En el Hall de los Pasos Perdidos hay una frase que se repite, periodo tras periodo, y sobre todo en época de elecciones de mesa directiva: “En el Congreso, nadie sabe para quién trabaja”. Hasta hace dos semanas, Fuerza Popular estaba confiado en conseguir la presidencia del Senado y, para dar señales de apertura, dejaría diputados en manos de Renovación Popular. Su confianza no les permitió ver el peso de los votos del Partido del Buen Gobierno y, sumado a algunos gestos de sus congresistas en la juramentación, la carrera por el control del Parlamento se les puso cuesta arriba.

A un día del plazo límite para inscribir las listas, el vocero del PBG en Senadores, Flavio Figallo, anunció el golpe: su partido iría en alianza con el bloque de izquierda para las mesas directivas.

A lo largo del sábado, PBG, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras conversaban solo el orden que tendrían en las listas. La presidencia se terminó definiendo a favor del PBG.

Los del partido de Nieto, según la definición del orden, tenían como opciones para diputados a Óscar Reto o Luis Quispe. Reto no solo ganó el respaldo mayoritario, al ser un hombre de confianza de Nieto, sino que se convirtió en el cabeza de lista como candidato a la presidencia de diputados.

En JP, el partido de Roberto Sánchez, la carta inicial era Ernesto Zunini, quien hace poco había sido nombrado vocero de su bancada en la cámara baja. Sin embargo, al ostentar el cargo de portavoz, la bancada izquierdista optó finalmente por Analí Márquez, quien integró la plancha presidencial de Sánchez.

¿Por qué el PBG se fue con el bloque de izquierda? Las fuentes consultadas apuntan dos razones en concreto: algunas amenazas internas de renuncia y algunos gestos de los fujimoristas durante la juramentación del viernes 24.

En dicha sesión protocolar, la congresista fujimorista reelecta Rosangela Barbarán tuvo gestos -que fueron interpretados de desprecio- con las bancadas opositoras. Para los miembros del PBG esa es la muestra de la actitud que tendrá el fujimorismo en el poder. Las fuentes señalan que este hecho terminó de convencer a todos de que lo mejor era formar un bloque opositor al fujimorismo.

Otras fuentes señalaron que tampoco les convenció de que el fujimorismo intentara forzar que se le ceda la presidencia a Renovación Popular, más aún cuando la figura de Norma Yarrow no era del agrado en el PBG.

El PBG junto a las tres bancadas de izquierda suman más de 70 votos que les alcanza para la elección de la mesa directiva en Diputados. Para el Senado, la aritmética es distinta.

En la Cámara del Senado, las sumas son más parejas entre los 60 integrantes. Solo entre Fuerza Popular y Renovación Popular suman 30 votos; con lo que la otra mitad se reparte entre PBG, AN, JP y Obras.

En resumen, la elección la ganará el bloque que consiga robar el voto 31.

A la mañana del sábado 25, los fujimoristas tenían puesto todos sus esfuerzos en salvar la elección en el Senado. A Diputados, conscientes de que no tienen los votos, evaluaban enviar al “sacrificio” a cualquier miembro de su bancada.

El bloque de derecha inscribió su lista de diputados a falta de media hora para vencer el plazo, a las 5p.m. del sábado. La terna estaba liderada por Norma Yarrow de Renovación Popular.

¿Y cómo planeaban conseguir el voto 31 para el Senado? Fuentes fujimoristas indicaron que Luis Galarreta, voceado primer ministro; y Miguel Torres, candidato para la presidencia del Senado, estaban a cargo de las negociaciones. Ambos personajes de peso en el fujimorismo buscaron, a lo largo del sábado, convencer a PBG u Obras para que se sumen a su lista, a cambio de dejarlos ganar libremente en diputados.

Dichas negociaciones no rindieron frutos, porque el bloque de izquierda, en alianza con PBG, presentó su propia lista con Daniel Barragán (Obras) como candidato para la presidencia del Senado.

Con el empate aritmético entre los dos bloques de bancadas, la definición de la presidencia del Senado será a traición: o alguno de los bloques roba el voto 31 o la clave estará en las ausencias. En el Congreso, nadie sabe para quién trabaja.

Las diputadas Roxana Rocha y Cecilia Chacón, de Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente, presentaron ante Oficialía Mayor la segunda lista para la Mesa Directiva de Diputados. Esta alianza representará el bloque oficialista.

La lista N° 2 está encabezada por la diputada Norma Martina Yarrow Lumbreras de Renovación Popular. Tal como lo adelantó El Comercio en un informe especial el domingo 12 de julio.

En la primera, segunda y tercera vicepresidencia están los diputados Karina Juliza Beteta Rubín, de Fuerza Popular; Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular; y Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular.

“Nosotros estamos seguros que vamos a lograr con tanto Renovación y diferentes personas la mesa directiva del Senado como de la Cámara de Diputados. Esperemos al día de mañana, ya que al final son los votos en democracia lo que cuenta”, aseguró Chacón ante el canal oficial del Congreso.

A las afueras del Parlamento, la diputada aseguró que tienen consenso dentro de todos los grupos políticos. “Queremos trabajar unidos por temas como el fenómeno El Niño, de la seguridad ciudadana”, dijo ante la prensa.

Al ser consultada sobre sus expectativas en la elección, teniendo en cuenta la diferencia de curules que tiene la oposición (76) sobre el oficialismo (54) dentro de la Cámara de Diputados, Chacón instó a “no hacer especulaciones”. “Esperemos al día de mañana, y será la democracia la que gane y ganará el país, estoy segura”, puntualizó.

‘No te doy la razón de prófugo, porque sería muy rochoso, pero igual te salvo’. Ese es el mensaje del TC hacia el polémico Vladimir Cerrón, arropado en solemnes argumentos sobre la debida motivación de resoluciones judiciales. Eso sí, ninguno de los magistrados, ni los 3 que votaron en contra de liberarlo, ni los 4 que estuvieron a favor de hacerlo, ha convalidado una suerte de derecho a la fuga. Hubiera sido una rendición constitucional ante al abogado Humberto Abanto que los estuvo cortejando con esa provocación.

Si queremos entenderlo al pie de la letra, no han liberado a Vladimir. Le han quitado de encima la amenaza de captura que lo tenía parapetado Dios sabe dónde, posteando y hablando con todo el mundo. El dominio de Cerrón ya no era el territorio de Junín (lo perdió ante el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, convertido luego en el partido Batalla Perú, presidido por el actual gobernador Zózimo Cárdenas). Ya no era, tampoco, la izquierda radical, ahora dominada por el castillismo que representaron Roberto Sánchez y Juntos Por el Perú en las elecciones recientes. Su dominio es la ‘tuitósfera’, la red social más selecta luego del Instagram. Con razón, su candidatura por Perú Libre jaló tan pocos votos.

Es cierto que los casi tres años que está prófugo -al cierre de estas líneas está esperando que se ejecute la disposición del TC- ha tenido otro dominio menguante: su bancada en el Congreso. De 37 que tenía quedó en apenas 11. Se le fueron todos los profesores que le colocó Pedro Castillo en la lista. Por eso, considera un traidor al ex presidente preso, aunque mordiéndose la lengua se tuvo que sumar a quienes piden que sea indultado. Se le fue otro grupo importante cuando cometió su movida más audaz: aliarse con el ‘Bloque’, es decir, con la mayoría congresal de derecha, para que su hermano Waldemar ocupara una vicepresidencia en la mesa directiva. Según su propia justificación -para todo tiene una teoría en cuadritos- los juntó la necesidad de combatir al enemigo común caviar.

Con humor -lo único que no le sale en cuadritos- ha vacilado a todos los actores fiscales, judiciales, policiales y políticos que hicieron poco o nada por capturarlo. Si el TC no ha convalidado su derecho a la fuga, tácitamente sí se ha convalidado su derecho a burlarse de la justicia. Es cierto que en algunos casos esta fue dura, caprichosa, persecutoria y posiblemente equivocada con él (una condena que lo llevó a cumplir prisión en Huancayo luego fue anulada y la orden de prisión preventiva por el caso del Aeródromo Wanka también fue anulada). También es cierto que su gestión como gobernador dejó varios flancos abiertos de imputaciones penales de corrupción, pertenencia a organización criminal y lavado de activos, que habría cometido junto a correligionarios y funcionarios del GORE Junín. De ahí viene el caso de Los Dinámicos del Centro, por el que precisamente tiene la orden de prisión preventiva que lo mantuvo a salto de mata hasta que se la acaban de quitar. Jugó a las escondidas y el TC le dijo ‘ampay, te salvo’.

Vladimir nos ha costado bastante. Al TC, le ha costado una de sus sentencias más polémicas, pero al país le ha costado muchísimo. Cerrón fue el motivo, excusa, acicate o coartada, ustedes escojan; que gatilló varias de las llamadas leyes pro crimen que no nacieron con ese propósito explícito sino con el de librar a políticos como Vladimir de trabas judiciales y, de paso, interfirieron en la lucha contra las grandes mafias. La mayoría las aprobó pero fue su bancada la que promovió varias y manejo sus dictámenes desde su manejo de la Comisión de Justicia.

En realidad, ya Vladimir nos había costado demasiado cuando tuvo la genialidad electoral -¿cómo llamarla de otro modo?- de fichar de candidato a un maestro, asegurando los votos del gremio más grande del Perú y provocando un fenómeno de representación que polarizó, enervó y frustró al país. Las ideas de usar el sombrero, de llevar por símbolo un lapicito, de repetir el lema ‘no más pobres en un país rico’, no son de Castillo sino de él. Pero Castillo se las llevó a Palacio, a cambio le regateó cuotas ministeriales, cayó por propia mano en el 2022 y en su nueva campaña desde prisión, le dio el sombrero a un enemigo y rival de los Cerrón, Roberto Sánchez.

Vladimir, parafraseando un concepto marxista, se convirtió en un mero ‘político de la superestructura’: un líder sin masas, sin sindicatos, sin acciones concretas fuera del parlamento, pero listo para preparar la revolución desde X, su refugio de prófugo. Aunque tiene que estar feliz con la decisión del TC, le llega muy tarde, justo cuando desaparece su bancada y tiene poco que pelear en las elecciones subnacionales. Vive de tu fama, Vladimir.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Vladimir Cerrón es “materialmente inejecutable” en sus propios términos, por lo que no anuló la orden de prisión preventiva que emitió contra el prófugo de la justicia.

Mediante una resolución emitida el 24 de julio del 2026, el juez Leodan Cristóbal solicitó una aclaración al máximo intérprete de la Constitución antes de proceder con la liberación del líder de Perú Libre.

Según el fallo judicial, Cristóbal Ayala advierte que, si bien el TC anuló cuatro resoluciones que sostenían la prisión preventiva, existen otros dos fallos vigentes que mantienen la medida cautelar y las requisitorias policiales. Se trata de la Resolución 6, del 4 de diciembre de 2025, y su confirmatoria, la Resolución 4, del 7 de enero de 2026, las cuales no fueron mencionadas en la parte resolutiva del pleno del TC.

