es el nuevo gobernador regional de Callao y César Pérez que es el nuevo alcalde que son grandes amigos y son de Renovación, tomamos control del directorio y lo primero que te adelanto es reducir toda la gente que está en órdenes de servicio, consultoría. Son 1.600 millones de soles que se van en estupideces; por eso vamos a pedir que nos pasen las competencias para poner orden.

— En las prioridades que ha enumerado no está el tren Lima-Chosica.

Es que eso implica ya mudarse al MTC, poner una carpa y hacer huelga de hambre.

— En una entrevista en Canal N, dijo que cuando vuelva a la alcaldía de Lima se va a bajar todos los arbitrajes contra Lima. ¿Cómo?

La Municipalidad de Lima ha planteado dos juicios de nulidad, uno en Washington y otro en Nueva York, donde yo me he apersonado. El exalcalde de Lima Jorge Muñoz puso al estudio Foley como defensa municipal y con base en ocho elementos de convicción, uno de estos es el estudio Foley, se ha presentado la nulidad. Ese es un proceso en Washington donde he ido a quejarme, porque Foley ocultó información al no decir que era abogado de la municipalidad y de Brookfield. Si el abogado que representa a la muni de Lima no dice que es el abogado de Brookfield, eso es nulo de plano. Pero no solamente eso, hay siete elementos de convicción adicionales para la jueza Reyes, que es la que ve el caso en Washington. Pero hay otro proceso adicional en Nueva York, que hemos empezado nosotros, y hemos ganado, tenemos sentencia, que le ordena a Brookfield a mostrar el documento por el cual autorizaba comprarle acciones a un sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción.

— ¿Cómo va a hacer, ya como encargado de la alcaldía de Lima con los demás alcaldes distritales, cuando de arranque los ha insultado como al electo alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz?

Tengo ahorita llamadas de todos los alcaldes.

— ¿De los distritos que no ha ganado Renovación?

Hay gente con la cual se puede hablar. Por ejemplo, el que me ha llamado urgentemente es el de Chosica, candidato de País para Todos que postuló a Carlos Álvarez. Hemos tenido tres reuniones.

— Usted habla de obras que quiere retomar o terminar, se hizo un préstamo de S/4.000 millones. ¿Con eso va a financiar las obras?

Es una deuda a 20 años, deuda que tomarías para comprarte una casa. Yo mismo lo hago. Puedo tener caja, pero no la gasto, no la uso de golpe en un tema. Si tengo línea, una línea de 20 años y puedo partir en 20 años en cuotas y el ratio es tres a uno. ¿Qué me permite? Tener caja propia. Por eso, a los 4.000 millones de endeudamiento vía bonos internacionales, tienes caja propia, como S/500 millones de caja propia sin mover un dedo. Tienes caja propia porque hay ratio que cumplir. Para que pagues uno, tienes que tener dos de caja. Así se construye la cuota.

— Usted dice que ahora la bancada de Renovación tiene fuerza. ¿Van a apoyar siempre o hay un apoyo a condicionar?

Es que en temas tan graves como El Niño, que haya demorado 42 días en las facultades, es gravísimo. Por más que no quieran, Keiko Fujimori es la presidenta del Perú, mal que le guste a la izquierda. Yo sí la reconozco. En temas tan básicos como El Niño y la seguridad ciudadana, había que darle [facultades].

— En el 2031, ¿se lanzaría nuevamente a la Presidencia de la República?

Tengo 65 años, quiero ver cómo llego a los 70, porque también está la salud. Yo, por mí, sí. Si Dios me da salud, sí; porque creo que el Perú necesita una persona que no sea política. Yo tengo una función política, pero político peruano no voy a ser nunca, porque el político tradicional tiende a ver al Estado como una forma de vivir, para él y para un montón de gente, y a los pobres los ve con una indiferencia absoluta.

— El período de alcalde se acaba el 30. ¿Habría otra renuncia en ciernes?, porque hay que renunciar seis meses antes.

Date cuenta de que yo soy teniente alcalde, que era mi intención original.

— ¿Teniente alcalde?, ¿alcaldía encargada?

Alcaldía encargada, el teniente alcalde tiene mayor libertad que la alcaldía. Por eso, era la fórmula con Rubio. Le dije: yo voy como teniente alcalde, y me da libertad; por ejemplo, el teniente alcalde puede volver a facturar. En mi caso, yo sí tengo un costo de oportunidad tremendo. No recibo un dividendo hace más de cinco años. No recibo una dieta de directorio hace más de cinco años. Cuando he tenido mi período de libertad de un mes y medio, he convocado a mi directorio y he vuelto a mi vida privada.

— Pero tendría que renunciar a teniente alcalde.

No, no lo he pensado. Mis abogados me dirán si tengo salud primero, que el médico me autorice. Una campaña presidencial es demoledora. Pero yo no quiero decirte cosas, porque después te sacan los memes: “usted mintió”, “usted dijo”, “usted no dijo”.

— Como Ud. dice: “si Dios me da salud”, sí va a ser candidato presidencial.

Yo no tengo una bolita mágica para ver el futuro. Yo sí creo que el Perú tiene plata. Yo sí creo que el Perú merece una reforma absoluta. Yo creo que Keiko Fujimori no la va a hacer.

— No la va a hacer, ¿por qué?

Es que yo hace rato hubiera cortado consultorías, órdenes de servicio. Por ejemplo, en Essalud. Según el diagnostico de la doctora Zulema Tomas, que es una gran persona, hay 10 mil médicos nada más, 70.000 personal de apoyo. Mi reacción inmediata es, de los 70.000 me quedaré, pues, con 3.000. El resto, a su casa. Esa es la gran diferencia entre quien toma riesgos y quien no los toma. Es que esa plata se va a alimentar a la burocracia que ha crecido brutalmente. Estoy harto de este Estado. La gente ya conoce a ‘Porky’. La marca Porky ya pegó, ya saben que yo me dedico a los pobres. Los pobres son primero y eso lo voy a poner en acción de todas maneras.

Un exasesor de la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) denunció que la legisladora direcciona el presupuesto que piden los gobiernos regionales o las alcaldías al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según reveló “Panorama”.

Según el dominical, el exfuncionario, cuyo nombre prefiere mantener en reserva, dijo que esa fue la versión que le dio la propia Palomino Casavilca, razón por la cual necesitaba “personas leales” en su despacho.

“Nosotros gestionamos. Al momento de gestionar estos proyectos a nosotros nos cae un porcentaje, ese es el verdadero negocio del Congreso (…) Es lo que me dijo, que ese es el verdadero negocio”, expresó.

Según su relato, los visitantes del despacho de la diputada de JP en Huancavelica recibían entre 100 y 300 soles. Mencionó, entre ellos, al presidente de la comunidad de Santa Rosa, a quien se le habría entregado 500 soles.

Quienes habrían asumido dichos pagos eran los colaboradores, en este caso los trabajadores del despacho de Catherin Palomino, quienes usaban el dinero de su sueldo, dinero que la diputada nunca devolvió.

El asesor de confianza trasladaba a Palomino Casavilca hacia sus extensas, sospechosas y excesivas visitas al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate.

“Yo la llevaba. casi siempre entraba a las 9 de la mañana y salía entre las 4 o 5 (de la tarde)”, mencionó. En una oportunidad, cuando se malogró su camioneta, alquiló una por S/2.000. El dinero, según detalló, también salió de sus bolsillos.

El exasesor narró también que si la diputada no pedía, era coaccionado por una de sus compañeras, todo por encargo. Cuando se negaba a dar más dinero, la intermediaria le ponía las cosas claras.

“‘Si es que tú no me vas a dar esa cantidad de dinero, lo que se ha enviado las cosas a Huancavelica, yo voy a hablar mañana con la Dra. y va a ser la última vez que tú y yo estamos conversando’. Es como que amenazándome”, refirió.

Los gastos que tenían que sufragar eran varios, desde viáticos hasta los carteles de la oficina descentralizada en Huancavelica, además del pago de un mes de luz y agua de ese local.

Se pronuncia

Al ser consultada, Catherin Palomino ha negado todo, por escrito. “El señor jamás me acompañó a semana de representación”, indicó. Sin embargo, fotos sacadas del Facebook oficial de la diputada parecen desmentirla, pues aparece junto al denunciante.

Sobre los gastos, Palomino Casavilca ha compartido fotografías de chats y dice que “pagaba todo de inmediato”.

