El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la acusación fiscal en su contra por el presunto delito de falsa declaración en un proceso relacionado con la rendición de aportes de su agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó sentirse “tranquilo” frente a la investigación.

Sánchez explicó que el caso se remonta al año 2018 y recordó que inicialmente se le investigó por una supuesta apropiación de fondos partidarios, acusación que —según sostuvo— fue archivada tras las diligencias fiscales.

“Esa investigación empezó en el año 2018 y me acusaba de que yo me había apropiado de fondos. Después que se ha investigado, yo he demostrado que eso era falso y se ha archivado”, aseguró.

El también congresista indicó que la investigación alcanzó al entonces presidente del comité electoral del partido, su hermano Ricardo Sánchez, quien —según explicó— fue elegido durante un congreso nacional de la organización política y no designado directamente.

“El que era presidente del Comité Electoral, mi hermano, militante del partido y tiene más de 20 años de militancia, fue elegido como presidente del Comité Electoral en un Congreso Nacional de Partido, no a dedo. En ese tiempo, para recuperar la vigencia del partido no teníamos ni tesorero ni aportes públicos ni cuenta partidaria”, dijo desde la casona de la universidad San Marcos.

Roberto Sánchez adelanta que no firmará “hoja de ruta”

Según Sánchez, la actual acusación fiscal referida a una presunta falsa declaración a la ONPE está vinculada a un acto administrativo del partido del cual él era responsable en ese momento.

“La falsa declaración, siendo un tema administrativo, yo la rechazo porque yo soy el representante legal. Y si un documento tiene que entrar en alguna entidad, ¿quién lo firma? El representante legal”, manifestó.

“Como en los seis años he asistido a todas las diligencias, entonces, conclusión, estoy tranquilo”, remarcó.

Más tarde, el partido Juntos por el Perú emitió un comunicado reafirmando sus declaraciones:

“No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia. Rechazo haber dado falsa declaración a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades”, afirmó.

Detenida precandidata de Juntos por el Perú

Por otro lado, Sánchez también se pronunció sobre la detención de la precandidata de Juntos por el Perú, Jhuliana Angélica Carbonel, investigada y detenida este martes por presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos”.

El candidato sostuvo que las investigaciones deben realizarse respetando el debido proceso.

“Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco justificar. Que se realicen las investigaciones necesarias respetando el debido proceso”, indicó.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de los procesos “individuales de evaluación parcial de desempeño” a 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional, entre los que figura el también magistrado supremo Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En octubre del 2024, la Sala Plena del Corte Suprema eligió a Burneo como su representante ante el JNE y, en consecuencia, asumió la presidencia de la institución electoral para le período 2024-2028.

“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, explica la JNJ.

En una nota de prensa, la Junta Nacional de Justicia precisa que el cronograma contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura, del 5 al 18 de junio del presente año".

También señala que “el apersonamiento de los jueces y fiscales” para el referido proceso será desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio.

Detalla que del 11 de junio hasta el 12 de octubre, la comisión, junto a un equipo multidisciplinario, “ejecutará la metodología de evaluación” y “la presentación de los alcances y la naturaleza del procedimiento de evaluación”.

Entre el 13 de octubre y el 16 de noviembre, se formularán los informes individuales de evaluación parcial del desempeño y desde el 17 de noviembre se elevarán los expedientes de cada magistrado al Pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.

Según el cronograma, del 1 al 7 de diciembre, los informes individuales aprobados por el Pleno serán notificados a los “evaluados” y entre el 8 y 18 de diciembre se realizará la evaluación final con la Academia de la Magistratura.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron este lunes 11 de mayo con la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales en sus respectivas jurisdicciones.

Durante esta primera jornada se realizaron audiencias en Lima Centro 1 (Breña, Jesús María y Cercado de Lima), Lima Centro 2 (que tiene a su cargo los votos de los peruanos en el extranjero) y Trujillo. Las sesiones continuarán en los próximos días en los demás JEE (60 en total).

Se trata de un paso previo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suscriba el acta general y proclame los resultados de los comicios presidenciales. En dicho acto, se anunciará, además, a los candidatos que pasan a la segunda vuelta del 7 de junio.

Como se sabe, el organismo electoral ha estimado que a mediados de mayo dará a conocer los nombres de los postulantes que van al balotaje.

🚨Jurados Electorales Especiales iniciaron la proclamación descentralizada de resultados de las #EG2026🗳️.
A continuación, Hugo León, presidente del JEE Lima Centro 1, informa sobre la proclamación de resultados en esta jurisdicción. pic.twitter.com/DNsLeYyLXe

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 11, 2026

Pero los efectos comenzaron incluso antes. La incertidumbre electoral y económica previa al inicio del gobierno ocasionó que, durante el 2021, salieran del país US$16.638 millones. La cifra, que equivale al 7,4% del PBI, es la más alta registrada en la historia.

Este quinquenio también estuvo caracterizado por la erosión de la fortaleza fiscal, una de las bases del manejo económico de los últimos años. Durante el 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.

¿Han sido los últimos cinco años una oportunidad perdida? Para Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) remarcó que el modesto crecimiento económico estuvo relacionado a la poca confianza empresarial que se vio reflejada en el estancamiento o caída de la inversión privada. Asimismo, sostiene que el manejo de las finanzas públicas será un indicador a monitorear en el futuro.

“El Consejo Fiscal ha advertido en múltiples oportunidades que está incrementando el gasto corriente. Y no es un incremento transitorio, es un incremento permanente que limita los recursos para otras actividades del Estado como, por ejemplo, la infraestructura”, explicó.

Desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. En promedio, un titular de sector del Ejecutivo duró solo cinco meses, casi 80% menos que 20 años atrás, en el periodo 2001-2006. En aquel quinquenio, los ministros se mantuvieron dos años y nueve meses en el cargo, en promedio. La erosión en la estabilidad ministerial empezó en el periodo 2016-2021 y se redujo a su mínimo histórico en el vigente.

El sector más volátil es Interior. En los últimos cinco años, 18 personas dirigieron la cartera, con una duración promedio de tres meses cada una. Todo ello en medio de una subida consistente en las cifras de crímenes violentos. En el 2021, las denuncias por homicidios a nivel nacional aumentaron en 35% respecto del año anterior, según las principales modalidades delictivas denunciadas en el Sidpol.

Enzo Elguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, advierte que la alta rotación impide la continuación de la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

“Como no hay visión de gobierno, el nuevo ministro se tiene que poner al día y ajustar a ciertos parámetros. Esto, finalmente, hace que no continúes ninguna política de gobierno. Todo esto hace que el Perú esté en un retroceso sin importar la demanda poblacional”, indica.

El periodo 2021-2026 deja, también, récords negativos en el respaldo presidencial. Pedro Castillo fue el primer presidente en empezar su mandato con menos del 40% de aprobación desde, por lo menos, el 2001. En noviembre de 2024, Dina Boluarte obtuvo la cifra más baja de respaldo registrada desde el 2001 por Datum Internacional: 3%. Con la misma dejó el cargo, en octubre de 2025. En la última medición, de febrero y marzo de 2026, José María Balcázar obtuvo 13%. Sin contar a Boluarte, no se veía una aprobación tan baja desde el gobierno de Alejandro Toledo.

Para la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, son dos los factores que explican esta crisis de confianza ciudadana frente al gobierno. Por un lado, el hecho de que el ganador de las elecciones tenga tan poca representatividad en la población hace que los nuevos gobernantes inauguren sus mandatos con poco respaldo. A esto se le suma, explica Torrado, la poca legitimidad que ostentan los presidentes que asumieron luego de las vacancias presidenciales. O sea, sin haber sido electos por la población.

“En los últimos cinco años, lo que se ha visto es un desgaste producto de esa baja representatividad. La gente siente que quienes gobiernan no son las personas que han elegido, no se siente representada por las autoridades. Comienzan con una aprobación baja y, salvo pocas excepciones, no han logrado conectar con la población”, sostiene.

El Poder Judicial confirmó el rechazo del habeas corpus que presentó la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez con el que buscaba prohibir el ingreso de autoridades a la embajada de México en el Perú para y así impedir su captura.

Los jueces Vichez Davila, Romero Roca y Suarez Burgos; de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitieron su decisión el pasado 8 de mayo de 2026.

Ahí, el tribunal determinó que la supuesta amenaza carece de consistencia y relevancia jurídica. La demanda citaba declaraciones públicas del expresidente José Jerí sobre un posible ingreso forzoso a la sede diplomática. Sin embargo, la sala resaltó que Jerí ya no ejerce el cargo tras su destitución mediante una moción de censura. Por tanto, el exmandatario carece de capacidad actual para decidir o ejecutar acciones contra la misión extranjera.

La resolución subrayó que la Cancillería y otros altos funcionarios rectificaron de forma expresa las manifestaciones previas del entonces presidente Jerí Oré. El Estado peruano reiteró su respeto irrestricto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a la inviolabilidad de las embajadas. Los magistrados concluyeron que no existen órdenes operativas ni actos materiales que sugieran una vulneración inminente de la residencia mexicana.

El fallo también abordó el pedido para la entrega inmediata de un salvoconducto que permita el viaje de Chávez a México. El colegiado estableció que el otorgamiento de este beneficio constituye un acto estrictamente administrativo y diplomático, por lo que concluyó que no puede sustituir las evaluaciones técnicas de la Cancillería y el Ejecutivo, donde todavía no hay un pronunciamiento sobre esta materia.

Los jueces señalaron que la permanencia de la ex premier en la embajada responde a una decisión voluntaria para sustraerse de la justicia ordinaria. No existe una restricción física impuesta por el Estado peruano que configure una privación de la libertad individual tuteable por esta vía. La sala precisó que el proceso de habeas corpus posee una finalidad restitutoria y no sirve para acelerar trámites ante la administración pública.

Betssy Chávez permanece en la sede mexicana con asilo político desde noviembre de 2025. Sobre ella pesa una condena firme de prisión por su participación en el golpe de Estado de diciembre de 2022 perpetrado por Pedro Castillo, cuando ella ocupaba el puesto de Presidenta del Consejo de Ministros.

El comandante PNP en retiro Miguel Canga- comisario de Andahuaylas cuando Antauro Humala tomó la sede policial- consideró que los deudos de la asonada no han encontrado justicia plena. Agregó que cuando fue liberado tuvo “un momento de alegría y tristeza a la vez”. “Alegría porque estábamos saliendo con vida, pero triste porque cuatro hermanos policías habían caído”.

En entrevista con “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Canga sostuvo que los etnocaceristas “remataron” a los policías víctimas del ‘andahuaylazo’.

— ¿Tuvieron información de Inteligencia sobre los etnocaceristas? Para llegar a Andahuaylas tenían que hacerlo en carretera.

Mire, en Andahuaylas se celebra la llegada del niño Jesús, pero en tres oportunidades: 24, 25 y 31. Entonces, en estos días llega una multitud de gente enorme a la plaza de armas. El 30 de diciembre [de 2004] a mí me llega información sobre un pase de droga de 400 kilos. Entonces, yo le informo al fiscal y le digo al capitán Villafuerte, él era el encargado de la investigación criminal de que esté al tanto. El mismo día me llaman y me dicen que había 40 personas que estaban alojadas en un hostal del distrito de San Jerónimo.

Entonces, el capitán va con el fiscal a ver si era cierta la información que tenía y, efectivamente, habían 40 personas, pero no eran narcotraficantes, sino etnocaceristas. Se les encontró un pantalón militar camuflado y una bala de un fusil Fal. El capitán me da cuenta de eso y yo le digo: “¿Y qué dispuso el fiscal?” “Que le vamos a tomar su declaración a todos”, respondió.

— ¿Esa fue una primera señal de alarma?

En la declaración que ellos [los etnocaceristas] dan en la comisaría indican que se iban a un congreso en el Cusco y que iban a pasar por Abancay. Por ello, se les dio libertad, porque no había motivo de detención. Pero mi gente de Inteligencia, los siguió el 30 y 31 de diciembre. Y este personal me dice que los etnocaceristas habían charteado un camión y que se iban a dirigir a Abancay.

— ¿Usted informó sobre esta situación al Ministerio del Interior o a la comandancia general de la Policía Nacional?

Llamé a los canales de Inteligencia: DINI, DIRIN y DIGIMIN. Los llamé para saber si tenían algún conocimiento, y si iban a hacer algo sobre este movimiento y me dijeron “negativo, que no había nada”. Y luego llamé al capitán, al jefe de Carreteras y pregunté: “¿han pasado por ahí?” y me dice que “sí, mi mayor, han pasado por acá y están camino a Abancay”. Luego a la medianoche me vuelven a llamar y me dicen: “Canga, no han pasado, no han llegado acá”.

— Y para llegar a Cusco tenían que pasar por Abancay…

Sí, entonces, se supuso que estaban celebrando el Año Nuevo por las alturas […] Y el evento por la llegada del niño Jesús se hizo hasta las 3:30 a.m. del 1 de enero. Yo estuve en la plaza de armas con el (ahora ex) congresista Edgar Villanueva…

— ¿En qué momento se da la toma de la comisaría? ¿Y cómo se entera usted?

Yo estoy acá, porque quiero aclarar cómo fue la toma de la comisaría. Antauro Humala dice que la toma fue en forma pacífica, porque los señores de la comisaría estaban borrachos, pero quiero desmentir este hecho. La toma de la comisaría fue con armas prestadas […] Y una persona se acerca a donde un oficial [de la Policía] y le dice “feliz año oficial”, esta persona ve que tenía cuatro rayas [en sus galones] y esto significa mayor y el policía le responde “feliz año mi mayor”. Este personaje era Antauro Humala y a la mala le avienta el arma que tenía El Centinela cruzada en el pecho y cuando el policía quiere agarrar su arma, ya no puede. Y las huestes [del etnocacerismo] entraron, lo golpearon.

— ¿Pero hubo disparos de por medio o la toma se dio sin disparos?

Los demás [policías] que estaban adentro sí repelieron el ataque, la entrada, incluso dos policías resultaron heridos en la toma. Por ejemplo, al teniente Sergio Ortiz le entró una bala por la espalda y le salió por el pecho. Gracias a Dios que no perjudicó ningún órgano vital. Entonces, que no diga este señor que la toma fue pacífica. Acá yo tengo una foto, donde se le ve portando un fusil. Ese armamento que usted ve ahí, nosotros no teníamos en la comisaría.

— Usted ha referido que no se encontraba en la comisaría cuando fue tomada. ¿Tras este hecho, qué decisión adopta?

Yo estaba en mi casa, a dos cuadras de la plaza de armas y cuando me estoy cambiando, eran las 4:30 a.m., mi suegra, que en paz descanse, me dice: “Miguel, te están buscando dos policías que están con cara de asustados”. Cuando salgo me comunican que la comisaría está siendo asaltada por personal militar. Agarró mi arma y me dirijo a la comisaría […] Vi que salía humo. Cuando entré, mis colegas estaban tirados en el piso. Y ahí siento un golpe en la espalda, con una cacha de un fusil y me noquean un rato. Yo pensé que eran del Ejército.

— ¿Pero no asoció el hecho con la información que tenía sobre los etnocaceristas que nunca llegaron a Cusco?

No, hasta ese momento no. Pero cuando ví que en la frente tenía una vincha que decía “Ollanta” y que estaban camuflados, ahí me di cuenta de que eran los etnocaceristas. Les dije que el humo del gas lacrimógeno nos estaba esperando y ahí nos sacaron afuera a todos, a los 12 que estábamos ahí detenidos. Y a los lejos vi un patrullero, yo pensé que nos venían a rescatar, pero cuando me doy cuenta encima del patrullero venía un fulano con una bandera del Tahuantinsuyo. ¿Y quién era? El miserable de Antauro Humala.

— ¿Cómo fueron las primeras horas del secuestro en el andahuaylazo? ¿Usted como el comisario pudo hablar directamente con Antauro Humala?

Sí, cuando llega este señor nos meten adentro, donde estaba la sección de tránsito. Ahí Antauro Humala me da un papel y me dice “firme tu carta de sujeción, tú ya estás de baja”. Entonces, yo me sorprendo. Me dio un documento para que yo me sujete a ellos.

— ¿Para qué se sume a los etnocaceristas?

Así es, yo agarré el documento, lo hice bolita y se lo tiré a la cara. Nos quisimos agarrar a golpes en ese momento, pero sus huestes no lo permitieron. Yo tenía una pistola Star y le dije a Antauro Humala: “Si eres tan valiente, por qué no me devuelves mi arma y vamos al patio y nos agarramos a balazos”.

— ¿Y cuál fue la respuesta de Humala?

Nos metieron al calabozo que estaba al frente de la oficina de tránsito. Los cuatro días [del andahuaylazo] estuvimos en el calabozo. La verdad que fueron momentos dramáticos, momentos que no les deseo a nadie, porque en cada momento nos venían a amenazar que nos iban a matar, entraban y nos golpeaban, nos pisoteaban y nos insultaban.

— El 2 de enero ocurre la muerte de cuatro policías. ¿Cómo se entera usted de esto?

El día 2 de enero de 2005 se escucharon disparos. Para nosotros, supuestamente nos estaban viniendo a rescatar, pero ellos, los antauristas llegaron haciendo bullas, dando vivas al etnocacerismo. Y ahí le dan cuenta a Antauro Humala y le dicen: “hemos matado a cuatro policías”. Y Antauro Humala da vivas y comenta: “hemos matado a cuatro perros sirvientes del Estado”. Esas fueron sus palabras. Nosotros que estamos en el calabozo hicimos bulla y le gritamos: “oiga, nosotros no somos perros, somos del pueblo”. Y ahí vinieron sus huestes, de vuelta, y nos amenazaron con dispararnos. Hay un informe de la Policía sobre los graves atentados contra los derechos humanos.

— ¿Por qué ese informe no se judicializó?

La verdad no sé, eso ya fue manejo político. Inclusive, dijeron que nos iban a felicitar, a condecorar, pero eso nunca se dio. Yo estoy acá presente, porque quiero decir la verdad, Antauro Humala ha dicho que tomó la comisaría de forma pacífica, que no hubo disparos y que nosotros estábamos borrachos, pero es falso.

— Antauro Humala, finalmente, se entregó a la Policía. ¿Cómo se negoció esto?