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo desde octubre de 2023 tras ser condenado por el caso Aeródromo Wanka. La defensa del exfuncionario ha interpuesto múltiples recursos de habeas corpus alegando que el peligro de fuga se ha desvanecido tras ser absuelto de la sentencia y ver anuladas sus condenas en otros procesos penales paralelos.

El juez Cristóbal sostiene que las decisiones judiciales que detectó que no fueron mencionadas por el tribunal tienen autoridad de cosa juzgada, lo que le impide dejarlas sin efecto de oficio sin una instrucción clara del TC. Por ello, ha decidido “elevar en consulta” el expediente para que se determine si los efectos de la sentencia también alcanzan a estos fallos por conexión.

La resolución del juzgado nacional precisa que la omisión detectada en la sentencia mayoritaria del TC imposibilita la ejecución material de lo decidido. El magistrado enfatizó que una vez recibida la aclaración solicitada, procederá con el trámite correspondiente sin mayores dilaciones para cumplir el mandato constitucional.

El juzgado también hizo mención a que estas resoluciones vigentes sí fueron aludidas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no en el fallo de la mayoría.

Días atrás, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón Rojas, con los votos de los magistrados Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández. Ellos consideraron que el Poder Judicial vulneró el derecho a la debida motivación al no reevaluar el peligro procesal del investigado frente a nuevos hechos jurídicos.

La sentencia del TC determinó que la anulación de condenas previas en otros procesos modificaba objetivamente las condiciones que sustentaban la prisión preventiva. Ahí precisaron que los jueces ordinarios debieron explicar por qué el peligro de fuga persistía a pesar de que las órdenes de captura originales habían desaparecido.

Finalmente, el fallo constitucional declaró nulo el mandato de prisión preventiva y ordenó al Poder Judicial dictar nuevas medidas alternativas para asegurar la presencia del beneficiario en el juicio. No obstante, el Tribunal aclaró que esta decisión no implica la inocencia de Vladimir Cerrón ni el archivo de la investigación por organización criminal y lavado de activos.

Roberto Sánchez y Jorge Nieto Montesinos, dirigentes de dos de las cuatro agrupaciones políticas de oposición, destacaron hoy en el Congreso la presentación oficial de sus listas de candidatos para las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Esto tras la inscripción de las nóminas ante la Oficialía Mayor del Parlamento la mañana de este 25 de julio.

Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, calificó el acuerdo entre los partidos como un “Consenso por la democracia”. “Tiene el objetivo de fortalecer la democracia, tiene el objetivo de consolidar un sano sistema de justicia de dignidad de un desarrollo que mire a todos y todos los peruanos de todas las regiones”, expresó.

“Este anuncio importante es de esperanza para toda nuestra patria, todo el Perú que necesita, yo creo, estabilidad, democracia y justicia”, agregó Sánchez.

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, enfatizó la necesidad de establecer un equilibrio de poderes mediante la elección de directivas de oposición.

“Tenemos un Ejecutivo elegido, respetamos su elección, pero al mismo tiempo es un Ejecutivo que tiene influencia muy importante en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía de la Nación, en la Junta Nacional de Justicia, en la Defensoría del Pueblo y además han dicho que van a arrasar en el Poder Judicial”, advirtió para señalar su esperanza de que el Parlamento sea “la casa en la cual se construye el equilibrio de poderes la democracia y los consensos”.

Ricardo Belmont, también presente en el acto junto a Alfonso López Chau, suscribió la importancia de la unidad lograda entre las cuatro agrupaciones políticas. Belmont señaló que esta coalición representa el sentimiento de una Nación que busca iniciar una nueva etapa democrática y descartó la posibilidad de competir sin un balance real de fuerzas políticas que garanticen la fiscalización necesaria en el Parlamento.

“La unidad se ha dado, ¿no? Ahora la nación no va a ser un Buen Gobierno porque estamos Juntos por el Perú para hacer Obras; entonces estemos todos tranquilos. No se puede jugar con el mismo equipo, es decir, no se podía jugar fujimorismo contra fujimorismo porque, si no, no habría balance de poderes”, acotó ante la prensa.

La lista para el Senado la encabeza Daniel Hugo Barragán Coloma (Obras), acompañado por Jaime Quito (Juntos por el Perú), Jaime Delgado (Ahora Nación) y Nora Bonifaz (Buen Gobierno).

Para la Cámara de Diputados, la nómina está presidida por Óscar de Jesús Reto (Buen Gobierno), junto a Analí Márquez (Juntos por el Perú), Harvey Colchado (Ahora Nación) y José Yataco (Obras).

La elección de Mesa Directiva para el Senado está programada para este domingo 26 de julio a mediodía. Por su parte, la Cámara de Diputados realizará su votación el mismo día a las 17:00 horas, de acuerdo con los plazos establecidos por las Juntas Preparatorias de ambas cámaras parlamentarias.

Las agrupaciones políticas de oposición acudieron a presentar formalmente la que será la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se encuentra liderada por el Partido del Buen Gobierno e integrada por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.

La lista está encabezada para postular a la presidencia de la Cámara de Diputados por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno. Él se encuentra acompañado por Analí Márquez de Juntos por el Perú, Harvey Colchado de Ahora Nación y José Yataco Torrealba de Obras para ocupar las tres vicepresidencias.

Esta será la lista 1 que buscará lograr los votos de la mayoría de diputados para conformar la Mesa Directiva en el periodo parlamentario 2026-2027, el primero del Congreso bicameral.

Las mismas agrupaciones políticas presentaron su lista correspondiente para la contienda electoral hacia la Mesa Directiva del Senado con la cual buscan superar la conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular. Esta es integrada por lo senadores Daniel Barragán, Jaime Quito, Jaime Delgado y Nora Bonifaz para la presidencia y las primera, segunda y tercera vicepresidencias respectivamente.

Hoy presentamos oficialmente la lista "Consenso por la Democracia" para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una propuesta construida junto a las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Creemos que el Congreso necesita una conducción basada en el diálogo, el… pic.twitter.com/eVcR5XzEbB

— Ernesto Zunini (@ernestozunini) July 25, 2026

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron la mañana de este sábado 25 de julio la primera lista de candidatos para ocupar la Mesa Directiva del Senado para el primer año legislativo del Congreso bicameral, la cual está encabezada por Miguel Torres de Fuerza Popular.

El resto de la lista 1 que fue admitida formalmente por la Oficialía Mayor del Congreso de la República a las 10:30 a.m. del sábado está conformada por Alejandro Muñante (Renovación Popular) a la primera vicepresidencia. También Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Edgar Mancha (Renovación Popular) a las segunda y tercera vicepresidencia respectivamente.

Los documentos formales para la inscripción de esta lista para la Mesa Directiva fueron entregados por las voceras de ambas agrupaciones políticas en el Senado, Patricia Juárez por Fuerza Popular y Lourdes Alcorta de Renovación Popular.

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.

La lista 1 liderada por Fuerza Popular e integrada por Renovación Popular se enfrentará en el Senado a la lista 2 integrada por agrupaciones de oposición con Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

Esta segunda lista es integrada por lo senadores Daniel Barragán, Jaime Quito, Jaime Delgado y Nora Bonifaz para la presidencia y las primera, segunda y tercera vicepresidencias respectivamente.

Los partidos de oposición en el Senado presentaron una segunda lista de candidatos para integrar la Mesa Directiva en el periodo parlamentario 2026-2027 que está conformada por integrantes de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, y que es liderada por Daniel Barragán.

El senador tiene como acompañantes en la lista 2 que fue presentada poco antes de las 11 a.m. de este sábado 25 de julio a Jaime Quito Sarmiento de Juntos por el Perú, Jaime Delgado de Ahora Nación, y finalmente Nora Bonifaz Carmona del Partido del Buen Gobierno.

La segunda lista de postulantes a la Mesa Directiva fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República pocos minutos después que lo hiciera el oficialismo de Fuerza Popular con respaldo de Renovación Popular. La oposición acudió con sus voceros: el propio Daniel Barragán de Obras, José Castillo de Juntos por el Perú y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

Esta candidatura se enfrentará a la lista 1 planteada por Fuerza Popular y Renovación Popular conformada por los senadores Miguel Torres, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha para ocupar la presidencia y las tres vicepresidencias.

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.

Los cinco representantes peruanos electos ante el Parlamento Andino, junto a sus respectivos suplentes, participarán en la juramentación a sus cargos este lunes 27 de julio al mediodía en el Hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso.

Según informó la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional, este acto protocolar marca el inicio formal de las funciones de la delegación peruana para el periodo 2026-2031. La ceremonia se desarrollará en el marco de las actividades oficiales por el inicio del nuevo periodo anual de sesiones.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, los parlamentarios andinos tienen la obligación de prestar juramento ante el Poder Legislativo nacional previo a su incorporación definitiva al organismo supranacional. Este procedimiento asegura que los representantes mantengan los niveles de coordinación necesarios con el Estado peruano. La Mesa Directiva del Congreso será la encargada de tomar el juramento a los cinco titulares y diez suplentes acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones.

El acto se produce tras las Elecciones Generales del pasado 9 de abril, donde la ciudadanía eligió de manera directa a estos representantes.

Previamente, el viernes 24 de julio, los senadores y diputados electos realizaron sus respectivas juramentaciones en la sede del Parlamento.

La ceremonia en el Palacio Legislativo se realizará con la asistencia de diversas autoridades del sistema electoral y del Poder Ejecutivo. Tras el acto, los parlamentarios andinos estarán habilitados para participar en las sesiones del organismo regional, cuya sede administrativa principal se encuentra en Bogotá, Colombia. A diferencia de los congresistas nacionales, estos representantes tienen un carácter supranacional enfocado en fortalecer los lazos de la subregión.

La nueva delegación peruana ante el Parlamento Andino está integrada por

• Luis Fernando Galarreta Velarde (Fuerza Popular),
• Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú),
• Marcio Marino Bendezu Echevarría (Partido del Buen Gobierno),
• Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular),
• Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras).

Cada titular contará con dos suplentes que también participarán en el acto oficial programado por la Oficialía Mayor.

Este organismo es la institución encargada de promover la integración regional, la cooperación y la armonización de políticas entre los países miembros de la Comunidad Andina. Su labor principal consiste en elaborar marcos normativos no vinculantes en áreas como seguridad ciudadana, medio ambiente, salud y migración. El objetivo central es facilitar la movilidad social y laboral entre los pobladores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Los representantes andinos deberán presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso nacional detallando las actividades cumplidas. Aunque no poseen derecho a voto en el parlamento peruano, pueden participar con derecho a voz en comisiones u otros órganos previa coordinación. Con este acto, se completa la instalación de los cuadros de representación internacional que conducirán los intereses del Perú hasta el año 2031.

Pedro Castillo continuará cumpliendo su condena por el golpe de Estado en el Penal de Barbadillo (Ate). Su pedido de gracia presidencial mediante el que buscaba ser excarcelado durante el gobierno del saliente mandatario José María Balcázar, fue rechazado y archivado por unanimidad.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien sostuvo que la Comisión de Gracias Presidenciales sesionó este viernes y declaró “improcedente” la última solicitud presentada por Castillo Terrones que quedaba pendiente de resolver.

