Luis Arroyo no se propone perdurar en el recuerdo -¿cómo lo haría el último PCM del quinquenio más inestable del Perú contemporáneo?- sino durar hasta julio. Dos mesecitos pasando piola.

El problema de Luis es que no le gusta dar la cara para exponer explicaciones satisfactorias y excusas tranquilizadoras; que es la mejor manera de capear temporales. Él espera que otros lo hagan por él. Si lo ponemos en el candelero, es por omisión; no por sus dichos y gestos. Los primeros ministros son bomberos y este no es la excepción pues no dudo que se aboque a apagar incendios; pero también son voceros, y ahí es donde el Gral. Arroyo sufre de parálisis. No hace mucho tuvimos otro primer ministro débil, Ernesto Álvarez, pero fue cubierto por la presencia mediática de José Jerí, y sí dio algunas entrevistas.

El lunes Arroyo estuvo citado en la Comisión de Defensa para explicar su papel en la crisis de la compra de los F 16. Se excusó de forma seca y administrativa, aduciendo un “cruce de actividades” en su agenda. No puedo asegurarles que el primer ministro simplemente quiso quitar su parte trasera a la jeringa, pues si ese fuera el rasgo definitorio de su condición humana, no hubiera aceptado ser PCM; pero sí es evidente que le aterra la inquisición en público. Por eso, se prodiga tan poco en entrevistas y eventos.

Pensemos, mejor, que evaluó asistir al interrogatorio congresal pues temió que, además de los F 16, le preguntaran por la reciente tragedia de Colcabamba, en la provincia huancavelicana de Tayacaja, y que el lunes pasado aún era un rompecabezas cuyas piezas no terminaba de armar. Una patrulla del Ejército, en una zona próxima pero fuera del área de intervención conjunta de las FFAA y la PNP en el VRAEM, hizo un operativo que acabó en la muerte de 5 civiles que fueron anunciados como narcoterroristas. Todo dio un giro cuando la fiscalía abrió investigación por asesinato y se conocieron testimonios que cuestionaron la versión oficial.

Cuando, por fin, el martes, el gobierno tenía algo que decir sobre ese triste episodio de Colcabamba, ¿habló Arroyo? No, el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, se ofreció a asistir a una próxima sesión de la Comisión de Defensa, para hablar de los F 16 y de lo ocurrido en Huancavelica.

Flores trabajó bajo el mando de Arroyo hasta el 17 de marzo, cuando este dejó el Mindef por la PCM. Luis no tiene voz de mando en público pero al menos la tiene en Palacio, la suficiente como para disponer que otro ministro saque la cara por él.

Mientras rogamos que José María Balcázar no hable más citando a su autor de cabecera -el controversial filósofo español Antonio Escohotado- y nos meta en problemas con Israel, con Alemania y con el mundo; exigimos a Arroyo lo contrario: que hable, explique, aclare, tranquilice. Poco puede decir sobre las elecciones pues casi nada puede hacer por ellas; pero por lo menos que declare sobre la agenda y las urgencias del Ejecutivo.

La crisis de los F 16 se cerró con un vacío de poder del que Arroyo, ex jefe del Indeci y por lo tanto experto en emergencias, fue responsable por omisión.

Dos ministros, Carlos Díaz Dañino, su sucesor en Defensa, y el canciller Hugo de Zela, tuvieron que renunciar ante la persistente actitud de Balcázar de desconocer el contrato ya firmado con Lockheed Martin.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, desde su cancha ajena, fue quien dio el anuncio de que el primer pago ya se había hecho y por lo tanto, la compra regía. Luego de eso, recién Arroyo emitió un farragoso pronunciamiento validando lo dicho por Rospigliosi, dando por cerrada -solo para entendidos- la crisis.

En los relatos de los dos ministros renunciantes, Arroyo aparece como un despistado premier que no atinaba ni a convencer al presidente de conciliar con ellos para retenerlos; ni a copiarles el gesto provocando la crisis total del gabinete.

Superada esa crisis de gobierno la atención vuelve a estar en el foco electoral, a gusto de Luis. Pero hay mucha agenda del Ejecutivo por explicar, desde el lío de las becas del Bicentenario hasta el balance de lo que encontrará el sucesor(a) y cómo vamos en la lucha contra el crimen.

Podemos entender que Arroyo no se apure por salir a traducir qué barbaridad quiso decir Balcázar sobre el pueblo judío ‘provocando’ el holocausto, pues eso se lo dejó al canciller Carlos Pareja. Pero, vamos, vendría bien que comparezca en entrevistas o que enfrente al enjambre de micrófonos tras algún evento, para darnos tranquilidad en este trance de primera vuelta inacabable que, para remate, es el preludio de otro trance.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que ha dispuestp una “auditoría informática integral y exhaustiva” al proceso electoral realizado el último 12 de abril, con la finalidad de reforzar la transparencia y la confiabilidad de los resultados. “Se ampliará el Comité Académico con especialistas independientes en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas”, indicó el organismo, mediante un comunicado.

El JNE precisó que esta medida tiene como objetivo “elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables”.

La auditoría contará con el acompañamiento de un comité conformado por profesionales externos, que emitirá “opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas” para robustecer las elecciones 2026.

Desde el JNE explicaron que el comité “no mantiene vínculo institucional con el JNE, asegurando así la emisión de criterios objetivos, autónomos y sustentados en evidencia técnica”.

Además, detallaron que promoverán la participación de expertos nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación institucional, con el objetivo de garantizar una revisión técnica “imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales”.

El comité fue creado mediante la Resolución N° 00206-2025-P/JNE y tiene como finalidad “aportar análisis técnico y jurídico en la formulación de acciones, estrategias y propuestas en materia electoral”.

A su vez, La autoridad electoral aseguró que “continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026”.

El JNE asegura que su decisión busca garantizar la legalidad del proceso y que sus resultados sean “plenamente verificables, auditables y confiables para la ciudadanía”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció sobre el sistema tecnológico que presentó fallas y no pudo ser utilizado en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, para recordar que la mayoría de partidos políticos participaron en las auditorías que demostraron que estaba operativo y estable.

Según su comunicado del 2 de mayo, estas revisiones determinaron que la herramienta denominada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) operaba en condiciones adecuadas y confiables para el sufragio.

ONPE recordó que el pasado 25 de marzo, representantes de 22 agrupaciones políticas asistieron a una sesión informativa en la sede central de la ONPE, donde los especialistas explicaron el funcionamiento informático y entregaron el código fuente de los sistemas a los técnicos partidarios.

#ONPEinforma | En relación al Sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026, comunicamos lo siguiente.

Más información aquí:

✅️ https://t.co/ioEEROcCTo
✅️ https://t.co/sQZsdGJ6Z2
✅️ https://t.co/D5A6bWmM2H
✅️https://t.co/JIC0J8S4Lv pic.twitter.com/GZtROMsjc3

— ONPE (@ONPE_oficial) May 2, 2026

Los partidos políticos que participaron fueron Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Partido SíCreo; Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso; Perú Moderno; Progresemos; Partido Político Nacional Perú Libre; Partido Político Perú Primero; Partido Demócrata Verde, Partido Político Integridad Democrática; Partido Democrático Federal; Partido Político Perú Acción; Partido Morado; Partido Político Cooperación Popular; Partido País para Todos; Avanza País – Partido de Integración Social; Ahora Nación – AN; Fe en el Perú; Partido del Buen Gobierno; Alianza para el Progreso; el Frente Popular Agrícola FÍA del Perú (FREPAP) y la alianza Unidad Nacional.

La empresa M&T International evaluó el software mediante una auditoría externa de 168 días y los resultados finales señalaron un desempeño estable de la herramienta y avalaron su uso para los comicios generales.

El organismo electoral ejecutó un simulacro oficial el 5 de abril para verificar la transmisión segura de datos. En esta actividad participaron delegados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría y misiones internacionales como el Centro Carter. Los técnicos de diversos partidos firmaron el acta que daba cuenta de la funcionalidad del software electoral tras las pruebas de ensayo.

“Los dictámenes de la auditoría evidenciaron que las tres soluciones tecnológicas presentaban un funcionamiento estable y concluyeron que se encontraban en condiciones adecuadas y confiables para su utilización en las Elecciones Generales 2026″, precisa la ONPE.

Pese a los controles previos, el sistema STAE registró múltiples fallas operativas el 12 de abril en Lima y Callao. Los miembros de mesa reportaron problemas de conexión a internet, falta de tintas en impresoras y errores en códigos de acceso. Estos incidentes causaron retrasos en la apertura de mesas y obligaron al uso de cuadernos manuales en varios locales de votación.

La ONPE canceló el empleo del sistema STAE para el balotaje del 7 de junio, y con una resolución oficial, ordena el regreso al conteo manual de votos en Lima y Callao.

A pesar de estar investigados preliminarmente por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el caso ONPE, tres de los siete implicados se mantienen en funciones en la institución electoral, que pronto iniciará la organización de la segunda vuelta presidencial.

Se trata de la especialista en contrataciones Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística; William García, asistente de Seguimiento y Monitoreo de Presupuesto; y Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral.

Los tres han permanecido en sus cargos incluso después de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y del inicio de la investigación preliminar que —según el fiscal Raúl Martínez— se abrió el mismo día de la votación, el 12 de abril, tras la revelación de presuntas irregularidades en el traslado de material electoral y los antecedentes de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

Este Diario se comunicó con los abogados Teodoro Ycochea y Jener Cáriga, representantes de Otoya Alvarado y Flores Bancho, respectivamente, quienes confirmaron que sus clientas se mantienen en sus puestos.

Ycochea afirmó que Otoya trabaja como locadora de servicios en la ONPE desde hace nueve años y que su contrato se renueva periódicamente. Por su parte, Cáriga aseguró que Flores —en una última comunicación— le indicó que continuaba en el organismo electoral.

De acuerdo con la ONPE, el único funcionario que se mantiene suspendido es Juan Phang, quien permanecerá apartado de la institución durante todo el proceso administrativo disciplinario (PAD), cuya duración podría extenderse hasta un año.

Según la entidad, su caso se encuentra en la etapa de levantamiento de información, la cual tiene una duración aproximada de tres meses. Durante este proceso, el implicado cuenta con derecho de defensa, puede presentar medios probatorios e incluso apelar en la vía administrativa.

Esta situación difiere de la de William García. El funcionario —servidor CAS— no ha sido identificado como presunto responsable, debido a que, hasta la fecha, la Gerencia de Gestión Electoral a la que pertenece no ha remitido la información necesaria para determinar su eventual responsabilidad en los incumplimientos relacionados con el despacho de material electoral. En otras palabras, continuará en la institución mientras no existan indicios de una posible irregularidad de su parte durante la jornada electoral del 12 de abril.