El exasesor también se mostró dispuesto a contarle todo a las autoridades competentes. “Yo tengo toda mi verdad, tengo mis evidencias. Todo. Todo lo que con ella he hablado todo lo que ella me mandó a hacer”, aseveró.

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Maritza Manturano Castro, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, que encabeza Rafael Belaunde, afronta una investigación preparatoria por supuestamente ser la lideresa de una presunta organización criminal, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la Empresa Municipal Inmobiliaria de la Municipalidad de Lima (Emilima S.A) habría sido utilizada por Manturano Castro, en su condición de gerente general con la finalidad de agenciar fondos ilícitos mediante contrataciones fraudulentas a través de servicios de 22 “proveedores fantasmas”.

Maritza Manturano fue designada en el 2019 en dicho cargo. Según la fiscalía, su rol era supervisar que los gerentes de línea cumplan su rol de facilitadores en la recolección de los fondos ilícitos a través de los “asesores fantasmas”, pues autorizaba los pagos conforme al estatuto de la empresa.

“Lo que se le imputa a ella directamente esa haber aprobado en el cargo de gerente general de EMILIMA, los voucher de pago de todos los trabajadores o colocadores contratados por diversas áreas. Se realizó el trabajo, corresponde el pago nada más”, dijo el abogado de Manturano Castro, Roberto Robles.

Para el Ministerio Público la participación de la jefa del gabinete de asesores del Mindef iba más allá, pues las 22 contrataciones fraudulentas de locadores fantasmas se habrían realizado con su sello, consentimiento y supervisión.

Una de las 22 contrataciones fantasma corresponde a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien nunca antes había sido proveedora del Estado. De acuerdo a la fiscalía, esta locadora logró el cargo gracias a Yazmín Sevilla Nieto, una amiga en común con Maritza Manturano.

Un audio entregado por un aspirante a colaborador eficaz revela una conversación entre la locadora de servicio y Yazmín Sevilla, amiga de Maritza Manturano, cuando la investigación ya estaba en curso. Ambas discuten qué versión dar ante la fiscalía y cómo evitar que sus respuestas terminen vinculando a Manturano.

De acuerdo a la tesis fiscal los trabajadores fantasmas recibieron el dinero en sus cuentas, monto que habría terminado en poder de la gerente general de Emilima.

“Cynthia Daphnne Cavero González habría simulado la realización del servicio y una vez que EMILIMA S.A realiza el pago de los servicios, este monto con el descuento para el pago a la Sunat, el monto restante era remitido o entregado a Yazmín Sevilla Nieto, quien a su vez habría reenviado y/o entregado el referido monto a la investigada Maritza Johanna Manturano Castro”, dice la acusación fiscal.

Más locadores fantasmas

Entre los supuestos locadores fantasmas figuran Fernando Rojas Barrera, Eduardo Pariona Mamani y Andrés Diez Tochiki, todos contratados en la Gerencia de Operaciones de Emilima. Para el Ministerio Público sus trabajos no se habrían realizado, pese a ello la entidad les realizó el pago correspondiente.

Estos personajes junto a Maritza Manturano, de acuerdo a un audio entregado por otro aspirante a colaborador eficaz, también se reunieron con la funcionaria en medio de las investigaciones para coordinar cómo responder ante la fiscalía.

De acuerdo a la transcripción del audio, Manturano tenía conocimiento pleno que el trabajo no se había realizado y pese a ello, daba las pautas necesarias para demostrar lo contrario ante la fiscalía, es decir, habría instruido a sus coinvestigados, les habría dado pautas y directrices.

En la investigación fiscal también se incluyó como investigado a Pedro Gamio Felipa, esposo de Maritza Manturano. La tesis fiscal señala que también habría intervenido para la contratación de ciertos locadores fantasmas.

Pese a la investigación fiscal que data del 2023, el Ministerio de Defensa al mando de Belaunde Llosa decidió designar a Manturano Castro como principal asesora en uno de los portafolios clave del Gobierno.

Maritza Manturano es afiliada a Libertad Popular, partido liderado por Rafael Belaunde. Figuró como apoderada de cuatro empresas del ministro de Defensa: Belaunde Llosa SAC, Corporación Belaunde SAC, Inmobiliaria El Sol Tumbes II SAC e Inmobiliaria Ferymar SAC.

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No tiene un ápice de arrepentimiento. Jorge Gavidia (Buen Gobierno) lleva 87 días en el cargo de senador y desde hace dos enfrenta duras críticas de su bancada por haber votado a favor de las facultades legislativas para el Ejecutivo, una decisión que —según el parlamentario— respondió a criterios personales y coyunturales.

El último miércoles, cinco de sus colegas del Buen Gobierno acordaron abstenerse en la votación del dictamen que otorgó facultades al Gobierno por 90 días. Sin embargo, el texto fue aprobado por el pleno del Senado con los votos de Gavidia, su compañero Juver Flores, Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Cívico Obras.

Consultado por El Comercio, el legislador explicó que nunca consideró la abstención como una alternativa, pues prefería equivocarse antes que dejar de “pensar en el país”. A su juicio, quienes optaron por no respaldar ni rechazar el dictamen incurrieron deliberadamente en un “cálculo político”.

“Pienso que la abstención es peor que cometer un error y no decidir. La abstención es un cálculo político en el cual uno se protege a sí mismo y no decide por el país. Prefiero equivocarme o acertar”, dijo.

Reitera sus críticas, aunque prefirió no señalar nombres. Cinco compañeros suyos optaron por la alternativa de la abstención: Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute.

“Es como Pilatos, no me lavo las manos sabiendo las implicancias que puede tener una decisión. Yo no me lavo las manos. Yo decido”, criticó.

El senador negó que sea un traidor y dijo que su posición era conocida por el partido, incluso por Jorge Nieto, líder de su agrupación, quien días previos lo llamó para que “recapacite en no tener esa diferencia”.

Indisciplina

En el diálogo, Gavidia reconoció que es indisciplinado, luego de que Jorge Nieto y la senadora Nora Bonifaz lo cuestionaran por apartarse de la posición acordada. Incluso admitió que su falta de disciplina podría explicar buena parte de los problemas de su vida.

Adelantó que explicará las razones de fondo sobre su voto diferenciado, en el proceso que afrontará junto a su colega Juver Flores, quien también optó por apoyar las facultades sin consentimiento de la agrupación.

“Solamente espero que en la decisión del partido sobre mi indisciplina se considere mi perfil y la utilidad de mi representación como senador en el país, porque tengo una serie de actividades y proyectos”, afirmó.

Gavidia también contó que, al término de la votación en el pleno del Senado, algunos legisladores de la derecha le agradecieron su postura, mientras que representantes de otras bancadas mantenían su mirada crítica.

Posiciones

Desde su bancada, el diputado Fernando García aseguró que todavía no hubo descargos de los dos senadores que votaron a favor de las facultades.

García consideró que las acciones de sus colegas “fueron una indisciplina” y sostuvo que estas podrían derivar en una sanción. “Tenemos que escucharlos primero”, agregó.

Por la tarde, Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, otra agrupación que apoyó las facultades, evitó referirse sobre el fondo del tema pero sí se pronunció sobre su hermana María del Carmen Barragán, quien fue separada del cargo de asesora 3 en Essalud.

Explicó que su previa designación en el puesto solo era una “coincidencia” con la postura de Obras en favor de las facultades. Indicó que nunca refirió a un familiar en el Estado y que su hermana ostentó previamente otros altos cargos.

¿Qué sanciones podrían enfrentar Gavidia y Juver Flores?

De acuerdo con el reglamento del Partido del Buen Gobierno en el Senado, constituyen infracciones graves los actos que atenten contra la unidad del grupo parlamentario y el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Plenario. En tanto, se considera una infracción muy grave afectar gravemente la imagen del partido político.

El artículo 18 establece que el incumplimiento de las disposiciones del reglamento puede dar lugar a seis tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, multa, suspensión temporal de alguno o todos los derechos al interior del grupo parlamentario, separación de un cargo y suspensión o expulsión del grupo.

No obstante, refiere que para determinar la sanción se deben tener en consideración los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la falta u omisión incurrida.

Asimismo, que las multas a imponerse no podrán superar el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del respectivo año fiscal.

De iniciar el procedimiento disciplinario, este deberá garantizar el derecho de defensa del investigado con la imputación de cargos, evaluación de descargos y derecho a alegación y prueba.