Con ello, el mandatario interino Balcázar Zelada no podrá otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a su otrora aliado político, al no contar con el respaldo legal como lo exige la Constitución.

Tal como lo había adelantado El Comercio, la Comisión de Gracias Presidenciales emitió un informe técnico señalando que el vacado exmandatario no cumplía con los requisitos para ser objeto de una “gracia común”.

El 10 de julio, Castillo Terrones presentó una solicitud para que se le otorgue una “gracia común” con el propósito de anular la sentencia por el Golpe de Estado y también por la prisión preventiva que se le impuso en el Caso Puente Tarata y otros.

El Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales exigía que, para otorgar la “gracia común” debía haber sobrepasado el doble del plazo de la etapa de la investigación preparatoria más su mitad, sin que su situación se haya resuelto.

No obstante, tal como había explicado este Diario en ediciones anteriores, el exmandatario ya cuenta con una condena de 11 años 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión por el Golpe de Estado, y en el proceso por el Caso Tarata y otros, Castillo Terrones está procesado por delitos graves como organización criminal cuyos plazos aún no sobrepasan lo exigido por la norma.

En declaraciones a la prensa, el titular de Justicia, Luis Jiménez, indicó que la decisión sobre la situación del sentenciado exmandatario fue el último tema abordado por la comisión de gracias en este gobierno y por tanto, el caso ya se encuentra “cerrado”.

Jiménez Borra dijo que la decisión ya le fue notificada al peticionante hasta el Penal de Barbadillo, y concluyó indicando que se sentía “orgulloso” de su gestión.

De otro lado, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia confirmó que el pedido por el caso Golpe de Estado, el proceso de investigación preparatoria “ya concluyó y el solicitante cuenta con una sentencia en primera instancia”, la misma que se encuentra en apelación.

Sobre el proceso de presunta organización criminal, anotó el Minjus, el caso se encuentra dentro de los plazos legales y no presenta exceso de tiempo como exige la norma.

El Minjus indicó que fueron 17 solicitudes de gracia presidencial que se presentaron a favor de Castillo Terrones a lo largo del tiempo. Del total, 14 fueron presentadas por terceras personas y terminaron siendo rechazadas. Otras 3 fueron suscritas por Castillo Terrones, dos de ellas fueron archivadas por no subsanarse.

Y, tras archivarse el último pedido del sentenciado, la Comisión de Gracias Presidencial ya no tiene en sus manos ninguna otra solicitud de gracia presidencial a su favor, aseguró el Minjus.

En declaraciones a Canal N, el abogado Walter Ayala, abogado de Castillo Terrones, rechazó la decisión del Minjus y sostuvo que el informe jurídico emitido por la Comisión de Gracias Presidenciales no tenía fundamento jurídico.

Aseguró que era una decisión que “veían venir” y que no “pierden la esperanza” de ver libre al sentenciado exmandatario. Anunció que acudirán a la Asamblea General de la ONU y recurrirán al nuevo fuero político del Congreso Bicameral.

“En el fuero parlamentario se van a promover proyectos de ley o mociones para aclarar los vicios que hubieron en esa vacancia y que levantaron el fuero sin el derecho a la defensa”, sostuvo.

El constitucionalista Aníbal Quiroga, sostuvo que con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y la Comisión de Gracias Presidenciales, que rechazaron todos los pedidos de gracia presidencial para Pedro Castillo, al presidente interino José María Balcázar, no le queda más que respetar la Constitución.

“Si procediera el indulto o la gracia presidencial a la mala, cambiando ministros, o sacando una resolución directa, cosa que Balcázar ya no puede, como quiera que sea, eso generaría para el presidente y para el ministro que lo refrende una severa responsabilidad en el nuevo Congreso. Tiene que respetar la Constitución”, indicó.

Sostuvo que se debe rechazar la idea de conceder algún beneficio, alegando una “supuesta pacificación” o pretender la existencia de “presos políticos”. Por el contrario, manifestó, en el Perú no existen presos políticos y “los que están detenidos o condenados, lo están por orden del Poder Judicial” que es independiente y con argumentos motivados.

“De alguna manera, Balcázar ha querido cumplir con esa promesa que hizo para sentarse en la presidencia, pero el sistema mismo no lo ha dejado y aquí cabe resaltar la valentía del doctor (Luis) Jiménez (Ministro de Justicia) y del doctor (Abraham) García Chávarry (presidente de la Comisión de Gracias), que se han plantado firmes y no han cedido al tema ideológico y político”, anotó.

En esa línea, destacó que no se haya atendido intentos de beneficiar a Castillo Terrones, a través de pedido sin sustento legal o, tratando de “falsear documentos médicos de salud” para poder lograr un indulto humanitario.

Natale Amprimo, abogado constitucionalista, explicó que con la decisión del Minjus al declarar “improcedente” el último pedido de gracia presidencial del sentenciado exmandatario, ya no habría capacidad de acción por parte del presidente interino José María Balcázar, puesto que “la Constitución está desarrollada a través de normas, reglamentos y leyes, y donde se establece que los actos presidenciales carecen de valor si no llevan la firma del ministros”.

Señaló que Castillo Terrones puede insistir con sus pedidos en el gobierno entrante de Keiko Fujimori, no obstante, precisó, un indulto o una gracia “no responde solo a una cuestión de voluntad”, sino a ciertos requisitos que se deben cumplir para habilitar que el jefe de Estado pueda otorgar dicho beneficio.

En esa línea, advirtió que ninguna autoridad debe buscar maneras o formar para violar la ley y permitir lo que no está permitido, pasando por alto requisitos exigidos para otorgar una gracia presidencial, ya que ello no sería jurídicamente viable.

“Y esos requisitos no los cumple el señor Castillo, no se trata de ‘buscar la fórmula’ como alguien dijo por ahí, para pacificar. No, la fórmula no se puede buscar al margen de la ley, la autoridad que no acata o no adecúa su comportamiento al marco jurídico y constitucional, no es un demócrata. Y las autoridades no están para buscar fórmulas y ver cómo se meten por la ventana si están prohibidos entrar por la puerta, las autoridades están para cumplir con la Constitución y si no entiende eso, no es un demócrata”, anotó.

Entre gritos, momentos de tensión y aplausos, el Congreso de la República inició una nueva etapa en la historia del Parlamento con la incorporación oficial de los 60 senadores y 130 diputados, quienes juraron al cargo en ambas cámaras.

La ceremonia comenzó luego de que Miguel Torres, presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, declarara instalado el órgano temporal.

Al inicio de la sesión informó que, hasta las 9 a.m., se habían registrado 85 diputados y 42 senadores electos. El quórum requerido era de 90 parlamentarios.

Posteriormente, Torres declaró en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso hasta culminar los asuntos previstos en la agenda, entre ellos la incorporación de los nuevos integrantes del Parlamento y la elección de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados. Acto seguido, suspendió la sesión para dar paso a las ceremonias de juramentación.

Reanudada la ceremonia en el hemiciclo del Senado, Torres, quien también presidía la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara Alta, cedió la conducción de la sesión a Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) para iniciar la juramentación.

El primero en prestar juramento fue el propio Torres. Luego lo hicieron Rospigliosi y Alejandro Muñante (Renovación Popular). Una vez jurada la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, continuó la incorporación del resto de senadores electos.

Durante la sesión se registraron algunos incidentes. Uno de los más comentados fue el protagonizado por Segundo Tapia (Fuerza Popular), quien juró “por los fallecidos durante la pandemia del COVID-19 por culpa del genocida Martín Vizcarra”.

Otro ocurrió con Absalón Vásquez (Renovación Popular), accesitario de Rafael López Aliaga, quien resbaló en una de las gradas semicirculares del hemiciclo antes de prestar juramento. Tras recuperarse, expresó: “Por mi familia, por la memoria de mis padres y por la memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, sí juro”.

También llamaron la atención José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo; el exministro Iber Maraví; y el excongresista Jaime Quito, todos de Juntos por el Perú. Al momento de prestar juramento, los tres solicitaron la libertad de Castillo Terrones.

Quito tuvo un exabrupto con la Mesa Directiva al rechazar que Miguel Torres le colocara la medalla de senador y optar por ponérsela él mismo. Tampoco participó en la fotografía protocolar ni se despidió de la Mesa Directiva con un apretón de manos, como es habitual al concluir la ceremonia. Solo sonrió.

“¡Malcriado!”, se escuchó desde el hemiciclo mientras abandonaba el recinto.

La ceremonia de la Cámara de Diputados comenzó a las 4:10 p.m. La conducción de la Mesa de la Junta Preparatoria de Diputados estuvo a cargo de Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

Durante la ceremonia, el diputado Frank Krklec (Renovación Popular) juró por “los mártires y la lucha contra el terrorismo”. En tanto, Analí Márquez, excandidata a la vicepresidencia de esa agrupación política, y Yennifer Paredes, la cuñada del golpista, pidieron la libertad de Castillo.

Ahora deberán presentar las listas para presidir ambas cámaras. Las elecciones serán mañana.

La presentación de listas para la presidencia de la Cámara de Senadores vencerá hoy sábado al mediodía. Y para los Diputados, a las 5 p.m.

Por lo pronto, el senador Flavio Figallo del partido del Buen Gobierno aseguró el viernes que su bancada irá en una alianza con Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación para la Cámara de Senadores.

Sostuvo que este sábado definirán en una reunión a la persona que integrará la eventual fórmula para la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) anunció la concreción de un acuerdo entre cuatro bancadas de cara a la elección de la Mesa Directiva del Senado. El bloque está integrado por Ahora Nación, Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

“Se nos ha informado que hemos llegado a un buen acuerdo entre cuatro agrupaciones políticas que son Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras, y ahora el Buen Gobierno que ha decidido unirse a esta facción democrática junto con Ahora Nación”, declaró para Canal N.

En esa línea, la senadora aseguró que esperan tener 30 y 30, lo que significaría un empate. “Normalmente cuando hay un empate, vamos a segunda vuelta, y ojalá que haya congresistas demócratas que realmente decidan y entiendan qué es importante ahora mismo para la democracia”.

“Esto no es un capricho ni es un interés de entrar en contradicción; es un tema de democracia. Hay una cosa fundamental, si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscalice no sea parte del mismo partido del quien está en el Ejecutivo”, puntualizó.

Alejandro Muñante cuestiona el bloque conformado

Por su parte, el senador Alejandro Muñante, representante de Renovación Popular, aseguró que fue elegido por bancada para representarlos en la Mesa Directiva. No obstante, la conformación de la lista, “va a depender de las negociaciones que se hagan con los otros partidos, otras bancadas; estamos esperando algunas últimas conversaciones, creemos que somos una opción democrática”.