En cuanto a Hilda Otoya y Lilia Flores, la ONPE precisó que ambas son locadoras de servicios y, en ese sentido, no les corresponde la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, dado que su vínculo contractual es de naturaleza civil. Otoya, al igual que García, tampoco ha sido identificada como presunta responsable de los hechos que investiga la Fiscalía en torno a Piero Corvetto.

Finalmente, el fiscal Raúl Martínez —quien inicialmente estuvo a cargo del caso— señaló a este Diario que la investigación preliminar se inició el 12 de abril de este año, fecha en la que se detectaron las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral.

Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Según la Fiscalía, Corvetto —en su condición de máxima autoridad— Piero Corvetto habría desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.

En su calidad de jefe de la ONPE habría nombrado a funcionarios como José Samamé, gerente de gestión electoral, sin que tenga experiencia para el cargo. Asimismo, permitió que se designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, que conllevó a que formularan y suscribieran los servicios N° 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C”.

De acuerdo con la Fiscalía, ello habría configurado aparentes direccionamiento en el proceso de contratación

José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE.

Sobre Samamé, el Ministerio Público señala que fue partícipe en la formulación del pedido del servicio de traslado de material electoral, realizado desde la Gerencia de Gestión Electoral.

En su condición de gerente, Samamé designó a Juan Antonio Phang como subgerente de Producción Electoral. La Fiscalía sostiene que la incidencia directa vinculada a Samamé y Phang —quienes respondían, por su cargo funcional, a Corvetto— evidenciaría un esquema orientado a concentrar la toma de decisiones en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resultaría funcional a una concertación con un postor previamente determinado.

Asimismo, precisa que la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE —cuando estaba a cargo de Samamé— habría promovido la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, aprobado el 19 de enero de 2026 por un monto de S/ 8’950,000.00.

Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE.

Según el Ministerio Público, estuvo a cargo de la elaboración de las bases de selección para la contratación del servicio de transporte de material electoral. En ese contexto, habría concertado con el proveedor Juan Charls Alvarado, de la empresa Galaga, para favorecerlo en la obtención de la buena pro, flexibilizando los términos de referencia (TDR) a su favor para la prestación del servicio en las elecciones de 2026.

También, durante la fase de ejecución, habría otorgado conformidad al servicio.

William García Velásquez, asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuesto, de la Gerencia de Gestión Electoral

Según el documento fiscal, García Velásquez habría tenido participación directa en la evaluación técnica de las propuestas económicas, así como en la aplicación de un criterio de cálculo que terminó favoreciendo a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

El requerimiento fiscal precisa que participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en dicho documento se incluyó la aplicación de un criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una conversación entre García Velásquez y Phang Sánchez, en la que el primero le dice al segundo: “Ganó Gálaga, a pesar de que AFE presentó una oferta de (…). La propuesta técnica pesó más a favor de Gálaga”. Phang respondió: “Bien, gordito. Que notifique. Buen trabajo”.

Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral

El Ministerio Público indica que la participación de Otoya está en la elaboración, tramitación y gestión de servicios. Ella se habría encargado de determinar la relación de conductores, placas y personal para culminar el despacho de material electoral y equipos de cómputos.

También, que habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Cuyo, gerente de la empresa Galaga para que esta empresa se vea beneficiada en el servicio de transporte.

Agregó que dicho acto o conducta involucra a otros funcionarios de la ONPE y en ese contexto se cuenta con elementos indiciarios que permiten observar cómo favoreció a dicha empresa desprendiéndose un favorecimiento previa concertación.

Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones de la Jefatura del área de Selección Contractural

Según la Fiscalía, fue designada para participar en el procedimiento de selección del servicio de transporte que hemos mencionado, la cual consistió en realizar la comparación de propuestas.

Su actuación relevante es en la toma de un criterio en la evaluación técnica donde sin justificación documental en contra de los Términos De Referencia, era para favorecer a la empresa Galaga SAC.

En ese sentido, resulta indispensable que también se le debe considerar cierta posibilidad de fuga de dicha investigada que tiene un contrato CAS que constituye una circunstancia relevante al momento de evaluar la solidez actual de dicho arraigo.

De acuerdo con la Fiscalía, ella fue designada del 1 de marzo al 30 de abril del 2026.

Sobre el tema, el experto en temas electoral Fernando Rodríguez Patrón consideró que los implicados en las investigaciones deberían dar un paso al costado como lo hizo en su momento Piero Corvetto, con el propósito de no restarle la credibilidad electoral de cara a la segunda vuelta electoral.

“¿Qué es lo que genera eso? Esto le sigue restando credibilidad a la institución porque se le han cuestionado al propio responsable de la institución”, refirió.

Agregó que lo que revela las investigaciones del Ministerio Público es que los problemas continúan en la ONPE. “Son temas de personas. Si siguen ahí, el mismo tufillo de ineficiencia sigue en la institución”, añadió.

“Estas personas no están haciendo ninguna función relevante para el proceso. Deberían salir”, finalizó.

Un documento revela que el actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, tenía conocimiento sobre el retraso en la instalación de las mesas de sufragio el mismo domingo 12 de abril, día en el que se celebraron las elecciones generales del 2026.

Como se sabe, dicha fecha se caracterizó por la ineficiencia de la ONPE en la realización del proceso, que dejó a más de 50 mil ciudadanos sin sufragar, por lo que la jornada tuvo que extenderse hasta el 13 de abril. Estos hechos derivaron en la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y que Pachas asumiera el puesto en medio de la polémica y cuando faltan pocas semanas para la segunda vuelta electoral.

El día de las elecciones, Pachas - en su calidad de gerente general de la ONPE- recibió un oficio de su par del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Magaly Salazar Lozano, en el que le advertía que el material electoral no había llegado a locales de votación en Magdalena del Marc, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

“Como parte de las acciones de identificación de riesgos electorales, el dia de la jornada electoral, los gestores de Prevención de Conflictos Electorales y de Comunicación del Jurado Nacional de Elecciones han identificado, con fecha de corte de hoy a las 08:25 am, el no arribo de material electoral en diferentes locales de votación ubicados en diferentes distritos”, indicó la gerente general del JNE al entonces número dos de la ONPE en el oficio N° 000404-2026-GG/JNE.

En ese sentido, Salazar le solicitó a Pachas que “de manera urgente” entregue un informe detallado de la situación y las acciones correctivas dispuestas por la ONPE “a efectos de garantizar la instalación de las mesas de sufragio conforme a ley”.

Los locales afectados, hasta el corte de las 08:25 am del 12 de abril, según el JNE fueron:

I.E.P. Astuparia y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (Magdalena del Mar); Colegio Champagnat Maristas, Universidad Ricardo Palma, I.E Victoria Barcia Boniffatti, I.E Santa Teresita e Innova School (Santiago de Surco); IEP Cristo Amigo - Primaria, colegio IE Juan Pablo II,IA 6022, IEP Hiram Bingham, Peruano suizo, IE Perú España, Santa Rosa Baja 6017, Santa Maria del Camino, Colegio Prolog de Nueva Esperanza, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacútec (Villa María Del Triunfo); y el Nido Los Ángeles; Santuario Colegio Médico (Miraflores);

También el CEP San Francisco de Borja (San Borja); CEIGNE Virgen de la Paz; CEBA Especial; IE N.° 7014 Vasil Levski; IEI Mi Niñito Jesús; y CEBE Santa María de Guadalupe (Surquillo); I.E.P. Jardin de la Infancia N 1 de Lima, I.E.P. Madaeus Mozart, I.E.P. Inmaculada Corazón de María, I.E. Nuestra Serñora del Carmen, I.E.P 096 Emilia Barcia Bonifatti, I.E.P. Hogar del Niño Santa María Madre de Dios, Saco Oliveros, Innova Schools - Sede La Paz 1 (San Miguel).

En Villa El Salvador de vieron afectados: IE 7090 Forjadores del Perú, Villa Amstelveen, IE 7237 Perú Valladolid, IEP Ciencias, 7072 San Martín de Porres, I.E. LAS PALMERAS, 7096 Príncipe de Asturias, IE Nazareno de Villa, 6070, Héroes del alto Cenepa, Colegio Saco Oliveros, Innova Schools Laderas de Villa, Ascension School Unicachi, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, ISP Antonio Raymondi, CETPRO CFT PROMAE VES, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacutec, IE 6076 República de Nicaragua, Coordinadora IE 6066 Villa El Salvador, IE 6080 Rosa América, I.E. Fe y Alegría 17.

Es importante señalar que la jornada electoral debía empezar a las 7 am, por lo que las mesas debían estar instaladas minutos antes.

A la consulta de este Diario, la ONPE señaló —a través de su Oficina de Comunicaciones— que el oficio fue respondido y que “se cumplió” con la instalación de las mesas afectadas. Sin embargo, no brindó mayores detalles ni presentó documentos que respalden su versión.

Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la ONPE, el 22 de abril, diez días después de las elecciones, y tiene la responsabilidad de conducir la organización de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio.

Su designación no es por concurso público. Es el gerente general de la ONPE, el segundo al mando en la estructura administrativa.

Pachas conducirá la ONPE al menos hasta el 3 de julio, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene previsto tomar juramento al nuevo jefe de esa institución. Este será elegido mediante concurso público y ejercerá funciones por un periodo de cuatro años.

En diálogo con El Comercio, los expertos José Tello, presidente de Aklla, señaló que el documento refuerza que no solo hubo ineficiencia por parte de la ONPE, ahora con Pachas a la cabeza, sino también del JNE, al no fiscalizar ni advertir oportunamente la falta de material el día previo a la jornada electoral.

Tello opinó que el JNE debió enviar los respectivos oficios el 11 de abril y no esperar hasta pasadas las 8:20 am del 12 de abril. “O, en todo caso, a las 5 o 6 am señalar que no está el material en los colegios. El material tuvo que pernoctar en el local de votación. El JNE tiene que estar ahí. ¿Qué está pasando con el jurado? Este documento demuestra claramente que no cumplió con su función [de fiscalizar]”, cuestionó.

“Acá el JNE está evidenciando o que no cumplió bien su rol o que el documento enviado a esas horas de la mañana era para deslindar responsabilidades. Este documento es revelador. Si uno es frío, en verdad, también debería salir Burneo”.

Para el experto de Aklla, de cara a la segunda vuelta, Pachas y los titulares del JNE y el Reniec, Roberto Burneo y Carmen Velarde, deben informar a la ciudadanía cuando el material electoral llegue a los centros de votación.

