La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, frente a la moción de interpelación presentada en el Congreso por un grupo de diputados, quienes buscan que el titular del MINDEF responda por presuntos vínculos con la Compañía Minera Poderosa y otros cuestionamientos relacionados con su gestión.

Durante su recorrido por el distrito Villa El Salvador, donde supervisó la atención a las familias afectadas por las intensas lluvias y los aniegos registrados en el distrito, la mandataria consideró que el Parlamento tiene entre sus funciones la labor de fiscalización, aunque cuestionó que el pedido de interpelación se haya presentado a pocas semanas del inicio de la gestión gubernamental.

“Entiendo que la labor que realiza el Congreso es de fiscalizar, pero en tan solo dos semanas presentar una interpelación, pues, la verdad es que no tengo mucho que decir”, declaró Fujimori.

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Keiko Fujimori: Entiendo la labor fiscalizadora del Congreso, pero en tan solo dos semanas presentar una interpelación, pues no tengo mucho que decir. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, tiene todo nuestro respaldo

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— Canal N (@canalN_) August 17, 2026

La presidenta remarcó que el Ejecutivo está enfocado en continuar con su trabajo y mostrar resultados. En ese sentido, afirmó que Belaúnde cuenta con el respaldo del Gobierno.

“Para nosotros lo importante es seguir trabajando, actuando y mostrar resultados. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, tiene todo nuestro respaldo”, sostuvo.

Fujimori añadió que, si el Congreso aprueba la moción, Belaunde acudirá al Parlamento para responder a los cuestionamientos, en cumplimiento de los mecanismos de control político.

Facultades legislativas

La presidenta adelantó que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar la modernización y digitalización del Estado, además de revisar aquellos gastos públicos que considere innecesarios.

Fujimori exhortó al Parlamento a agilizar la discusión y eventual aprobación de estas facultades, con la finalidad de que las medidas puedan comenzar a aplicarse durante los primeros meses de su gestión.

Según explicó, el Gobierno apunta a reducir gastos que no resulten prioritarios y destinar esos recursos a la ejecución de obras y a la atención de las principales necesidades de la ciudadanía.

Ministro Belaunde sobre las FFAA en Pataz: “No estamos para chalequear a Minera Poderosa”

“Ha sido bastante claro, acudirá si esto se aprueba con el espíritu democrático que corresponde”, señaló.

La moción contra Belaúnde fue presentada el último viernes por diputados de Juntos por el Perú y contiene un pliego de 43 preguntas. Entre los principales cuestionamientos figuran los aportes realizados por la presidenta del directorio de Minera Poderosa, Evangelina Arias Vargas de Sologuren, al partido Libertad Popular durante las Elecciones Generales de 2026, así como la situación de las operaciones militares en Pataz.

El nuevo Congreso bicameral ya tiene conformada su Junta de Portavoces Conjunta para el periodo anual de sesiones 2026-2027, instancia que reúne a los representantes de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento oficial del Congreso, la Mesa Directiva Conjunta está integrada por representantes de seis grupos parlamentarios: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Ellos son Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular; Óscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno; Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular; y Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú.

Los portavoces titulares en el Senado serán Patricia Juárez de Fuerza Popular, José Castillo (Juntos por el Perú), Lourdes Alcorta (Renovación Popular), Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno), Daniel Barragán (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

En la Cámara de Diputados figuran Cecilia Chacón (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), Roxana Rocha (Renovación Popular), Víctor Piñan (Obras) y César Holguín (Ahora Nación).

En total, el nuevo Parlamento está compuesto por 60 senadores y 130 diputados, cifras consignadas en el documento de la Junta de Portavoces Conjunta.

Con la instalación de ambas cámaras y la conformación de sus órganos de coordinación, el Congreso bicameral inició formalmente el periodo anual de sesiones 2026-2027, correspondiente a la primera legislatura del nuevo Parlamento.

Cuando el primer Congreso constituyente en el Perú se instaló, en 1822, las mujeres no podían votar ni ser elegidas en cargos públicos. Tuvieron que pasar 134 años para que las primeras parlamentarias llegarán al Congreso. En 1956, un año después de la aprobación del voto femenino, nueve mujeres -ocho diputadas y una senadora- ocuparon por primera vez los escaños parlamentarios.

En ese primer periodo (1956-1962), las mujeres representaban sólo el 4% de todo el Congreso: 9 de 235 parlamentarios. Siete décadas después, el escenario es otro. En las últimas elecciones generales para el periodo 2026-2031, los peruanos escogieron a 70 mujeres parlamentarias, equivalente al 37% del nuevo Congreso bicameral.

La cifra de 70 congresistas marca un récord histórico. Nunca antes hubo tantas mujeres en el Congreso. Sin embargo, el retorno de la bicameralidad también muestra que el camino hacia la paridad sigue incompleto: las mujeres representan el 42% de la cámara de diputados, pero apenas el 27% del Senado.

La diferencia en la participación femenina entre ambas cámaras es de 15 puntos porcentuales.

Por bancada

La representación de las mujeres tampoco se distribuye igual dentro de las bancadas electas para el próximo periodo. Entre todas las agrupaciones políticas presentes en el nuevo Congreso bicameral, el Partido del Buen Gobierno es el único con más mujeres electas que hombres: 13 parlamentarias frente a 12 parlamentarios, sumando senadoras y diputadas.

Le sigue Fuerza Popular, con alrededor de 40% de congresistas mujeres (25 de 63). Los partidos Obras y Ahora Nación son los de menor proporción de mujeres entre sus congresistas.

En el Senado, la presencia masculina es mayor en casi todas las bancadas. Fuerza Popular tiene 17 hombres y cinco mujeres, mientras que Juntos por el Perú registra la brecha más pronunciada, con 13 senadores frente a una sola senadora. Se trata de Silvana Robles, suspendida de su bancada tras ser acusada de traición al bloque de oposición durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

La distribución es más equilibrada en la cámara de diputados, aunque las diferencias también variarán según cada agrupación. Solo la bancada del Partido del Buen Gobierno tiene más diputadas mujeres que hombres.

El Poder dentro del Congreso

La brecha es aún más grande en los cargos de poder dentro del Congreso. La primera mujer que presidió el Congreso fue Martha Chávez, en 1995. Ese hecho histórico ocurrió casi cuatro décadas después de la elección de las primeras parlamentarias en 1956. Desde entonces, otras mujeres han llegado a la presidencia del Parlamento, pero siguen siendo minoría.

Desde el 2006 hasta que el Parlamento saliente culminó funciones el pasado 28 de julio, hubo 26 presidentes del Congreso. De estas, solo seis -el 23%- han sido mujeres.

En el nuevo Congreso bicameral, los presidentes electos para ambas cámaras son hombres: Óscar Reto (Buen Gobierno) en diputados y Miguel Torres (Fuerza Popular) en el Senado. La alianza del bloque de derecha fue la única que presentó una fórmula con una mujer como candidata a la presidencia: Norma Yarrow (Renovación Popular), para la cámara de diputados.

Las diferencias también aparecen en las presidencias de las comisiones ordinarias del Parlamento. Del total de 469 presidencias que existieron entre 2006 y 2026, solo 131 fueron ejercidas por mujeres, cifra que equivale al 28%.

El periodo con mayor presencia femenina en las presidencias de comisiones fue el 2021-2026, cuando las mujeres ocuparon 47 de 119 presidencias, cerca del 40%.

Una nueva brecha

En el primer año de participación femenina en el poder, Irene Silva de Santolalla fue la única mujer senadora. Por su parte, la cámara de diputados tuvo la participación de ocho mujeres, frente a 174 hombres.

Durante más de tres décadas, con la llegada del Congreso unicameral aprobada en 1993, esta comparación dejó de existir. La presencia de la mujer se midió en un solo pleno de 120 o 130 congresistas. En ese periodo, el crecimiento fue progresivo: las mujeres pasaron de representar solo el 6% a inicio de los años 90 al 38% durante el periodo 2021-2026.

El retorno de la bicameralidad ha vuelto a abrir esa diferencia histórica entre cámaras, pero ahora con una brecha mucho más marcada. Para el periodo 2026-2031, las mujeres representan el 42% de la cámara de diputados, pero apenas el 27% del Senado.

Para la Doctora en gobierno y administración pública y especialista en temas de género, Beatriz Llanos, los resultados del nuevo Congreso bicameral muestran que “hay dinámicas diferentes” en la elección de ambas cámaras.

“Tenemos que mirar la cámara de diputados, donde la buena noticia es que se ha seguido incrementando la representación, y eso es muy importante. Pero tenemos que observar con cuidado lo que está sucediendo en el Senado, porque nos habla de que las normas y las formas en que se diseña la elección de la cámara también influyen en el resultado, y por eso tenemos resultados diferentes en ambas cámaras”, señala.

“Ha habido un Senado elegido en un distrito electoral más grande, que es el distrito electoral nacional, donde las mujeres tienen mejores resultados. Pero también hay escaños elegidos en distritos electorales en regiones, y ahí es donde hay menos representación de las mujeres”, apunta Llanos.

Avances

Para la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, Alissar Chaker, los avances en la representación femenina no son casuales, sino el resultado del trabajo sostenido de los movimientos que impulsaron cambios durante décadas.

“Antes de la Ley de Paridad y Alternancia, era común que las mujeres fueran relegadas al final de las listas para cumplir con la cuota, limitando sus oportunidades reales de elección. La combinación de paridad y alternancia corrigió esta distorsión y tuvo un impacto inmediato y significativo en el número de mujeres electas”, señala.

Beatriz Llanos coincide: “Un primer mensaje es que, cuando no hay normas que lo establezcan obligatoriamente, los partidos políticos no presentaban una oferta equilibrada de hombres y mujeres”.

Si bien la Ley 31030 requiere que los partidos presenten candidaturas al Congreso bajo criterios de paridad y alternancia -una mujer, un hombre; o un hombre, una mujer-, la equidad no se traduce necesariamente en resultados, principalmente debido al voto preferencial.

Para el Senado de distrito único, postularon 572 hombres y 559 mujeres; en el Senado de distrito múltiple, 927 hombres y 890 mujeres; y en la Cámara de Diputados, 2.734 hombres frente a 2.699 mujeres. Es decir, aunque el 50% de candidatos fueron mujeres, los resultados favorecieron a los candidatos hombres en ambas cámaras.

Permanecer también es una barrera

El reto no termina con la elección. Para las mujeres, llegar al Congreso puede ser apenas el primer filtro. Permanecer en política, construir una carrera legislativa y ocupar cargos de poder son desafíos distintos.

Beatriz Llanos explica que las mujeres enfrentan barreras particulares al momento de aspirar a cargos de poder, como la carga adicional que afrontan en los cuidados del hogar.

“Hay una serie de desventajas que las mujeres afrontan que podrían condicionar su resultado electoral. Una de ellas, por ejemplo, es la carga del cuidado. Las mujeres tienen mayores responsabilidades en las cargas de cuidado familiar de los menores y de los adultos mayores. Eso les quita, de manera estructural, tiempo para participar en política y realizar una serie de actividades”, explica.

A esto se suma la violencia política y digital, así como una mayor dificultad para obtener financiamiento de campaña.

“En diferentes países de la región, no solamente en Perú, se observa que las mujeres tienen un menor acceso al financiamiento para sus campañas. Los costos de una campaña implican una serie de recursos económicos que las mujeres no necesariamente tienen. Las mujeres no acceden de igual manera que los hombres a financistas o apoyo”, sostiene.

El problema no es Catherin, es Pedro. Él la lanzó a la política y al candelero de esta semana. Lo repito aquí desde el 2021: Castillo le hace caso a la última persona con la que habla, por más sonso y contradictorio que suene aquello. En Palacio, los traidores y leales entraban y salían por una suerte de puerta giratoria que en diciembre del 2022 se trasladó al penal de Barbadillo.

Catherin Palomino Casavilca, abogada Huancavelica, entró a Barbadillo como activista del partido Todos Con el Pueblo, con el que Pedro quería postular en el 2026 (no llegó a inscribirlo a tiempo y, por eso, pactó con Roberto Sánchez de JP). Unas visitas más tarde, Catherin salió por la puerta giratoria como pareja sentimental, según los chats que reveló “Cuarto Poder” (CP) el pasado domingo 9. Para muestra, un mensaje escrito desde su número verificado por el programa: “Respecto de mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme”.

La reacción de Catherin fue la de quien admite sin querer: no participó en el reportaje, rechazó los chats dando a entender que intervinieron su teléfono y no se dejó entrevistar por un medio independiente, sino que acudió al programa de José Domingo Pérez, que se comportó como si fuera su abogado. He visto la entrevista, absolutamente parcializada. Allí, Catherin dijo: “Quieren sexualizar mis visitas a PC. Yo he sido su abogada”. Y soltó lo de su número intervenido. Si tienes con qué defenderte, no vas dónde un cómplice, vas dónde un inquisidor.