En otro momento, Muñante cuestionó las afirmaciones de Vásquez y recordó sus vínculos con el expresidente Pedro Castillo. “Escuchaba a la senadora Mirtha Vásquez decir que apelaba al espíritu democrático, pero yo no encuentro ningún tipo de afinidad o similitud entre lo democrático con lo hecho por Pedro Castillo Terrones, aquel 7 de diciembre del año 2022”, declaró en Canal N.

Asimismo, el parlamentario de Renovación Popular rechazó la composición del bloque multipartidario anunciado e hizo un llamado directo a las bancadas integrantes. “Invoco a los demócratas del Buen Gobierno, a los verdaderos demócratas del partido Obras, a los militares que están en esa bancada que no se hagan uno con quienes quisieron perpetrar un golpe de Estado, que no se hagan uno con quienes persiguieron a nuestros militares y policías”, agregó.

La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada este viernes, luego de la juramentación de sus 130 integrantes electos para el período parlamentario 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

La ceremonia se realizó en el hemiciclo del Senado de la República y comenzó con la lectura de la credencial de Cecilia Chacón de Vettori, quien juró al cargo como presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Posteriormente, prestaron juramento los demás integrantes de la Mesa Directiva. El segundo en hacerlo fue Luis Quispe Candia, luego de la lectura de su credencial, seguido por Romina Uribe Sáenz.

Concluida esta etapa, se procedió a la juramentación del resto de diputados en orden alfabético.

Al finalizar el acto, Cecilia Chacón de Vettori declaró oficialmente instalada la nueva cámara.

“Tras la juramentación de cada uno de sus integrantes declaro constituida la Cámara de Diputados”, manifestó.

Asimismo, informó que el plazo para la presentación de las listas de candidatos a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados vencerá el sábado 25 de julio a las 17:00 horas.

La Cámara de Diputados para el período 2026-2031 quedó integrada por 41 legisladores de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Horas antes, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente, dando inicio a las actividades previas a la conformación de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

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Las Juntas Preparatorias de la Cámara de Diputados y Senadores tomaron juramento este viernes a los nuevos integrantes del Congreso bicameral.

Por la tarde, Cecilia Chacón, dejó constituida la Cámara Baja integrada por los 130 diputados en una larga ceremonia que empezó poco después de las 4:00 de la tarde.

El acto protocolar empezó con el juramento de Chacón. Luego juró en el cargo de diputado Luis Quispe Chandia (Buen Gobierno) y, posteriormente, Romina Uribe (Buen Gobierno).

Mira aquí la juramentación de los diputados:

Por la mañana, Junta Preparatoria de la Cámara del Senado, presidida por Miguel Torres, declaró constituido el órgano parlamentario y oficialmente incorporados y habilitados para el ejercicio de sus funciones a los senadores electos que prestaron juramento.

La ceremonia se inició a las 11:00 a.m. y concluyó a la 1:00 p.m. Tras ello, los integrantes de la Cámara del Senado ocuparon sus respectivos escaños.

El Senado está conformado por 22 integrantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Mira aquí la juramentación de los senadores:

Previamente, a las 9:00 am Torres declaró instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria. En dicho acto, se dio lectura al acta con los resultados del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a las normas reglamentarias pertinentes y al aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Nota previa

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Parlamento Nacional. El Congreso bicameral juramentará e incorporará oficialmente este viernes a los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales de 2026, realizadas el 12 y 13 de abril.

Concluidas las ceremonias, ambos presidentes declararán formalmente constituidos el Senado y la Cámara de Diputados, y convocarán a las sesiones en las que se elegirá a las mesas directivas de ambos órganos parlamentarios para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El expresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió la Medalla de Honor del Parlamento Nacional en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio Legislativo, en reconocimiento a los servicios prestados a la Nación durante su gestión al frente del Legislativo en el Período Anual de Sesiones 2025-2026.

Como parte del acto, también se llevó a cabo la develación de su retrato oficial, que quedó incorporado a la Galería de Expresidentes del Congreso de la República, espacio que reúne a quienes ejercieron la Presidencia del Parlamento.

La ceremonia contó con la participación de la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva Prieto, quien tuvo a su cargo la imposición de la condecoración. Asimismo, asistieron los congresistas Ilich López Ureña y Héctor Ventura Ángel, además de la esposa, hijos, familiares e invitados especiales del homenajeado.

Durante su intervención, Maricarmen Alva señaló que la distinción constituye un reconocimiento a la labor desempeñada por Fernando Rospigliosi durante su gestión al frente del Congreso.

Asimismo, destacó la incorporación de su retrato a la Galería de Expresidentes del Parlamento como parte de la preservación de la memoria institucional y de la continuidad histórica de la institución.

El Congreso de la República condecoró al expresidente del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su gestión al frente de la Mesa Directiva durante el Período Anual de Sesiones 2025–2026.

Asimismo, se… pic.twitter.com/y2pdr5II4W

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2026

Al recibir la condecoración, Fernando Rospigliosi expresó su agradecimiento al Congreso de la República por el reconocimiento otorgado.

También agradeció a su esposa e hijos por el respaldo brindado durante su trayectoria, así como a los integrantes de la Mesa Directiva 2025-2026, congresistas, asesores, funcionarios y trabajadores del Congreso.

Rospigliosi sostuvo que el trabajo conjunto permitió impulsar iniciativas legislativas, fortalecer el funcionamiento institucional y ejecutar obras de modernización y restauración del Palacio Legislativo.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y expresó su confianza en el papel que continuará desempeñando el Congreso de la República en la defensa del Estado de derecho y el desarrollo del país.

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Las elecciones de este 2026 dejarán un sistema partidario mucho más reducido. De los 57 partidos que hoy mantienen inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), solo 15 tienen asegurada su permanencia tras las elecciones generales de abril y los comicios regionales y municipales de octubre.

Entre ellos figuran cuatro de las seis organizaciones que lograron representación en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Ahora Nación.

ESTOS SON LOS 15 PARTIDOS QUE MANTENDRÁN SU INSCRIPCIÓN:

No obstante, el escenario aún no está completamente definido. El Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Obras, de Ricardo Belmont, permanecen en una situación incierta. Aunque superaron la barrera electoral en las elecciones generales, no alcanzaron el número mínimo de listas inscritas para los comicios regionales y municipales. Pese a ello, especialistas en derecho electoral tienen posiciones encontradas sobre si aún pueden conservar su inscripción.

La cancelación de la inscripción para el resto de partidos, entre ellos Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, Podemos y Somos Perú, recién entrerá en vigencia a partir del 1 de enero del 2027.

ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE PERDERÁN SU INSCRIPCIÓN TRAS LAS ELECCIONES DE ESTE 2026:

Una tarea cuesta arriba

El presidente del Instituto Aklla Perú y especialista en derecho electoral, José Tello, advirtió que recuperar la inscripción de un partido que la pierde “es sumamente complicado” debido a las exigencias que impone la legislación vigente.

Tello explicó que, además del requisito de contar con afiliados equivalentes al 0,1%; es decir, más de 27.000 personas, las organizaciones deben reunir adherentes que representen el 3% de los ciudadanos que votaron en la última elección nacional. En la práctica, ello supone conseguir más de medio millón de firmas.

“Conseguirlas es un proceso muy difícil para los partidos”, señaló Tello a El Comercio.

Sobre la permanencia del Partido del Buen Gobierno y Obras, aseguró que dependerá de la interpretación que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): “Si el Jurado interpreta que la participación política se produce desde las elecciones primarias, donde proclama a los ganadores, estos partidos podrían conservar su inscripción”.

Añadió que el problema de Obras y Buen Gobierno fue no alcanzar los mínimos de candidaturas durante la fase de inscripción formal debido a una falta de experiencia en el uso del sistema “Declara”. “Cometieron un error garrafal al no prever esta situación; si tenían problemas con la plataforma digital, debieron presentar las candidaturas físicamente”, señaló.

No obstante, el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que Obras y Buen Gobierno perderán la inscripción “salvo que el Congreso cambie la ley”. Esta posibilidad no está descartada considerando que ambas agrupaciones tendrán capacidad de negociación en el Parlamento bicameral.

¿Más representatividad?

El politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), destacó que la reducción de la cantidad de partidos representa un cambio relevante frente a la fragmentación observada en los últimos años. No obstante, advirtió que ello no implica, por sí solo, una mejora en la calidad de la representación política.

“Es importante que ya no tengamos más de cinco decenas de agrupaciones, que más allá de la fragmentación, lo que revelaban era un escaso nivel de representación. Pero tampoco creo que porque ahora haya menos se haya mejorado la calidad de la representación. Tampoco significa que sean organizaciones más fuertes de por sí”, dijo a El Comercio.

Vilca sostuvo que la institucionalización de los partidos no puede medirse únicamente por el cumplimiento de los requisitos legales o por haber superado la barrera electoral.

También destacó que varios de los partidos que conservarán su inscripción deberán demostrar su capacidad para consolidarse. Recordó que algunos partidos siguen vigentes porque no participaron en las elecciones generales, mientras que otros, como Ahora Nación y Juntos por el Perú, continúan en una etapa de construcción política.

“Su desempeño en el Congreso probablemente determine cuál es el futuro que puedan tener”, dijo.

En opinión de Vilca, el nuevo escenario tampoco garantiza un fortalecimiento del sistema de partidos. “Tengo muy poca expectativa de que los partidos que han quedado o han pasado la valla vayan a contribuir efectivamente a una mayor institucionalización o a un mejor funcionamiento de la democracia”, señaló.

El desafío de la continuidad

El proceso electoral del 2026 marca el fin del ciclo para partidos que habían logrado mantenerse vigentes en distintos procesos electorales. Un análisis del IEP destaca que Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú no lograron superar la barrera electoral pese a haber mantenido presencia parlamentaria y una importante estructura territorial durante la última década.

De acuerdo con el IEP, esas organizaciones construyeron su crecimiento desde los ámbitos regionales y municipales antes de consolidarse a nivel nacional. No obstante, ese despliegue territorial no se tradujo en respaldo suficiente para sus candidaturas presidenciales. El artículo sostiene que el desgaste de sus principales liderazgos impidió convertir esa presencia organizativa en votos a escala nacional.

No obstante, aunque APP, Somos Perú y Podemos Perú no consiguieron representación en el nuevo Congreso bicameral, mantienen una cobertura territorial superior a la de Fuerza Popular para las elecciones regionales y municipales de octubre. Mientras APP presentó listas en el 60% de las regiones y el 71% de las provincias, y Somos Perú en el 76% y 69%, respectivamente, Fuerza Popular solo inscribió candidaturas en el 36% de las regiones y el 22% de las provincias.

Para el IEP, ese contraste evidencia que el éxito en una elección nacional no necesariamente refleja la capacidad de organización territorial de un partido.

A menos de una semana de la toma de mando, la presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró que el actual gobierno y las gestiones anteriores han entregado el Estado en condiciones catastróficas. La declaración la realizó tras evaluar los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia de Fuerza Popular.

“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando, es realmente desolador. Muy triste”, refirió en una transmisión virtual por su página oficial.