La Embajada de Alemania en el Perú se pronunció otra vez para referirse a las declaraciones del presidente José María Balcázar durante un evento oficial, por haber señalado que, según un libro, Adolf Hitler había sido elegido “unánimemente” por los alemanes.

En un comunicado emitido este 2 de mayo, la embajada se refirió al discurso de Balcázar del 30 de abril, donde hizo alusión al libro “Eichmann en Jerusalén” de la autora Hannah Arendt para comentar sobre la teoría de la “banalidad del mal”.

En ese contexto, el mandatario dijo la frase textual: "¿Quién podía imaginar que a Hitler lo eligen unánimemente la gente en Alemania y haría lo que terminó haciendo?“, lo que motivó la respuesta diplomática de Alemania.

“Adolf Hitler no fue ‘elegido unánimemente por la gente en Alemania’. En las elecciones al Reichstag de julio de 1932, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) obtuvo el 37,3% de los votos. Después, el 30 de enero de 1933, el entonces presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler Canciller del Reich”, precisó la embajada.

“Posteriormente, Hitler desmanteló de manera sistemática el orden democrático de la República de Weimar, conduciendo a Alemania, a Europa y al mundo hacia una catástrofe sin precedentes”; añade el pronunciamiento firmado por la embajadora alemana Sabine Bloch.

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Este es el segundo comunicado de la embajada de este país corrigiendo frases de José María Balcázar en eventos oficiales. Un día antes, el 29 de abril, también habían criticado al presidente por haber tenido frases antisemitas, por las cuales le exigieron su rectificación.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, defendió la decisión que tomó su agrupación política de presentar una acción legal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego que este último exigiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atender los pedidos para elecciones complementarias.

“A todas luces hay una acción que viola la neutralidad”, señaló a la prensa este viernes. “El señor no se ha dado cuenta que es el alcalde, que tiene una autoridad, que es una autoridad edil, ciudadana, y no tiene descanso como para decir que haga opiniones y acciones que contravienen esa neutralidad”.

#EnVivo

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: A todas luces hay una acción que violan la neutralidad electoral. Renzo Reggiardo no se ha dado cuenta que es el alcalde, es una autoridad. Hemos presentado una denuncia

Encuentra más información en la WEB… pic.twitter.com/TW4o8PQbHV

— Canal N (@canalN_) May 2, 2026

Juntos por el Perú presentó una denuncia por supuesta vulneración al principio de la neutralidad electoral contra Renzo Reggiardo luego de que este último pidiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar el pedido de elecciones complementarias.

Sánchez aseguró que esta medida ha recibido el respaldo de diversas instituciones y personalidades políticas, por lo que el personero de su agrupación política, Roy Mendoza, planteó la denuncia basada en evidencias concretas.

Además de su llamado al JNE para atender los reclamos por elecciones complementarias, una vez que la autoridad electoral se pronunció en contra y rechazó esta opción, Reggiardo interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del juraado que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima.

Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en su mayoría a nivel nacional han atendido la totalidad de las actas observadas de los comicios del 12 y 13 de abril. Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 39 órganos electorales alcanzaron un avance del 100% en la calificación de estos documentos.

Actualmente, el progreso general en la revisión de actas observadas en todo el territorio asciende al 95,48%.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️

En el Día del Trabajo, el JEE de Piura 2 realizó una serie de audiencias públicas de recuento de votos de actas observadas.

Con absoluta transparencia la voluntad popular se ve fielmente reflejada en los resultados finales.#RecuentoTransparente pic.twitter.com/WZoEgOc12l

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 1, 2026

Entre las jurisdicciones que culminaron la revisión se encuentran Cajamarca, San Martín, Jaén, Huancayo, Chachapoyas, Huamanga, Puno y Cangallo, las cuales también registran un progreso total en el recuento de votos. Otros jurados que alcanzaron la meta del 100% incluyen a Trujillo, Arequipa 1 y 2, Chiclayo, Tacna y Lima Centro 1. Hasta la fecha, el avance específico en el proceso de recuento de votos a nivel nacional alcanza el 66,50%.

Los órganos electorales de primera instancia tienen como plazo límite el jueves 7 de mayo para concluir con la realización de las audiencias públicas de recuento.

Desde que se iniciaron estas sesiones el pasado 20 de abril, se han llevado a cabo un total de 728 audiencias públicas en todo el país. Durante este periodo, los JEE han recibido de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) un total de 60.040 actas electorales observadas, de las cuales 2.659 fueron derivadas específicamente para el recuento de votos.

El cumplimiento del cronograma el 7 de mayo es necesario para proceder con el registro de resultados, la proclamación de candidatos y la entrega de credenciales. Estas disposiciones permiten avanzar hacia la segunda vuelta electoral, la cual está programada para el próximo 7 de junio, conforme al calendario oficial vigente.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️
En el Día del Trabajo, el JEE de Lima Oeste 1 realizó una serie de audiencias públicas de recuento de votos de actas observadas.
Con absoluta transparencia la voluntad popular se ve fielmente reflejada en los resultados finales.#RecuentoTransparente pic.twitter.com/C8bnDAFzxs

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

Respecto al estado actual de las actas, se ha generado expediente para el 97.84% de las 60.040 actas observadas recibidas por los órganos de primera instancia. Hasta la fecha, los JEE han emitido 20.432 pronunciamientos, lo que equivale al 34,78% del total de expedientes generados durante este proceso de revisión.

Las audiencias de recuento son de carácter público y se transmiten en tiempo real a través del portal institucional del JNE y su canal de televisión. El procedimiento permite subsanar errores materiales, numéricos o datos ilegibles detectados en las actas que impiden su contabilización directa en el sistema de cómputo electoral.

El presidente José María Balcázar (Perú Libre) sostuvo el último martes afirmaciones antisemitas al atribuir a la población judía una responsabilidad parcial en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo durante su discurso en la ceremonia por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

En su intervención, se refirió al filósofo español Antonio Escohotado y a su obra “Los enemigos del comercio”. En ese contexto, señaló que los judíos habrían contribuido a empujar a Alemania hacia la guerra en 1939.

“[...] Escohotado, un filósofo, un académico de primer nivel, es un monumento para la historia del comercio: de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania. Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos; en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”, aseguró.

Las embajadas de Israel y Alemania en Lima calificaron el discurso como “absurdo” e “históricamente insostenible” y, mediante un pronunciamiento conjunto, expresaron su expectativa de que el mandatario se rectifique.

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, señalaron.

Además recordaron que la ideología nazi “racista y antisemita” condujo al asesinato de seis millones de judíos durante el Holocausto.

“El Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia. [...] Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones”, añadieron.

El pronunciamiento fue suscrito por el embajador de Israel en Lima, Eran Yuvan, y por el encargado de negocios de la embajada alemana, David Schmidt.

Condena local

En tanto, la Asociación Judía del Perú señaló en un comunicado que recibió “con estupor” las palabras del presidente. Cuestionó que reproduzca “trasnochadas teorías antisemitas” que responsabilizan a los judíos de la guerra.

“Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto. Repudiamos estas lamentables expresiones y esperamos una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos”, señaló la institución.

El excanciller Francisco Tudela consideró que el presidente debería ofrecer disculpas por sus comentarios, que calificó como “enormemente desatinados”.

“Está haciendo revisionismo histórico y eso es muy grave. El presidente debería disculparse. Es enormemente desatinado e incorrecto”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Tudela señaló que no es un caso aislado. Recordó que el ex primer ministro Aníbal Torres elogió en el 2022 al líder nazi Adolfo Hitler durante una sesión descentralizada del Consejo de Ministros.

“Evidentemente, dentro de la izquierda nacionalista hay una tendencia de revisionismo histórico”, señaló.

Para Tudela, las declaraciones del jefe del Estado reflejan “una corriente de opinión que no es visible en la sociedad peruana, pero que es enormemente peligrosa”.

El internacionalista Francisco Belaunde señaló que las expresiones del mandatario confirman que no debió ocupar el cargo.

“Retoma una teoría antisemita, que es lo más preocupante. Nunca debió haber sido elegido presidente, como ya lo demostró con el tema de la compra de los aviones F-16. Esperemos que no lo inviten más a eventos como este, que otros gremios ya no lo inviten, que se quede callado”, afirmó a El Comercio.

Belaunde consideró que la cancillería debería evaluar una respuesta institucional y que Balcázar tendría que ofrecer disculpas para contener el impacto del episodio.

Además, coincidió con Tudela en que dentro de algunos sectores políticos existen prejuicios hacia la comunidad judía.

“Hay un antisemitismo latente”, advirtió, en referencia a facciones de la izquierda en las que ubicó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es cercano al presidente.

Palacio se pronuncia

Horas después, el despacho presidencial señaló que Balcázar “lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”.

Mediante un comunicado, aseguró que el mandatario rechaza el genocidio cometido contra el pueblo judío y condena el antisemitismo. No obstante, no ofrece disculpas explícitas.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, contra diversas diligencias del Ministerio Público.

El TC aseguró que “las actuaciones de la fiscal de la Nación y demás fiscales demandados… no determinan ninguna restricción o limitación en la libertad personal del recurrente, ni configuran amenaza alguna a dicho derecho”.

Es decir, las acciones cuestionadas por Santiváñez, como los requerimientos de allanamiento y la apertura del secreto de las investigaciones, no constituyen una amenaza inminente ni efectiva al derecho a la libertad personal.

Además, el TC resaltó que las diligencias se encuentran respaldadas por resoluciones judiciales, y que “los actos del Ministerio Público, en principio, son postulatorios, y no decisorios sobre lo que la judicatura resuelva”.

¿Qué argumentó Santiváñez en su demanda de hábeas corpus?

De acuerdo a la demanda de Santivañez, las acciones fiscales como “el allanamiento desproporcionado y arbitrario en su domicilio, respondía a una presión política autorizada con más de dos semanas de anticipación y ejecutada justo antes de un debate en el Congreso”

Santiváñez afirmó que estas diligencias estaban relacionadas con una investigación por tráfico de influencias y que “la fiscal demandada viene desplegando un conjunto de actuaciones que no corresponden a una conducta objetiva, imparcial y respetuosa al debido proceso penal”.

Además, señaló que los medios de comunicación difundieron noticias sobre posibles órdenes de captura y detenciones en su contra, lo que habría alimentado una percepción de persecución y afectando su derecho a la libertad personal.

Por ello, el exministro pedía que se declarasen nulas diversas actuaciones, entre ellas, el requerimiento del 12 de febrero de 2025 para allanamiento y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Además, denunció que la Fiscalía supuestamente transgredía los deberes funcionales y la imparcialidad en el ejercicio de su cargo.