“La sanción en primera instancia es impuesta por el vocero del grupo parlamentario y su decisión puede ser recurrida ante el Plenario de Senadores”, reza el reglamento.

Cuando falta casi un mes para el inicio del proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), aprobó los criterios de evaluación que se aplicarán a los candidatos.

El dictamen que establece el mecanismo de selección fue aprobado con nueve votos a favor, tres en contra y ninguna abstención. Los votos en contra provinieron de la bancada de Juntos por el Perú. Ahora, corresponde al pleno del Senado definir si ratifica la decisión de la comisión.

La aprobación se produjo tras un tenso debate, que se prolongó por más de 2 horas y media, en el que parlamentarios de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú cuestionaron los criterios planteados inicialmente por la presidencia de la comisión, en particular el puntaje asignado a la entrevista personal. Finalmente, luego de un cuarto intermedio, el grupo de trabajo dio luz verde al dictamen.

Actualmente, el pleno del TC está integrado por Helder Domínguez y los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

De los siete magistrados que integran actualmente el TC, seis culminarán su mandato en mayo del 2027, mientras que Hernández continuará en el cargo hasta diciembre del 2028, por ser el último en incorporarse al tribunal.

Precisamente, este último fue elegido como presidente del máximo interprete de la Constitución para el período 2026-2028.

De acuerdo con la norma, corresponde al Congreso iniciar el proceso de elección de los nuevos magistrados. Asimismo, establece que los integrantes del tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores hayan tomado posesión del cargo.

La elección de los magistrados del TC está a cargo del Senado y requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.

Previamente, la Comisión de Procedimientos Especiales debe llevar a cabo un concurso público de méritos para seleccionar a los candidatos.

Concluido este procedimiento, la comisión publica la lista de candidatos aptos y presenta al presidente del Senado un informe que sustenta el puntaje otorgado a cada postulante. Este documento también debe difundirse en el portal institucional de la Cámara Alta.

Recibido el informe, el presidente del Senado convoca al pleno en un plazo no menor de cinco días hábiles para proceder a la elección. Durante la sesión, se debate y vota la propuesta de la comisión de manera individual y siguiendo el orden de calificación obtenido por los candidatos.

La elección se formaliza mediante una resolución legislativa del Senado. Si al concluir la votación no se logra cubrir todas las plazas vacantes, la comisión debe formular nuevas propuestas en un plazo máximo de cinco días hábiles, siguiendo el cuadro de méritos, hasta completar los puestos disponibles. Si las vacantes no pueden cubrirse con los candidatos de la primera convocatoria, se inicia un nuevo proceso de selección.

¿Cuáles son los criterios establecidos por la Comisión de Constitución?

La evaluación de los candidatos tiene un puntaje máximo de cien puntos, distribuido de la siguiente manera:

1. Evaluación curricular: hasta 70 puntos.

a) Formación académica: hasta treinta puntos.

b) Experiencia profesional: hasta treinta puntos.

c) Investigación jurídica: hasta diez puntos.

El dictamen establece que los grados académicos declarados por los postulantes deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

En cuando a la investigación jurídica, la calificación de los libros en materia jurídica se consideran únicamente aquellos registrados en la Biblioteca Nacional del Perú, el que debe contar con cubierta, depósito legal, ISBN, número de edición, editorial, introducción, índice y documentación que sustente un tiraje no menor de 500 ejemplares.

Para la calificación de los artículos de investigación se consideran únicamente aquellos publicados en revistas indexadas o arbitradas reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC).

Los puntajes correspondientes a la investigación jurídica son acumulables hasta alcanzar el máximo de diez puntos. Para tal efecto, la calificación por libros publicados no puede exceder de seis puntos y la calificación por artículos de investigación no puede exceder de tres puntos.

1. Entrevista personal: hasta 30 puntos.

De conformidad con el Reglamento del Senado, resueltas las tachas, la Comisión de Procedimientos Especiales cita, en un plazo no mayor de tres días hábiles, a los candidatos para la entrevista personal y publica el cronograma correspondiente en el portal web institucional del Senado.

La entrevista personal es pública y presencial. Tiene por finalidad conocer y evaluar directamente al candidato en función de su trayectoria personal, académica y profesional, así como los demás criterios establecidos en el artículo 25.

Para el desarrollo de la entrevista, los miembros de la Comisión cuentan con la hoja de vida y la documentación presentada por el candidato, así como con la información obtenida de fuentes oficiales e incorporada al expediente del candidato.

De conformidad con el Reglamento del Senado, la entrevista personal se califica hasta un máximo de treinta puntos y tiene por finalidad evaluar la trayectoria personal, académica y profesional.

Los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales califican individualmente la entrevista de cada candidato y asignan públicamente el puntaje correspondiente a cada candidato.

La presidencia de la Comisión promedia los puntajes asignados por los miembros que participaron en la entrevista y determina el puntaje final correspondiente a la entrevista personal de cada candidato.

Para superar la entrevista personal, el candidato debe obtener un puntaje mínimo de diez puntos.

¿Qué sigue después?

Luego viene la etapa de revisión de los resultados de la evaluación, el puntaje final y la elaboración del cuadro de méritos. Concluida la selección, la Comisión Especial publica el listado de candidatos aptos y presenta un informe al presidente del Senado. El informe se publica en el portal web institucional del Senado.

El presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales remite al presidente del Senado la lista de candidatos aptos elaborada sobre la base del cuadro de méritos junto con el informe final.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Constitución del Senado:

El trámite del pedido de facultades del Ejecutivo puso a prueba la articulación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y al nuevo sistema en su conjunto. Cuatro especialistas convocados por El Comercio analizan lo ocurrido, pero sobre todo los ajustes necesarios para evitar nuevos entrampamientos.

Tras las elecciones regionales y municipales del 2026, siete autoridades electas de Arequipa y Puno asumirán sus cargos para el periodo 2027-2030 con vínculos directos o familiares con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Seis son alcaldes distritales cuyos nombres figuran en el registro, con inscripciones vigentes y suspendidas; mientras que, en el caso de la autoridad provincial, sus hermanos son los que figuran inscritos.

Los partidos que llevaron a estas autoridades al poder son Renovación Popular, Podemos, Ahora Nación, Salvemos al Perú y el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro. Para el especialista en el sector minero Iván Arenas, el interés de los mineros informales en llegar a las alcaldías responde a tres objetivos: controlar el territorio mediante operadores políticos, ejercer presión sobre el gobierno a través de movilizaciones y buscar influir en las decisiones de las autoridades sobre la formalización minera.

“La vía directa para la movilización son los gremios que tienen brazos en el Gobierno y en el Legislativo. Entonces, [los informales] tienen a mucha gente que sirve para dar representación a sus intereses y se articulan así. El alcalde moviliza y pone el recurso”, expresó.

Los elegidos

Arequipa concentra la mayor cantidad de alcaldes distritales en el Reinfo. En la provincia de Condesuyos, Julio Checcya Flores, de Ahora Nación, fue elegido alcalde del distrito de Río Grande. Es abogado de profesión y registra dos inscripciones en esa localidad: Acumulación Ocoña Tres, que se encuentra vigente, y Las Dos Hortencias, que está suspendida. Su hermano también figura en el registro con otras tres inscripciones vigentes.

En su hoja de vida, Checcya no consignó actividades mineras. Sin embargo, declaró ingresos de S/ 861.300 al año. También reportó tres propiedades valorizadas en S/ 183.420, entre ellas un derecho minero valorizado en S/ 10.000, y una camioneta de S/ 80.000.

En la provincia de Caravelí, José López Linares, elegido alcalde de Chala, cuenta con dos inscripciones: Natividad Nº 10 y Don Jesús 001, ambas suspendidas. Ha declarado ingresos por S/ 30.000, dos propiedades —una es un derecho minero valorizado en S/ 50.000— y una camioneta valorizada en S/ 100.000.

En la misma provincia, José Barrientos Carpio, elegido alcalde de Quicacha, registra la inscripción vigente Tajo Uno. Tiene ingresos privados por S/ 100.000 y cuatro propiedades valorizadas en S/ 221.800, incluido un derecho minero valorizado en S/100.000. También dos camionetas, valorizadas en total en S/ 220.929 y una motocicleta de S/1.000.