Sostuvo que la información recogida por el equipo de transición, liderado por Marco Vinelli, “no es muy buena” debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

“Ellos están recogiendo información que no es muy buena de la situación en la que se encuentra nuestro país y una situación que vamos a dar cuenta. Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un Consejo de Ministros el 29 de julio”, añadió.

Indicó que serán los futuros ministros quienes informarán los hallazgos detectados durante el proceso de transferencia y las medidas que adoptará su gestión en los próximos meses.

Como informó El Comercio, los primeros reportes no solo advierten sobre obras paralizadas. También dan cuenta de que en los ministerios de Salud, Educación y Transportes se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir, entre otras presuntas irregularidades.

Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno El Niño.

Asimismo, los informes reportan designaciones realizadas de forma exprés en distintos ministerios.

El presidente José Balcázar no se ha pronunciado sobre el asunto, pese a que El Comercio intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. Una fuente de su entorno indicó que, por el momento, no tiene intenciones de responder.

Pero ese no fue el único silencio. La mañana de este jueves, el jefe de Estado no asistió a la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. En su representación acudieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Entre otros invitados, estuvieron el comandante general de la FAP, general del Aire Mario Contreras León; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

En la víspera, Rospigliosi protagonizó un momento de tensión con el jefe de Estado. De acuerdo con los oficios a los que accedió El Comercio, el 21 de julio el presidente José Balcázar remitió un documento al titular del Parlamento con el siguiente mensaje:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi condición de Presidente Constitucional de la República en funciones, con el fin de solicitar, respetuosamente, se brinden las facilidades institucionales para la entrega de la banda presidencial el 28 de julio de 2026, como garantía de la continuidad de la función presidencial”, indicó.

Al respecto, Rospigliosi respondió la mañana del 22 de julio mediante un oficio en el que señaló que el mandato presidencial de Balcázar concluiría el 26 de julio de 2026 y que debía entregar la banda presidencial al día siguiente, es decir, el 27 de julio.

“En ese sentido, y con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el presidente del Congreso de la República el 27 de julio del 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”, contestó.

No obstante, horas después, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Rospigliosi escribió que había solicitado a Balcázar que el nuevo presidente del Congreso fuera quien entregara la banda presidencial a la presidenta el 28 de julio. Sostuvo que, de esa manera, no habría un vacío de poder y que Balcázar, aunque dejará de ser congresista el 26 de julio, continuará como presidente hasta el 28 de ese mes.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, durante la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea Las Palmas, Rospigliosi conversó con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sobre este tema y le explicó el sentido de su oficio y del mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, añadieron que no hubo una comunicación fluida por parte del jefe del Gabinete.

Por la tarde, Rospigliosi envió un nuevo oficio a Balcázar. En él precisó que podrá hacer la entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 de julio o el 28 de ese mes pero antes del inicio de la ceremonia de toma de mando.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Oficio 193-2025-2026-ADP/PCR, a fin de precisar que la entrega de la banda presidencial podrá efectuarse desde la fecha señalada en el citado oficio (27 de julio) y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio del 2026”, reza el documento.

Por la mañana, Keiko Fujimori se reunió con el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, representante diplomático en el Perú del sumo pontífice León XIV.

En el encuentro, el monseñor agradeció la buena disposición de la presidenta electa por brindar su apoyo en las coordinaciones para garantizar una cálida bienvenida al papa peruano, que se proyecta para el mes de noviembre.

En esta cita, Fujimori Higuchi destacó que la visita de su santidad a suelo peruano es un “regalo del Señor”, por lo que le pidió al nuncio apostólico transmitirle sus buenos deseos al papa León XIV para que este periplo sea de su agrado.

Cabe recordar que el papa León XIV tiene previsto visitar las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Fujimori Higuchi también recibió el jueves en su oficina al diputado electo de Fuerza Popular Pier Figari. A su salida, fue consultado por la prensa sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Al respecto, respondió que no corresponde, aunque precisó que se trataba de una opinión personal.

“Lamentablemente, la transferencia va a durar muy poco tiempo. Son menos de 15 días los que tenemos para hacer la transferencia [...] Lo normal es que la transferencia dure por lo menos un mes”.

¿Qué es la transferencia de gestión?

La transferencia de gobierno en el Perú es un proceso formal e institucional supervisado por la Contraloría General de la República (CGR) que busca garantizar la continuidad del Estado y la transparencia. A través de este mecanismo, la gestión saliente entrega a la administración electa reportes sobre el estado financiero, los contratos en ejecución y las obras públicas, de modo que la nueva autoridad cuente con un panorama real del país.

El proceso se activa formalmente una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama al ganador y entrega sus credenciales. Además, se requiere la instalación de equipos técnicos que revisen la información sectorial para evitar la interrupción de servicios esenciales.

¿La ley estipula un plazo fijo?

La ley no estipula un plazo fijo. Como explicó a PerúCheck el especialista y exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla, la normativa peruana no fija un número de días exacto para este proceso.

“No existe un tiempo estipulado en alguna norma. El tiempo se reduce o amplía en función de cuándo se proclaman los resultados y se entrega la credencial. A Pedro Castillo recién se entregó la credencial el 23 de julio, a escasos días de su asunción”, señaló el especialista.

Esto significa que la duración depende, en la práctica, de cuánto tiempo tome resolver el proceso electoral –incluidas eventuales impugnaciones– y no de un plazo legal predeterminado.

¿Cuánto durará la transferencia esta vez?

De acuerdo con registros del JNE, Keiko Fujimori recibió sus credenciales como presidenta electa el 15 de julio de 2026, en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional. La transmisión de mando está programada para el 28 de julio de 2026. Entre ambas fechas transcurren 13 días, es decir, efectivamente menos de los 15 días que mencionó Chacón.

¿Lo normal es que dure al menos un mes?

La transferencia al gobierno de Ollanta Humala, en 2011, tomó 35 días. La de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, 30 días. Finalmente, la de Pedro Castillo, cinco días, por la demora en la entrega de sus credenciales.

En los dos procesos anteriores a 2021, que Tuesta Soldevilla y otros especialistas suelen citar como referencia de lo normal, el plazo efectivamente rondó el mes, como dijo Chacón. La transferencia hacia el gobierno de Keiko Fujimori durará menos que el reciente estándar normal.

Conclusión

Keiko Fujimori tendrá 13 días para la transferencia gubernamental, cerca del tiempo que mencionó la diputada electa de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. En cuanto al tiempo normal –según la propia Chacón– de un mes aproximado para la transferencia, efectivamente eso es lo que tomó en las presidencias de Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016). Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la diputada electa Cecilia Chacón como ciertas.

El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que la gestión de los kits escolares observados por el equipo de transferencia entrante no es de su competencia, sino del Ministerio de la Producción ante información sobre presuntas irregularidades detectadas en diversas carteras durante la gestión de José María Balcázar.

El sector Educación dijo que la adquisición y repartición de estos kits no entregados están a cargo del Programa Nacional Compras a MYPErú. El ministro Jorge Marticorena enfatizó que su cartera cumplió estrictamente con el despacho de los materiales pedagógicos programados para el año 2026, deslindando así cualquier responsabilidad administrativa sobre los insumos cuestionados.

Según información reportada por El Comercio, las inspecciones realizadas por el equipo de transferencia de Keiko Fujimori, liderado por el economista Marco Vinelli, se detectaron medicamentos vencidos y materiales educativos sin entregar.

Ante estos datos, el sector Educación informó que ya envió 13′097,992 unidades de materiales educativos a las instancias descentralizadas del país. El ministro destacó que esta labor permitió que los recursos pedagógicos lleguen a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) dentro de los plazos previstos originalmente.

Según pudo conocer El Comercio, los especialistas de Fuerza Popular hallaron kits escolares almacenados sin distribuir a pocos días del cambio de mando. Estas omisiones forman parte de un conjunto de irregularidades que incluyen designaciones de funcionarios de último minuto y la ausencia de planes de contingencia para enfrentar el Fenómeno El Niño.

El informe final que recopila estas anomalías será entregado formalmente a la presidenta electa el sábado 25 de julio. El documento detallará la situación crítica encontrada en carteras como Economía y Producción, donde también se advirtió la falta de preparación estatal ante posibles desastres climáticos inminentes que podrían afectar al territorio nacional.

El equipo de transferencia continuará procesando los datos obtenidos de los ministerios y programas adscritos para consolidar el balance que Keiko Fujimori presentará antes de su mensaje a la Nación el próximo 28 de julio.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, aseguró que al declarar improcedente el último pedido de gracia presidencial para Pedro Castillo, el Ejecutivo dio por concluido de forma definitiva el proceso de evaluación de beneficios para el exmandatario durante la actual gestión a pocos días de que se realice la transferencia de mando presidencial.

Jiménez puntualizó que no habrá ningún indulto ni gracia para el interno recluido en el penal de Barbadillo. El titular del sector explicó que la Comisión de Gracias Presidenciales ya notificó los fundamentos del rechazo al propio Castillo. “No hay ninguna gracia, ningún indulto, y continuamos trabajando”.

Asimismo, el ministro enfatizó que esta fue la última sesión del órgano evaluador bajo la administración transitoria de José María Balcázar.

La comisión analizó un total de 17 solicitudes relacionadas con la libertad del exjefe de Estado durante este periodo gubernamental. Según los registros oficiales, 14 de estas peticiones fueron formuladas por terceras personas y no resultaron admitidas. Otras dos fueron declaradas improcedentes por no subsanar observaciones legales, quedando pendiente solo el expediente resuelto este viernes. Jiménez afirmó que su despacho analizó técnicamente cada uno de los expedientes presentados en este tiempo.

El ministro señaló que no conversó con el presidente Balcázar sobre esta resolución específica antes de informarla a la prensa. Tras su pronunciamiento, el funcionario se dirigió a Palacio de Gobierno para participar en las reuniones finales de cierre de gestión ministerial.

Mediante un comunicado publicado este 24 de julio, el Ministerio de Justicia informó que la solicitud de gracia común no cumplía con los requisitos legales. La institución precisó que, en el proceso por conspiración para la rebelión, ya existe una sentencia de primera instancia en etapa de apelación. Por tal motivo, no existe una investigación vigente que pueda ser interrumpida mediante una gracia.

#Comunicado 📄 | Sobre la solicitud de gracia común presentada por el interno José Pedro Castillo Terrones, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/WCzMKhoA7z

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) July 24, 2026

Respecto a la investigación por presunta organización criminal, el documento oficial indicó que la etapa preparatoria se desarrolla dentro de los plazos legales. El ministerio argumentó que no se presenta el exceso de tiempo exigido por la normativa para aplicar un beneficio de esta naturaleza. El pronunciamiento institucional reiteró el compromiso del sector con el respeto irrestricto a la Constitución.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y cinco meses de prisión efectiva dictada en noviembre de 2025. Además, sobre el exmandatario pesa una orden de prisión preventiva ratificada por la Corte Suprema con vencimiento en marzo de 2027.