Pero Catherin no tiene que defenderse de un supuesto romance admitido en un chat. Respecto a ello, van mis respetos a su libertad y dignidad femenina. Tiene que responder por el aprovechamiento político y abuso de poder que estaría detrás de este lío. No lo dice CP, sino, por lo menos, dos familiares de Pedro. Su sobrino Jaime Vásquez Castillo lo espeta a cara descubierta, agitando una carta notarial que le ha enviado la diputada amenazándolo con enjuiciarlo. Y una fuente protegida, una familiar de Pedro, permitió la reproducción de este mensaje que le habría enviado Palomino: “Qué puedo esperar de alguien fea, vulgar y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (…). No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”.

Insisto en que el problema no es Catherin, es Pedro y la palanca que da, como líder preso y atrabiliario que es, a novatos ambiciosos. El ala sanchista de JP, de mayor catadura política, tiene la oportunidad de equilibrar esta implosión del castillismo (la semana pasada fue Julían Pérez Mallqui, detenido en flagrancia por supuesta violencia contra su ex pareja, ahora Catherin), con mayor presencia y vocería. Pero aquí hay otra tensión dentro de la tensión mayor: aquella entra la familia de Pedro y las amistades de Pedro, que dejaron de ser los maestros, pues casi todos lo traicionaron. Ahora son los activistas que con el cuento de ayudarlo en su defensa y en sus planes políticos, lo visitaron desde el 2023 hasta colocarse en alguna lista o candidatura subnacional. Se cumplió lo que pronosticábamos acá: el propio Roberto Sánchez iba a quedar sorprendido con lo que Castillo le metía en la lista.

No son los sanchistas sino la familia de Pedro la que reacciona a Catherin. No especulen que el objeto de los insultos del mensaje negado por Catherin, sea la esposa del ex presidente, Lilia Paredes. Podría tratarse de una hermana de Pedro u otro familiar directo o indirecto (en Willax declaró Elisa Castillo, hermana de Pedro, asumiéndose la agraviada).

El asunto es que cuando te amenaza un congresista en nombre de la fuerza que cree que le da su líder, ah caramba, puede configurarse un abuso de poder que llegue, antes que a la Comisión de Ética, a un debate dentro de la tumultuosa bancada. En el senado, el castillismo ha tomado la vocería, forzando la designación de José Castillo Terrones, pero en diputados manda el sanchismo con su cuadro Ernesto Zunini. Tendrán que poner en vereda a Catherin.

Pedro defiende a Catherin negando una relación íntima y amenazando al sistema con develar la historia secreta del poder vista desde Barbadillo. ¡Cumple tu promesa Pedro, danos brutalidad! Catherin, en la entrevista con José Domingo, también enfiló contra el sistema y sus medios mermeleros que la discriminan porque, según ella, es una chola alegosa. Pero su problema ya no será con la prensa que expuso su caso, sino con el resto de su bancada, tanto de castillistas como sanchistas, que no serán tan complacientes como ella como lo fue José Domingo Pérez, y recelarán de su cercanía al líder preso. Catherin juega con fuego.

‘Porky’ López Aliaga lo cambió todo. En julio, según Ipsos, su gallo de fachada electoral, Luis Rubio, tenía 10% y se ubicaba en el 3er lugar. Tras renunciar este el 4 de julio, víspera del deadline para el retiro de postulantes, ´Porky’ quedó como el virtual candidato a alcalde. Roberto Burneo, presidente del JNE ya se lavó las manos en público con jabón y lejía. Toreará, junto a la mayoría de su pleno, las críticas y alegatos de constitucionalistas que invoquen la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

El domingo pasado, Rafael apareció por primera vez en la encuesta de Ipsos. Topó con 21%, dejando muy atrás al favorito Carlos Bruce, con 13%. No era lo mismo para la percepción del elector un endose con sabor a chancho que el auténtico chancho al palo. Si se analiza la encuesta de Ipsos, se ve que tras la irrupción de Rafael sin fachada, Carlos pierde un punto, pero Samuel Daza, el candidato fujimorista, es el que más pierde. Tenía 10% y ha bajado a 6%. Vaya decepción para Fuerza Popular: encontró un candidato promisorio a pesar de que el poder municipal y el de Lima en particular, le ha sido siempre esquivo. Sus últimos candidatos no agarraban fuerza alguna y los han llegado a retirar, como a Diethell Columbus en el 2018.

Con Daza, FP hace click por primera vez en la pelea por Lima. Ganó la alcaldía de Ancón en su tercera postulación. La segunda vez lo hizo por Podemos. La diputada limeña Cecilia Chacón y su colega chalaca Auristela Obando presentaron a Daza con Keiko y a ella le interesó su historia de elevación consistente de recaudaciones en su distrito, algo que no sirve de pequeña épica, pero sí para darle un perfil de eficiencia y lanzarlo como un outsider aunque en rigor no lo sea: venido de más allá del arenal, de un satélite de Lima en el que contrasta el viejo balneario, demográficamente irrelevante, con una aglomeración pobre y desplanificada. Su fortaleza es el DE y no pierde la esperanza de recuperar la intención de voto perdida y topar como el candidato, según me dice cuando converso con él y responde con lemas: “vengo de los cerros, de los que menos tienen, de la Lima invisible, de la Lima sin oportunidades”. Daza tiene otro reto, más allá de lo electoral: hacerse conocido respecto de insiders con fama: Porky, ‘Techito’ Bruce, Francis Allison, Daniel Urresti, Susel Paredes o Ricardo Belmont.

Sobre la popularidad de cada cual vaya una precisión técnica que relativiza todo: la cédula solo llevará los nombres de los partidos y sus símbolos. Se marcan los símbolos. No aparecerán ni los nombres ni las fotos de los partidos. La R celeste de Renovación identificará con suma facilidad a Rafael, la K naranja del fujimorismo keikista identificará fácilmente a Samuel aunque sus votantes no lleguen a recordar su nombre. El corazón de borde rojo de Somos Perú tampoco será un obstáculo gráfico para Bruce. Ni la P de Podemos para Urresti, aunque ambos partidos estén de capa caída y condenados a su desaparición oficial por no haber saltado la valla congresal. Susel la tiene algo más difícil con el casquito de Ahora Nación y Francis es el más afectado con el tren de Avanza País.

Volvamos al oficialista Daza. Su campaña aún no rompe fuegos en redes y paneles; pero no crean que FP podría sacrificarlo para favorecer a Porky y a Renovación Popular (RP), por ser su aliada congresal. FP no quiere que RP aumente su capacidad de veto y presión, sumando a sus escaños el poder de presión de la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima). Dina Boluarte la pasó mal sufriendo y cediendo ante esa presión. A Keiko le gustaría evitarla, prefiriendo, si se cae su candidato, el triunfo de Bruce, de Allison o de cualquier gallo sin bancada. Rafael Rey, ministro de Transporte y Comunicaciones, convertido en firme crítico de su tocayo y ex amigo, tendrá que ensayar para no mover ni una ceja la próxima vez que le pregunten qué piensa el MTC respecto a los trenes traídos por la gestión celeste. En RPP enredó al gobierno cuando dijo del asunto: “no se trató de una donación, se trató de una adquisición”. La oposición chúcara que le hizo a Porky el ex MTC, César Sandoval, de APP, en el último tramo del gobierno de Boluarte, fue crucial para que Porky agarrara un filo antisistema electoralmente rentable. Rey ha incurrido en lo mismo.

Conversé con Carlos Bruce, el destronado favorito de las encuestas, ahora desplazado a segundo lugar. Se cuida de no acusar recibo ni sorpresa de aquella circunstancia estadística. Le pregunto por su principal rival: “Sale de una campaña presidencial en la que demostró que tiene un bastión en Lima. Pero también tiene un anti voto. Lo que va a pasar es que dentro de unas semanas la campaña se va a polarizar entre él y yo”, me dice el actual alcalde de Surico, que pone como ejemplo de todo lo que ofrece hacer para Lima: vivienda popular (su oferta para el C, D y E, que no son sus estratos fuertes), esparcimiento libre (un llamado a la juventud liberal pues la conservadora está enganchada con el intenso manejo de redes de la campaña de López Aliaga), y manejo juicioso de las rentas municipales. Carlos aprovecha esto último para lanzar dardos contra la deuda en emisión de bonos dejada por Porky y pronostica que más temprano que tarde la MML puede afrontar el resultado de la millonaria demanda de Brookfield (el fondo de inversión canadiense que manejó la concesión de los peajes de Rutas de Lima).

Bruce se ofrece como promesa de orden y equilibrio liberal tras la tromba celeste conservadora. Daza quiere polemizar con ‘Porky’ sobre el tráfico de Lima (su especialidad como ingeniero de transportes que es) y ni qué decir de Susel Paredes de Ahora Nación que quiere hacer pelear a su muñequito de Labubu con el cerdito de Renovación. Pero no todos los candidatos coinciden en buscarle pendencia al nuevo favorito. Por ejemplo, Daniel Urresti, candidato de Podemos, ha decidido ni contradecirlo ni criticar la triquiñuela de la reelección encubierta. Quizá porque él viene con otros cuestionamientos de fondo: ha estado preso, purgando un asesinato del que, en rigor, no se le ha absuelto, sino aplicado una figura parecida a la amnistía.

Le pregunté a Carlos si, teniendo en cuenta que, en el papel, Rafael sigue siendo candidato a primer regidor, le correspondería ir al debate de candidatos que organice el JNE: “Sí”, me dijo, “si el JNE no lo dejara participar sería una prueba de complicidad con él”. ¿Por qué?, le repregunté. “Porque si lo excluyen se vería como una maniobra que lo favorezca, porque podría verse mal por el electorado”. ‘Techito’ cree en la dialéctica del voto incierto.

Con el sinceramiento de la viveza criolla del nuevo favorito de las encuestas, campaña y tablero sufrirán mucho movimiento de aquí al 4 de octubre. Calculen que a fines de este mes ingresará más dinero a la campaña por Lima, que sigue siendo un referente que arrastra votos para los candidatos del mismo partido a distritos limeños y, con eco más difuso, en las regiones y sus subdivisiones. La ironía es que el gran partido municipalista nacional, Somos Perú, no pudo saltar la valla congresal y desaparecerá a fin de año. La ubicación de Bruce como principal competidor de López Aliaga, les deja un sabor agridulce a los somistas. En cambio, los candidatos con partido inscrito y bancada, más allá de su intención de voto, están en otra liga.

‘Porky’, a mes y medio del día D, ya ha sobrepasado a todos en visible exposición publicitaria y mediática. Sus redes no cesan de promoverlo desde la campaña presidencial. Ahora bien, el rey de la tabla, de la popularidad y del gasto lo podría ser también del desgaste y de la sobreexposición peleonera, como le pasó en la campaña presidencial. En su entrevista del lunes pasado con Christian Hudtwalcker en Willax, dijo: “en 50 días faltan muchas cosas”. En eso tiene razón. Todo puede pasar.

A las puertas de las elecciones municipales 2026, la campaña electoral en Ate se enciende desde los archivos judiciales. Manuel Vidal Camargo (Avanza País), padre del actual alcalde Franco Vidal, se promociona en TikTok como el “William Wallace” peruano repartiendo ayuda social, pero esconde un pesado expediente fiscal que quiebra por completo su narrativa de justiciero popular.

El dato más contundente proviene de sus propios registros oficiales. En su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Vidal Camargo admite haber sido condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de proxenetismo.

La sentencia fue dictada en 2007 por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima. Aunque el candidato consigna estar “rehabilitado de oficio” y habilitado para postular, los registros del Ministerio Público de la época revelan el trasfondo real de la historia de su sentencia.

La investigación original se formuló bajo el cargo específico de proxenetismo en agravio de menores de edad. Su internamiento en el penal no fue un error, sino el resultado de una acusación por explotación sexual.

El rastro de Manuel Vidal en las fiscalías de Lima Este no es nuevo. Los folios oficiales muestran denuncias en las fiscalías de Santa Anita por agresiones contra las mujeres (2021) y por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones (2023). Ambas car petas fiscales fueron archivadas en su oportunidad al calificar las denuncias, quedando sin responsabilidad penal.

Documentos oficiales confirman que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) le abrió una investigación preliminar el pasado 24 de febrero de 2026 por el presunto delito de lavado de activos. Un despacho de la Fecor rastrea el origen de su patrimonio y sus movimientos financieros.

El candidato de Avanza País acumula otras dos denuncias recientes: una en junio ante la fiscalía de Chupaca, en Junín, por usurpación agravada y lesiones con objetos contundentes; la y otra, en julio, por presunta colusión, corrupción de funcionarios, en la Fiscalía de San Juan de Lurigancho.

Este complejo panorama legal se suma a un contexto distrital marcado por cuestionamientos a la gestión de su entorno familiar. En 2023, la administración de su hijo, el alcalde Franco Vidal, protagonizó la polémica clausura y multa millonaria al emblemático restaurante La Granja Azul; una controvertida medida que posteriormente el Indecopi declaró como una barrera burocrática ilegal.

Con estas investigaciones, el autodenominada “William Wallace” de Ate busca llegar el sillón municipal liderando una lista donde postula para la alcaldía llevando como teniente alcalde a su hijo, la actual autoridad distrital, Franco Vidal.