Los casos restantes se ubican en la provincia de Castilla. Edwin Huayhua Lozada, elegido alcalde de Chachas, figura con la inscripción vigente Lucero del Sur 11; y Juan Carlos Yancapallo Ccama, quien asumirá la alcaldía de Chilcaymarca, aparece vinculado a Pucay Cinco, una inscripción suspendida. En tanto, en Puno, Pedro Calizaya Quispe, elegido alcalde de Quiaca, provincia de Sandía, figura en el Reinfo con Maribel de Oro A, una inscripción suspendida.

Otra de las autoridades con vínculos con la minería informal es el electo alcalde de la provincia de Condesuyos, Ronal Medina Tejada, cuyos hermanos figuran con inscripciones suspendidas en el registro y la empresa Medina Gold Company, a nombre de ellos, cuenta con dos inscripciones vigentes.

En Pataz, José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz), obtuvo la mayor votación para la alcaldía distrital, pero la elección ha sido anulada por el Jurado Electoral Especial (JEE). El dirigente minero investigado por minería ilegal tiene empresas con inscripciones en el Reinfo, dedicadas al transporte y la explotación de oro.

El caso Pataz

El electo alcalde José López, del distrito de Huanuhuanu, en Caravelí, registra una reunión en mayo de 2024 con el excongresista arequipeño Esdras Medina, de Renovación Popular, quien votó a favor del dictamen que pretendía ampliar el Reinfo hasta 2027.

Se lo oye con cierta pompa, citando clásicos y murmurando ironías, que lo hace llevadero, aunque le resta autoridad. Hace valer su condición de constitucionalista, ex presidente del TC; pero no se jacta de ninguna virtud política. Podríamos mencionar una: su disposición a dialogar con calma. Puede lidiar a la vez con políticos en clave alta como Lourdes Alcorta, Ruth Luque e Iber Maraví. Ahora bien, no le pidan que ese diálogo se convierta en un acuerdo. Esa es política pura y él prefiere refugiarse en los códigos.

No puedes convertir así nomás a un constitucionalista en un político al mando de una comisión hiperpolitizada. Fue un error de casting del fujimorismo. Se vieron sus consecuencias el jueves 15, cuando metió la pata varias veces hasta provocar que cuatro bancadas se retiren de la sesión, paralizando la comisión -y el pleno del Senado- por unos días. El lío no lo arregló él, lo arregló el Ejecutivo, lejos de su instancia, fuera del Congreso.

Tuvo un training parlamentario con Fuerza Popular en el Congreso Complementario del 2020 al 2021. Antes había militado en el APRA, sin mayor destaque. A sus 66 años, es un conservador de derecha dialogante, formado en una cuna de perfiles similares al suyo: la Universidad de San Martín de Porres. Todo eso, repito, no es suficiente para producir un político con muñeca. A Fernando Rospigliosi, siendo tan áspero o a Patricia Juárez, siendo lo contrario; no se les hubiera pasado algo tan instintivo en política como contar y cuidar sus seis votos en una sesión crucial.

Pero, Carlos estaba haciendo otras cuentas mentales ajenas a la política, vaya uno a saber cuáles. Eso sí, no tiene empacho en autocriticarse por eso y por otros de los errores cometidos el mismo día.

El lunes 19 ya respiraba tranquilo, hasta orondo se diría, cuando Roger Astucuri, senador por Obras y su vicepresidente en la comisión, lo secundaba en la mesa, asegurando el quorum. La aprobación de las 7 facultades extras salió como por un tubo. Mesía, por reglamento, expuso el dictamen y, también, por reglamento, fue el último orador de la sesión del pleno del miércoles 21. Se contuvo para no sonar triunfal ni sacar mucha cachita a ninguna bancada antes de que se produzca la votación.

Playback

Unas horas después, Carlos no se pudo contener. Quiso hacernos parte de su júbilo y, ahora sí, de sus ganas de sacar cachita a las bancadas que le bloquearon la comisión por unos días.

No le dio demasiadas vueltas a su propósito, y perpetró algo informal, nada complicado, aunque sí insólito. Público en sus redes un video de menos de un minuto, en el que canta, con débil voz que apenas se sobrepone a la voz de Alejandro Sanz, fragmentos del tema “Regálame la silla donde te esperé”. Mientras lo vemos en su escritorio cantar los versos ‘regálame la silla cansada de la esquina/donde te esperé/donde siempre te esperaba, amor’, se alternan imágenes con los carteles puestos sobre la mesa de Ruth Luque, Maraví y otros que dejaron sus sillas vacías el jueves 15.

Regálame la silla ♫ #senado #Congreso #FacultadesLegislativas #Peru https://t.co/p661xBYdzc

— Carlos Mesía Ramírez (@CARLOSMESIA) October 22, 2026

Por supuesto que se mofó de la oposición, pero sin subrayados, sin siquiera alterar la letra de Sanz, sin consecuencias, con apenas un circunloquio musical para que reparemos en que la táctica de la silla vacía no les permitió triunfar. Pero estuvo en vilo su bancada y el gobierno por un fin de semana. Si Obras, tal como Juntos Por el Perú, Ahora Nación y el Partido de Buen Gobierno se mantenían sus 13, no hubiera tenido nada que cantar.

Carlos Mesía quiere decirnos que lleva las tensiones de la política con humor y, quizá, involuntariamente, nos pide que lo tomemos a él con humor. El pedido puede hacerlo extensivo a su bancada, que ese día los sacó de quicio al igual que Alejandro Aguinaga, que votó a destiempo sin que Carlos lo esperara.

Cuando recuerdo su absoluto despiste tras el conteo creyendo que había ganado; y luego su perplejidad cuando se dio cuenta de la dimensión de sus metidas de pata, provoca acatar su pedido y reír con él. Pero la cara de sus correligionarios era de velorio, más aún cuando se fue la mitad y se dieron cuenta, progresivamente, de que no podían seguir sesionando.

Vuelvo al principio. No puedes volver a un biólogo como Ernesto Bustamante, a un policía como Marco Miyashiro o a constitucionalistas como Ernesto Álvarez y Carlos Mesía en políticos en pocas temporadas. Están preparados para argumentar serenamente contra quienes les planteen oposición, pero desde una lógica no necesariamente política.

Por eso, en su jueves negro le dijo a los opositores que el debate previo que habían ganado se haría fuera del reglamento y sin llegar a acuerdos. Es como si, de puro leguleyo que eres, le digas a tu contrincante que la gracia que le concedes es nula de toda nulidad. A tomarlo con paciencia y humor.

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No hubo un ganador claro en esta confrontación por el otorgamiento de facultades legislativas. La primera impresión de algunos es que el Ejecutivo salió triunfante. Pero de los 66 puntos solicitados, distribuidos en ocho materias, apenas consiguió 27 en dos de ellas. Fue una victoria pírrica cuya factura aún no conocemos.

La oposición, en tanto, eligió mal su primera batalla. Cuando las primeras manifestaciones del fenómeno climático ya empiezan a golpear al país, resistirse con tanto empeño a dar facultades es colocarse en el lado equivocado de las prioridades.

Quien quedó más maltrecho tras esta primera refriega es Jorge Nieto. Su bancada no solo terminó de comparsa de la izquierda radical de Juntos por el Perú, sino que dejó descubiertas sus primeras fisuras. A dos de sus senadores les llegó altamente la consigna interna y no la acataron. El nombre de Buen Gobierno empieza a sonar irónico.

Un nuevo protagonista empieza a destacar en la oposición. No es Nieto, tampoco Alfonso López Chau ni el “jefe de asesores” Roberto Sánchez. Mucho menos Ricardo Belmont, que optó por desplazarse hacia el centro y dejó en offside al partido que se atribuía esa ubicación. A punta de gritos, malcriadeces y bravuconadas, sazonados con su respectiva cuota de victimización, Iber Maraví se viene consolidando como el principal antagonista del Ejecutivo en el Senado.

La próxima pugna ya asoma en el Parlamento. El debate de la nueva ley MAPE podría ser tan o más encarnizado que el de las facultades. Y no faltarán congresistas que aprovecharán la oportunidad de hacer todo el ruido que puedan para lucirse ante su tribuna.

El senador Daniel Barragán anunció que el Partido Cívico Obras evaluará este lunes la abstención de Juana Ticona en la votación sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, pese a que, según indicó, existía un acuerdo previo de la agrupación para respaldar la propuesta.