El equipo de transferencia de Fuerza Popular, encabezado por el economista Marco Vinelli, detectó serias irregularidades en distintos ministerios durante el proceso de recopilación de información del gobierno saliente, liderado por el presidente encargado José Balcázar, según revelaron fuentes de El Comercio.

Los principales hallazgos se registraron en los ministerios de Salud, Educación y Transportes, donde se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir. Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del Fenómeno El Niño.

“Sí encontramos irregularidades”, nos indicaron tras consultar sobre la información que el equipo de transferencia recopiló en estos 15 días de trabajo.

“Hay medicamentos vencidos, kit escolares no entregados y no se encontró ningún plan contra el Fenómeno El Niño”, agregaron.

Además, indicaron que se registraron “designaciones de último minuto” en los distintos ministerios que no eran precisamente las últimas designaciones ministeriales.

En la etapa final de su gestión, Balcázar nombró a Jorge Marticorena como ministro de Educación y a Flavio Cruz como ministro de Trabajo. Ambos ingresaron al Congreso por Perú Libre, el mismo partido con el que el hoy jefe de Estado obtuvo un escaño.

Este Diario reveló a inicios de julio que durante la gestión de Balcázar se realizaron más de 50 cambios de funcionarios en los ministerios de la Mujer, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Vivienda, entre otros.

La fuente refirió que toda esta información está siendo incorporada al informe final que prepara el equipo de transferencia. El documento reunirá las irregularidades detectadas en las distintas carteras del Estado.

El informe, agregó, será entregado a la presidenta electa, Keiko Fujimori (FP), el sábado 25 de julio, tres días antes de que asuma el máximo cargo del Estado.

Al cierre de esta nota, no se conocía si Fujimori ofrecerá una conferencia para informar sobre las condiciones en las que recibe la gestión de Balcázar antes de asumir el mando del país, el mismo día en que reciba el informe, o si lo hará durante su mensaje a la Nación del próximo 28 de julio.

La jefa de Estado electa tendrá la tarea de dar un balance sobre la información recopilada por su equipo

La fuente dejó claro que por el momento no queda información pendiente por recibir, pues el equipo de transición adjuntó el informe preliminar de cada uno de los ministerios, direcciones o programas adscritos a los sectores. Otra fuente afirmó que hubo demoras.

Una fuente del Ministerio del Interior aseguró que esa cartera no tuvo inconvenientes en la entrega de información al equipo de transferencia. Por el contrario, sostuvo que desde un inicio atendió con diligencia los requerimientos del grupo encabezado por Marco Vinelli.

“Secretaría empezó con todo el papeleo mucho antes que llegue la comisión de transferencia. La comisión sigue trabajando, y lo que pide se le entrega en el acto”, refirió.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y con el presidente José Balcázar para conocer su versión sobre estos hechos; sin embargo, al cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Se conoció que Balcázar y Arroyo se encontraban en la Sesión Informativa del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en el auditorio del Colegio Médico del Perú, donde se abordó —entre otros puntos— los principales desafíos del país y las acciones impulsadas por el Gobierno para enfrentarlos.

Además, se destacaron las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño, la estabilización económica y la implementación del nuevo Modelo de Gobernanza Territorial.

Por la mañana, la presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con el excandidato presidencial Roberto Chiabra. Tras el encuentro, el también congresista de la República precisó que la conversación que mantuvo con Fujimori Higuchi se centró en la necesidad de fortalecer el control del Estado frente al avance de la criminalidad.

Asimismo, cuestionó los constantes pedidos de sectores de izquierda sobre el indulto al golpista Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“¿Reconciliación con quién? ¿Con una persona que quiso dar un golpe de Estado? Un golpe de Estado no se puede minimizar ni comparar con otros delitos. Si hubiera tenido éxito, hoy no estaríamos hablando de democracia”, agregó.

Fujimori también recibió por la mañana a veteranos de la lucha contra el terrorismo. Tras la cita, indicó: “Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud”.

Sobre el tema, el analista político Luis Benavente consideró que lo hallado por el equipo de transferencia de Fuerza Popular solo refuerza la idea de que la gestión de Balcázar no tuvo un horizonte claro y que hubo un pésimo manejo del Estado e incluso fue “irresponsable” al, por ejemplo, hacer designaciones exprés.

Sostuvo que el actual jefe de Estado se encuentra dentro del “estándar” de gestión de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

“Ha sido una gestión de mediocridad, de haber copado el aparto público con empleos por favores políticos. La atención de Balcázar ha estado en otros temas y ahora ha tocado un equipo de transferencia que por lo visto está metiendo sus narices en los temas. (...) Balcázar no es un tipo de mucho brillo, dijo.

Más información

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que la primera sesión del consejo de ministros de su gobierno se realizará el 29 de julio “para empezar a tomar acciones”.

“Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que de manera inmediata, a partir de la próxima semana, empecemos a recuperar el orden”, dijo en diálogo con la prensa.

Samuel Daza- candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima- afirmó que la mayo virtud de Rafael López Aliaga, al frente del municipio capitalino, fue haber hecho obras, pero “su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes”.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, el también alcalde de Ancón dijo que en un año puede poner en funcionamiento los trenes y vagones que la administración de Renovación Popular trajo desde los Estados Unidos.

— ¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Hay una Lima donde yo vivo que se llama Ancón y otras que se llaman Ate, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador, que no han sido vistas por ningún alcalde de Lima Metropolitana […] Hubo mucha inversión, que se dio tras un préstamo de S/4.000 millones para cambiar la infraestructura [de la capital], pero esta nunca llegó a los que menos tienen. Me he demorado tres horas en llegar al Centro desde Ancón. La Panamericana Norte sigue teniendo dos carriles por sentido. Y por eso quiero ser alcalde de Lima, porque tiene que haber igualdad en el gobierno municipal. Nosotros- los que vivimos en el norte de la ciudad, fuimos los únicos que pagamos el peaje que dejó Villarán.

— Fuerza Popular no ha logrado ganar la alcaldía de Lima. Incluso, en la década de 1990, cuando Alberto Fujimori estaba en el gobierno, tampoco lograron llegar a la municipalidad. ¿Cree que usted pueda revertir esta situación?

La última vez que hubo un alcalde y un presidente de la República del mismo partido fue en 1985, cuando Jorge del Castillo fue alcalde de Lima y Alan García presidente. Justamente, en ese momento empieza a construirse la Línea 1 del Metro de Lima. La presidenta electa ha dicho que para mejorar el acceso de los vecinos de Lima norte y Lima este se deben construir las líneas 3 y 4. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de trabajar de manera integrada el gobierno municipal y el gobierno central. La presidenta Fujimori puede impulsar estas obras y la ampliación de la carretera Panamericana Norte.

[…] Hay vecinos de Lima que somos invisibles para el resto. Nos dijeron que seríamos Limaflores, pero no hay Ancón flores ni Comas flores, eso nunca existió. También nos dijeron que íbamos a ser potencia mundial. ¿De qué? De tráfico, de delincuencia y de falta de oportunidades.

— ¿Cuál es su balance sobre las administraciones de Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo? Ambos son de Renovación Popular, partido que sería aliado de Fuerza Popular en el Congreso.

Yo quiero decirles a los limeños que yo soy aliado de los vecinos. Respecto a Rafael López Aliaga, lo conozco, ha sido un buen alcalde. Yo lo recibí en Ancón el año pasado cuando inauguramos la plaza central y él tuvo palabras generosas hacia mi persona. Y lo he apoyado cuando trajo los trenes, si estos tienen una vida útil de 100 años y apenas tienen 40 años, se deben implementar. También lo respaldé con el tema del peaje [de la nulidad].

— Usted indicó que Lima es potencia mundial, pero en tráfico. Eso indica que López Aliaga y Reggiardo no han tomado acciones para mejorar la situación…

Yo sí tengo una crítica [a esta gestión municipal] y se lo he transmitido [a López Aliaga] en muchas oportunidades no creo que la verdad ofenda. De las inversiones que se hicieron con los S/4.000 millones, poco o casi nada llegó a Lima norte, Lima sur y Lima este, porque todo se concentró acá. Dijeron “Lima potencia mundial”, pero mejor hubieran dicho “Lima moderna potencia mundial”.

— Los trenes están guardados y se están empolvando. ¿Qué haría usted con ellos? ¿Son importantes los expedientes técnicos, que se ignoraron?

El tren que trajo López Aliaga fue una buena oportunidad para Lima, pero la ciudad no estaba preparada para recibirlo. Esos trenes se tienen que poner en operación sí o sí. Y por supuesto [que son importantes los expedientes técnicos]. De hecho, hace unos días Reggiardo acaba de hacer un convenio con ProInversión para que sea el nexo entre la municipalidad y el Ferrocarril Central. El MTC ya tiene un expediente técnico avanzando para el proyecto del tren Lima-Chosica utilizando la vía férrea actual. ¿Qué haría el alcalde? Construir las estaciones, mejorar las vías y hacer un intercambio.

— ¿Y cuánto tiempo tomaría realizar estas obras? ¿Cuándo estaría operativo el tren para las personas?

Yo creo que en menos de un año podríamos ponerlo a funcionar. Las líneas ya están. No necesitamos construir una estación por cada kilómetro; necesitamos construir una estación de cabecera y una donde lleguen los vecinos directo. Haría una estación en Santa Anita, otra en Puente Nuevo, la tercera debajo del Puente de la Muralla y la cuarta en la estación Desamparados. Cuatro estaciones en un año. Solo hay que mejorar el balasto (la piedra que hace que el tren no se parta), habilitar estaciones y corregir cruces con la Carretera Central. En un año el tramo Santa Anita-Desamparados se puede hacer; en los próximos dos años podríamos ir avanzando con una línea al costado en paralelo.

— ¿Y qué acciones tomará sobre la Vía Expresa Sur?

Su nombre lo dice: vía expresa. Luis Bedoya Reyes se preocupó de que a la Vía Expresa de Paseo de la República nadie la interrumpa. Entiendo que Rafael López Aliaga quiso construir una vía, pero se olvidó de que una vía expresa no puede ser cortada [por grandes avenidas]. En este momento, no es una vía expresa. En nuestro gobierno municipal, sí lo va a ser.

Primero, hay que hacer que conecte a la Panamericana Sur de manera más directa. Definir las rampas de entrada y de salida en un expediente técnico. Además, no hay que castigar a las personas con movilidad diferente o a los adultos mayores con puentes, hay que hacer pequeños desniveles o senderos peatonales. Esta vía se construyó por el apuro, sin planificación ni expediente. No está mal, solo hay que corregir.

— ¿Qué propuestas concretas tiene en seguridad ciudadana?

En primer lugar, quiero decir que la Policía Nacional es quien tiene la responsabilidad de dar seguridad a todos los vecinos por ley. La municipalidad está llamada a ayudar en ese desarrollo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear al serenazgo metropolitano. La Municipalidad de Lima tiene que invertir y contratar, en el primer año, a por lo menos 1.000 serenos, que puedan patrullar junto con la Policía en lugares estratégicos en toda la capital.