El Comercio solicitó una entrevista con Manuel Vidal Camargo a través del número telefónico consignado en sus denuncias. Una integrante de su equipo de campaña atendió la comunicación inicial y señaló que el candidato se encontraba ocupado en sus actividades proselitistas, por lo que no se obtuvo una respuesta formal a las llamadas ni a los mensajes enviados hasta el cierre de esta edición.

BOLSÓN ELECTORAL

Con casi medio millón de votantes, el distrito de Ate es uno de los lugares con más electores en Lima. Ocupa el tercer puesto a nivel de Lima.

Unidad de Investigación

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, plantea que el Perú aproveche el actual contexto político regional para promover una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). A su juicio, el actual escenario representa “una oportunidad de oro” para impulsar cambios en el sistema, una propuesta que será planteada a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Lejos de apostar por el retiro del Perú del sistema, su postura apunta a que se promueva una reforma.

En entrevista con El Comercio, Álvarez también hace un diagnóstico del Ministerio de Justicia que ahora le toca dirigir, explica la reforma del sistema penitenciario que se promoverá y detalla el camino que seguirá el pedido de facultades legislativas que se alista a presentar ante el Congreso. Asimismo, señala que se evaluará incluir en estas últimas una modificación a la norma que, según sostiene, está siendo mal utilizada para permitir visitas nocturnas al penal de Barbadillo, reveladas por la prensa.

— Varios de sus colegas ministros han denunciado públicamente irregularidades detectadas durante el proceso de transferencia. Su caso es particular porque usted fue parte de uno de los gobiernos anteriores. ¿Ha identificado alguna irregularidad en el Ministerio de Justicia que considere necesario denunciar o esclarecer públicamente?

Los conductos legales ya están siendo articulados. Pero se puede mencionar, por ejemplo, que el anterior gobierno no nos ha dejado dinero ni para limpieza ni para seguridad. Y el dinero que se había presupuestado se acabó el 30 de junio. Por tanto, ahora tenemos personal de limpieza que prácticamente nos está prestando sus servicios, literalmente, porque aspiran a que puedan reengancharse y continuar ejerciendo su labor. Algo similar pasa con la vigilancia. Como ustedes habrán visto, prácticamente no hay vigilancia. Es una situación absolutamente anómala que, obviamente, se refiere a una exacerbación de la provisionalidad. Porque una cosa era tener una vicepresidenta como Dina Boluarte; otra cosa era tener un presidente del Congreso como José Jerí. Pero ya el tema de que caiga por una censura y no por una vacancia y que, por poco tiempo, asuma otra persona, y ahora sí vinculada a la extrema izquierda, prácticamente ha permitido que personas extrañas al Estado y, claro, absolutamente divorciadas de los principios que rigen el sector público, como el de austeridad o como el de un sentido del deber, puedan haber manejado ministerios y sectores que son de mucha importancia. Si a Justicia le pasa esto, no sé qué más habrá podido encontrar Interior y Defensa, por ejemplo, que son sectores sumamente delicados.

— ¿La crisis política de los últimos años, y que todos los peruanos hemos visto, ha afectado incluso operativamente a los ministerios?

Y no solamente a los ministerios. Al INPE, por ejemplo. El INPE tiene graves problemas de financiamiento y de sentido del deber, muchas veces, porque han cambiado directores y autoridades dentro de los penales prácticamente a discreción, muchas veces, de bandas criminales. Entonces, la situación es absolutamente irregular. No es que haya malos funcionarios en algunos lugares, sino que son parte del otro bando. Felizmente, tenemos algunos funcionarios que hasta la fecha siguen manteniendo sus puestos y son los primeros que nos han ido informando y señalando algunas posibles soluciones.

— ¿Cuál es su diagnóstico entonces del estado en el que ha encontrado el Ministerio de Justicia?

Igual que [lo dijo] la presidenta: es un Estado catastrófico. No tenemos dinero, por ejemplo, para cosas elementales. No hay para los baños, para la limpieza de baños, jabón, etcétera. Y eso habla de mal manejo. O sea, si la gente que estaba ha hecho desaparecer el dinero de limpieza, no quiero pensar qué ha sucedido con la cooperación internacional o con los fondos de otros subsectores y otras entidades, donde posiblemente alguien que no tiene experiencia en el manejo del Estado, o que no tiene prejuicios para aventurarse, pudo haber pensado que no se iba a notar. Todas estas cosas van a ir saliendo, pero de a poco. Porque paralelamente estamos urgidos del tema de la delegación de facultades, estamos urgidos de controlar penales, de conseguir los cuadros directivos, y eso demanda un esfuerzo considerable.

— Básicamente, entonces encontró un ministerio en crisis…

Sí, pero tampoco esperábamos un ministerio en bonanza. Y eso habla de una conclusión que los electores deben conocer. La inestabilidad política genera no solamente una pésima gestión pública, sino que termina perjudicando a los propios ciudadanos.

— Su olfato político, su olfato como especialista en derecho, ¿qué le indica? ¿Corrupción, malos manejos o ineficiencia en el Estado?

Son las tres cosas. Por ejemplo, hay casos de investigación interna, casos de corrupción, casos en los que evidentemente no pudo haber sido simplemente negligencia. Pero tenemos que efectuar las denuncias penales de una manera inmediata. Claro, entregando los medios de prueba, pero al mismo tiempo denota una severa crisis de gestión.

— ¿Ya se han formulado denuncias penales por esto que me está comentando?

Eso está siendo trabajado.

— Muchas de las iniciativas, lamentablemente, quedan en el tintero por la constante salida de ministros y la inestabilidad que ha marcado los últimos gobiernos. ¿Cuál será la principal prioridad de su gestión y qué espera dejar para el ministerio y para el país?

Lo primero es un ministerio eficiente que sirva de verdadero asesor jurídico del Gobierno. Lo segundo es cumplir con cada uno de los objetivos que tienen las dos ramas, el Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos. Tenemos pendiente el posicionamiento del Perú pro reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos pendiente la reforma del INPE y de todo el sistema penitenciario, con todo lo que eso significa. […] Luego, en lo inmediato, establecer una especie de concordia, de conciliación entre la Policía y el Ministerio Público, para que exista un solo protocolo para el inicio y desarrollo de la investigación preliminar. Porque ambos, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, todavía siguen con algunas observaciones, con alguna disonancia entre ellos, y esa labor es vital. Luego viene el tema de la flagrancia. El subsistema de flagrancia es defendido por el Poder Judicial, pero lamentablemente ese optimismo no es compartido por el Ministerio Público y tiene que ser reformado. […] Y el otro problema que viene a continuación de la flagrancia es el problema del subsistema de bandas criminales, donde se va a incorporar extorsión, sicariato y secuestro, a pedido del Ministerio Público. Entonces, va a haber un subsistema dedicado exclusivamente a lo que está agobiando en este momento al bodeguero, a los transportistas y a muchos otros ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos. Pero este fenómeno delictivo no encaja en flagrancia y, si se lleva al sistema regular, va a pasar muchos años, porque el Código Procesal Penal consagra audiencias para cada una de las diversas etapas o de las diversas incidencias. Incluso si el fiscal encontrara una prueba, un celular o transcribiera las conversaciones de un chat, después de haber actuado, tiene que diligenciarse una nueva audiencia, con todas las garantías, como si esto fuese Suiza o si no hubiese ningún apuro en encontrar la solución jurídica. Curiosamente, hemos ratificado una visión que teníamos ya desde la academia, que el sistema penal se ha pervertido de tal forma que el garantismo es entendido como que el delincuente y sus derechos y sus garantías son mucho más importantes que la necesidad de la sociedad de encontrar una verdad jurídica y de llevar al delincuente, sobre todo al delincuente violento, al que pone en peligro la vida de las personas, a la cárcel.

— Cuando usted menciona lo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿el Gobierno va a pedir la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Entendemos que esa no ha sido una decisión ni una promesa de campaña ni una decisión del actual Gobierno. No se ha discutido todavía en el Gabinete Ministerial. Pero, personalmente, entendemos que lo que se tiene que hacer es, ante una administración de justicia como la nuestra, que es incierta, que es impredecible —en realidad, todo depende de la calidad o de la ideología del juez que a uno le toque—, necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos, pero que, obviamente, en el contexto político hemisférico, estamos en la oportunidad de oro para poder negociar con los otros representantes ante la OEA de los países que ahora son democráticos, que ahora creen en la democracia y creen en los derechos, pero también en la libertad, negociar la reforma profunda del Sistema Interamericano, incluyendo el cambio de funcionarios, que son los más ideologizados. El problema muchas veces no está en los comisionados y en los jueces, sino está en los funcionarios que responden a intereses y a las agendas financiadas por ONG determinadas de carácter internacional.

— ¿Va a proponerle a la presidenta Keiko Fujimori la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el Perú tome la posta?

Sí. Esa es una de las banderas no solamente del Ministerio de Justicia, sino, en realidad, de toda la mayor parte de la comunidad jurídica peruana. Que no ignoramos los grandes problemas y contradicciones que existen hoy en día en el sistema, pero que entendemos que no podemos quedarnos simplemente con la administración de justicia que hoy tenemos.

— ¿[Pero] se va a impulsar la salida del Perú del Pacto de San José?

No, imposible. Es una carta fundacional democrática, donde se garantiza un estándar mínimo de derechos y de libertades para los ciudadanos del hemisferio.

— Entiendo que el camino entonces es más por una reforma del sistema.

Sí, una reforma profunda para que el sistema cumpla la finalidad por la cual se estableció, incorporando no solamente una correcta y sana interpretación de la Convención Americana, restando ese poder omnímodo que hoy en día se ha adjudicado la propia Corte para reinterpretar los contenidos de la Convención Americana, y tratar de incorporar los mejores instrumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por ejemplo, han normativizado y reconocido la autonomía de los Estados y la heterogeneidad de las sociedades, para evitar mandatos imperativos que puedan estar fuera de los alcances, de los valores y de los principios que rigen determinadas sociedades y naciones.

— Para quienes quizás no conocen mucho de los aspectos técnicos, ¿podría brindar algún ejemplo de decisiones o medidas puntuales en las cuales se hayan excedido desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sus atribuciones hacia el Perú?

La jurisprudencia considera que lo resuelto en un proceso entre el Estado y una persona es válido para todos los demás Estados. Ese es un tema de falta de protección y falta de incorporación en el proceso. Si Ecuador tiene un problema con uno de sus ciudadanos y la Corte falla, los alcances del fallo no pueden alcanzar al Perú, porque el Perú no ha sido parte del proceso.

— ¿Y en qué casos puntuales recientes ha ocurrido eso?

No quisiera entrar en el debate ya puntual de los casos. Algo similar ocurre con las opiniones consultivas. La opinión consultiva que lograron los médicos de Costa Rica que se dedican a la gestación artificial, a la gestación in vitro, no puede ser obligatoria para todos los demás países, porque no hemos participado ni directa ni indirectamente en la toma de decisión. Y eso ya lo ha recogido Europa. Una cosa es el aborto libre hasta el noveno mes en Inglaterra y otra cosa es tratar de imponerlo en Polonia, Rumanía o Bulgaria. Esos países tienen otra connotación, otro sistema de valores diferente, por motivos de la religión ortodoxa y por diversos factores, por lo que un grupito de jueces, por más autoridad jurídica que puedan tener, no pueden superponerse a la voluntad no solo de los representantes elegidos, sino incluso imponer su pequeña voluntad, su pequeña visión del mundo, a sociedades y naciones enteras. Eso es un despropósito; eso no se puede hacer. Y esa pretensión la tienen tanto en Costa Rica, en la Corte, como en la Comisión, en Washington.

— Otro de los temas que mencionó es el de la investigación preliminar a cargo de la Policía. Se generó en su momento toda una controversia respecto a esto...

Continúa, además...

— Sí. Y por eso quería consultarle. ¿El Gobierno va a insistir en que la investigación preliminar debe estar o va a estar a cargo de la Policía Nacional, en lugar del Ministerio Público? ¿Cuál es la postura del Gobierno?

Básicamente, es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, que ya ha zanjado el tema en una sentencia. Ahora, lo que se está discutiendo es la interpretación de la sentencia. Entonces, sí, hay casos en que la investigación preliminar corresponde a la Policía, porque aspirar a que el fiscal llegue para recién comenzar la investigación preliminar es un sinsentido, no es lógico. Pero también hay casos, como, por ejemplo, la investigación a un aforado, a un diputado o a un exministro, donde debe comenzar la investigación preliminar por el Ministerio Público, porque le corresponde al fiscal de la Nación comenzar las investigaciones, citar a las personas, etcétera.

— ¿Y cuál es la postura del Gobierno frente a esto?

Estamos justamente auspiciando. Ya ha habido tres reuniones. Primero, a nivel de los titulares, con la presidenta de la República, con el fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el que habla y el titular de la Policía, para tratar de alcanzar un solo protocolo, que es un mandato del Tribunal en su sentencia. Un solo protocolo común que establezca cuándo investiga uno y cuándo corresponde, como excepción, al Ministerio Público. Y luego tenemos que también consolidar esos acuerdos con la actuación de los jueces. Porque los jueces, al parecer, en este vacío político, han ido cobrando mucha fuerza y, por ejemplo, ha llegado a un extremo, que es inconstitucional, obviamente, de tener acuerdos plenarios donde hacen control concentrado de las leyes, como si fuesen Tribunal Constitucional. Cuando la Constitución lo único que les otorga es la posibilidad de que el juez, al estudiar y resolver su expediente, un caso incidental, pueda inaplicar una determinada ley, explicando y argumentando por qué es que inaplica. Y esto va en control a la Corte Suprema. Pero no significa que la Corte Suprema pueda hacer control concentrado, estableciendo para todos sus jueces a nivel nacional que una determinada ley no se aplica. Eso no es control incidental.