A su vez, según la demanda, estas actuaciones fiscales podrían implicar una inminente vulneración del derecho a la libertad personal, dado que “de emitirse el auto de detención preliminar y que este se ejecutara, ya se habría vulnerado su derecho, sin que exista un procedimiento judicial para cuestionarlo”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una multa de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 22 mil, contra el candidato de Juntos por el Perú César Tito Rojas, virtual diputado por Puno y exintegrante del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

Tito Rojas fue sancionado por no consignar en su declaración jurada de hoja de vida una sentencia en su contra por violencia familiar.

El JNE ratificó una resolución del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE Puno) de marzo pasado, que determinó que el candidato declaró información falsa, al consignar que no tenía información por declarar en el rubro “Relación de sentencias”.

Según precisa la resolución, la Corte Superior de Justicia de Puno informó que Tito Rojas fue sentenciado el 15 de julio de 2016 por violencia familiar.

El exmiembro del Movadef apeló la resolución del JEE Puno argumentando que no tuvo la intención de ocultar información. Alegó que “por un tema de premura” no se pudo consignar lo detectado, ya que se encontraban en el límite para presentar la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Agregó que se trató de “un asunto familiar de hermanos, todos mayores, que se maximizó”.

No obstante, el jurado declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución en todos sus extremos.

Vínculo con el Movadef

La sanción es solo un nuevo episodio en la trayectoria de Tito Rojas, marcada por su afiliación al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004 habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Tito Rojas desempeñó roles relevantes en el Movadef. Fue miembro del comité provincial en Puno y participó en la organización interna del movimiento.

AFILIACIÓN AL MOVADEF

ESTE ES SU HISTORIAL DE AFILIACIÓN

En junio del 2021, durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), participó en marchas y plantones en Lima en respaldo a Castillo.

También registra una larga trayectoria en el ámbito sindical y magisterial. Fue secretario de defensa del Sutep Regional Puno y formó parte del Conare-Sutep, una facción radical del gremio docente.

Además, participó en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), un sindicato impulsado por Pedro Castillo como alternativa al Sutep tradicional.

Integra la facción castillista

Tito Rojas y el exmandatario Pedro Castillo compartieron espacios en el movimiento magisterial y participaron juntos en eventos internacionales, como el Primer Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica realizado en Bolivia. Esa relación se ha mantenido en el tiempo.

Actualmente está afiliado al partido Todo con el Pueblo (TCP), una organización impulsada por Pedro Castillo que logró su inscripción en agosto de 2025, fuera de plazo para participar en las elecciones generales de 2026.

Ante esa limitación, varios de los cuadros de Castillo, incluido Tito, encontraron espacio en Juntos por el Perú.

La bancada de Roberto Sánchez agrupará al menos tres corrientes internas: los allegados Sánchez; los denominados “castillistas”, integrados por familiares, allegados y militantes cercanos a Pedro Castillo; y un grupo de congresistas independientes que conseguirían la reelección. Tito Rojas forma parte de la facción castillista.

De hecho, el propio Tito ha señalado a los medios de comunicación de Puno que una de sus principales consignas políticas es la liberación de Castillo, quien cumple condena por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

Según dijo, ese objetivo forma parte de uno de los seis ejes fundamentales de Juntos por el Perú. Otro tema clave para Tito es el cambio de Constitución mediante una asamblea constituyente.

Incluso, en declaraciones a Radio Pachamama, señaló: “A la primera que Sánchez pretenda torcerse, seremos los primeros en confrontarlo”.

Su discurso apela constantemente a su trayectoria como dirigente social. “Siempre hemos estado en primera fila luchando con el magisterio y con el pueblo mismo. No podríamos ser sinvergüenzas”, sostuvo en la misma entrevista.

Antes de su actual afiliación al partido de Castillo, Tito Rojas también formó parte del Frente Amplio.

Visitó la PCM

En el 2021 ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en una visita que evidenció su cercanía con el poder.

Aquella vez, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción para que el entonces primer ministro Guido Bellido explicara las razones de esa visita. No obstante, la iniciativa fue archivada por la salida de Bellido.

La presencia del dirigente en la PCM fue defendida por el congresista José María Balcázar, hoy presidente interino, quien sostuvo que el gobierno no debía “excluir a nadie” y que era necesario dialogar con todos los sectores. Sin embargo, para otros legisladores, como Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), el hecho resultaba “insostenible” y reflejaba una afinidad con sectores vinculados al extremismo.

El Concejo Metropolitano de Lima autorizó al alcalde Renzo Reggiardo a interponer, a nombre de la comuna capitalina, una demanda de conflicto competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional (TC), por las supuestas omisiones de funciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) referidas a la fiscalización de la legalidad del sufragio y de la administración de justicia en material electoral.

En el petitorio de la demanda se solicita que el TC determine la existencia de un conflicto de competencias entre el JNE y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la supuesta omisión de funciones constitucionales del ente electoral, que habría infringido el artículo 31 de la Constitución, que refiere que todo ciudadano tiene derecho a elegir libremente.

En el segundo petitorio de la demanda se solicita que el TC declare nulo el Acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril de 2026 que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

Asimismo, en el tercer petitorio de la demanda se solicita que el TC exhorte al JNE a que cumpla con sus funciones, en estricto cumplimiento del artículo 31 de la Constitución Política.

Del mismo modo, el Concejo Municipal autorizó también al alcalde que solicite la interposición de una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril.

En la demanda, se señala que la supuesta omisión de funciones del JNE altera la paz social y la tranquilidad pública generando un impacto directo en las competencias de la Municipalidad de Lima como gobierno local, afectando la seguridad ciudadana, el orden público, el comercio y el turismo, particularmente en el Centro Histórico de Lima.

En la sesión del Concejo Metropolitano, Renzo Reggiardo, también informó que, en su condición de ciudadano, ha interpuesto ante el 11.º Juzgado Constitucional una demanda de acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

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Tras la salida de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de una crisis electoral sin precedentes por las fallas logísticas y la ausencia de material electoral, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso en marcha el proceso para elegir a su reemplazo. Sin embargo, la convocatoria al concurso público de méritos confirma, a su vez, que el actual jefe interino, Bernardo Pachas Serrano, estará a cargo de lo que resta de las Elecciones Generales 2026, incluida la organización de la segunda vuelta presidencial.

A través de una resolución —publicada este miércoles 29 de abril en las Normas Legales del diario oficial El Peruano—, la JNJ aprobó formalmente la convocatoria al concurso público de méritos N.° 001-2026 para el proceso de selección y nombramiento del nuevo jefe de la ONPE, así como las respectivas bases del concurso, aunque la decisión final recaerá en el pleno de la junta.

El dispositivo legal precisa que la Constitución establece como una de las funciones de la JNJ el nombramiento del jefe de la ONPE por un período renovable de cuatro años. El propio Corvetto fue elegido en agosto de 2020 para la gestión 2020-2024 al frente de la entidad electoral y había sido ratificado por un periodo adicional; es decir, hasta el 2028.

Sin embargo, presentó su renuncia el 21 de abril pasado en medio de la crisis electoral, una decisión que fue aceptada por el pleno de la JNJ ese mismo día, declarándose además la vacancia del cargo. “Atendiendo a la vacancia del cargo, corresponde convocar a concurso público para el nombramiento de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, se puntualiza en la resolución.

El documento también detalla que, en una sesión plenaria posterior realizada el 24 de abril, el pleno de la JNJ aprobó la convocatoria y las bases que regirán el proceso de selección del nuevo jefe de la ONPE. La resolución que formaliza y ejecuta estas decisiones, publicada recién este miércoles 29, está suscrita por la excongresista de Podemos Perú y actual presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, por delegación del pleno.

Al haberse efectuado la convocatoria, se cumple apenas con el primer paso de todo un proceso de selección que concluirá con la juramentación del nuevo titular de la ONPE el próximo 3 de julio, según el cronograma establecido. Más allá de la convocatoria e inscripción de los postulantes, el proceso se divide en cuatro etapas: evaluación de conocimientos, evaluación curricular, evaluación del plan de trabajo (un diagnóstico de la institución, una perspectiva crítica de la gestión anterior y propuestas), así como una entrevista final de carácter público.

Cada una de ellas tiene un peso diferenciado en el promedio final; es decir, la evaluación de conocimientos (25%), la evaluación curricular (20%), el estudio de caso o plan de trabajo (20%) y la entrevista personal (35%). Además, todas las etapas son eliminatorias y cada postulante deberá superar un umbral para poder avanzar a la siguiente fase. El proceso contempla, además, una etapa de tachas ciudadanas tras concluida la evaluación curricular.

Todo ello se traducirá en un cuadro de méritos con las calificaciones obtenidas por los postulantes que aprobaron todas las etapas, un acto que es considerado como la última etapa del concurso público de méritos.

Tras esto, en un último tramo, el pleno de la JNJ somete a votación nominal a los candidatos siguiendo el orden de méritos, siendo nombrado ganador aquel que obtenga el voto de por lo menos dos tercios del número legal de sus miembros (al menos cinco). Luego se expide la resolución y se lleva a cabo el acto de juramentación.

CRONOLOGÍA:

En el documento aprobado, además de los requisitos legales [ver listado], se señala que el jefe de la ONPE debe ser, entre otros, “una persona reconocida por su probidad e integridad, con intachable trayectoria democrática, profundos conocimientos de gestión pública y de procesos electorales”. También se menciona una “gran capacidad de articulación intersectorial” y una “sólida formación personal, ética y profesional”.

Entre las pruebas que deberá pasar el postulante están pruebas psicológicas, patrimoniales, socioeconómicas (para identificar posible conflicto de interés), así como autorizar el levantamiento de su secreto bancario en caso llegue a ser nombrado.

Es el propio cronograma del concurso el que permite advertir que el nuevo jefe de la ONPE asumiría el 3 de julio, cuando ya se haya desarrollado la segunda vuelta electoral. Además, asumirá la conducción de la institución sobre la marcha, en un contexto en el que ya se encamina hacia otras elecciones complejas: las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

El nuevo titular de la entidad, además de ser técnico y cumplir los requisitos legales, deberá ser convocante y un buen comunicador, esto último con miras a recuperar la confianza ciudadana frente a una institución que terminó golpeada, tal como coinciden especialistas consultados por El Comercio.

Un dato también relevante es que el nuevo jefe de la ONPE, dados los plazos que impone la coyuntura, no llegaría en principio a dirigir una elección general. Ello debido a que el cargo es de cuatro años y la siguiente elección de esa naturaleza se llevaría a cabo en 2031. En ese escenario, su mandato concluiría en 2030, salvo que sea ratificado.