“Todavía no hemos tomado ninguna acción sobre ese tema, recién mañana vamos a tener una reunión a las 6 p.m. con nuestro líder Ricardo Belmont y ahí vamos a conversar sobre la situación de la señora Ticona”, declaró Barragán en RPP Noticias.

El parlamentario explicó que, antes del pleno, expuso ante los senadores los motivos por los que consideraba que debían votar a favor de la delegación de facultades. Según relató, los integrantes del grupo firmaron un acta en la que aceptaron su propuesta.

“Ella en realidad firmó un acta, previo al pleno, en donde después de que yo hice una exposición a los senadores sobre los motivos por los cuales debíamos votar a favor, todos firmaron el acta y aceptaron la proposición que yo hice”, sostuvo.

Sin embargo, Barragán señaló que Ticona cambió su posición durante la votación. Según su versión, Ruth Luque y Patricia Iturregui se acercaron a la senadora antes de que esta optara por la abstención.

“(Ticona) no me contó lo que le dijeron. Pero el argumento que ella me dio a mí fue que sus votantes de Tacna se iban a molestar si ella votaba a favor”, manifestó.

Consultado sobre si el respaldo a la delegación de facultades abre la posibilidad de que Obras coincida en otras votaciones con el Ejecutivo, Barragán afirmó que la posición del partido dependerá del contenido de las propuestas.

“Coincidiremos en todas aquellas cosas que beneficien a los ciudadanos, si ellos (el gobierno) generan normas que son para el beneficio del país, votaremos a favor. Si vienen del lado de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y benefician al país también votaremos a favor”, indicó.

El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral en contra de Roberto Sánchez, por el caso de presunta falsa declaración de aportes y reportes financieros ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe)

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, citó al presidente del partido Juntos por el Perú (JP) y otros, para la audiencia pública virtual, la misma que se realizará desde las 9:00 de la mañana.

El juzgado precisó que se trata de una audiencia “de carácter inaplazable” por lo que emplazó al acusado bajo “apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su inmediata ubicación y captura”.

El ahora asesor del Congreso Bicameral afronta este proceso bajo comparecencia simple.

El Ministerio Público ha solicitado 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Sánchez Palomino, así como su inhabilitación definitiva para ejercer el cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú.

Según la acusación fiscal, en los reportes financieros que firmó Sánchez Palomino se habría brindado información falsa, puesto que en algunos casos se declaró “cero” como ingresos al partido, pero se detectó la entrega de dinero a la organización política -por medio de cuenta mancomunada- por montos de S/208.000 y S/75.550.

En el mismo documento judicial también se convocó a los 13 testigos y peritos presentados por el Ministerio Público, la Procuraduría de la ONPE, así como los acusados. Entre ellos se encuentran el exministro Yehude Simon Munaro y William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial.

La judicatura exhortó a las partes para que coadyuven con la presentación de los testigos al juicio oral y advirtió que de no acudir serían conducidos por la fuerza pública, recurriendo a la Policía Nacional.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público y al auto de enjuiciamiento dictado por el Poder Judicial, a Roberto Helbert Sánchez Palomino se le atribuye, en calidad de apoderado o representante del partido Juntos por el Perú, el haber declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE sobre la Declaración Financiera Anual del JP, sobre la Información de aportes, ingresos y gastos del JP y gastos de campaña.

Por ello, en el juicio oral deberá responder, específicamente, como presunto autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos subsistentes del 1 de julio del 2019. Esto es, haber presentado y suscrito la carta de fecha 1 de julio del 2019, en su condición de presidente del Partido Juntos por el Perú y por José Manuel Guardia Huamaní, mediante la cual se remite la Información Financiera Anual del año 2018 a la ONPE.

En el juicio oral también deberá esclarecer la acusación, como presunto autor del delito contra la participación democrática en la modalidad de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas por los hechos del 1 de julio del 2021 (Información Financiera Anual de JP del 2020), 18 de enero del 2021 (Carta sobre reporte de Información Financiera Anual del 2019) y 16 de octubre del 2021 (Carta sobre los ingresos y gastos de la Campaña Congresal del 2020).

De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones de Lima programó para el próximo 25 de noviembre la audiencia para evaluar la apelación que presentaron Roberto Sánchez y su defensa legal, contra la resolución judicial que rechazó archivar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos contenidos en la Carta del 1 de julio del 2019, firmada por el acusado.

Como se recuerda, a través de un recurso de “excepción de prescripción”, la defensa del presidente de Juntos por el Perú argumentó que el plazo de la acción penal para este hecho, ya había caducado.

Sin embargo, a través de una resolución emitida en junio del 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que este hecho aún mantenía su vigencia de persecución penal.

La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue programada para las 8:30 de la mañana.

El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó su deseo de que se mantenga la alianza de su agrupación con Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, pese a las diferencias que han surgido entre las organizaciones políticas tras la delegación de facultades al Ejecutivo.

“Yo quisiera que siga en pie, porque le hace bien al país, como quisiera que la asociación que tiene Renovación Popular con Fuerza Popular sea cada vez más fuerte”, manifestó en RPP Noticias.

López Chau reconoció que la relación entre las agrupaciones se ha debilitado, aunque descartó una ruptura definitiva. “Sí creo que sí, roto no”, respondió al ser preguntado si consideraba que la asociación se había resquebrajado.

En referencia a las diferencias con Juntos por el Perú, señaló que existen posiciones contrarias con respecto a la postura que se adopta ante diferentes situaciones políticas.

“Yo critico al fujimorismo en el fondo, no en detalles, porque en detalles podemos coincidir en algunas oportunidades. Me criticaron porque aprobé el viaje de la presidenta, yo no voy a discutir eso, yo voy a discutir el rumbo del Estado ”, sostuvo.

Partido del Buen Gobierno

Al ser consultado específicamente sobre si Ahora Nación mantiene discrepancias con el Partido del Buen Gobierno, López Chau respondió afirmativamente y apuntó a las diferencias ideológicas entre ambas organizaciones.

“Sí, porque creo que ellos han dicho que son de centro y nosotros somos de centroizquierda o de izquierda democrática”, explicó.

En esa línea, aseguró que su agrupación no ha cambiado de posición y dejó abierta la posibilidad de que las coincidencias aumenten si el otro partido modifica su orientación. “Nosotros no hemos cambiado, si ellos cambian habrá mayores coincidencias”, señaló.

Respalda rectificación sobre la ley de facultades

Por otro lado, el líder de Ahora Nación se pronunció sobre la rectificación realizada por el presidente del Senado, Miguel Torres respecto de la publicación sobre la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo, en la que se había señalado que el Senado aprobó la norma cuando correspondía indicar que fue el Congreso.

“Me parece un gran paso, por el bien de la democracia y eso significa que el punto de urgencia ahora es modificar el reglamento”, manifestó.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus del vacado expresidente Pedro Castillo, mediante el que se buscaba ser excarcelado.

La demanda constitucional, presentada por Jesús Ramos Falcón, uno de sus abogados, estaba dirigida contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación.

La Procuraduría del Poder Judicial (PJ) y la Procuraduría del Ministerio Público (MP) requirieron que se rechace la demanda debido a que el pedido y los argumentos usados para sustentar la misma, tenían coincidencia con otro proceso constitucional que ya había sido rechazado ante otro juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La demanda requería que se disponga la libertad del sentenciado exmandatario, se ordene al penal ejecutar su excarcelación y se ordene a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la apelación de contra su condena por el Caso Golpe de Estado en un plazo de tres días.

Esto pese a la condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión por el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Para ello, invocó la opinión consultiva emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, alegando que dicho documento señalaba una supuesta vulneración a los derechos constitucionales de Castillo Terrones.

La defensa del Poder Judicial, además, precisó que existía otro pedido en el citado juzgado de la Corte Superior de Lima Este solicitando lo mismo y otros cinco expedientes similares ante la Corte Superior de Justicia de Lima, “promovidos a favor de José Pedro Castillo Terrones, todos para que se declare fundada el hábeas corpus, se disponga su inmediata libertad y por detención arbitraria, invocando expresamente la Opinión Nº 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Naciones Unidas”.

Mientras que, desde la defensa del Ministerio Público, también señalaron que la restricción a la libertad personal proviene exclusivamente de resoluciones jurisdiccionales y que la referida opinión consultiva de un grupo de trabajo internacional “no constituye por sí sola, un acto que determine la procedencia del hábeas corpus”.