Yo quiero hacer una mención especial al teniente general PNP Félix Murazzo, desde que él llegó a Andahuaylas comenzó a hacer un trabajo con Antauro Humala y logró su objetivo, lo quebró. En el tercer día, cuando salió Antauro Humala [para hablar con Murazzo], y regresa solo a decir que “ya hemos logrado nuestro cometido, vamos a rendirnos y a deponer las armas”. Pero las facciones de Cusco, Puno y Ayacucho le dijeron que “no”, que de la comisaría los sacaban con los pies para afuera. Esa fue su debacle. Ahí lo vi desencajado. Se fue al costado y habló con el capitán Paiche, que era su segundo y se despidió de él.

— Y tras la detención de Humala, ¿cuál fue la postura que asumen los etnocaceristas?

Ellos no sabían de la entrega, se enteraron por la radio. Fue una noche larga [del tercer al cuarto día] y un momento difícil para todos. ¿Por qué? Porque habían matado a un etnocacerista. Y nos amenazaron. Fue el momento más crucial, porque delante de nosotros se pusieron cinco y rastrillaron sus armas y decían: “los vamos a matar”. Había una etnocacerista que sí nos trataba bien, ella intercedió ante el capitán Paiche y no sucedió más.

— La situación no escaló más.

No fue más allá. Entonces, se calmaron los ánimos y, en la madrugada del cuarto día, se acerca al calabozo el capitán Paiche y llorando me dice: “mayor quiero deponer las armas, pero lo que queremos es que nos aseguren nuestras vidas”. Yo le pedí que me saqué y que me dé un teléfono para hablar con el general Murazzo. Entonces, me sacaron y me llevaron al hotel y desde ahí llamó a Murazzo y le comentó que los etnocaceristas querían deponer las armas, pero lo que quieren es asegurar su vida. El general Murzzo me dijo que ponga el altavoz y ahí él afirma: “aseguro que no les va a pasar nada, deponen las armas y nadie va a tocarles un pelo”.

— ¿Ahí se pone punto final al ‘andahuaylazo’?

Claro, ellos ya no me meten al calabozo, y Paiche convence a todos y comienzan a dejar las armas. Y hacen vivas al general Murazzo. ¿Por qué? Porque estaban vivos. Ellos tenían miedo de que los generales Williams Zapata y Guibovich ingresen a la comisaría, porque eso iba a ser una matanza. Eso iba a ser la muerte de muchos etnocaceristas y, posiblemente, de nosotros.

— Hace unos días se hizo viral un video por “la celebración” de los 20 años del andahuaylazo. En esta participaron Antauro Humala y Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. ¿Cómo lo interpreta?

La verdad me ha dolido, porque estas personas inhumanas están celebrando la muerte de cuatro efectivos policías, no están celebrando el andahuaylazo, no están celebrando la toma de la comisaría, están pisoteando la honra de cuatro policías. Para mí, son unos miserables, los dos, porque cómo van a pisotear la honra. Ayer (domingo), que fue Día de la Madre, estuve con el papá del capitán Cahuana, imagínese cómo se siente la esposa del capitán y las de los otros efectivos.

Yo no he venido a decir que voten por él o que voten por el otro. Lo que quiero decirles a los seguidores de este señor [Antauro Humala], a los reservistas, es que piensen, ¿a dónde llegaron después de la toma de la comisaría? A una prisión. Estuvieron detenidos varios años por solamente seguirlo. Imagínese a dónde nos quiere llevar este señor.

— Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó al “andahuaylazo’ de “gesta”, “una acción política” y “día emblemático” …

La toma de la comisaría de Andahuaylas fue un asalto a mano armada, no ha sido una gesta política. Asaltar una comisaría es terrorismo. Y acá lo tengo [muestra el atestado policial], acá dice delito contra la tranquilidad pública, terrorismo. Y pone como presunto autor a Antauro Humala. ¿Por qué delito fue condenado Antauro Humala? Por homicidio. Primero le dieron 25 años de cárcel y en el 2011, cuando su hermano ya era presidente, le bajaron la pena a 19 años.

— ¿Cree que hubo justicia plena para los deudos del andahuaylazo?

Yo admiro al papá del capitán Cahuana, al señor Adolfo Cahuana, porque esta lucha la tiene hace 21 años y, hasta ahora, no encuentra justicia plena. Porque no solo se trata de meterlo preso al señor, sino que tenía que reivindicar a su hijo y no está luchando por él [cuando pide el pago de la reparación civil], él no va a ganar nada, porque la que va a ganar, a la que le van a dar el dinero es a la esposa de su hijo y a sus nietos.

— ¿Qué sintió cuando los etnocaceristas entregaron sus armas y liberaron a todos los policías?

La verdad fue un momento de alegría y de tristeza a la vez. Alegría porque estábamos saliendo con vida, de una situación peligrosa, pero triste porque cuatro hermanos policías habían caído. Ellos [los etnocaceristas] dicen que esto ha sido una guerra, pero cuando uno se rinde, ya no le pasa nada. Pero a ellos [a las cuatro víctimas] los remataron. Y no pueden decir que los disparos fueron hechos por miembros del Ejército, los francotiradores del Ejército llegaron el 2 de enero a las 3:10 p.m., pero el asesinato de los cuatro policías sucede a las 4:30 a.m. o 5 a.m.

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y le otorgó un plazo de tres días para subsanar las observaciones formuladas por el despacho judicial.

La resolución fue emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, en el expediente 07299-2026-0-1801-JR-DC-11.

De acuierdo al documento, el juzgado advirtió una “dualidad incompatible” en la condición con la que Reggiardo interpone la demanda. Por un lado, se presenta como ciudadano individual, mientras que, por otro, invoca normas vinculadas a su condición de alcalde para actuar en representación de los vecinos de Lima.

“Si actúa como alcalde, la parte demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima; si actúa como ciudadano, es un particular”, señala la resolución, que además precisa que no se adjuntó un documento formal que autorice al funcionario a presentarse en representación institucional.

El juzgado también cuestionó que la demanda alegue la defensa de “intereses difusos” sin identificar claramente cómo se configura dicha afectación colectiva ni cuál sería el grupo afectado.

“Jurisprudencialmente, se ha extendido el concepto de interés difuso a otros de carácter colectivo o público; sin embargo, en el caso de la demanda, no se ha expuesto de manera clara esta posibilidad, en relación a la legitimidad para obrar, máxime si los posibles afectados son personas identificables”.

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Asimismo, la resolución advierte que entre las pretensiones de la demanda se solicita la nulidad de un acto jurisdiccional del pleno del JNE y la convocatoria a elecciones complementarias.

“Sin embargo, se observa que, como consecuencia de esa afectación denunciada; se solicita que se disponga la convocatoria a elecciones complementarias, pretensión que no se sostiene en dispositivo legal expreso”, indica.

Finalmente, el Poder Judicial concedió tres días a la parte demandante para subsanar las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de archivar el expediente.

El Ministerio Público solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Roberto Sánchez, el ahora candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), por presuntamente haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña, entre los años 2018 y 2020.

De acuerdo a la nueva acusación fiscal y otros documentos obtenidos por El Comercio, el MP también solicitó la pena de “inhabilitación definitiva” para seguir ejerciendo el cargo de presidente del partido político “Juntos por el Perú”, por presentar informes señalando que no recibieron aportes partidarios, pese a que habrían recibido más de S/200 mil en una cuenta del hermano del candidato presidencial.

La fiscalía lo acusa, bajo concurso real, por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de ONPE.

Carlos García, abogado de Roberto Sánchez Palomino, sostuvo que la fiscalía no probó que su patrocinado haya usado los aportes de Juntos por el Perú para gastos personales y que el Poder Judicial ya archivó dicho extremo que estaba contemplado dentro del presunto delito de fraude en la administración en la persona jurídica.

El 27 de mayo, el Juzgado de Investigación Preparatoria analizará el nuevo requerimiento acusatorio que presentó la fiscalía en enero del 2026, luego que una Sala Superior archivara algunos delitos y extremos de la acusación por el transcurrir del tiempo y los recursos que interponían los acusados.

De acuerdo a la acusación, el fiscal Humberto Ruiz del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, atribuye a Roberto Sánchez, el presunto delito de “falsa declaración en procedimiento administrativo” ya que en su calidad de apoderado y/o representante del Partido Juntos por el Perú habría declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

Ello, con respecto de la Información Financiera Anual del año 2018, así como la relacionada a la Declaración de Ingresos y Gastos de la Campaña Electoral para las Elecciones del 2018.

Así, agrega la fiscalía, por la Campaña Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, se presentaron documentos firmados por Sánchez Palomino, sobre informes de Campaña electoral y Estados Financieros de Juntos por el Perú de fechas el 21 de enero y julio del 2019.

En esos documentos, señala la fiscalía, Sánchez Palomino aseguró que no se había efectuado ningún gasto en el referido proceso electoral y que la caja no había registrado movimientos por lo que no existían aportes de la militancia.

Ello, según la tesis fiscal, sería falso puesto que se comprobó que se abrió una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del ahora candidato presidencial, quien habría recibido los aportes en dicha cuenta hasta por el monto de S/204,951.36 que debieron haber sido informados ante la ONPE.

El fiscal también le atribuye al ahora candidato presidencial el presunto delito de “falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas” por presuntamente haber declarado datos falsos en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020.

De igual forma, en la declaración de los ingresos y gastos de la campaña para las Elecciones Congresales 2020 y sobre la información financiera anual del 2020.

Sánchez Palomino señaló, en los informes, que no habían recibido aportaciones / ingresos en el periodo anual del 2019.

Sin embargo, dicha información no se ajustaría a la verdad, puesto que se abrió otra cuenta bancaria mancomunada (Nro 191-96430300-0-42) entre otros dos co-acusados y a pedido del Comité Electoral Nacional del partido que estuvo integrado por el acusado donde se habría recibido S/75,750.00, señala a fiscalía.

“La mencionada cuenta bancaria habría recibido abonos y depósitos de dinero por la suma de S/75,750.00. Sin embargo, eso difiere respecto del monto consignado en la información financiera anual del 2019 que se presentó ante la ONPE, pues ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios se declaró aportes e ingresos en la cifra de S/ 0.00”, precisó el fiscal.

Sobre los Ingresos y Gastos de Campaña electoral para las Elecciones Congresales 2020, también habría falseado la información ante la ONPE, puesto que reportó un “aporte privado en especie por el importe de s/25,000.00”, lo que no guardaría relación ya que se habría recaudado S/75,750.00 que debieron haber sido considerados en la declaración de ingresos y/o gastos de dicho proceso electoral.

Finalmente, la fiscalía acusó a Sánchez Palomino por haber falseado información en el reporte Financiera Anual del 2020, ya que en su condición de presidente del partido JP declaró aportes e ingresos por la suma de S/27,400.00.

De acuerdo a la acusación, Sánchez declaró que se trataba de un “aporte en especia por el uso de un local partidario para el año 2020”, sin embargo el supuesto aportante negó haber entregado algún bien como aporte.

Inicialmente, el proceso se formalizó por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

Sin embargo, tal como lo dio a conocer Cuarto Poder, la sala superior archivó el delito de fraude en la administración de personas jurídicas vinculado a la desviación del dinero que se aportaba al partido Juntos por el Perú.

De acuerdo al extremo de la denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas, que se archivó vía una excepción de improcedencia de acción -es decir que los hechos no constituían el delito imputado- un promedio de S/204,951.36 mil en aportes se habrían desviado a las cuentas del William Ricardo Sánchez Palomino, por disposición de este y del hoy candidato presidencial. Y, otro monto por S/75,750.00 recaudado en una cuenta mancomunada entre otros dos co-acusados que debió ser ingresado al partido.

Para ello, la fiscalía presentó un voucher de los depósitos realizados por los aportantes, así como una transferencia de S/2,500 soles a favor de Roberto Sánchez.

Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez, dijo a El Comercio que la acusación que se presentó por el presunto uso ilícito de los aportes de dinero ya fue archivada en una instancia superior que analizó los hechos y determinó que no había delito.

“En ningún momento, en la acusación se acredita en qué gastos personales se usó eso (los aportes), no hay nada de eso. Lo único que hay es una transferencia de, creo, S/1,500 a Roberto Sánchez, pero la recaudación era mayor, los aportes eran mayores. La fiscalía no establece cómo se ha usado en temas personales, a diferencia de lo que dice mi patrocinado que esa plata se usaba para la campaña, gastos para la campaña. No es que él se haya apropiado del dinero,” señaló.

Remarcó que ese hecho, que formaba parte del presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas ya fue archivado, y señaló que Sánchez Palomino tampoco había incurrido en los otros dos presuntos delitos (falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas) por los que fue citado a control de acusación este 27 de mayo próximo.

Al ser consultado por qué, si su patrocinado no es responsable de la presunta falsa declaración en la consignación de la información financiera reportada a la ONPE, la sala no acogió ese argumento, el abogado indicó que el tribunal superior decidió que eso debía debatirse en las audiencias de control de acusación.

El abogado insistió en que su patrocinado no es responsable penal por haber brindado información errónea a la ONPE, pues aseguró que él solo firmó documentos en calidad de presidente de Juntos por el Perú para poder ser elevados ante el órgano de fiscalización.

Por ello, aseguró que quienes realizaron los reportes fueron los contadores del partido y el informe que ellos elaboraron se anexó a una carta que firmó su patrocinado. “Él solo firmó el documento, él no elaboró los reportes (financieros)”, adujo.

Finalmente, el abogado señaló que bajo su análisis, en los próximos meses estaría archivándose, por prescripción, el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Sin embargo, reconoció que el presunto delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, aún tendría un plazo de diez años -desde que corrieron los hechos- para ser procesados en el ámbito penal.

Roberto Sanchez, en la declaración que brindó a la fiscalía, rechazó haber cometido algún delito, sobre todo el de haberse apropiado de los aportes, al asegurar que el dinero que entregaron los militantes debía reportarse al Comisión Electoral de JP y no a la ONPE.

William Sánchez Palomino prefirió no declarar a los medios de comunicación que lo abordaron este lunes en los exteriores del local del partido.

Sin embargo, en la declaración brindada en su momento, reconoció ante la fiscalía que eran “depósitos” hechos por “compañeros” al ver que el Comité Electoral no contaba con dinero para la logística o los trámites a favor de los candidatos que se presentaban en el 2018.

Señaló que el dinero, que fue cerca de los S/193 mil, fue usado para las impugnaciones, tachas y para la movilidad desde marzo de ese año hasta la culminación del proceso electoral.

El vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, defendió la presencia de César Hugo Tito Rojas - exdirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- en la agrupación que lidera el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que el virtual diputado por Puno “tiene derecho a la participación política”.

Durante su participación en el podcast “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, en Mendoza afirmó que Rojas fue elegido democráticamente por la militancia del partido y rechazó que el dirigente Roberto Sánchez haya tenido injerencia directa en su postulación.

Este es el historial de su afiliación

Juntos por el Perú: Partido castillista lleva al Congreso a personajes vinculados al Movadef

“Tito Rojas ha sido elegido por un grupo considerable de la población”, sostuvo el abogado. Además, remarcó que “como todo ciudadano tiene derecho a la participación política”.

Mendoza también señaló que la elección de candidatos responde a procesos internos establecidos por ley.

“El señor, así como en todos los partidos políticos, pasa por unas elecciones primarias y la militancia elige”, manifestó durante la entrevista.

Tito Rojas fue uno de los primeros militantes del Movadef, la agrupación considerada el brazo político de Sendero Luminoso y que durante años buscó su inscripción electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que a mediados de este mes de mayo se tendrían ya los resultados de la elección presidencial, a casi un mes de los comicios generales del 12 de abril.

El miércoles 6 de mayo, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen trabajando arduamente en la resolución de las actas observadas.

Mientras que el JNE lleva adelante las audiencias públicas respecto de las apelaciones sobre lo resuelto por los JEE.

Además, el jueves 7 de mayo concluyó el plazo para las audiencias de recuento de votos a nivel de los 60 Jurados Electorales Especial de todo el país.

Estos resultados servirán para la proclamación de los resultados de la elección presidencial.

“Una vez culminada esta etapa de recuento de votos, los JEE solicitarán a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100% del cómputo del ámbito de su competencia territorial”, detalló.

Posteriormente, emitirán su “Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, agregó en el JNE Media.

Explicó que los JEE levantan sus correspondientes actas en audiencias públicas a las que invitan a los personeros de partidos políticos, quienes suscriben el citado documento. Además, las actas son publicadas en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía de todo el país.

“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral”, puntualizó.

Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a las 9 de la mañana del lunes 11 de mayo ya fueron contabilizadas el 99.632 % de votos y el 0.368 % de actas figuraba para envío al JEE.

El Partido Cívico Obras es otra de las novedades que tendrá el Congreso bicameral 2026-2031. La agrupación que tuvo como candidato presidencial a Ricardo Belmont contará con 14 diputados y cinco senadores cuyos perfiles permiten adelantar las posturas y alianzas que podrían tener una vez se instalen en sus curules, desde el próximo 28 de julio.

Los perfiles de la bancada Obras están muy ligados al sector izquierdistas, que en el nuevo Parlamento tendrá en su bloque a Juntos por el Perú y Ahora Nación. Estas conexiones empiezan desde el rostro más visible de Obras para el Congreso: Daniel Barragán. El virtual senador, además de haber sido ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, trabajó como asesor del despacho de Roberto Sánchez, actual candidato presidencial de Juntos por el Perú, cuando este último fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, en 2022.

Antes de su experiencia en el gobierno castillista, Barragán se desempeñó como asesor en el Congreso de la bancada de Unión por el Perú (UPP). Esto ocurrió durante el periodo extraordinario 2020-2021, cuando UPP, el partido liderado por José Vega, logró una bancada en alianza con Antauro Humala, el etnocacerista que hoy se presenta como uno de los principales aliados de Roberto Sánchez.

Al igual que Barragán, otros miembros de Obras registran una vinculación a UPP en las épocas de Antauro Humala. Este Diario identificó que cuatro virtuales congresistas de esta nueva bancada estuvieron afiliados a dicha agrupación en el periodo 2020-2021. El virtual diputado de Lima Provincias, Arturo Eusebio, incluso trabajó como asesor de la bancada Nueva Constitución que fue creada por los entonces legisladores antauristas que se separaron de UPP hacia el final del periodo extraordinario 2020-2021.

