La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) anunció la concreción de un acuerdo entre cuatro bancadas de cara a la elección de la Mesa Directiva del Senado. El bloque está integrado por Ahora Nación, Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

“Se nos ha informado que hemos llegado a un buen acuerdo entre cuatro agrupaciones políticas que son Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras, y ahora el Buen Gobierno que ha decidido unirse a esta facción democrática junto con Ahora Nación”, declaró para Canal N.

En esa línea, la senadora aseguró que esperan tener 30 y 30, lo que significaría un empate. “Normalmente cuando hay un empate, vamos a segunda vuelta, y ojalá que haya congresistas demócratas que realmente decidan y entiendan qué es importante ahora mismo para la democracia”.

“Esto no es un capricho ni es un interés de entrar en contradicción; es un tema de democracia. Hay una cosa fundamental, si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscalice no sea parte del mismo partido del quien está en el Ejecutivo”, puntualizó.

Alejandro Muñante cuestiona el bloque conformado

Por su parte, el senador Alejandro Muñante, representante de Renovación Popular, aseguró que fue elegido por bancada para representarlos en la Mesa Directiva. No obstante, la conformación de la lista, “va a depender de las negociaciones que se hagan con los otros partidos, otras bancadas; estamos esperando algunas últimas conversaciones, creemos que somos una opción democrática”.

En otro momento, Muñante cuestionó las afirmaciones de Vásquez y recordó sus vínculos con el expresidente Pedro Castillo. “Escuchaba a la senadora Mirtha Vásquez decir que apelaba al espíritu democrático, pero yo no encuentro ningún tipo de afinidad o similitud entre lo democrático con lo hecho por Pedro Castillo Terrones, aquel 7 de diciembre del año 2022”, declaró en Canal N.

Asimismo, el parlamentario de Renovación Popular rechazó la composición del bloque multipartidario anunciado e hizo un llamado directo a las bancadas integrantes. “Invoco a los demócratas del Buen Gobierno, a los verdaderos demócratas del partido Obras, a los militares que están en esa bancada que no se hagan uno con quienes quisieron perpetrar un golpe de Estado, que no se hagan uno con quienes persiguieron a nuestros militares y policías”, agregó.

La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada este viernes, luego de la juramentación de sus 130 integrantes electos para el período parlamentario 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

La ceremonia se realizó en el hemiciclo del Senado de la República y comenzó con la lectura de la credencial de Cecilia Chacón de Vettori, quien juró al cargo como presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Posteriormente, prestaron juramento los demás integrantes de la Mesa Directiva. El segundo en hacerlo fue Luis Quispe Candia, luego de la lectura de su credencial, seguido por Romina Uribe Sáenz.

Concluida esta etapa, se procedió a la juramentación del resto de diputados en orden alfabético.

Al finalizar el acto, Cecilia Chacón de Vettori declaró oficialmente instalada la nueva cámara.

“Tras la juramentación de cada uno de sus integrantes declaro constituida la Cámara de Diputados”, manifestó.

Asimismo, informó que el plazo para la presentación de las listas de candidatos a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados vencerá el sábado 25 de julio a las 17:00 horas.

La Cámara de Diputados para el período 2026-2031 quedó integrada por 41 legisladores de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Horas antes, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente, dando inicio a las actividades previas a la conformación de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

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Las Juntas Preparatorias de la Cámara de Diputados y Senadores tomaron juramento este viernes a los nuevos integrantes del Congreso bicameral.

Por la tarde, Cecilia Chacón, dejó constituida la Cámara Baja integrada por los 130 diputados en una larga ceremonia que empezó poco después de las 4:00 de la tarde.

El acto protocolar empezó con el juramento de Chacón. Luego juró en el cargo de diputado Luis Quispe Chandia (Buen Gobierno) y, posteriormente, Romina Uribe (Buen Gobierno).

Mira aquí la juramentación de los diputados:

Por la mañana, Junta Preparatoria de la Cámara del Senado, presidida por Miguel Torres, declaró constituido el órgano parlamentario y oficialmente incorporados y habilitados para el ejercicio de sus funciones a los senadores electos que prestaron juramento.

La ceremonia se inició a las 11:00 a.m. y concluyó a la 1:00 p.m. Tras ello, los integrantes de la Cámara del Senado ocuparon sus respectivos escaños.

El Senado está conformado por 22 integrantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Mira aquí la juramentación de los senadores:

Previamente, a las 9:00 am Torres declaró instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria. En dicho acto, se dio lectura al acta con los resultados del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a las normas reglamentarias pertinentes y al aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Nota previa

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Parlamento Nacional. El Congreso bicameral juramentará e incorporará oficialmente este viernes a los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales de 2026, realizadas el 12 y 13 de abril.

Concluidas las ceremonias, ambos presidentes declararán formalmente constituidos el Senado y la Cámara de Diputados, y convocarán a las sesiones en las que se elegirá a las mesas directivas de ambos órganos parlamentarios para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El expresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió la Medalla de Honor del Parlamento Nacional en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio Legislativo, en reconocimiento a los servicios prestados a la Nación durante su gestión al frente del Legislativo en el Período Anual de Sesiones 2025-2026.

Como parte del acto, también se llevó a cabo la develación de su retrato oficial, que quedó incorporado a la Galería de Expresidentes del Congreso de la República, espacio que reúne a quienes ejercieron la Presidencia del Parlamento.

La ceremonia contó con la participación de la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva Prieto, quien tuvo a su cargo la imposición de la condecoración. Asimismo, asistieron los congresistas Ilich López Ureña y Héctor Ventura Ángel, además de la esposa, hijos, familiares e invitados especiales del homenajeado.

Durante su intervención, Maricarmen Alva señaló que la distinción constituye un reconocimiento a la labor desempeñada por Fernando Rospigliosi durante su gestión al frente del Congreso.

Asimismo, destacó la incorporación de su retrato a la Galería de Expresidentes del Parlamento como parte de la preservación de la memoria institucional y de la continuidad histórica de la institución.

El Congreso de la República condecoró al expresidente del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su gestión al frente de la Mesa Directiva durante el Período Anual de Sesiones 2025–2026.

Asimismo, se… pic.twitter.com/y2pdr5II4W

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2026

Al recibir la condecoración, Fernando Rospigliosi expresó su agradecimiento al Congreso de la República por el reconocimiento otorgado.

También agradeció a su esposa e hijos por el respaldo brindado durante su trayectoria, así como a los integrantes de la Mesa Directiva 2025-2026, congresistas, asesores, funcionarios y trabajadores del Congreso.

Rospigliosi sostuvo que el trabajo conjunto permitió impulsar iniciativas legislativas, fortalecer el funcionamiento institucional y ejecutar obras de modernización y restauración del Palacio Legislativo.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y expresó su confianza en el papel que continuará desempeñando el Congreso de la República en la defensa del Estado de derecho y el desarrollo del país.

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Las elecciones de este 2026 dejarán un sistema partidario mucho más reducido. De los 57 partidos que hoy mantienen inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), solo 15 tienen asegurada su permanencia tras las elecciones generales de abril y los comicios regionales y municipales de octubre.

Entre ellos figuran cuatro de las seis organizaciones que lograron representación en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Ahora Nación.

ESTOS SON LOS 15 PARTIDOS QUE MANTENDRÁN SU INSCRIPCIÓN:

No obstante, el escenario aún no está completamente definido. El Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Obras, de Ricardo Belmont, permanecen en una situación incierta. Aunque superaron la barrera electoral en las elecciones generales, no alcanzaron el número mínimo de listas inscritas para los comicios regionales y municipales. Pese a ello, especialistas en derecho electoral tienen posiciones encontradas sobre si aún pueden conservar su inscripción.

La cancelación de la inscripción para el resto de partidos, entre ellos Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, Podemos y Somos Perú, recién entrerá en vigencia a partir del 1 de enero del 2027.

ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE PERDERÁN SU INSCRIPCIÓN TRAS LAS ELECCIONES DE ESTE 2026:

Una tarea cuesta arriba

El presidente del Instituto Aklla Perú y especialista en derecho electoral, José Tello, advirtió que recuperar la inscripción de un partido que la pierde “es sumamente complicado” debido a las exigencias que impone la legislación vigente.

Tello explicó que, además del requisito de contar con afiliados equivalentes al 0,1%; es decir, más de 27.000 personas, las organizaciones deben reunir adherentes que representen el 3% de los ciudadanos que votaron en la última elección nacional. En la práctica, ello supone conseguir más de medio millón de firmas.

“Conseguirlas es un proceso muy difícil para los partidos”, señaló Tello a El Comercio.

Sobre la permanencia del Partido del Buen Gobierno y Obras, aseguró que dependerá de la interpretación que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): “Si el Jurado interpreta que la participación política se produce desde las elecciones primarias, donde proclama a los ganadores, estos partidos podrían conservar su inscripción”.

Añadió que el problema de Obras y Buen Gobierno fue no alcanzar los mínimos de candidaturas durante la fase de inscripción formal debido a una falta de experiencia en el uso del sistema “Declara”. “Cometieron un error garrafal al no prever esta situación; si tenían problemas con la plataforma digital, debieron presentar las candidaturas físicamente”, señaló.

No obstante, el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que Obras y Buen Gobierno perderán la inscripción “salvo que el Congreso cambie la ley”. Esta posibilidad no está descartada considerando que ambas agrupaciones tendrán capacidad de negociación en el Parlamento bicameral.

¿Más representatividad?

El politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), destacó que la reducción de la cantidad de partidos representa un cambio relevante frente a la fragmentación observada en los últimos años. No obstante, advirtió que ello no implica, por sí solo, una mejora en la calidad de la representación política.

“Es importante que ya no tengamos más de cinco decenas de agrupaciones, que más allá de la fragmentación, lo que revelaban era un escaso nivel de representación. Pero tampoco creo que porque ahora haya menos se haya mejorado la calidad de la representación. Tampoco significa que sean organizaciones más fuertes de por sí”, dijo a El Comercio.

Vilca sostuvo que la institucionalización de los partidos no puede medirse únicamente por el cumplimiento de los requisitos legales o por haber superado la barrera electoral.

También destacó que varios de los partidos que conservarán su inscripción deberán demostrar su capacidad para consolidarse. Recordó que algunos partidos siguen vigentes porque no participaron en las elecciones generales, mientras que otros, como Ahora Nación y Juntos por el Perú, continúan en una etapa de construcción política.

“Su desempeño en el Congreso probablemente determine cuál es el futuro que puedan tener”, dijo.

En opinión de Vilca, el nuevo escenario tampoco garantiza un fortalecimiento del sistema de partidos. “Tengo muy poca expectativa de que los partidos que han quedado o han pasado la valla vayan a contribuir efectivamente a una mayor institucionalización o a un mejor funcionamiento de la democracia”, señaló.

El desafío de la continuidad

El proceso electoral del 2026 marca el fin del ciclo para partidos que habían logrado mantenerse vigentes en distintos procesos electorales. Un análisis del IEP destaca que Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú no lograron superar la barrera electoral pese a haber mantenido presencia parlamentaria y una importante estructura territorial durante la última década.

De acuerdo con el IEP, esas organizaciones construyeron su crecimiento desde los ámbitos regionales y municipales antes de consolidarse a nivel nacional. No obstante, ese despliegue territorial no se tradujo en respaldo suficiente para sus candidaturas presidenciales. El artículo sostiene que el desgaste de sus principales liderazgos impidió convertir esa presencia organizativa en votos a escala nacional.

No obstante, aunque APP, Somos Perú y Podemos Perú no consiguieron representación en el nuevo Congreso bicameral, mantienen una cobertura territorial superior a la de Fuerza Popular para las elecciones regionales y municipales de octubre. Mientras APP presentó listas en el 60% de las regiones y el 71% de las provincias, y Somos Perú en el 76% y 69%, respectivamente, Fuerza Popular solo inscribió candidaturas en el 36% de las regiones y el 22% de las provincias.

Para el IEP, ese contraste evidencia que el éxito en una elección nacional no necesariamente refleja la capacidad de organización territorial de un partido.

A menos de una semana de la toma de mando, la presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró que el actual gobierno y las gestiones anteriores han entregado el Estado en condiciones catastróficas. La declaración la realizó tras evaluar los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia de Fuerza Popular.

“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando, es realmente desolador. Muy triste”, refirió en una transmisión virtual por su página oficial.

Sostuvo que la información recogida por el equipo de transición, liderado por Marco Vinelli, “no es muy buena” debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

“Ellos están recogiendo información que no es muy buena de la situación en la que se encuentra nuestro país y una situación que vamos a dar cuenta. Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un Consejo de Ministros el 29 de julio”, añadió.

Indicó que serán los futuros ministros quienes informarán los hallazgos detectados durante el proceso de transferencia y las medidas que adoptará su gestión en los próximos meses.

Como informó El Comercio, los primeros reportes no solo advierten sobre obras paralizadas. También dan cuenta de que en los ministerios de Salud, Educación y Transportes se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir, entre otras presuntas irregularidades.

Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno El Niño.

Asimismo, los informes reportan designaciones realizadas de forma exprés en distintos ministerios.

El presidente José Balcázar no se ha pronunciado sobre el asunto, pese a que El Comercio intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. Una fuente de su entorno indicó que, por el momento, no tiene intenciones de responder.

Pero ese no fue el único silencio. La mañana de este jueves, el jefe de Estado no asistió a la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. En su representación acudieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Entre otros invitados, estuvieron el comandante general de la FAP, general del Aire Mario Contreras León; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

En la víspera, Rospigliosi protagonizó un momento de tensión con el jefe de Estado. De acuerdo con los oficios a los que accedió El Comercio, el 21 de julio el presidente José Balcázar remitió un documento al titular del Parlamento con el siguiente mensaje:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi condición de Presidente Constitucional de la República en funciones, con el fin de solicitar, respetuosamente, se brinden las facilidades institucionales para la entrega de la banda presidencial el 28 de julio de 2026, como garantía de la continuidad de la función presidencial”, indicó.

Al respecto, Rospigliosi respondió la mañana del 22 de julio mediante un oficio en el que señaló que el mandato presidencial de Balcázar concluiría el 26 de julio de 2026 y que debía entregar la banda presidencial al día siguiente, es decir, el 27 de julio.

“En ese sentido, y con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el presidente del Congreso de la República el 27 de julio del 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”, contestó.

No obstante, horas después, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Rospigliosi escribió que había solicitado a Balcázar que el nuevo presidente del Congreso fuera quien entregara la banda presidencial a la presidenta el 28 de julio. Sostuvo que, de esa manera, no habría un vacío de poder y que Balcázar, aunque dejará de ser congresista el 26 de julio, continuará como presidente hasta el 28 de ese mes.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, durante la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea Las Palmas, Rospigliosi conversó con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sobre este tema y le explicó el sentido de su oficio y del mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, añadieron que no hubo una comunicación fluida por parte del jefe del Gabinete.

Por la tarde, Rospigliosi envió un nuevo oficio a Balcázar. En él precisó que podrá hacer la entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 de julio o el 28 de ese mes pero antes del inicio de la ceremonia de toma de mando.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Oficio 193-2025-2026-ADP/PCR, a fin de precisar que la entrega de la banda presidencial podrá efectuarse desde la fecha señalada en el citado oficio (27 de julio) y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio del 2026”, reza el documento.

Por la mañana, Keiko Fujimori se reunió con el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, representante diplomático en el Perú del sumo pontífice León XIV.

En el encuentro, el monseñor agradeció la buena disposición de la presidenta electa por brindar su apoyo en las coordinaciones para garantizar una cálida bienvenida al papa peruano, que se proyecta para el mes de noviembre.

En esta cita, Fujimori Higuchi destacó que la visita de su santidad a suelo peruano es un “regalo del Señor”, por lo que le pidió al nuncio apostólico transmitirle sus buenos deseos al papa León XIV para que este periplo sea de su agrado.