— Y este protocolo que usted menciona que se está trabajando ya a alto nivel, ¿podría darnos un estimado de cuándo podría llegar a buen puerto?

Depende de los actores, no depende de nosotros. Nosotros brindamos el espacio, ponemos el tema en la mesa, argumentamos no en favor de ninguno, sino en favor de la sociedad, que es lo que nos corresponde. Pero, obviamente, el tiempo puede ser dos horas o en dos meses.

— Según el Ministerio Público, en el primer semestre del año se han registrado alrededor de 70 denuncias por extorsión y chantaje por día, sin contar, evidentemente, los casos que no llegan a ser denunciados. Emprender, a buena cuenta, se ha convertido en el Perú en una actividad de alto riesgo. ¿Qué mensaje le daría usted a esos ciudadanos y qué hará el nuevo Gobierno frente a esta situación?

Lo primero es denunciar. Haciendo el seguimiento de las cifras, hace cinco años existía la misma cantidad de resoluciones judiciales condenatorias, la misma cantidad que actualmente. Antiguamente, hace cinco años, no había más de 400 denuncias, ahora hay más de 40.000. Pero la cantidad de sentencias condenatorias es la misma, gira entre 200 y 300. Esa es una situación que dice que, o los jueces están actuando de manera incorrecta, tienen mucha carga procesal, o es que simplemente las reglas jurídicas con las cuales tienen que trabajar no son las más adecuadas. Nosotros apuntamos a la tercera posibilidad. Por eso queremos fortalecer el subsistema, para que tenga un procedimiento singular, especialísimo, en el que se pueda alcanzar una sentencia condenatoria antes de los dos meses, y que esta persona no pueda regresar a la calle porque prescribió la acción penal o porque se pasó el tiempo para solicitar la renovación de la prisión preventiva, que son los artilugios normalmente con los que operan los jueces corruptos o los jueces honestos, pero que tienen una sobrecarga procesal. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos. Hay más de 40 tipos de audiencia en el Código Procesal Penal. Es como si estuviésemos en Suiza y existiera un juez por cada 200 habitantes. En nuestro país es absolutamente distinto. El proceso tiene que ser lo más rápido posible, manteniendo y conservando las reglas del debido proceso. Pero no puede haber, por cada incidente pequeño, otras audiencias y con la posibilidad de apelar la decisión a la que llegue ese juez, y con lo que otra vez tiene que ir a una sala, esperar fecha, meses, para que los jueces ya en un pleno resuelvan y regrese el expediente para un pequeño incidente. Es una locura.

— Pero estamos ante una problemática palpable. En el día a día hay atentados, extorsiones, todos los días. No es un problema que únicamente compete al Poder Judicial.

Es que el análisis económico del derecho nos habla de que, si el costo es menor que el beneficio, va a haber más delincuentes. Si el peligro de quedar preso y de ser condenado tiene una proporción mucho menor al beneficio del delito, entonces cada vez va a haber más gente proclive a ingresar a las bandas criminales.

— ¿Pero la situación a la que hemos llegado es responsabilidad únicamente del Poder Judicial?

No, en ninguna manera. Es de los legisladores, no de ahora ni de hace cinco años, es de los legisladores que vienen copiando de Costa Rica, Chile —mal copiando, dicho sea de paso—, códigos procesales extremadamente garantistas. Es culpa de los académicos de la especialidad penal o de la especialidad procesal, que privilegian el procedimiento a la solución jurídica. Dicho sea de paso, en Estados Unidos la especialidad procesal casi no existe. En nuestro país, el que gana más es el procesalista, es el mago que hace que un proceso penal o civil dure seis a ocho años, o que prescriba, o que el delincuente, con un hábeas corpus, logre su libertad y, cuando alguien reacciona, ya se fue. La magia es la que prevalece a la realidad jurídica, a la realidad social y a la realidad económica. Entonces, tenemos que cortar eso.

— Pero insisto con la pregunta... hay, por ejemplo, malos elementos en la Policía que se han visto involucrados en bandas criminales...

La mala noticia es que siempre va a haber. Agentes penitenciarios corruptos hay en Estados Unidos, agentes policiales corruptos hay en Inglaterra. Siempre van a haber malos elementos. El tema es que las reglas jurídicas no los ayuden, no estén a favor de ellos, sino que estén a favor de la solución, de los ciudadanos. Pues ya, que haya corruptos, va a haberlos siempre. Pero que primero el delincuente tenga más posibilidades, un alto costo, y el beneficio no compense. Ahí vamos a ver reducido el tema. Y, por otra parte, que el policía encuentre que puede ser detectado por el fuero policial-militar, que lo va a investigar y lo va a meter preso, y va a informar al fuero común. Entonces, mientras más costo pueda existir para el delito, va a haber menos delito. Esa es una regla ya de los teóricos del análisis económico del Derecho. Y lo que sucede hoy en día es al revés.

— La presidenta anunció en su mensaje a la nación, entre otras medidas, una reforma penitenciaria. ¿Cómo se va a implementar esta propuesta, sobre todo la de incorporar a las Fuerzas Armadas en el resguardo de los establecimientos penitenciarios?

Con la vía de decretos legislativos. Porque si bien es cierto la Fuerza Armada interviene en los estados de emergencia, no está previsto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pueda intervenir sin estado de emergencia. Por tanto, ya hemos procedido a declarar estado de emergencia al sistema penitenciario y, vía legislativa, vamos a propiciar que la Fuerza Armada haga control perimétrico de los penales, por lo menos para evitar el ingreso de artefactos indebidos y la presencia de antenas en los alrededores, antenas que sirven para la organización criminal.

— ¿Cuándo los ciudadanos van a poder ver el inicio, la ejecución de esta iniciativa?

El proyecto de ley autorizativa de legislación delegada debe ser entregado a fin de esta semana o, en el peor de los casos, a mediados de la próxima semana, con un cálculo pesimista. El Congreso va a tener que aprobarlo, pero eso también tiene su procedimiento. Posiblemente haya algunos diputados que quieran mantener la confianza de sus representados obstaculizando el tema, pero nosotros confiamos en que la inmensa mayoría va a ser consciente de que, cualquiera sea la representación ideológica, política o social que tenga un diputado o una bancada, por encima de todo, está el deseo de su seguridad. No creemos que una bancada, algunos diputados o muchos diputados, actúen en contra de las necesidades de sus propios electores. Por eso estamos hablando de no más de dos meses, en que podamos tener ya aprobados los decretos legislativos pertinentes en materia de seguridad y podamos comenzar a ordenar el tema penitenciario.

— Durante la campaña, la ahora presidenta Keiko Fujimori prometió crear una comisión de alto nivel para evaluar las denominadas leyes procrimen. ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? ¿La presidenta le ha pedido a usted que el Ministerio de Justicia analice el tema?

Ya estamos analizando. Es más, ya estamos tratando de consensuar nombres para esta comisión, que debe evaluar no solamente las leyes mal llamadas “procrimen”, pero que sí hay algunas que deben ser perfeccionadas o sus términos deben ser más detallados para evitar que puedan servir a la corrupción o a malos funcionarios de justicia. Es más, en realidad todas las leyes están sujetas a evaluación, aun el Código Penal y el Código Procesal Penal, que fueron aprobados con bombos y platillos. En el sector Justicia tenemos una unidad o un sector que está dedicado, con cooperación internacional, para implementar el Código Procesal Penal, que fue una esperanza, pero que en realidad ha sido un fracaso. Hay más delito, es más difícil condenar a un delincuente y no es que sea difícil llevar a la cárcel a un inocente.

— ¿El Gobierno contempla indultar a algún expresidente, sea Pedro Castillo, Alejandro Toledo o incluso Martín Vizcarra?

No. El premier ha dicho que no está en agenda y el ministro de Justicia ha dicho que los indultos y las gracias constituyen, salvo circunstancias excepcionales, instrumentos de impunidad. Son instrumentos de impunidad, y eso está prohibido por la jurisprudencia de la Corte y señalado por la jurisprudencia del Tribunal.

— Se ha conocido una serie de visitas nocturnas al penal de Barbadillo para el expresidente Pedro Castillo y la sensación es que el penal de Barbadillo se ha convertido prácticamente en un centro de operaciones políticas. ¿Qué opinión le merece esto y si es que tomará alguna acción?

Hay una norma legal que faculta a los parlamentarios, al Defensor del Pueblo y a una serie de funcionarios que señala, a visitar día o de noche los penales. Obviamente, eso fue diseñado pensando en la supervisión permanente, en las visitas inopinadas, etcétera. Pero que, lamentablemente, por las deficiencias de un sector de la clase política, esto ha sido muy mal interpretado y mal usado.

— ¿Está siendo mal usada esta atribución de los congresistas?

Por supuesto. Eso está hecho para la supervisión permanente. Para que la visita al penal por parte de las autoridades no sea un saludo a la bandera, sino que realmente pueda efectivizarse a las cuatro de la mañana, de manera sorpresiva. Pero, claro, eso no se refiere a que un local penitenciario, un centro de reclusión, sea un local partidario.

— ¿Va a tomar alguna acción usted?

Vamos a proponer, seguramente dentro de los decretos legislativos, que esa norma sea afinada, sea más detallada y tenga un sentido mucho más restringido.

— Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el Gobierno inicia con un 60% de aprobación. ¿Cómo interpreta el Gobierno esta cifra y qué hará para que no quede simplemente como una fotografía de inicio de gestión? Porque, ciertamente, la ciudadanía está pidiendo resultados inmediatos al Gobierno.

Pide resultados inmediatos que, obviamente, por sentido común, no se van a dar. Se puede empezar a combatir el crimen, pero, así como Ecuador, no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo de El Salvador demoró mucho tiempo, y ellos comenzaron también creando el subsistema. Es una tarea de mediano aliento. Pero eso hay que interpretarlo como la confianza y la esperanza de un pueblo que ha abandonado una etapa muy importante de nuestro país, pero una etapa marcada por la corrupción, por la impolítica —o sea, falta de espacios de entendimiento—, que básicamente fue presidida por el antifujimorismo. Del 2000 hasta el 2026, la historia del Perú habla de antifujimorismo militante como forma de gobernar al país. Todos los gobernantes que han ganado las elecciones llevaban por bandera el antifujimorismo. Y se le dijo en esta candidatura a la presidenta de que hasta... ¿qué cosa era?

— ¿Un panetón?

[Que] un panetón le iba a ganar. Pues bien, ganó la presidenta y hoy empieza una nueva etapa en el Perú. El antifujimorismo ya no tiene sentido. Ahora, hay que ver los resultados y hay que someterse al juzgamiento del propio electorado.

Solemos decir que la cultura es nuestra mayor riqueza, pero en los últimos años, el Ministerio de Cultura ha dado preocupantes señales de irrelevancia. Una gravitación que comenzó a aligerarse, como señala el periodista y productor audiovisual Hugo Coya, debido a la falta de continuidad. “En demasiadas ocasiones, el Ministerio de Cultura era el lugar donde algunos ministros empezaban a conocer el sector al que habían sido llamados a dirigir”. Según el expresidente ejecutivo de IRTP, los ministros se sucedieron con tanta frecuencia que no había tiempo ni para aprender sus nombres. “Cada uno llegaba dispuesto a refundar el sector. Al final, el único proyecto que mostró verdadera continuidad fue la falta de continuidad”.

En efecto, el hecho de que algunos políticos cuestionen hoy la necesidad de su existencia delata, según el antropólogo e historiador Ramón Mujica, la mediocridad de sus gestiones en los últimos años. Para el sociólogo Santiago Alfaro, este debilitamiento institucional tiene como responsables claros a los gobiernos de Pedro Castillo y, especialmente, de Dina Boluarte, quienes instrumentalizaron el ministerio con fines políticos. “En el nombramiento de altos funcionarios, el mérito y la especialización cedieron terreno frente a criterios de confianza, lo que mermó las capacidades del sector. A ello se sumaron decisiones ajenas a la finalidad pública de las políticas culturales, como la censura de contenidos, la desprotección del patrimonio cultural –como el caso de las Líneas de Nasca y la venta presencial de boletos de Machu Picchu– y la omisión de interponer acciones de inconstitucionalidad contra normas que socavaron la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Tampoco se crearon nuevos servicios públicos ni se fortalecieron los existentes, como los estímulos económicos para la cultura”, afirma.

La antropóloga María Elena del Solar, experta en tradiciones altoandinas, coincide en que la alta rotación de cargos entre funcionarios inexpertos en el ámbito cultural muestra a una institución sin claridad para enfocar sus objetivos. “Hay una falta de comunicación entre los viceministerios de Patrimonio y de Interculturalidad; la cultura se entiende principalmente como patrimonio, y no estoy segura de si los funcionarios han comprendido que los objetos se producen vinculados a la historia de las personas que los crean y hacen circular”, advierte.