Sumado a esto, Demetrio Valqui, virtual diputado por La Libertad, estuvo afiliado a la última agrupación que intentó formalizar Antauro Humala, las cual llevaba su nombre como acrónimo A.N.T.A.U.R.O y que fue cancelada por “conducta antidemocrática”.

La bancada Obras cuenta con otros perfiles izquierdistas como José Yataco, virtual diputado por Ica, quien estuvo afiliado a Perú Libre. En 2018, Belmont se unió a Vladimir Cerrón, y postuló con Perú Libertario -hoy Perú Libre- como candidato a la Alcaldía de Lima.

Mientras que, además de Barragán, otro perfil que puede ser un nexo con Juntos por el Perú es el virtual senador Roger Astucuri. Astucuri es, desde 2022, regidor de Lurigancho-Chosica, cargo al que accedió con por el partido de Sánchez. “Tenemos una buena gestión (en Lurigancho-Chosica), estamos trabajando juntos como gobierno local. En el Congreso esperemos que la bancada lo decida”, dijo Astucuri a El Comercio cuando se le consultó sobre la relación entre la posible alianza de JP y Obras.

Astucuri explicó que Obras no se pronunciará hasta tener los resultados oficiales de la ONPE, y adelantó que los virtuales congresistas recién se reunirán durante la presente semana. La bancada de Belmont solo tiene a Agripina Flores figura como fundadora del partido desde 2022. Otros 10 miembros son personajes que se unieron recién en los dos últimos años.

Para Martin Cabrera, expertos en asuntos parlamentarios, más que un aliado ideológico, Obras podría funcionar como un aliado transaccional y pragmático. “El factor “anti-sistema” es clave. Es probable que coincidan con la izquierda radical en ataques a la institucionalidad, o al sistema de justicia. El “radicalismo” que se identificó en campaña no es necesariamente marxista, sino informal y personalista, lo que los hace compañeros de ruta convenientes para la izquierda en votaciones que busquen desestabilizar el statu quo, o asuntos estructurales como una constituyente”, explicó el director de IPOC Consultores tras definir a Obras como un “radicalismo de intereses particulares” como lo fue Podemos en el actual periodo legislativo.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso debatirá este martes el predictamen recaído en el proyecto de ley 14224/2025-MP, iniciativa presentada por la Fiscalía de la Nación que plantea aprobar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en reemplazo de la norma vigente desde 1981.

El proyecto, impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, propone una reforma integral de la institución con el objetivo de modernizar su estructura orgánica y fortalecer el sistema de persecución penal frente al avance de la criminalidad y los delitos complejos.

A fines de marzo, Gálvez sustentó ante la Comisión de Constitución, la propuesta que esta reforzar la autonomía del MP y consolidar la función fiscal como responsable de dirigir la investigación del delito desde su inicio, así como reforzar la defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y los intereses públicos.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla el fortalecimiento de fiscalías especializadas en delitos complejos, como corrupción, crimen organizado, lavado de activos, violencia contra la mujer, delitos ambientales y derechos humanos, además de incorporar mecanismos de simplificación procesal y un enfoque centrado en la protección de víctimas, testigos y peritos.

Mininter expresa preocupación

El Ministerio del Interior difundió la mañana de este mismo martes, un comunicado en el que manifestó su “preocupación” por algunos alcances del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, al considerar que podrían afectar competencias constitucionales de la Policía Nacional.

“El sector Interior respeta la autonomía constitucional del Ministerio Público y coincide en la necesidad de fortalecer la persecución penal. No obstante, dicho fortalecimiento no debe implicar el desplazamiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes asignan a la Policía Nacional del Perú”, señaló el Mininter.

En el pronunciamiento, el Mininter señala que la propuesta legislativa otorgaría al Ministerio Público funciones en materia de investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, competencias que —según sostuvo— corresponden de manera exclusiva a la PNP.

Asimismo, el ministerio defendió el modelo actual de investigación preliminar, en el que la conducción jurídica está a cargo del Ministerio Público y la ejecución operativa corresponde a la Policía.

“Asignar la dirección material de la investigación operativa a una entidad distinta desnaturaliza el rol policial y afecta la eficacia en la lucha contra el crimen”, indicó el comunicado.

Como era previsible, pareciera que los votantes de López Aliaga y Álvarez se inclinan en su mayoría por Fujimori; y que los de López Chau y Belmont lo hacen por Sánchez, mientras que los de Nieto se parten por la mitad, según el análisis que realiza la última encuesta del IEP, de finales de abril. El gran campo de disputa es por los indecisos: los porcentajes más altos de indefinición están entre las mujeres, los jóvenes, los más pobres y el votante identificado con posiciones de centro. En los dos primeros la delantera la lleva hasta el momento Keiko Fujimori; entre los dos últimos, Sánchez.

En el 2001 y 2006, las segundas vueltas favorecieron a los candidatos más capaces de atraer a los votantes de centro, Toledo frente a García, y García frente a Humala. En el 2011, Humala se desplazó hacia el centro para ganar, y explotó el voto anti-Keiko. En el 2016, Kuczynski y Keiko Fujimori compartían un mismo espacio político, pero el primero pudo congregar el voto anti-Keiko. Del otro lado, Fujimori intentó explotar el miedo al “chavismo” en el 2011 y posturas críticas contra la élite empresarial en el 2016, y perdió en ambas ocasiones, aunque con diferencias estrechas, en el 2016 en particular. En el 2021, era claro que Castillo tenía que mostrar capacidad de armar un gobierno viable para poder ganar, por lo que recurrió a técnicos y profesionales independientes para cubrir ese flanco; mientras que Keiko Fujimori redobló la apuesta por denunciar los peligros del “comunismo” y volvió a perder, aunque también por una diferencia pequeña.

El dilema de Keiko Fujimori es que necesita conquistar votos en el centro para ganar, pero su voto negativo es muy fuerte en ese ámbito. La lección que pareciera haber sacado de sus derrotas anteriores no es necesariamente que debe cambiar de estrategia, sino que debe cuidar mejor sus votos: reducir el ausentismo en Lima y las ciudades principales, los votos del extranjero y los votos de militares y policías. En esta ocasión, la intemperancia de López Aliaga la ha empujado a asumir posiciones más moderadas, que podrían ayudarle un poco a despejar los miedos del votante de centro. También la ayuda la precariedad que proyecta la candidatura de Sánchez.

Del lado de este, el gran dilema es si está dispuesto a hacer los ajustes necesarios para intentar ganar la elección y poder gobernar: ampliar la convocatoria, establecer alianzas, convocar a técnicos independientes, camino muy diferente al que siguió para construir su candidatura, basado en perfilar un proyecto más radical, o si optará por una campaña más identitaria, y confiará más en los errores del adversario.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso llevará a cabo este martes 12 la audiencia de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola por la contratación de Yaziré Pinedo.

Se trata de las Denuncias Constitucionales acumuladas 460, 462, 463 y 587, interpuestas por los congresistas Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Juan Burgos (Podemos Perú) y Jaime Quito (Bancada Socialista), además de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

A Otárola Peñaranda se le sindica de la presunta comisión del delito de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias (artículos 384, 388, 399 y 400 del Código Penal).

Asimismo, por la presunta infracción de los artículos 2 (inciso 2), 38, 39 y 126 de la Constitución Política. El informe de calificación determinó que hay lugar para iniciar investigación contra el exprimer ministro.

A Alberto Otárola se le acusa “de haber influenciado, indebidamente, para facilitar la contratación de la señorita Yaziré Pinedo Vásquez, con quien tendría una relación cercana, en el Ministerio de Defensa y hacer uso de un vehículo oficial para asuntos personales”.

En marzo del 2024 un reportaje de ‘Panorama’ reveló una conversación entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo donde se oye al primero solicitarle a quien habría sido una pareja sentimental su currículum para ayudarla a conseguir un puesto.

Según Pinedo, quien brindó entrevistas luego de la publicación de su conversación, dicha grabación data del 2021 cuando tuvo una relación sentimental de “una semana, quizás menos” con el exprimer ministro.

Cabe indicar que se trata del único punto de la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso).

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La Comisión de Ética del Parlamento archivó este lunes 11 de mayo las denuncias presentadas contra los congresistas Álex Paredes (Somos Perú) y Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular).

Con 11 votos a favor (unanimidad) se aprobó el informe que recomendaba el rechazo de plano del Expediente N.º 258-2025-2026/CEP-CR en la denuncia de parte contra Paredes Gonzales.

Al legislador se le denunció por, supuestamente, no contar con las credenciales correspondientes para ocupar un cargo directivo en una institución educativa.

En la segunda denuncia, recaída en el Expediente N.° 260-2025-2026/CEP-CR a Álex Paredes se le atribuía haber recibido a una representante de un colegio profesional, en una ceremonia pública en el Parlamento, sin que esta contara con la acreditación del caso.

Asimismo, con seis votos a favor dos en contra y dos abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra Jáuregui de Aguayo por presunta exposición pública de menores de edad en situación vulnerable.

La Comisión de Ética también dio por concluida la etapa de audiencia recaída en el expediente abierto contra la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por amenazar a una periodista de Willax TV.

Con ello quedó expedito el camino para la elaboración del informe final sobre la denuncia contra Alcarraz Agüero.

Los hechos se remontan a inicios de octubre del 2025, cuando la legisladora, al ser increpada por una periodista sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas a una reportera.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, dijo para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, agregó.

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La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dejó al voto la apelación presentada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) para ser excarcelado hasta que se resuelva la apelación a su condena por el delito de afiliación a una organización terrorista.

Ronald Atencio, abogado del legislador, sustentó su pedido al asegurar que no existe peligro de fuga porque su patrocinado ha colaborado con la justicia, se ha presentado a todas las audiencias, tiene arraigo familiar y aún ostenta el cargo de parlamentario.

“Necesitamos que mi patrocinado este en libertad porque ha demostrado ante ustedes inexistencia de peligro de fuga y la naturaleza o gravedad no debe analizarse en función de lo que significa el delito, sino de lo que se le imputa, más allá de que le asiste el derecho a la presunción a la inocencia”, manifestó.

Por su parte, el fiscal Pedro Orihuela Santana argumentó que subsiste peligro procesal y que ello implica amenaza a la paz pública, seguridad pública y al estado constitucional del derecho. También alegó que resulta improcedente el pedido de la defensa de Bermejo Rojas.

“El Código de Procedimientos Penales por la cual se ha regido este proceso no regula la figura de la suspensión provisional, sino la ejecución inmediata. Frente a este aspecto, la fiscalía suma que procesalmente hablando no está regulado y por lo tanto, regido bajo el Código de Procedimientos Penales, no se debe aplicar el Código Procesal Penal porque son sistemas procesales diferentes”, arguyó.

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo aseguró que ha tenido una “conducta ejemplar” durante el proceso en su contra y que es el único “sumamente interesado” en que el caso se resuelva por un tema de “honor”.

“Como político que he sido durante 30 años siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso si es que ustedes tienen a bien suspender la ejecución de esta sentencia”, aseveró.

Tras escuchar a las partes, el juez superior Máximo Maguiña Castro informó que la causa quedó al voto y se emitirá la resolución correspondiente en el plazo de ley.

Quince años de prisión

Como se recuerda, en octubre del 2025 dicha sala condenó a Bermejo Rojas a 15 años de cárcel por delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La sentencia se cumplirá en el año 2040.

Además, se le impuso inhabilitación hasta por dos años después de haber cumplido la condena. No podrá participar en elecciones o ocupar cargo público. Asimismo, deberá pagar S/100 mil como reparación civil y S/7,800 días multa.

Según la acusación fiscal, se le imputa ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem entre los años 2008 y 2009.

De acuerdo con el Ministerio Público “de manera consciente y voluntaria” se desplazó en varias oportunidades a los campamentos terroristas, a fin de sostener reuniones clandestinas con los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino -conocido como camarada ‘José’- y Jorge Quispe Palomino -camarada ‘Raúl’-así como con otros miembros de la cúpula senderista.

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Yuvitza Aguilar, subgerente de Logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que al momento de la contratación para la auditoría de las elecciones generales del 2026, la empresa M&T International no tenía ningún impedimento legal para presentarse como postor.

Detalló que en la primera y segunda convocatoria no se presentaron postores, mientras que en la tercera se presentaron dos empresas. El monto contratado ascendió a S/944 mil.

Detalló que la página del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) solo permite verificar si los proveedores se encuentran o no inhabilitados o impedidos para contratar con el Estado a cinco años de la fecha de consulta.

No obstante, la funcionaria del organismo electoral aclaró que en todo caso, si dicha empresa ha tenido un impedimento anterior, eso no la inhabilita al momento de contratar con cualquier entidad pública, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrataciones.

“No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado porque no hay una norma que les impida que puedan contratar”, explicó.

Detalló que según la convocatoria, no se solicitó que la empresa postora tuviera personal mínimo en planilla y que M&T International presentó la totalidad de los documentos que se solicitó de acuerdo a los términos de referencia.

También refirió que las verificaciones sobre sanciones, penalidades e inhabilitaciones están a cargo del área de Contrataciones y que ese proceso se realiza al momento de invitar a los proveedores, durante la selección y para la firma del contrato.

Empresa sancionada

Según reveló “Cuarto Poder”, la empresa M&T International, contratada por la ONPE para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016.

Según el dominical, la sanción fue aplicada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE debido a que dicha compañía presentó información inexacta, pese a que la ONPE lo había negado.

Consultado sobre el tema, Eric Morán, representante de M&T International, admitió dicha sanción y dijo que dicha penalización fue reducida. “Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, señaló.

Partidos solicitaron acceso

En tanto, Roberto Montenegro, jefe de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, informó que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

En conferencia de prensa, señaló que dicho módulo permite descargar imágenes de los resultados de los comicios en formato Excel, con lo cual remarcó que las agrupaciones políticas pueden realizar auditorías sin que sea necesario acceder a sus sistemas.

“Queremos mencionar que existen 26 agrupaciones políticas que en su debido momento solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados, que es un módulo especializado al cual se accede con una clave y un usuario. ¿Cuál es lo importante de este módulo especializado? Tiene dos características: permite descargar las imágenes de toda la elección en forma masiva y también los datos en un formato csv, que puede ser leído en Excel, de tal manera que las organizaciones políticas, de manera independiente, pueden realizar una auditoría de los resultados publicados en la web”, expresó.

“No es necesario que accedan a nuestros sistemas porque simplemente tienen que contar lo que nosotros hemos publicado en la página web, en este módulo especializado”, agregó.

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El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que su agrupación buscará acuerdos con distintas fuerzas políticas en el Congreso, entre ellas el Partido del Buen Gobierno, del candidato presidencial Jorge Nieto.

Galarreta aseguró que buscarán construir consensos parlamentarios e incluso encontrar coincidencias con agrupaciones alejadas ideológicamente del fujimorismo.

“Creo que, por ejemplo, con Buen Gobierno vamos a coincidir en temas macroeconómicos [...] además de Renovación [Popular], por supuesto”, aseguró este lunes 11 de mayo en diálogo con Radio Exitosa.

Según el también secretario general de Fuerza Popular, podrían coincidir con bancadas de izquierda en temas “de carácter más social y hasta de carácter conservador”.

“Es lo que ha pasado en el Congreso. Creo que así se podrá ir avanzando en temas que nos podamos poner de acuerdo”, aseveró.

Galarreta adelantó que ya “hay conversaciones” con virtuales congresistas de Renovación Popular, aunque no precisó quiénes. “Hay saludos de la propia gente que ha sido elegida. Varios parlamentarios de Renovación se han comunicado a saludar, a conversar. Nosotros somos un equipo con experiencia para hacer los puentes”, dijo.

Según aseguró, una eventual presidencia de Keiko Fujimori no debería interpretarse como un gobierno partidario. “No podemos gobernar solo con nuestra visión. No será un gobierno del fujimorismo, de Fuerza Popular, sino casi de emergencia para buscar la unidad nacional”, planteó.

Cuestiona a Sánchez

El candidato fujimorista criticó la postulación presidencial de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), a quien calificó de “aventurero”.

“Roberto Sánchez no va a resolver ningún problema de la delincuencia y nosotros sí lo vamos a hacer. El congresista Sánchez, porque hay que decirlo: el señor congresista Roberto Sánchez, que es parte de este Congreso que nadie quiere, es parte de este Congreso, los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’”, manifestó.

Aunque Sánchez no ha sido involucrado judicialmente en esos casos, Galarreta lo vinculó políticamente.

“Creo que poca gente lo ubica como congresista. Creo más bien que es un aventurero. Se ha puesto el sombrero, está tratando de agarrar agua para su molino. Es el que aparece con el discurso que mucha gente cree, con mucha razón”, sostuvo.

Además afirmó que las propuestas del legislador implicarían un cambio del modelo económico vigente desde la década de 1990.

“El señor Sánchez, además de querer destruir el modelo económico, de querer retroceder todo lo avanzado, ¿va a resolver los problemas que realmente tienen los peruanos? Nosotros creemos que no”.

Referencia al gobierno de Alberto Fujimori

En otro momento, el dirigente fujimorista apeló al legado del gobierno de Alberto Fujimori y destacó las obras de infraestructura ejecutadas durante la década de 1990. Señaló que ese enfoque debería retomarse para atender demandas ciudadanas vinculadas a servicios básicos y seguridad.

“Sus principales aciertos fueron las obras que hizo en cada región. Tenemos que ir a eso, a solucionar el problema del día a día del ciudadano”, indicó.

Mientras el fujimorismo destaca la derrota del terrorismo y la estabilización económica de la década de 1990, sus detractores recuerdan las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción.

Cuestionamientos a sanción de la ONPE

Galarreta también se refirió a la reciente sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra Fuerza Popular. El organismo electoral determinó aplicar una multa de S/ 198.000, equivalente a 36 UIT, y la pérdida del 50% del financiamiento público directo al concluir que el partido utilizó recursos públicos para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas.

La resolución de la ONPE concluyó que la agrupación incurrió en una infracción considerada “muy grave” al destinar fondos públicos a actividades que no calificaban como capacitación política ni como gastos ordinarios permitidos.