En diálogo con El Comercio, Fernando Rodríguez Patrón, abogado especialista en materia electoral y exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, indicó que, adicionalmente a los requisitos que deberán cumplir de manera homogénea todos los postulantes, un valor agregado para el posible nuevo jefe de la ONPE sería contar con conocimiento del sistema electoral, idealmente con experiencia previa en algún organismo electoral o similar.

Ello —agregó— representaría una ventaja, pues alguien con alta cualificación académica, pero proveniente de un sector ajeno, podría enfrentar dificultades para adecuarse a un proceso electoral inminente, como las elecciones regionales y municipales. Los plazos están ajustados.

En segundo lugar, sostuvo que el nuevo jefe de la ONPE “tiene que ser una persona dialogante” y “que tienda puentes, que busque solucionar problemas, que llegue a apagar incendios; no alguien que llegue a conocer”.

“Adicionalmente, que no haya tenido ninguna vinculación evidente con alguna organización política. La ley establece cuatro años, pero la esposa del César tiene que serlo y, además, parecerlo. Alguien que no haya sido candidato previamente o haya ocupado algún cargo partidario más allá del plazo que establece la ley. Alguien que no sea asociado inmediatamente con un partido político. Eso también lo considero fundamental”, afirmó el también asociado del Instituto Aklla Perú.

En tanto, el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho constitucional y derecho electoral, incidió en que quien se presente y postule al cargo de jefe de la ONPE debe ser plenamente consciente del reto al que se enfrenta. Explicó que, si bien asumirá después de efectuada la segunda vuelta —y, por tanto, no cargará con los pasivos de esta primera elección—, sí lo hará en plena ejecución de los comicios regionales y municipales.

En esa línea, más allá del perfil técnico, Villalobos consideró que se requiere una persona con experiencia, que sepa comunicar bien, que muestre empatía y que genere confianza y consensos en todos los sectores, pues la ONPE terminará la elección “muy desacreditada”.

“En ese sentido, de cara al futuro, lo que necesitamos es que quien entre pueda devolver la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la ONPE y en los resultados, que deben ser aceptados por todos. Un jefe de la ONPE muy técnico, que no sepa comunicar, no va a ayudar a mejorar la imagen de la institución. Lo que se requiere son funcionarios que den la cara y expliquen su trabajo, cosa que no ha pasado ahora y tampoco está pasando”, aseveró Villalobos.

Asimismo, insistió en la importancia de la experiencia, al advertir que las elecciones regionales y municipales serán “mucho más complejas que las de abril”.

Para el excongresista y constitucionalista Natale Amprimo, la JNJ podría haber interpretado que, en el actual contexto, el país se encuentra en pleno proceso electoral y que, ante esa excepcionalidad, correspondía que el jefe interino concluya todo el proceso antes de convocar a uno nuevo. Es decir, en su mirada, es acertado que se designe a un nuevo jefe de la ONPE, pues el actual —Bernardo Pachas— se encuentra en el cargo de manera provisional por la excepción que contempla la ley; sin embargo, esta designación debió realizarse recién una vez concluido todo el proceso electoral.

No hacerlo así configura que el proceso de evaluaciones y entrevistas se desarrolle “en la mitad” de un proceso electoral, específicamente, durante la segunda vuelta. “Es verdad que la ley contempla plazos para nombrar un reemplazo, pero la excepción que establece que es durante la vigencia del proceso electoral, podría tener dos lecturas. Una es que ese proceso se convoca después de la elección, que creo que es la correcta, porque lo que se tiene que buscar es que no haya nada que entorpezca el desarrollo del proceso”, expresó Amprimo.

Por lo pronto, Pachas, quien estará al frente de la segunda vuelta, no se ha pronunciado tras la convocatoria de la JNJ. Sin embargo, la semana pasada ofreció una conferencia de prensa indicando, entre otros puntos, que se tomarán “todas las medidas correctivas necesarias” a fin de esclarecer los hechos ocurridos el 12 de abril y llamó a todos los trabajadores de la institución y sus distintas oficinas descentralizadas a mejorar sus procedimientos, con la finalidad de brindar un servicio que devuelva la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía “camino a la segunda vuelta electoral”.

En su alocución, Bernardo Pachas remarcó que ya existe un cronograma electoral aprobado. “Nosotros tenemos un cronograma aprobado; este cronograma habla de un camino a la segunda vuelta electoral presidencial que tiene fecha cierta: es el 7 de junio”, señaló ante los periodistas.

REQUISITOS CLAVES PARA EL CARGO DE JEFE DE LA ONPE:

• Ser peruano de nacimiento y estar en pleno ejercicio de la ciudadanía.
• Tener entre 45 y 70 años al momento de postular.
• Contar con título profesional y grado académico registrados ante la Sunedu.
• Acreditar experiencia en gestión administrativa e informática.
• No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.
• No haber sido condenado por delito doloso, ni siquiera con reserva de fallo condenatorio. (incluso si hubo rehabilitación).
• No haber sido destituido del sector público ni despedido del sector privado por falta grave.
• No pertenecer o haber pertenecido a una organización política en los últimos 4 años.
• No haber sido candidato en los cuatro años anteriores ni haber ejercido cargos directivos de carácter nacional.
• No figurar en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).
• No haber sido sancionado o expulsado de un colegio profesional, entre otros.

Al menos 10 gremios empresariales- entre ellos la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confiep- han demandado, en dos pronunciamientos, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) someta a una auditoría los sistemas que utilizó en las elecciones generales de 2026.

En el primer comunicado- firmado por la SNI, ADEX, CCL, la Asociación Automotriz del Perú, CANATUR, Perú Cámaras, AGAP, la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES y la Sociedad Agrícola de Arequipa- los referidos gremios expresaron su preocupación “y enérgico rechazo antes las irregularidades públicamente evidenciadas” en los comicios del 12 de abril.

También remarcaron que “estas irregularidades vulneran el derecho constitucional al voto libre” y “colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional, generando un daño irreparable a la confianza ciudadana”.

Por ello, estos gremios demandaron la contratación inmediata de “una firma auditora de reconocido prestigio internacional” que evalúe los sistemas de la ONPE y la integridad de todos sus procesos involucrados en las elecciones generales. Asimismo, el procesamiento y sanción de los altos funcionarios responsables por el retraso en la distribución del material electoral, sea por acción u omisión.

Y como medida complementaria, los empresarios exhortaron al establecimiento de “un control concurrente integral” del sistema electoral antes, durante y después de las elecciones generales, cuya segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio, con el objetivo de que se “garantice resultados fieles a la voluntad popular”.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), por su parte, sostuvo que resulta “fundamental para la legitimidad democrática” que se garantice la transparencia del proceso electoral.

En ese sentido, demandó que las autoridades electorales y a la contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico adoptar una serie de medidas, una de ellas, la realización de una “auditoría independiente” de los sistemas informáticos electorales.

También que la ONPE y el JNE informen con claridad y oportunidad “las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías para el ejercicio del voto y el correcto conteo de los resultados”.

La Confiep, además, exhortó a los organismos electorales a comunicar oportunamente sobre el cumplimiento de los hitos del proceso electoral, en clara referencia a la distribución del material electoral.

En otro momento, los empresarios solicitaron que se garantice “la máxima transparencia en la revisión y resolución de las actas impugnadas pendientes de contabilización”.

Desde Pisco, en Ica, a donde llegó a realizar actividades proselitistas, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó la solicitud de auditoría de los gremios empresariales.

“Yo sí creo que toda medida que pueda corregir [los errores de la ONPE] será importante de cara a analizar los resultados de primera vuelta y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos que esto [la auditoría] puede hacerse en estas semanas”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Una revisión total

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, consideró que “es interesante” que los gremios empresariales no se hayan sumado a la narrativa del fraude ni a la solicitud de elecciones complementarias, que realiza el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) desde hace un par de semanas. Agregó que es positivo que hayan solicitado una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE.

“Todos los programas que se utilizaron para las elecciones, para el antes, durante y el conteo de los votos, tienen que ser revisados, se le debe dar tranquilidad a la ciudadanía. La ONPE debe aceptar lo que le están pidiendo los empresarios, sobre todo cuando hay tantos cuestionamientos”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Tello aclaró que la auditoría no detiene el conteo de los resultados de la primera vuelta.

“Me parece saludable que la sociedad civil, a través del empresariado, intervengan y se conviertan en grupos de presión. Que ellos marquen una ruta, y pidan esta auditoría, es lo más adecuado, muchos ciudadanos piensan que ocurriendo cosas irregulares. Y si la ONPE no acoge este pedido contribuye a su distanciamiento con la ciudadanía”, remarcó.

Tello estimó que es “muy complicado” que la auditoría a los sistemas de ONPE, entre la licitación y selección del auditor y realización del trabajo, tenga resultados antes de la segunda vuelta. No obstante, señaló que el tiempo debe ser estimado por un experto en temas informáticos.

No solo el STAE

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, afirmó que los procesos electorales se deben a los ciudadanos y que no solo los partidos políticos se deben interesar en estos, sino también los actores sociales. Por ello, refirió que la demanda de los empresarios para una auditoría a los sistemas de la ONPE “es pertinente”.

“Todos los softwares que desarrolla el Estado deben pasar por una auditoría y esto sirve para informar que lo que dice que hace su sistema es lo que hace y no solo quedarnos con la posición institucional, que es lo que ha hecho la ONPE”, manifestó.

En declaraciones a este Diario, Iriarte indicó que “en cualquier momento” se pueden realizar auditorías.

“Estas deberían hacerse antes de los procesos [electorales]. Y si la Oficina Nacional de Procesos Electorales hizo su auditoría, no lo han informado”, complementó.

Iriarte explicó que la ONPE no solo utilizó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en las elecciones de 12 de abril, sino otros sistemas y que todos estos deben ser sometidos a una revisión independiente.

“La ONPE dijo que conversó con los representantes de los partidos políticos, qué les mostró, qué nivel den inspección se permitió. Es raro que los partidos no hayan pedido una auditoría [a los softwares]. El JNE hizo una auditoría al voto digital que impidió su uso, ¿hizo lo mismo para los otros sistemas?”, cuestionó.

El letrado experto en derecho digital refirió que la ONPE tiene que transparentar cuántos programas usaron y someter a todos a una auditoría independiente.

Iriarte indicó que son los mismos peritos digitales los que deben establecer el tiempo en que darían un resultado, si es que el organismo electoral acepta la auditoría.

“Una primera pregunta a hacerle a la ONPE es cuáles son todos los sistemas que usaron para las elecciones. La auditoría es todos los softwares y no solo a uno. A priori, no te puedo decir cuál será el tiempo. Es importante que se entienda que los procesos electorales son de toda la ciudadanía, la ONPE tiene que fomentar auditorías públicas y abiertas y mejorar sus mecanismos de transparencia”, acotó.