Cabe recordar que el papa León XIV tiene previsto visitar las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Fujimori Higuchi también recibió el jueves en su oficina al diputado electo de Fuerza Popular Pier Figari. A su salida, fue consultado por la prensa sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Al respecto, respondió que no corresponde, aunque precisó que se trataba de una opinión personal.

“Lamentablemente, la transferencia va a durar muy poco tiempo. Son menos de 15 días los que tenemos para hacer la transferencia [...] Lo normal es que la transferencia dure por lo menos un mes”.

¿Qué es la transferencia de gestión?

La transferencia de gobierno en el Perú es un proceso formal e institucional supervisado por la Contraloría General de la República (CGR) que busca garantizar la continuidad del Estado y la transparencia. A través de este mecanismo, la gestión saliente entrega a la administración electa reportes sobre el estado financiero, los contratos en ejecución y las obras públicas, de modo que la nueva autoridad cuente con un panorama real del país.

El proceso se activa formalmente una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama al ganador y entrega sus credenciales. Además, se requiere la instalación de equipos técnicos que revisen la información sectorial para evitar la interrupción de servicios esenciales.

¿La ley estipula un plazo fijo?

La ley no estipula un plazo fijo. Como explicó a PerúCheck el especialista y exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla, la normativa peruana no fija un número de días exacto para este proceso.

“No existe un tiempo estipulado en alguna norma. El tiempo se reduce o amplía en función de cuándo se proclaman los resultados y se entrega la credencial. A Pedro Castillo recién se entregó la credencial el 23 de julio, a escasos días de su asunción”, señaló el especialista.

Esto significa que la duración depende, en la práctica, de cuánto tiempo tome resolver el proceso electoral –incluidas eventuales impugnaciones– y no de un plazo legal predeterminado.

¿Cuánto durará la transferencia esta vez?

De acuerdo con registros del JNE, Keiko Fujimori recibió sus credenciales como presidenta electa el 15 de julio de 2026, en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional. La transmisión de mando está programada para el 28 de julio de 2026. Entre ambas fechas transcurren 13 días, es decir, efectivamente menos de los 15 días que mencionó Chacón.

¿Lo normal es que dure al menos un mes?

La transferencia al gobierno de Ollanta Humala, en 2011, tomó 35 días. La de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, 30 días. Finalmente, la de Pedro Castillo, cinco días, por la demora en la entrega de sus credenciales.

En los dos procesos anteriores a 2021, que Tuesta Soldevilla y otros especialistas suelen citar como referencia de lo normal, el plazo efectivamente rondó el mes, como dijo Chacón. La transferencia hacia el gobierno de Keiko Fujimori durará menos que el reciente estándar normal.

Conclusión

Keiko Fujimori tendrá 13 días para la transferencia gubernamental, cerca del tiempo que mencionó la diputada electa de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. En cuanto al tiempo normal –según la propia Chacón– de un mes aproximado para la transferencia, efectivamente eso es lo que tomó en las presidencias de Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016). Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la diputada electa Cecilia Chacón como ciertas.

El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que la gestión de los kits escolares observados por el equipo de transferencia entrante no es de su competencia, sino del Ministerio de la Producción ante información sobre presuntas irregularidades detectadas en diversas carteras durante la gestión de José María Balcázar.

El sector Educación dijo que la adquisición y repartición de estos kits no entregados están a cargo del Programa Nacional Compras a MYPErú. El ministro Jorge Marticorena enfatizó que su cartera cumplió estrictamente con el despacho de los materiales pedagógicos programados para el año 2026, deslindando así cualquier responsabilidad administrativa sobre los insumos cuestionados.

Según información reportada por El Comercio, las inspecciones realizadas por el equipo de transferencia de Keiko Fujimori, liderado por el economista Marco Vinelli, se detectaron medicamentos vencidos y materiales educativos sin entregar.

Ante estos datos, el sector Educación informó que ya envió 13′097,992 unidades de materiales educativos a las instancias descentralizadas del país. El ministro destacó que esta labor permitió que los recursos pedagógicos lleguen a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) dentro de los plazos previstos originalmente.

Según pudo conocer El Comercio, los especialistas de Fuerza Popular hallaron kits escolares almacenados sin distribuir a pocos días del cambio de mando. Estas omisiones forman parte de un conjunto de irregularidades que incluyen designaciones de funcionarios de último minuto y la ausencia de planes de contingencia para enfrentar el Fenómeno El Niño.

El informe final que recopila estas anomalías será entregado formalmente a la presidenta electa el sábado 25 de julio. El documento detallará la situación crítica encontrada en carteras como Economía y Producción, donde también se advirtió la falta de preparación estatal ante posibles desastres climáticos inminentes que podrían afectar al territorio nacional.

El equipo de transferencia continuará procesando los datos obtenidos de los ministerios y programas adscritos para consolidar el balance que Keiko Fujimori presentará antes de su mensaje a la Nación el próximo 28 de julio.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, aseguró que al declarar improcedente el último pedido de gracia presidencial para Pedro Castillo, el Ejecutivo dio por concluido de forma definitiva el proceso de evaluación de beneficios para el exmandatario durante la actual gestión a pocos días de que se realice la transferencia de mando presidencial.

Jiménez puntualizó que no habrá ningún indulto ni gracia para el interno recluido en el penal de Barbadillo. El titular del sector explicó que la Comisión de Gracias Presidenciales ya notificó los fundamentos del rechazo al propio Castillo. “No hay ninguna gracia, ningún indulto, y continuamos trabajando”.

Asimismo, el ministro enfatizó que esta fue la última sesión del órgano evaluador bajo la administración transitoria de José María Balcázar.

La comisión analizó un total de 17 solicitudes relacionadas con la libertad del exjefe de Estado durante este periodo gubernamental. Según los registros oficiales, 14 de estas peticiones fueron formuladas por terceras personas y no resultaron admitidas. Otras dos fueron declaradas improcedentes por no subsanar observaciones legales, quedando pendiente solo el expediente resuelto este viernes. Jiménez afirmó que su despacho analizó técnicamente cada uno de los expedientes presentados en este tiempo.

El ministro señaló que no conversó con el presidente Balcázar sobre esta resolución específica antes de informarla a la prensa. Tras su pronunciamiento, el funcionario se dirigió a Palacio de Gobierno para participar en las reuniones finales de cierre de gestión ministerial.

Mediante un comunicado publicado este 24 de julio, el Ministerio de Justicia informó que la solicitud de gracia común no cumplía con los requisitos legales. La institución precisó que, en el proceso por conspiración para la rebelión, ya existe una sentencia de primera instancia en etapa de apelación. Por tal motivo, no existe una investigación vigente que pueda ser interrumpida mediante una gracia.

#Comunicado 📄 | Sobre la solicitud de gracia común presentada por el interno José Pedro Castillo Terrones, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/WCzMKhoA7z

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) July 24, 2026

Respecto a la investigación por presunta organización criminal, el documento oficial indicó que la etapa preparatoria se desarrolla dentro de los plazos legales. El ministerio argumentó que no se presenta el exceso de tiempo exigido por la normativa para aplicar un beneficio de esta naturaleza. El pronunciamiento institucional reiteró el compromiso del sector con el respeto irrestricto a la Constitución.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y cinco meses de prisión efectiva dictada en noviembre de 2025. Además, sobre el exmandatario pesa una orden de prisión preventiva ratificada por la Corte Suprema con vencimiento en marzo de 2027.

El equipo de transferencia de Fuerza Popular, encabezado por el economista Marco Vinelli, detectó serias irregularidades en distintos ministerios durante el proceso de recopilación de información del gobierno saliente, liderado por el presidente encargado José Balcázar, según revelaron fuentes de El Comercio.

Los principales hallazgos se registraron en los ministerios de Salud, Educación y Transportes, donde se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir. Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del Fenómeno El Niño.

“Sí encontramos irregularidades”, nos indicaron tras consultar sobre la información que el equipo de transferencia recopiló en estos 15 días de trabajo.

“Hay medicamentos vencidos, kit escolares no entregados y no se encontró ningún plan contra el Fenómeno El Niño”, agregaron.

Además, indicaron que se registraron “designaciones de último minuto” en los distintos ministerios que no eran precisamente las últimas designaciones ministeriales.

En la etapa final de su gestión, Balcázar nombró a Jorge Marticorena como ministro de Educación y a Flavio Cruz como ministro de Trabajo. Ambos ingresaron al Congreso por Perú Libre, el mismo partido con el que el hoy jefe de Estado obtuvo un escaño.

Este Diario reveló a inicios de julio que durante la gestión de Balcázar se realizaron más de 50 cambios de funcionarios en los ministerios de la Mujer, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Vivienda, entre otros.

La fuente refirió que toda esta información está siendo incorporada al informe final que prepara el equipo de transferencia. El documento reunirá las irregularidades detectadas en las distintas carteras del Estado.

El informe, agregó, será entregado a la presidenta electa, Keiko Fujimori (FP), el sábado 25 de julio, tres días antes de que asuma el máximo cargo del Estado.

Al cierre de esta nota, no se conocía si Fujimori ofrecerá una conferencia para informar sobre las condiciones en las que recibe la gestión de Balcázar antes de asumir el mando del país, el mismo día en que reciba el informe, o si lo hará durante su mensaje a la Nación del próximo 28 de julio.

La jefa de Estado electa tendrá la tarea de dar un balance sobre la información recopilada por su equipo

La fuente dejó claro que por el momento no queda información pendiente por recibir, pues el equipo de transición adjuntó el informe preliminar de cada uno de los ministerios, direcciones o programas adscritos a los sectores. Otra fuente afirmó que hubo demoras.

Una fuente del Ministerio del Interior aseguró que esa cartera no tuvo inconvenientes en la entrega de información al equipo de transferencia. Por el contrario, sostuvo que desde un inicio atendió con diligencia los requerimientos del grupo encabezado por Marco Vinelli.

“Secretaría empezó con todo el papeleo mucho antes que llegue la comisión de transferencia. La comisión sigue trabajando, y lo que pide se le entrega en el acto”, refirió.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y con el presidente José Balcázar para conocer su versión sobre estos hechos; sin embargo, al cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Se conoció que Balcázar y Arroyo se encontraban en la Sesión Informativa del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en el auditorio del Colegio Médico del Perú, donde se abordó —entre otros puntos— los principales desafíos del país y las acciones impulsadas por el Gobierno para enfrentarlos.

Además, se destacaron las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño, la estabilización económica y la implementación del nuevo Modelo de Gobernanza Territorial.

Por la mañana, la presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con el excandidato presidencial Roberto Chiabra. Tras el encuentro, el también congresista de la República precisó que la conversación que mantuvo con Fujimori Higuchi se centró en la necesidad de fortalecer el control del Estado frente al avance de la criminalidad.

Asimismo, cuestionó los constantes pedidos de sectores de izquierda sobre el indulto al golpista Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“¿Reconciliación con quién? ¿Con una persona que quiso dar un golpe de Estado? Un golpe de Estado no se puede minimizar ni comparar con otros delitos. Si hubiera tenido éxito, hoy no estaríamos hablando de democracia”, agregó.

Fujimori también recibió por la mañana a veteranos de la lucha contra el terrorismo. Tras la cita, indicó: “Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud”.

Sobre el tema, el analista político Luis Benavente consideró que lo hallado por el equipo de transferencia de Fuerza Popular solo refuerza la idea de que la gestión de Balcázar no tuvo un horizonte claro y que hubo un pésimo manejo del Estado e incluso fue “irresponsable” al, por ejemplo, hacer designaciones exprés.

Sostuvo que el actual jefe de Estado se encuentra dentro del “estándar” de gestión de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

“Ha sido una gestión de mediocridad, de haber copado el aparto público con empleos por favores políticos. La atención de Balcázar ha estado en otros temas y ahora ha tocado un equipo de transferencia que por lo visto está metiendo sus narices en los temas. (...) Balcázar no es un tipo de mucho brillo, dijo.

Más información

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que la primera sesión del consejo de ministros de su gobierno se realizará el 29 de julio “para empezar a tomar acciones”.

“Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que de manera inmediata, a partir de la próxima semana, empecemos a recuperar el orden”, dijo en diálogo con la prensa.

Samuel Daza- candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima- afirmó que la mayo virtud de Rafael López Aliaga, al frente del municipio capitalino, fue haber hecho obras, pero “su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes”.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, el también alcalde de Ancón dijo que en un año puede poner en funcionamiento los trenes y vagones que la administración de Renovación Popular trajo desde los Estados Unidos.

— ¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Hay una Lima donde yo vivo que se llama Ancón y otras que se llaman Ate, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador, que no han sido vistas por ningún alcalde de Lima Metropolitana […] Hubo mucha inversión, que se dio tras un préstamo de S/4.000 millones para cambiar la infraestructura [de la capital], pero esta nunca llegó a los que menos tienen. Me he demorado tres horas en llegar al Centro desde Ancón. La Panamericana Norte sigue teniendo dos carriles por sentido. Y por eso quiero ser alcalde de Lima, porque tiene que haber igualdad en el gobierno municipal. Nosotros- los que vivimos en el norte de la ciudad, fuimos los únicos que pagamos el peaje que dejó Villarán.

— Fuerza Popular no ha logrado ganar la alcaldía de Lima. Incluso, en la década de 1990, cuando Alberto Fujimori estaba en el gobierno, tampoco lograron llegar a la municipalidad. ¿Cree que usted pueda revertir esta situación?

La última vez que hubo un alcalde y un presidente de la República del mismo partido fue en 1985, cuando Jorge del Castillo fue alcalde de Lima y Alan García presidente. Justamente, en ese momento empieza a construirse la Línea 1 del Metro de Lima. La presidenta electa ha dicho que para mejorar el acceso de los vecinos de Lima norte y Lima este se deben construir las líneas 3 y 4. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de trabajar de manera integrada el gobierno municipal y el gobierno central. La presidenta Fujimori puede impulsar estas obras y la ampliación de la carretera Panamericana Norte.

[…] Hay vecinos de Lima que somos invisibles para el resto. Nos dijeron que seríamos Limaflores, pero no hay Ancón flores ni Comas flores, eso nunca existió. También nos dijeron que íbamos a ser potencia mundial. ¿De qué? De tráfico, de delincuencia y de falta de oportunidades.

— ¿Cuál es su balance sobre las administraciones de Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo? Ambos son de Renovación Popular, partido que sería aliado de Fuerza Popular en el Congreso.

Yo quiero decirles a los limeños que yo soy aliado de los vecinos. Respecto a Rafael López Aliaga, lo conozco, ha sido un buen alcalde. Yo lo recibí en Ancón el año pasado cuando inauguramos la plaza central y él tuvo palabras generosas hacia mi persona. Y lo he apoyado cuando trajo los trenes, si estos tienen una vida útil de 100 años y apenas tienen 40 años, se deben implementar. También lo respaldé con el tema del peaje [de la nulidad].

— Usted indicó que Lima es potencia mundial, pero en tráfico. Eso indica que López Aliaga y Reggiardo no han tomado acciones para mejorar la situación…

Yo sí tengo una crítica [a esta gestión municipal] y se lo he transmitido [a López Aliaga] en muchas oportunidades no creo que la verdad ofenda. De las inversiones que se hicieron con los S/4.000 millones, poco o casi nada llegó a Lima norte, Lima sur y Lima este, porque todo se concentró acá. Dijeron “Lima potencia mundial”, pero mejor hubieran dicho “Lima moderna potencia mundial”.

— Los trenes están guardados y se están empolvando. ¿Qué haría usted con ellos? ¿Son importantes los expedientes técnicos, que se ignoraron?

El tren que trajo López Aliaga fue una buena oportunidad para Lima, pero la ciudad no estaba preparada para recibirlo. Esos trenes se tienen que poner en operación sí o sí. Y por supuesto [que son importantes los expedientes técnicos]. De hecho, hace unos días Reggiardo acaba de hacer un convenio con ProInversión para que sea el nexo entre la municipalidad y el Ferrocarril Central. El MTC ya tiene un expediente técnico avanzando para el proyecto del tren Lima-Chosica utilizando la vía férrea actual. ¿Qué haría el alcalde? Construir las estaciones, mejorar las vías y hacer un intercambio.