No obstante, Galarreta cuestionó los criterios empleados por la entidad electoral y confirmó que el partido apelará la decisión.

“En este caso específico, ellos consideran que nuestra capacitación no puede ser online”, afirmó.

El dirigente añadió que existen antecedentes de decisiones erróneas por parte de la ONPE y cuestionó la legitimidad del organismo.

“Son criterios que vamos a apelar. Ya la ONPE se ha equivocado varias veces. Encima [está] desprestigiada. A nosotros nos multan, pero contratan mypes para hacer auditorías”, declaró.

Más información

Hasta la publicación de esta nota, Keiko Fujimori no realizó actividades públicas durante este lunes. Tampoco lo hizo Roberto Sánchez.

En tanto, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) difundió en su cuenta en Facebook una nueva convocatoria a una marcha de protesta por las irregularidades en el proceso electoral del pasado 12 de abril.

País para Todos afirmó que logró representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no existe ningún registro que lo valide. El conteo oficial de la ONPE aún no concluye y, hasta el momento, no existe una proclamación oficial que confirme que el partido ya superó la valla electoral.

Las proyecciones, en cambio, lo dejan fuera de la representación congresal a partir de 2026. Especialistas consultados advierten que el cálculo difundido por la agrupación no permite asegurar todavía su ingreso al Parlamento.

El domingo 3 de mayo, el partido País para Todos, que postuló a Carlos Álvarez a la presidencia, convocó a una conferencia de prensa a través de X. En el anuncio, adelantó que comunicaría que su agrupación política “ha logrado obtener representación en la Cámara de Diputados”.

Durante el evento, Vladimir Meza, presidente del partido, sostuvo que País para Todos cumple con los dos requisitos mínimos para superar la valla electoral en esa cámara: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos nacionales para diputados y contar con siete representantes elegidos.

Publicación citada

🚨Convocatoria de prensa🚨

El Partido País Para Todos tendrá representación en la Cámara de Diputados: Gracias al voto de cada peruano. pic.twitter.com/wXRKsur9j1

— País Para Todos (@paisparatodospe) May 3, 2026

Sin embargo, esa afirmación es imprecisa. Hasta el momento, no existe una proclamación oficial que confirme que País para Todos haya superado la valla electoral ni que tenga asegurada representación parlamentaria. El conteo de la ONPE continúa en proceso y los resultados oficiales aún no permiten dar por cerrado ese escenario.

La norma y lo que dice País para Todos

Como señaló Vladimir Meza, el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece dos principios fundamentales para entender esta controversia:

• La valla de ambas cámaras es independiente. Esto quiere decir que hay un mínimo indispensable que deben cumplir los partidos para ganar, por separado, tanto escaños para senadores como para diputados. Es decir, existe la posibilidad de que una agrupación tenga diputados y no senadores, y viceversa.
• Este mínimo funciona para la Cámara de Diputados de la siguiente manera: 
• • Siete de los candidatos de un partido deben haber obtenido los puestos según los escaños que tenga la región a la que postulan. 
  • La suma total de votos válidos no puede ser menor al 5%. 

Según el conteo actual de la ONPE, efectivamente, País para Todos cumple el segundo requisito para pasar la valla de diputados. Tiene por ahora aproximadamente 5,7% de los votos válidos nacionales.

Resultado nacional por partido

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la ONPE.

De acuerdo con el presidente de País para Todos, también cumplirían el primer requisito: tener siete candidatos “elegidos”. Estos son, según comentó Meza: tres diputados por Lima Metropolitana, uno por el Callao, uno por Áncash, uno por La Libertad y uno por Piura.

País para Todos solo habría ganado cuatro diputados, insuficientes para pasar la valla

La distribución calculada por País para Todos no se ajusta al conteo en vivo de la ONPE. PerúCheck hizo la revisión durante la noche del 5 de mayo y halló que para el partido habrían sido elegidos cuatro candidatos, por debajo de lo que exige la norma: dos diputados por Lima, uno por Áncash y uno por Piura. Por ahora, no tendría diputados por el Callao ni por La Libertad.

Esta es la distribución:

• En Lima Metropolitana, de las 32 plazas, Delsy Romero ocupa el puesto 13 y Diego Guevara, el 28. La tercera candidata más votada de la región, Gloria Lengua, está por debajo del puesto 56 (8.966 votos) y a aproximadamente 5.253 votos del puesto 32, que actualmente ocupa Roberto Sánchez.
• En el Callao, de los cuatro escaños posibles, Carlos Coronel ocupa el puesto 6 (con 5.889 votos), a 1.300 votos del cuarto puesto, Luz Flores, de Ahora Nación. 
• En Áncash, de los cinco escaños posibles, Analio Ugarte ocupa el puesto 2 y Alexander Meza, el puesto 6 (6.354 votos), a apenas 54 votos del puesto 5, Daniel Varas, de Juntos por el Perú. 
• En La Libertad, de los siete escaños posibles, César Guarniz ocupa el puesto 10 (5.631 votos), a 852 votos del puesto 7, Luis Liza, de Un Camino Diferente.
• Y en Piura, de los siete escaños posibles, David Quenaya ocupa el puesto 6 (con 4.889 votos).

Expertos aseguran que hay pocas posibilidades de que País para Todos pase la valla

Fernando Rodríguez, experto en materia electoral, señaló en una reciente entrevista en ATV que País para Todos, dadas las proyecciones, no tendría diputados en el Congreso: “solamente son seis los partidos que hasta el momento estarían accediendo a estas curules”. El especialista no mencionó a País para Todos. Luego agregó: “en diputados [pasa] lo mismo que en senadores. En ambos casos se excluye al partido de Carlos Álvarez”.

En el programa Margen de Error, el abogado especialista en elecciones Ronald Cross descartó que País para Todos pase la valla.

“Este tema está totalmente cerrado. Los partidos que van a pasar la valla son seis y no hay ninguna probabilidad de que País para Todos ni ningún otro partido la pase”, acotó el experto.

José Naupari, también experto en temas electorales, declaró a PerúCheck que todavía cabe esperar. Además, agregó que le pareció irresponsable el comportamiento del presidente de la agrupación País para Todos cuando dijo que ya habían pasado la valla.

Interpretación de País para Todos

Según distintos analistas, el partido habría hecho un análisis equivocado del cálculo de la valla. Para que salgan esos siete diputados, País para Todos estaría descartando a todos los candidatos a diputados de los partidos que hayan obtenido menos del 5% en el voto nacional. Sin embargo, el cálculo se hace sobre todas las opciones.

PerúCheck se comunicó con José Tello, abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, asociación dedicada al seguimiento del asunto electoral. Tello ratificó que “no existe indicio que señale que País para Todos colocaría diputados en el Congreso”. Además, añadió que cabe esperar los resultados de la ONPE.

PerúCheck también se contactó con un miembro del partido País para Todos. Al cierre de esta nota, no recibió respuesta.

Conclusión

País para Todos ha presentado como un hecho confirmado que ha pasado la valla electoral del 5% de votos válidos y ha conseguido al menos siete diputados. Sin embargo, no existe ni un registro que lo confirme. Los especialistas, más bien, opinan lo contrario. Si bien de momento el conteo de la ONPE señala que el partido de Carlos Álvarez sí habría pasado el 5%, diversos cálculos arrojan que no obtendría el mínimo de siete diputados. Solo se podrá afirmar que País para Todos ha ingresado definitivamente a la Cámara de Diputados —o no— cuando termine el conteo oficial de votos de la ONPE. Por tanto, PerúCheck califica la interpretación del presidente del partido como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.

Sindicatos y movimientos sociales convocaron para el sábado 23 de mayo a un evento político en la sede de la empresa estatal Petro-Perú, en San Isidro, denominado “Cumbre Nacional en Defensa de Petroperú, Gasoducto Sur Peruano y Recursos Naturales”.

La cita busca reunir a organizaciones de todas las regiones para debatir acciones contra la presunta privatización de Petro-Perú y promover medidas políticas vinculadas a la soberanía energética y los recursos naturales.

La convocatoria contiene referencias de carácter político e ideológico. Los organizadores señalan que el gobierno del presidente José María Balcázar “está siendo presionado por el pacto mafioso de la ultraderecha y el imperialismo yanqui para privatizar Petroperú” a través del Decreto Supremo 010-2025. Esta norma reorganiza y divide los activos de la empresa estatal.

La invitación llama a las organizaciones sociales a “unir fuerzas contra la coalición mafiosa de la ultraderecha” y rechazar la privatización de empresas estatales y de recursos naturales.

El reglamento del evento también incorpora consignas políticas más amplias. Entre ellas, la promoción de una “Asamblea Constituyente” y pronunciamientos contra los proyectos mineros Tía María, Conga, Río Blanco y Cañariaco.

Los promotores

Entre los organizadores se encuentran la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), representada por Lucio Ccallo Ccallata, exmiembro del Movadef, una organización considerada como el brazo político de Sendero Luminoso.

También figura la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), un sindicato fundado por el expresidente Pedro Castillo, quien es aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Además, la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (FEDUNPE) y otras.

Mirada legal

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral, señaló que podríamos estar frente a un caso de violación a la neutralidad política.

No se puede usar las instalaciones públicas, como las de una empresa pública como Petro-Perú, para hacer este tipo de reuniones ideológicas, es inaceptable. Así que hay un responsable que es el presidente de Petroperú”, consideró.

Para Rospigliosi, “los trabajadores que están haciendo esto están cometiendo una infracción administrativa; violan el código de ética de la función pública y la neutralidad, porque estamos en pleno proceso electoral”, dijo en diálogo con El Comercio..

El especialista consideró que el caso debe ser analizado por las autoridades electorales. “El proceso electoral no ha acabado, nos vamos a una segunda vuelta. El Jurado Electoral Especial debe hacer su tarea”, señaló.

En tanto, el abogado Carlos Caro, especialista en derecho penal, afirmó que sería un caso de peculado de uso si es que se ha dispuesto del bien sin ninguna contraprestación.

“Ese auditorio lo alquilan. Si no es alquilado y simplemente están disponiendo del bien gratuitamente, vamos a decirlo así, para fines políticos, eso es algo que puede calzar perfectamente dentro del delito de peculado de uso”, explicó.

Al cierre de esta edición, Petro-Perú adelantó que la solicitud para realizar el evento fue recibida, pero este aún no ha sido autorizado.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la Constitución establece que es “prerrogativa” del mandatario otorgar las gracias presidenciales en cualquiera de sus modalidades.

“La Constitución establece que es prerrogativa del presidente de la República otorgar las gracias presidenciales en sus diferentes modalidades”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que la ley definido cómo se otorgan este beneficios, cuál es la comisión que evalúa los pedidos y cuál es el procedimiento a seguir.

Gutiérrez evitó pronunciarse sobre un eventual indulto al golpista expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, afirmó.

El titular de la Defensoría puntualizó que la Constitución faculta al presidente de la República a otorgar gracias presidenciales, aunque precisó que existen procedimientos y requisitos establecidos por ley para su aplicación.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: La Constitución establece que es prerrogativa del jefe de Estado otorgar las gracias presidenciales en diferentes modalidades

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En ese sentido, indicó que, según lo anunciado por el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, el trabajo que actualmente se viene realizando apunta a beneficiar a personas privadas de libertad en situación vulnerable, especialmente adultos mayores de 80 años.

“Lo que he escuchado del ministro de Justicia y del mismo presidente de la República es que están trabajando el tema de gracias presidenciales, pero no para una persona en específico, sino para una gran cantidad de personas que ya están en la adultez mayor, mayores de 80 años”, manifestó.

Asimismo, explicó que estas medidas responden a estándares y compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y protección de personas vulnerables.

“Hay tratados y convenciones que el Perú ha suscrito sobre la materia y que tendría que poner a buen recaudo su gobierno”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez remarcó que la Defensoría del Pueblo respalda las acciones orientadas a proteger los derechos fundamentales de adultos mayores privados de libertad, aunque descartó haber escuchado alguna propuesta específica sobre Pedro Castillo.

“En ningún momento he escuchado que se esté diciendo esto como para auspiciar algún indulto o alguna gracia a determinada persona en específico”, concluyó.

A cuatro semanas de la segunda vuelta electoral, Juntos por el Perú, el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, mantiene vigente como política internacional el distanciamiento del Perú de Estados Unidos y del predominio del dólar estadounidense, además de un acercamiento a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuestionados por denuncias vinculadas a vulneraciones de la democracia y los derechos humanos.

Una revisión de este Diario al plan de gobierno de Juntos por el Perú —de 74 páginas— permitió identificar al menos tres propuestas alineadas con una política exterior crítica hacia los países de Occidente, el intervencionismo militar y la influencia tecnológica extranjera.

Además, el documento plantea fortalecer vínculos con Rusia y China a través de los BRICS, bloque político-económico considerado “antiestadounidense”.

El plan evidencia una postura crítica hacia Estados Unidos, al que describe como una “potencia en decadencia” que ejerce control e influencia sobre países de América Latina. También le atribuye intervenciones militares en Irak, Libia, Panamá y Nicaragua con el propósito de apropiarse de recursos naturales.

En el subtema “Soberanía y solidaridad internacional”, el partido sostiene que Juntos por el Perú se “alinea con los países latinoamericanos que marchan independientemente: Cuba, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y México”. La afirmación, acompañada del mensaje “El Perú no es colonia ni patio trasero de nadie”, sugiere que, de llegar al gobierno, la agrupación de izquierda buscaría que el país adopte esa misma postura internacional.

En otro de sus planteamientos precisa “impulsar la integración del Perú a los BRICS en términos igualitarios”. Este bloque, cuyo nombre surge de las iniciales de sus países fundadores —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— promueve la cooperación entre economías emergentes y busca eliminar la dependencia del dólar y de la influencia de Estados Unidos y Europa en el comercio internacional.

“En materia económica la preeminencia de los BRICS ya es un hecho irrefutable y va en crecimiento. Hoy en día su aporte es aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), lo que va superando por quinto año al G7 en esta métrica desde 2020”, señala el plan de gobierno.

En otro apartado, la agrupación propone rechazar “cualquier forma de intervención extranjera, ya sea militar, cultural y tecnológica para contrarrestar cualquier forma de tutelaje y avasallamiento neocolonial”, además de impulsar “mecanismos de defensa antiimperialistas común”.

También refiere que “no se permitirá el ingreso a nuestro país de ninguna fuerza de ocupación” y añade: “Retiraremos las bases militares del país”.

Consultados por El Comercio, los excancilleres Francisco Tudela y Luis Gonzáles Posada indicaron que las propuestas de Juntos por el Perú resultan ser riesgosas para la economía y comercio del país, toda vez que mantenemos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En su turno, Tudela refirió que lo que busca el partido con Sánchez a la cabeza es una desvinculación “de la vida económica del mundo desarrollado” y una mayor dependencia de China y de Rusia, y un antagonismo con los Estados Unidos".

Sobre el hecho de alinearse con Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, respondió que “es pura retórica sin contenido” y que “en el fondo lo que plantean es un retroceso histórico que además amenaza las libertades individuales y la libertad de prensa”.

“En el terreno monetario plantear el desmarcarse de los Estados Unidos es un absurdo porque el dólar es universalmente utilizado”, señaló en otro momento.

Al ser consultado sobre el hecho de que JP rechaza cualquier intervención extranjera militar y tecnológica, respondió que tiene una política muy similar a la de la China.

“Eso significa para empezar el control del internet. La China tiene sus filtros. Todo aquello a lo cual nosotros tenemos acceso en materia de información a través del internet, ya no lo tendríamos porque la forma principal de intervención respecto de la información, la cultura la tecnología es el internet”, añadió.

En el mismo sentido opinó el excanciller Luis Gonzales Posada. Calificó de riesgosa la propuesta de Sánchez al intentar alinear al Perú con países dictatoriales e intentar desmarcarnos de países mundiales y quebrar el tratado de libre comercio con EE.UU.

“No me queda duda que en un eventual gobierno de Sánchez habrá una dictadura. Él busca legitimarse entre la comunidad internacional porque sabe que Cuba es una dictadura que tiene 70 años y registra una pobreza de 79%”, agregó.

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, consideró que el etnocacerista Antauro Humala “tiene una opinión calificada para hablar sobre la seguridad fronteriza del país” y que escucharán sus propuestas. Esto en el contexto en que Roberto Sánchez, candidato presidencial de su agrupación, ha intentado marcar distancia del condenado por el ‘andahuaylazo’.

“Algunos decían que iba a ser ministro del Interior, es falso, él habló de la seguridad nacional. Yo sí creo- al margen de todo lo que le hayan preguntado y él haya respondido, con lo cual no coincidimos- yo sí creo que él [Humala] como militar, producto [de su formación] en la Escuela Militar de Chorrillos, tiene una opinión calificada para hablar sobre la seguridad fronteriza del país […] Lo escucharemos”, manifestó en “Mirada de fondo”, con Diana Seminario, video podcast de El Comercio.

Zunini, candidato a diputado de Juntos por el Perú, también calificó como “un hecho político” la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005 por las huestes de Antauro Humala, donde fueron asesinados cuatro policías.

“El andahuaylazo es un hecho político que demuestra, es un indicador de que nuestra democracia languidece, fue una rebelión”, remarcó.

El secretario general del JP dijo que lamentan y “nos duele en el corazón” la muerte de los policías y de civiles en enfrentamientos de este tipo.

Zunini refirió que los cauces institucionales “no están funcionando” y que las comunidades no creen en el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial. En ese sentido, dijo que no entiende qué se está esperando para convocar a un referéndum. “¿Esta crisis se va a resolver sin consultar a la gente?”, cuestionó.

Referéndum y el capítulo económico

Al ser consultado sobre qué sometería a referéndum, el político de izquierda respondió que “preguntaríamos sobre el capítulo económico de la Constitución, con el riesgo de que la población [avale el actual modelo]” y, además, sobre la instalación de una asamblea constituyente.

En otro momento, Zunini reiteró que Juntos por el Perú no se va a acoger a una hoja de ruta como la suscrita por el expresidente Ollanta Humala en las elecciones de 2011.