En esa línea, el Juzgado de Investigación Preparatoria - Sede NCPP Ate señaló en su resolución que la demanda interpuesta por Castillo y su defensa no hacían mención de un acto específico que hayan cometido los demandados vinculados al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, los integrantes de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia de la República, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo a la judicatura, no se precisó de qué manera se habría realizado una detención arbitraria, una amenaza de restricción o afectación a la libertad individual o de salud del beneficiario.

Sumado a ello, la judicatura coincidió en que la demanda interpuesta contendría la misma pretensión que ya se resolvieron en otros procesos y que además, existirían otros cinco expedientes en curso con los mismos medios y finalidad.

“Es decir identidad de petitorio, identidad de título e identidad material de la controversia constitucional, hecho que no ha sido negado por el demandante; lo que podría producir pronunciamientos incompatibles que perjudicarían la administración de justicia y lesionaría el principio de la predictibilidad”, indicó el juzgado.

Finalmente, la resolución judicial que de los argumentos postulados no se ha demostrado que exista algún derecho para restituir, puesto que “en el presente caso por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental de José Pedro Castillo Terrones”.

“Resulta gaseoso su solicitud al no haber sido amparada con prueba alguna de lo que se esgrime, ni siquiera acredita la existencia de los expedientes que se menciona; pues, de lo actuado no se evidencia que los imputados hayan dispuesto una detención arbitraria contra el beneficiario José Pedro Castillo Terrones”, concluyó el PJ.

El Ejecutivo autorizó el viaje de integrantes de la delegación presidencial y de un funcionario diplomático que acompañarán a la presidenta Keiko Fujimori durante su visita oficial a El Salvador, programada para el 29 y 30 de octubre.

La Resolución Ministerial N.º 361-2026-PCM, publicada el 24 de octubre, autoriza el viaje de seis integrantes de la comitiva oficial del Despacho Presidencial, del 28 al 31 de octubre, y de un integrante de la delegación de avanzada, del 27 al 31 de octubre.

Por su parte, la Resolución Ministerial N.º 661-2026-RE, del 23 de octubre, autoriza el viaje del embajador Roberto Rafael Max Rodríguez Arnillas, director general de América de la Cancillería, del 27 al 31 de octubre.

Gastos de delegación presidencial

La resolución de la PCM establece que los gastos de pasajes aéreos y viáticos de los siete integrantes del Despacho Presidencial serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional de dicha entidad.

Según el detalle consignado en la norma, el gasto por pasajes aéreos suma US$ 12.686,15, mientras que los viáticos ascienden a US$ 6.930, lo que representa un total de US$ 19.616,15 para los siete comisionados.

El monto incluye los pasajes y viáticos de Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares; Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de Gabinete de la Secretaría General; el capitán de corbeta Juan Pablo Oyarce Arescureñaga, edecán presidencial; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda PNP Flugencio Pérez Pérez, personal de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, de Comunicación Estratégica.

En el caso de la Cancillería, la Resolución Ministerial N.º 661-2026-RE autoriza US$ 1.469,67 por pasajes aéreos y US$ 1.575 por viáticos para el embajador Rodríguez Arnillas, con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. El total asciende a US$ 3.044,67.

De esta manera, los gastos expresamente detallados en ambas resoluciones suman US$ 22.660,82 en pasajes y viáticos para los ocho funcionarios y servidores públicos.

De acuerdo con los considerandos de las resoluciones, la visita de Fujimori a San Salvador y al municipio de Tecoluca contempla un encuentro privado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, una reunión ampliada con ministros y reuniones con los titulares de Justicia y Seguridad Pública; Educación, Ciencia y Tecnología; y Salud.

La agenda también incluye visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a una escuela emblemática y al Hospital Rosales.

Las megacárceles son lo más llamativo de la receta de Bukele, que​ ​incluye​ el​ control territorial de zonas criminales bajo un estado de excepción permanente. ​Tras someter​ a las pandillas y desinfla​r​​ la tasa de homicidios, el salvadoreño se convirtió en una especie de dictador feliz −concentra poderes y persigue opositores−, apoyado por una alta popularidad. Es un gran comunicador. ​​Mientras oculta​ la parte fea de su gobierno, ofrece un paquete turístico de seguridad a sus ilustres visitantes, que incluye consejos prácticos contra la delincuencia. Los candidatos presidenciales suelen ​​prometer parecerse a Bukele cuando están en campaña, pero una vez en el gobierno descubren las enormes diferencias entre sus países y El Salvador, y las de ellos mismos con el mandatario centroamericano.

Véase, por ejemplo, el caso de José Antonio Kast. Dijo que todos los chilenos votarían ​por​ Bukele si figurara en la papeleta electoral. Otra declaración: “Necesitamos menos Boric ​​​​y más Bukele”. En el 2024, Kast recorrió el Cecot, y en el 2026 lo hizo por segunda vez, ya como presidente. ​Durante​​ una visita a Santiago, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó que el modelo Bukele era exportable, con ciertos ajustes. Kast incorporó lineamientos bukelianos a su plan contra el crimen,​​ ​​“Implacable”,​ pero fracasó por falta de apoyo político en el Congreso. No obtuvo una reforma constitucional para declarar ​un ​estado de excepción por ocho meses sin control legislativo. Encontró resistencias incluso entre sus aliados. En El Salvador​,​ el presidente puede hacer de esta excepcionalidad una política estable de seguridad pública. En Chile, no.

Otro ejemplo está en Ecuador. En enero del 2024, Daniel Noboa, poco después de asumir el gobierno para completar el de Guillermo Lasso, afrontó una brutal ofensiva del crimen organizado: motines carcelarios con captura de rehenes y fuga de capos, atentados terroristas, toma de un canal de televisión. Impuso un estado de excepción y militarizó la seguridad, comenzando por las prisiones. En una zona inhóspita​,​ dispuso la construcción del penal El Encuentro, con capacidad para 1.000 detenidos​.​ ​Una vez inaugurado, imitaría la estética del Cecot.

Triunfante en las elecciones del 2025, Noboa no consiguió controlar al crimen organizado, que tiene características muy distintas al pandillaje de El Salvador. Sus conexiones financieras transnacionales lo hacen mucho más poderoso. Ecuador cerró el año pasado con la tasa de homicidios mayor de su historia (50,9 por cada 100.000​​ habitantes), la mayoría causados por el narcotráfico. ​​Noboa ya ha lanzado otro plan.

​​El presidente argentino Javier Milei también ha dicho que emulará a Bukele para imponer ​más​ rigor en las cárceles. Aunque no visitó el Cecot, sí lo hizo su ​​​​ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El candidato presidencial brasileño Fl​​​á​vio Bolsonaro prometió implementar el “modelo Bukele” para combatir la inseguridad en su país. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que ​​​el salvadoreño​ lo inspiró para realizar un megaoperativo militar en una cárcel. Podríamos encontrar otros adeptos sin mencionar al previsible Donald Trump.​ Aparte de las zalamerías que puedan intercambiar políticos derechistas, lo cierto es que Bukele acabó con el poder del pandillaje y que la disminución de la tasa de homicidios impulsó el crecimiento, los negocios y el turismo. Sin embargo, las características de la política de seguridad de El Salvador son tan específicas que difícilmente podría hablarse de un modelo.

Con un territorio de 21.004 kilómetros cuadrados (equivalente al departamento de Ica) y poco más de seis millones de habitantes, El Salvador empezó a ser ​tomado ​progresivamente ​por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 desde mediados de los noventa​. ​​​Sus miembros llegaron deportad​o​s de Estados Unidos. Controlaban todo: las rutas del transporte, los comercios, las normas de convivencia, la justicia. La gente pagaba por el derecho a vivir en su propia casa. La muerte cruel era un castigo común. En el 2010, una facción de Barrio 18 quemó vivas a 17 personas por una venganza contra​​ rivales. En el 2015, ​el año​ más sangriento, hubo más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bukele bajó la cifra a 1​,​3 en el 2025. ¿Cómo no va a ser apoyado por la gente?