— ¿Y cuánto tiempo tomaría realizar estas obras? ¿Cuándo estaría operativo el tren para las personas?

Yo creo que en menos de un año podríamos ponerlo a funcionar. Las líneas ya están. No necesitamos construir una estación por cada kilómetro; necesitamos construir una estación de cabecera y una donde lleguen los vecinos directo. Haría una estación en Santa Anita, otra en Puente Nuevo, la tercera debajo del Puente de la Muralla y la cuarta en la estación Desamparados. Cuatro estaciones en un año. Solo hay que mejorar el balasto (la piedra que hace que el tren no se parta), habilitar estaciones y corregir cruces con la Carretera Central. En un año el tramo Santa Anita-Desamparados se puede hacer; en los próximos dos años podríamos ir avanzando con una línea al costado en paralelo.

— ¿Y qué acciones tomará sobre la Vía Expresa Sur?

Su nombre lo dice: vía expresa. Luis Bedoya Reyes se preocupó de que a la Vía Expresa de Paseo de la República nadie la interrumpa. Entiendo que Rafael López Aliaga quiso construir una vía, pero se olvidó de que una vía expresa no puede ser cortada [por grandes avenidas]. En este momento, no es una vía expresa. En nuestro gobierno municipal, sí lo va a ser.

Primero, hay que hacer que conecte a la Panamericana Sur de manera más directa. Definir las rampas de entrada y de salida en un expediente técnico. Además, no hay que castigar a las personas con movilidad diferente o a los adultos mayores con puentes, hay que hacer pequeños desniveles o senderos peatonales. Esta vía se construyó por el apuro, sin planificación ni expediente. No está mal, solo hay que corregir.

— ¿Qué propuestas concretas tiene en seguridad ciudadana?

En primer lugar, quiero decir que la Policía Nacional es quien tiene la responsabilidad de dar seguridad a todos los vecinos por ley. La municipalidad está llamada a ayudar en ese desarrollo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear al serenazgo metropolitano. La Municipalidad de Lima tiene que invertir y contratar, en el primer año, a por lo menos 1.000 serenos, que puedan patrullar junto con la Policía en lugares estratégicos en toda la capital.

También vamos a comprar 200 camionetas equipadas para que el serenazgo metropolitano llegue a más distritos. Hay distritos como el mío, Ancón, que no tenemos la suerte de Miraflores, que tiene 900 serenos, o de Surco, que tiene 650, o de Magdalena, que cuenta con 400. Nosotros tenemos 100 serenos, cuando llegué eran 19. La Municipalidad de Lima tiene que compensar la falta de recursos y de fuerzas.

— En lo económico, la Municipalidad de Lima está en una situación compleja, con litigios abiertos y una deuda importante. ¿Cómo resolverá esto, teniendo en cuenta que se requerirá de recursos para contratar más serenos y para inversiones?

En Ancón, en el 2023 se recaudaba S/5 millones por arbitrios e impuesto predial, a pesar de tener 130 mil vecinos. En el 2024, esto pasó a S/9 millones y el año pasado, recaudé S/17 millones. Tripliqué el presupuesto de mi distrito. Hice obras, como tres plazas, tres estadios. Cuando el vecino sabe que las obras llegan, se compromete. Y no solo eso, hay mucha inversión privada.

— ¿Usted está de acuerdo con el fallo del JNE que ordena al JEE inscribir la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde?

Primero quiero decir que, si los vecinos me eligen a mí, yo voy a gobernar los cuatro años exactos. Ahora mismo sigo siendo alcalde de Ancón y me voy a ir el 31 de diciembre, tal y como hice en mi declaración jurada. El ser alcalde demora cuatro años; si ya te fuiste por alguna razón, eso no te da derecho a querer regresar de nuevo. Los limeños van a juzgar eso en las urnas. Yo creo que los fujimoristas nos van a dar esa fuerza enorme para ganar la elección.

— ¿La postulación de López Aliaga como primer regidor es una reelección encubierta?

Yo no lo veo así, porque la ley lo permite y hay varios casos similares.

— ¿Cree que López Aliaga debió asumir el cargo de senador?

Yo creo que él debía haber cumplido su palabra con los limeños y [completar] sus cuatro años como alcalde. Su mayor virtud fue hacer obras; su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes. López Aliaga no ha cumplido con lo de “Lima potencia mundial” para Lima norte, sur y este.

— En la segunda vuelta, Keiko Fujimori obtuvo más del 64% de los votos válidos, pero usted tiene una intención de voto de 1,8%, según la última encuesta de Datum. ¿A qué se debe esta diferencia?

El venir aquí me permite que los vecinos escuchen mi mensaje; en la siguiente encuesta ese 2% se va a transformar en 5% e iremos subiendo. Fuerza Popular tiene un voto duro. Lo único que yo he criticado es que las inversiones se concentraron en una Lima central.

Vladimir Cerrón no ha sido declarado inocente por el Tribunal Constitucional (TC). Lejos de lo que el aún prófugo líder de Perú Libre (PL) alega en sus redes sociales, los siete miembros del máximo órgano de la interpretación de la Constitución rechazaron que el exgobernador regional de Junín tenga “derecho a sustraerse de la justicia” o “desacatar” los fallos judiciales.

Así lo precisaron los siete miembros que integran el Pleno del TC. Los magistrados Helder Domínguez (presidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández, quienes votaron en mayoría por beneficiar a Cerrón Rojas, así como los que votaron en contra como los magistrados Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo, coincidieron en ese aspecto y desacreditaron tal aseveración del líder de Perú Libre y su defensa legal.

Como se recuerda, uno de los principales; sino el argumento más importante que esgrimía el prófugo de la justicia, era invocar como un “derecho” el desacato el fallo judicial que ordenaba su prisión preventiva en el proceso por presunto lavado de activos y organización criminal en el Caso “Aportes a Perú Libre” (Expediente 62-2021).

Pese a ello, Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández terminaron por beneficiar y amparar el pedido de Cerrón Rojas, anulando la prisión preventiva que cuestionaba y por la cual permaneció más de dos años y medio en la clandestinidad.

Como se recuerda, Cerrón Rojas venía afrontando el caso de presuntos aportes ilícitos bajo reglas de conducta, entre ellas pasar por control biométrico cada 30 días, informar de sus actividades al juzgado de manera virtual cada 30 días, acudir ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea citado, entre otros.

Sin embargo, Cerrón Rojas dejó de cumplir dichas reglas de conducta y entró a la clandestinidad al confirmarse una condena en su contra por delito de colusión -se le impuso tres años y seis meses de prisión- en el Caso “Aeródromo Wanka”.

Ello llevó a que la fiscalía encargada de la investigación por presuntos aportes ilícitos pida la variación de la medida de comparecencia por la prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta. Ello, debido a que fue el propio investigado quien decidió fugar de la justicia.

Sin embargo, para los magistrados Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández, el Poder Judicial no valoró adecuadamente la situación de Cerrón, concluyendo que no debieron analizar su conducta procesal -peligro procesal- posterior a su fuga producido en el marco de otro caso (Aeródromo Wanka); sino la conducta previa.

Además, ingresaron a valorar los elementos para el peligro procesal al señalar que el órgano judicial no valoró que la sentencia del caso “Aeródromo Wanka”, la que motivó el incumplimiento de las reglas de conducta, fue anulada y por tanto los supuestos se habrían desvanecido.

“Correspondía, entonces, que el órgano jurisdiccional evalúe si las nuevas circunstancias suponen el desvanecimiento de los presupuestos que motivaron en su momento la decisión de imponer prisión preventiva (…) Por ello, en caso de denegatoria de variación del mandato de detención, el órgano jurisdiccional deberá expresar las razones por las que la medida no debe ser variada, especificando por qué considera que no se ha desvanecido el peligro procesal o los elementos probatorios de la comisión del ilícito”, anotaron.

Con ello, los magistrados en mayoría, señalaron que el PJ había incurrido en falta de motivación en las resoluciones que ordenaron la prisión preventiva de Cerrón Rojas y dispusieron la nulidad de las mismas.

Los magistrados que votaron en contra, Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo, también rechazaron el supuesto “derecho a resistirse” a cumplir con los fallos judiciales y además, precisaron que las resoluciones judiciales habían fundamentado adecuadamente el por qué decidieron variar la comparecencia con reglas de conducta de Cerrón Rojas por la prisión preventiva.

La magistrada Luz Pacheco, en su voto singular, ratificó el argumento judicial de que no existe derecho alguno que permita incumplir resoluciones judiciales dentro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el nuestro.

Además, la magistrada cuestionó que una de las reglas de conducta impuestas al procesado Cerrón Rojas, era dar cuenta de sus actividades de manera virtual, pero decidió no hacerlo e incumplirla. Esto, pese a la demostrada posibilidad que tenía el exgobernador regional de Junín, ya que usaba las redes sociales para desafiar y lanzar diatribas en contra de los operadores de justicia.

La expresidenta del TC también se mostró en contra de lo realizado por los magistrados en mayoría, al anular todas las resoluciones judiciales sobre la prisión preventiva de Cerrón Rojas; incluyendo las denegatorias de variación presentadas por su defensa legal, pese a que estas últimas no eran parte de la demanda interpuesta por el procesado ante el TC.

Por su parte, el magistrado César Ochoa Cárdich, cuestionó la posición de los magistrados que votaron a favor de Cerrón Rojas, al sostener que su postura “distrae la atención acerca de lo que en realidad debe evaluarse”. Ello, dijo, porque no se debe analizar los efectos de lo que podría ocasionar sobre el demandante la anulación de una sentencia que había decretado su privación de la libertad, sino el modo en cómo el procesado se condujo antes y después de que tal anulación se produjera.

Por tanto, señaló que es precisamente el comportamiento asumido por el beneficiario del habeas corpus, que los órganos judiciales emplazados evalúan antes y después de que se revocara la sentencia condenatoria, lo que justifica que estos decidieran no variar la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso.

En esa línea, consideró que las resoluciones judiciales que decidieron imponer la prisión preventiva a Cerrón Rojas “incluyen el suficiente sustento sobre la existencia del peligro procesal considerando, entre otros aspectos, la constante reticencia del recurrente de ponerse a derecho y permanecer en la clandestinidad”, bajo el argumento de que, a su parecer, las resoluciones emitidas eran arbitrarias.

En esa línea, también destacó que el TC precisara que “no existe un derecho a la resistencia para eludir la acción de la justicia”.

“Admitirla en esos términos sería abrir el portón para volver al estado de naturaleza, y alentar irresponsablemente que cualquier persona se sienta autorizada a ‘resistir’ o incumplir con un mandato o una orden estatal porque, según su particular punto de vista, este es injusto o arbitrario”, señaló Ochoa Cárdich.

A su turno, en su voto singular, el magistrado Manuel Monteagudo explicó que artículo 138 de la Constitución dispone que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se ejerce por el Poder Judicial, lo cual implica que, para nuestros constituyentes, las decisiones judiciales están en principio respaldadas por una importante cuota de legitimidad.

Por tanto, algunas posiciones del derecho comparado con otros países -alegadas por la defensa de Cerrón- “no habilitaban a que los ciudadanos, según su libre apreciación y discrecionalidad, pudieran seleccionar qué clase de fallos judiciales eran objeto de cumplimiento y cuáles no.”

En esa línea, consideró que los llamados a dilucidar por presupuestos de una prisión preventiva es el Poder Judicial y los ciudadanos deben comparecer ante los tribunales cuando sean citados.

Por tanto, si la persona decide eludir dichas obligaciones, se entiende que es una postura “voluntaria” que supone asumir “las cargas y consecuencias que de ella se deriven”.

De acuerdo al magistrado, en este caso particular del procesado Cerrón Rojas, la sola discrepancia con un fallo judicial no puede ser invocada como un fundamento para que se resguarde su derecho a la libertad personal en el marco de otra investigación judicial.

Dicha invocación, consideró, supone un ejercicio abusivo del derecho, el cual perjudica no solo el desarrollo del proceso penal, sino que afecta la imagen institucional del Poder Judicial.

“De este modo, exigir que no se valore el ocultamiento como peligro procesal anula arbitrariamente la facultad del juez de evaluar el comportamiento real y elusivo del procesado”, indicó Monteagudo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este viernes en su local partidario, ubicado en el distrito de San Isidro, a embajadores de diversos países europeos en el marco de una reunión protocolar tras los resultados de las elecciones generales.

Entre los representantes diplomáticos que participan en el encuentro figuran los embajadores de España, Países Bajos, Portugal, Alemania, República Checa, entre otros países europeos.

#EnVivo

Keiko Fujimori se reúne con embajadores de países europeos en su local partidario

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/2mmbW6C51g

— Canal N (@canalN_) July 24, 2026

De acuerdo con la información proporcionada, la reunión contempla un primer encuentro de carácter breve para felicitar a Fujimori por haber ganado las elecciones generales y, además, dialogar sobre el fortalecimiento de los lazos que unen al Perú con estas naciones.

Tras la reunión privada, se espera que los embajadores ofrezcan un breve pronunciamiento ante la prensa.

Asimismo, para el resto de la jornada está previsto que Fujimori continúe con su agenda de reuniones, esta vez con autoridades locales provenientes del interior del país. Hasta el momento, no se han definido los nombres de los participantes, aunque se espera su llegada durante la tarde.

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que “ningún peruano debe abstraerse de la acción de la justicia”, en referencia a los procesos legales que enfrentan y el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón.

El funcionario enfatizó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de someterse a los mandatos legales vigentes, a pesar de sus críticas institucionales hacia el desempeño de los operadores de justicia.

Durante la entrevista, Gutiérrez precisó que los peruanos desean esperar una “justicia real” y, por tanto, deben asumir las consecuencias de los procesos. “Yo podría decir con contundencia que nosotros, los seres humanos, peruanos, queremos esperar que la justicia sea realmente justicia y debemos someternos a la acción de la justicia”, declaró el titular de la Defensoría, negando haber otorgado con sus palabras una carta libre para que los investigados evadan órdenes de prisión.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra. El líder de Perú Libre permanecía en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. El máximo intérprete de la Constitución alegó una vulneración al derecho de la debida motivación en las resoluciones judiciales previas.

El defensor volvió a negar que su postura sea a favor de que alguien entre en la clandestinidad como lo hizo Cerrón Rojas. “Cuando estaba (prófugo), yo he pedido que se entregue”.

La postura actual de Josué Gutiérrez se contrapone con sus afirmaciones previas donde pareció respaldar la evasión de la justicia por parte de procesados. “Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución”, dijo previamente en RPP.

No obstante, el funcionario reiteró que el sistema de justicia peruano atraviesa una crisis debido a que los operadores están fallando, incurriendo en lo que califica como “abuso de poder”. Sostuvo que su labor busca evitar que los ciudadanos permanezcan detenidos injustamente, mencionando que la Defensoría ha intervenido en diversos casos donde se detectó una presunta instrumentalización de la ley con fines persecutorios,.

Respecto a su vinculación profesional con el exgobernador de Junín, Gutiérrez aclaró que su labor como abogado se limitó estrictamente a “acciones de garantía constitucional” y no a temas penales de corrupción.

Finalmente, el titular de la Defensoría recalcó que el sometimiento a la ley es una responsabilidad ineludible para todo ciudadano. Aunque mantuvo sus cuestionamientos técnicos hacia los magistrados, concluyó que la preservación del estado de derecho requiere que todas las personas respondan ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales en todo el territorio nacional.

El Congreso bicameral elegirá a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados el próximo domingo 26 de julio. Este anuncio institucional fue formulado por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, presidida por el senador electo Miguel Torres, quien detalló que el proceso se realizará en el Palacio Legislativo.