“Somos conscientes de que ese 12% [obtenido en primera vuelta] es insuficiente para gobernar el país. Vamos a convocar a distintas organizaciones políticas para hablar sobre nuestro plan, vamos a acoger lo que sea necesario, y lo compromisos los vamos a asumir de cara al país. Si firmar una hoja de ruta significa hace lo que hizo Ollanta Humala: renunciar a renegociar [los contratos], al cobro de las deudas y a renunciar a lo que lo llevó a él a la segunda vuelta, nosotros no estamos de acuerdo”, subrayó.

El secretario general de Juntos por el Perú adelantó que el miércoles, Sánchez estaría anunciando a “las personalidades que van a reforzar” a su equipo técnico.

Zunini también aseguró que Juntos por el Perú tiene previsto “prescindir” de los mecanismos que evitan que el Estado proteja el interés público, en referencia a los contratos ley.

“Nosotros no queremos revisar todos los contratos ley, nosotros estamos observando los contratos ley que están impidiendo al Estado la defensa del interés público y los contratos vinculados a actos de corrupción, como las concesiones viales, el gasoducto sur y, todos sabemos, el mismo proyecto Olmos”, expresó.

El titular del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, calificó como “totalmente ilegal e inaceptable” que el golpista exmandatario Pedro Castillo pueda recibir un eventual indulto presidencial.

“Absolutamente inaceptable que ese golpista pueda ser indultado. Espero que no vaya a ocurrir de ninguna manera. Eso ya ha sido rechazado en una instancia y sería totalmente ilegal y, por supuesto, inaceptable”, declaró el también congresista de Fuerza Popular.

Respecto a un probable nuevo pedido de indulto para Pedro Castillo, el presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, señaló que es inaceptable e ilegal. pic.twitter.com/npDp5gkLFB

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Rospigliosi también advirtió que el presidente José María Balcázar, no debería atender un eventual nuevo pedido de la defensa legal de Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Incluso, señaló que una decisión de ese tipo podría generar una reacción del Congreso.

“Bueno, yo no puedo decir qué haría el Congreso. Son 130 congresistas, pero sin duda habría una decisión muy drástica”, puntualizó.

Defensor del Pueblo evita pronunciarse

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, evitó emitir una posición sobre las versiones relacionadas con un eventual indulto para Pedro Castillo y señaló que se trata de un escenario aún especulativo.

“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, sostuvo.

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Gutiérrez recordó además que las gracias presidenciales constituyen una prerrogativa establecida en la Constitución y precisó que el Ministerio de Justicia únicamente ha mencionado la evaluación de beneficios penitenciarios dirigidos a internos mayores de 80 años o personas con graves problemas de salud, conforme a la normativa vigente.

VIDEO RECOMENDADO

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) Lima Centro 1 y Lima Centro 2 realizan este lunes audiencias públicas para proclamar, de manera descentralizada, los resultados de la elección presidencial en sus jurisdicciones.

Mira aquí la audiencia del JEE Lima Centro 1:

En el caso del JEE Lima Centro 1, la audiencia se desarrolló al mediodía y las cifras corresponden a Breña, Jesús María y Cercado de Lima.

Mientras que al JEE Lima Centro 2 le corresponde el resultado de la votación de los peruanos en el extranjero.

En las audiencias se da lectura al “Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, realizada el domingo 12 de abril.

Según se informó, este lunes se realizará además la proclamación en los JEE Lima Sur 2 y Trujillo.

Estas sesiones descentralizadas -que se deben desarrollar en cada uno de los JEE del país- son paso previo para la proclamación de los resultados nacionales de las elecciones del 12 de abril.

El miércoles 6 de mayo, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, estimó que el JNE tiene previsto tener, a mediados de este mes, los resultados de la elección presidencial.

Justamente, el jueves 7 de mayo concluyó el plazo para que los 60 JEE culminen con las audiencias de recuento de votos, cuyos resultados sirven para la proclamación de los resultados de la elección presidencial.

Tras la etapa de recuento de votos, los JEE solicitan a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100% de su respectiva competencia territorial.

Luego, emiten un “Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”.

Clavijo detalló que los JEE levantan sus correspondientes actas en las audiencias públicas a las que invitan a los personeros de partidos políticos, quienes suscriben el citado documento.

Además, las actas son publicadas en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía de todo el país.

“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral”, añadió.

Sin embargo, empezamos hoy una semana que va a ser determinante para el proceso electoral. El compromiso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido que, a más tardar este viernes 15 de mayo, entregará los resultados finales de la primera vuelta, y nos dirá oficialmente quiénes pasan a la segunda vuelta. En rigor, recién entonces empezaría la nueva carrera.

El JNE debe mostrar al país su capacidad para enfrentar con decisión, responsabilidad y autoridad una situación como la que vivimos en este proceso electoral. Y será todo un reto porque lo que hasta ahora ha mostrado este ente rector ha sido todo lo contrario.

El escenario no es el mejor. El segundo lugar puede definirse por apenas unos miles de votos, lo que haría discutible cualquier proclamación, considerando las graves irregularidades que se cometieron el 12 y 13 de abril.

En adición, tenemos dos posiciones en disputa que involucran a candidatos y sectores políticos, pero también empresariales e institucionales: la que señala que estas irregularidades no llegan a impactar cuantitativamente en el resultado final y hay que cumplir los plazos establecidos para el proceso electoral; y la que sostiene que las irregularidades sí han torcido la voluntad popular, y exige que no se entreguen resultados ni se proclamen ganadores hasta que no se conozcan los resultados de la auditoría anunciada por el propio JNE.

La discusión corre el riesgo de resultar confusa y hasta molesta para la población si no queda claro qué es lo que realmente se necesita y se quiere porque se habla de auditorías, peritajes y otros conceptos y términos (actas de la serie 900.000) que van apareciendo y que el electorado no termina de entender.

En medio de todo esto aparecen quienes quieren pescar a río revuelto y se disfrazan de “defensores” de la confianza en las instituciones y el sistema electoral. Se trata de quienes estarían buscando, moviéndose agitadamente tras bambalinas, que se postergue la proclamación de resultados por tiempo indefinido, y hasta que se convoque a nuevas elecciones, lo que les permitiría quedarse por varios meses más en sus cargos, vacar a José María Balcázar y poner a alguien que les asegure mantener su “repartija”, y así seguir manejando ministerios e instituciones públicas para seguir “haciendo negocios” hasta por un año más.

Ya tenemos un proceso electoral y organismos responsables de este, que generan desconfianza y han perdido legitimidad. Tenemos que llegar a una segunda vuelta que pueda corregir todos los errores de la primera y restablecer en algo la confianza ciudadana.

El anuncio que el JNE haga este viernes 15, y que no puede postergarse más, deberá estar muy bien sustentado desde todo ángulo, y a prueba de cuestionamientos.

El policía en retiro Adolfo Cahuana —padre del capitán Cahuana Pacheco, una de las víctimas del ‘andahuaylazo’— dijo que su familia siente “bastante indignación” por la “celebración” de Antauro Humala y Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por los 20 años de la asonada. “Siento que nuevamente nos están haciendo vivir esos momentos, cuando mi hijo partió. Este asesino no solamente se burla de nosotros, los familiares, sino de la propia institución [policial] y del Estado”, dijo en entrevista a El Comercio.

— ¿Cómo recuerda usted a su hijo? ¿Por qué él quiso ser policía?

Mi padre fue policía, y yo también seguí la carrera policial. Mi hijo también, pero a diferencia de mi padre y de mí, él tuvo la decisión de postular a la Escuela de Oficiales de la Policía. Y con su dedicación y esfuerzo logró obtener un cupo como cadete.

— Antes de que el capitán Cahuana viaje a Andahuaylas en enero de 2005, ¿usted pudo conversar con él? ¿Era consciente de que era una misión de riesgo?

Cuando él me comunica que iba a viajar a Andahuaylas me dice, ya por los medios de comunicación sabíamos que había un problema generado por Antauro Humala, que había tomado la comisaría de Andahuaylas. Por orden de su comando, mi hijo tuvo que viajar junto con 45 compañeros. A las 7 p.m. del 1 de enero de 2005, él me llama por teléfono y me dice: ‘papá, la situación está muy fea acá’. Me contó que lo mandaron al puente Colonial Anccoyllo y que los había recibido a balazos. ‘Esto es bien feo’, me volvió a decir. Entonces, le respondí: ‘tranquilo, hijo, cuídate, tomas tus providencias y que Dios te bendiga’.

— ¿Esa fue la última conversación que tuvo con él?

Sí, fue la última conversación, ahí me informó que lo mandaron al puente Colonial y que lo recibieron a balazos, porque la comisaría tomada estaba a unos 200 metros de ese puente.

— Antauro Humala fue condenado inicialmente a 25 años de prisión, luego la Corte Suprema rebajó su pena a 19 años y salió de prisión antes de cumplir esta sentencia. ¿Cree que hubo justicia para los deudos del ‘andahuaylazo’?

Inicialmente, pedían 30 años de cárcel, pero al final solo fue sentenciado a 19 años y cinco meses. Lamentablemente, para los deudos y la familia policial, le dieron la libertad [antes]. Este miserable se acogió a una ley de connotación de pena por trabajo y estudios realizados dentro del penal, pero él se burló de la justicia y de la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque para acogerse a esta norma, él tenía que reunir dos requisitos: haber pagado el íntegro de la reparación civil y haber pasado por una evaluación psicológica, que diga que no representa un riesgo para la sociedad.

— ¿Humala ha pagado, al día de hoy, ha pagado algún monto de la reparación civil? ¿Pasó por la evaluación psicológica?

No, mire, Antauro Humala públicamente, hace pocos días atrás dijo que él no iba a pagar, prácticamente dijo que ‘no voy a pagar ni m…porque yo no he matado’. Y eso es totalmente falso, hay evidencias fílmicas y documentales de la época que demuestran que él planificó, ejecutó y ordenó todos los hechos en Andahuaylas. Él no ha pagado la reparación civil. Es más, él se burla de nosotros. Cada vez que habla del tema de los policías fallecidos, para él es un elogio haberlos matado. Él se siente feliz, contento y satisfecho.

— Antauro Humala insiste en decir que la muerte de su hijo y otros tres policías fue provocada por el propio Estado. Pero en el juicio, de primera y segunda instancia, se demostró lo contrario. ¿Quién fueron los que dispararon en contra?

Esta tesis la ha venido planteando justamente en estos meses que son electoreros. Él pretendía integrar una lista para el Senado y no pudo, porque no está rehabilitado. Y ahora se ha adherido al proyecto de Roberto Sánchez. Un proyecto que sabemos que es de ideología comunista, marxista y maoísta. Sánchez se ha unido a un violentista que es admirador de Sendero Luminoso. Antauro Humala ha dicho que lo mejor que ha dado la izquierda en el país es Sendero Luminoso. Imagínese lo que está pasando.

— Usted ha traído el recorte de un periódico de 2005, donde hay un texto firmado por el propio Antauro Humala. ¿Qué dice ahí?

Él en entrevistas, libros y periódicos que ha dirigido, como este denominado “Ollanta”, en esta edición de febrero de 2025, en la página central, él reconoce tácitamente que fueron sus fuerzas las que ejecutaron a los policías.

— ¿Y el cambio de su discurso apuntó a una rebaja de pena y luego a un fin político?

Lógico, lo hizo con un fin político, nada más. Antauro Humala pretende decir que sus huestes no ejecutaron [a los policías], sino el Ejército. Pero el 2 de enero, a las 5 a.m., cuando ocurre la muerte de los cuatro policías, no había un solo militar [en la zona]. Solo había 90 policías, lamentablemente el comando de esa época ingresó sin conocer al oponente. No sabían lo que tenía Antauro Humala dentro de la comisaría, no sabían la cantidad de etnocaceristas, eso fue lamentable.

— Hace uno años Virgilio Acuña pagó S/120 mil de la reparación que debía Antauro Humala. ¿Parte de este dinero llegó a los deudos?

No, ese pago que hizo Virgilio Acuña fue porque Antauro Humala también había sido sentenciado a pagar una reparación civil para el Estado. A los deudos no nos ha pagado absolutamente nada. Tampoco a los policías secuestrados.

— ¿Qué siente al ver a Antauro Humala libre y celebrando el ‘andahuaylazo’?

Nosotros, como familia, yo como padre particularmente siento bastante indignación. Siento que nuevamente nos están haciendo vivir el momento en que partió mi hijo. Siento que este desalmado, este drogadicto y asesino no solo se burla de nosotros, de los deudos, sino de la institución [policial] y del Estado. Para él, matar no significa nada.

— Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó al “andahuaylazo’ de “gesta”, “una acción política” y “día emblemático”. ¿Cómo interpreta usted esta situación?

Sí, tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de este candidato presidencial. Yo le pregunto: ¿Es una acción política tomar una comisaría con violencia y armados? ¿Es una acción política secuestrar y asesinar a policías y apropiarse de armamento del Estado? No, eso no es una acción política, eso es terrorismo. Cuando la Policía Nacional formula el atestado de este hecho lo califica como terrorismo.

— Sánchez ha intentado marcar distancia de Humala Tasso. Incluso, durante la primera vuelta el candidato presidencial de Juntos por el Perú señaló que el etnocacerista sería el encargado de la seguridad en su eventual gobierno. ¿A su juicio, qué riesgos conlleva?

Lógicamente, Roberto Sánchez solamente está buscando captar votos. No es posible que un asesino, un drogadicto, un condenado, una persona que no se ha rehabilitado pretenda ejercer un cargo público. Pero con los gobiernos de izquierda se espera cualquier cosa.

— ¿Usted aceptaría reunirse con Sánchez?

Mientras no deslinde de Antauro Humala y no cambie su postura sobre el ‘andahuaylazo’, jamás. Y no lo haría, porque los familiares [de los policías asesinados], especialmente yo, me siento bastante indignado con las declaraciones de este candidato.

— ¿Sánchez debe ofrecer disculpas a los deudos por calificar como “acción política” al ‘andahuaylazo’?

Para la familia, sí es necesario, es obligatorio que lo haga. Él no puede calificar como un acto político un acto que fue de violencia extrema.

— Para usted, ¿qué fue el ‘andahuaylazo’?

El ‘andahuaylazo’ fue un hecho violentista, que hizo este miserable de Antauro Humala con el único propósito de gestar el ingreso a la política de Ollanta Humala, esa fue su intención y lo logró.

— ¿La sociedad entre Sánchez y Humala Tasso representa un peligro para la democracia?

Le dije y lo vuelvo a repetir: Sánchez tiene una política marxista, leninista, que él mismo ha reconocido. Antauro Humala ha dicho que Sendero Luminoso es lo mejor que ha producido la izquierda. Y concuerda con los lineamientos que ha dejado Abimael Guzmán: intentan llegar al poder ya no por las armas, sino por la penetración ideológica.

— Antauro Humala es muy cercano a Roberto Sánchez, candidato presidencial que tiene opciones de llegar al gobierno. ¿Esta situación reaviva el dolor de los deudos?

Dios no quiera que suceda lo que usted me pregunta. No solo nos causa dolor a la familia, sino a los hombres de bien. La democracia se debe respetar, al igual que el Estado de derecho. Sería indignante que este señor [Humala] pretenda ser funcionario público.

— ¿Tiene algún mensaje que darles a los ciudadanos, sobre todo a las generaciones más jóvenes que no saben quién es Antauro Humala?

Sí, solamente le quiero decir a la ciudadanía que Antauro Humala es un violentista, es un asesino, es un drogadicto y un mercantil de la política. Quiere vivir de la política. Él fue el que planificó, dirigió y ejecutó el tema de Andahuaylas.

A poco más de 21 años del ‘andahuaylazo’, las heridas de los deudos de los cuatro policías que fueron asesinados en esta asonada, encabezada por Antauro Humala, aún no terminan de cerrar. Primero tuvieron que enterrar a sus familiares, luego vieron cómo la Corte Suprema redujo la pena del etnocacerista de 25 a 19 años de prisión, después que abandonó la cárcel sin cumplir la totalidad de su condena, y ahora miran con preocupación que puede llegar al gobierno de la mano de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Los deudos habían decidido mantener un perfil bajo y tratar de dar vuelta a la página más dolorosa de sus vidas, pero la “celebración” del ‘andahuaylazo’, que reunió a inicios de 2025 a Humala Tasso y a Sánchez Palomino (y cuyo contenido se hizo viral en los últimos días), así como otros políticos de izquierda ha generado en ellos indignación.

El 2 de enero de 2005, un día después del inicio de la asonada, los etnocaceristas emboscaron a una patrulla del Escuadrón Verde en el puente Colonial Anccoyllo, sobre el río Chumbao (Andahuaylas). Cuatro policías fueron asesinados: el capitán Carlos Cahuana Pacheco, el teniente Luis Chávez Vásquez y los suboficiales Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal.

El policía en retiro Adolfo Cahuana- padre del capitán Cahuana Pacheco- dijo que su familia siente “bastante indignación” por los “festejos” de Humala Tasso y Sánchez. “Siento que nuevamente nos están haciendo vivir esos momentos, cuando mi hijo partió. Este asesino no solamente se burla de nosotros, los familiares, sino de la propia institución [policial]y del Estado”, manifestó a El Comercio.

Cahuana, de 75 años, también criticó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú haya calificado como como una “gesta de rebeldía”, “una acción política” y un “día emblemático” la toma de la comisaría de Andahuaylas. “¿Una acción política es secuestrar a policías? Eso no es una acción política, sino terrorismo”, complementó.

Una postura similar tuvo José Chávez Huamán, padre del teniente PNP Luis Chávez Vásquez, otras de las víctimas mortales del antaurismo. Él calificó como “una burla” el elogio de Sánchez al “andahuaylazo” y Humala Tasso.

“Mire, esto es una burla, no se puede celebrar la muerte de cuatro representantes de la ley. Esos cuatro hombres fueron protectores de la Constitución, del Estado de derecho en el país y no tiene sentido esa declaración [del postulante]. Yo no sé qué celebran”, manifestó Chávez Huamán.

El policía en situación de retiro refirió que Humala Tasso decidió rendirse, cuando el ingreso de las Fuerzas Armadas a Andahuaylas para recuperar la zona tomada era inminente. “¿De qué se ufana? ¿De qué aniversario habla? Es un pobre y triste cobarde. Esa es la verdad”, agregó.