El cambio ocurrió durante el tercer año de su primer gobierno, iniciado en el 2019. Antes enfrentaba la criminalidad mediante acuerdos con las pandillas. Igual hizo entre el 2015 y 2018, cuando fue alcalde de ​​​​San Salvador. Desde el 2012​,​ el diario digital “El Faro” ha documentado cómo los gobernantes pactaron con los criminales para reducir los homicidios y obtener apoyo electoral. A cambio​,​ otorgaron beneficios judiciales o penitenciar​i​os. Una fiscalía de Nueva York sostiene, en una acusación contra líderes de la MS-13, que funcionarios del régimen de Bukele usaron ese método para que las pandillas disminuyeran los asesinatos. El convenio impidió la extradición de miembros de las maras a los Estados Unidos. Uno de ellos, Elmer Canales, alias el ‘Crook’, fue incluso liberado luego de su captura.

En el 2022, sin embargo, acciones punitivas del gobierno fueron ​​consideradas violatorias del pacto por las pandillas, que cometieron una matanza contra 87 salvadoreños sin antecedentes criminales entre el 25 y ​el ​27 de marzo. Fue entonces cuando Bukele ​decretó​​ el estado de excepción y comenzó su nueva política. El resultado es que no solo las maras fueron reducidas. El poder total ha servido para arrestar a cualquiera y por lo que sea, como lo demuestran múltiples informes de distintas fuentes.

El temor a ser encarcelados arbitrariamente ha provocado el exilio de más de 50 periodistas. En marzo pasado, la Alianza Periodística Intermedios, un consorcio de 12 publicaciones salvadoreñas que opera en el exilio, reveló un registro de denuncias ​​presentadas ​ante​ la Procuraduría de El Salvador en el marco del estado de excepción. Dato más oficial, imposible. ​​​De esas denuncias, ​2.094 corresponden a ejecuciones extrajudiciales y muertes en prisión, torturas, tratos crueles, desapariciones, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado. Los perpetradores serían policías, autoridades penitenciarias y miembros del Ejército, principalmente. Ninguno de estos datos fue presentado a la ciudadanía, a la Asamblea Legislativa ni a organismos internacionales. La institución tampoco los incluyó en sus memorias de labores ni en informes especiales.

Algo más sobre la joya de la corona, las cárceles bukelianas. La situación es de espanto en la veintena de penales ajenos al Cecot, donde hay unas 100.000 personas. El hacinamiento​,​ producto del modelo​,​ es del 261%, con múltiples violaciones de derechos y muertes bajo custodia estatal. Por algo Bukele ha anunciado​ la​ liberación de presos antes de las elecciones de febrero del 2027, donde buscará una re-reelección. Previsiblemente, estas prisiones estarán fuera de la vista de la presidenta del Perú.

En este debate interviene algo de vanidad legislativa. Hay algo de ideología y algo también de posición política.

Algunos diputados no quieren que el Senado modifique lo que ellos aprobaron. ¿Quién tiene el poder?

La Cámara Alta tiene la potestad de reducir, modificar o rechazar las materias aprobadas en Diputados. No puede, sin embargo, desnaturalizarlas.

Desnaturalizar es cambiar la naturaleza. Por ejemplo, si se trata de seguridad ciudadana, no se puede pasar, por ejemplo, a la legislación electoral.

El problema es que Diputados excluyó, dentro del tema aprobado, determinados temas relacionados a la participación de las Fuerzas Armadas. El Senado los repuso.

El gobierno está descaminado con respecto a la eficacia de estas medidas. Las Fuerzas Armadas en los exteriores de los penales, por dar el caso, no va a cambiar en nada la seguridad ciudadana. Eso, sin embargo, no tiene que ver.

El reglamento del Congreso no dice si el Senado puede reponer o no lo que Diputados excluyó. Este último puede insistir en su texto, pero requiere la mitad más uno de congresistas. Además, la Cámara Alta puede, después, hacer valer su posición.

La clave está en si el Senado desnaturalizó la materia aprobada en Diputados. No hay un fundamento legal que prohíba retomar temas excluidos en esa cámara. La condición: que no desnaturalicen la materia general aprobada.

Para cambiar esta correlación de poderes entre ambas cámaras se tendría que hacer una reforma constitucional. También se pueden modificar los reglamentos del Congreso y los de Diputados y el Senado. El senador Carlos Mesía plantea otra vía: un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La reforma constitucional que convirtió el Congreso en bicameral estuvo mal diseñada. Tendremos más de estos choques políticos. En esas crisis lo que queda es atenernos a la ley, nos guste o no.

Lo más triste de esta tragedia y de esta confrontación es que no conduce a nada. Las facultades otorgadas difícilmente conducirán a una legislación efectiva.

El gobierno no tiene un plan contra la inseguridad ciudadana. Habrá que vigilar, además, su opción de llevar a las Fuerzas Armadas al campo de la seguridad ciudadana.

Mucha gente quiere ver tropas y armas. El crimen, sin embargo, no es show y no parará solo porque formen los soldados en los penales.

Hay muchos motivos para predecir que el nivel de hostilidad va a escalar. Entiendo que el oficialismo quiera celebrar una victoria legislativa, pero a qué viene el ánimo tan peruano de gritarle el gol en la cara a una oposición tan lánguida y enclenque como la que enfrentan. Es innecesario ridiculizarla colocando sillas vacías en una conferencia de prensa con el logotipo de las bancadas que no habían participado en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado. Pienso que no hay nada más innecesario que ese ‘jojolete’. ¿Qué viene después? Una guerra fría. La Cámara de Diputados no va a volver a confiar en los senadores y van a iniciar seguramente una estrategia de congelamiento.

Es mucho más innecesario si se considera la tranquila victoria que obtuvieron en el pleno del Senado que bien refleja todos los eslabones débiles de la oposición. El fujimorismo conoce que puede doblegar pragmáticamente a muchos senadores. Es inentendible que el fujimorismo cometa estos errores pueriles de celebración de barra brava. Las pistas del extravío amateur en el que andan los senadores son tantas que hasta el presidente del Senado ha tenido que salir a rectificar errores que horas antes decía no existían.

Alberto Fujimori gobernó convirtiendo la política en una sucesión de escenas donde el adversario aparecía como un obstáculo. Pero para construir esa dinámica se tuvo que deshacer del Senado. Ridiculizar al opositor gráficamente en el Congreso funciona si lo controlas totalmente; si no, pues solo te has cerrado puertas futuras. Y eso es precisamente lo que ha hecho el oficialismo. Cerrarse futuras puertas creyendo que las dinámicas de la unicameralidad siguen firmes.

Todo este episodio de la delegación de facultades ha demostrado que la bicameralidad peruana no ha creado un espacio de deliberación, sino que ha vuelto a construir las barricadas y que la guerra fría ha empezado. Quizá es más saludable que los conflictos y las barricadas se trasladen siempre al Congreso, pero el problema es que la primera controversia importante del Senado no produjo una discusión reflexiva sobre sus límites o sobre los cauces en los que va a terminar funcionando, sino en una competencia de ego ridícula por decidir quién podía acusar al otro de abandonar al país y quién tiene el ‘cuchillito que no corta’. Creo que los senadores no entienden que están labrando las reglas prácticas que decidirán cuánto la ciudadanía va a odiar la bicameralidad.

La bancada de Renovación Popular, a iniciativa del diputado Frank Krklec, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el Decreto Legislativo 1141 para regular la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y facultarla a realizar operaciones y recolectar información con el objetivo de proteger la seguridad nacional.

La propuesta establece que cualquier procedimiento especial que implique la restricción de derechos fundamentales deberá contar con autorización judicial previa. En casos de peligro grave e inminente, la solicitud será tramitada con carácter urgente y preferente ante un juez superior ad hoc. El texto también precisa que ninguna autoridad administrativa podrá sustituir la autorización judicial exigida.

La iniciativa incorpora el artículo 35-A, que prohíbe utilizar estas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus opiniones políticas, actividad periodística, creencias religiosas, afiliación sindical o participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles.

Asimismo, plantea impedir que las facultades de inteligencia sean utilizadas para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés.

Protección para quienes denuncien órdenes irregulares

El proyecto señala que una orden irregular no genera un deber de obediencia y que reportarla no constituye una infracción. También establece que la identidad del denunciante será reservada y prohíbe cualquier represalia derivada de una comunicación realizada de buena fe.

Otro punto de la propuesta dispone que las labores operativas sean ejecutadas únicamente por personal con formación especializada y certificación de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Además de Krklec, el proyecto cuenta con el respaldo de los parlamentarios Roxana Rocha, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.