Poco viable

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral, dijo que, si bien los gremios empresariales pueden exhortar a una auditoría, solo la ONPE puede concretar esta medida sobre los sistemas que utilizó en las elecciones del 12 de abril. Agregó que es “poco viable” por diferentes hechos, entre ellos el económico.

“Aunque hubiese una transferencia extraordinaria corresponde pasar por un proceso de licitación, si se hace con entidades internacionales, esto tiene sus tiempos. No alcanzaría [el plazo] para que se dé antes de la segunda vuelta”, refirió.

El CEO de Imasolu también señaló que la contraloría, a través de su órgano de control interno (OCI), puede “colocar los reflectores” sobre lo que va observando acerca de los softwares que utilizó la ONPE en la primera vuelta. Añadió que el OCI está “facultado para hacer recomendaciones, pero no exigencias”

Elguera afirmó que una auditoría “puede ser saludable” para que se valide el proceso electoral, pese a sus fallas y errores.

“Evidentemente, no hubo una sistematización para cambiar la voluntad popular, este proceso [de auditoría] puede fortalecer a las instituciones electorales, que recordemos son la columna vertebral para sostener la democracia”, finalizó.

Entre los afectados con la medida estuvieron Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

Además de funcionarios del Despacho Presidencial, Essalud y los ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Producción.

A través de una resolución del 30 de abril, a la que accedió El Comercio, el colegiado superior señaló que la medida fue dictada cumpliendo el estándar de motivación y como consecuencia de haber sustentado el grado de sospecha razonable sobre la comisión de los delitos investigados.

El allanamiento, como se recuerda, se dispuso en el marco de la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, al conocerse que diversas jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Jerí Oré y, posterior a ello, fueron contratadas en oficinas del estamento público o recibieron órdenes de servicios.

La orden de allanamiento fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado y ejecutado los primeros días de abril.

Dicha resolución fue apelada por diversos afectados quienes cuestionaban la falta de suficiencia probatoria, así como la necesidad de la medida por el momento en que se materializó. Y solicitaron su anulación.

Sin embargo, la Sala Superior expresó que el juzgado de primera instancia valoró adecuadamente los elementos presentados por la fiscalía y por ello constituyen el soporte objetivo necesario para declarar razonable la medida.

Añadió que la documentación presenta “una secuencia y coherencia administrativa que permite inferir un grado de sospecha simple”, haciendo que el allanamiento no sea un acto arbitrario, sino una consecuencia lógica de los datos materiales recabados.

“Al respecto, la resolución (de allanamiento)se sustenta en el principio de intervención indiciaria y señala que, de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, se evidenciaría un posible direccionamiento a favor de la contratación realizada por la investigada, lo cual constituye un conjunto de conductas de manera concatenada que denotaría un interés indebido y decisión común”, adujo el tribunal.

Sobre el tiempo que transcurrió desde los hechos investigados hasta el allanamiento, la sala señaló que el “lapso cronológico no desvanece la necesidad de la medida ni enerva por sí solo el riesgo de pérdida de información”.

Agrega que se debe tener en cuenta que se trató de una medida de allanamiento con fines de incautación de soporte documental y digital (correos, chats, archivos en dispositivos electrónicos).

“Para efectos de la medida de allanamiento, la apariencia delictiva y la necesidad instrumental de la medida se encuentran plenamente justificadas. Por lo que, al verificarse la existencia de una sospecha mínima pero objetiva, el agravio de motivación aparente debe ser desestimado y confirmarse la resolución en este extremo”, ratificó el Poder Judicial.

Finalmente, el tribunal rechazó que la medida de allanamiento constituya una “pesca de expedición” como alegó una de las partes apelantes.

Sobre ello, la sala ratificó que el juez de primera instancia fundamentó la necesidad de asegurar fuentes de prueba que podrían ser eliminadas.

“En consecuencia, al verificarse que la resolución impugnada exterioriza las razones suficientes que sustentan la decisión y responde a la necesidad de cautelar la eficacia de la investigación, este Colegiado Superior considera que el agravio de falta de motivación debe ser desestimado, por encontrarse la decisión del juzgador acorde a derecho”, concluyeron.

“Considero que sí es necesario tengamos delimitada la ubicación de lo investigados dentro del país, para que así pueda garantizarse o minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse respecto de los investigados o igualmente abordar con suficiencia y solvencia por parte del Ministerio Público las indagaciones que están realizando.”

Este fue uno de los argumentos por los cuales el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo, ordenó el impedimento de salida contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, hasta octubre del 2027.

La medida, por el plazo de 18 meses, fue dictada en audiencia el jueves último y también alcanza a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

Corvetto Salinas y los investigados Phang Sánchez, Flores Bancho y Otoya Alvarado, se allanaron al requerimiento fiscal. Por su parte, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo se habían opuesto al pedido.

La situación del investigado Williams García Velásquez (funcionario de ONPE) se definirá próximamente, debido a que no contaba con un abogado.

Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Los hechos se vinculan a presuntas irregularidades en el proceso de licitación del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026”, a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C, por un valor de S/ 6’368,332.75.

Galaga S.A.C. ya había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la misma entidad electoral, y pese a ello fue adjudicada con la nueva licitación para las Elecciones Generales del 2026, pese a que ofertó un mayor monto que sus competidoras.

Incluso, el 12 abril, día de la elecciones, no se cumplió con el reparto de material electoral en 11 locales de votación afectando a cerca de 60 mil electores.

En sus argumentos, el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo señaló que el Ministerio Público había cumplido con exponer un conjunto de hechos que merecían investigación y que implicaban a Piero Corvetto Salinas, Juan Samamé Blas, José Phang Sánchez, el empresario Juan Alvarado Pfuyo y otros funcionarios de la ONPE.

“La judicatura entiende que hay un conjunto de datos objetivos que merecen ser indagados en los cuales se encuentran involucrados; no porque exista un grado de certeza de la comisión del delito, pero sí un indicio que merece indagación y es en ese sentido que se cumple con el elemento de convicción en este estadío, donde los investigados están vinculados o están relacionados”, explicó.

Del análisis, señaló el juez, se evidenció que los investigados colaboraron con las investigaciones desde el inicio de la misma, no solo brindando su declaración; sino también entregando -en algunos caso- sus teléfonos. Descartó la presunta “pluralidad de domicilio” como un riesgo de fuga, al señalar que se trata de un mención sin hechos concretos.

Por tanto, el magistrado adujo que, si bien no hay algún acto concreto que permita entender una presunta obstaculización de averiguación de la verdad o en lo que concierne al peligro de fuga; era indispensable que los investigados puedan ser ubicados cuando sean convocados por la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

En esa línea, concluyó que en este caso, sí se presentó el presupuesto de suficiente medios de prueba y la necesidad de la presencia de los investigados para la indagación de la verdad.

“A partir de estos datos, sí es posible restringir los derechos de los investigados (…) reitero en esta sesión lo único que se está determinando es la necesidad de investigación, los presuntos hechos ilícitos, de esclarecer las presuntas irregularidades advertidas, con presuntos vicios de comisión delictiva y a partir de ello, que los investigados puedan ser ubicados cada vez que el Ministerio Público requiera su presencia”, argumentó.

Por ello, declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto Salinas, Phang Sánchez, Samamé Blas, Alvarado Pfuyo, Flores Bancho y Otoya Alvarado.

Ordenó que se oficie a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que se ejecute la medida dictada por su despacho.

El Ministerio Público, y las defensas de Corvetto, Samamé, Phang, Otoya y Flores se mostraron conformes con la decisión judicial. La defensa del empresario Alvarado Pfuyo apeló la decisión.

Durante la audiencia de requerimiento, el Fiscal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, señaló que “sí hay sospechas de presuntos actos de corrupción” cometidos por funcionarios de la ONPE a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

“No solo estamos hablando de sospecha simple; sino de actos concretos de direccionamientos que revelarían presuntos actos de corrupción”, adujo.

Por tanto, señaló el fiscal, era necesario que los investigados estén sujetos a una medida que asegure su presencia para su participación en el desarrollo de las investigaciones.

Abia Arrieta argumentó que corresponde al Ministerio Público verificar si, en el citado proceso de licitación, hubo algún “trato, pacto, contacto o un concierto desfraudatorio”, puesto que los hechos posteriores a la adjudicación revelaban “que hubo perjuicio , que se habría materializado en nuevo gastos que fueron asumidos por el Estado a traves de ONPE.

Sobre Piero Corvetto Salinas, en su calidad de exjefe de la ONPE, habría estado inmerso en diversas decisiones que afectaron los lineamientos para el buen desarrollo de la licitación del Servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026” con la finalidad de beneficiar a Galaga.

En línea, el fiscal adujo que podría haber una “precipitación” de Corvetto Salinas, como lo hizo con su renuncia a su cargo como jefe de ONPE, ante la investigación fiscal y la gravedad de la pena, por lo que era necesario dictar la medida de impedimento de salida en su contra ante una posible evasión de la justicia.

“La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren los hechos de conocimiento público que han generado zozobra e impacto sobre todo, de cara a la Segunda vuelta de este proceso electoral. En ese sentido, considero que podría, no estoy diciendo que se vaya a ir, podría pensarlo, precipitarse, es un ser humano, hay que entenderlo; hay una amenaza que existe por parte del Ministerio Público, irse y evadir la acción de la justicia”, advirtió Abia Arrieta.

El fiscal recordó que en la diligencia de allanamiento se halló un tercer pasaporte a su nombre. La fiscalía, como se recuerda, precisó que el documento estaba vigente hasta agosto del 2026.

Sobre Samamé, Phang, y otros funcionarios de ONPE, el Ministerio Público también señaló que estos habrían participado en diversos hechos que terminaron por flexibilizar los requerimientos para favorecer a la empresa Galaga.

Por tanto, se indicó, su presencia era necesaria para las diversas diligencias que se realizarán como peritajes, extracción de información de los equipos informáticos y celulares incautados con el fin de esclarecer la verdad. En el caso de Phang, la fiscalía indicó que se habían encontrado cerca de 157 documentos vinculados a ONPE.

Además, existían otros hechos que vienen siendo investigados en otros despachos fiscales que se acumularán a la investigación por la que se estaba pidiendo la medida y por ello se deberá contar con la presencia de los investigados.

Similar argumento se invocó en el caso del empresario Alvarado Pfuyo, a quien se le atribuye haber participado en un presunta colusión, ya que los lineamientos para el servicio contratado y los terminos de referencia se modificaron, lo que habría llevado a favorecer a la empresa.