“Debió cumplir los 25 años”

Chávez Huamán refirió que él no siente que se haya dado un acto de justicia, tras el crimen de su hijo, porque Humala Tasso debió haber cumplido los 25 años de prisión que inicialmente le dictó el Poder Judicial.

“Justicia no es, él [Antauro Humala] debió haber cumplido los 25 años que determinó el Poder Judicial en un inicio. Después vinieron las rebajas [de pena]. Hubo malas decisiones de magistrados y también de políticos. Lamentablemente, las artimañas y las malas mañas de estas personas dieron lugar para que Humala salga antes, ni siquiera cumplió los 19 años”, expresó.

También confirmó que, al momento, el socio político de Sánchez no ha cumplido con el pago total de la reparación civil a los deudos del ‘andahuaylazo’.

“Ese sinvergüenza no ha depositado ni ha pagado un centavo hasta el momento. Pero quiero aclarar que nosotros no queremos lucrar con la partida de mi hijo. Ya han pasado casi 21 años. Para mí, la justicia la debió hacer el Poder Judicial. Jamás vamos a poder olvidar los hechos, para mí, como padre y para mi esposa, como madre, es como si hubiera sido ayer la partida de nuestro hijo. Todos los dos de cada mes lo recordamos infinitamente”, subrayó.

A su turno, Cahuana consideró que Humala Tasso se burló de la justicia, al recordar que salió antes de prisión al acogerse a una norma que le permitió reducir su tiempo de carcelería a cambio de trabajo, educación y buen comportamiento. No obstante, el mismo etnocacerista no reconoce haber hecho los talleres (como el de las manualidades de Hello Kitty y repostería).

“Él no va a pagar [la reparación civil]. Él dice que ‘no va a pagar ni m…porque yo no he matado’. Y eso es totalmente falso. Hay evidencias fílmicas y documentales, en el sentido de que Antauro Humala planificó, ejecutó y ordenó todos los hechos de Andahuaylas. No ha pagado la reparación, él se burla de nosotros, para él es un elogio haber matado policías. Él se siente feliz y contento”, expresó.

Una candidatura de riesgo

En otro momento, Chávez Huamán advirtió que la candidatura de Sánchez representa “un riesgo total” para el Estado de derecho y la misma democracia, sobre todo porque tiene como uno de sus aliados a Antauro Humala, quien ya ha intentado romper el orden constitucional con la asonada de Andahuaylas.

“Estamos ante el riesgo de entrar a un sistema socialista y etnocacerista. Tenemos como muestra lo que le ha sucedido a Cuba y a Venezuela”, mencionó.

Cahuana alertó que el intento del candidato presidencial de Juntos por el Perú de marcar distancia del militar en retiro solo tiene una finalidad política: “captar votos”. “No es posible que un asesino, un condenando, una persona que no se ha rehabilitado pretenda ejercer un cargo público”, cuestionó.

El policía en retiro refirió que es necesario que Sánchez ofrezca disculpas no solo a los deudos del andahuaylazo, sino al país “por haber calificado como un acto político un hecho de violencia extremista”.

También recordó la última conversación que tuvo con su hijo antes de que fueron asesinado por la huestes etnocaceristas.

“A las 7 p.m. del 1 de enero, Carlos me llama por teléfono y me dice: ‘papá, la situación está muy fea acá, me han mandado al puente y nos han recibido a balazos’. Entonces, yo le dije, ‘tranquilo, hijo, cuídate, toma tus providencias y que Dios te bendiga’. Fue la última conversación que tuvimos. Cuando se graduó como policía, él me decía que sería el primera Cahuana en llegar ser general, Antauro Humala le truncó su proyecto de vida”, finalizó.

Más información

La Corte Suprema le ordenó a Antauro Humala a pagar una reparación civil de S/280 mil a la familia de cada policía asesinado en el “andahuaylazo”. Es decir, en total adeuda S/1’120,000. De esta cantidad no ha pagado un solo sol.

“El anti voto más grande en el Perú no es contra Keiko, es contra Lima” me dice el periodista y analista político español Román Cendoya. Keiko niega que sea su estratega cada que se lo han preguntado, pero lo considera como un buen amigo cuyos consejos escucha con atención.

La versión de Cendoya es igual a la de ella. “Lima ha cambiado políticamente desde Castillo pero el odio hacia Lima y todo lo que ella implica como centro del sistema, no ha cambiado”, remata Román anticipando que en la segunda vuelta, que en la práctica ya arrancó, Roberto Sánchez echará a la ‘China’ toda la pica antilimeña encima.

Los fujimoristas hacen sus propias encuestas. Gracias a estas, ya tenían previsto, desde hace varias semanas, que López Aliaga sería desplazado por otro candidato en la segunda vuelta, cosa que estamos verificando al 99% del conteo.

No sabían quién sería pero temían que ello pasara. No solo había pánico ante algún izquierdista colado en el duelo final, sino que sentían que les sería más fácil ganar a quien acumulaba, desde que promovió la censura a José Jerí, demasiados errores y enemigos gratuitos. Además, la historia marca una constante: desde 1912 cuando el ex alcalde de Lima, Guillermo Billinghurst, fue elegido presidente; ningún alcalde metropolitano ‘la ha hecho’. Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont, Alberto Andrade y Luis Castañeda, lo intentaron sin éxito. Valga el recuento histórico para confirmar que Rafael López Aliaga no la tenía consigo tras ser alcalde y las regiones la tienen contra Lima.

También conversé con el politólogo Rodrigo Barrenechea, quien acertó en su predicción de que, a pesar de haber crecido la identificación ciudadana con la derecha al punto que muchos creyeron en una segunda vuelta entre derechistas, el clivaje entre Lima y el resto del Perú iba a lanzar contra Keiko a un candidato que encarnara el antilimeñismo. Por lo general, este se expresa en la izquierda. Le pregunté a Rodrigo si coincidía con la frase de Cendoya sobre el anti voto de Lima. “Es correcto. Ahora bien, hay un clivaje social que es ese entre lo que yo llamo Lima y la periferia, o lo urbano y lo rural; pero además hay un clivaje político que se activa cuando entran a tallar el fujimorismo y el antifujimorismo. Y te voy a decir algo que sonará extraño: el fujimorismo incrementa la polarización política pero modera la polarización social”.

Rodrigo hace un pequeño silencio y, antes de que se lo pida, se explica: “El recuerdo de Alberto Fujimori está presente en la periferia del país. Keiko no es ‘la candidata limeña’, ese es López Aliaga. Keiko y Sánchez compiten por votos rurales. López Aliaga quiere anular votos rurales. Imagínate si el enfrentamiento fuese entre Sánchez y López Aliaga en segunda vuelta. La polarización sería total”.

Keiko tiene votaciones destacables en varias regiones, sobre todo en la Costa Norte y el Oriente. En Cajamarca, a pesar de ser bastión castillista por excelencia, Fuerza Popular (FP) ha logrado colocar un diputado. Puno, eso sí, se muestra ‘cerrado’ a los ‘candidatos del sistema’ que respaldaron a Dina Boluarte y no marcaron distancia con la masacre del 9 de enero del 2023 en Juliaca. López Aliaga tuvo que suspender un mitin que tenía previsto allí. Keiko, más prudente, hizo una actividad cerrada para sus partidarios cerca a Ayaviri, capital de la provincia puneña de Melgar. Uno de sus retos es cómo poner en escena el encuentro con sus bases en regiones que le sean hostiles. Sus giras, inevitablemente, tendrán algunas fronteras territoriales. En los últimos días emprendió una gira por la Amazonía, terreno que le es más amable. Abrazar al Sur antifujimorista le ayudaría mucho; pero un huevazo o un desplante viralizado podría costarle demasiado. Dilemas de campaña a tientas, con diferencia probablemente ajustada, peleando lo que Barrenechea llama ‘los márgenes’.

La polaridad entre Lima y las regiones es ineludible y pesará en los resultados. La incitará Sánchez porque le conviene, “pero tampoco se puede ganar desconociendo a Lima, pues es muy grande y tiene mucho peso”, advierte Rodrigo. Le pregunto si, como en el 2016, Keiko podría dar señales hacia el centro para disminuir su antivoto. “No creo que esté en condiciones de intentar lo del 2016. No tendría credibilidad. En su posición, no tiene sentido convencer a la gente de que no eres lo que eres; lo que tiene sentido es mostrar cuáles son tus virtudes siendo lo que eres.

En su caso, está esa promesa de orden frente al desorden que pasamos estos años y que ya asoma en la campaña de Sánchez en las tensiones con Antauro [Humala]”. He ahí una clave de lo que se viene y que puede instalarse más allá de lo ideológico y del clivaje social: la rivalidad entre una candidata que, más allá de declamar el orden como promesa, buscará exhibirlo en su entorno y en sus gestos; frente a un candidato que tiene que manejar una alianza entre partidos, caudillismos e independientes de izquierda que se le pueden ir de las manos.

Lo ideológico ha perdido peso emocional, pero sin duda alentará la polarización. “Keiko se equivocaría si traza una línea, como lo hace Fernando Rospigliosi, entre comunismo y anticomunismo. Esa no será la polarización principal”, me dice Barrenechea. Ciertamente, alentar ese discurso ideológico es del mismo calibre que promover el clivaje fujimorismo/antifujimorismo. En esta campaña se pueden ensayar otras aproximaciones a las emociones de un electorado harto de inestabilidad y desorden.

Cendoya tampoco se entusiasma con la polaridad netamente ideológica. Confía en que la promesa de orden rinde mejor. “El orden es transversal y en la campaña se podrá ver desarrollado en salud, en educación, en seguridad”. Le comento que los candidatos militares también prometían orden. “Prometían orden como fin, pero el orden es el medio, no es el fin. Necesitamos orden como el medio para lograr lo que queremos”. Le doy la razón recordando la campaña de José Williams invitándonos a cuadrarnos como si ansiáramos vivir en un cuartel. “A Adriana Tudela, pobre, la hicieron cuadrarse”, ríe Román. Detrás de esa risa hay historia naranja que contar. El creativo de los spots de Williams como comando ‘Chavín de Huántar’ fue Carlos Raffo, quien estuvo en las anteriores campañas de Keiko y se ligó al fujimorismo desde la célebre campaña albertista de ‘El Baile del Chino’ en el 2000. Esto nos lleva a hablar de alguien fundamental, que está y no está en la campaña, Alberto.

A favor de Keiko está - perdonen mi crudeza- la muerte de su padre en septiembre del 2024. Alberto Fujimori es ahora memoria y acervo de Fuerza Popular, un capital político que Keiko y su entorno dirigencial pueden administrar con cálculo. Ya no es una presencia impredecible, con ideas, cohorte y colaboradores ajenos a Keiko, que se le iban de las manos como se le van los antauristas a Sánchez y como quizá se le irán los castillistas. Cendoya me mencionó tres acontecimientos en la vida de Keiko que la han hecho madurar y adquirir mejor dominio de sí misma. Coinciden exactamente con los tres acontecimientos que menciona Martín Tanaka, insospechable de keikismo, en un post en X sobre lo que ve como ventajas de Keiko.

¿Cuáles son los tres hitos íntimos del quinquenio keikista según Cendoya y Tanaka? Son estos: la cárcelería que sufrió por el Caso Cocteles, su divorcio de Mark Vito Vilanella y la muerte de Alberto. Tres pérdidas que, en la dialéctica vital, le han hecho ganar aplomo. La suma de esos hitos merece un ‘storytelling’ personal que es algo que ‘humaniza’ a un candidato mucho más que la emoción o espontaneidad que le ponga a su discurso político. No me refiero al ‘storytelling’ indirecto, forzado, de ‘libreto’, que le oímos en el debate de primera vuelta, contando que habló con tal o cual ciudadano que le refirió un tema; sino al testimonio de vida, al ‘sé lo de que hablo porque he pasado por eso’ que suele conseguir más empatía que cualquier frase hecha.

Por supuesto, Roberto Sánchez podrá hacer lo mismo, hablando de su esposa e hijos pequeños, de sus padres, de su tierra huaralina a la que retorna regularmente; pero también tendrá que hablar de una presencia viva que le es difícil de administrar: Pedro Castillo, el dueño del sombrero que lo hizo llegar a la segunda vuelta, pero que pesa como si fuera de hierro.

Si Sánchez se presentara como es, conoceríamos al costeño que ha socializado como funcionario del gobierno regional de Chiclayo (base del Partido Humanista de su mentor Yehude Simon, que él heredó y fue rebautizado como Juntos Por el Perú) y en el Ejecutivo limeño cuando Simon fue PCM de Alan García; todo muy lejos de Chota y de Barbadillo. Llegaríamos al congresista y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo que adquirió en 5 años un status socioeconómico que lo aleja de la imagen que proyecta Pedro en su electorado.

Keiko podrá compartir más de sí misma y no solo las incidencias de sus giras proselitistas, que graba y difunde en sus redes. A diferencia del 2021, ahora le da más importancia al Facebook, la red más popular en el Perú, desestimada por muchos entusiastas del Tiktok.

Fue en el 2021, precisamente, que Castillo reinó en el FB y en los grupos de Whastapp promocionados allí. La campaña keikista no quiere dejarles ese reino al neocastillismo. En FB y en cualquier otra red, eso sí, no ganas con puro equipo sino con participación espontánea (sino hay eso, no hay nada). El aprendizaje de Keiko no solo tendrá que ser de sus tres derrotas sino de los aciertos de sus tres vencedores. A menos que tenga vocación de tropezar con las mismas piedras.

Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el inicio de la impresión del acta padrón de la segunda elección presidencial, proceso que se realiza en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicadas en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La supervisión estuvo a cargo de los monitores operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), quienes verificaron la impresión de la relación de electores y la lista de electores que serán utilizadas durante los comicios previstos para el próximo 7 de junio.

Según informó el JNE, la impresión comenzó con el material correspondiente a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, quienes también participarán en la segunda vuelta presidencial.

La relación de electores será colocada en las puertas de las aulas de votación, mientras que la lista de electores será utilizada por los miembros de mesa durante la jornada electoral para registrar la participación de los votantes.

Durante la fiscalización, el personal de la DNFPE verificó que las impresiones se ejecuten conforme al catálogo oficial de materiales aprobado previamente por la ONPE.

Asimismo, supervisaron que se realicen los respectivos controles de calidad, tanto manuales como electrónicos, sobre la documentación impresa antes de su distribución.

El organismo electoral indicó que continuará realizando inspecciones inopinadas durante todo el proceso de impresión del acta padrón y en las demás actividades contempladas en el Plan Operativo Electoral.

Con estas acciones, el JNE busca garantizar la legalidad, transparencia y correcto desarrollo de la segunda elección presidencial.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó este lunes que “nunca estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda” un eventual proceso de indulto al golpista exmandatario Pedro Castillo, quien purga una condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

“Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos por muchas razones técnicas”, señaló el jefe del Gabinete en conferencia de prensa.

En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, reiteró que actualmente no existe ningún pedido de indulto en trámite presentado por Pedro Castillo ni por terceros en su representación.

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Luis Arroyo, jefe de PCM: El tema del indulto a Pedro Castillo no estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda del gobierno del presidente José Balcázar, por muchas razones técnicas

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— Canal N (@canalN_) May 11, 2026

“No se encuentra en trámite ningún pedido de indulto solicitado por el expresidente Castillo ni por terceros”, indicó.

No obstante, precisó que anteriormente sí se presentaron solicitudes vinculadas al exjefe de Estado. “En el pasado se han presentado cuatro pedidos por terceros y otro por el expresidente”, detalló.

Jiménez explicó, además, que uno de los principales impedimentos para evaluar un eventual indulto es la situación procesal de Castillo.

Según señaló, la normativa vigente exige que exista una sentencia firme y consentida para que pueda analizarse una gracia presidencial.

“Uno de los requisitos más importantes que establece la normativa es que no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida. Así que hay un tema de fondo que complicaría un proceso de indulto”, sostuvo.

Comisión de gracias presidenciales

De otro lado, Jiménez explicó que la reciente renovación de la Comisión de Gracias Presidenciales responde únicamente a la necesidad de completar la conformación de dicho grupo de trabajo, luego de la salida de uno de sus integrantes.

“Para que la comisión de gracias pueda funcionar debe tener el voto unánime de todos sus miembros por la trascendencia que tienen las decisiones que puedan ser evaluadas por esta comisión. Por ello, se necesita que estén todos sus miembros completos”, señaló.

El titular del Minjus precisó que uno de los miembros dejó el cargo se desvinculó del ministerio.

“Lo que ocurrió hace unos días es que uno de sus miembros, por motivos personales obtuvo una posibilidad laboral en el sector privado, se desvinculó del ministerio; ante esa situación nosotros estamos obligados a completar nuevamente la comisión. El resto de los miembros siguen siendo los mismos que el ministerio tenía designado”, añadió.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Jorge Zapata, lanzó duras críticas contra las propuestas de Juntos por el Perú y expresó su preocupación ante un eventual avance electoral de Sánchez hacia una segunda vuelta presidencial.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las 8, conducido por Milagros Leiva, el representante del gremio empresarial calificó como “nefastas” las ideas promovidas por dicha agrupación política y sostuvo que representan un riesgo para la economía y la estabilidad democrática del país.

“Nosotros ya lo dijimos y lo reiteramos: las ideas de ese partido (Juntos por el Perú) son nefastas para el país si llegan a aplicarse”, afirmó Zapata. Según indicó, el Perú debe apostar por un modelo basado en la inversión privada, el fortalecimiento empresarial y el crecimiento económico como herramientas para combatir la pobreza.

El dirigente empresarial sostuvo que los sectores democráticos deben mantenerse vigilantes frente a propuestas que, a su juicio, buscan incrementar el control estatal sobre la economía y debilitar las instituciones democráticas.

“Tenemos que unirnos todos los demócratas para llevar al país a un camino coherente, que es el camino que ha demostrado ser el más eficiente para incrementar inversiones, aumentar producción y reducir pobreza”, manifestó.

Rechaza eventual alianza con Antauro Humala

En otro momento de la entrevista, Zapata cuestionó la posibilidad de que Sánchez establezca algún tipo de alianza política con Antauro Humala en un eventual escenario de segunda vuelta.

“Sería un desastre que se junte con Antauro Humala y que lo trate de llevar al gobierno”, señaló.