Iniciativa coincide con propuesta de delegación de facultades

La iniciativa parlamentaria coincide con el marco aprobado recientemente por el Senado dentro del paquete de delegación de facultades al Ejecutivo, que también contempla modificar el Decreto Legislativo 1141.

Ese dictamen plantea optimizar la coordinación y el intercambio de información en el Sistema de Inteligencia, elevar los filtros de integridad del personal y reforzar la supervisión parlamentaria mediante la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta.

El Congreso de la República publicó este sábado una fe de erratas de la Ley 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, para corregir un error en el encabezado de la norma, donde se consignó al Senado en lugar del Congreso.

La corrección fue difundida en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Con esta modificación, el encabezado de la ley señala: “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de del fenómeno El Niño”.

Según el documento, la Oficialía Mayor del Congreso solicitó la publicación de la fe de erratas mediante el Oficio N.° 078-2026-2027-OM/CR. La Ley 32743 había sido publicada en una edición extraordinaria el jueves 22 de octubre de 2026.

Horas antes, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, anunció que se tramitaría de inmediato la corrección del error material detectado en el encabezado de la norma.

“La Ley 2743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”, señaló Torres en un comunicado difundido en su cuenta de la plataforma X.

El titular del Legislativo sostuvo que la norma fue aprobada por ambas cámaras y que su publicación se realizó conforme al marco normativo vigente.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este sábado el reinicio de operaciones del Tren Macho en Chilca, Junín. La reactivación ocurrió durante la ceremonia por el centenario del ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso en marcha el tramo de 57 kilómetros entre Chilca y Cuenca tras un año de paralización. El servicio será gratuito los lunes para beneficiar a comunidades aledañas al río Mantaro.

Durante su discurso sobre la partida adicional que se está destinando para obras en el 2027: “Lo que ha faltado es decisión política. Con este gobierno hemos hecho un anuncio muy importante, un presupuesto adicional el próximo año de dieciocho mil millones de soles para que no haya excusas que las obras se hagan”. Estos fondos financiarán el destrabe de proyectos paralizados en el país.

La modernización del ferrocarril contempla una inversión superior a US$500 millones mediante asociación público-privada. El proyecto busca rehabilitar más de 120 kilómetros de vía férrea y conectar la ruta con la capital.

“No importa por qué movimiento regional hayan sido elegidos, porqué partido hayan sido elegidos, sabemos que vendrán nuevas autoridades, el objetivo de este gobierno es trabajar juntos porque acá lo importante son los ciudadanos”, reiteró este sábado para llamar a la unidad a todas las autoridades elegidas.

El servicio ferroviario reducirá el tiempo de viaje por carretera en aproximadamente 30 minutos entre Huancayo y Huancavelica. La población contará con transporte seguro para trasladar cosechas agrícolas y artesanías a los mercados.

Posteriormente, Keiko Fujimori se trasladó a la comunidad de Usibamba, en Concepción, donde inauguró un proyecto hídrico. La obra incluye seis reservorios con geomembrana, dos cochas y un kilómetro de canales de regadío.

En la zona agraria, la mandataria entregó dos tractores a las familias agricultoras. Asimismo, planteó impulsar el programa Sierra Verde e incorporar la modernización de colegios locales.

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El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), dijo que hubo un “error material” en la promulgación de la autógrafa de ley sobre el pedido de facultades legislativas. A través de un comunicado este sábado se pronunció ante las críticas por la mención del Senado como autor de la norma sin aludir al Congreso ni a la Cámara de Diputados.

En redes sociales, el senador insistió en que la ley 327434 fue aprobada por ambas cámaras y remitida para su publicación “conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado”. Esto en alusión a la publicación de la autógrafa en un boletín extraordinario de normas legales el jueves 22 de octubre.

https://elcomercio.pe/politica/congreso/oscar-reto-pide-al-presidente-del-senado-medidas-correctivas-por-no-tomar-en-cuenta-camara-de-diputados-en-ley-sobre-facultades-apuesplan-ultimas-noticia/

“Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’. He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, expresó. Luego agrega que corregir es un deber y una muestra de respeto a los ciudadanos, a la transparencia y la institucionalidad.

Un día antes, también a través de redes sociales, Torres había insistido en defender la formalidad detrás de la publicación de la autógrafa. “El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”, dijo en su publicación.

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), le había enviado un oficio a Torres. Ahí, no solo cuestionó la mención de “Senado” en lugar de “Congreso”, si no también la omisión de firmas de la cámara baja.

“Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la Republica y solo la post firma del Presidente y Primer Vicepresidente del Senado y no al Congreso de la Republica y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidenta de esta Cámara”, advirtió Reto en su oficio este viernes.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respaldó a Miguel Torres y las formalidades que se utilizaron al promulgar la autógrafa de ley sobre la facultades legislativas. Ante cuestionamientos por la omisión de los diputados, señaló que lo argumentos del titular del Senado son correctos.

“He visto los argumentos del presidente del Senado, Miguel Torres, y respaldo las firmas totalmente”, señaló a Canal N este sábado. Dos días atrás, el Gobierno promulgó la norma que le otorga facultades legislativas que finalmente pudieron ser ampliadas de 20 puntos aprobados por diputados a un total de 27 en la cámara alta.

Previamente, en declaraciones a RPP, había mencionado que no quería entrometerse en las discusiones internas entre senadores y diputados sobre las formalidades en la promulgación de normas. Sin embargo, reiteró su apoyo a la decisión de solo incluir las firmas del presidente y vicepresidente del Senado y no de los titulares de la cámara baja.

Galarreta resaltó que el martes de la próxima semana habrá una reunión entre portavoces de senadores y diputados. Ante la posibilidad que ahí se plantee una fe de erratas, comentó que el Ejecutivo esperará hasta esa fecha para activar las facultades delegadas.

Explicó que los trámites internos para que una iniciativa, ya sea decreto legislativo o proyecto de ley, llegue al Consejo de Ministros hay un tiempo de 12 a 15 días. “No es que salen las facultades y ya están las normas (...) Se tomará más o menos 15 a 20 días”, estimó.

Sobre las críticas por la inclusión de siete puntos adicionales en el Senado, el primer ministro cuestionó que haya un intento de obstruir la labor del Gobierno desde la oposición. Sin embargo, dijo que pueden presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional.

“No estoy siquiera queriendo interferir en sus decisiones, y si alguien quiere presentar una acción al tribunal está en todo su derecho, más allá que las comparta o no”, comentó.

El Ejecutivo autorizó la salida al exterior de los ministros Ernesto Álvarez y Carlos Espá, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia. Las resoluciones oficiales detallan las comisiones de servicio para que participen en las actividades oficiales en El Salvador y España con la presidenta Keiko Fujimori.

El canciller Carlos Espá viajará a San Salvador y al municipio de Tecoluca del 28 al 31 de octubre para profundizar el diálogo político y la cooperación con El Salvador. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, asumirá la gestión del despacho de Relaciones Exteriores mientras dure esa ausencia.

El mismo canciller Carlos Espá cumplirá una segunda misión oficial a Lisboa, Carcavelos y Madrid del 1 al 6 de noviembre. El titular de Cancillería participará en el Foro EuroAmérica en territorio portugués y asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en España.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, integrará la delegación en El Salvador del 28 al 31 de octubre para abordar temas de seguridad penal. El Supremo Gobierno encargó el despacho de Justicia al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, durante esa ausencia.

De otro lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia, viajará a la ciudad de Madrid del 27 al 31 de octubre. Dos oficiales del Ejército Peruano acompañarán a la autoridad militar en las reuniones con el Estado Mayor de la Defensa de España.

Las comisiones oficiales evaluarán modelos de gestión penitenciaria y mecanismos de lucha contra la delincuencia transnacional. El Estado salvadoreño cubrirá los gastos por concepto de alojamiento de los ministros peruanos durante la estancia oficial.

El pleno del Senado autorizó la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori para realizar dos visitas oficiales consecutivas al extranjero. La resolución parlamentaria fijó el desplazamiento a El Salvador del 28 al 31 de octubre y la estancia en España del 2 al 6 de noviembre.

El Poder Ejecutivo sustentó la visita a San Salvador en la reunión con el mandatario Nayib Bukele y en las inspecciones al Centro de Confinamiento del Terrorismo y al Hospital Rosales. El Gobierno justificó el viaje a Madrid por la participación de la jefa de Estado en la Trigésima Cumbre Iberoamericana.