También vamos a comprar 200 camionetas equipadas para que el serenazgo metropolitano llegue a más distritos. Hay distritos como el mío, Ancón, que no tenemos la suerte de Miraflores, que tiene 900 serenos, o de Surco, que tiene 650, o de Magdalena, que cuenta con 400. Nosotros tenemos 100 serenos, cuando llegué eran 19. La Municipalidad de Lima tiene que compensar la falta de recursos y de fuerzas.

— En lo económico, la Municipalidad de Lima está en una situación compleja, con litigios abiertos y una deuda importante. ¿Cómo resolverá esto, teniendo en cuenta que se requerirá de recursos para contratar más serenos y para inversiones?

En Ancón, en el 2023 se recaudaba S/5 millones por arbitrios e impuesto predial, a pesar de tener 130 mil vecinos. En el 2024, esto pasó a S/9 millones y el año pasado, recaudé S/17 millones. Tripliqué el presupuesto de mi distrito. Hice obras, como tres plazas, tres estadios. Cuando el vecino sabe que las obras llegan, se compromete. Y no solo eso, hay mucha inversión privada.

— ¿Usted está de acuerdo con el fallo del JNE que ordena al JEE inscribir la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde?

Primero quiero decir que, si los vecinos me eligen a mí, yo voy a gobernar los cuatro años exactos. Ahora mismo sigo siendo alcalde de Ancón y me voy a ir el 31 de diciembre, tal y como hice en mi declaración jurada. El ser alcalde demora cuatro años; si ya te fuiste por alguna razón, eso no te da derecho a querer regresar de nuevo. Los limeños van a juzgar eso en las urnas. Yo creo que los fujimoristas nos van a dar esa fuerza enorme para ganar la elección.

— ¿La postulación de López Aliaga como primer regidor es una reelección encubierta?

Yo no lo veo así, porque la ley lo permite y hay varios casos similares.

— ¿Cree que López Aliaga debió asumir el cargo de senador?

Yo creo que él debía haber cumplido su palabra con los limeños y [completar] sus cuatro años como alcalde. Su mayor virtud fue hacer obras; su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes. López Aliaga no ha cumplido con lo de “Lima potencia mundial” para Lima norte, sur y este.

— En la segunda vuelta, Keiko Fujimori obtuvo más del 64% de los votos válidos, pero usted tiene una intención de voto de 1,8%, según la última encuesta de Datum. ¿A qué se debe esta diferencia?

El venir aquí me permite que los vecinos escuchen mi mensaje; en la siguiente encuesta ese 2% se va a transformar en 5% e iremos subiendo. Fuerza Popular tiene un voto duro. Lo único que yo he criticado es que las inversiones se concentraron en una Lima central.

Vladimir Cerrón no ha sido declarado inocente por el Tribunal Constitucional (TC). Lejos de lo que el aún prófugo líder de Perú Libre (PL) alega en sus redes sociales, los siete miembros del máximo órgano de la interpretación de la Constitución rechazaron que el exgobernador regional de Junín tenga “derecho a sustraerse de la justicia” o “desacatar” los fallos judiciales.

Así lo precisaron los siete miembros que integran el Pleno del TC. Los magistrados Helder Domínguez (presidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández, quienes votaron en mayoría por beneficiar a Cerrón Rojas, así como los que votaron en contra como los magistrados Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo, coincidieron en ese aspecto y desacreditaron tal aseveración del líder de Perú Libre y su defensa legal.

Como se recuerda, uno de los principales; sino el argumento más importante que esgrimía el prófugo de la justicia, era invocar como un “derecho” el desacato el fallo judicial que ordenaba su prisión preventiva en el proceso por presunto lavado de activos y organización criminal en el Caso “Aportes a Perú Libre” (Expediente 62-2021).

Pese a ello, Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández terminaron por beneficiar y amparar el pedido de Cerrón Rojas, anulando la prisión preventiva que cuestionaba y por la cual permaneció más de dos años y medio en la clandestinidad.

Como se recuerda, Cerrón Rojas venía afrontando el caso de presuntos aportes ilícitos bajo reglas de conducta, entre ellas pasar por control biométrico cada 30 días, informar de sus actividades al juzgado de manera virtual cada 30 días, acudir ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea citado, entre otros.

Sin embargo, Cerrón Rojas dejó de cumplir dichas reglas de conducta y entró a la clandestinidad al confirmarse una condena en su contra por delito de colusión -se le impuso tres años y seis meses de prisión- en el Caso “Aeródromo Wanka”.

Ello llevó a que la fiscalía encargada de la investigación por presuntos aportes ilícitos pida la variación de la medida de comparecencia por la prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta. Ello, debido a que fue el propio investigado quien decidió fugar de la justicia.

Sin embargo, para los magistrados Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández, el Poder Judicial no valoró adecuadamente la situación de Cerrón, concluyendo que no debieron analizar su conducta procesal -peligro procesal- posterior a su fuga producido en el marco de otro caso (Aeródromo Wanka); sino la conducta previa.

Además, ingresaron a valorar los elementos para el peligro procesal al señalar que el órgano judicial no valoró que la sentencia del caso “Aeródromo Wanka”, la que motivó el incumplimiento de las reglas de conducta, fue anulada y por tanto los supuestos se habrían desvanecido.

“Correspondía, entonces, que el órgano jurisdiccional evalúe si las nuevas circunstancias suponen el desvanecimiento de los presupuestos que motivaron en su momento la decisión de imponer prisión preventiva (…) Por ello, en caso de denegatoria de variación del mandato de detención, el órgano jurisdiccional deberá expresar las razones por las que la medida no debe ser variada, especificando por qué considera que no se ha desvanecido el peligro procesal o los elementos probatorios de la comisión del ilícito”, anotaron.

Con ello, los magistrados en mayoría, señalaron que el PJ había incurrido en falta de motivación en las resoluciones que ordenaron la prisión preventiva de Cerrón Rojas y dispusieron la nulidad de las mismas.

Los magistrados que votaron en contra, Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo, también rechazaron el supuesto “derecho a resistirse” a cumplir con los fallos judiciales y además, precisaron que las resoluciones judiciales habían fundamentado adecuadamente el por qué decidieron variar la comparecencia con reglas de conducta de Cerrón Rojas por la prisión preventiva.

La magistrada Luz Pacheco, en su voto singular, ratificó el argumento judicial de que no existe derecho alguno que permita incumplir resoluciones judiciales dentro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el nuestro.

Además, la magistrada cuestionó que una de las reglas de conducta impuestas al procesado Cerrón Rojas, era dar cuenta de sus actividades de manera virtual, pero decidió no hacerlo e incumplirla. Esto, pese a la demostrada posibilidad que tenía el exgobernador regional de Junín, ya que usaba las redes sociales para desafiar y lanzar diatribas en contra de los operadores de justicia.

La expresidenta del TC también se mostró en contra de lo realizado por los magistrados en mayoría, al anular todas las resoluciones judiciales sobre la prisión preventiva de Cerrón Rojas; incluyendo las denegatorias de variación presentadas por su defensa legal, pese a que estas últimas no eran parte de la demanda interpuesta por el procesado ante el TC.

Por su parte, el magistrado César Ochoa Cárdich, cuestionó la posición de los magistrados que votaron a favor de Cerrón Rojas, al sostener que su postura “distrae la atención acerca de lo que en realidad debe evaluarse”. Ello, dijo, porque no se debe analizar los efectos de lo que podría ocasionar sobre el demandante la anulación de una sentencia que había decretado su privación de la libertad, sino el modo en cómo el procesado se condujo antes y después de que tal anulación se produjera.

Por tanto, señaló que es precisamente el comportamiento asumido por el beneficiario del habeas corpus, que los órganos judiciales emplazados evalúan antes y después de que se revocara la sentencia condenatoria, lo que justifica que estos decidieran no variar la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso.

En esa línea, consideró que las resoluciones judiciales que decidieron imponer la prisión preventiva a Cerrón Rojas “incluyen el suficiente sustento sobre la existencia del peligro procesal considerando, entre otros aspectos, la constante reticencia del recurrente de ponerse a derecho y permanecer en la clandestinidad”, bajo el argumento de que, a su parecer, las resoluciones emitidas eran arbitrarias.

En esa línea, también destacó que el TC precisara que “no existe un derecho a la resistencia para eludir la acción de la justicia”.

“Admitirla en esos términos sería abrir el portón para volver al estado de naturaleza, y alentar irresponsablemente que cualquier persona se sienta autorizada a ‘resistir’ o incumplir con un mandato o una orden estatal porque, según su particular punto de vista, este es injusto o arbitrario”, señaló Ochoa Cárdich.

A su turno, en su voto singular, el magistrado Manuel Monteagudo explicó que artículo 138 de la Constitución dispone que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se ejerce por el Poder Judicial, lo cual implica que, para nuestros constituyentes, las decisiones judiciales están en principio respaldadas por una importante cuota de legitimidad.

Por tanto, algunas posiciones del derecho comparado con otros países -alegadas por la defensa de Cerrón- “no habilitaban a que los ciudadanos, según su libre apreciación y discrecionalidad, pudieran seleccionar qué clase de fallos judiciales eran objeto de cumplimiento y cuáles no.”

En esa línea, consideró que los llamados a dilucidar por presupuestos de una prisión preventiva es el Poder Judicial y los ciudadanos deben comparecer ante los tribunales cuando sean citados.

Por tanto, si la persona decide eludir dichas obligaciones, se entiende que es una postura “voluntaria” que supone asumir “las cargas y consecuencias que de ella se deriven”.

De acuerdo al magistrado, en este caso particular del procesado Cerrón Rojas, la sola discrepancia con un fallo judicial no puede ser invocada como un fundamento para que se resguarde su derecho a la libertad personal en el marco de otra investigación judicial.

Dicha invocación, consideró, supone un ejercicio abusivo del derecho, el cual perjudica no solo el desarrollo del proceso penal, sino que afecta la imagen institucional del Poder Judicial.

“De este modo, exigir que no se valore el ocultamiento como peligro procesal anula arbitrariamente la facultad del juez de evaluar el comportamiento real y elusivo del procesado”, indicó Monteagudo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este viernes en su local partidario, ubicado en el distrito de San Isidro, a embajadores de diversos países europeos en el marco de una reunión protocolar tras los resultados de las elecciones generales.

Entre los representantes diplomáticos que participan en el encuentro figuran los embajadores de España, Países Bajos, Portugal, Alemania, República Checa, entre otros países europeos.

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Keiko Fujimori se reúne con embajadores de países europeos en su local partidario

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— Canal N (@canalN_) July 24, 2026

De acuerdo con la información proporcionada, la reunión contempla un primer encuentro de carácter breve para felicitar a Fujimori por haber ganado las elecciones generales y, además, dialogar sobre el fortalecimiento de los lazos que unen al Perú con estas naciones.

Tras la reunión privada, se espera que los embajadores ofrezcan un breve pronunciamiento ante la prensa.

Asimismo, para el resto de la jornada está previsto que Fujimori continúe con su agenda de reuniones, esta vez con autoridades locales provenientes del interior del país. Hasta el momento, no se han definido los nombres de los participantes, aunque se espera su llegada durante la tarde.