“Esta incapacidad o tolerancia a esta incapacidad por parte de los funcionarios de ONPE, no es gratuita y la hipótesis es que estos se hicieron en favorecimiento a la empresa Galaga”, indicó el fiscal.

Durante la audiencia, las defensas de los investigados Corvetto Salinas, Phang Sánchez, Flores Bancho y Otoya Alvarado, se allanaron al requerimiento fiscal. Por su parte, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo se opusieron al pedido.

Julio Arbizu, abogado del exjefe de la ONPE, informó a la judicatura su allanamiento al pedido de impedimento; sin embargo sostuvo que ello no significaba el reconocimiento de la imputación fiscal o la comisión de algún delito.

“Debo ser enfático, rechazamos cualquier tipo de imputación de responsabilidad penal sobre todo porque la narrativa se construye sobre inferencias y valoraciones; nuestro allanamiento no puede, no debe ser aceptado como aceptación de cargos, sino como muestra de transparencia y confianza”, señaló.

Corvetto Salinas, quien también hizo uso de la palabra, ratificó su allanamiento al impedimento de salida del país y rechazó también haber cometido delito alguno. Además, aseguró que en todo momento actuó con respeto escrito a las normas, a sus funciones y sobre todo con “integridad en cada uno de mis actos”, por lo que dijo confiar en que demostrará su inocencia.

El exjefe de la ONPE aseguró en otro momento que el pasaporte hallado en su vivienda era un documento “que no estaba vigente” ya que lo había renovado por otro y este último (el vigente) entregó a la fiscalía.

Los abogados Cristian Maraví y Patricia Mamani, defensa de Samamé Blas, se opusieron al impedimento. “Este requerimiento que hace la fiscalía es desproporcionado, no hay elementos de convicción y están forzando figuras administrativas”, señalaron.

Samamé, a su turno, rechazó las aseveraciones de la fiscalía. “Avancemos con la investigación, yo quiero colaborar porque quiero que se esclarezca la verdad”, dijo.

Abelardo Malqui, abogado de Phang Sánchez, señaló que su patrocinado se allanó al impedimento con la finalidad de participar en las acciones de la fiscalía, pero aseguró que se trataba de un sometimiento procesal que no afectaba la posición de inocencia de su patrocinado.

A su turno, el investigado Phang Sánchez sostuvo en audiencia que tenía 25 años como funcionario de la ONPE, que si bien está suspendido, sigue formando parte de la institución.

“Me someto a las investigaciones. Desde el primer momento he brindado las declaraciones, tengo 22 años de gerente de Producción Electoal con vasta experiencia”, adujo.

Valeria Morón, abogada de Alvarado Pfuyo, se opuso a la medida de impedimento al sostener que no había elementos mínimos para dictar la medida. Además, rechazó que su patrocinado tenga capacidad económica puesto que el despliegue de transporte del material electoral el 12 de abril, todos los gastos fueron asumidos por la empresa Galaga y la ONPE no había emitido las conformidades para el pago del servicio.

Alvarado Pfuyo, a su turno, aseguró que su empresa tiene 15 años de experiencia y lo ocurrido en las recientes alecciones habías afectado reputación. “El servicio de logística que ha desarrollado la ONPE es bastante complejo, nosotros intervenimos en la última etapa, nosotros no somos responsables de la demora”, afirmó.

Jener Cariga, abogado de Flores Bancho, señaló que su patrocinada también se allanó al pedido fiscal y aseguró que nunca ha salido del país, que ha mostrado su colaboración y que se demostraría su inocencia.

Flores Bancho, quien también se dirigió a la judicatura, defendió su trayectoria profesional y negó haber cometido algún acto ilícito. “Soy una persona profesional, honesta, que trabajada en el marco de la legalidad y transparencia, y todo mi actuar ha sido de manera íntegra, tanto es así que dentro de mis 15 años de labor profesional no he tenido sanción administrativa ni legal”, expresó.

Finalmente, el abogado Teodoro Ycochea, defensa legal de Hilda Otoya, rechazó las imputaciones contra su patrocinada y afirmó que seguía órdenes y solo redactaba documentos. “Se habla de concertaciones, con las que no estamos de acuerdo, nunca se dieron esas concertaciones”, anotó.

En la noche del jueves 30 de abril, ciudadanos protagonizaron protestas en los exteriores de la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, y afuera del domicilio del presidente de esa entidad, Roberto Burneo, para exigir que se realicen elecciones complementarias o, en caso contrario, declarar la nulidad del proceso electoral por presuntas irregularidades durante los comicios generales del 12 de abril.

Al respecto, el JNE condenó los hechos registrados en los exteriores de la casa de su titular, así como “toda forma de hostigamiento o amedrentamiento” contra sus autoridades.

“Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, expresó en un comunicado.

Aunque reconoció que el derecho a la manifestación es legítimo, el JNE aclaró que este “no ampara actos de intimidación ni amenazas”.

“Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, añadió.

El órgano electoral aseguró que actúa “con plena autonomía e independencia”, y que sus decisiones se adoptan exclusivamente “sobre la base de criterios técnicos y jurídicos, dentro del marco de las etapas del proceso electoral”.

Finalmente, exhortó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social”.

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El partido Juntos por el Perú presentó una denuncia por supuesta vulneración al principio de la neutralidad electoral contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego de que este último pidiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar el pedido de elecciones complementarias.

La denuncia fue presentada por Carlos Adeval Zafra, personero legal de Juntos por el Perú, ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2.

#AHORA Esta es la denuncia presentada por Juntos por el Perú contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta infracción al principio de neutralidad. “Es una clara interferencia en el proceso electoral”, se sostiene.
@Politica_ECpe pic.twitter.com/4oW2152Ox5

— Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) May 1, 2026

El jueves, en RPP, el vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza había adelanto el nuevo recurso. “Vamos a presentar ante el Jurado Electoral Especial -que es la primera instancia- una denuncia por infringir el principio de neutralidad electoral contra el alcalde de Lima”.

“Consideramos que el alcalde está adoptando posiciones a favor de una agrupación política a cual él pertenece: Renovación Popular”, agregó.

El alcalde de Lima expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley.

A través de un pronunciamiento, el burgomaestre —quien fue teniente alcalde durante la gestión de Rafael López Aliaga y militante de Renovación Popular— advirtió que la exclusión de aproximadamente un millón de electores en Lima afecta la legitimidad del proceso electoral y compromete derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Posteriormente, Reggiardo calificó de “falso absolutamente” que esté realizando un uso indebido de su cargo o de los recursos públicos para fines partidarios, y que lo hizo como autoridad y representante de los vecinos de Lima.

Hace dos semanas, Juntos por el Perú presentó una primera denuncia contra Reggiardo luego de que expresara públicamente su respaldo a Rafael López Aliaga, en medio del proceso electoral en curso.

Antes, el alcalde solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que requiera información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la cantidad de electores afectados en las elecciones del 12 de abril.

La comisión de Defensa Nacional del Congreso citó a tres integrantes del Gabinete ministerial para que den a conocer cuál es la actual situación de las negociaciones del Perú con Estados Unidos para la adquisición de aviones de combate F-16.

Los invitados a la sesión del grupo de trabajo, que preside la legisladora Karol Paredes, son el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno; y el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Pareja Ríos.

La sesión está programada para el lunes 4 de mayo, a las 3 p.m., en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República.

Nueva citación tras inasistencia

El pasado 27 de abril, la comisión de Defensa postergó la sesión informativa programada para ese día tras la inasistencia de los citados ministros para explicar la situación de la compra de aviones F-16, en el marco de las declaraciones que días antes ofreció el presidente José María Balcázar sobre ese tema, en el que anunció su intención de postergar la compra de las aeronaves.

Los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y el titular de la PCM no acudieron a la sesión de la comisión por tener actividades prioritarias, de acuerdo con una carta enviada por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros en la noche del 24 de abril.

Ante esa situación, la congresista Karol Paredes, titular de la comisión, consideró que la inasistencia de los ministros fue una “falta de respeto” hacia ese poder del Estado y la ciudadanía.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima.

El burgomaestre considera que la decisión del órgano electoral “vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños”.

Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la @CSJdeLima, una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del @JNE_Peru, que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños pic.twitter.com/Sy87j8DsZo

— Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 30, 2026

El pasado martes 28 de abril, Reggiardo expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley”.

A través de un pronunciamiento, el burgomaestre —quien fue teniente alcalde durante la gestión de Rafael López Aliaga y militante de Renovación Popular— advirtió que la exclusión de aproximadamente un millón de electores en Lima afecta la legitimidad del proceso electoral y compromete derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Reggiardo también denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas la demora en la instalación de mesas de sufragio, la no apertura de algunas de ellas, la falta de material electoral y la supuesta desaparición de actas tanto en Lima como en el extranjero.

Asimismo, cuestionó la incorporación extemporánea de actas de la serie 900 y pidió una auditoría al sistema informático administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Una suerte de guiño hacia determinado sector político o una puesta en evidencia implícita de la carencia de una plataforma política. O ambas cosas. Aunque las autoridades aún no han proclamado oficialmente quiénes serán los rostros de la segunda vuelta, el martes 28 de abril, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) adelantó públicamente estar en “conversaciones” con el exfiscal José Domingo Pérez —actual abogado del golpista expresidente Pedro Castillo— para, según indicó, que encabece una reforma del sistema de justicia en un eventual gobierno suyo. Incluso puso sobre la mesa la posibilidad de nombrarlo ministro de Justicia.

Dos días después, el jueves 30 de abril, el candidato de Juntos por el Perú difundió una imagen junto a José Domingo Pérez en su cuenta en X, y señaló: “Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido doctor José Domingo Pérez”.

POR UNA MAYORÍA POLITICA y SOCIAL
Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido Dr José Domingo Pérez #PedroCastilloLibertad #JuntosPorElPueblo #JP pic.twitter.com/iY8dD43Nva

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 30, 2026

Sánchez afirmó que aguarda el resultado final; sin embargo, también manifestó tener la tranquilidad de que ingresará al balotaje. En esa línea, dijo reconocer que una segunda vuelta “es otro proceso”, con “nuevas situaciones que hay que evaluar también para ofrecer un programa serio, sensato, que logre mayoría política y social para cambios de fondo que necesita el Perú”. Al 96% de actas contabilizadas, con corte a las 4:46 p.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registraba una diferencia de 23,896 votos a su favor sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

El martes, en el podcast “Brutalidad política”, el actual congresista señaló que se encontraba en una etapa de valoración de liderazgos sociales, políticos y técnicos, y destacó la necesidad de que estos “tengan ascendencia en la población”.