El filósofo y crítico de cine Sebastián Pimentel apunta en la misma dirección: “La inestabilidad política y la rotación excesiva de ministros no han permitido un trabajo sólido”, afirma el coordinador general de la Filmoteca PUCP. En el ámbito del cine, para el especialista, el Mincul no supo poner freno a leyes nocivas promovidas por el Congreso que desfavorecen la producción de películas del interior del país, como tampoco contribuyó a la creación de una Cinemateca Nacional.

Sin perspectivas

Para María Elena del Solar, tal parece que la promoción de la cultura se concentró en la producción de la feria Ruraq Maki, la que debería ser solo una actividad más en el contexto de la perspectiva intercultural. “Se ha convertido en el evento más importante del año, donde el éxito se mide en términos de volúmenes de venta; en otras palabras, es un producto peruano empaquetado para el turismo. Se atiende solamente lo ‘bonito’, lo que tiene potencial comercial o turístico. No hay estudios antropológicos para entender el concepto de cultura”, señala. Además de este desempeño deficiente, para Pedro Pablo Alayza, director del MAC-Lima, el Mincul se enfrascó en regulaciones punitivas que limitaron la iniciativa ciudadana. “Ejemplo de ello fueron los proyectos de ley de museos y la fallida propuesta del colegio de artistas”, comenta el historiador de arte.

Para la historiadora Cecilia Bákula, el sector Cultura viene arrastrando todos estos problemas desde hace mucho tiempo. “La cultura debería ser una política de Estado y ello requiere definir estrategias de largo alcance, pues involucraría, necesariamente, la reconstrucción de la identidad nacional que, hoy por hoy, está venida a menos. El sector es y debe ser responsable no solo de lo que entendemos como cultura material, sino del afianzamiento del alma del país y del sentimiento de pertenencia”, afirma. En ese sentido, el gestor cultural Miguel Molinari afirma que si bien el Ministerio de Cultura ha mostrado esfuerzos en la protección del patrimonio, así como la promoción de la diversidad y el apoyo a las artes, el gran reto sigue siendo desarrollar políticas públicas de largo plazo, vigentes más allá de los cambios de gestión. “El Perú posee una riqueza cultural excepcional que debe ocupar un lugar estratégico en la agenda nacional, entendiendo que la cultura fortalece la identidad y contribuye al desarrollo del país”, sostiene.

Como explica el abogado Iván La Negra, exviceministro de Interculturalidad entre el 2011 y 2013, el Ministerio de Cultura avanzó en sus políticas y gobernanza. “Sin embargo, no cuenta con la capacidad ni redes de apoyo suficientes para implementarlas eficazmente. Esto afecta tanto el cuidado del patrimonio como la vida artística y la valoración de nuestra diversidad cultural”, advierte. Santiago Alfaro apunta algunos avances puntuales, como la realización de la primera Encuesta Nacional de Lectura y la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040. Empero, afirma que el balance del quinquenio muestra significativos retrocesos en el cumplimiento de los objetivos y resultados de la Política Nacional de Cultura al 2030.

En tiempos de lives, redes sociales y algoritmos, incluso la máxima autoridad del Ejecutivo no puede ser ajena a la plaza pública digital. Cerrada la campaña electoral y asumido el cargo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha optado por reforzar su estrategia de comunicación en el ecosistema digital.

No es que haya abandonado la estrategia que ya empleaba durante la campaña, cuando su presencia en redes era también bastante activa. Pero, tal como lo apuntan especialistas consultados por El Comercio, sí se observa un tránsito: de una narrativa electoral orientada a convencer a una comunicación desde el poder que busca mostrar cómo gobierna. Y comunicar desde el poder también tiene sus propias reglas.

En conjunto, las principales redes sociales de Fujimori —Facebook, TikTok, X (antes Twitter) e Instagram— suman más de 7,7 millones de seguidores y todas han registrado un crecimiento. Las dos primeras, sin embargo, concentran más del 70% del total de su audiencia digital.

Según reportes de plataformas especializadas como Social Blade y Socialinsider [ver gráfica], el crecimiento en Facebook y TikTok comenzó durante la campaña electoral, tomó velocidad en el tramo decisivo de la segunda vuelta y continuó incluso cuando la disputa por los votos ya había terminado. Con Fujimori ya en Palacio de Gobierno, la curva no se detuvo: la audiencia siguió creciendo mientras la naturaleza de la comunicación empezaba a cambiar.

¿Qué hay detrás de esta estrategia comunicacional? El Comercio consultó a especialistas en comunicación, publicidad e innovación tecnológica para responder esta y otras preguntas claves. Sus respuestas apuntan a un mismo desafío: la estrategia digital puede acercar a la presidenta al ciudadano, pero esa cercanía tendrá que enfrentarse tarde o temprano a las exigencias de la gestión y la rendición de cuentas.

1. ¿Cómo definiría el estilo de comunicación que Keiko Fujimori viene mostrando desde que asumió la Presidencia de la República? ¿Qué diferencias observa entre la Keiko Fujimori candidata y la Keiko Fujimori presidenta? ¿Qué rasgos de su comunicación durante la campaña se han mantenido, cuáles han desaparecido y cuáles son nuevos?

2. ¿Qué lectura hace del uso que viene haciendo de los lives, las redes sociales y sus apariciones públicas? ¿Qué busca conseguir con estos formatos y qué ventajas y riesgos encuentra en esta forma de comunicarse con la ciudadanía?

3. ¿Cómo evalúa la relación que Keiko Fujimori viene estableciendo con la prensa desde que asumió la Presidencia? ¿En qué medida su apuesta por canales propios y formatos digitales complementa su relación con los medios y en qué medida podría estar reduciendo su exposición a preguntas incómodas de la prensa?

4. ¿Qué imagen de sí misma como presidenta considera que Keiko Fujimori está buscando proyectar a través de su comunicación? ¿Qué tan consistente es ese intento de posicionamiento y cuáles son sus principales puntos débiles?

El periodista Juan Torres, quien había puesto bajo la lupa las contrataciones y vínculos de la actual diputada de Fuerza Popular Jessica Navas, fue agredido por la pareja de la congresista. La agresión, ocurrida el 14 de julio del 2026, quedó registrada por cámaras de seguridad en Ucayali.

André Medina, el hombre captado en las imágenes como presunto autor del ataque, además de ser pareja de Navas, fue su abogado en el proceso judicial que la legisladora enfrenta por presunta malversación de fondos cuando fue directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, en el 2015, durante la primera gestión de Manuel Gambini como presidente regional.

La diputada ha trabajado en las dos gestiones de Gambini: 2014-2018 y 2022-2026. En este último período, dejó la gestión en octubre del 2025 luego de que un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio revelara que la fiscalía pidió cuatro años de cárcel en su contra por presunto desvío de fondos.

De acuerdo con la denuncia presentada por el comunicador ante la Divincri Ucayali, la pareja de la diputada Navas lo siguió en una camioneta y lo agredió físicamente junto con otro hombre. La placa del vehículo figura, según Sunarp, a nombre de Medina y de Navas.

“El señor bajó de su vehículo y vino hacia mi carro. Abrió mi puerta y quiso golpear. Yo inmediatamente traté de reducirlo, pero llegó su acompañante y me propinó golpes, patadas en el cuerpo y me estranguló para que Medina al fin lograse su cometido”, detalló Torres.

Según su versión, fue necesaria la intervención de un transeúnte. “Al ver que había personas presenciando el ataque, se subieron a la camioneta y no les importó pasar por la berma central de la vía para huir”, contó.

En diálogo con este Diario, Medina indicó que el hecho se produjo porque el comunicador le “cerró el pase”, acción que el periodista realizó luego de que la camioneta le dañara su espejo, según las imágenes de cámaras del lugar. “Yo bajo a reclamarle y él me agrede. Tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados”, argumentó. Sobre el presunto seguimiento, la pareja de la diputada fujimorista señaló: “Yo puedo transitar [por donde desee], ¿o acaso hay solo un sitio para transitar en Pucallpa?”.

En mayo del 2024, cuando Navas era gerenta territorial de Purús, en Ucayali, firmó la conformidad del servicio prestado por Medina como asesor legal en una obra ejecutada en esa provincia por S/4 mil. Navas indicó a este Diario que en aquel entonces todavía “no eran pareja”. Según el Portal de Transparencia, Medina acumuló contrataciones con el Gobierno Regional de Ucayali por un total de S/112 mil.

En julio pasado, el abogado acompañó a Navas en la celebración tras recibir oficialmente su credencial como integrante de la nueva Cámara de Diputados. Sobre el episodio de agresión, la diputada fujimorista descartó que tuviera alguna relación con las publicaciones del periodista sobre aquellos contratos.

Los primeros días de este gobierno vinieron entre aplausos y con mucha expectativa, pero también con algunos claroscuros. Los primeros mensajes fueron bien recibidos, los primeros viajes de la presidenta fueron positivos, algunos ministros han mostrado manejo y actitud, pero parte del Gabinete y muchos de los nombramientos de funcionarios vienen dejando dudas, sobre todo porque a estos últimos se les recluta a pesar de su pasado y de que formaron parte de la gestión que la presidenta calificó de desastrosa.

Adicionalmente, durante estos primeros días se ve un manejo de la gestión gubernamental en tres niveles: i) la presidencia, ii) cada uno de los ministros y iii) las bancadas oficialistas del Congreso, que muestran sus propias iniciativas y estrategias de comunicación, unas positivas y otras contraproducentes, pero que hasta ahora no convergen ni coordinan todo lo que deberían.

Por ejemplo: ¿la presidenta y el ministro de Cultura están de acuerdo con la propuesta del ministro de Justicia de que el LUM esté bajo su administración?

Esa coordinación y trabajo de equipo van a ser muy necesarios ahora que parece que esos primeros días de ilusión dejan paso a la realidad.

Los paros regionales han obligado al gobierno a plantear la solución más rápida y menos riesgosa socialmente: un subsidio (el segundo en 15 días de gobierno), pero las críticas, desde varios sectores, no se han hecho esperar. Y es que si bien baja la inflamación, no cura la enfermedad y genera un precedente. El riesgo es que las circunstancias pongan la agenda y el gobierno pierda la iniciativa.

Esa misma coordinación será necesaria para enfrentar a una oposición que en gran parte muestra los dientes y su rasgo más beligerante al querer interpelar ya a un ministro, querer derogar varias leyes aprobadas por el fujimorismo, y que no hará las cosas fáciles para la delegación de facultades.

Quizás por ello el gobierno no debería poner todos los huevos en la canasta de las facultades, y debería ya tener un plan B. Si no es así, el tema de la inseguridad también va a empezar a pasar factura muy pronto. No se trata de hacer los shows de Jerí, pero sí de mostrarle al país que se es consciente de la urgencia, que se trata de la primera prioridad para el gobierno, y que hay nuevas ideas y estrategias. Hasta ahora no se ve a la presidenta comandando esa lucha junto al ministro del Interior, que parece tener problemas al interior de la PNP.

La comunicación ayuda temporalmente, pero no reemplaza a la gestión, la ayuda y la potencia.

A siete semanas para las elecciones regionales y municipales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Bruce (Somos Perú) lideran la intención de voto para la alcaldía de Lima con 16% y 13%, respectivamente. Detrás de ellos están Daniel Urresti (Podemos Perú) con 9,5%, Francis Allison (Avanza País) con 9,3%, y Ricardo Belmont (Obras) con 8,3%, según la última encuesta de Datum Internacional para América Televisión.

López Aliaga lidera la lista de Renovación Popular, luego de la renuncia del médico Luis Rubio a su candidatura. El empresario fue candidato a la Presidencia y al Senado a inicios de este año. Fue elegido para ser representante en la cámara alta del Congreso, pero no recogió su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud de renuncia.

Rubio, en julio último, tenía 7,5% de intención de voto y no estaba en el pelotón que disputaba los comicios.

De acuerdo al estudio de opinión, difundido en “Cuarto Poder”, López Aliaga- quien, para evitar la prohibición de la reelección inmediata, se inscribió como postulante a teniente alcalde- tiene su mayor respaldo en la llamada Lima moderna (22,9%) y luego en Lima sur (19,7%). Su menor intención de voto se registra en los distritos del este de la capital (12,4%).

Bruce, actual alcalde de Surco, tiene mayor respaldo en Lima moderna con 25% de intención de voto y también en el centro y sur de la ciudad con 16,7% y 15,5%, respectivamente. En Lima norte, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento solo tiene 7,5% de apoyo, mientras que en Lima este, 8,2%.

En un segundo bloque, se ubican la excongresista Susel Paredes (Ahora Nación) con un 6,5% de intención de voto y el exministro de Salud y exalcalde de San Borja Alberto Tejada (Acción Popular) con 4%. Y por detrás de ellos, se ubican el alcalde de Ancón, Samuel Daza (Fuerza Popular) con 1,8% y Edgardo del Pomar (PPC) con 1%.

El voto blanco y viciado- según la encuesta de Datum- tiene 11,8% (en julio registraba 15,3%), mientas los indecisos son el 13,5% (el mes pasado eran 16,3%).