Para participar en esta elección, los grupos parlamentarios deben presentar sus reglamentos internos y acreditar a sus respectivos portavoces titulares y suplentes.

Según informó el Congreso, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el sábado 25 de julio para inscribir sus listas de candidatos a la presidencia y las tres vicepresidencias de cada cámara. La Oficialía Mayor publicará las nóminas oficiales en el portal institucional una vez concluido el tiempo de presentación.

La elección del domingo se efectuará mediante voto secreto y requiere obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los asistentes. Los ganadores prestarán juramento e iniciarán el ejercicio de sus funciones de forma inmediata tras ser proclamados. El resultado será comunicado oficialmente al presidente José María Balcázar y a los titulares de los demás poderes del Estado.

La elección de las dos Mesas Directivas será una de las primeras actividades oficiales del nuevo Parlamento bicameral que iniciará sus funciones oficialmente el lunes 27 de julio. Esta renovación legislativa es el paso previo a la ceremonia de transmisión del mando presidencial del 28 de julio. En dicha fecha, el nuevo titular del Legislativo será el encargado de imponer la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Antes de la elección de las mesas directivas, este viernes 24 de julio se lleva a cabo la juramentación de los legisladores electos.

La sesión de instalación de la Junta Preparatoria comenzó a las 09:00 horas en el hemiciclo del Congreso de la República. Durante este acto se dio lectura a las actas de elección enviadas por el Jurado Nacional de Elecciones y las normas reglamentarias pertinentes.

La incorporación formal de los senadores electos se realiza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Esta sesión es conducida por la directiva de la Junta Preparatoria presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular. Solo los senadores debidamente acreditados y juramentados en esta instancia quedarán habilitados para intervenir en la votación programada para el día domingo.

Asimismo, la sesión de juramentación de los diputados electos se programó para las 16:00 horas en su respectiva cámara. El acto es dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. Ambas cámaras sesionan de forma independiente para cumplir con los requisitos de incorporación parlamentaria.

El 7 de diciembre del 2022 marcó el punto final del gobierno de Pedro Castillo, quien en su intento de convertirse en un autócrata anunciando el cierre del Congreso y la intervención de organismos constitucionales autónomos, forjó su propio destino, el mismo que lo mantiene preso con una sentencia de 11 años.

Por primera vez en la historia, un golpe de Estado pudo ser conjurado, porque instituciones como las Fuerzas Armadas y el Congreso estuvieron a la altura de las circunstancias que pusieron a prueba la democracia. Si algo podemos rescatar de estos últimos cinco años es el desacato de las Fuerzas Armadas y policiales a las órdenes de un aspirante a dictador y la respuesta del Parlamento, que de inmediato procedió a declarar la vacancia de Castillo Terrones.

Durante el régimen de Castillo conocimos denuncias de pagos para ostentar ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones; de los negociados que se cocinaban en la casa de Sarratea; las irregularidades en los ascensos militares; y hasta se encontró dinero en efectivo en un baño de Palacio de Gobierno. Si tuviéramos que contar las tropelías de los 17 meses de gestión de Pedro Castillo, tendríamos que dedicarle la columna entera.

Librados del golpe, vino la sucesión democrática con Dina Boluarte. Las torpezas y frivolidad que caracterizaron su administración se quedan cortas frente al daño que ocasionó haber tranzado con determinados grupos políticos para mantener el efímero poder que ostentaba. Haber cuoteado el poder con Alianza para el Progreso, entregándole el ministerio de Salud y Essalud, es imperdonable. Al final, ninguna de las concesiones que hizo le sirvió al momento de la vacancia; ningún canje ministerial fue suficiente para salvarla. El daño estaba hecho.

José Jerí, que asumió la presidencia del Congreso cargando una denuncia por presunta violación, reemplazó a Boluarte, y aunque quiso imprimirle un nuevo estilo al gobierno, no le alcanzó para superar una censura que lo dejó fuera de Palacio de Gobierno. El chifa con intereses de por medio y algunas veladas de trabajo nocturnas fueron su Waterloo. Se fue con la aprobación intacta.

Y cuando pensamos que no se podía caer más bajo, otra vez un grupo de congresistas, impulsados por mantener parcelas de poder, pusieron a José María Balcázar en la casa de Pizarro. El congresista de Perú Libre llegó con la única promesa y consigna de liberar al golpista Pedro Castillo.

¿Y las instituciones? ¿Y la gestión de gobierno? Nada. Por eso, no es de extrañar que la presidenta electa Keiko Fujimori diga: “Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste”.

La señora Fujimori tiene por delante atender sin demora la emergencia del fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana que el miércoles acabó con una familia entera, entre ellos cinco niños, y sobre todo el inmenso reto de devolverle al Estado y al Ejecutivo un mínimo de la dignidad perdida.

Con ello, continuará recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo la condena de más de 11 años que le impuso la justicia por su fallido golpe de Estado, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.

El último jueves, se conoció que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia (Minjus) rechazó otro pedido de gracia presidencial a favor del sentenciado exmandatario. Esta vez, se trata de la solicitud que presentó días atrás el congresista Elías Varas.

De acuerdo a un informe de fecha 20 de julio del 2026, la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos para analizar el pedido. Esto es, la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial no contenían la firma del beneficiado, es decir de Castillo Terrones.

“De la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que, no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, se lee en las conclusiones del informe suscrito por el director de la Dirección de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe.

Sin embargo, pese a que ya se han rechazado diversos pedidos similares, las solicitudes de gracia presidencial a favor de Castillo Terrones siguen ingresando a la Comisión de Gracias en las postrimerías de la gestión Balcázar.

Desde enero del 2023 hasta mediados de julio del 2026, la comisión ha recibido cerca de 15 pedidos de gracias presidenciales a favor de Castillo Terrones.

Hasta los primeros días de julio los pedidos habían sumado cerca de diez. La mayoría de estas solicitudes no cumplieron con los requisitos mínimos y otros aún se encuentran en evaluación.

El último viernes, la comisión recibió tres nuevas solicitudes de gracia presidencial a favor del sentenciado por el golpe de Estado. Y esta semana, el grupo técnico recibió otros dos pedidos para que se le otorgue algún beneficio al vacado exmandatario.

De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, de estos pedidos solo tres tenían la firma de Castillo Terrones y otros dos no contenían la firma del sentenciado. Precisaron que estas solicitudes seguirán su trámite regular.

El vacado ex mandatario se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, desde el 7 de diciembre del 2022, tras ser detenido en flagrancia por intentar subvertir el orden constitucional a través de un golpe de Estado.

Por dicho acto ilícito, en noviembre del 2025 fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

Sin embargo, también enfrenta otros procesos por presunto crimen organizado, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otros delitos en casos como Puente Tarata, Petro-Perú, Ministerio de Vivienda, y otros.

Si bien, el presidente José María Balcázar aún tiene cuatro días más como encargado de la presidencia de la República, a Castillo Terrones solo le quedaría este jueves para tener una respuesta a sus dos pedidos de “gracia común” que solicitó los primeros días de julio.

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos pedidos del vacado exmandatario y su abogado Walter Ayala, solicitando la “gracia común” por su condena en el caso “Golpe de Estado” por conspiración para la rebelión y Casos Puente Tarata, Provías y otros donde es procesado por presunto crimen organizado y corrupción.

De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) podría estar emitiendo hoy una opinión sobre dichos pedidos.

Todo depende de la información que hayan recibido del Poder Judicial (PJ) sobre los procesos seguidos en contra del vacado exmandatario. La calificación se hará “con apego al ordenamiento legal”, señalaron.

Si la información aún no es recepcionada por el grupo de trabajo, su calificación quedaría en manos del gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Tal como lo dio a conocer este Diario, días atrás la citada comisión solicitó ante la Corte Suprema del PJ -que tiene a su cargo la apelación de Castillo Terrones por la sentencia del Golpe de Estado- le remita la copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y la información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.

Las fuentes recordaron que la última sesión oficial de la comisión tendría que ser este viernes, ya que luego proceden los feriados por Fiestas Patrias y posteriormente asumirá la gestión de la próxima mandataria.

La intensión del grupo de trabajaron, comentaron, es dejar la conclusión técnica sobre los dos pedidos realizados directamente por el sentenciado exmadatario. Lo más probable, avizoraron, es que la respuesta sea negativa debido a que el sentenciado no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado con una gracia común.

Sin un informe favorable, el saliente Balcázar Zelada no podría otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a Castillo Terrones, sin ir en contra de la Constitución y el marco legal.

Este Diario buscó la versión de Walter Ayala, abogado del sentenciado expresidente, pero no respondió.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó al mandatario José María Balcázar que podrá hacer entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 o 28 de julio.

A través de un nuevo oficio, al que accedió este Diario, señaló que la entrega de dicha banda podrá efectuarse desde la fecha señalada y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio.

“Al respecto, corresponde señalar que la entrega de la banda presidencial tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio de la Presidencia de la República, la cual se mantiene, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los principios de continuidad institucional y conservación del orden constitucional, hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la Presidenta electa el 28 de julio de 2026”, señaló Rospigliosi.

Detalló que durante la ceremonia solemne de transmisión del mando, el presidente del Congreso de la República “impondrá la banda presidencial a la Presidenta electa, conforme al ceremonial republicano”.

#AHORA Presidente del Congreso envía nuevo oficio a Balcázar precisando que podrá hacer la entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 de julio o el 28 de ese mes pero antes del inicio de la ceremonia de toma de mando. La última función de Balcázar como jefe de Estado es… pic.twitter.com/vLBImdkFo0

— Erik Rivera (@ErikRivera__) July 23, 2026

El nuevo oficio se conoce antes luego de que Rospigliosi, a través de otro documento, indicara que Balcázar seguiría siendo presidente hasta el 28 de julio por lo que no existirá un vacío de poder, y que pese a ello, debía entregar la banda presidencial un día antes.

A través de su cuenta en “X”, Rospigliosi confirmó que envío una comunicación a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que debía dirigirse el 27 de julio al Congreso para entregar la banda.

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, escribió en la red social.

“Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y J. M. Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28″, agregó.

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La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa no solo marcó el inicio de la transición, sino que también significó un cambio en su estrategia de comunicación. Con la creación de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), su agenda política se intensificó con llamadas con mandatarios extranjeros, reuniones con excandidatos presidenciales, autoridades regionales y locales, así como coordinaciones con el propio presidente José María Balcázar, entre otros. Sin embargo, en paralelo, el contacto directo con la prensa se ha hecho cada vez más esporádico. El pasado 9 de julio —hace 13 días— fue la última vez que respondió preguntas directas de la prensa nacional.

Según un análisis de El Comercio, hasta el momento se han registrado más de 50 actividades o acciones comunicadas a través de las redes sociales de la OPE, desde su presentación el pasado 3 de julio, luego de que Fujimori fuera proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta oficina, ubicada en la avenida Guardia Civil, en San Isidro, se ha convertido en una suerte de epicentro político al que llegan distintas figuras. A su vez, desde allí se ha concentrado toda la comunicación oficial del proceso de transición mediante cuentas en redes sociales creadas específicamente para la OPE, donde se difunden fotografías, videos de los encuentros sostenidos y pronunciamientos.

Una transición ajetreada

La agenda de transición de Fujimori fue tomando forma rápidamente conforme avanzaron los días. Los primeros gestos estuvieron dirigidos al ámbito internacional, con llamadas de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Guatemala y Chile, según las publicaciones oficiales de la OPE.

Luego, el foco se trasladó al frente interno con reuniones con excandidatos presidenciales como Jorge Nieto y Rafael López Aliaga, cuyas agrupaciones —el Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, respectivamente— lograron representación en el nuevo Congreso bicameral. En ese mismo bloque destacó el encuentro con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, cuya continuidad en el cargo quedó prácticamente ratificada y fue, además, una de las primeras decisiones adoptadas.

Conforme avanzó la transición, la agenda también incorporó reuniones con gobernadores regionales, alcaldes —entre ellos, los provinciales de Puno y San Román (Juliaca)—, representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como coordinaciones con el gobierno saliente. Estas últimas quedaron reflejadas en los dos encuentros que sostuvo con el presidente José María Balcázar, el primero en la OPE y el segundo en Palacio de Gobierno.

Todo ello, en un lapso de casi tres semanas. Sin embargo, mientras su agenda pública se intensificaba de cara a la toma de mando, el contacto directo de Fujimori con la prensa se fue reduciendo, evidenciando una estrategia de comunicación basada en mensajes controlados. La última vez que declaró ante los medios fue el 9 de julio, durante una supervisión de los trabajos de limpieza del cauce del río Rímac junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Tras esa fecha, la mandataria continuó con sus actividades, entre ellas el encuentro en la OPE con el excandidato Jorge Nieto el 14 de julio. También participó en la sesión solemne en la que recibió sus credenciales como presidenta para el período 2026-2031 y acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con Balcázar. Sin embargo, en ninguna de esas actividades volvió a responder preguntas de la prensa, mientras la transición entra ya en su fase final.

La organización detrás de la transición

En diálogo con El Comercio, César Revilla, actual congresista y diputado electo para el período 2026-2031, consideró que Fujimori “es muy respetuosa de la transición, respetuosa de que aún no está en funciones y sabe de la trascendencia de sus declaraciones como presidenta electa son de alta repercusión”.

En esa línea, Revilla sostuvo que, mientras no asuma la Presidencia, “lo más prudente” para Fujimori es mantener cautela en sus declaraciones y que, una vez que jure el cargo, “seguro que va a tener una comunicación amplia con la prensa”.

Asimismo, señaló que primero debe hacerse un diagnóstico de cómo recibe el país —para lo cual el equipo técnico ya viene trabajando— y que, con base en esa evaluación, posteriormente podrá explicar abiertamente su plan de trabajo y el rumbo que buscará para el país.

“Creo que no es un tema de no querer declarar la prensa, sino es un tema de prudencia, de entender que hay distintas situaciones en este momento, inclusive de emergencia, que el gobierno saliente tiene que terminar entregando y cuando ella se haga cargo podrá declarar todo lo mencionado”, acotó.

La OPE instalada por Fujimori no forma parte de la estructura orgánica del Estado ni fue creada mediante una norma específica. Sin embargo, no se trata de un mecanismo tan inédito. Durante la transición del 2011, el entonces presidente electo Ollanta Humala implementó una figura similar para facilitar la coordinación del proceso de transferencia de gobierno. Esta operó en las instalaciones de la Representación Permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, en el distrito de Magdalena.

Si se tuviera que trazar una suerte de organigrama de la OPE, este se distribuiría de la siguiente manera, según pudo conocer El Comercio. En la parte superior se ubica el despacho de Keiko Fujimori. Debajo opera una secretaria encargada de administrar su agenda, programar las reuniones y hacer seguimiento a los pedidos. En un tercer nivel se encuentra el equipo de asesores de confianza de la presidenta electa. En paralelo a todo ello funciona el equipo técnico de transferencia, encabezado por Marco Vinelli, del que dependen diversos grupos de trabajo temáticos.

Consultado por este Diario, Revilla explicó que existe una gran cantidad de reuniones, sobre todo con autoridades elegidas por voto popular y representantes nacionales de organizaciones sociales, que Fujimori ha podido atender directamente. En otros casos, se ha optado por derivarlas y agendarlas con los diputados y senadores electos para que puedan atender y escuchar las demandas. Agregó que, en este corto período, es “humanamente imposible” que la presidenta pueda recibir a todos. Por ello, en algunos casos se optó por derivar esas reuniones.

“Ella siempre trata de pasar a saludar a todos, la gente llega con mucho cariño (…). Ella trata de multiplicarse, pero también es humanamente imposible. Y en caso de algunas asociaciones o algunas regiones que quieren hablar directamente, hacer un pedido específico, ya los diputados y senadores estamos atendiéndolos, como es nuestro trabajo, bajo la función de representación”, expresó Revilla.