“Por ejemplo, en el campo agrícola, pensaría en un experto o en un dirigente con ascendencia en ese sector para ser el vocero de esas políticas orientadas a lo que nosotros decimos: la segunda reforma agraria. Y así. En realidad, en estos momentos no hemos dicho este ‘sí’, este ‘no’; es un momento de aglutinamiento que ahora de cara a la segunda vuelta necesitamos”, expresó Sánchez.

Sí mencionó que en los próximos días se llevará a cabo un encuentro clave y que, si bien hay voces que sugieren esperar los resultados, sostuvo que “hay una situación de inminencia”. “Creo que en muy pocos días vamos a tener la capacidad de decir: esta es la vocería, este es el equipo, estos son los cuadros, hombres y mujeres de las diferentes regiones que van a identificar y perfilar la propuesta de Juntos por el Perú”, adelantó el aspirante presidencial.

En ese contexto, se le consultó si era cierto que el exfiscal José Domingo Pérez podría integrar un eventual gabinete en un eventual gobierno suyo. Sánchez confirmó que “hay conversaciones preliminares”, aunque dejó entrever que aún no existe nada definido. “Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitado precisamente en esta previa diríamos a ir configurando equipos”, señaló.

En otro momento, reiteró que ha formulado “varias invitaciones” y, aunque evitó brindar mayores detalles, indicó que está en conversaciones con perfiles “que vienen” del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, con la línea de hacer “más social” el actual régimen económico.

También mencionó a Hernando Cevallos, excongresista y exministro de Salud, así como a Jorge Manco Zaconetti, economista a quien ubicó en el sector Energía y Minas. Ambos son candidatos de JPP en esta elección, a senador y parlamentario andino, respectivamente. “En justicia, bueno, está evaluando, veremos la participación a detalle el doctor Domingo Pérez”, añadió.

En declaraciones a la prensa, Sánchez ya había adelantado en la víspera la invitación al exfiscal e, incluso, precisó que su aspiración era “que evalúe liderar la reforma integral del sistema de justicia en el Perú”, en un eventual gobierno suyo. “Lo hemos invitado por ejemplo a Domingo Pérez, nuestra aspiración es que evalúe liderar la reforma integral del sistema de justicia en el Perú”, refirió.

Pérez, quien integró el Equipo Especial Lava Jato, asumió a inicios de abril la defensa legal del sentenciado expresidente Pedro Castillo —quien cumple una condena de más de 11 años por el delito de conspiración para la rebelión—, previo a la primera vuelta electoral. Inicialmente, fue suspendido en sus funciones por el órgano de control del Ministerio Público; posteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo en el cargo.

Tras asumir la defensa, Pérez sostuvo que tanto él como Castillo fueron ‘víctimas’ de una “componenda mafiosa” y adelantó que llevará su mensaje “más allá de los tribunales de justicia” para que se pueda identificar que patrocinado “está injusta y arbitrariamente privado de su libertad”. En su mirada, Castillo se encuentra “secuestrado”.

Fuentes de El Comercio ratificaron que, hasta el momento, lo que existen son acercamientos, pero que aún no hay nada concreto con Pérez. Explicaron que, en esta primera etapa, se busca que pueda sumarse al programa del partido de cara a la segunda vuelta y “encargarse del tema de la reforma judicial”. Sin embargo, todavía no se ha definido desde qué espacio lo haría; es decir, si desde un ministerio u otra instancia en caso ser gobierno.

De acuerdo con las fuentes, la agrupación busca en estos momentos conformar un “equipo técnico” y se encuentra en una etapa de “repensar” y “afinar” las propuestas programáticas ya formuladas, como la idea de una asamblea constituyente y la reforma agraria. Un ejemplo claro de ello es el cambio de tono respecto a la postura de Sánchez sobre Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Por otro lado, el candidato presidencial Roberto Sánchez insistió en desvincularse de Antauro Humala, cabecilla del Andahuaylazo. Indicó que no está afiliado a su partido y que “como mucha gente, hoy está viniendo y nosotros recibimos a todos”, pero que ello —dijo— no implica una alianza. “Hemos tenido y tenemos coincidencias, como por ejemplo la asamblea constituyente, pero no pena de muerte. Él es responsable de sus palabras”, aseveró.

Además, en el podcast insistió en que no comulga con todas las propuestas de Humala. “Él [Humala], por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas, y nosotros compartimos, de ellas, cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común. (…) Cada quien diríamos es responsable de lo que dice, pero que represente lo va a ser Juntos por el Perú, evidentemente que no lo es”, refirió.

A opinión de Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, este anuncio efectuado por Sánchez dice muchas cosas; entre ellas, evidenciaría la improvisación en la formulación de la campaña y la propuesta del candidato, que ahora se intenta cubrir. “Se ve que no tenían cuadros, no tenían nada armado y pareciera que ahora están haciendo un ‘casting’ para llenar los espacios que requieren para continuar en campaña”, remarcó.

No obstante, consideró que también se pone en cuestión la independencia de Pérez cuando estuvo en la fiscalía, pues ya no solo es abogado de Pedro Castillo —quien cometió delito contra la democracia y que está en la cárcel—, sino que además se perfila como aliado de Roberto Sánchez, quien disputaría la segunda vuelta con Keiko Fujimori, a quien investigó y acusó como fiscal.

“Las posiciones políticas, ideológicas, las afinidades, no surgen de un momento a otro. Son una continuidad. Esto demuestra la falta de independencia con que actuó Pérez en el pasado. Y eso también habla muy mal de la fiscalía en aquel entonces, de manera retrospectiva, porque no estaba actuando independientemente, estaba actuando contra una persona que luego fue liberada por el mismo sistema judicial”, remarcó Benavente.

Por su parte, en opinión del analista político Enrique Castillo, Sánchez necesita unificar a la izquierda “contra algo” de cara a esta segunda vuelta, pero no únicamente a la izquierda radical que aúpa a figuras como Pedro Castillo o Antauro Humala.

“Necesita también hacerle guiños a la centroizquierda, progresista, y todos sabemos que José Domingo Pérez es un símbolo de lo que significa la persecución contra Keiko Fujimori. Entonces, con esto, lo que está haciendo es tratar de ganarse el favor y el compromiso de todos aquellos sectores que siempre pensaron que el fujimorismo debería tener un castigo penal”, expresó el analista.

Añadió que, si bien Domingo Pérez se ha desprestigiado en los últimos tiempos, Sánchez busca capitalizar esa imagen del exfiscal como símbolo de persecución contra el fujimorismo.

“Más que improvisación lo que debe estar buscando es con quién hace alianzas para tratar de mandar mensajes a la población de que él no está en una línea radical solitaria; y que más bien él sí tiene capacidad de diálogo y apertura para poder llegar a otros sectores”, comentó Castillo.

Por un lado, tenemos al candidato Rafael López Aliaga reclamando fraude y que la ONPE provocó el caos del domingo 12 de abril con el fin de afectar a los votantes limeños que le hubieran sido favorables si no hubiera ocurrido el desastre que manchó el proceso electoral, y por otro, está Roberto Sánchez, quien llama “al sur andino” a defender el voto.

Lo cierto es que, más allá de flagrantes errores, por decir lo menos, el exjefe de la ONPE Piero Corvetto demostró un pésimo manejo de la situación y una clamorosa incapacidad para el despliegue de material que claramente perjudicó a los votantes limeños y a sus candidatos.

Tal fue la mancha de los comicios del domingo 12 de abril que el procurador del Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal por los delitos de atentado contra el derecho de sufragio (obstaculización), omisión de funciones y colusión agravada.

La pregunta que la justicia deberá responder es: ¿fue un acto intencional demorar el sufragio en Lima o fue solo incapacidad?

Lejos de despejar las dudas, la actuación de la izquierda frente a la renuncia de Corvetto y al allanamiento a su vivienda solo alimenta la sospecha de que ese sector ha perdido un aliado en el ente electoral; ¿si no cómo se explica que el exjefe de la ONPE haya elegido como abogado defensor a Julio Arbizu, militante activo de Juntos por el Perú y excandidato al Congreso por la misma agrupación?

¿Cómo se explica que la congresista Silvana Robles, de Juntos por el Perú, haya enviado un oficio al director general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, solicitando un informe que detalle a los funcionarios responsables de la difusión de imágenes en la diligencia realizada al exjefe de la ONPE Piero Corvetto? Es decir, la difusión de las imágenes de personas en sus domicilios y en pijama solo es válida si el sujeto en cuestión es considerado un enemigo político, si es parte de su argolla, es nocivo y buscan venganza.

No es poca cosa que la señora Robles haya sido ministra de Cultura durante la gestión de Pedro Castillo. El golpe de Estado del 7 de diciembre frustró su permanencia en el Ejecutivo.

Si bien el JNE estima que dará los resultados de la primera vuelta a más tardar el 15 de mayo, la espera por saber oficialmente quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta se ve sazonada por una serie de hechos que solo ratifican las sospechas sobre la gestión de Corvetto.

Faltan 14 largos días para el veredicto del JNE, y eso en el Perú puede ser una eternidad.

El abogado de Servicios Generales Galaga, Cristian Castillo, anunció que la empresa de transporte, cuyo gerente general está siendo investigado por presunta colusión agravada, va a participar del proceso de licitación para ser, nuevamente, la empresa encargada del despliegue y retorno del material electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Queremos demostrar que Galaga puede ganar en cualquier concurso, porque tiene la capacidad como empresa, tiene la responsabilidad moral como empresa, y tiene la manos limpias porque no ha cobrado ni un sol, ni una dádiva para obtener este contrato”, afirmó el defensor legal.

Asimismo, Castillo aseguró que la licitación del transporte del material electoral fue obtenido gracias a la capacidad técnica que el personal de la empresa tiene “para prepararse a un concurso de tal magnitud”.

“No tenemos la seguridad que vamos a ser los transportadores, pero sí nos vamos a presentar para demostrar que sí tenemos la capacidad y que lo que hemos hecho ha estado bien”, reafirmó.

Galaga no tiene responsabilidad sobre otras empresas

El representante legal descartó que la empresa tenga alguna responsabilidad sobre las compañías que no lograron ganar la licitación en la primera vuelta.

“No es responsabilidad de Galaga que las otras empresas no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla”, aseguró.

Explicó que según el TDR, “solo pedían que pongas contratos de S/ 4.5 millones o más”. “AFE tiene más de S/ 30 millones de contratos con el Estado. Todo el Ministerio Público lo trabaja AFE; entonces, que no haya presentado la experiencia no es culpa ni de Galaga ni de los funcionarios de ONPE”, puntualizó.