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que “ningún peruano debe abstraerse de la acción de la justicia”, en referencia a los procesos legales que enfrentan y el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón.

El funcionario enfatizó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de someterse a los mandatos legales vigentes, a pesar de sus críticas institucionales hacia el desempeño de los operadores de justicia.

Durante la entrevista, Gutiérrez precisó que los peruanos desean esperar una “justicia real” y, por tanto, deben asumir las consecuencias de los procesos. “Yo podría decir con contundencia que nosotros, los seres humanos, peruanos, queremos esperar que la justicia sea realmente justicia y debemos someternos a la acción de la justicia”, declaró el titular de la Defensoría, negando haber otorgado con sus palabras una carta libre para que los investigados evadan órdenes de prisión.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra. El líder de Perú Libre permanecía en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. El máximo intérprete de la Constitución alegó una vulneración al derecho de la debida motivación en las resoluciones judiciales previas.

El defensor volvió a negar que su postura sea a favor de que alguien entre en la clandestinidad como lo hizo Cerrón Rojas. “Cuando estaba (prófugo), yo he pedido que se entregue”.

La postura actual de Josué Gutiérrez se contrapone con sus afirmaciones previas donde pareció respaldar la evasión de la justicia por parte de procesados. “Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución”, dijo previamente en RPP.

No obstante, el funcionario reiteró que el sistema de justicia peruano atraviesa una crisis debido a que los operadores están fallando, incurriendo en lo que califica como “abuso de poder”. Sostuvo que su labor busca evitar que los ciudadanos permanezcan detenidos injustamente, mencionando que la Defensoría ha intervenido en diversos casos donde se detectó una presunta instrumentalización de la ley con fines persecutorios,.

Respecto a su vinculación profesional con el exgobernador de Junín, Gutiérrez aclaró que su labor como abogado se limitó estrictamente a “acciones de garantía constitucional” y no a temas penales de corrupción.

Finalmente, el titular de la Defensoría recalcó que el sometimiento a la ley es una responsabilidad ineludible para todo ciudadano. Aunque mantuvo sus cuestionamientos técnicos hacia los magistrados, concluyó que la preservación del estado de derecho requiere que todas las personas respondan ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales en todo el territorio nacional.

El Congreso bicameral elegirá a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados el próximo domingo 26 de julio. Este anuncio institucional fue formulado por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, presidida por el senador electo Miguel Torres, quien detalló que el proceso se realizará en el Palacio Legislativo.

Para participar en esta elección, los grupos parlamentarios deben presentar sus reglamentos internos y acreditar a sus respectivos portavoces titulares y suplentes.

Según informó el Congreso, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el sábado 25 de julio para inscribir sus listas de candidatos a la presidencia y las tres vicepresidencias de cada cámara. La Oficialía Mayor publicará las nóminas oficiales en el portal institucional una vez concluido el tiempo de presentación.

La elección del domingo se efectuará mediante voto secreto y requiere obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los asistentes. Los ganadores prestarán juramento e iniciarán el ejercicio de sus funciones de forma inmediata tras ser proclamados. El resultado será comunicado oficialmente al presidente José María Balcázar y a los titulares de los demás poderes del Estado.

La elección de las dos Mesas Directivas será una de las primeras actividades oficiales del nuevo Parlamento bicameral que iniciará sus funciones oficialmente el lunes 27 de julio. Esta renovación legislativa es el paso previo a la ceremonia de transmisión del mando presidencial del 28 de julio. En dicha fecha, el nuevo titular del Legislativo será el encargado de imponer la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Antes de la elección de las mesas directivas, este viernes 24 de julio se lleva a cabo la juramentación de los legisladores electos.

La sesión de instalación de la Junta Preparatoria comenzó a las 09:00 horas en el hemiciclo del Congreso de la República. Durante este acto se dio lectura a las actas de elección enviadas por el Jurado Nacional de Elecciones y las normas reglamentarias pertinentes.

La incorporación formal de los senadores electos se realiza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Esta sesión es conducida por la directiva de la Junta Preparatoria presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular. Solo los senadores debidamente acreditados y juramentados en esta instancia quedarán habilitados para intervenir en la votación programada para el día domingo.

Asimismo, la sesión de juramentación de los diputados electos se programó para las 16:00 horas en su respectiva cámara. El acto es dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. Ambas cámaras sesionan de forma independiente para cumplir con los requisitos de incorporación parlamentaria.

Con ello, continuará recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo la condena de más de 11 años que le impuso la justicia por su fallido golpe de Estado, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.

El último jueves, se conoció que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia (Minjus) rechazó otro pedido de gracia presidencial a favor del sentenciado exmandatario. Esta vez, se trata de la solicitud que presentó días atrás el congresista Elías Varas.

De acuerdo a un informe de fecha 20 de julio del 2026, la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos para analizar el pedido. Esto es, la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial no contenían la firma del beneficiado, es decir de Castillo Terrones.

“De la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que, no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, se lee en las conclusiones del informe suscrito por el director de la Dirección de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe.

Sin embargo, pese a que ya se han rechazado diversos pedidos similares, las solicitudes de gracia presidencial a favor de Castillo Terrones siguen ingresando a la Comisión de Gracias en las postrimerías de la gestión Balcázar.

Desde enero del 2023 hasta mediados de julio del 2026, la comisión ha recibido cerca de 15 pedidos de gracias presidenciales a favor de Castillo Terrones.

Hasta los primeros días de julio los pedidos habían sumado cerca de diez. La mayoría de estas solicitudes no cumplieron con los requisitos mínimos y otros aún se encuentran en evaluación.

El último viernes, la comisión recibió tres nuevas solicitudes de gracia presidencial a favor del sentenciado por el golpe de Estado. Y esta semana, el grupo técnico recibió otros dos pedidos para que se le otorgue algún beneficio al vacado exmandatario.

De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, de estos pedidos solo tres tenían la firma de Castillo Terrones y otros dos no contenían la firma del sentenciado. Precisaron que estas solicitudes seguirán su trámite regular.

El vacado ex mandatario se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, desde el 7 de diciembre del 2022, tras ser detenido en flagrancia por intentar subvertir el orden constitucional a través de un golpe de Estado.

Por dicho acto ilícito, en noviembre del 2025 fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

Sin embargo, también enfrenta otros procesos por presunto crimen organizado, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otros delitos en casos como Puente Tarata, Petro-Perú, Ministerio de Vivienda, y otros.

Si bien, el presidente José María Balcázar aún tiene cuatro días más como encargado de la presidencia de la República, a Castillo Terrones solo le quedaría este jueves para tener una respuesta a sus dos pedidos de “gracia común” que solicitó los primeros días de julio.

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos pedidos del vacado exmandatario y su abogado Walter Ayala, solicitando la “gracia común” por su condena en el caso “Golpe de Estado” por conspiración para la rebelión y Casos Puente Tarata, Provías y otros donde es procesado por presunto crimen organizado y corrupción.

De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) podría estar emitiendo hoy una opinión sobre dichos pedidos.

Todo depende de la información que hayan recibido del Poder Judicial (PJ) sobre los procesos seguidos en contra del vacado exmandatario. La calificación se hará “con apego al ordenamiento legal”, señalaron.

Si la información aún no es recepcionada por el grupo de trabajo, su calificación quedaría en manos del gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Tal como lo dio a conocer este Diario, días atrás la citada comisión solicitó ante la Corte Suprema del PJ -que tiene a su cargo la apelación de Castillo Terrones por la sentencia del Golpe de Estado- le remita la copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y la información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.

Las fuentes recordaron que la última sesión oficial de la comisión tendría que ser este viernes, ya que luego proceden los feriados por Fiestas Patrias y posteriormente asumirá la gestión de la próxima mandataria.

La intensión del grupo de trabajaron, comentaron, es dejar la conclusión técnica sobre los dos pedidos realizados directamente por el sentenciado exmadatario. Lo más probable, avizoraron, es que la respuesta sea negativa debido a que el sentenciado no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado con una gracia común.

Sin un informe favorable, el saliente Balcázar Zelada no podría otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a Castillo Terrones, sin ir en contra de la Constitución y el marco legal.

Este Diario buscó la versión de Walter Ayala, abogado del sentenciado expresidente, pero no respondió.

El 7 de diciembre del 2022 marcó el punto final del gobierno de Pedro Castillo, quien en su intento de convertirse en un autócrata anunciando el cierre del Congreso y la intervención de organismos constitucionales autónomos, forjó su propio destino, el mismo que lo mantiene preso con una sentencia de 11 años.

Por primera vez en la historia, un golpe de Estado pudo ser conjurado, porque instituciones como las Fuerzas Armadas y el Congreso estuvieron a la altura de las circunstancias que pusieron a prueba la democracia. Si algo podemos rescatar de estos últimos cinco años es el desacato de las Fuerzas Armadas y policiales a las órdenes de un aspirante a dictador y la respuesta del Parlamento, que de inmediato procedió a declarar la vacancia de Castillo Terrones.

Durante el régimen de Castillo conocimos denuncias de pagos para ostentar ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones; de los negociados que se cocinaban en la casa de Sarratea; las irregularidades en los ascensos militares; y hasta se encontró dinero en efectivo en un baño de Palacio de Gobierno. Si tuviéramos que contar las tropelías de los 17 meses de gestión de Pedro Castillo, tendríamos que dedicarle la columna entera.

Librados del golpe, vino la sucesión democrática con Dina Boluarte. Las torpezas y frivolidad que caracterizaron su administración se quedan cortas frente al daño que ocasionó haber tranzado con determinados grupos políticos para mantener el efímero poder que ostentaba. Haber cuoteado el poder con Alianza para el Progreso, entregándole el ministerio de Salud y Essalud, es imperdonable. Al final, ninguna de las concesiones que hizo le sirvió al momento de la vacancia; ningún canje ministerial fue suficiente para salvarla. El daño estaba hecho.

José Jerí, que asumió la presidencia del Congreso cargando una denuncia por presunta violación, reemplazó a Boluarte, y aunque quiso imprimirle un nuevo estilo al gobierno, no le alcanzó para superar una censura que lo dejó fuera de Palacio de Gobierno. El chifa con intereses de por medio y algunas veladas de trabajo nocturnas fueron su Waterloo. Se fue con la aprobación intacta.

Y cuando pensamos que no se podía caer más bajo, otra vez un grupo de congresistas, impulsados por mantener parcelas de poder, pusieron a José María Balcázar en la casa de Pizarro. El congresista de Perú Libre llegó con la única promesa y consigna de liberar al golpista Pedro Castillo.

¿Y las instituciones? ¿Y la gestión de gobierno? Nada. Por eso, no es de extrañar que la presidenta electa Keiko Fujimori diga: “Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste”.

La señora Fujimori tiene por delante atender sin demora la emergencia del fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana que el miércoles acabó con una familia entera, entre ellos cinco niños, y sobre todo el inmenso reto de devolverle al Estado y al Ejecutivo un mínimo de la dignidad perdida.