Asimismo, indicó que, si Sánchez continúa en carrera electoral, debería deslindar públicamente del líder etnocacerista y dejar en claro que no formará parte de un eventual gobierno.

“Él tendría inmediatamente que deslindar definitivamente con el señor Antauro Humala, apartarlo y decir que de ninguna manera va a participar en su gobierno”, añadió.

Cuestiona desempeño de la ONPE

El presidente de Confiep también criticó duramente el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante las recientes elecciones generales.

Según sostuvo, la entidad electoral actuó de manera deficiente y contribuyó a generar el actual escenario de incertidumbre política.

“Nosotros hemos sido claros en decir que la ONPE no ha hecho bien su trabajo. Ha sido muy deficiente en su desempeño en estas elecciones y nos ha metido en un gran problema”, declaró.

Zapata consideró que el país atraviesa una situación delicada y advirtió sobre el peligro de iniciar un nuevo periodo de gobierno bajo cuestionamientos de legitimidad.

“No podemos empezar cinco años de gobierno con ilegitimidad. Eso es muy peligroso”, enfatizó.

En esa línea, pidió que los diferentes sectores políticos, técnicos y jurídicos participen en la búsqueda de una salida dentro del marco constitucional.

“Los constitucionalistas, juristas, empresarios y políticos debemos darle una solución al país. Hay que respetar la Constitución, las leyes y las autoridades correspondientes”, sostuvo.

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó ayer que declaró inadmisible el pedido de indulto presidencial a favor del vacado ex mandatario Pedro Castillo. La única petición conocida fue presentada ante la Presidencia de la República el 19 de febrero por el abogado Walter Ayala, candidato al Senado por Juntos por el Perú.

Esta decisión fue adoptada por la Comisión de Gracias Presidenciales durante una sesión ordinaria realizada el 30 de abril del 2026, es decir, después de dos meses. Dicho grupo es el encargado de recomendar al presidente de la República la concesión de indultos y otros beneficios penitenciarios.

Al respecto, el ministerio encabezado por Luis Jiménez Borja precisó que actualmente “no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias) respecto del señor José Pedro Castillo Terrones”.

Entre tanto, la cartera enfatizó que toda solicitud de gracia presidencial debe cumplir con la documentación requerida para ser admitida a trámite. Añadió, además, que “el acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes”.

Antes de la emisión del comunicado del Ministerio de Justicia, Ayala dijo a este Diario que “hasta la fecha no tengo ninguna respuesta” y dejó claro que “quien tiene la última palabra es el presidente de la República”.

Cabe recordar que Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo por el delito conspiración para la rebelión y abuso de autoridad tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La decisión sobre el indulto se conoció un día después de que el Ministerio de Justicia actualizara la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Dicha instancia es presidida por Magno Abraham García Chávarri e integrada por Iván Jesús Calixto Peñafiel, Antonio Salgado Arroyo y Leslie Roxana Gonzales Cabanillas, quien es de la provincia de Chota, Cajamarca.

El cambio de integrantes —o la sola actualización de la comisión— despertó interés en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que acordó citar al ministro de Justicia para que explique los criterios empleados en la designación de los nuevos miembros del equipo evaluador.

La propuesta de convocar a Jiménez Borja fue planteada por el congresista Ilich López (Acción Popular) y fue aprobada por 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. El objetivo es conocer la idoneidad profesional de los integrantes.

En paralelo, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, señaló que en un eventual gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez se podría concretar un indulto presidencial, aunque “respetando la institucionalidad”.

No obstante, dejó en claro que para que proceda un indulto debe existir “una sentencia firme”. “Por ahora, no procede porque no hay una sentencia firme, pero todo apunta a que en un momento se va a dar”, agregó.

La empresa M&T International, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la sanción fue aplicada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debido a que dicha compañía presentó información inexacta, pese a que la ONPE lo había negado.

Al respecto, Eric Morán, representante de M&T International, admitió dicha sanción y dijo que dicha penalización fue reducida. “Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, señaló a “Cuarto Poder”.

La firma de consultorías en ciberseguridad asegura que posee una cartera de más de 140 clientes en 19 años de trayectoria, además de tener presencia con oficinas en Perú y Chile. Sin embargo, su representante desconoce la dirección en este último país.

Igualmente, los teléfonos de contacto de la matriz en el Perú están fuera de servicio y en la dirección que consigna en Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco, funciona un “coworking”, es decir, opera en oficinas alquiladas por horas.

Sobre el tema, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, dijo en el Congreso que el periodo de la auditoría fue de 168 días, del 13 de noviembre del 2025 al 29 de abril de 2026.

Además, Elisa Cabrera, subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, explicó que el alcance de la auditoría involucraba los tres sistemas: Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), Presentación de Resultados y el Sistema de Cómputo Electoral.

Asimismo, la funcionaria también afirmó que M&T International continuará a cargo de la auditoría en la segunda vuelta de los comicios generales.

“Nosotros ya iniciamos el jueves de la semana que acaba (7 de mayo) la auditoría de la segunda vuelta. Es la misma empresa que nos va a realizar la auditoría. Le hicimos una adenda al contrato”, dijo al programa dominical.

La convocatoria fue declarada desierta en tres oportunidades. M&T International postuló a la primera, pero fue descalificada porque no contaba con los perfiles requeridos y estándares solicitados. Recién en la cuarta convocatoria cerró contrato con la ONPE.

Riesgos encontrados

Según el informe ejecutivo que reveló la ONPE, la auditoría de M&T International detectó en su mapa de riesgos: 13 hallazgos en la evaluación de funcionalidades; 23 amenazas en el STAE; 104 vulnerabilidades en el Sistema de Cómputo Electoral / Presentación de Resultados; y 5.970 errores en el código fuente.

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El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, pidió que los partidos políticos participen de la auditoría informática de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace una semana.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que en dicho proceso podrían participar empresas nacionales e internacionales, universidades con “capacidades y competencias”, y representantes técnicos de las agrupaciones políticas.

Nieto Montesinos también remarcó que el máximo organismo electoral debería abrir el proceso de auditoría debido a la crisis de legitimidad que alcanza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Lo que sí creo que debe hacer el JNE es abrir el proceso de auditoría. Según la información que yo tengo, hoy día esa auditoría la está haciendo el organismo competente del JNE. Señor Burneo, eso no va a resolver nada, es crisis de legitimidad lo que tiene el JNE y la ONPE, resultado de lo que ustedes han hecho”, expresó.

“Tiene que abrir el proceso de auditoría, puede ser una empresa internacional, pueden ser universidades que tienen las capacidades y competencias para hacerlo, puede haber una o dos empresas nacionales y los representantes técnicos de los partidos, pero no puede ser una cosa que se hace entre gallos y medianoche en el Jurado con el organismo técnico”, agregó.

Tras enfatizar que se necesita un “gobierno legítimo”, el postulante al sillón presidencial cuestionó que la ONPE haya minimizado las irregularidades ocurridas en la elección del pasado 12 de abril, que involucran a la empresa Galaga S.A.C.

“La ONPE ha reaccionado mal a su mal comportamiento. Espero que la fiscalía haga su trabajo, yo no descartaría procesos de corrupción”, alegó al mencionar que ha enviado al JNE una carta pidiendo que los técnicos de los partidos políticos sean parte de la auditoria del proceso electoral.

“No hay razón por la cual los jugadores, junto con la ciudadanía de este proceso electoral, no se puedan sentar con el árbitro para hacer preguntas técnicas que requieren preguntas técnicas”, acotó Nieto Montesinos.

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Hace unas semanas, anunció que la lucha contra el crimen estará en manos de Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, donde murieron asesinados cuatro policías. Suena a una burla contra las fuerzas del orden poner al frente del Ministerio del Interior a quien purgó prisión por homicidio y rebelión. Eso muestra también que para esta coalición la violencia puede legitimarse como “acción política”

Al exfiscal José Domingo Pérez lo quiere designar al frente de la reforma del sistema de justicia. Y el nuevo aliado Alfonso López Chau ha puesto como condición para su apoyo “un gabinete de unidad nacional”, lo que en otras palabras significa algunos ministerios para afines y allegados.

Sánchez está más preocupado en cortar la torta que en hacer campaña. Diera la impresión de que ya logró el objetivo que buscaba: mantener una cuota de poder en próximo Congreso. El eventual pase a segunda vuelta parece ser una sorpresa inesperada con la que no sabe cómo lidiar. Ahora intenta fingir un distanciamiento con Antauro Humala pero es demasiado tarde para desmarcarse. La cercanía y admiración mutua de ambos personajes ha quedado registrada en diversos actos públicos.

Esta semana, el postulante de Juntos por el Perú ha dicho que no firmará ninguna hoja de ruta y mantendrá como ejes centrales de su agenda la asamblea constituyente y la nueva constitución, desinflando las esperanzas de algunos centristas que podrían haber votado por él si se ollantizaba. Como candidato, es pésimo. Si ha llegado hasta donde está es por las adhesiones que ha logrado sumar. Su labor como congresista y ministro de Estado ha sido muy cuestionada. Con esos antecedentes, no es difícil vaticinar como sería un hipotético gobierno suyo.

En la política peruana no existen verdades absolutas. Quizás el panetón del 2026 solo sea un chancay remojado, pero el riesgo de que Sánchez y sus aliados radicalicen aún más la polarización y agudicen la inestabilidad institucional y económica ya es visible.

“No postularé a ningún cargo de elección popular, repito, no postularé a ningún cargo de elección popular” dijo Renzo Reggiardo el 2 de mayo y contó cómo iban las acciones legales que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha interpuesto contra el JNE por rechazar el pedido de Renovación Popular (RP) que reclamó elecciones complementarias.

El drama de Renzo -o su comedia, ustedes rían si quieren- es que ha prometido bajarse de las elecciones municipales y ¡semejante anuncio ha pasado casi desapercibido!

Lo que se puso en el candelero no es el político Reggiardo que prometió su retiro electoral, sino sus acciones legales, su demanda competencial a nombre de la MML, su medida cautelar al TC, y su amparo a título personal.

¿Tan poco vale la palabra de Reggiardo, tan poco vale su candidatura para la opinión pública? Acá si nos importa. Renzo merece atención en todos sus extremos, por más alambicados que sean.

La @MuniLima ha presentado ante el @TC_Peru una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del @JNE_Peru del 23 de abril de 2026, en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/jT9dhnEAvw

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 7, 2026

Primero, descartemos la eficacia e importancia de las acciones legales: El amparo ya fue rechazado por el primer juzgado al que cayó y, según la MML, ha sido enviado a un juzgado constitucional. Sería muy rebuscado, según varios legistas, que se ampare a quien, en su sustento, no dice que se le haya impedido votar. Si pudo votar, ¿de qué cuernos lo van a amparar? Por otro lado, la demanda competencial que sostiene que el JNE habría menoscabado funciones de la MML, es igual de rebuscada. Si se diera el insólito caso de que alguno de estos recursos sea atendido, lo más probable es que ello ocurra luego de la proclamación de los candidatos a la segunda vuelta. Bah.

Dejemos la judicialización de todo y de todos, olvidemos el debate jurídico estéril. Volvamos al personaje que sigue un libreto forzado y ajeno pero que, de pronto, terminada la retórica leguleyo nos dice ‘me voy’ (bis). Puso un parche cuando dijo que no postulará “en las condiciones actuales” y que “no hay garantías necesarias”; pero no hay visos de que estas vayan a variar en el sentido que piden sus acciones legales. Él, ustedes y yo, sabemos que va a persistir la decisión del JNE.

Cumpliendo con su palabra, el alcalde @Renzo_Reggiardo, en representación de la @MuniLima, presentó ante el @TC_Peru la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. “Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática”.… pic.twitter.com/qSAPCZFnAA

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 4, 2026

¿Por qué se baja Renzo? Intentemos responder con antecedentes. Reggiardo, hijo de Andrés, co fundador de Cambio 90 junto a Alberto Fujimori, fue un joven fujimorista en el 2006, en la bancada liderada por Keiko. Se quebró de la bancada, tras discrepancias por la fiscalización de la Interoceánica, entre otras tensiones. En el 2011, postuló con la alianza de Luis Castañeda. En pleno periodo, abandonó su bancada y pasó a otra formada por los apristas y por Carlos Bruce. Siguieron los giros.

Para el 2015, Reggiardo, ya al mando de su propio partido, Perú Patria Segura (PPS), e identificado con la lucha contra la inseguridad tras un ataque criminal que sufrió su familia, anunció su postulación presidencial en alianza con Obras, de Ricardo Belmont. Quebró la alianza y apoyó a PPK en las presidenciales del 2016. Se lanzó a la alcaldía de Lima en el 2018 y quedó tercero. Era el favorito en las encuestas hasta que ‘se bajó’ del debate de candidatos. Aunque nunca estaremos seguros de los factores de su derrota, la percepción de que fue castigado por no ir a la cita impactó en la historia de los debates.

En el 2021, el PPS de Reggiardo lanzó a Rafael Santos, ex alcalde de Pueblo Libre, a la presidencia. No pasó la valla y el partido perdió la inscripción. Renzo decidió aliarse con Renovación y entró de teniente alcalde de ‘Porky’ López Aliaga a la MML.

La personalidad abrasiva de su líder, licuó a su partido y casi, casi, a su identidad. Ni su agenda de lucha contra el crimen con la creación de una policía municipal como estandarte fue prioridad para una MML absorta en temas de su competencia directa y en los planes y rencillas de ‘Porky’.

¿Qué le espera a Reggiardo si postula? Tras la ominosa aura de perdedores picones que se ganarán los celestes al cabo de este trance fraudista, Renzo podría temer una derrota de calibre. Si, al revés, los astros se realinean para que gane RP, heredaría pasivos celestes -deudas, pleitos internacionales y obras en conflicto- sin poder denunciarlos como lo harían sus competidores con pica y con cachita. Quizá Renzo quiera recuperar su neutralidad extraviada, su independencia venida a menos, su identidad política reprimida. O quizá me equivoque y su palabra, a tenor de la indiferencia ante su promesa de renuncia, valga poco. En ese caso dirá, más adelante, que las condiciones cambiaron y que sí se dan las garantías para seguir en la brega, igual que lo piensan secretamente los celestes que han pescado curul y acompañan la grita de su líder por solidaridad; e incumplirá su palabra y validará lo que hoy denuncia a todo pulmón.

Cuando falta menos de un mes para la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue manteniendo hermetismo sobre la auditoría informática integral y exhaustiva de la primera vuelta electoral que anunció hace una semana.

Hasta el momento, se desconocen detalles clave sobre el procedimiento, como qué empresa estará a cargo de la revisión, cuál será el alcance de la auditoría y quiénes integrarán el Comité Académico de Expertos que acompañará el proceso.

Esto ocurre cuando el propio JNE ha estimado que los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial se conocerán a mediados de mayo.

El Comercio solicitó nuevamente información adicional al organismo electoral; sin embargo, hasta el cierre de esa publicación no obtuvo respuesta.

No obstante, fuentes del JNE señalaron a El Comercio que el organismo no ha iniciado la auditoría y que estaría evaluando reemplazarla por una fiscalización exhaustiva, es decir, modificar la figura inicialmente planteada.

Asimismo, indicaron que, de mantenerse la idea de realizar una auditoría informática, ésta estaría a cargo de una empresa nacional y no contaría con la participación de especialistas extranjeros, pese a que previamente el organismo había mencionado el apoyo de expertos internacionales.

El pasado 2 de mayo, el organismo electoral informó, mediante un comunicado, que dispuso una auditoría a la primera vuelta del proceso electoral con el objetivo de reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados. Asimismo, señaló que la revisión contaría con el acompañamiento de un Comité Académico de Expertos, integrado por profesionales nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas.

El Congreso tampoco citó de manera urgente al presidente del JNE, Roberto Burneo, para la sesión plenaria del jueves como lo solicitaron diversos parlamentarios el lunes en la Comisión de Constitución. Este grupo tampoco reiterará la invitación al titular del organismo electoral, al menos no por esta semana. “No está en agenda”, respondió a este Diario Arturo Alegría, titular del grupo de trabajo.

Ya antes del anuncio gremios y algunos candidatos presidenciales, principalmente Rafael López Aliaga, pedían al organismo electoral la realización de una auditoría a los sistemas utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ello debido a las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, que dejaron a más de 50 mil peruanos sin votar y estuvieron marcadas por diversas incidencias, como la pérdida de actas y fallas en la instalación de mesas, entre otros problemas reportados. La crisis derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de ONPE y en la designación de Bernardo Pachas como jefe interino del organismo electoral.

Los expertos en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón y Erick Iriarte y el especialista en tecnología Erick Iriarte cuestionaron que el organismo electoral no brinde - a estas alturas - detalles sobre la auditoría.

Rodríguez Patrón señaló que esta auditoría “es un engaña muchachos”, que solo fue “un anuncio para las tribunas”, pero que “no hay intención de determinar algo que podría afectar los resultados”.

“No es lógico que el JNE denuncie al jefe de la ONPE y que anuncie una auditoría, pero por otro lado convalide los resultados. Porque si estas haciendo este procedimiento, cabe la posibilidad de que se detecte algo. ¿Si eso ocurre, cómo vas a proclamar los resultados?”, preguntó.

En ese sentido, señaló que, si se proclaman los resultados y posteriormente se detecta alguna irregularidad, el JNE estaría haciendo un “daño irreparable”. Rodríguez Patrón criticó que el JNE sea legalista en el tema de los plazos, cuando antes los flexibilizaron.

Enzo Elguera, a su turno, calificó de “inadecuada” la actitud del JNE por no explicar el proceso de la auditoría y brindar datos “muy generales”.

“Si no se da una explicación mayor o mayores detalles, como que ya están confirmando profesionales o fechas límites, lo que hacen es generar zozobra [...] Y su anuncio no genera el efecto deseado [...] Debería dar señales claras de transparencia porque, si no, se podría pensar que lo anunciado no ha sido confirmado y cuestionar sus propósitos”, expuso.

Para Iriarte, la auditoría demorará varias semanas, debido al alcance y los sistemas que se van a evaluar. Para ello, a criterio del expertos, ya se deberían conocer los nombres del Comité Académico de Expertos porque serán ellos quienes elaboren los términos de referencia de la licitación para contratar a la empresa auditora.