La renuncia de Rubio

El 60% de los encuestados opina que Rubio, presidente del Consejo Directivo Sistema Metropolitano de La Solidaridad, renunció a su postulación a la alcaldía de Lima para que López Aliaga “encabece” la lista municipal, mientras un 21% no sabe.

Solamente, el 19% cree que el doctor dio un paso al costado de sus intenciones electorales por motivos personales, como aseguró.

El punto de vista

El analista político Luis Benavente consideró que la campaña municipal, en las últimas semanas, podría “polarizarse” entre López Aliaga y Bruce, aunque no descartó que otro candidato, como Urresti, pueda entrar a la pelea.

“Podría polarizarse la campaña, los dos son candidatos fuertes, pero no descartaría a Urresti, es un postulante que ha quedado dos veces en segundo lugar. Tiene mucho voto popular y puso a bastantes alcaldes distritales por arrastre [en el 2022]”, manifestó el director de la consultora Vox Populi.

En comunicación con El Comercio, Benavente remarcó que la actual elección municipal en Lima es “ultra competitiva”, porque hay hasta siete candidatos con experiencia y peso propio.

Explicó que Bruce y Allison, actual alcalde de Magdalena, “compiten por el mismo voto”, el de una derecha liberal, mientras que López Aliaga por el de la derecha conservadora.

“Hay un 25% que no sabe, que votaría en blanco o en nulo. Es un porcentaje importante y puede haber cambios en las próximas semanas”, expresó.

Benavente sostuvo que el escenario donde las diferencias entre candidatos son cortas, los debates van a tener “una mayor incidencia”.

“En el 2014, Castañeda tenía el 50% de intención de voto y el segundo lugar 14%, pero el debate permitió que Enrique Cornejo tomé notoriedad. En el 2010, Susana Villarán y Lourdes Flores tuvieron un debate feroz. Villarán le llevaba 15% a Flores a una semana y al final ganó solo por décimas. El debate será crucial”, acotó.

La conformación del cuadro de comisiones ha marcado la primera diferencia entre la dos cámaras del Congreso: un Senado, con mayor experiencia, designando e instalando a sus presidentes; y una Cámara de Diputados, con menor experiencia, enfrentando una serie de pugnas para nombrar a sus máximos representantes, a pesar de que ellos son el primer filtro de estudio para los proyectos de ley.

Para la quincena de agosto, los diputados ya acumulaban 40 proyectos de ley ingresados a trámite, pero aún no habían instalado ninguna comisión dictaminadora. El único grupo de trabajo conformado, tras una serie de demoras, es el de la Comisión de Ética Parlamentaria, que canceló su primera sesión de trabajo programada para este lunes alegando un cruce de horarios con el pleno del Congreso. En la primera sesión de trabajo, dicho grupo tiene pendiente por ver el caso del legislador de Juntos por el Perú, Juan Pérez, quien fue detenido en flagrancia dentro de un inmueble en el distrito de San Miguel acusado de una presunta agresión contra su expareja.

La sesión plenaria convocada para el lunes también pone en duda el cuadro de instalaciones difundido durante la semana pasada, donde se informó que las comisiones de la Cámaras de Diputados iniciarían funciones entre el lunes 17 y miércoles 19 de agosto. Para este lunes 17, seis grupos de estudio tenían previsto el inicio formal de sus funciones.

De 16 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados (sin contar a la de Ética, que no es dictaminadora), 11 ya cuentan con presidencias casi definidas. Los cinco grupos de estudio restantes aún estaban pendientes de definiciones debido a pugnas internas en las bancadas de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Fuentes de ambas agrupaciones indicaron que existían diferencias entre las facciones por la repartición equitativa entre sus representantes.

Pese a las indefiniciones, ese Diario pudo conocer que, en Juntos por el Perú, Jesús Pérez era el diputado voceado para presidir la Comisión de Energía y Minas. Pérez Alccahuamán es un dirigente minero de la provincia de Antabamba, donde existe minería informal e ilegal centrada en la extracción de cobre. Además, es gerente de la Empresa Minera Vilsur S.A., desde 2024; y su hermano, Julio Pérez Alccahuamán, cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo.

Mientras que, en la Comisión de Constitución, la voceada de JP para la presidencia es Giannina Avendaño, abogada que en los últimos años trabajó en la Defensoría del Pueblo. También fue asesora de Roberto Sánchez, cuando este se desempeñó como ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Pedro Castillo.

Mientras que en Obras, las fuentes de la bancada indicaron que los voceados para presidir sus grupos eran: Demetrio Valqui, quien cuenta con estudios técnicos en industrias azucareras, en Desarrollo Agrario; y Luis Masco, quien se venía desempeñando en los últimos años como chofer de cargas pesadas, en Defensa del Consumidor.

Estas bancadas del bloque de izquierda tampoco no han querido adelantar los nombres de sus candidatos a presidentes, debido a los antecedentes que pudieran saltar sobre sus hojas de vida. El diputado Valqui, por ejemplo, consignó en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones haber afrontado un fallo de comparecencia restringida por tenencia ilegal de arma de fuego en agravio del Estado. Si bien al momento de postular estaba en la condición de jubilado, hasta 2013, Valqui trabajó realizando labores de seguridad en la Empresa Agroindustrial Pomalca, según su propia hoja de vida.

Por otro lado, Fuerza Popular apostó por la experiencia para sus presidencias. Cuatro de sus cinco designados ya han sido parlamentarios en la era unicameral, por lo que conocen el trabajo legislativos para dictaminar proyectos. La quinta presidencia ha sido encargada a Flor Meza, quien cuenta con experiencia como asesora parlamentaria en el último periodo 2021-2026.

Mientras que, en Renovación Popular, se apostó por los perfiles profesionales. Alexander Segura, excomando del operativo Chavín de Huántar, estará al mando de la Comisión de Defensa; mientras que Paola Martínez, abogada con experiencia como asesora parlamentaria, dirigirá la Comisión de Justicia.

Lo mismo se observó en Ahora Nación, quien tendrá a José Marcelo, economista de profesión, como cabeza de la Comisión de Economía. Según su hoja de vida, Marcelo se desempeñó, en 2025, como “especialista económico financiero” en la Municipalidad de Lima, y antes en la ATU y como gerente administrativo en la Municipalidad de San Marcos, el distrito de Áncash conocido como el más rico del país por el canon minero, que que registra una de las peores ejecuciones de recursos.

Ahora Nación tendrá el control de la Comisión de Economía, tanto en la Cámara de Diputados como en Senado. Para la Cámara Alta, su presidente designado será el excandidato presidencial Alfonso López Chau. Economista de profesión, el líder de Ahora Nación se desempeñó en los últimos años como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y fue director del Banco Central de Reserva durante el segundo gobierno aprista, designado por el Congreso de aquel entonces.

En la izquierda, Juntos por el Perú apostó para sus presidencias por Percy Osorio en la Comisión en Gestión del Estado y Contraloría; y por Hugo Ccahuana para la Comisión de Procedimientos Especiales. Ambos senadores registraron haber tenido sentencias civiles por pensión alimentaria. Además, Ccahuana en la campaña electoral contó el respaldo de los mineros de La Pampa, área donde miles extraen oro ilegalmente.

Otro presidente de JP es Andrés Ramos, quien encabezará la Comisión de Ética del Senado. Ramos Huillcas, quien también registra sentencia civil por pensión alimentaria, ha respaldado abiertamente la minería informal y cuestionado la presencia de “la gran minería”.

En Partido del Buen Gobierno, Susana Matute será la encargada de dirigir la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Mientras que Fuerza Popular designó a tres senadores con experiencia en periodos legislativos pasados. Solo está pendiente que oficialicen al titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, donde está voceado José Arista, exministro de Economía. Para este grupo de estudio, aún están a la espera de los miembros de la Cámara Baja pues, al tratarse de un grupo mixto, estará conformados por 38 integrantes divididos entre senadores y diputados. Por este primer año, la Cámara Alta -a través de Fuerza Popular- manejará el timón del grupo que se encargará de dictaminar el proyecto de ley del presupuesto 2017.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, designó a Christian Clemente Peralta Navarrete como nuevo secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Peralta Navarrete fue jefe de prensa de Fuerza Popular en el 2016 y también jefe de prensa del Congreso durante la presidencia de Daniel Salaverry.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 290-2026-PCM, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, luego de que la PCM señalara que el cargo se encontraba vacante y que era necesario designar al funcionario que asumiría dichas responsabilidades.

La resolución precisa que el nombramiento se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N.° 27594.

Con esta designación, Peralta Navarrete asumirá la conducción de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, órgano encargado de las funciones vinculadas a la comunicación del Poder Ejecutivo.

La resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, y dispone que el nombramiento sea registrado, comunicado y publicado.

El Congreso de la República aumentó en 15% el salario de sus trabajadores durante gestión de Fernando Rospigliosi como titular de ese poder del Estado, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, así lo señala una convención colectiva de trabajo suscrita entre el Parlamento y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) el 24 de noviembre del 2025.

En dicho acuerdo se acordó el incremento del salario en un 15% y bonificaciones por aproximadamente dos años. Además, el aumento en las remuneraciones rige desde enero del 2026.

“El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por cierto (15.00%) de las remuneraciones”, dice el documento.

El beneficio también alcanza a los trabajadores recién ingresados al Congreso bicameral. El convenio colectivo también contempla el incremento de otros beneficios económicos.

Entre ellos tenemos una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo (1 de mayo), equivalente a un 20% de una UIT, es decir, unos S/1,100, así como otra bonificación por el Día del Trabajador Parlamentario (22 de septiembre), por la misma cifra.

Con el nuevo incremento salarial, el gasto corriente del Parlamento superaría los S/1.134 millones en la actualidad. En el 2021 el gasto ascendía a S/402.9 millones y se elevó hasta los S/906.2 millones en el 2025.

Consultado por “Punto Final”, el ahora senador Fernando Rospigliosi afirmó que se trató de una decisión aprobada por la comisión que negoció con el sindicato y que la Mesa Directiva solo la acató.

“Fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato que yo suscribí. Conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión”, aseveró.

“Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”, sentenció Rospigliosi Capurro.

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La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) tiene un negocio textil en la ciudad de Huancavelica que opera sin tener la debida licencia de funcionamiento, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de un taller textil que funciona a puertas cerradas, fuera del radar de fiscalización y con la alta posibilidad de burlar los controles tributarios de la Sunat.

Además, no contaría con medidas de seguridad, ni con la verificación de estructuras e instalaciones eléctricas, y sin la constatación de poseer equipos de protección contra incendios.

El negocio en cuestión se ubica en la casa de la integrante de Juntos por el Perú (JP), ubicada en el jirón 5 de agosto del barrio San Cristóbal. El lugar fue promocionado por Palomino en uno de sus videos de campaña.

“No hay. No aparece, sino encantado”, dijo Macario de la Cruz, de la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al ser consultado sobre la existencia de la licencia de funcionamiento.

“No hay ninguna licencia con esa dirección”, añadió el funcionario municipal, quien advirtió que Catherin Palomino podría ser pasible de una sanción económica y la clausura de su negocio particular.

En tanto, para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, este hecho constituiría indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio contra la diputada de JP.

Cabe indicar que “Cuarto Poder” intentó comunicarse con la diputada, quien es asidua visitante del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate, pero evitó responder.

Días atrás el dominical difundió supuestos mensajes de WhatsApp atribuidos a la diputada de Juntos por el Perú con presuntos insultos hacia familiares del exmandatario, incluyendo expresiones ofensivas y advertencias de emprender acciones legales.

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que no hay manera de que un gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado de manera ilegal, referido a leyes sobre incremento de pensiones para maestros jubilados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP).

En entrevista con “Cuarto Poder”, señaló que las normas sobre el pago de pensiones aprobada por el Parlamento anterior “ponen en riesgo al país” en materia macroeconómica y violan la Constitución Política.

“No hay manera de que un gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado de manera ilegal. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro, declarando que es ilegal que el Congreso tenga iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas de mercado es que el Ejecutivo maneje el gasto y acá se viola la Constitución”, expresó.

“Por eso, como pensamos que eso es ilegal, no vamos a cumplir una ley ilegal y, para ello vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal, y, además, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, agregó.

Cuba mencionó que el Colegio de Economistas de Lima también presentará una denuncia ante el TC contra la ley que dispone aumento de pensiones de la PNP y las Fuerzas Armadas. “Vamos a esperar el fallo del TC y vamos a cumplir lo que el TC pida”, subrayó.

Tras insistir que no cumplirán lo que es “anticonstitucional e ilegal”, el titular del MEF advirtió que el aporte mensual o anual de los militares en actividad no alcanza para financiar a los que se encuentran en situación de retiro.

“No vamos a cumplir lo que es anticonstitucional e ilegal, y que además rompe el equilibrio fiscal y no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla sus promesas, que están en otro lado. La agenda no la puede poner un tercero; la pone el Ejecutivo que acaba de ganar”, acotó.