A juicio del legislador, la reunión más trascendental hasta el momento fue la que sostuvo Fujimori con los alcaldes provinciales de Puno y San Román-Juliaca, una región que reconoció como antagonista en el marco de las elecciones, pero con la que ahora —señaló— se debe abrir un proceso de reconciliación, sobre todo ante la amenaza del fenómeno de El Niño.

“Es una necesidad importante atender a Puno, reconciliarnos con todos los hermanos que puedan pensar distintos en la región Puno y poder demostrarles que ahora el sentido de urgencia del Estado ha vuelto y que durante esta emergencia van a haber problemas, pero que van a sentir la presencia del Estado ayudándolos, acompañándolos y que no se van a volver a sentir relegados”, expresó.

Sobre el gabinete, Revilla afirmó que esta ronda de reuniones avanza por una vía distinta y que será la propia Fujimori quien lo anunciará en su momento.

Lo que hay detrás

Para el analista político Enrique Castillo, la menor exposición de Keiko Fujimori ante la prensa responde a una preferencia por una comunicación más indirecta durante la etapa de transición, en la que se ha privilegiado la difusión de imágenes y videos de sus reuniones privadas, así como entrevistas con medios extranjeros, antes que un contacto frecuente con la prensa nacional. A su juicio, ello obedece a que todavía hay asuntos sobre los cuales no quiere pronunciarse, como la conformación del gabinete, las primeras medidas de gobierno o un eventual indulto a Pedro Castillo.

“Ella ha preferido una serie de instrumentos de comunicación más indirectos que en la relación con la prensa y puede ser justificable en la medida en que ella sabe, por ejemplo, de que la curiosidad de la prensa nacional va a estar dada en los nombres de los ministros, el nombre del primer ministro, las primeras medidas, qué podría pensar ella de un posible indulto a Pedro Castillo, en fin, de la problemática interna. Ahora se va a ser más difícil llegar a ella porque, además, no debe tener todavía respuestas muy concretas en algunos casos y, en otros casos, va a preferir la reserva”, expresó Castillo.

No obstante, sí cuestionó que se haya privilegiado a medios extranjeros para difundir información vinculada a asuntos de interés nacional, como la estrategia para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Asimismo, en su opinión, la denominación de la OPE resulta “demasiado personalizada” hacia la figura de Fujimori, aunque cuestiona la forma, mas no el fondo.

Por su parte, el director de Vox Populi, Luis Benavente, consideró que la creación de la OPE busca dar “cierta formalidad” al periodo de transición comprendido entre la proclamación de los resultados y la asunción del mando. Se trata, señaló, de una etapa breve, pero de intensa actividad, en la que deben coordinarse asuntos internos —como la conformación del gabinete y las principales políticas del próximo gobierno—, así como una agenda externa que incluye reuniones con autoridades, representantes diplomáticos y dirigentes sociales.

“La presidenta electa y su equipo han decidido crear esta oficina que yo lo vería como un intento para manejar de manera más formal el vínculo con el país en esta breve etapa, para que no sea un vínculo casual. (…) Un país donde domina la informalidad en todo, y también, por cierto, en el campo de la comunicación política, eso le da cierta formalidad, permite manejar la construcción de una imagen”, expresó.

En ese contexto, Benavente sostuvo que, una vez concluida la transición, la presidenta electa debería retomar un mayor contacto con la opinión pública a través de la prensa. No obstante, estimó que la decisión de limitar sus declaraciones durante estas semanas responde a la necesidad de mantener en reserva asuntos sensibles, como la conformación del gabinete, por lo que esa cautela probablemente se extienda hasta la transferencia de mando.

“Supongo que va a retomar vínculo de declaraciones y entrevistas con los medios de prensa. No creo que sea el caso de Dina Boluarte, donde hubo temporadas muy largas de ‘sequías’ para la opinión pública; un gobernante, más aún en los tiempos actuales, debe tener una comunicación directa, una labor presidencial directa con la opinión pública, con la ciudadanía y el medio indicado es la prensa, sin lugar a duda”, aseveró.

En símil, Mabel Huertas, socia de 50+Uno, consideró que la menor exposición pública de Keiko Fujimori responde a una estrategia para controlar la narrativa en una etapa en la que aún debe adoptar decisiones sensibles, como la conformación de su gabinete. A su juicio, esa reserva resulta políticamente conveniente mientras se mantenga antes de la toma de mando, aunque advirtió que prolongarla después del 28 de julio sí podría convertirse en un problema.

“Es una estrategia de control de narrativas en realidad. Y yo creo que el silencio se debe a las preguntas que ella no va a poder o no quiere contestar, que básicamente es quiénes van a conformar su gabinete. Ella no solamente está en la etapa de reuniones con autoridades, sino en la etapa de conformar su gabinete y tomar decisiones que, ahora mismo, no podría adelantar a la prensa”, expresó.

Huertas estimó que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular han optado por reducir sus apariciones ante la prensa mientras avanzan los preparativos para la conformación del gabinete y la elaboración del mensaje que ofrecerá al asumir el mando. No obstante, remarcó que esa estrategia debería concluir con el inicio del nuevo gobierno.

“Si este silencio se extiende después de 28 de julio, pues ahí sí se convertirá en un problema porque venimos de tener a un presidente como Pedro Castillo, que no comparecía ante la prensa, al igual que Dina Boluarte; entonces es importante que ella después de 28 de julio pueda atender a la prensa”, agregó.

Huertas también sostuvo que la figura de la OPE debería institucionalizarse para todos los gobiernos de transición, al considerar que fortalece la transparencia sobre las reuniones y coordinaciones previas al inicio de una nueva gestión. En esa línea, afirmó que la difusión constante de encuentros con autoridades, gremios y representantes de la sociedad civil busca proyectar una imagen de transparencia y diálogo.

Aunque con distintos matices, los tres analistas coincidieron en diferenciar la OPE del denominado caso Sarratea. Mientras Castillo sostuvo que las observaciones recaen en la forma y la denominación de la oficina, Benavente afirmó que se trata de “justamente lo opuesto de Sarratea”, por ser un espacio abierto y visible. Huertas, por su parte, consideró este tipo de oficinas como un mecanismo que debería institucionalizarse para transparentar las reuniones y las coordinaciones propias de la transición gubernamental.

Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras todavía no adoptan una posición sobre si sus senadores y diputados electos por Lima y el Callao, así como los reelectos, renunciarán al bono de instalación de S/15.600 que entregará el Congreso al inicio del nuevo período parlamentario.

Ello pese a que Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno confirmaron que sus parlamentarios prescindirán del beneficio.

En diálogo con El Comercio, Ernesto Zunini, portavoz de Juntos por el Perú y diputado electo, señaló que su agrupación tendrá una reunión este martes para adoptar una postura sobre el tema. “Nuestro espíritu es velar por el uso adecuado de los recursos públicos y mayor austeridad de parte del Congreso, por lo que es muy probable que así sea”, aseveró.

Una posición similar expresó su colega Jaime Quito, en diálogo con Canal N: “Considero que congresistas que están instalados no deberían recibirlo”. Quito es senador electo y repite el plato en este quinquenio.

Este Diario buscó conocer la postura oficial del Partido Cívico Obras, pero al cierre de este informe la agrupación no respondió ni emitió un comunicado sobre el tema.

No obstante, Jenny Samanez, diputada electa de la agrupación en representación de Lima, adelantó que rechazará el bono. “ ¿Cómo voy a cobrar un bono si yo vivo en Lima, y no tengo que instalarme para nada? No voy a cobrar tampoco gastos de movilidad porque yo me movilizo en bicicleta por todo Lima”, subrayó.

Las agrupaciones que hicieron oficial que sus senadores y diputados, electos y reelectos para el período 2026-2031, que residen en Lima y Callao, no recibirán el bono, son Fuerza Popular, Renovación Popular y Ahora Nación.

En un comunicado, publicado el 18 de julio, el partido que lidera Rafael López Aliaga justificó su decisión argumentando que este beneficio tiene como finalidad cubrir los costos de traslado e instalación de los parlamentarios que deben mudarse a la capital para ejercer por primera vez la función legislativa. En ese sentido, sostuvo que quienes ya viven en Lima y Callao no requieren dicha asignación.

“En un contexto en el que millones de peruanos enfrentan dificultades económicas, corresponde administrar los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y transparencia”, indicó la agrupación.

🚨 #𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | Nos dirigimos a la ciudadanía para informar que, en coherencia con nuestro compromiso de austeridad y responsabilidad, los senadores y diputados de Renovación Popular electos por Lima y Callao renunciarán al bono por gastos de instalación. pic.twitter.com/e7SeDrTmhS

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) July 19, 2026

Fuerza Popular hizo un anuncio similar. La agrupación naranja informó que, en una reunión conjunta entre sus senadores y diputados electos, decidió que los parlamentarios que residan en Lima, así como los congresistas reelectos, no percibirán la asignación por gastos de instalación, al considerar que dicho beneficio está destinado únicamente a cubrir los gastos de quienes deban trasladarse e instalarse por primera vez para el ejercicio de la función parlamentaria.

“Con esta decisión, Fuerza Popular reafirma su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de todos los peruanos”, puntualizó el partido político.

🚨 #𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | Nos dirigimos a la ciudadanía para informar que, en coherencia con nuestro compromiso de austeridad y responsabilidad, los senadores y diputados de Renovación Popular electos por Lima y Callao renunciarán al bono por gastos de instalación. pic.twitter.com/e7SeDrTmhS

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) July 19, 2026

De otro lado, a través de un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, los senadores y diputados de Ahora Nación, electos por Lima y el Callao, oficializaron el último lunes 20 de julio su renuncia al beneficio.

Los documentos fueron firmados por los senadores Alfonso López Chau, Mirtha Vásquez, Ruth Luque y Jaime Delgado; y los diputados Indira Huilca, Harvey Colchado, Ángel Meneses y Bernardino Manrique.

“Es una decisión unánime y coherente con nuestro compromiso de cuidar los recursos públicos y priorizar las necesidades de la ciudadanía”, señaló la organización en un comunicado compartido por sus legisladores electos.

En Ahora Nación los Senadores y Diputados que residimos en Lima renunciamos a recibir gastos de instalación. pic.twitter.com/ihA3TWLVW3

— Jaime Delgado (@jrdelgadoz) July 21, 2026

“En 2016, año en que fui electa por primera vez, tomé la misma decisión, convencida de que se trata de un gasto injustificado. El uso eficiente de los recursos públicos es un principio que debería regir en todo el Estado y más aún en el Congreso, si se quiere recuperar la legitimidad perdida en las gestiones recientes”, indicó Huilca en X (antes Twitter).

Hoy, junto a los diputados y senadores de Ahora Nación que residimos en Lima, suscribí la solicitud formal para no percibir los denominados "gastos de instalación".
En 2016, año en que fui electa por primera vez, tomé la misma decisión, convencida de que se trata de un gasto… pic.twitter.com/NZ9rs0mYw3

— Indira Huilca (@IndiraHuilca) July 21, 2026

En tanto, Romina Uribe, diputada electa, señaló la semana pasada, en declaraciones a la prensa, que la bancada del Buen Gobierno renunciará al bono de instalación del Congreso bicameral: “No corresponde a los que son de Lima Metropolitana”.

En esa línea se pronunció el líder de la agrupación, Jorge Nieto, el último domingo. “La bancada ha acordado que todos los congresistas, tanto diputados como senadores, que son residentes en Lima y en el Callao, no van a cobrar ese bono que se les da para instalación. Ya viven aquí, no lo necesitan”, expresó.

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi opinaron que los parlamentarios elegidos por Lima y el Callao y los que fueron reelectos no deberían recibir el bono por instalación.

Cevasco explicó que el beneficio tienen como finalidad que los parlamentarios electos para representar a sus regiones puedan instalarse en Lima con sus familias.

“Deben recibirlo solamente los que vienen desde provincias, no los reelectos ni los nuevos que vienen de Lima y el Callao”, afirmó.

“El Congreso necesita dar este gesto y otros para volverse a reconectar con la población”, añadió.

Además, detalló que para renunciar al bono deben enviar una carta al oficial mayor del congreso solicitando que no se les deposite y no esperar recién a que el dinero esté en sus cuentas para ver si lo van a devolver.

“No parece honesta una autoridad, como un diputado o un senador, que ya está instalado en Lima que recibe un bono de instalación. Es un gasto innecesario y pinta de cuerpo a quiénes son oportunistas y a quiénes no lo son”, señaló Rospigliosi, a su turno.

El especialista consideró que el bono no debería ser depositado de manera automática sino a los parlamentarios que lo soliciten. Además, señaló que el Congreso debe transparentar los nombres de los legisladores que devolvieron los 15.600 soles que se les transfirió por el concepto de instalación.

Rospigliosi advirtió que el dinero del bono no puede ser destinado a otros gastos como donaciones, etc.

DATO

La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el período parlamentario 2026-2031 se realizará este viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo.

El domingo 26 de julio será la elección de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.

La Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, rechazó una solicitud de indulto presentada por el congresista Elías Varas Meléndez a favor del golpista Pedro Castillo, debido a que no cumplía con los requisitos para proceder a su evaluación en la Comisión de Gracias Presidenciales.

Mediante el informe N°041-2026-JUS/DGAC-DGP, el Director de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe Romani, informó al director general de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas que la documentación presentada por Varas Meléndez “no presenta los requisitos exigidos por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales para la evaluación de una gracia presidencial”.

“Asimismo, de la revisión de su solicitud se aprecia que no define claramente el tipo de gracia presidencial que solicita”.

La Dirección apunta que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria, las cuales son el indulto, la conmutación y el derecho de gracia.

La Dirección de Gracias Presidenciales, que ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, recibe las solicitudes para su calificación y posterior evaluación por parte de la Comisión. La solicitud ingresó a la Dirección con fecha 14 de julio de 2026.

Finalmente, recomienda “remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Justicia, para los fines de su atención y brindar respuesta al citado congresista de le república”.

La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía del Tribunal Constitucional notificó al Poder Judicial la resolución de la sentencia que favoreció al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, anulando la orden de prisión preventiva que existía en su contra.

La jefa de dicha oficina del TC, Tania De Los Ríos, dirigió la notificación a Andreina Carpio Machaca, quien ejerce el cargo de procurador público del Poder Judicial.

“Por disposición del señor Presidente del Tribunal Constitucional, hago llegar a Ud., en folios 98 copia simple de la SENTENCIA de fecha 03/07/2026, recaída en la presente causa; para su conocimiento y fines de Ley”, señala la cédula de notificación correspondiente.

En el documento figuran Vladimir Cerrón como demandante, y como demandados los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima.

También se hizo extensiva la notificación a Rolando Gonzales Lluen (abogado dte) y Víctor Joe Manuel Enriquez Sumerinde (otro notificable).

Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez intenta justificar a Vladimir Cerrón: “Si te sentencian solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues”

El martes se dio a conocer la resolución del Tribunal Constitucional que declaró nula la prisión preventiva dictada contra el prófugo líder de Perú Libre, en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Fue al declarar fundada la demanda presentada por presunta vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal.

La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, aseguró durante una transmisión virtual en su página oficial que los últimos gobiernos, incluido el transitorio encabezado por el mandatario José Balcázar, han entregado el Estado “de manera catastrófica”.

Asimismo, calificó de “desolador” el contenido de los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia, liderado por el economista Marco Vinelli, tras la recopilación de información de cada uno de los ministerios.

“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando es realmente desolador. Muy triste. Por las obras paralizadas”, refirió.

Explicó que el equipo de Vinelli viene recogiendo información “que no es muy buena”, debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

“Ellos están recogiendo información que no es muy buena de la situación en la que se encuentra nuestro país y una situación que vamos a dar cuenta. Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un consejo de ministros el 29 de julio”, dijo.

Agregó que “esas noticias tan difíciles, a partir del 29 de julio, los futuros ministros con los periodistas vamos a ir transmitiendo todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer”.

Las irregularidades

Entre tanto, El Comercio informó en su edición del jueves 23 de julio que el equipo de transferencia encabezado por Vinelli detectó serias irregularidades en más ministerios durante el proceso de recopilación de información.

Los principales hallazgos se registraron en los ministerios de Salud, Educación y Transportes, donde se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir.

Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del Fenómeno El Niño.

‘Sí, ya sabemos, tenemos que abrir los brazos, ¿pero hasta dónde, a quiénes?’ Este es el razonamiento mínimo de Keiko Fujimori y de su cúpula cuando les dan la lata con que representan a pocos y por lo tanto deben convocar a muchos. Pero la idea, mirándola bien, tiene sus ventajas: mientras más la repitan ellos mismos a su gente, evitarán el peso muerto de muchos ministros naranjas que no den la talla técnica o permitan en sus carteras el copamiento descarado. Esto no solo es un problema de democracia, ¡es una urgencia de control interno! Si no lo hacen, el aparato se les va de las manos. Lo hizo Alan García 2, que es el gobierno con el que mejor podría compararse Keiko. A su modo, su padre Alberto también lo hizo.

Sin embargo, la idea de un gabinete multipartidario, con alianzas explícitas con partidos sólidos, quedó descartada ¿Por qué? Las fuerzas con bancada en el Congreso no quieren comprometer su identidad ni su ambición para el 2031. Por el lado naranja, tampoco hay ganas de compartir con sus rivales electorales. Por algo ganaron solos. Ni Renovación Popular, la fuerza más afín ideológicamente a FP, ha mostrado interés en pillar alguna cartera. Mucho menos, Jorge Nieto del Partido de Buen Gobierno, que quiere capitalizar su posición centrista manteniéndose a buen recaudo del Ejecutivo. El martes, tras visitar a Keiko, acompañado de tres de sus congresistas, negó de plano el rumor de que le hubieran ofrecido dirigir la estrategia contra el desastre del Niño. Y con las otras bancadas que ya se definieron de oposición -Juntos Por el Perú, Ahora Nación y Obras, en ese degradé- ni hablar de alianzas. JP y AN ni siquiera quieren hablar con ella antes de que sea presidenta en ejercicio.

Entonces, surgió una idea irresistible: llamar a ex candidatos que no saltaron la valla. Esa es la última foto en la retina de la competición política nacional y hay bastante para escoger, muchos están disponibles y lo más bacán (no para ellos, sino para FP) es que han perdido su inscripción y no son competidores de temer. El primer convocado, acompañando a Keiko en el debate de segunda vuelta, fue Rafael Belaúnde Llosa, ex candidato de Libertad Popular. Tiene un perfil definido para ser ministro de Energía y Minas, cargo que ya tuvo con Martín Vizcarra. Ahora bien, su temprana aparición no gustó nada a su pequeño partido. Si subsiste en el bolo del Minem u otro ministerio (se especula que podría influir en la designación de Defensa), ya no será para apuntalar la idea de la foto electoral, sino por peso técnico propio.

El caso más notorio es Carlos Espá, el ex candidato de Sí Creo. Tan probable es que sea canciller que ha ensayado frases para no asentir cuando se le pregunta pero dejando el sabor de que sí quiere y sí cree que lo será. El equipo de transferencia del sector incluye a una ex candidata en su lista al Congreso, Carla Mares. En este caso, sí se mantiene la idea de la foto: el partido de Espá, tan pequeño que no pudo completar sus listas al congreso, sí respalda a Carlos. No solo es un caso notorio, por el pasajero revuelo electoral que tuvo Espá, sino porque no sería un diplomático de oficio en un ministerio que siempre prefiere a un canciller que lo sea. Es cierto que estudió en la academia diplomática, pero no siguió la carrera. Ha trabajado en el área de prensa de la embajada de EE.UU., lo que no desentona con la cercanía estratégica que tenemos con Washington. Ahora bien, ese vínculo pasado con EE.UU. sería anecdótico sino fuera por su discurso explícitamente anti chino que incluso lo llevó a difundir durante su campaña un video criticando genéricamente las inversiones chinas. Llegó a decir, entrevistado en El Comercio, que la corrupción es ‘el primer producto de exportación no tradicional’ de la China. Esto sí desentona con el equilibrio ‘EE.UU. primer socio estratégico/China primer socio comercial’, trabajado con esmero por la cancillería.

José Williams, quien ha visitado a Keiko, podría haber sido parte de esta idea de la foto electoral que no es exactamente multipartidaria, pues los partidos de referencia tienen pronta fecha de caducidad legal. Un amigo que suele hablar con Keiko le llama a esta intención ‘pluripartidaria’, pues lo más importante no sería convocar partidos sino a personajes con ligazón a partidos inocuos. El voceo de Williams no solo se ampara en la visita sino en la composición del comité de transferencia del Interior: hay tres miembros del que presentó como su equipo de seguridad en la campaña, Remigio Hernani, Vicente Álvarez y Juan Padilla. También hay quienes piensan que en el cast de FP Williams estaría más apropiado para el Ministerio de Defensa que el del Interior, donde más adecuado sería un policía o civil experto en lucha contra el crimen, especialidad que no adorna a Williams. El comité de transferencia bien podría estar preparando el camino para otro.

Conversé con una fuente dirigencial de Avanza y me aseguró que el acercamiento de Williams con FP es enteramente personal. Incluso los miembros de su equipo de seguridad no están asociados al partido. Avanza no ha sido parte de la coordinación de la visita pública de Williams a Keiko. Si hubiera un jale, el partido -según mi fuente- le desearía éxitos a Williams y marcaría una prudente distancia. En el partido también hay sectores antifujimoristas y hasta de centro izquierda, que no son precisamente los que conocimos en su bancada, más recordada por Adriana Tudela o Alejandro Cavero, quien recientemente renunció a su militancia.

Juan Sheput no estuvo en la foto electoral, pero estuvo cerca de Carlos Álvarez, el ex candidato de País Para Todos (PPT). Sheput ha visitado a Keiko y es un probable jale para el ministerio de Trabajo. Si se concretara su fichaje, no sería fruto de un acuerdo con Álvarez, quien tuvo su propia e independiente visita a Keiko, ni con PPT. Sheput no es afiliado al partido, fue candidato a senador y apoyó a Álvarez desde su posición de invitado. Si lo viéramos juramentar se confirmaría que FP también busca ministros con experiencia en el rubro elegido (fue ministro en esa cartera en el 2005) pero además voceros para la defensa o escudería política y mediática del régimen.

La foto electoral no solo sirve para fichar posibles ministros, sino construir eventuales respaldos, además de ayudar a limar asperezas internas de los partidos amigos. Veamos el caso del APRA. Keiko recibió la visita de una delegación de veteranos apristas, encabezada por Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Omar Quezada, acompañados de personalidades ‘ministeriables’, pues fueron ministros del segundo gobierno de García. Allí estaban el ex ministro de Salud de PPK, el aprista Abel Salinas Rivas, y dos ex primeros ministros de Alan 2, José Antonio Chang y Rosario Fernández. Chang es, además, actual rector de la Universidad San Martín de Porres y conoce bien a Keiko.

La idea de la foto quedó coja, pues faltaba el ex candidato Enrique Valderrama. Días después, Keiko recibió a Enrique a solas, restañando así la vibra infraterna. Pero, al parecer, la escogencia ya estaba hecha al margen del ex candidato de la juventud aprista. Hay varias señales de que Chang, quien a la vez que primer ministro fue ministro de Educación (Minedu) de García 2, podría ser fichado nuevamente en esa cartera. A la cabeza del comité de transferencia está Luis Aleman Nakamine, quien fue jefe de la oficina de asesoría jurídica del Minedu durante la gestión de Chang y luego este lo fichó como su secretario general en la PCM. Luego, Aleman, ya con otro ministro, pero con resolución firmada por Chang como PCM, ascendió a viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Podríamos especular que, si no es Chang el fichado, podría ser alguien sugerido por él para reforzar desde un foro como la USMP la ‘batalla cultural’ del fujimorismo contra sus antis, contra la PUCP y contra sus fantasmas.

La idea del gabinete ‘pluripartidario’, poniendo el acento en el peso técnico y en los matices políticos de los ministros fichados; más que con alianzas explícitas con sus partidos de origen o referencia, va cobrando sentido. Los fichados no naranjas convivirán, por supuesto, con naranjas plenas. Luis Galarreta, primer presidente, parlamentario andino electo y secretario general de FP, es el gran voceado para ser primer ministro. Mis fuentes coinciden en ello y no encuentro indicios en otro sentido. El peso fujimorista de Galarreta es una razón adicional para acentuar el enfoque pluripartidario que podría incluir al presidente de un partido tradicional que no saltó la valla, el PPC.

Carlos Neuhaus, presidente pepecista, participó en el debate técnico en el rubro de infraestructura. Se le convocó como un aliado con peso técnico propio. Ha sido voceado como posible ministro de Transporte, pero no encontramos muchas señales claras al respecto. Más señales se dan a favor de Rafael Rey, un viejo aliado del fujimorismo, para esa cartera. Si el elegido fuese Neuhaus, sería inevitable ver una suerte de alianza explícita, lo que nos aleja de la foto electoral y del rasgo ‘pluripartidario’ que reforzó Keiko en su discurso de entrega de credenciales el miércoles pasado cuando dijo que en su gabinete no importará ‘la militancia partidaria’. Es decir, no buscan alianzas partidarias sino amplitud política con base técnica.

Algunos ministerios quedarán en dominio naranja. Es probable que ello suceda con el sector Salud, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como con Essalud (el seguro social), adscrito a Trabajo. El médico José Recoba, quien participó en el debate técnico en el rubro Salud, u otro personaje ligado al partido, asumiría esa cartera. Marco Vinelli, aunque no es afiliado al partido, ya es un cuadro técnico orgánico a FP. Participó en el debate técnico en el área de agricultura, jefaturó al equipo de plan de gobierno y ahora está al mando de todo el proceso de transferencia. Es muy probable que se encargue del Midagri (Ministerio de Agricultura y Riego), si supera el escrutinio a las investigaciones abiertas por su pasado en ese mismo ministerio.

Los ministros en potencia, ya designados, se han comprometido a guardar silencio; incluso, se han cuidado de no aparecer ellos mismos en las comisiones de transferencia. Elmer Cuba, por ejemplo, en el bolo del MEF, ya no aparece como invitado frecuente para hablar de economía. Puede haber cambios de última hora; pero se mantendrá la idea del gabinete ‘pluripartidario’ inspirado en la amontonada foto de los pequeños rivales cuyos partidos sucumbieron en el matadero electoral.

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi precisó que José María Balcázar seguirá siendo presidente hasta el 28 de julio por lo que no existirá un vacío de poder. Pese a ello, deberá entregar la banda presidencial un día antes.

A través de su cuenta de la red social X, Rospigliosi confirmó que envío una comunicación a Balcázar anunciándole que sus funciones como congresista terminan el 26 de julio por lo que deberá dirigirse el 27 de julio al Congreso de la República para entregar la banda.

En consecuencia, deberá ser el nuevo presidente del Parlamento quien entregue la banda a la presidenta electa Keiko Fujimori el 28 de julio.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, escribió en su cuenta de X.

“Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y J. M. Balcazar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28″, agregó.

Ayer se hizo público el oficio mediante el cual Rospigliosi pide a Balcázar que se apersone al Parlamento a las 09:00 a.m. del 27 de julio, donde será recibido por el presidente del Congreso.

Mientras los días pasan y al gobierno interino de José María Balcázar cada vez le queda menos tiempo, los pedidos de gracia presidencial presentados por el sentenciado Pedro Castillo siguen su curso.

Y es que, como parte del trámite de las solicitudes de gracia común presentadas por el vacado exmandatario, la Dirección de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush) solicitó a la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) que remita información sobre el proceso que se siguió contra Castillo Terrones por el Caso del Golpe de Estado.

Actualmente, Castillo Terrones se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días -dictada en primera instancia- por el delito de conspiración para la rebelión por su fallido golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

El pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos solicitudes de “derecho de gracia común” planteadas por el Caso de Conspiración para la Rebelión (Expediente N° 39-2022) y otro por el Caso de Organización Criminal agravada, tráfico de influencias agravado, y colusión (Expediente N° 00005-2023). Este último aún se encuentra en investigación preparatoria.

Los pedidos se presentaron a través de Walter Ayala, abogado de Castillo, quien sustentó sendos pedidos de “gracia común” en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución, que habilita al presidente de la República a ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados, cuando la etapa de instrucción (investigación preparatoria en instancia judicial) haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

Según información obtenida por El Comercio, este lunes 20 de julio, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema recibió el Oficio.N°1101-2026JUS/DGAC-DGP remitido por la Comisión de Gracias Presidenciales, solicitando información del expediente N° 39-2022, vinculado al caso del golpe de Estado por el delito de conspiración para la rebelión.

El documento fue inicialmente remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia -que emitió la condena de primera instancia por el fallido Golpe de Estado-, instancia que elevó el documento a la Sala Suprema Penal Permanente, ya que el expediente se encuentra en dicha instancia a la espera de que se evalúe la apelación presentada por el sentenciado exmandatario contra su condena impuesta en este caso.

Según el informe judicial, la Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó: a) copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y, b) información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.

Además, la citada comisión solicitó al Poder Judicial precisar si la investigación preparatoria del caso ya concluyó o aún se encuentra en dicha etapa.

Fuentes señalaron que similar pedido se formuló al Juzgado de Investigación Preparatoria, sobre la investigación preparataria que se le sigue en el Expediente N° 00005-2023 donde es procesado por presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado, y colusión, por el Caso Puente Tarata, Provías y otros.

Según el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales en sus artículos 39.3 y 39.4, el pedido de informes o constancias a la sala o juez respectivo que procesa los casos del solicitante, se realiza después de que se “verifica el cumplimiento de las formalidades” de las solicitudes de “gracias comunes” planteadas. Es decir, que los pedidos no habrían sido observados.

Fuentes del Ejecutivo han reafirmado que Castillo Terrones no cumple con los requisitos exigidos para que se le otorgue la “gracia común” ya que en el Caso Golpe de Estado, su proceso ya no está en investigación preparatoria, sino en instancia de apelación de condena de primera instancia.

Y, en Caso Puente Tarata, Provías y otros, debido a que este expediente se procesa bajo los plazos establecidos para organizaciones criminales, el doble del plazo más su ampliatoria de la etapa de investigación preparatoria, aún se cumpliría en el 2032.

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el próximo 23 de setiembre la audiencia de “calificación” del recurso de apelación presentado por Pedro Castillo contra su sentencia de 11 años 5 meses y 15 días, por el Caso Golpe de Estado.

El Tribunal Supremo, presidido por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, sesionará a partir de las 9:00 de la mañana.

En dicha audiencia también calificará los recursos de apelación presentados por la expresidenta del Consejo de Ministros castillista, Betssy Betzabet Chavez Chino -quien se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Perú- y su exministro del Interior, Willy Huerta, luego de que fueran condenados por el mismo caso a 11 años 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión.

Además, se calificará las apelaciones presentadas por el exasesor de la PCM, Aníbal Torres a quien se le impuso 6 años y 8 meses de prisión efectiva, de Celestina Mamani Molinero por la nulidad de la compra de un inmueble de Chávez Chino; y la apelación de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la absolución de Manuel Lozada (ex jefe de la región policial de Lima), Justo Venero (ex jefe de la Unidad de Servicios Especiales) y Eder Infanzón (comandante PNP en retiro).

¿Qué significa la calificación del recurso? De acuerdo a la norma procesal, la Corte Suprema revisará -previamente- si las apelaciones de los sentenciados cumplen con las exigencias de forma y fondo para poder ser analizados.

Si el tribunal decide dar por bien concedida la apelación fijará otra fecha para la audiencia de fondo donde evaluará cada uno de los casos y las razones que llevaron a la imposición de sus respectivas condenas.

La Comisión de Gracias Presidenciales recibió la solicitud presentada por el expresidente Alejandro Toledo, a fin de que poder acceder a una gracia presidencial por razones humanitarias.

Fuentes consultadas por El Comercio señalaron que dicho grupo de trabajo, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush), ya recepcionaron los pedidos que fueron presentados hace dos semanas.

Tal como lo informó este Diario, las solicitudes fueron planteadas a través de la Dirección Penitenciaria del Penal de Barbadillo y también por medio de la presidencia de la República.

“Solicita la concesión del derecho de gracia común, y se atienda de manera prioritaria dada la edad y la relevante dimensión humanitaria concurrente en el presente caso”, se lee en la sumilla diriga al presidente José María Balcázar y presentada por mesa de partes el 16 de julio.

Si bien, a Palacio se ingresaron dos escritos, uno por el Caso Interoceánica Sur tramos Il y III. (Expediente N.° 00016-2017-214-5001-JR-PE-01) y otro por el Caso Ecoteva (ExpedienteN.° 7091-2014 -), el sustento de las solicitudes fue el mismo.

“Que la tramitación de dicho proceso excedió el plazo previsto en el citado precepto constitucional. A ello se añade la relevante dimensión humanitaria del presente, por la avanzada edad del solicitante y por las patologías médicamente acreditadas”, se indica.

Previamente, el 13 de julio también había ingresado similar pedido y a través de un formato, una gracia común, a través de la Dirección del Centro Penitenciario de Barbadillo, donde cumple condena.

“Por mi avanzada edad, supero los 81 años y me encuentro en un delicado estado de salud agravada por las condiciones del penal”, se lee en formato penitenciario de solicitud de derecho de gracia común.

La tramitación del caso seguirá las etapas establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Esto es, se le deberá asignar un número de expediente, la Secretaría Técnica verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, si no cumple en este aspecto se declara su inadmisibilidad y el solicitante tendrá 20 días para subsanar el mismo.

En octubre 2024, el exmandatario fue condenado a 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos en el Caso Odebrecht. Y, en setiembre del 2025 su objeto de una segunda condena por el Caso Ecoteva de 13 años y 4 meses por el delito de lavado de activos.

Carlos Torres Caro, quien fue designado por Toledo Manrique como el abogado que se encargará del pedido de gracia presidencial y su tramitación, señaló que se encuentran a la espera de “buenas noticias”.

Sin embargo, teniendo el cuenta que el pedido recién ha ingresado al trámite ante la Comisión de Gracias presidenciales y solo falta una semana para que concluya el gobierno del presidente interino José María Balcázar, la solicitud de gracia presidencial terminaría siendo resuelta por el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Mientras en la vía política no habría luces de que Toledo Manrique pueda tener una respuesta durante el gobierno interino de José María Balcázar, en la vía judicial también deberá esperar hasta setiembre -y quizá más- para tener una respuesta ante su pedido de ser excarcelado.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el próximo 14 de setiembre la audiencia de calificación del recurso de casación interpuesto por el sentenciado expresidente Alejandro Toledo, para poder ser excarcelado.

El exmandatario, en su pedido, ha requerido al colegiado supremo que se aplique la Ley 32181, que prevé el arresto domiciliario para personas mayores de 80 años.

De acuerdo a información judicial, en dicha sesión, el tribunal analizará si el pedido de Toledo Manrique tiene o no un tema de fondo que el Poder Judicial precise o establezca como línea jurisprudencial.

El mismo pedido, en primera y segunda instancia, fue desestimado al establecerse que se debe contar con una sentencia consentida para acceder a dicho beneficio.

La Ley 32181, aprobada y promulgada en diciembre del 2024, modificó el artículo 22 del Código Penal, estableciendo que los mayores de 80 años podrán afrontar su condena en arresto domiciliaria, por razones humanitarias.

En declaraciones anteriores, Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, aseguró a este Diario que la citada ley no establece como requisito la existencia de una sentencia ejecutoriada para su aplicación.

Por ello, dijo confiar que la Sala Suprema analice su recurso de casación y establezca que su patrocinado sí puede beneficiarse de dicha norma.

En su pedido han señalado que el sentenciado expresidente puede ser excarcelado y cumplir su condena en su vivienda, mientras se resuelven las apelaciones a sus sentencias.

De acuerdo a información judicial, Toledo ha solicitado que su caso sea tratado con prioridad por razones humanitarias.

“Tengo un problema cardíaco (…) Tengo cáncer, un problema de ansiedad aguda. Un problema de incontinencia urinaria, de vez en cuando pierdo sangre. Le pido de todo corazón por razones humanitarias, enfermedad y edad, le pido por favor que atiendan mi pedido”, señaló Toledo en una audiencia pública previa. Actualmente, Toledo Manrique tiene 81 años de edad.

La Corte Suprema ha precisado que los casos se analizan de acuerdo al orden de ingreso, por ello, el pasado 17 de julio señaló fecha para calificar el recurso planteado en setiembre próximo.

Los seis partidos políticos que tendrán presencia en el nuevo Congreso bicameral registran la representación más baja a nivel de votación, en al menos 26 años de historia parlamentaria. Tanto los votos obtenidos por los partidos en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores no superan el 35% de los electores hábiles para las elecciones generales que se realizaron el pasado 7 de junio.

Hasta la elección del 2021, la representación de las agrupaciones políticas que lograron escaños en el Congreso unicameral no había bajado del 40%. Dado que estamos ante un nuevo período bicameral, el análisis se realizó por cada cámara. En la de diputados, donde la composición de 130 miembros es igual a la de los períodos unicamerales, la representación de los seis partidos que tendrán escaños llega al 33,65%, mientras que en la de senadores, la cifra es similar con un 35,63%.

Otro indicador de la baja representación política para el nuevo mandato parlamentario se observa en las votaciones de los diputados. En 20 de las circunscripciones, los diputados electos registran la menor votación vista desde 1995.

En algunos casos, se registran casos de congresistas que regresan a una curul con una votación incluso menor que la obtenida en anteriores procesos electorales. Mery Infantes, reelecta con Fuerza Popular por Amazonas, obtuvo 1.131 votos menos de los que sacó en la elección del 2021.

Carlos Domínguez, diputado electo por Áncash por Fuerza Popular, obtuvo en el 2016 en total 24.088 votos, y para esta elección solo consiguió 3.920. Similar es el caso de su colega fujimorista Milagros Takayama, quien presenta 13.346 votos menos que en la elección de hace 10 años.

Existen cuatro diputados que resultaron elegidos con menos de 2.000 votos. Si tomamos en cuenta la valla a 5.000 votos, suman 13 los diputados que se encuentran por debajo de ese margen.

En el Senado regional, son solo seis los parlamentarios que lograron un escaño con menos de 5.000 votos.

Las cifras analizadas muestran que, desde el 2016, ningún Parlamento ha vuelto a representar a la mitad del electorado. “Lo del 2026 no sería una caída, es la consolidación de una tendencia de los últimos 10 años”, explicó Martín Cabrera, abogado especialista en asuntos parlamentarios.

Tras revisar las cifras detectadas por El Comercio, Cabrera puso énfasis en algunos puntos que deben tomarse en cuenta para el período parlamentario que se iniciará en agosto próximo: 1. Dos de cada tres peruanos hábiles no tienen hoy un partido con escaño que los represente; y 2. Los partidos que sí entraron no tienen ‘base político-partidaria’ relevante detrás (por la baja representación de sus padrones electores; es decir, son franquicias electorales que ganan curules sin militancia real.

“En mi tierra, Tumbes, la diputada electa María Ramos entró con 1.275 votos preferenciales; en Amazonas, Mery Infantes se reeligió con 1.444. La legalidad de sus credenciales está fuera de duda; su respaldo social, no. Y como he venido sosteniendo: legalidad no es legitimidad”, apuntó Cabrera.

La baja legitimidad también puede significar problemas en la gestión parlamentaria. Así lo interpretó el propio Martín Cabrera, quien apuntó a los primeros problemas que pueden surgir por la falta de consensos en votaciones sensibles, y el posible fraccionamientos en las bancadas que no representan a partidos estructurados.

“El bicameralismo debuta sin colchón de legitimidad. La ciudadanía no va a distinguir entre el nuevo sistema y los nuevos parlamentarios. Si los primeros meses se parecen a los últimos años, la factura no la pagarán solo los elegidos: la pagará el modelo bicameral, que es una reforma que el país necesitaba”, indicó el director de IPOC Consultores.

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), advirtió que “el indulto” al exmandatario Pedro Castillo “sería absolutamente ilegal y contraproducente”, al ser consultado por la llamada que le hizo el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al jefe de Estado, José María Balcázar, a través de la cual le sugirió liberar al docente.

“El indulto a Pedro Castillo sería absolutamente ilegal, contraproducente y creo que no va a ocurrir. No hay manera que el presidente [Balcázar] pueda indultarlo, porque es un sentenciado en primera instancia, que ha apelado a la segunda instancia y sería ilegal que lo indulten”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

En noviembre último, el profesor fue sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del golpe de Estado que anunció en televisión nacional el 7 de diciembre de 2022.

Rospigliosi remarcó que las solicitudes de indulto y de gracia presidencial presentadas por Castillo y sus abogados deben ser resueltos por el nuevo gobierno y no por la administración de Balcázar, a la que ya le restan solo cinco días.

“Por el siguiente [Ejecutivo]. Este gobierno no tiene por qué tomar una decisión, porque no puede. Además, desde el punto de vista legal, si lo hace cometería una ilegalidad”, subrayó.

La Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitó recientemente a la Corte Suprema de Justicia remitir información sobre el proceso que se le siguió a Castillo Terrones por el golpe de Estado de perpetró.

En sus dos últimos pedidos de gracia presidencial, el expresidente, a través de su abogado Walter Ayala, busca dejar sin efecto la condena por conspiración para la rebelión y también la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata. El exministro de Defensa argumentó que en ambos casos se ha excedido del tiempo la etapa de instrucción.

No obstante, fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que, a raíz de la condena al exmandatario por conspiración para la rebelión, se colige que la solicitud no cumpliría con el supuesto de la recomendación del derecho de gracia común. ¿La razón? El proceso contra el profesor ya superó la etapa de investigación preparatoria.

Sobre el fallo que dictó prisión preventiva contra Castillo por el Caso Tarata y otros, las mismas fuentes indicaron que al ser investigado por presunta organización criminal, el Ministerio Público tiene mayor plazo para realizar la pesquisa. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 342, numeral 2, del nuevo Código Procesal Penal, cuenta, inicialmente, con 36 meses.

Y este plazo se puede prorrogar por 36 meses más, si es concedido por el juez de investigación preparatoria. Agregaron que, en el caso del expresidente, la exigencia del artículo 118 de la Constitución, invocada por la defensa del docente, recién se podría aplicar a partir de marzo de 2032.

Otras fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que una eventual salida del actual ministro de Justicia Luis Jiménez Borra debe ser vista como “una señal de alerta” de que el indulto o la gracias presidencial común a Castillo va en serio.

Pide que Balcázar entregue la banda presidencial

Rospigliosi-a través de una carta, a la que tuvo acceso El Comercio-le informó al presidente Balcázar que su mandato concluye el 26 de julio, en “conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios”.

El presidente de la Mesa Directiva en funciones le solicitó al mandatario que entregue el lunes 27 de julio la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso bicameral, que lo recibirá ese día a las 9 a.m., con la finalidad de “preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país”.

“Fuera de lugar”

Rospigliosi consideró como “fuera de lugar” la propuesta de Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, para que Fuerza Popular no dirija ninguna de las dos cámaras del nuevo Congreso.

“Me parece que está fuera de lugar decir que el partido de gobierno no debe ocupar la presidencia de las cámaras. El gobierno que inicia el 28 de julio requiere respaldo para tomar medidas inmediatas sobre el fenómeno de El Niño, seguridad ciudadana y economía”, manifestó en “Siempre a las 8 con Milagros Leiva”, video podcast de El Comercio.

El presidente del Congreso en funciones recordó que en el primer gobierno de Alberto Fujmori (1990-1995), sin que este tenga mayoría, “se eligió a miembros de su grupo para las presidencias” de las cámaras. Y que lo mismo sucedió en el Parlamento unicameral en las administraciones de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

“Lo normal es que el partido de gobierno, o la primera minoría como es Fuerza Popular en ambas cámaras, asuma ese rol. Esperamos tener un quinquenio de estabilidad con este parlamento bicameral”, expreso.

De otro lado, el presidente de la Mesa Directiva dijo que él no firmó un nuevo acuerdo con el sindicato de trabajadores del Congreso para darles nuevos beneficios laborales, sino “una comisión”.

“Pero era inevitable porque son derechos adquiridos que venían de años atrás; si los quitas, te arman un proceso judicial. Es una cachetada a la pobreza y un exceso, lo reconozco. Espero que con la bicameralidad y menos bancadas esto se corrija y no se repita”, complementó.

Según informó “Punto Final”, el desembolsó en remuneraciones en el Parlamento pasó de S/402,9 millones en el 2021 a S/906,2 millones en el 2025. Es decir, más del doble que al inicio de este Congreso. Además, el referido dominical dio cuenta que los trabajadores legislativos reciben bonos mensuales por movilidad y alimentos.

La administración de Rospigliosi, además, se negó a entregar al programa de TV los últimos acuerdos suscritos, al señalar que los documentos no se encontraban en su archivo. Esto ante una solicitud en amparo de la Ley de Transparencia.

La intensidad de la campaña electoral, entre enero y junio, parecía proyectar una segunda mitad algo más calmada. Así, las nuevas autoridades se concentrarían en atender necesidades urgentes, antes que distraerse con los vaivenes políticos. Sin embargo, no será así.

Por lo pronto, es importante recordar de dónde venimos: una década perdida, un severo deterioro del capital político en toda la extensión del término, presidencias breves y dependientes del Legislativo, burocracias débiles y proclives al favor político, actores políticos indolentes o distraídos por usufructuar del poder o por defenderse de embestidas judiciales, justificadas o no. Ciertamente, hay excepciones, pero son las menos.

Así, no sorprende que el reciente proceso electoral haya sido normado, mayormente, por reglas que carecían de sentido. Tampoco lo fue que las autoridades electorales encontraran salidas a sus propios estropicios con respuestas que empeoraban la situación, como la denuncia penal presentada en la misma jornada de la primera vuelta o, recientemente, con la decisión que liberó a Rafael López Aliaga de asumir una responsabilidad a la que postuló voluntariamente.

Finalmente, y para rizar el rizo, los resultados del balotaje tuvieron que esperar varias lunas hasta ser confirmados. Así, mientras un candidato se proclamaba victorioso, muchas personas, con habilidades numéricas, proporcionaban información procurando brindar claridad a quienes debían transmitirla.

Dejando todo esto atrás y aprovechando este breve receso, la presidenta electa, Keiko Fujimori, ha sostenido numerosas reuniones que le permitan perfilar un Gabinete. Sí llama la atención el marcado hermetismo que caracteriza esta diligencia. No obstante, esto no ha impedido identificar a alguno de sus integrantes.

En algunos frentes, la identidad de los presuntos convocados ha prolongado el alivio que significó la elección de Fujimori. Frente al difícil pasado reciente, el optimismo parece justificado.

Pero los desafíos son particularmente exigentes. Si como sabemos, el grueso de la experiencia del nuevo Ejecutivo proviene de los ámbitos congresales, el partido de gobierno tendrá que aprender a pedir ayuda, algo que ya se ve en los refuerzos convocados, o aprender del ensayo-error, lo que podría tomarle varios meses en una coyuntura por demás adversa.

En todo caso, la única certeza es que el país deberá afrontar una serie de retos en diversas áreas: economía, seguridad, clima, geopolítica, etc., y que de poco servirá esa prospectiva pendular que ve el futuro inmediato entre el retorno al autoritarismo y al copamiento institucional, y la reedición de un trunco “gobierno de lujo”. En todo caso, necesitamos que el hermetismo de hoy se traduzca en resultados mañana.

“Si te encausan indebidamente, y te sentencian con pena efectiva, solo para perseguirte, tienes que escaparte pues”, con estas palabras el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez defendió la decisión de Vladimir Cerrón de haberse mantenido en la clandestinidad y no ponerse a derecho cuando el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por los casos que se le imputan.

Tras la resolución del Tribunal Constitucional en la que el máximo intérprete de la Constitución declara nula las decisiones judiciales que mantenían la orden de prisión preventiva contra Cerrón, Gutiérrez opinó que el exgobernador de Junín se encontraba sufriendo una “persecución política” por lo que tuvo que fugarse.

“¿Y qué querías que esté en prisión? ¿ese es el fin lícito?”, dijo en una entrevista con RPP Noticias, cuando fue cuestionado sobre si esa decisión acaso no significaba un riesgo de que cualquier otro procesado decida accionar del mismo modo evadiendo con ello a la justicia.

“Un momentito, vamos a hablar de actos nulos, de actos que nunca debieron haberse cometido. Es decir, si la imputación de un tipo penal, no lo es, y te encausan indebidamente, y te sentencian con pena efectiva, solo para perseguirte, tienes que escaparte pues, porque estas sufriendo una persecución”, sostuvo.

“Nosotros defendemos derechos fundamentales y yo lo que he visto es la instrumentalización del sistema de justicia con fines persecutorios, no lo digo solo en el caso Cerrón, lo puedo decir en mil casos y ahora más con pruebas”, agregó.

El defensor del Pueblo opinó del mismo modo para el caso de Ollanta Humala, para quien -según su opinión- debieron dejar en libertad “hace mucho tiempo”.

“Absolutamente. Hace mucho tiempo (debería estar libre Ollanta Humala). Desde el mismo momento que el Tribunal Constitucional dice que eso que le han juzgado a esa señora (Keiko Fujimori) no es delito, ¿entonces el otro por qué está todavía en cárcel, si es lo mismo?”.

Tribunal Constitucional: Vladimir Cerrón no tenía “derecho” a fugarse

Gutiérrez confirmó que la Defensoría del Pueblo se presentó como amicus curiae en el caso de Vladimir Cerrón y en el caso de Martín Vizcarra, pero no en el de Ollanta Humala.

TC: No tenía derecho a eludir a la justicia

Sin embargo, cabe señalar que el Tribunal Constitucional precisó que Vladimir Cerrón no tenía derecho a sustraerse de la acción de la justicia.

“Cabe señalar que no existe un derecho fundamental de ‘resistencia’ que permita al imputado eludir la acción de la justicia. En realidad, ante la existencia de una resolución judicial, las autoridades estatales están en la obligación de hacerla cumplir y, por otro lado, el procesado tiene un deber jurídico de apersonarse al proceso y respetar las decisiones jurisdiccionales.”, señala el fallo en mayoría de los magistrados Helder Domínguez (presidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.

Desde que Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023, distintos altos funcionarios del Ejecutivo han asegurado públicamente que su captura era una prioridad.

Sin embargo, pese a los reiterados anuncios, el líder de Perú Libre permaneció prófugo durante casi tres años, en medio de sucesivos operativos fallidos, denuncias de filtraciones y sospechas de protección desde distintos niveles del Estado.

El exgobernador regional de Junín ahora podrá salir de la clandestinidad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC). Como se recuerda, Cerrón permaneció prófugo de la justicia desde aquel 6 de octubre luego de haber sido sentenciado por corrupción por el Caso Aeródromo Wanka.

Desde esa fecha, nunca dio la cara a la justicia y, más bien, se burlaba de ella a través de mensajes en sus redes sociales y apariciones virtuales sorpresivas en eventos partidarios.

Aunque la condena que motivó su condición de prófugo fue anulada por la justicia en diciembre del 2024, los múltiples procesos judiciales y las órdenes de captura en su contra llevaron a Vladimir Cerrón a mantenerse oculto, en lugar de ponerse a disposición de las autoridades.

El fallo del TC, que beneficia al perulibrista anula las resoluciones judiciales que impusieron y mantuvieron su orden prisión preventiva y ordena que el Poder Judicial dicte una medida menos gravosa para garantizar su presencia en el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, por el Caso Dinámicos del Centro.

En los días posteriores a la fuga de Cerrón, Alberto Otárola, entonces primer ministro, sostuvo que el exgobernador debía ponerse a derecho y aseguró que la Policía estaba desplegando todos sus esfuerzos para ubicarlo.

Incluso afirmó que esperaba “noticias importantes” sobre su captura en las siguientes horas. No obstante, un mes después intentó justificar la permanencia de Cerrón en la clandestinidad al señalar que percibía que el líder perulibrista tenía “mucha protección”, posiblemente incluso desde la propia Policía y de otros agentes.

Su sucesor en el cargo, Gustavo Adrianzén, mantuvo la misma línea. Durante su gestión reiteró que la búsqueda del líder de Perú Libre “no cesaba” y que tarde o temprano sería capturado, aunque admitió que no podía fijar un plazo para lograrlo. También expresó que le causaba “gran malestar” que Cerrón continuara prófugo y aseguró que sería detenido “sin importar quién o quiénes lo estén protegiendo”.

Otárola y Adrianzén fueron hombres de confianza de Dina Boluarte, quien en su momento mantuvo una estrecha relación política con Vladimir Cerrón. De hecho, integró la plancha presidencial de Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia en las elecciones de 2021.

Otro líder que se pronunció al respecto fue José Jerí, quien tras asumir funciones como presidente encargado, afirmó que se había dispuesto la captura de todas las personas que mantenían cuentas pendientes con la justicia, incluyendo a Vladimir Cerrón.

En contraste, José María Balcázar, sucesor de Jerí, evitó pronunciarse sobre la captura de su líder. Consultado públicamente sobre Cerrón, respondió: “Por supuesto que es mi amigo”.

Mientras estos pronunciamientos se sucedían, la captura nunca se concretó.

En diversas oportunidades, la Policía informó que estuvo cerca de intervenir a Cerrón, pero que siempre lograba desaparecer antes de los operativos.

Como se recuerda, el 6 de octubre de 2023, luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmara la sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva contra Cerrón, la policía acudió al inmueble de Lince que este había consignado como su domicilio en Lima para ejecutar la orden de captura. Sin embargo, su paradero ya era desconocido.

Posteriormente, la Policía Nacional informó que la orden de captura fue notificada a los agentes seis horas después de emitida, pese a que la audiencia judicial en la que se confirmó la condena había sido transmitida en simultáneo a todo el país.

Además, tal como evidenció El Comercio en un informe, la fiscalía superior anticorrupción de Junín, a cargo de sustentar el caso en la segunda instancia, no solicitó ninguna medida para asegurar la captura del hombre fuerte de Perú Libre, pese a que 15 días antes se sabía públicamente que ese día la sentencia por corrupción podía ser confirmada por la sala.

Desde entonces, ninguno de los operativos realizados por la Policía logró dar con su paradero, pese a que los sucesivos gobiernos aseguraban que su captura era una prioridad.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, transcurrieron las gestiones presidenciales de Dina Boluarte, José Jerí y el actual mandatario, José María Balcázar.

En ese mismo período pasaron seis presidentes del Consejo de Ministros —Alberto Otárola, Gustavo Adrianzén, Eduardo Arana, Ernesto Álvarez Miranda, Denisse Miralles y el actual premier Luis Arroyo— y nueve ministros del Interior: Vicente Romero, Víctor Torres Falcón, Walter Ortiz, Juan José Santiváñez, Julio Díaz Zuloeta, Carlos Malaver, Vicente Tiburcio, Hugo Begazo y José Zapata.

En noviembre del 2023, el general Luis Flores, entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), reveló que Cerrón estuvo a punto de ser intervenido en tres oportunidades, pero cuando se iba a ejecutar la medida “ya había desaparecido”.

¿Qué sucedió? ¿quiénes lo ayudaron? El jefe policial declaró que gente “influyente” habría estado “protegiendo” al exgobernador de Junín y, si bien evitó detallar quiénes serían esas personas, aseveró que posiblemente hubo policías implicados por lo que han hecho rotación del personal y trabajan el caso “con mayor reserva”.

“No podría decirlo [quiénes lo protegen], pero es notorio, cuando nosotros estamos detrás de él, se desaparece, hay gente muy influyente que lo está protegiendo [...] Ya hemos estado detrás de él tres veces, cuando lo íbamos a intervenir, ya había desaparecido”, aseveró.

“En todos sitios [hay gente que le avisa], en la policía y en diferentes sitios. Hemos hecho rotación de policías y trabajamos el caso con mayor reserva”, dijo.

En enero del 2024, la PNP realizó una nueva operación de búsqueda y captura de Cerrón. En esa ocasión, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) ingresaron al condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Asia. Sin embargo, el exgobernador regional de Junín no fue hallado.

Un mes después, el cofre presidencial fue visto cerca del condominio. Según un audio atribuido al exministro del Interior Juan José Santiváñez, el auto habría sido utilizado para trasladar a Cerrón. Esto derivó en la investigación fiscal conocida como Caso ‘Cofre’.

La entonces mandataria Dina Boluarte negó que Cerrón haya usado el ‘cofre’, vehículo asignado al Despacho Presidencial, para escapar de las autoridades: “Mentes siniestras -parecen Chuky con su novia- andan fabricando estas historias de terror, andan creando historias de terror. Al Perú le digo: el cofre presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón”.

Tiempo después, el general Óscar Arriola, quien en el momento del operativo en Mikonos ostentaba el cargo de director Nacional de Investigación Criminal de la PNP, afirmó que en realidad nunca hubo la certeza de que el prófugo estuvo en el lugar, solo información que hacía suponer su presencia.

“Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación [...] tengo un alto porcentaje de probabilidad de que [Vladimir Cerrón] no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, afirmó ante la Comisión de Fiscalizaciuón del Congreso, en octubre del 2024.

Según el relato del general, la génesis del operativo estuvo en la información que les brindó la DINI, la principal agencia de inteligencia del gobierno, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y provee información a Palacio de Gobierno. “Vino de una fuente humana que era manejada por la DINI. Las fuentes humanas son reservadas”, aseveró.

“Asistimos a una reunión que vienen trabajando los equipos, desde el campo nosotros y ellos desde la inteligencia, y tienen ya una información procesal, lo que se conoce como inteligencia, para poder actuar [...] Nosotros fuimos convocados por la DINI para hacer la operación”, precisó.

Esa información fue complementada con precisiones de “carácter tecnológico” para ubicar a Vladimir Cerrón en ese lugar y con el dato de que “algunos personajes” lo acababan de trasladar a ese lugar desde otro condominio en la misma zona.

“La información venía así: que sabían que había un operativo en ciernes, que lo iban a capturar. Entonces llegaron a las 4 de la mañana [del 14 de enero] y lo sacaron del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio Mikonos”. Incluso concluyeron que estaba en el sector D del lugar y determinaron hasta el número del departamento.

Con esa información “caliente”, primero realizaron acciones de inteligencia en el lugar y luego decidieron intervenir con agentes el Grecco y de la propia DINI. El operativo se inicia el martes 16 de enero alrededor de las 9 p.m. “Dimos cuenta de esta operación 16 minutos antes de realizarla. Por lo menos yo al [entonces] comandante general de la PNP, Jorge Angulo.

Una vez allí, explicó que, a pesar de no tener órdenes de allanamiento, pudieron ingresar a los departamentos con autorización de los propietarios. Sin embargo, no pudieron encontrar al prófugo. “Registramos hasta las 6:30, 7 a.m,. cuando empiezan a aparecer algunos medios de comunicación”.

“Si es tan certera la información, si es tan clara, categórica, potente, no se puede ir de acá. Convocamos más fuerzas para los lugares de acceso hacia Asia pueblo, hacia la Panamericana y el mar, que estaba completamente llena de agentes de inteligencia. Los de inteligencia, en la playa, y los otros en los lugares de acceso”, detalló.

Agregó que las acciones también incluyeron revisar las cámaras de seguridad del ingreso principal y del ingreso por la playa, tanto de ese día como de los días en que supuestamente fue llevado desde el otro condominio, siempre con los mismo resultados. Para entonces, según Arriola, ya había indicios de que en realidad el prófugo no estuvo en el lugar.

“Cuando uno interviene una casa y el objetivo estuvo ahí, hay ciertas características. A veces la cama está caliente, dependiendo de la hora. Las cosas del refrigerador están ahí, hay algunos objetos personales de la persona. No hay nadie, pero se nota con claridad que acaban de salir porque algo pasó. Entonces, empezamos a mirar un poco más detenidamente”

Arriola también indicó que pidió hablar personalmente con la “fuente humana” de la DINI, pero no fue posible.

“Estuvimos en la zona unos tres días más, hasta el 20 de enero, a tiempo completo. Rentamos una habitación [...] Estábamos alojados en un inmueble, verificando que no vayan a llegar algunos yates. Como era verano, nos valimos para que en estas rondas que hace la policía aérea, destine helicópteros para Asia, de mayor presencia en Asia”.

Poco después del fallido operativo, el gobierno de Dina Boluarte decidió realizar cambios en las cabezas de la DINI y del alto mando de la PNP. Así, el general Jorge Angulo fue removido como comandante general y Óscar Arriola terminó recibiendo su ascenso hasta ser jefe del Estado Mayor.

Precisamente con el general Jorge Angulo Tejada como comandante general de la PNP (entre marzo del 2023 y enero del 2024) hubo por lo menos cinco operativos que se frustraron porque se habría filtrado información a Cerrón. Tras la salida de Angulo de la PNP se llevaron a cabo otros cuatro operativos en distintas ciudades, según fuentes de El Comercio.

Finalmente, en una entrevista con este Diario, Angulo respondió por primera vez sobre este asunto.

Cuando se le preguntó quiénes podrían estar detrás de la filtración de información de los operativos para capturar al exgobernador, contestó: “Sospechamos que altas esferas del gobierno [de Dina Boluarte] están protegiendo al señor Cerrón. No hay otra salida porque qué interés podría tener algún otro organismo [...] que no esté en el gobierno [para] que no se le capture”.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que invitará oficialmente a los integrantes de BTS a visitar el Palacio de Gobierno en octubre, mes que la banda surcoreana pisará suelo peruano para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Arirang”.

Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Fujimori comentó que su equipo de gobierno permanecerá atento a la llegada de BTS. Además, indicó que ya viene preparando una recepción especial para los integrantes de la agrupación, con la intención de ofrecerles una bienvenida similar a la que recibieron durante su visita a México, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“BTS, de este gran grupo coreano. Vamos a estar atentos a su llegada. Bueno, primero, que nos confirmen las fechas; y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea”, dijo la presidenta electa a través de un video en su cuenta de TikTok.

@03rdstrike Nuestra Presidente Keiko Fujimori recibira a BTS en Palacio de Gobierno... #bts #btsarmy #keiko #army #peru ♬ sonido original - 3rd Strike

Además, recordó que este pedido parte de una promesa que realizó a las fans de BTS. “Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo mi promesa, no se preocupen, chicas”, agregó Fujimori.

El anuncio se produce en un contexto de gran expectativa por el regreso de BTS a sus actividades como grupo, luego de que sus integrantes concluyeran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS en Perú

Como se sabe, BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Para sus presentaciones en nuestro país se espera un despliegue de producción de gran escala con el escenario en formato 360° para que los fans de todos los sectores puedan disfrutar del show sin inconvenientes.

Además, la preventa de entradas en Perú logró un reto histórico, donde más de 521 mil fans hicieron extensas colas virtuales para obtener un boleto a los esperados conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.