“El comité asesor debería llegar antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta [...] En el mejor de los casos, la auditoría o auditorías debe estar lista hacia finales de mayo. Y, en el peor, en julio”, aseveró.

Sin embargo, dijo que la auditoría solo brinda un informe, que no es un dictamen legal ni un peritaje, y en base a eso se toman decisiones políticas y jurídicas. En ese sentido explicó que el procedimiento podrá determinar si hubo o no hubo dolo y, en este caso, el JNE tomará su decisión, que será “bastante compleja”.

Durante un mitin en Huaycán (Ate Vitarte), realizado la noche del último sábado, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se reafirmó en su postura sobre el crecimiento económico, al referir que “el desarrollo humano es realmente lo fundamental”. Además, cuestionó a los medios de comunicación que informaron sobre sus polémicos comentarios.

“El desarrollo humano es realmente lo fundamental y no se logra solo con crecimiento económico”, manifestó.

También remarcó que “el desarrollo humano es más desafiante que solo asegurar que tengas más soles en el bolsillo”.

“[El desarrollo humano] se logrará cuando convirtamos a la educación en un derecho de los jóvenes, en el ingreso libre de los jóvenes [a las universidades] […] La riqueza o valor monetario en el bolsillo no se traduce en un indicador de desarrollo humano, que es el acceso a educación y saludo de calidad y también un empleo digno”, expresó.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, de esta manera, hizo referencia a una promesa que el expresidente Pedro Castillo realizó en la campaña de 2021, el libre ingreso a las universidades públicas, que no cumplió.

En otro momento, Sánchez Palomino indicó que “la única hoja de ruta posible es con nuestro pueblo”.

Idas y vueltas

El último miércoles, en una entrevista con el podcast “Pitucos marrones”, el también congresista acentuó su discurso en contra del modelo económico y adelantó que no adoptará “una hoja de ruta”, en referencia al compromiso que suscribió Ollanta Humala en el 2011 para llegar a la Presidencia de la República (el famoso cambio de polo rojo a polo blanco).

“Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista. ¿Dónde están los partidos, la partidocracia? No hay pues. El Perú está para reinventarse […] Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, subrayó.

Sánchez Palomino- ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el régimen de Pedro Castillo (2021-2022)- también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”. No obstante, dijo que “eso no significa la perpetuación de nuestro equipo en ese gobierno”.

“La democracia significa alternancia. Nosotros no tenemos una visión totalitaria, yo respeto a los comunistas, pero yo no soy comunista”, añadió en una entrevista en el video podcast “Pitucos marrones”.

Así, reiteró la postura que expresó, a inicios de enero de 2025, cuando participó en la “ceremonia” por los 20 años del “andahuaylazo”, donde fueron asesinados cuatro policías. En esa oportunidad, al lado del etnocacerista Antauro Humala, dijo que la izquierda peruana necesitaba un proyecto de 30 años.

El último viernes, luego de que El Comercio publicara su postura en contra del crecimiento económico, Sánchez intentó negar sus propias palabras.

“El crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, no quedarse en unos pocos. Hoy, siete de cada diez trabajadores viven en la informalidad, sin derechos laborales, sin seguro, CTS, vacaciones ni pensión digna. La prioridad es clara: crecimiento con formalización, trabajo digno y derechos para el pueblo”, escribió en X. No obstante, el sábado en Huaycán se reafirmó en sus primeras declaraciones.

Un “frente patriótico popular”

Sánchez Palomino, en otro momento de su mitin en Huaycán, afirmó que en los últimos días ha “afianzado” un “frente patriótico popular” que presentará esta semana.

“Ya tenemos ese equipo de voceros políticos, de plan de gobierno, de plan económico […] Vamos a tener la responsabilidad de devolver la justicia a nuestro pueblo, de restablecer el equilibrio de poderes y de acabar con este gobierno parlamentario”, manifestó, omitiendo que él es parte de este Congreso cuestionado y que su bancada respaldó la llegada de José Marí Balcázar a la Presidencia en febrero último.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú indicó que mantiene su postura a favor de una nueva Constitución o de la instalación de una asamblea constituyente.

“No tiene interés en moderarse”

El exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne consideró que el plan de gobierno de Sánchez y de Juntos por el Perú es “uno de corte político y no, necesariamente económico”. “Es difícil pensar en desarrollo humano sin crecimiento económico […] Él representa un retroceso en término de crecimiento económico y de inclusión social”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Thorne indicó que las propuestas económicas del también congresista no van a generar beneficios para los más necesitados, sino al contrario, generarán una desaceleración de la economía y luego una recesión.

“Sánchez plantea un cambio constitucional y otro concepto de ‘democracia’, donde se va a incorporar a un llamado poder popular, pero en realidad será una democracia a dedo, donde él va a decidir quiénes representan la democracia y quiénes no”, alertó.

El ex titular del MEF también advirtió que el plan de gobierno de Juntos por el Perú contempla que el país deje el modelo de ser un país exportador de materia primas, “que en realidad apunta a dejar la minería y pasar a la industrialización”. “Él no se da cuenta de que no hay ningún país en el mundo que esté plenamente industrializado, Estados Unidos tiene 10% de industrias y China, 14%. El modelo que plantea Sánchez es anacrónico. Lo que genera crecimiento no solo es la inversión, sino la capacidad de generar innovación y nuevas industrias”, acotó.

A su turno, Alonso Macedo, especialista económico, refirió que las declaraciones de Sánchez “son bastante preocupantes” y “alejadas de la realidad”.

“Desde la década de 1990, es el crecimiento económico el que le ha permitid al país reducir la incidencia de la pobreza y, a su vez, el progreso de millones de peruanos y disminuir los indicadores de la anemia y la pobreza. No hay forma de generar bienestar ni mejores condiciones cuando no hay crecimiento”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Macedo dijo que cuando hay crecimiento y mayor dinamismo, esto se traduce en “más empleos, mejores empleos y mejores salarios”.

“Cuando no hay crecimiento la pobreza aumenta, basta ver lo que pasó en pandemia, eso ocasionó un aumento acelerado de la pobreza y de los indicadores de anemia y otros. No hay ningún país con un nivel bajo de PBI que a su vez tenga buenos indicadores sociales y económicos. Se deben dejar de lados los dogmas extremos”, remarcó.

El analista económico señaló que “el principal riesgo” del plan de gobierno de Juntos por el Perú es “la visión que tiene Sánchez sobre la minería”.

“Sánchez no cree en el rol de la minería en la economía, él prefiere amenazar las concesiones mineras con el objetivo de repartirlas entre los pequeños mineros, si es que no son mineros informales y hasta ilegales. Y, además, siempre está presente la amenaza del cambio constitucional, que sería desconocer todas las piezas de la economía, que han permitir tener una moneda estable y reglas claras para atraer la inversión privada. Sería patear el tablero. Sus últimas declaraciones dicen que no tiene interés en moderarse y que desconoce la realidad económica del país”, acotó.

—A un mes de la segunda vuelta, el candidato con más opciones de disputar la presidencia con Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, dice que no priorizará el crecimiento económico. ¿Cómo debemos entender esta declaración?

Roberto Sánchez es un riesgo para todas las inversiones, pero fundamentalmente para la minería y la agricultura. Promete revertir concesiones que liquidarían la minería. Además de eso, estatizaciones, nacionalizaciones y una segunda reforma agraria. Entonces, es un riesgo para todas las inversiones privadas que ocupan el 80% de las totales en el Perú.

—En un artículo en El Comercio, usted plantea que la gran interrogante para la minería moderna –y la minería en general– es si el nuevo gobierno va a continuar con la incertidumbre para las inversiones o si será peor. Poniéndonos en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿el escenario será peor?

El escenario puede ser peor y hay que estar preparado para lo que se vendría con Sánchez: una ley contra las concesiones mineras y una ley MAPE ideologizada y, probablemente, la modificación de la Ley General de Minería.

—La Ley General de Minería, que en la práctica modifica las concesiones mineras actuales, está aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El autor sería Roberto Sánchez.

El líder de la minería informal en el Congreso no es el señor Cutipa, quien preside la comisión, sino es el señor Sánchez quien, de alguna u otra manera, lidera esta comisión de facto. Entonces, quien está detrás de todas esas iniciativas para revertir concesiones, para reducir los plazos de concesiones o para quitar el concepto de irrevocabilidad en las concesiones, es Sánchez. No hay ninguna duda de que él es el representante oficial de la minería informal en el Congreso.

—Usted afirma que, si esa reforma se llega a dar, liquidaría toda posibilidad de confianza y seguridad en un país que tiene más de 60.000 millones en proyectos. ¿En qué estado se encuentran esos proyectos?

Están planificados pero no se pueden desarrollar, primero, por conflictividad social; segundo, por tramitología; y tercero, por incertidumbre política. Si Roberto Sánchez llegara a la presidencia, le pondría más incertidumbre política a un sector que necesita predictibilidad para invertir.

—La inestabilidad política nos coloca en desventaja frente a Chile y Argentina, que están reduciendo los trámites para la ejecución de proyectos mineros. ¿A dónde irían los proyectos que no se hacen en el país?

Se van a ir a Argentina, que ha preparado un régimen tributario para los grandes inversiones que le da muchas garantías, predictibilidad, certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones mineras. Y luego está Chile, donde el presidente Kast prepara un paquete para reducir la permisología en proyectos mineros. Tanto en Argentina como en Chile les están dando garantías al empresario y todo esto permitiría, por ejemplo, que en Argentina haya 1 millón de toneladas de cobre en los próximos años, y que Chile pase de producir 5,5 millones de toneladas de cobre a 6,5 millones de toneladas.

—¿Cuánto cobre produce actualmente el Perú?

Entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas.

—Con sus reformas, Chile triplicaría la producción del Perú, ¿y eso por mano propia?

Mientras en Chile y en Argentina vas a encontrar gobiernos que le dan certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones, en un posible gobierno de Sánchez sería todo lo contrario: un gobierno que le quita certidumbre, predictibilidad, que quita las concesiones, que beneficia con una ley MAPE a la minería informal y a la minería ilegal. Entonces, todo eso nos lleva a decir que la posible inversión minera de 60.000 millones de dólares podría ser retirada.

—¿Por qué no existe una comunicación adecuada que le permita al ciudadano entender que 60.000 millones de dólares en inversión minera se convierten en impuestos, y bien invertidos le permitiría al Estado enfocarlos en educación, salud y en proyectos que los beneficien directamente?

Ha habido un adelanto de canon de 3.000 millones de dólares a todos los gobiernos regionales que lo reciben. Lo que ocurre es que los gobiernos regionales y municipales no están gastando el dinero. Entonces, lo que tendría que darse es una reforma para que haya un canon directo a la población y, adicionalmente, que este pueda distribuirse a otras regiones que actualmente por ley no lo reciben. Necesitamos democratizar el canon para otras regiones y la forma en que este llega. Adicionalmente, se necesita de una reforma en los procesos de inversión pública para que la contribución de la minería moderna se sienta en los lugares donde se desarrolla.

—Esto es muy importante, porque el candidato Roberto Sánchez ha dicho: “Muéstrame los resultados de este modelo económico mercantilista”, que por cierto ha logrado que millones de peruanos salgan de la pobreza.

Podríamos estar de acuerdo en el diagnóstico, en el sentido de que no hay agua potable, no hay infraestructura, no hay educación, no hay mejora de la calidad de la salud. Pero eso no se debe al modelo económico sino al modelo del Estado. Lo que hay que reformar es el modelo del Estado, no el modelo económico. El modelo económico ha permitido que exista canon, tributación, regalías. Lo que hay que cambiar es la forma en que se ha organizado el Estado y una de las grandes reformas es la descentralización. El señor Sánchez va a una receta equivocada. Él piensa que es el modelo económico cuando en realidad es el modelo del Estado y necesitamos hacer una reforma intensiva para que el Estado esté al servicio de la gente.

—Ha quedado en suspenso en el Congreso la ampliación del Reinfo y la ley MAPE. ¿La composición del nuevo Congreso frenaría la nueva ley MAPE que, como usted dice, es una norma ideologizada?

Creo que la ley MAPE se va a debatir, va a ser una ley técnica con propuestas de gremios e instituciones, pero creo que la ampliación del Reinfo, va a continuar porque hay 22.000 Reinfo que tienen que formalizarse. La ampliación acaba el 31 de diciembre. No creo que un nuevo gobierno, sea de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, vaya a querer pelearse –políticamente hablando– con los mineros informales. Debemos pensar que el Reinfo se va a ampliar, con reformas pero se va a ampliar. Y debemos empezar a discutir la ley MAPE, separándola de otras propuestas ideologizadas.

—Ha dicho que ninguna bancada se va a querer pelear con la minería informal y menos ahora en campaña…

Y menos al inicio de gobierno. Sea cual fuera el gobierno elegido, no va a querer iniciar con una marcha de los mineros informales en agosto. Yo creo que el gobierno y el nuevo Congreso van a ampliar el Reinfo a fin de año de todas maneras.

—En cuanto a los aportes de campaña, la ONPE ha llamado la atención a Sánchez porque hay aportantes no identificados. ¿Tiene asidero la crítica de que buena parte de la minería informal e ilegal financia la campaña de Roberto Sánchez?

Completamente. Cuando ves la composición del actual Congreso y los candidatos de Juntos por el Perú (JP) que han sido elegidos a las cámaras de Diputados y Senadores, vas a encontrar que muchos de ellos responden a los intereses de la minería ilegal. Ya no son nexos, ya no son representantes indirectos, sino ahora son representantes directos, son dirigentes, son productores.

—¿Por ejemplo? ¿Qué dirigentes han salido elegidos?

Por ejemplo, en Apurímac, Jesús Pérez responde a los intereses de ese sector económico. Entonces, sí ha habido un financiamiento de la minería informal a JP y es altamente probable que en la segunda vuelta también haya ese financiamiento.

—¿Y en Fuerza Popular y Renovación Popular?

Sí, pero no de la manera como existe en JP, donde cuatro representantes de la minería informal han sido elegidos congresistas por ese partido.

—¿Hay más representantes de la minería informal elegidos en otros partidos?

Sí, hay uno elegido en Fuerza Popular por La Libertad. En Renovación Popular no se pudo elegir ninguno.

—En cuanto a Petro-Perú, actualmente hay una reorganización en marcha, pero hay movidas internas en la empresa contra esta medida. ¿Qué le espera a esta empresa en un próximo gobierno?

Va a ser muy difícil para cualquiera de los gobiernos que en los primeros 100 días hagan una reforma en Petro-Perú. Sánchez dice que Petro-Perú debería recibir más apoyo del Estado, y Fuerza Popular en el cortísimo plazo tampoco lo va a hacer, aunque sí podría continuar con la reorganización, pero no en el cortísimo plazo.

—¿Qué podemos esperar del proyecto de segunda reforma agraria de JP?

Hay un sector dentro del sanchismo, que es absolutamente estatista, nacionalista. En el campo se están generando expectativas de que va a haber confiscaciones, nacionalizaciones. Los operadores de Sánchez están diciendo que va a haber una segunda reforma que será igual a la del 68, respecto del cooperativismo. Entonces, aquí lo importante no es hacer, sino es que se abren expectativas y Sánchez tiene que apelar a esas expectativas, lo que significa que la agroexportación va a pasar por la misma incertidumbre que la minería.

—¿Qué dicen concretamente?

Que esa tierra va a ser del Estado y que el Estado va a estar al servicio tuyo. Ese es el relato que se está armando, que esas tierras van a volver a ser del Estado. Es una nueva forma de entender la nacionalización.

—Se está generando un llamado movimiento por la unidad, que agrupa a candidatos como Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello y Ronald Atencio. ¿Cree que este es el preludio del apoyo que le van a dar a Roberto Sánchez?

Sí, quieren copar el apoyo para retirar a los sectores más extremos.

—¿Buscan edulcorar a Sánchez?

Lo quieren ollantizar, pero además quieren una cuota de poder. No lo hacen de manera gratuita, sino que lo hacen para decirle a Sánchez: aquí tienes un aliado que te puede traer mejores réditos que Antauro Humala.

—Sánchez ha dicho que no va a firmar una hoja de ruta como lo hizo Ollanta en el 2011.

El escenario no es el mismo y tampoco tienes a Mario Vargas Llosa como garante. La sola palabra de Sánchez no garantiza absolutamente nada. Ni la señora Pérez Tello ni López Chau ni Nieto ni mucho menos Ronald Atencio garantizan que Sánchez deje la radicalidad para pasarse al centro moderado. Ellos piensan que garantizan alguna moderación y no garantizan nada.

—Nieto no se ha manifestado ni aparece en la foto con los demás. ¿El Partido del Buen Gobierno (PBG) será el fiel de la balanza?

Creo que sí. Pero va a ser muy difícil que pueda darle línea ideológica y programática al PBG que tiene, porque hay diferentes voluntades, diferentes formas de ver el mercado, el Estado; diferentes formas de ver las inversiones. Va a haber actitudes dialogantes, moderadas y sensatas dentro del PBG, pero va a ser muy difícil que Nieto pueda liderar esa bancada. Creo que Nieto y López Chau se equivocan si piensan que pueden endosar el voto.

—¿Nadie puede endosar el voto? ¿Ni López Aliaga?

Tampoco. El problema con él es que puede generar un antifujimorismo de derecha, que sería contradictorio en este país. Aquí la cosa es cómo Renovación Popular deja de ser un partido de uno y convertirse en un partido político para la democracia peruana.

—Mientras la izquierda ya está hablando de alianzas, la derecha está dividida y hasta los empresarios enfrentan discrepancias respecto de las elecciones. ¿Eso a quién beneficia?

Eso no le perjudica a Keiko Fujimori, quien ha recuperado los sectores populares y emergentes y creo que esa es la estrategia que debe seguir. Un bloque empresarial versus un bloque del pueblo, como lo quiere vender la izquierda, no beneficiaría a Keiko. La maduración de Fuerza Popular está en que la han obligado a moverse al centro y actualmente es otro partido.

—A diferencia de otras elecciones, hay una evocación permanente al padre. ¿Eso es estar en el centro?

En el Perú hay una demanda de orden en los sectores populares y ella no puede en este momento desperdiciar la imagen de Alberto Fujimori. La estrategia de ella es positiva.