“Quiero ser bien claro, porque puede la gente tergiversar y, como te gusta que hable claro, voy a hablar claro. Hay dos tipos de pensionistas militares: los antiguos y los modernos, por decir algo. En los antiguos, el diseño que ya existe está determinado. Cada año hay menos activos y más pasivos, de tal manera que, por ejemplo, este año el aporte mensual o anual de los activos no alcanza para financiar a los pasivos”, sentenció.

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El diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú) estuvo recluido en el penal de Yanamilla (Ayacucho) tras ser detenido y denunciado por el delito de hurto agravado en el 2001, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, Pérez fue acusado de robar tres motosierras y otras herramientas que la ONG Winrock Internacional había donado a los agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Pérez fue recluido en el penal de Yanamilla el 18 de julio de ese año y excarcelado el 14 de diciembre. Pasó uno de sus cumpleaños en la cárcel y salió antes de navidad.

Tras ello, el Poder Judicial dispuso la inmediata liberación de Julián Pérez en aquella oportunidad por haberse dictado en su contra sentencia con ejecución suspendida.

Al ser consultado por “Panorama” sobre esta sentencia, que no declaró en su hoja de vida al momento de postular al Congreso en las pasadas elecciones generales del 2026, Pérez Mallqui guardó silencio.

El diputado de Juntos por el Perú afronta en libertad la investigación preliminar que la Fiscalía le abrió por la presunta agresión contra su expareja, luego de permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

Otras sentencias

El Comercio dio cuenta recientemente que el diputado por Cusco arrastra una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas. La sentencia quedó firme en enero del 2025.

La condena respondió a un accidente ocurrido en febrero del 2024, cuando Pérez atropelló a una madre y a su niña de 7 años en Pichari (Cusco). Pérez cumplió siete meses de prisión preventiva por ese caso.

La mujer víctima del atropello, Vilma Palomino, dijo al dominical Panorama que Pérez no ha cumplido con pagar los S/80 mil de reparación civil que le adeuda a ella y a su hija menor, quien ha quedado con secuelas.

A ese caso se suman una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida por falsa declaración y otra de dos años y seis meses de prisión suspendida por violencia familiar.

Las tres condenas las reportó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular a la Cámara de Diputados en los pasados comicios.

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La presidenta Keiko Fujimori reiteró que en los próximos días el Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso, a fin de lograr una mayor integración y cooperación en la lucha contra la delincuencia.

Durante una transmisión en sus redes sociales (TikTok y Facebook), la mandataria señaló que su Gobierno tomará “medidas fuertes” para fortalecer las instituciones y obtener una mayor coordinación entre ellas.

“Nuestro Gobierno tomará medidas fuertes sobre todo en el fortalecimiento de las instituciones y de una mayor coordinación, estamos ya articulando y en los próximos días presentaremos el pedido de facultades y eso va a permitir una mayor integración y cooperación de cara a la lucha contra la delincuencia”, expresó.

Fujimori Higuchi explicó que dichas facultades permitirán reforzar la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de mejorar el llamado Plan Escudo.

“Veo hoy unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, a una Policía Nacional del Perú más empoderada y eso quiero resaltar y valorar porque ellos son las personas que están en primera línea”, enfatizó.

Como se recuerda, Keiko Fujimori, en su primer mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, anunció que solicitará al Congreso de la República delegación de facultades para legislar en economía e inseguridad.

Posteriormente, el pasado 3 de agosto estimó que “la próxima semana debe estar presentándose” el proyecto de ley mediante el cual su Gobierno solicitará al Parlamento dichas facultades.

“Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley”, respondió en aquella oportunidad la jefa de Estado, al ser consultada por la prensa tras una visita de trabajo a Piura.

“Han habido retrasos en los nombramientos de, por ejemplo, los viceministros. Todavía han habido algunas trabas burocráticas, que estoy segura que se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto se sustentará todo este proyecto de ley”, agregó.

Cuatro días después, el 7 de este mes, Fujimori Higuchi reiteró el anuncio: “Calculo que en la próxima semana debe estar ya el texto por presentar al Congreso de la República y nosotros lo que esperamos es un debate amplio. Sabemos que, como es parte de la tradición, muchos de los ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias una vez que sean establecidas”.

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La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló ayer, luego de que su primera reunión fuera postergada en tres ocasiones. Tras elegir a su mesa directiva, el grupo de trabajo levantó la sesión sin abordar la polémica denuncia formulada contra Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido a su expareja en la comisaría de San Miguel.

En la sesión se decidió por unanimidad que Henry Albañil (Obras) sea presidente del grupo de trabajo por dos años (2026-2028), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), vicepresidenta, y Harvey Colchado (Ahora Nación), secretario. No hubo objeciones respecto de este último, pese a la investigación en su contra relacionada con el alquiler de un inmueble cuando era coronel de la PNP en actividad.

Luego, se definió que las sesiones de la Comisión de Ética Parlamentaria se realicen todos los lunes a las 4:00 de la tarde. Antes de levantar la sesión, Mery Infantes (Fuerza Popular) pidió que el caso de Julián Pérez Mallqui sea evaluado en la primera reunión del grupo de trabajo. Finalmente, la sesión fue levantada.

Tras este hecho, el presidente del grupo de trabajo fue abordado por la prensa, pues se esperaba que el caso de Pérez Mallqui fuera tratado en la comisión.

Albañil afirmó que la denuncia sería revisada en la primera sesión, programada para el lunes. Indicó que el caso pasaría a investigación, aunque evitó precisar los plazos.

“No va a haber ningún blindaje”, agregó. “Por supuesto, es el primer caso que vamos a ver. Eso ya está presentado formalmente”, dijo al ser consultado sobre la acusación contra el diputado de Cusco que fue intervenido unas 48 horas en San Miguel.

“Vamos a pasar a al etapa de investigación”, explicó.

Al asumir el liderazgo de la comisión, Henry Albañil enfatizó la importancia de mantener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública. “Vamos a dar la talla para cambiar la imagen que necesita nuestro Congreso”, puntualizó el legislador de Obras.

Por la mañana, el diputado de Juntos de Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, se refirió este viernes sobre la investigación que afronta por presunta agresión física, indicando que su expareja interpuso esta denuncia por “un tema de cólera”.

Negó las acusaciones. “Me hubiera gustado que el país me conozca no por este incidente confuso, que hoy lo vamos a tocar, sino por legislar y hacer proyectos de ley”, añadió.

El parlamentario indicó que el caso se trata de un hecho confuso.

Consultado por El Comercio, la defensa legal de la víctima, el abogado Juan Barrantes, refirió que lo dicho por el diputado “no es verdad”.

“Está tergiversando los hechos que sucedieron y está en el acta de intervención escrito. A parte se corrobora con la declaración de la víctima”, refirió.

Agregó que a Pérez Mallqui se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio. “No tiene todavía ninguna regla de conducta que tengamos conocimiento”, añadió.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presidió este domingo el tradicional Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno, como parte de las actividades oficiales desarrolladas en la sede del Poder Ejecutivo.

La ceremonia estuvo a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, unidad encargada de la escolta de la presidenta de la República.

Previamente, la mandataria sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien la acompañó durante el tradicional acto protocolar.

El Cambio de Guardia constituye una de las ceremonias tradicionales que se desarrollan en Palacio de Gobierno y forma parte de las actividades protocolares vinculadas a la seguridad y escolta presidencial.

La actividad se realizó este domingo 16 de agosto en Palacio de Gobierno, en el marco de la agenda oficial de la jefa del Estado.

La ley de presupuesto es uno de los hitos en el calendario parlamentario para lo que resta de 2026. El nuevo Congreso bicameral tiene hasta noviembre para revisar y aprobar el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo, pero en un flujo legislativo nuevo donde se requerirá de una doble mayoría simultánea.

El proyecto del Ejecutivo tiene que ser ingresado al Congreso de la República hasta el 30 de agosto. Mientras que la instancia parlamentaria cuenta hasta el 30 de noviembre para su aprobación, donde el texto dictaminado debe pasar por la ratificación en simultáneo de los plenos de la Cámara de Diputados y la del Senado.

El nuevo diseño bicameral estable que la comisión dictaminadora de la ley de presupuesto será conformada tanto por senadores por diputados, con hasta 38 miembros, según explicó Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados. Para este primer año, el Senado tendrá la presidencia que estará en manos de Fuerza Popular y el voceado es José Arista, exministro de Economía.

La comisión mixta tendrá una labor conjunta hasta el debate en el pleno, que se estima desde el 15 de noviembre. Sin embargo, el reglamento establece que la aprobación en el hemiciclo se realiza por mayoría contabilizando por separado los votos de senadores y diputados.

El reglamento cuenta con un vacío respecto al escenario en donde una de las dos cámaras no obtenga la mayoría para aprobar la referida ley. Sin embargo, los especialistas en asuntos parlamentarios, Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi, recordaron que el reglamento que, si el texto final no se aprueba hasta el 30 de noviembre, se puede promulgar por decreto legislativo del proyecto original del Ejecutivo.

“Ello otorga al Poder Ejecutivo una posición de reserva fuerte: si la negociación del Anexo 5 se desborda, dejar caer la votación, y le devuelve su proyecto limpio, sin las incorporaciones parlamentarias. Este dato debe formar parte del cálculo de cualquier estrategia de incidencia presupuestal”, explicó Cabrera.

Para Rospigliosi, si bien existe un nuevo diseño, se mantendrán las “viejas mañas” del sistema unicameral respecto al Anexo 5, el cual funciona como un bolsón de proyectos de inversión que negocian los parlamentarios con autoridades regionales y locales.

En ese contexto, existen actores claves que el nuevo Congreso que cuentan con la experiencia de haber estado del otro lado, ocupando cargos como gobernadores o alcaldes. En el Senado, tres parlamentarios de Fuerza Popular tienen experiencia como gobernadores -entre ellos, el propio José Arista, exgobernador de Amazonas-; mientras que, en la Cámara de Diputados, cuatro legisladores fujimoristas han sido exalcaldes.

“Los exalcaldes y exgobernadores saben el detalle de cómo funcionan los códigos únicos de inversión de las obras, y con esa experiencia se manejarán como pez en el agua en el debate y negociación de esta ley. Por eso Fuerza Popular se ha preocupado por luchar la presidencia de la comisión especializada en el Senado”, indicó Rospigliosi.

Cabrera añadió que estas exautoridades subnacionales ya no dependen de que un gobernador o alcalde le “acerque” el proyecto, pues portarán su propia lista. “La negociación del Anexo 5 con el MEF será técnicamente más sofisticada y, previsiblemente, más voluminosa”, advirtió el director de IPOC Consultores.

Los senadores regionales también se configurarán como articulares territoriales, pues la canalización de proyectos de inversión para su región será más directa, y se convertirán en una especie de sucesor funcional del gobernador o alcalde en la interlocución del debate parlamentario. “El padrinazgo que la prensa documentó como práctica informal adquiere ahora un canal institucional con titular identificable”, apuntó Cabrera.

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, convocó a una sesión del pleno para este lunes 17 de agosto con el fin de debatir la conformación de la Comisión Permanente a las 4 p.m. horas en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

Según la agenda oficial, los legisladores determinarán el número de integrantes de este órgano colegiado de control. Asimismo, se tiene previsto definir la cantidad de miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el presente ejercicio legislativo, conforme a lo estipulado en el reglamento.

Previo al debate en el pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo para coordinar los temas de la jornada. Este proceso ocurre tras el inicio de la nueva legislatura, donde se busca operativizar las funciones de fiscalización y legislación mediante la designación de cuadros proporcionalmente representativos.

La normativa vigente indica que la Comisión Permanente debe estar integrada por un número igual de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras. Además, el reglamento especifica que el total de sus miembros no puede exceder el 20% del número total de representantes que integran el Congreso de la República.

La Comisión Bicameral de Presupuesto también seguirá criterios de pluralidad y proporcionalidad en su composición. Sus integrantes, designados según las facultades de cada cámara, serán los encargados de revisar los asuntos fiscales y de gasto público durante el periodo anual de sesiones que recién comienza.

Este debate se produce tras una semana de actividades dedicadas a la instalación de los grupos de trabajo ordinarios de la Cámara Alta. Mientras el Senado ha concretado gran parte de este proceso de organización interna, la Cámara de Diputados se prepara para iniciar sus propias sesiones de constitución técnica durante la próxima semana.

Entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, el Senado instaló diversas células legislativas. El jueves se constituyeron grupos como Constitución, bajo la presidencia de Carlos Mesía, e Inteligencia, liderada por Fernando Rospigliosi. El viernes se sumaron comisiones como Economía con Alfonso López Chau, Justicia con Katherine Ampuero y Salud con Susana Matute.

Por su parte, la Cámara de Diputados tiene programada la instalación de sus comisiones ordinarias para los días martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de agosto. Entre las primeras en entrar en funciones el martes figuran las de Defensa Nacional, Acusaciones Constitucionales, Trabajo, Producción y Justicia, tras la aprobación previa del cuadro nominativo de sus integrantes.

Como era de esperarse, aderezó su reaparición pública con frases cachacientas. La policía y los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar le han dado motivos para ello. La escasa voluntad política para capturarlo y la inoperancia de los altos mandos policiales se conjugaron a su favor. Si contó o no con cómplices de alto nivel en esta prolongada fuga, es un misterio que, probablemente, quedará sin resolver.

En las últimas elecciones generales, el antiguo aliado de Pedro Castillo –quien postuló a la presidencia a pesar de estar prófugo– cosechó un magro 0,6%. En Junín, región que tuvo la mala fortuna de padecerlo como gobernador regional, solo votaron por él 13 mil ciudadanos, apenas el 2% de los votos válidos.

Perú Libre ha quedado reducido a un club de amigos con un local propio en Breña, espacio que utilizarán para reunirse de vez en cuando y recordar con nostalgia los viejos tiempos cuando tenían poder. Han perdido la inscripción partidaria. Quizá, con mucho esfuerzo, logren recuperar el registro ante el JNE; el protagonismo político, en cambio, no volverá. La gente no olvidará los antecedentes de su líder ni la deplorable actuación de su bancada en el quinquenio pasado.

Ya no dispondrán de los fondos públicos que les permitieron solventar sus panfletos y encuentros proselitistas que camuflaban como actividades de capacitación. Waldemar Cerrón deberá buscar un mecenas que financie los versos que fluyan de su dudosa inspiración romántica. Y deberán pagar de su propio bolsillo las refacciones que requiera su local partidario.

La reaparición de Cerrón no es más que la ceremonia fúnebre de un partido condenado a la extinción. El espacio y bolsón electoral que alguna vez tuvo Perú Libre pertenece ahora a otras agrupaciones. El fin de su clandestinidad no es más que un triste recordatorio de que la viveza y la impunidad siguen reinando en nuestro país.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos que le permiten avanzar con medidas y reformas sin depender exclusivamente de una eventual delegación de facultades por parte del Congreso.

“Tenemos instrumentos que podemos usar más allá de la delegación de facultades”, señaló Sheput durante una entrevista con RPP Noticias, al ser consultado sobre las alternativas con las que cuenta el Ejecutivo para impulsar sus medidas.

En ese sentido explicó que se podría “llevar una misiva a la Cámara de Diputados, indicándole que se traten estos proyectos con carácter de urgencia”.

“La Constitución y el reglamento dicen que tienen prioridad sobre cualquier otro tema. Entonces, tenemos instrumentos que podemos usar más allá de la delegación de facultades”, precisó.

Sheput explicó que pidió a los parlamentarios tener un “ánimo de colaboración” porque hay sentido de urgencia.

“Los tiempos parlamentarios nos llevarían hasta después del Fenómeno El Niño si vamos a entrar a comisiones y debates”, expresó.

Essalud

El ministro también se refirió a la situación de EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Consultado sobre el reemplazante del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, indicó que todavía no se ha definido quién ocupará el cargo.

“Todavía está en proceso de evaluación. Queremos tener un presidente ejecutivo para todo el período. En el caso (de la salida) del doctor Moreno, y de muchos presidentes ejecutivos que en los últimos cinco años han sido 12, esto se debe a la grave crisis que atraviesa EsSalud”, dijo.

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“EsSalud está saliendo de UCI. Está estable y está mejorando gracias a la gestión de Hilda Sandoval”, agregó.

Sheput sostuvo que el trabajo de Sandoval viene siendo bueno, por lo que no descarta que se ella quien pueda ocupar el cargo de presidenta ejecutiva de Essalud.

“Podría ser. Es decisión de la presidenta y del premier. Si lo conversan conmigo, con gusto. Si la presidenta ve que la gestión es eficiente, hablará con el premier, conversarán conmigo y se nombrará. Pero eso no lo puedo adelantar porque está en un proceso de evaluación, como muchos otros”, apuntó.

Finalmente, Sheput descartó que sea necesario declarar en emergencia el sector salud, ya que a su parecer, está mejorando poco a poco.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió a los cuestionamientos que enfrenta en el Congreso por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen como objetivo proteger los intereses particulares de la empresa, sino combatir a las organizaciones criminales que operan en Pataz.

“Nosotros no estamos ahí para chalequear a Minera Poderosa. Ese no es el caso”, afirmó Belaunde durante una entrevista con RPP Noticias, al ser consultado sobre la presencia de las FFAA en la zona y si dentro de sus funciones se encontraba brindar seguridad a la compañía minera.

El ministro sostuvo que el estado de emergencia en Pataz tiene como finalidad enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona y que utilizan armas de fuego, extorsionan, cometen sicariato y perpetran ataques contra personas e instalaciones.

“Nosotros estamos ahí para atacar, con todo el rigor que permite la ley, a las organizaciones criminales”, afirmó.

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Belaunde señaló que, debido a su cargo, ha tenido acceso a información de inteligencia sobre la situación en Pataz y describió un escenario marcado por la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados a las economías ilegales.

El titular de Defensa recordó, además, el asesinato de 13 personas dentro de un socavón, episodio que, según sostuvo, evidencia el nivel de violencia que enfrentan quienes trabajan en la zona.

Niega protección a minera

Consultado específicamente sobre si existen efectivos de las Fuerzas Armadas destinados a custodiar instalaciones, campamentos o plantas de Minera Poderosa, Belaunde respondió que no.

“No hay efectivos destacados para mantener la seguridad en instalaciones, campamentos o plantas de la mina. Hay un despliegue en la provincia de Pataz”, explicó.

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El ministro precisó que las Fuerzas Armadas pueden realizar patrullaje en la vía pública, labores de inteligencia e intervenciones contra actividades clandestinas, como parte del estado de emergencia.

También explicó que existe control sobre el tránsito de vehículos que transportan mineral, con el objetivo de monitorear el flujo de los volquetes y evitar la salida de mineral robado.

Belaunde remarcó que las diferencias entre Minera Poderosa y los mineros informales son un asunto distinto a la misión de las Fuerzas Armadas.

Según explicó, esos conflictos deberán ser abordados mediante una negociación entre las partes, eventualmente con la participación del Ministerio de Energía y Minas.

Posible interpelación en el Congreso

Las declaraciones del ministro se producen luego de que la bancada de Juntos por el Perú presentara una moción de interpelación contra él en la Cámara de Diputados.

El pliego contiene 43 preguntas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, las medidas destinadas a evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera. También incluye preguntas sobre la estrategia de seguridad en Pataz y la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares.

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Entre los cuestionamientos se encuentran además las referencias a los vínculos de Belaunde con Eva Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, quien realizó un aporte a la organización política con la que el actual ministro postuló a la Presidencia.

Frente a ello, Belaunde negó haber recibido dinero de Arias o de Minera Poderosa y explicó que el aporte realizado por Arias fue a título personal y a favor del partido político, no de la empresa.

“No son aportes de una empresa a una persona. Yo no he recibido un centavo ni de la señora Arias ni de Minera Poderosa”, dijo.

“La señora Eva Arias tenía afinidad, más que conmigo, con Mario Vargas Llosa. Se inscribió en el partido y decidió colaborar, a título personal, financiando al partido político, como también lo ha hecho con otros partidos políticos. Eso está publicado en el reporte de la ONPE, todo está sobre la mesa”, aseguró.

El ministro también negó haber tenido una relación comercial o laboral con Minera Poderosa.

Un acto de control político legítimo

Belaunde señaló que una posible interpelación “es un acto de control político absolutamente legítimo”, y que él puede responder por sus 17 días en el cargo.

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“Esto es un acto de control político absolutamente legítimo. Si juntan los 44 votos en el Congreso, tendré que ir y responder el pliego interpelatorio y no tengo ningún problema”, remarcó.

Afirmó que, por ahora, considera necesario que las Fuerzas Armadas mantengan bajo su mando el estado de emergencia en Pataz para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona.

El ministro insistió en que la actuación militar debe desarrollarse con “la mayor severidad posible”, pero siempre dentro del marco de la ley y la Constitución.

Una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados. Se trata de la primera que afronta el Ejecutivo en menos de un mes de gestión.

El pliego contiene 43 preguntas dirigidas al titular del Ministerio de Defensa sobre el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, así como sobre las medidas para evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera.

También se le consulta sobre su estrategia de seguridad en Pataz, la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares, entre otros temas.

“¿Cómo diferencia el Ministerio de Defensa a los mineros artesanales en proceso de formalización de la minería ilegal y las organizaciones criminales?”, se lee en una de las preguntas.

En otra interroga: “¿Qué coordinación mantiene con el Ministerio de Energía y Minas respecto del REINFO y del proceso de formalización minera?”.

Si bien el pliego incluye preguntas sobre sus vínculos con Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, también pone especial énfasis en una agenda favorable a la minería informal.

Para que la moción sea admitida a debate, debe obtener el respaldo de, al menos, un tercio del número legal de diputados hábiles en el pleno. El área de Trámite Documentario recibió la moción el último viernes.

El Ministerio Público oficializó cambios en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, luego que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hablara de una reestructuración del subsistema.

A través de la Resolución Nº 2399-2026-MP-FN, se nombró a la abogada Sara del Socorro Alvarado Cabrera como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Alvarado Cabrera, quien se desempeñaba como fiscal provincial en Lambayeque, ha sido asignada a la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Este cambio se basa en un informe emitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos donde se indica la necesidad de continuar con una reestructuración que garantice la probidad y eficacia en la conducción de las indagaciones fiscales.

Asimismo, el despacho nacional designó al abogado Renzo Luis Cépeda Oliva como fiscal adjunto superior provisional en la misma fiscalía superior nacional de lavado de activos. Previamente, se dio por concluido su nombramiento como fiscal adjunto provincial provisional y su destaque en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en la misma materia.

Las resoluciones se fundamentan en las facultades del Fiscal de la Nación para nombrar fiscales provisionales y dirigir la política institucional del Ministerio Público. El texto legal precisa que la provisionalidad es una situación fáctica que no genera mayores derechos que los inherentes al cargo desempeñado.

La norma también dispone que los magistrados nombrados realicen la entrega de cargo correspondiente según las directivas internas de la institución. Además, se notificó de estas decisiones a la Junta Nacional de Justicia y a las coordinaciones nacionales de lavado de activos y criminalidad organizada para su ejecución inmediata.

Otras disposiciones en el Ministerio Público

Finalmente, el Ministerio Público designó a Cecilia Julia Huaycochea Núñez de La Torre como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Estas disposiciones legales, refrendadas por Gálvez Villegas, buscan asegurar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio fiscal en diversas regiones del país.

A inicios de este mes, Tomás Gálvez adelantó que realizaría una reorganización total del sistema tras calificar su desempeño como un fracaso. Según el fiscal de la Nación, el subsistema inició investigaciones por hechos no delictivos y, en ciertos casos, realizó persecuciones políticas. Mencionó que se cambiaría a la gran mayoría de fiscales para evitar que se repitan situaciones similares a los procesos contra Keiko Fujimori u Ollanta Humala.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, en el Palacio de Gobierno para coordinar acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana, como la mandataria había anunciado que lo haría en eventos oficiales esta semana.

En la sesión participaron también el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La cita permitió a los representantes de ambos poderes del Estado evaluar estrategias operativas inmediatas para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado.

#Ahora La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostiene reunión de trabajo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Participa el primer ministro y los titulares de Interior, Defensa y Justicia.

Se abordan acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana y… pic.twitter.com/5x95LPhfL6

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 15, 2026

El contexto de esta reunión responde a la necesidad de implementar políticas de Estado integradas que permitan enfrentar flagelos sociales como la extorsión. El Poder Judicial ha manifestado previamente su disposición para mantener una colaboración estrecha que facilite la aplicación de planes preventivos y sancionadores a nivel nacional mediante un trabajo interinstitucional.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Flagrancia Delictiva. Asimismo, se abordaron aspectos presupuestales necesarios para el despliegue del plan de implementación de unidades contra la extorsión y delitos conexos, amparados en el Decreto Legislativo 1735.

La agenda también incluye temas vinculados al presupuesto para el despliegue del plan de implementación de las unidades de extorsión y delitos conexos, DL. 1735, así como temas referidos a los trabajadores del Poder Judicial: cuarto tramo salarial del régimen laboral 728 y el…

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 15, 2026

La magistrada Janet Tello también incluyó en la discusión temas referidos a las demandas de los trabajadores del Poder Judicial. Específicamente, se trató el cumplimiento del cuarto tramo salarial para el personal del régimen laboral 728 y el proceso de pase de los trabajadores bajo la modalidad CAS a dicho régimen.

Durante el encuentro, Keiko Fujimori subrayó que estas coordinaciones se realizan bajo el absoluto respeto a la autonomía e independencia de los poderes del Estado. La jefa de Estado enfatizó la importancia de que todas las instituciones colaboren para que el sistema de justicia tenga una mejor capacidad de respuesta ante la delincuencia.

Durante la reciente ceremonia por el Día del Juez, Janet Tello manifestó su preocupación por voces que alientan la intervención del sistema judicial. La magistrada suprema advirtió que los ataques hacia la judicatura y las diatribas recientes contrastan con el juramento de respeto a la independencia de poderes realizado por el Ejecutivo.

Tello rechazó los procesos disciplinarios contra magistrados que aplican el control difuso para inaplicar leyes cuestionadas del Congreso. Finalmente, defendió el derecho de los jueces a resolver libres de presiones políticas, señalando que la independencia es una garantía irrenunciable para la protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder.