La ley de presupuesto es uno de los hitos en el calendario parlamentario para lo que resta de 2026. El nuevo Congreso bicameral tiene hasta noviembre para revisar y aprobar el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo, pero en un flujo legislativo nuevo donde se requerirá de una doble mayoría simultánea.

El proyecto del Ejecutivo tiene que ser ingresado al Congreso de la República hasta el 30 de agosto. Mientras que la instancia parlamentaria cuenta hasta el 30 de noviembre para su aprobación, donde el texto dictaminado debe pasar por la ratificación en simultáneo de los plenos de la Cámara de Diputados y la del Senado.

El nuevo diseño bicameral estable que la comisión dictaminadora de la ley de presupuesto será conformada tanto por senadores por diputados, con hasta 38 miembros, según explicó Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados. Para este primer año, el Senado tendrá la presidencia que estará en manos de Fuerza Popular y el voceado es José Arista, exministro de Economía.

La comisión mixta tendrá una labor conjunta hasta el debate en el pleno, que se estima desde el 15 de noviembre. Sin embargo, el reglamento establece que la aprobación en el hemiciclo se realiza por mayoría contabilizando por separado los votos de senadores y diputados.

El reglamento cuenta con un vacío respecto al escenario en donde una de las dos cámaras no obtenga la mayoría para aprobar la referida ley. Sin embargo, los especialistas en asuntos parlamentarios, Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi, recordaron que el reglamento que, si el texto final no se aprueba hasta el 30 de noviembre, se puede promulgar por decreto legislativo del proyecto original del Ejecutivo.

“Ello otorga al Poder Ejecutivo una posición de reserva fuerte: si la negociación del Anexo 5 se desborda, dejar caer la votación, y le devuelve su proyecto limpio, sin las incorporaciones parlamentarias. Este dato debe formar parte del cálculo de cualquier estrategia de incidencia presupuestal”, explicó Cabrera.

Para Rospigliosi, si bien existe un nuevo diseño, se mantendrán las “viejas mañas” del sistema unicameral respecto al Anexo 5, el cual funciona como un bolsón de proyectos de inversión que negocian los parlamentarios con autoridades regionales y locales.

En ese contexto, existen actores claves que el nuevo Congreso que cuentan con la experiencia de haber estado del otro lado, ocupando cargos como gobernadores o alcaldes. En el Senado, tres parlamentarios de Fuerza Popular tienen experiencia como gobernadores -entre ellos, el propio José Arista, exgobernador de Amazonas-; mientras que, en la Cámara de Diputados, cuatro legisladores fujimoristas han sido exalcaldes.

“Los exalcaldes y exgobernadores saben el detalle de cómo funcionan los códigos únicos de inversión de las obras, y con esa experiencia se manejarán como pez en el agua en el debate y negociación de esta ley. Por eso Fuerza Popular se ha preocupado por luchar la presidencia de la comisión especializada en el Senado”, indicó Rospigliosi.

Cabrera añadió que estas exautoridades subnacionales ya no dependen de que un gobernador o alcalde le “acerque” el proyecto, pues portarán su propia lista. “La negociación del Anexo 5 con el MEF será técnicamente más sofisticada y, previsiblemente, más voluminosa”, advirtió el director de IPOC Consultores.

Los senadores regionales también se configurarán como articulares territoriales, pues la canalización de proyectos de inversión para su región será más directa, y se convertirán en una especie de sucesor funcional del gobernador o alcalde en la interlocución del debate parlamentario. “El padrinazgo que la prensa documentó como práctica informal adquiere ahora un canal institucional con titular identificable”, apuntó Cabrera.

El problema no es Catherin, es Pedro. Él la lanzó a la política y al candelero de esta semana. Lo repito aquí desde el 2021: Castillo le hace caso a la última persona con la que habla, por más sonso y contradictorio que suene aquello. En Palacio, los traidores y leales entraban y salían por una suerte de puerta giratoria que en diciembre del 2022 se trasladó al penal de Barbadillo.

Catherin Palomino Casavilca, abogada Huancavelica, entró a Barbadillo como activista del partido Todos Con el Pueblo, con el que Pedro quería postular en el 2026 (no llegó a inscribirlo a tiempo y, por eso, pactó con Roberto Sánchez de JP). Unas visitas más tarde, Catherin salió por la puerta giratoria como pareja sentimental, según los chats que reveló “Cuarto Poder” (CP) el pasado domingo 9. Para muestra, un mensaje escrito desde su número verificado por el programa: “Respecto de mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme”.

La reacción de Catherin fue la de quien admite sin querer: no participó en el reportaje, rechazó los chats dando a entender que intervinieron su teléfono y no se dejó entrevistar por un medio independiente, sino que acudió al programa de José Domingo Pérez, que se comportó como si fuera su abogado. He visto la entrevista, absolutamente parcializada. Allí, Catherin dijo: “Quieren sexualizar mis visitas a PC. Yo he sido su abogada”. Y soltó lo de su número intervenido. Si tienes con qué defenderte, no vas dónde un cómplice, vas dónde un inquisidor.

Pero Catherin no tiene que defenderse de un supuesto romance admitido en un chat. Respecto a ello, van mis respetos a su libertad y dignidad femenina. Tiene que responder por el aprovechamiento político y abuso de poder que estaría detrás de este lío. No lo dice CP, sino, por lo menos, dos familiares de Pedro. Su sobrino Jaime Vásquez Castillo lo espeta a cara descubierta, agitando una carta notarial que le ha enviado la diputada amenazándolo con enjuiciarlo. Y una fuente protegida, una familiar de Pedro, permitió la reproducción de este mensaje que le habría enviado Palomino: “Qué puedo esperar de alguien fea, vulgar y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (…). No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”.

Insisto en que el problema no es Catherin, es Pedro y la palanca que da, como líder preso y atrabiliario que es, a novatos ambiciosos. El ala sanchista de JP, de mayor catadura política, tiene la oportunidad de equilibrar esta implosión del castillismo (la semana pasada fue Julían Pérez Mallqui, detenido en flagrancia por supuesta violencia contra su ex pareja, ahora Catherin), con mayor presencia y vocería. Pero aquí hay otra tensión dentro de la tensión mayor: aquella entra la familia de Pedro y las amistades de Pedro, que dejaron de ser los maestros, pues casi todos lo traicionaron. Ahora son los activistas que con el cuento de ayudarlo en su defensa y en sus planes políticos, lo visitaron desde el 2023 hasta colocarse en alguna lista o candidatura subnacional. Se cumplió lo que pronosticábamos acá: el propio Roberto Sánchez iba a quedar sorprendido con lo que Castillo le metía en la lista.

No son los sanchistas sino la familia de Pedro la que reacciona a Catherin. No especulen que el objeto de los insultos del mensaje negado por Catherin, sea la esposa del ex presidente, Lilia Paredes. Podría tratarse de una hermana de Pedro u otro familiar directo o indirecto (en Willax declaró Elisa Castillo, hermana de Pedro, asumiéndose la agraviada).

El asunto es que cuando te amenaza un congresista en nombre de la fuerza que cree que le da su líder, ah caramba, puede configurarse un abuso de poder que llegue, antes que a la Comisión de Ética, a un debate dentro de la tumultuosa bancada. En el senado, el castillismo ha tomado la vocería, forzando la designación de José Castillo Terrones, pero en diputados manda el sanchismo con su cuadro Ernesto Zunini. Tendrán que poner en vereda a Catherin.

Pedro defiende a Catherin negando una relación íntima y amenazando al sistema con develar la historia secreta del poder vista desde Barbadillo. ¡Cumple tu promesa Pedro, danos brutalidad! Catherin, en la entrevista con José Domingo, también enfiló contra el sistema y sus medios mermeleros que la discriminan porque, según ella, es una chola alegosa. Pero su problema ya no será con la prensa que expuso su caso, sino con el resto de su bancada, tanto de castillistas como sanchistas, que no serán tan complacientes como ella como lo fue José Domingo Pérez, y recelarán de su cercanía al líder preso. Catherin juega con fuego.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, plantea que el Perú aproveche el actual contexto político regional para promover una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). A su juicio, el actual escenario representa “una oportunidad de oro” para impulsar cambios en el sistema, una propuesta que será planteada a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Lejos de apostar por el retiro del Perú del sistema, su postura apunta a que se promueva una reforma.

En entrevista con El Comercio, Álvarez también hace un diagnóstico del Ministerio de Justicia que ahora le toca dirigir, explica la reforma del sistema penitenciario que se promoverá y detalla el camino que seguirá el pedido de facultades legislativas que se alista a presentar ante el Congreso. Asimismo, señala que se evaluará incluir en estas últimas una modificación a la norma que, según sostiene, está siendo mal utilizada para permitir visitas nocturnas al penal de Barbadillo, reveladas por la prensa.

— Varios de sus colegas ministros han denunciado públicamente irregularidades detectadas durante el proceso de transferencia. Su caso es particular porque usted fue parte de uno de los gobiernos anteriores. ¿Ha identificado alguna irregularidad en el Ministerio de Justicia que considere necesario denunciar o esclarecer públicamente?

Los conductos legales ya están siendo articulados. Pero se puede mencionar, por ejemplo, que el anterior gobierno no nos ha dejado dinero ni para limpieza ni para seguridad. Y el dinero que se había presupuestado se acabó el 30 de junio. Por tanto, ahora tenemos personal de limpieza que prácticamente nos está prestando sus servicios, literalmente, porque aspiran a que puedan reengancharse y continuar ejerciendo su labor. Algo similar pasa con la vigilancia. Como ustedes habrán visto, prácticamente no hay vigilancia. Es una situación absolutamente anómala que, obviamente, se refiere a una exacerbación de la provisionalidad. Porque una cosa era tener una vicepresidenta como Dina Boluarte; otra cosa era tener un presidente del Congreso como José Jerí. Pero ya el tema de que caiga por una censura y no por una vacancia y que, por poco tiempo, asuma otra persona, y ahora sí vinculada a la extrema izquierda, prácticamente ha permitido que personas extrañas al Estado y, claro, absolutamente divorciadas de los principios que rigen el sector público, como el de austeridad o como el de un sentido del deber, puedan haber manejado ministerios y sectores que son de mucha importancia. Si a Justicia le pasa esto, no sé qué más habrá podido encontrar Interior y Defensa, por ejemplo, que son sectores sumamente delicados.

— ¿La crisis política de los últimos años, y que todos los peruanos hemos visto, ha afectado incluso operativamente a los ministerios?

Y no solamente a los ministerios. Al INPE, por ejemplo. El INPE tiene graves problemas de financiamiento y de sentido del deber, muchas veces, porque han cambiado directores y autoridades dentro de los penales prácticamente a discreción, muchas veces, de bandas criminales. Entonces, la situación es absolutamente irregular. No es que haya malos funcionarios en algunos lugares, sino que son parte del otro bando. Felizmente, tenemos algunos funcionarios que hasta la fecha siguen manteniendo sus puestos y son los primeros que nos han ido informando y señalando algunas posibles soluciones.

— ¿Cuál es su diagnóstico entonces del estado en el que ha encontrado el Ministerio de Justicia?

Igual que [lo dijo] la presidenta: es un Estado catastrófico. No tenemos dinero, por ejemplo, para cosas elementales. No hay para los baños, para la limpieza de baños, jabón, etcétera. Y eso habla de mal manejo. O sea, si la gente que estaba ha hecho desaparecer el dinero de limpieza, no quiero pensar qué ha sucedido con la cooperación internacional o con los fondos de otros subsectores y otras entidades, donde posiblemente alguien que no tiene experiencia en el manejo del Estado, o que no tiene prejuicios para aventurarse, pudo haber pensado que no se iba a notar. Todas estas cosas van a ir saliendo, pero de a poco. Porque paralelamente estamos urgidos del tema de la delegación de facultades, estamos urgidos de controlar penales, de conseguir los cuadros directivos, y eso demanda un esfuerzo considerable.

— Básicamente, entonces encontró un ministerio en crisis…

Sí, pero tampoco esperábamos un ministerio en bonanza. Y eso habla de una conclusión que los electores deben conocer. La inestabilidad política genera no solamente una pésima gestión pública, sino que termina perjudicando a los propios ciudadanos.

— Su olfato político, su olfato como especialista en derecho, ¿qué le indica? ¿Corrupción, malos manejos o ineficiencia en el Estado?

Son las tres cosas. Por ejemplo, hay casos de investigación interna, casos de corrupción, casos en los que evidentemente no pudo haber sido simplemente negligencia. Pero tenemos que efectuar las denuncias penales de una manera inmediata. Claro, entregando los medios de prueba, pero al mismo tiempo denota una severa crisis de gestión.

— ¿Ya se han formulado denuncias penales por esto que me está comentando?

Eso está siendo trabajado.

— Muchas de las iniciativas, lamentablemente, quedan en el tintero por la constante salida de ministros y la inestabilidad que ha marcado los últimos gobiernos. ¿Cuál será la principal prioridad de su gestión y qué espera dejar para el ministerio y para el país?

Lo primero es un ministerio eficiente que sirva de verdadero asesor jurídico del Gobierno. Lo segundo es cumplir con cada uno de los objetivos que tienen las dos ramas, el Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos. Tenemos pendiente el posicionamiento del Perú pro reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos pendiente la reforma del INPE y de todo el sistema penitenciario, con todo lo que eso significa. […] Luego, en lo inmediato, establecer una especie de concordia, de conciliación entre la Policía y el Ministerio Público, para que exista un solo protocolo para el inicio y desarrollo de la investigación preliminar. Porque ambos, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, todavía siguen con algunas observaciones, con alguna disonancia entre ellos, y esa labor es vital. Luego viene el tema de la flagrancia. El subsistema de flagrancia es defendido por el Poder Judicial, pero lamentablemente ese optimismo no es compartido por el Ministerio Público y tiene que ser reformado. […] Y el otro problema que viene a continuación de la flagrancia es el problema del subsistema de bandas criminales, donde se va a incorporar extorsión, sicariato y secuestro, a pedido del Ministerio Público. Entonces, va a haber un subsistema dedicado exclusivamente a lo que está agobiando en este momento al bodeguero, a los transportistas y a muchos otros ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos. Pero este fenómeno delictivo no encaja en flagrancia y, si se lleva al sistema regular, va a pasar muchos años, porque el Código Procesal Penal consagra audiencias para cada una de las diversas etapas o de las diversas incidencias. Incluso si el fiscal encontrara una prueba, un celular o transcribiera las conversaciones de un chat, después de haber actuado, tiene que diligenciarse una nueva audiencia, con todas las garantías, como si esto fuese Suiza o si no hubiese ningún apuro en encontrar la solución jurídica. Curiosamente, hemos ratificado una visión que teníamos ya desde la academia, que el sistema penal se ha pervertido de tal forma que el garantismo es entendido como que el delincuente y sus derechos y sus garantías son mucho más importantes que la necesidad de la sociedad de encontrar una verdad jurídica y de llevar al delincuente, sobre todo al delincuente violento, al que pone en peligro la vida de las personas, a la cárcel.

— Cuando usted menciona lo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿el Gobierno va a pedir la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Entendemos que esa no ha sido una decisión ni una promesa de campaña ni una decisión del actual Gobierno. No se ha discutido todavía en el Gabinete Ministerial. Pero, personalmente, entendemos que lo que se tiene que hacer es, ante una administración de justicia como la nuestra, que es incierta, que es impredecible —en realidad, todo depende de la calidad o de la ideología del juez que a uno le toque—, necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos, pero que, obviamente, en el contexto político hemisférico, estamos en la oportunidad de oro para poder negociar con los otros representantes ante la OEA de los países que ahora son democráticos, que ahora creen en la democracia y creen en los derechos, pero también en la libertad, negociar la reforma profunda del Sistema Interamericano, incluyendo el cambio de funcionarios, que son los más ideologizados. El problema muchas veces no está en los comisionados y en los jueces, sino está en los funcionarios que responden a intereses y a las agendas financiadas por ONG determinadas de carácter internacional.

— ¿Va a proponerle a la presidenta Keiko Fujimori la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el Perú tome la posta?

Sí. Esa es una de las banderas no solamente del Ministerio de Justicia, sino, en realidad, de toda la mayor parte de la comunidad jurídica peruana. Que no ignoramos los grandes problemas y contradicciones que existen hoy en día en el sistema, pero que entendemos que no podemos quedarnos simplemente con la administración de justicia que hoy tenemos.

— ¿[Pero] se va a impulsar la salida del Perú del Pacto de San José?

No, imposible. Es una carta fundacional democrática, donde se garantiza un estándar mínimo de derechos y de libertades para los ciudadanos del hemisferio.

— Entiendo que el camino entonces es más por una reforma del sistema.

Sí, una reforma profunda para que el sistema cumpla la finalidad por la cual se estableció, incorporando no solamente una correcta y sana interpretación de la Convención Americana, restando ese poder omnímodo que hoy en día se ha adjudicado la propia Corte para reinterpretar los contenidos de la Convención Americana, y tratar de incorporar los mejores instrumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por ejemplo, han normativizado y reconocido la autonomía de los Estados y la heterogeneidad de las sociedades, para evitar mandatos imperativos que puedan estar fuera de los alcances, de los valores y de los principios que rigen determinadas sociedades y naciones.

— Para quienes quizás no conocen mucho de los aspectos técnicos, ¿podría brindar algún ejemplo de decisiones o medidas puntuales en las cuales se hayan excedido desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sus atribuciones hacia el Perú?

La jurisprudencia considera que lo resuelto en un proceso entre el Estado y una persona es válido para todos los demás Estados. Ese es un tema de falta de protección y falta de incorporación en el proceso. Si Ecuador tiene un problema con uno de sus ciudadanos y la Corte falla, los alcances del fallo no pueden alcanzar al Perú, porque el Perú no ha sido parte del proceso.

— ¿Y en qué casos puntuales recientes ha ocurrido eso?

No quisiera entrar en el debate ya puntual de los casos. Algo similar ocurre con las opiniones consultivas. La opinión consultiva que lograron los médicos de Costa Rica que se dedican a la gestación artificial, a la gestación in vitro, no puede ser obligatoria para todos los demás países, porque no hemos participado ni directa ni indirectamente en la toma de decisión. Y eso ya lo ha recogido Europa. Una cosa es el aborto libre hasta el noveno mes en Inglaterra y otra cosa es tratar de imponerlo en Polonia, Rumanía o Bulgaria. Esos países tienen otra connotación, otro sistema de valores diferente, por motivos de la religión ortodoxa y por diversos factores, por lo que un grupito de jueces, por más autoridad jurídica que puedan tener, no pueden superponerse a la voluntad no solo de los representantes elegidos, sino incluso imponer su pequeña voluntad, su pequeña visión del mundo, a sociedades y naciones enteras. Eso es un despropósito; eso no se puede hacer. Y esa pretensión la tienen tanto en Costa Rica, en la Corte, como en la Comisión, en Washington.

— Otro de los temas que mencionó es el de la investigación preliminar a cargo de la Policía. Se generó en su momento toda una controversia respecto a esto...

Continúa, además...

— Sí. Y por eso quería consultarle. ¿El Gobierno va a insistir en que la investigación preliminar debe estar o va a estar a cargo de la Policía Nacional, en lugar del Ministerio Público? ¿Cuál es la postura del Gobierno?

Básicamente, es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, que ya ha zanjado el tema en una sentencia. Ahora, lo que se está discutiendo es la interpretación de la sentencia. Entonces, sí, hay casos en que la investigación preliminar corresponde a la Policía, porque aspirar a que el fiscal llegue para recién comenzar la investigación preliminar es un sinsentido, no es lógico. Pero también hay casos, como, por ejemplo, la investigación a un aforado, a un diputado o a un exministro, donde debe comenzar la investigación preliminar por el Ministerio Público, porque le corresponde al fiscal de la Nación comenzar las investigaciones, citar a las personas, etcétera.

— ¿Y cuál es la postura del Gobierno frente a esto?

Estamos justamente auspiciando. Ya ha habido tres reuniones. Primero, a nivel de los titulares, con la presidenta de la República, con el fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el que habla y el titular de la Policía, para tratar de alcanzar un solo protocolo, que es un mandato del Tribunal en su sentencia. Un solo protocolo común que establezca cuándo investiga uno y cuándo corresponde, como excepción, al Ministerio Público. Y luego tenemos que también consolidar esos acuerdos con la actuación de los jueces. Porque los jueces, al parecer, en este vacío político, han ido cobrando mucha fuerza y, por ejemplo, ha llegado a un extremo, que es inconstitucional, obviamente, de tener acuerdos plenarios donde hacen control concentrado de las leyes, como si fuesen Tribunal Constitucional. Cuando la Constitución lo único que les otorga es la posibilidad de que el juez, al estudiar y resolver su expediente, un caso incidental, pueda inaplicar una determinada ley, explicando y argumentando por qué es que inaplica. Y esto va en control a la Corte Suprema. Pero no significa que la Corte Suprema pueda hacer control concentrado, estableciendo para todos sus jueces a nivel nacional que una determinada ley no se aplica. Eso no es control incidental.

— Y este protocolo que usted menciona que se está trabajando ya a alto nivel, ¿podría darnos un estimado de cuándo podría llegar a buen puerto?

Depende de los actores, no depende de nosotros. Nosotros brindamos el espacio, ponemos el tema en la mesa, argumentamos no en favor de ninguno, sino en favor de la sociedad, que es lo que nos corresponde. Pero, obviamente, el tiempo puede ser dos horas o en dos meses.

— Según el Ministerio Público, en el primer semestre del año se han registrado alrededor de 70 denuncias por extorsión y chantaje por día, sin contar, evidentemente, los casos que no llegan a ser denunciados. Emprender, a buena cuenta, se ha convertido en el Perú en una actividad de alto riesgo. ¿Qué mensaje le daría usted a esos ciudadanos y qué hará el nuevo Gobierno frente a esta situación?

Lo primero es denunciar. Haciendo el seguimiento de las cifras, hace cinco años existía la misma cantidad de resoluciones judiciales condenatorias, la misma cantidad que actualmente. Antiguamente, hace cinco años, no había más de 400 denuncias, ahora hay más de 40.000. Pero la cantidad de sentencias condenatorias es la misma, gira entre 200 y 300. Esa es una situación que dice que, o los jueces están actuando de manera incorrecta, tienen mucha carga procesal, o es que simplemente las reglas jurídicas con las cuales tienen que trabajar no son las más adecuadas. Nosotros apuntamos a la tercera posibilidad. Por eso queremos fortalecer el subsistema, para que tenga un procedimiento singular, especialísimo, en el que se pueda alcanzar una sentencia condenatoria antes de los dos meses, y que esta persona no pueda regresar a la calle porque prescribió la acción penal o porque se pasó el tiempo para solicitar la renovación de la prisión preventiva, que son los artilugios normalmente con los que operan los jueces corruptos o los jueces honestos, pero que tienen una sobrecarga procesal. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos. Hay más de 40 tipos de audiencia en el Código Procesal Penal. Es como si estuviésemos en Suiza y existiera un juez por cada 200 habitantes. En nuestro país es absolutamente distinto. El proceso tiene que ser lo más rápido posible, manteniendo y conservando las reglas del debido proceso. Pero no puede haber, por cada incidente pequeño, otras audiencias y con la posibilidad de apelar la decisión a la que llegue ese juez, y con lo que otra vez tiene que ir a una sala, esperar fecha, meses, para que los jueces ya en un pleno resuelvan y regrese el expediente para un pequeño incidente. Es una locura.

— Pero estamos ante una problemática palpable. En el día a día hay atentados, extorsiones, todos los días. No es un problema que únicamente compete al Poder Judicial.

Es que el análisis económico del derecho nos habla de que, si el costo es menor que el beneficio, va a haber más delincuentes. Si el peligro de quedar preso y de ser condenado tiene una proporción mucho menor al beneficio del delito, entonces cada vez va a haber más gente proclive a ingresar a las bandas criminales.

— ¿Pero la situación a la que hemos llegado es responsabilidad únicamente del Poder Judicial?

No, en ninguna manera. Es de los legisladores, no de ahora ni de hace cinco años, es de los legisladores que vienen copiando de Costa Rica, Chile —mal copiando, dicho sea de paso—, códigos procesales extremadamente garantistas. Es culpa de los académicos de la especialidad penal o de la especialidad procesal, que privilegian el procedimiento a la solución jurídica. Dicho sea de paso, en Estados Unidos la especialidad procesal casi no existe. En nuestro país, el que gana más es el procesalista, es el mago que hace que un proceso penal o civil dure seis a ocho años, o que prescriba, o que el delincuente, con un hábeas corpus, logre su libertad y, cuando alguien reacciona, ya se fue. La magia es la que prevalece a la realidad jurídica, a la realidad social y a la realidad económica. Entonces, tenemos que cortar eso.

— Pero insisto con la pregunta... hay, por ejemplo, malos elementos en la Policía que se han visto involucrados en bandas criminales...

La mala noticia es que siempre va a haber. Agentes penitenciarios corruptos hay en Estados Unidos, agentes policiales corruptos hay en Inglaterra. Siempre van a haber malos elementos. El tema es que las reglas jurídicas no los ayuden, no estén a favor de ellos, sino que estén a favor de la solución, de los ciudadanos. Pues ya, que haya corruptos, va a haberlos siempre. Pero que primero el delincuente tenga más posibilidades, un alto costo, y el beneficio no compense. Ahí vamos a ver reducido el tema. Y, por otra parte, que el policía encuentre que puede ser detectado por el fuero policial-militar, que lo va a investigar y lo va a meter preso, y va a informar al fuero común. Entonces, mientras más costo pueda existir para el delito, va a haber menos delito. Esa es una regla ya de los teóricos del análisis económico del Derecho. Y lo que sucede hoy en día es al revés.

— La presidenta anunció en su mensaje a la nación, entre otras medidas, una reforma penitenciaria. ¿Cómo se va a implementar esta propuesta, sobre todo la de incorporar a las Fuerzas Armadas en el resguardo de los establecimientos penitenciarios?

Con la vía de decretos legislativos. Porque si bien es cierto la Fuerza Armada interviene en los estados de emergencia, no está previsto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pueda intervenir sin estado de emergencia. Por tanto, ya hemos procedido a declarar estado de emergencia al sistema penitenciario y, vía legislativa, vamos a propiciar que la Fuerza Armada haga control perimétrico de los penales, por lo menos para evitar el ingreso de artefactos indebidos y la presencia de antenas en los alrededores, antenas que sirven para la organización criminal.

— ¿Cuándo los ciudadanos van a poder ver el inicio, la ejecución de esta iniciativa?

El proyecto de ley autorizativa de legislación delegada debe ser entregado a fin de esta semana o, en el peor de los casos, a mediados de la próxima semana, con un cálculo pesimista. El Congreso va a tener que aprobarlo, pero eso también tiene su procedimiento. Posiblemente haya algunos diputados que quieran mantener la confianza de sus representados obstaculizando el tema, pero nosotros confiamos en que la inmensa mayoría va a ser consciente de que, cualquiera sea la representación ideológica, política o social que tenga un diputado o una bancada, por encima de todo, está el deseo de su seguridad. No creemos que una bancada, algunos diputados o muchos diputados, actúen en contra de las necesidades de sus propios electores. Por eso estamos hablando de no más de dos meses, en que podamos tener ya aprobados los decretos legislativos pertinentes en materia de seguridad y podamos comenzar a ordenar el tema penitenciario.

— Durante la campaña, la ahora presidenta Keiko Fujimori prometió crear una comisión de alto nivel para evaluar las denominadas leyes procrimen. ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? ¿La presidenta le ha pedido a usted que el Ministerio de Justicia analice el tema?

Ya estamos analizando. Es más, ya estamos tratando de consensuar nombres para esta comisión, que debe evaluar no solamente las leyes mal llamadas “procrimen”, pero que sí hay algunas que deben ser perfeccionadas o sus términos deben ser más detallados para evitar que puedan servir a la corrupción o a malos funcionarios de justicia. Es más, en realidad todas las leyes están sujetas a evaluación, aun el Código Penal y el Código Procesal Penal, que fueron aprobados con bombos y platillos. En el sector Justicia tenemos una unidad o un sector que está dedicado, con cooperación internacional, para implementar el Código Procesal Penal, que fue una esperanza, pero que en realidad ha sido un fracaso. Hay más delito, es más difícil condenar a un delincuente y no es que sea difícil llevar a la cárcel a un inocente.

— ¿El Gobierno contempla indultar a algún expresidente, sea Pedro Castillo, Alejandro Toledo o incluso Martín Vizcarra?

No. El premier ha dicho que no está en agenda y el ministro de Justicia ha dicho que los indultos y las gracias constituyen, salvo circunstancias excepcionales, instrumentos de impunidad. Son instrumentos de impunidad, y eso está prohibido por la jurisprudencia de la Corte y señalado por la jurisprudencia del Tribunal.

— Se ha conocido una serie de visitas nocturnas al penal de Barbadillo para el expresidente Pedro Castillo y la sensación es que el penal de Barbadillo se ha convertido prácticamente en un centro de operaciones políticas. ¿Qué opinión le merece esto y si es que tomará alguna acción?

Hay una norma legal que faculta a los parlamentarios, al Defensor del Pueblo y a una serie de funcionarios que señala, a visitar día o de noche los penales. Obviamente, eso fue diseñado pensando en la supervisión permanente, en las visitas inopinadas, etcétera. Pero que, lamentablemente, por las deficiencias de un sector de la clase política, esto ha sido muy mal interpretado y mal usado.

— ¿Está siendo mal usada esta atribución de los congresistas?

Por supuesto. Eso está hecho para la supervisión permanente. Para que la visita al penal por parte de las autoridades no sea un saludo a la bandera, sino que realmente pueda efectivizarse a las cuatro de la mañana, de manera sorpresiva. Pero, claro, eso no se refiere a que un local penitenciario, un centro de reclusión, sea un local partidario.

— ¿Va a tomar alguna acción usted?

Vamos a proponer, seguramente dentro de los decretos legislativos, que esa norma sea afinada, sea más detallada y tenga un sentido mucho más restringido.

— Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el Gobierno inicia con un 60% de aprobación. ¿Cómo interpreta el Gobierno esta cifra y qué hará para que no quede simplemente como una fotografía de inicio de gestión? Porque, ciertamente, la ciudadanía está pidiendo resultados inmediatos al Gobierno.

Pide resultados inmediatos que, obviamente, por sentido común, no se van a dar. Se puede empezar a combatir el crimen, pero, así como Ecuador, no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo de El Salvador demoró mucho tiempo, y ellos comenzaron también creando el subsistema. Es una tarea de mediano aliento. Pero eso hay que interpretarlo como la confianza y la esperanza de un pueblo que ha abandonado una etapa muy importante de nuestro país, pero una etapa marcada por la corrupción, por la impolítica —o sea, falta de espacios de entendimiento—, que básicamente fue presidida por el antifujimorismo. Del 2000 hasta el 2026, la historia del Perú habla de antifujimorismo militante como forma de gobernar al país. Todos los gobernantes que han ganado las elecciones llevaban por bandera el antifujimorismo. Y se le dijo en esta candidatura a la presidenta de que hasta... ¿qué cosa era?

— ¿Un panetón?

[Que] un panetón le iba a ganar. Pues bien, ganó la presidenta y hoy empieza una nueva etapa en el Perú. El antifujimorismo ya no tiene sentido. Ahora, hay que ver los resultados y hay que someterse al juzgamiento del propio electorado.

El Ministerio Público oficializó cambios en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, luego que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hablara de una reestructuración del subsistema.

A través de la Resolución Nº 2399-2026-MP-FN, se nombró a la abogada Sara del Socorro Alvarado Cabrera como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Alvarado Cabrera, quien se desempeñaba como fiscal provincial en Lambayeque, ha sido asignada a la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Este cambio se basa en un informe emitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos donde se indica la necesidad de continuar con una reestructuración que garantice la probidad y eficacia en la conducción de las indagaciones fiscales.

Asimismo, el despacho nacional designó al abogado Renzo Luis Cépeda Oliva como fiscal adjunto superior provisional en la misma fiscalía superior nacional de lavado de activos. Previamente, se dio por concluido su nombramiento como fiscal adjunto provincial provisional y su destaque en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en la misma materia.

Las resoluciones se fundamentan en las facultades del Fiscal de la Nación para nombrar fiscales provisionales y dirigir la política institucional del Ministerio Público. El texto legal precisa que la provisionalidad es una situación fáctica que no genera mayores derechos que los inherentes al cargo desempeñado.

La norma también dispone que los magistrados nombrados realicen la entrega de cargo correspondiente según las directivas internas de la institución. Además, se notificó de estas decisiones a la Junta Nacional de Justicia y a las coordinaciones nacionales de lavado de activos y criminalidad organizada para su ejecución inmediata.

Otras disposiciones en el Ministerio Público

Finalmente, el Ministerio Público designó a Cecilia Julia Huaycochea Núñez de La Torre como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Estas disposiciones legales, refrendadas por Gálvez Villegas, buscan asegurar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio fiscal en diversas regiones del país.

A inicios de este mes, Tomás Gálvez adelantó que realizaría una reorganización total del sistema tras calificar su desempeño como un fracaso. Según el fiscal de la Nación, el subsistema inició investigaciones por hechos no delictivos y, en ciertos casos, realizó persecuciones políticas. Mencionó que se cambiaría a la gran mayoría de fiscales para evitar que se repitan situaciones similares a los procesos contra Keiko Fujimori u Ollanta Humala.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, en el Palacio de Gobierno para coordinar acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana, como la mandataria había anunciado que lo haría en eventos oficiales esta semana.

En la sesión participaron también el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La cita permitió a los representantes de ambos poderes del Estado evaluar estrategias operativas inmediatas para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado.

#Ahora La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostiene reunión de trabajo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Participa el primer ministro y los titulares de Interior, Defensa y Justicia.

Se abordan acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana y… pic.twitter.com/5x95LPhfL6

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El contexto de esta reunión responde a la necesidad de implementar políticas de Estado integradas que permitan enfrentar flagelos sociales como la extorsión. El Poder Judicial ha manifestado previamente su disposición para mantener una colaboración estrecha que facilite la aplicación de planes preventivos y sancionadores a nivel nacional mediante un trabajo interinstitucional.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Flagrancia Delictiva. Asimismo, se abordaron aspectos presupuestales necesarios para el despliegue del plan de implementación de unidades contra la extorsión y delitos conexos, amparados en el Decreto Legislativo 1735.

La agenda también incluye temas vinculados al presupuesto para el despliegue del plan de implementación de las unidades de extorsión y delitos conexos, DL. 1735, así como temas referidos a los trabajadores del Poder Judicial: cuarto tramo salarial del régimen laboral 728 y el…

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La magistrada Janet Tello también incluyó en la discusión temas referidos a las demandas de los trabajadores del Poder Judicial. Específicamente, se trató el cumplimiento del cuarto tramo salarial para el personal del régimen laboral 728 y el proceso de pase de los trabajadores bajo la modalidad CAS a dicho régimen.

Durante el encuentro, Keiko Fujimori subrayó que estas coordinaciones se realizan bajo el absoluto respeto a la autonomía e independencia de los poderes del Estado. La jefa de Estado enfatizó la importancia de que todas las instituciones colaboren para que el sistema de justicia tenga una mejor capacidad de respuesta ante la delincuencia.

Durante la reciente ceremonia por el Día del Juez, Janet Tello manifestó su preocupación por voces que alientan la intervención del sistema judicial. La magistrada suprema advirtió que los ataques hacia la judicatura y las diatribas recientes contrastan con el juramento de respeto a la independencia de poderes realizado por el Ejecutivo.

Tello rechazó los procesos disciplinarios contra magistrados que aplican el control difuso para inaplicar leyes cuestionadas del Congreso. Finalmente, defendió el derecho de los jueces a resolver libres de presiones políticas, señalando que la independencia es una garantía irrenunciable para la protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder.

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, convocó a una sesión del pleno para este lunes 17 de agosto con el fin de debatir la conformación de la Comisión Permanente a las 4 p.m. horas en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

Según la agenda oficial, los legisladores determinarán el número de integrantes de este órgano colegiado de control. Asimismo, se tiene previsto definir la cantidad de miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el presente ejercicio legislativo, conforme a lo estipulado en el reglamento.

Previo al debate en el pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo para coordinar los temas de la jornada. Este proceso ocurre tras el inicio de la nueva legislatura, donde se busca operativizar las funciones de fiscalización y legislación mediante la designación de cuadros proporcionalmente representativos.

La normativa vigente indica que la Comisión Permanente debe estar integrada por un número igual de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras. Además, el reglamento especifica que el total de sus miembros no puede exceder el 20% del número total de representantes que integran el Congreso de la República.

La Comisión Bicameral de Presupuesto también seguirá criterios de pluralidad y proporcionalidad en su composición. Sus integrantes, designados según las facultades de cada cámara, serán los encargados de revisar los asuntos fiscales y de gasto público durante el periodo anual de sesiones que recién comienza.

Este debate se produce tras una semana de actividades dedicadas a la instalación de los grupos de trabajo ordinarios de la Cámara Alta. Mientras el Senado ha concretado gran parte de este proceso de organización interna, la Cámara de Diputados se prepara para iniciar sus propias sesiones de constitución técnica durante la próxima semana.

Entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, el Senado instaló diversas células legislativas. El jueves se constituyeron grupos como Constitución, bajo la presidencia de Carlos Mesía, e Inteligencia, liderada por Fernando Rospigliosi. El viernes se sumaron comisiones como Economía con Alfonso López Chau, Justicia con Katherine Ampuero y Salud con Susana Matute.

Por su parte, la Cámara de Diputados tiene programada la instalación de sus comisiones ordinarias para los días martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de agosto. Entre las primeras en entrar en funciones el martes figuran las de Defensa Nacional, Acusaciones Constitucionales, Trabajo, Producción y Justicia, tras la aprobación previa del cuadro nominativo de sus integrantes.

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este sábado 15 de agosto la designación de cuatro nuevos viceministros en diversos sectores del Poder Ejecutivo. Los nombramientos de Elizabeth Zea Marquina, Willian Fernando León Morales, Carlos Alberto Lezameta Escribens y Diana Sayuri Bayona Matsuda fueron publicados en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano en las carteras de Cultura, Ambiente, Vivienda y Comercio Exterior.

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se nombró a Carlos Alberto Lezameta Escribens como viceministro de Construcción y Saneamiento mediante la Resolución Suprema N° 015-2026-VIVIENDA. Por su parte, el sector Ambiente integró a Willian Fernando León Morales como viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, según la Resolución Suprema N° 014-2026-MINAM.

Estas designaciones se producen tras la aceptación de las renuncias formuladas por los funcionarios que ocupaban dichos cargos hasta la víspera en diversas oficinas estatales. El proceso de selección y nombramiento se realizó conforme a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 27594, que regula la participación del Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos. Asimismo, las resoluciones cuentan con el refrendo de los ministros de cada sector involucrado según las normas vigentes.

El ingreso de Lezameta Escribens al Ministerio de Vivienda se oficializó luego de aceptarse la dimisión de Luis Hernán Contreras Bonilla. La resolución correspondiente fue firmada por Keiko Fujimori y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Respecto al Ministerio del Ambiente, la llegada de León Morales se concreta tras la salida de Carmen Inés Vegas Guerrero. El dispositivo legal que formaliza este cambio fue refrendado por la jefa de Estado y el titular del sector, Vladimiro Huaroc.

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Diana Sayuri Bayona Matsuda asumió la dirección del viceministerio homónimo. Bayona reemplaza en las funciones a César Augusto Llona Silva, cuya renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N° 005-2026-MINCETUR.

El Ministerio de Cultura oficializó el nombramiento de Elizabeth Zea Marquina como la nueva viceministra de Interculturalidad. Su designación fue establecida a través de la Resolución Suprema N° 013-2026-MC, documento que lleva la rúbrica de la presidenta Fujimori y del ministro de Cultura, Alberto Ismael Beingolea Delgado.

La funcionaria asume el despacho viceministerial en reemplazo de Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2025. El Ejecutivo aceptó su renuncia dándole las gracias por los servicios prestados antes de formalizar la vacante que ahora ocupa Zea Marquina.

Días después de que El Comercio difundiera el primer borrador del anteproyecto del pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori, los asesores de la bancada fujimorista en la Cámara de Diputados analizaron el contenido del mismo y dieron sus primeros puntos de vista respecto de la viabilidad de cada materia.

De acuerdo con el análisis documentado en 54 páginas, al que accedió este Diario, se encontraron al menos ocho puntos en los que consideraron que el Ejecutivo deberá aclarar, precisar o establecer mejor los planteamientos. En otras palabras, reforzar la solicitud en la propuesta que prevén entregar al Parlamento Nacional.

Es importante mencionar que hasta este jueves, el Ejecutivo no había presentado oficialmente el pedido de facultades, pese a que se había adelantado que esta semana se iba a enviar al Congreso.

Cabe indicar que en el primer borrador del Ejecutivo se plantearon siete puntos para el pedido de facultades y una disposición complementaria. Entre ellos se encuentran las materias de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y fortalecimiento del sistema penitenciario y de reinserción social; promoción y protección de los emprendedores y las micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo y protección social; y simplificación administrativa, desregulación, eliminación de barreras burocráticas.

Asimismo, destacan las materias de desarrollo productivo e innovación; tributaria, aduanera y de facilitación del comercio; reforma estructural, organización y modernización del Estado; y una disposición complementaria referida al régimen especial para la emisión e implementación de normas.

Respecto de la primera observación en materia de seguridad ciudadana, el análisis la bancada fujimorista precisó que en el punto “legislar en el campo militar policial penal, procesal penal y ejecución penal”, se deberá actualizar y fortalecer el marco legal y que la nueva reforma que espera recibir el Parlamento deberá “optimizar los mecanismos de coordinación e intercambio de información” entre los policías y militares.

Asimismo, que deberán incorporar herramientas jurídicas adecuadas frente a las nuevas modalidades delictivas, permitiendo que el Estado atienda esta problemática con la celeridad que demanda la seguridad ciudadana y orden interno.

En cuanto al campo de promoción y protección de los emprendedores, el análisis de la propuesta de unificar y regular el marco legal de la actividad laboral concluyó lo siguiente:

“Se propone sustituir la división entre microempresa, pequeña empresa y régimen general por un marco único y progresivo, en el que los aportes a EsSalud y pensiones, así como la CTS, gratificaciones y participación en utilidades, aumenten de acuerdo con la remuneración o capacidad económica. La reforma deberá definir un piso mínimo de derechos, proteger los beneficios adquiridos y regular claramente la transición, para evitar que la progresividad se convierta en una reducción permanente de la protección”, reza el documento.

En cuanto a la modificación del régimen tributario, refirió que “el diseño deberá precisar la base imponible, evitar la fragmentación artificial de empresas, establecer mecanismos simples de declaración y demostrar que la reforma es compatible con los objetivos fiscales de recaudación”.

En esta misma materia, la bancada fujimorista opinó que se debe precisar la entidad administradora, los beneficiaros, los porcentajes de cobertura, en la propuesta de dictar medidas sobre la creación y regulación de instrumentos y créditos productivos para facilitar el acceso a financiamiento.

En cuanto al planteamiento de perfeccionar el régimen de extinción de contratos de trabajos por causas objetivas —sobre materia laboral y promoción del empleo—, la agrupación refiere que se debe “revisar el umbral mínimo vigente, desarrollar criterios técnicos para acreditar las causas invocadas” y “preservar el derecho de información y negociación, y la intervención de la autoridad laboral”.

Sobre el régimen legal de beneficios laborales, incluyendo vacaciones y horas extras, observó que “la reforma debe establecer límites y garantías claras para asegurar que los acuerdos sean voluntarios y no impliquen la renuncia o reducción indebida de derechos”.

Respecto del punto “aclarar legalmente el tratamiento indemnizatorio del cese por pérdida de confianza en el caso de trabajadores de dirección”, el análisis concluyó con lo siguiente:

“La reforma deberá determinar si corresponde una indemnización o un plazo de preaviso en el primer supuesto y garantizar el retorno al puesto de origen en el segundo, salvo que exista una causa justa de despido. Asimismo, deberá prevenir el uso abusivo de esta figura y reconocer la posición garantista de parte de la doctrina laboral”, precisó.

Sobre la regulación del otorgamiento de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño, el grupo político explicó que la reforma del Ejecutivo “deberá precisar sus condiciones, criterios de cálculo, metas verificables y tratamiento legal sin utilizarse para sustituir remuneraciones ordinarias ni reducir los derechos laborales de los trabajadores”.

Sobre los feriados no laborales y reducir su número para fomentar la productividad, los asesores opinaron que “debe distinguirse entre los feriados nacionales y modificables mediante una norma, y los días no laborables o puentes que son declarados por decreto supremo”.

Explicó que cualquier revisión debería sustentarse en una evaluación empírica de sus efectos sobre la productividad, el turismo, el empleo y los costos empresariales, preservando los feriados de mayor arraigo histórico y social.

Consultado por El Comercio, Martin Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, director de IPOC Consultores, indicó que “la observación tributaria es la más honesta del documento porque reconoce que el numeral no individualiza los beneficios”.

“Eso es admitir que, tal como está, no cumple la Norma VII del Código Tributario. Si esa facultad pasa sin corrección, el Congreso estará entregando la caja fiscal sin saber cuánto cuesta esa medida, afirmó.

Agregó que “otra norma que veo con cierta inquietud es la de pedir facultades para regular la participación de las Fuerzas Armadas en penales. El mismo documento o comentarios reconoce que no existe un régimen jurídico específico, lo que supondría crear ese régimen por decreto legislativo”.

Sostuvo que “eso es precisamente el tipo de norma que suelen ir directo al Tribunal Constitucional. Quizá eso debe dejarse para el Congreso. Yo aún no lo tengo claro porque la crisis de inseguridad nos grita que es urgente hacer algo así porque podría demorar demasiado en el congreso.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló ayer, luego de que su primera reunión fuera postergada en tres ocasiones. Tras elegir a su mesa directiva, el grupo de trabajo levantó la sesión sin abordar la polémica denuncia formulada contra Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido a su expareja en la comisaría de San Miguel.

En la sesión se decidió por unanimidad que Henry Albañil (Obras) sea presidente del grupo de trabajo por dos años (2026-2028), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), vicepresidenta, y Harvey Colchado (Ahora Nación), secretario. No hubo objeciones respecto de este último, pese a la investigación en su contra relacionada con el alquiler de un inmueble cuando era coronel de la PNP en actividad.

Luego, se definió que las sesiones de la Comisión de Ética Parlamentaria se realicen todos los lunes a las 4:00 de la tarde. Antes de levantar la sesión, Mery Infantes (Fuerza Popular) pidió que el caso de Julián Pérez Mallqui sea evaluado en la primera reunión del grupo de trabajo. Finalmente, la sesión fue levantada.

Tras este hecho, el presidente del grupo de trabajo fue abordado por la prensa, pues se esperaba que el caso de Pérez Mallqui fuera tratado en la comisión.

Albañil afirmó que la denuncia sería revisada en la primera sesión, programada para el lunes. Indicó que el caso pasaría a investigación, aunque evitó precisar los plazos.

“No va a haber ningún blindaje”, agregó. “Por supuesto, es el primer caso que vamos a ver. Eso ya está presentado formalmente”, dijo al ser consultado sobre la acusación contra el diputado de Cusco que fue intervenido unas 48 horas en San Miguel.

“Vamos a pasar a al etapa de investigación”, explicó.

Al asumir el liderazgo de la comisión, Henry Albañil enfatizó la importancia de mantener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública. “Vamos a dar la talla para cambiar la imagen que necesita nuestro Congreso”, puntualizó el legislador de Obras.

Por la mañana, el diputado de Juntos de Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, se refirió este viernes sobre la investigación que afronta por presunta agresión física, indicando que su expareja interpuso esta denuncia por “un tema de cólera”.

Negó las acusaciones. “Me hubiera gustado que el país me conozca no por este incidente confuso, que hoy lo vamos a tocar, sino por legislar y hacer proyectos de ley”, añadió.

El parlamentario indicó que el caso se trata de un hecho confuso.

Consultado por El Comercio, la defensa legal de la víctima, el abogado Juan Barrantes, refirió que lo dicho por el diputado “no es verdad”.

“Está tergiversando los hechos que sucedieron y está en el acta de intervención escrito. A parte se corrobora con la declaración de la víctima”, refirió.

Agregó que a Pérez Mallqui se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio. “No tiene todavía ninguna regla de conducta que tengamos conocimiento”, añadió.

La presidenta Keiko Fujimori participó en el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizó a nivel nacional este 14 de agosto, ella en el Palacio de Gobierno acompañada por autoridades y funcionarios del Ejecutivo.

La jefa de Estado salió de Palacio de Gobierno por la puerta principal acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; así como personal de seguridad y funcionarios de su despacho, quienes permanecieron por varios minutos en el Patio de Honor en los lugares designados como seguros en caso de sismos.

Posteriormente, Keiko Fujimori salió hacia la Plaza de Armas donde se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y el jefe de Defensas Civil, Mario Casaretto, con quienes conversó sobre la realización del simulacro nacional multipeligro y las tareas que se cumplieron como parte del ejercicio que empezó a las 3 p.m. del viernes.

Este es el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tuvo como fin principal poner a prueba la preparación de la ciudadanía y las entidades públicas ante un sismo de magnitud 8.8 seguido de un tsunami en la capital.

Durante la actividad, Keiko Fujimori también estuvo acompañada por el jefe del Indeci, Luis Vásquez, y diversos representantes de las instituciones de primera respuesta, quienes supervisaron las acciones de evacuación y los protocolos de emergencia en el centro de la ciudad.

Este ejercicio nacional se llevó a cabo en conmemoración del aniversario 19 del terremoto del 15 de agosto de 2007, que tuvo su epicentro en Pisco.

En el punto focal de la Plaza de Armas, se realizaron demostraciones tácticas que incluyeron búsqueda y rescate de víctimas, control de incendios y atención médica de heridos. Más de 20 entidades nacionales y locales coordinaron sus protocolos para garantizar la continuidad operativa ante desastres, permitiendo identificar puntos de mejora en la comunicación institucional.

Terminado el Simulacro Nacional Multipeligro y luego de recibir el balance oficial del ejercicio por parte de Indeci, Keiko Fujimori comentó que luego del supuesto temblor de magnitud 8.8 el reporte es de 10,926 fallecidos, 165,160 lesionados, 2′199,818 damnificados y 3′896,967 afectados.

“Ese es un panorama desolador”, dijo la mandataria luego de destacar que se trata de cifras ficticias luego de un simulacro tras el cual agradeció a todos los que participaron.

“Mi primera recomendación es siempre estar listos. Un sismo, un terremoto nunca avisa, pero creo que es fundamental como han recomendado tener una mochila con las cosas básicas y en los colegios saber exactamente qué hacer en caso ocurriera un sismo”, comentó.

Durante el desarrollo de la simulación, los participantes utilizaron las alarmas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) y la mensajería del Sismate para iniciar la evacuación ordenada. Keiko Fujimori recibió los primeros reportes de manos de Renzo Reggiardo y las altas autoridades de Defensa Civil sobre los alcances del ejercicio a nivel nacional.

Finalmente, el Ejecutivo analizará los resultados obtenidos para corregir deficiencias en la gestión del riesgo de desastres y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

El desorden continúa en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El diputado Heber López, del Partido Cívico Obras, ya no presidirá ese grupo de trabajo. El cargo será asumido por su colega de bancada Henry Albañil.

El cambio fue comunicado durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados realizada el jueves. Ello a pesar de que la comisión sesionó el pasado lunes e incluso postergó tres veces la elección de su presidente y mesa directiva. Este proceso aún sigue pendiente de oficializarse.

El vocero de Obras, el diputado Víctor Piñán, aseguró que el cambio se trató de un acuerdo de bancada. “El perfil del señor Heber López Letona calza más para la comisión de Acusaciones Constitucionales, ya que es abogado”, argumentó.

La explicación se produjo después de que el diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, pidiera conocer las razones de la modificación. “Entendemos que para hacer un cambio en la Comisión de Ética tiene que existir una motivación. Nos gustaría saber por qué ha existido el cambio”, señaló.

El diputado López enfrentó un proceso en el 2006 por presunto acto contra el pudor, que fue archivado y, por resolución fiscal, se anuló del registro.

En diálogo con El Comercio, el vocero de su bancada dijo desconocer ese caso e insistió en que fue reemplazado porque su perfil calza para integrar el grupo de Acusaciones Constitucionales.

Ya el lunes pasado, la Comisión de Ética inició sus actividades para el periodo 2026-2028 en medio de un clima de desorden y confusión. Ese día, el grupo de trabajo no eligió a su presidente ni abordó el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, acusado de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja.

Además, el diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación, puso su cargo a disposición de los miembros de la comisión tras una acusación fiscal por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica. No obstante, permanecerá como miembro titular de ese grupo de trabajo.

Senado instala comisiones

En tanto, el Senado inició el jueves 13 el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias. La Comisión de Constitución, una de las más influyentes del Parlamento por su influencia en el tablero político, eligió como presidente al senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular.

Ese grupo de trabajo evalúa reformas constitucionales, modificaciones al Reglamento del Congreso y otras propuestas antes de que sean sometidas a consideración del pleno.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución será presidida por Juntos por el Perú. Por ello, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera señaló, en diálogo con El Comercio, que ese grupo de trabajo será “el punto donde el bicameralismo se va a probar de verdad”.

“Ello no ocurriría en los asuntos de interés de las comisiones de Economía, por ejemplo, que tendrán a Ahora Nación como cabeza en ambas cámaras”, agregó.

Para Cabrera, que Fuerza Popular haya puesto a un exmagistrado del Tribunal Constitucional al frente de Constitución en el Senado no es un dato menor. “Le da a esa comisión una autoridad técnica y una legitimidad que, guste o no a la oposición, condiciona el debate”.

El especialista explicó que cualquier texto que salga de la Cámara Baja tendrá que llegar al Senado con un sustento constitucional muy sólido, “porque ahí lo va a revisar alguien que durante años decidió qué era constitucional y qué no”.

“No lo leo solo como contrapeso ni solo como choque: es las dos cosas a la vez. El contrapeso opera elevando el estándar técnico del análisis. El choque va a aparecer donde las materias son más políticas que jurídicas. Por ejemplo, las agendas de reforma constitucional, el reconocimiento de nuevos derechos o beneficios, y sobre todo, las reformas a la estructura del Estado que tocan el modelo económico”, dijo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO:

• Presidente: Carlos Mesía (Fuerza Popular)
• Vicepresidente: Roger Astucuri (Partido Cívico Obras)
• Secretaria: Katherine Ampuero (Renovación Popular)

En tanto, la Comisión de Inteligencia eligió como presidente al senador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular. Se trata de la única comisión que tiene como máximo a cinco senadores titulares y permanentes, no cuenta con miembros suplentes y se elige por todo el periodo parlamentario (2026-2031).

Rospigliosi fue presidente del Congreso anterior (el último Parlamento unicameral). Además, fue titular de la Comisión de Constitución en el periodo 2024-2025.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA DEL SENADO:

• Presidente: Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)
• Vicepresidente: Carlos Caballero (Buen Gobierno)
• Secretario: Humberto Morales

Por su parte, en la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado fue elegido presidente el senador Percy Osorio, de Juntos por el Perú

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE GESTIÓN DEL ESTADO Y CONTRALORÍA DEL SENADO:

• Presidente: Percy Osorio (Juntos por el Perú)
• Vicepresidente: Héctor Ventura (Fuerza Popular)
• Secretaria: Mirtha Vásquez (Ahora Nación)

Y la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo eligió como presidente al senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), oficial en retiro de la Fuerza Aérea y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO:

• Presidente: Daniel Barragán (Obras)
• Vicepresidente: Nilson Flores (Buen Gobierno)
• Secretaria: Karla Schaefer Cuculiza (Fuerza Popular)

Inconvenientes técnicos

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el jueves el cuadro de sus comisiones, que previamente la Junta de Portavoces había aprobado.

No obstante, durante la sesión hubo problemas con el sistema de votación electrónica. Lo que provocó la molestia del presidente de esa cámara, Oscar Reto, del Partido del Buen Gobierno.

“No puede ser que perdamos tanto tiempo para la labor legislativa, de representación y fiscalización en estas cosas técnicas. Hubo mucho dinero en esto”, dijo tras pedir que la Oficialía Mayor detecte a los responsables de las fallas.

Durante la sesión se confirmó que Juntos por el Perú tiene la presidencia de las comisiones de Constitución, Energía y Minas, Justicia y Acusaciones Constitucionales. En tanto, Fuerza Popular preside Inclusión Social, Medio Ambiente, Producción, Trabajo, Ciencia y Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Además, Renovación Popular preside Defensa Nacional y Modernización de la Gestión del Estado; el Partido Cívico Obras lidera Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Economía; y el Partido del Buen Gobierno, Educación, Salud e Infraestructura.

Videos y fotografías lo muestran alegre, sonriente y brindando en la serenata realizada por la Municipalidad de Pichari, entre el 8 y 9 de agosto.

Mientras el diputado festeja, una menor sigue luchando para que el nuevo “padre de la patria” cumpla con pagarle la reparación civil que ordenó el Poder Judicial (PJ) tras ser atropellada, junto a su madre, en el 2024.

Pérez Mallqui, por su parte, ha recurrido a la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) para que se le reduzcan los S/80.000 de reparación civil que debía abonar a favor de sus víctimas, como parte de la condena que se le impuso por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Vilma Palomino Vargas y su menor hija.

El Comercio buscó la versión de Pérez Mallqui, pero no respondió. También tratamos de recoger su descargo a través de prensa del partido y de su asesor, pero no hubo respuesta a nuestras preguntas hasta el cierre de este informe.

Según una resolución, el ahora diputado de Juntos por el Perú (JP) interpuso un recurso de casación contra la sentencia que ordena incrementar la reparación civil y un nuevo juicio oral por el delito de desobediencia.

De acuerdo a la documentación, Pérez Mallqui cuestiona que se haya elevado el monto de la reparación civil “sin motivación suficiente” y se haya ordenado un nuevo juicio oral en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad, transgrediendo la presunción de inocencia, motivación judicial, por lo que pidió la intervención de la Corte Suprema.

El 9 de febrero del 2024, a las 21:00 horas aproximadamente, el sentenciado Julián Luis Pérez Mallqui, se desplazaba conduciendo su vehículo de placa de rodaje BKF-671.

De acuerdo a la documentación judicial obtenida por El Comercio, el ahora diputado de Juntos por el Perú (JP) venía realizando “maniobras peligrosas” y “conduciendo en forma de zigzag” por lo que terminó invadiendo el carril contrario. Producto de ello, atropelló a Vilma Palomino Vargas y su menor hija de 9 años, cuando estas se desplazaban por la vereda del lado izquierdo de la Av. La Cultura S/N, del distrito de Pichari, La Convención (Cusco).

El impacto fue tan fuerte que ambas fueron lanzadas a unos cinco metros de distancia. Quedaron inconscientes.

De acuerdo al acta levantada, tras ser conducidas al centro de salud de la zona, a la menor se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fractura en clavícula, mientras que su progenitora presentó múltiples traumatismos, por lo que se dispuso su traslado a un hospital mayor.

El acta también señala que si bien Pérez Mallqui fue quien las llevó al centro de salud, tras dejarlas trató de darse a la fuga.

No fue solo eso, de acuerdo a las actas citadas en la sentencia impuesta a Pérez Mallqui, este se negó a pasar por el dosaje etílico.

De acuerdo a la narración policial y fiscal, Pérez Mallqui debía pasar por el procedimiento policial de extracción de sangre, con la finalidad de determinar el nivel, y porcentaje de ingesta de alcohol en la sangre, puesto que habría sido intervenido y detenido por la presunta comisión del delito de lesiones culposas en agravio de dos personas, y por el delito de conducción en estado de ebriedad.

“Ante la solicitud verbal del efectivo policial Eryck Mercado Casas, se negó rotundamente a la extracción de sangre manifestando que es un derecho no someterse a la extracción de muestra de sangre, ante ello el instructor le informó que negarse al procedimiento de extracción de muestra de sangre constituye el delito de desobediencia a la autoridad”, se describe.

Ante la negativa, se hizo una videollamada al fiscal de turno quien le reiteró que debía someterse al examen de sangre. Sin embargo, Pérez Mallqui volvió a negarse.

Por este caso, Pérez Mallqui estuvo bajo prisión preventiva por más de cinco meses, pero luego salió en libertad.

El presunto delito de conducción en estado de ebriedad no pudo ser demostrado, y peor aún, el juzgado de primera instancia determinó que no había elementos suficientes para demostrar que el acusado hubiera sido conminado “bajo mandato expreso”; que debía someterse a la prueba de alcoholemia; o que se hubiera buscado otro mecanismo para comprobar su estado físico y que, en todo caso, tampoco había prueba de que se negó a pasar por el examen médico.

Finalmente, bajo el acuerdo premial de conclusión anticipada, Pérez Mallqui se reconoció como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones culposas, mas no se consideró culpable del delito de desobediencia a la autoridad.

Por ello, juez Rolando Víctor Gutiérrez Crespo solo lo condenó a 4 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de la libertad de carácter suspendida, con periodo de prueba de 4 años; y lo absolvió del delito de desobediencia a la autoridad.

Respecto a la reparación civil, el juez de primera instancia estableció en S/40 mil el pago a favor de las dos víctimas.

Para ello, aceptó la postulación de la defensa de Pérez Mallqui, quien aseguró que tras el accidente ayudó con diversos montos llegando a sumar S/20 mil.

Sin embargo, esto fue objetado por la defensa de las víctimas ante la instancia superior , al precisar que, debido a que Pérez Mallqui se negó a pasar por el dosaje etílico, el SOAT no pudo ser activado a tiempo.

Sumado a ello, el abogado Ricardo Palomino, en defensa de las víctimas, señaló que desde el accidente hasta la fecha de la audiencia a inicios del 2025, Pérez Mallqui “se había desentendido completamente de la situación de las agraviadas”.

La Sala Superior Descentralizada del VRAEM, en su sentencia de mayo del 2025, estableció que el juez de primera instancia había cometido un error al no hacer una valoración adecuada y comprender que el monto indemnizatorio debía ser acorde al daño causado.

El tribunal estableció que la negativa del acusado Julián Luis Pérez Mallqui a someterse al dosaje etílico constituyó un “acto obstructivo” que impidió la activación inmediata del SOAT, generando un perjuicio económico adicional a las agraviadas que no fue considerado en la determinación de la reparación civil inicial.

Por ello, al no activarse este seguro las agraviadas asumieron sus gastos médicos inmediatos sin la cobertura del seguro, generando un lucro cesante y daño emergente adicional que no fue considerado en la reparación civil, más aún si la menor agraviada, presenta secuelas permanentes y de tratamiento prolongado. Y es que, citó la Sala, según el certificado médico legal N°00491-PF-HC, de fecha 25 de abril del 2024, la menor presentaba luxofractura - lesión grave que combina una fractura ósea- de las vértebras D2 y D3 por traumatismo vertebral y fractura de clavícula derecha.

Por todo ello, la Sala Descentralizada del VRAEM consideró incrementar al doble la reparación civil, que se fijó en S/80,000; monto que guardaba proporcionalidad con los hechos ocurridos, al aplicar la Casación N° 1391-2022-Tacna, cuya conclusión establece que “la reparación civil debe ser proporcional no solo al daño causado, sino también a la gravedad de la conducta posterior del agente, especialmente cuando evidencia indiferencia hacia el sufrimiento de las víctimas”.

Pero además, el tribunal consideró que el juzgado de primera instancia había incurrido en un vicio de motivación al absolver a Pérez Mallqui del delito de desobediencia a la autoridad, por negarse a pasar por el dosaje etílico.

De acuerdo a los jueces superiores el análisis que llevó a absolución del ahora diputado incurrió en una “desconexión entre los hechos probados y la norma aplicada”, puesto que una orden -para que se someta al dosaje- no necesariamente debe ser de manera escrita; sino también puede ser verbal.

“En tal sentido, la comunicación telefónica del fiscal de turno, corroborada por múltiples testigos, constituye una orden válida en el marco de la investigación penal en curso, no requiriéndose formalidades adicionales cuando se trata de actos urgentes de investigación”, precisó la sala.

Sumado a ello, se estableció que Pérez Mallqui fue intervenido en flagrancia por efectivos policiales y por ende, estaba obligado a cumplir con las órdenes policiales; el juez desconoció la validez de la videollamada realizada al fiscal de turno que conminó al ahora diputado a realizarse la prueba etílica, era una orden legalmente válida.

Por ello, declaró nula la absolución del ahora diputado por el delito de desobediencia a la autoridad y ordenó un nuevo juicio por este extremo.

Ricardo Palomino, uno de los abogado de las víctimas, explicó a El Comercio, que Julián Pérez Mallqui dejó en “abandono” a las víctimas. Incluso, advirtió que tras el fallo de primera instancia, el sentenciado no ha cumplido con pagar el monto de la reparación civil que se le impuso.

El abogado de las víctimas comentó que al apersonarse al caso solicitaron S/350 mil soles, pero el juez de primera instancia fijó un monto de S/40 mil para las dos víctimas y tras la apelación, la Sala Superior en segunda instancia fijó S/80 mil.

De acuerdo al defensor privado, Pérez Mallqui habría hecho un “depósito mínimo” después de la sentencia de primera instancia, pero luego se desentendió.

La situación de las víctimas, sobre todo de la menor, es delicada, señaló el abogado. Incluso, aseguró que la falta de recursos económicos ha generado que deje las terapias y por ello, espera que el ahora diputado de Juntos por el Perú cumpla con hacer los pagos correspondientes.

“Ahorita (la niña), a la fecha, tiene ataques, hay momentos que pierde el equilibrio. Dejaron de llevar a cabo las terapias por el factor económico, esto porque las terapias la realizaban en la ciudad de Lima y demandan un costo alto y la mamá no puedo laboral. Venir desde el VRAEM hasta Lima es alto, solo en pasajes las dos gastarían cerca de mil soles, porque no están en condiciones de viajar en bus”, manifestó Palomino.

Según su narración, el vehículo con el que Pérez Mallqui habría atropellado a sus patrocinadas se encontraba bajo secuestro conservativo, por parte de la fiscalía, con fines de asegurar la reparación civil. No obstante, el juez de primera instancia decidió devolver el vehículo al sentenciado “y hasta la fecha poco o nada realiza el pago de la reparacion civil a las agraviadas”.

“El señor Pérez Mallqui no está conforme con que se lleve nuevo juicio por el delito de desobediencia, está pidiendo que no se lleve a cabo un nuevo juicio, que le confirmen la absolución y está cuestionando el monto de reparación civil”, comentó.

La defensa de las víctimas recién ha podido acreditarse ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el pasado mes de mayo del 2026.

“Nos hemos apersonado en mayo, y desde esa fecha no avanza el caso ¿Por qué hacemos seguimiento? Porque esa decisión va junto de la mano de la reparación y porque consideramos que la Corte Suprema tiene que resolver que se lleve a cabo un juicio por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad”, adujo.

Actualmente, la defensa de las víctimas ha logrado que el Poder Judicial realice el embargo por anotación de un vehículo a nombre de Pérez Mallqui, pero según el abogado, no pueden hacer más por cobrar la reparación hasta que la Corte Suprema se pronuncie. O, que el diputado cumpla con pagarla.

Este viernes 14 de agosto, el Senado de la República continuó con el proceso de instalación de sus comisiones parlamentarias y la elección de sus respectivas mesas directivas.

Durante la jornada matutina en el Palacio Legislativo, diversos senadores asumieron las presidencias de grupos de trabajo clave en cumplimiento del cronograma establecido para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor eligió por unanimidad al senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) como su presidente. Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos instaló su mesa directiva bajo la conducción de la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), quien obtuvo el respaldo mayoritario de los integrantes del grupo para liderar el plan de trabajo anual.

Estas sesiones se ejecutaron en diferentes sedes del Congreso, como el edificio Mario Vargas Llosa y el Palacio Legislativo, permitiendo que cada grupo de trabajo establezca su horario de sesiones ordinarias y elabore sus respectivos dictámenes. Esto incluyó la instalación de la Comisión de Ética Parlamentaria que responde a los diputados bajo la presidencia de Henry Albañil (Obras).

Por su parte, la senadora Susana Matute (Partido del Buen Gobierno) fue elegida por unanimidad para presidir la Comisión de Salud, Educación, Cultura y Mujer. En la misma línea, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno eligió al senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) para liderar sus sesiones de trabajo durante el presente año legislativo.

La Comisión de Procedimientos Especiales también quedó formalmente instalada este viernes con la elección del senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos por el Perú) como su titular.

El jueves 13 de agosto se inició esta etapa con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, la cual es presidida por el senador Carlos Mesía. En dicha fecha también se eligió a Daniel Barragán como presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, y a Fernando Rospigliosi en la Comisión de Inteligencia.

Finalmente, el jueves también quedaron operativas las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría, a cargo de Percy Osorio, y la de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo. Esta última es liderada por la senadora Martha Moyano para el periodo 2026-2027, completando así el primer bloque de grupos parlamentarios instalados en el Senado.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló este viernes bajo la presidencia del legislador Henry Albañil , integrante del partido Obras, tras una serie de dilaciones que mantuvieron en suspenso la conformación de este grupo. Entre sus primeros anuncios, el diputado aseguró que priorizarán el caso de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja.

“Por supuesto, es el primer caso que vamos a ver. Eso ya está presentado formalmente”, dijo al ser consultado sobre la acusación contra el diputado de Cusco que fue intervenido unas 48 horas en San Miguel. “Vamos a pasar a al etapa de investigación”, explicó.

Junto a Henry Albañil, la mesa directiva del grupo de trabajo quedó integrada por Jéssica Pérez Quispe, de la bancada de Juntos por el Perú, en la vicepresidencia, y Harvey Colchado, de Ahora Nación, en la secretaría. La elección de estos representantes se concretó durante la sesión de instalación presencial y bajo la presidencia transitoria del diputado de Renovación Popular Javier Cipriani.

El inicio de funciones de este grupo de trabajo ocurre en un contexto de acumulación de denuncias de alta relevancia pública que se encontraban en pausa por la falta de una directiva instalada. Entre los casos más urgentes que deberá abordar la gestión de Henry Albañil se encuentran los expedientes por presunta agresión física contra el diputado Julián Pérez Mallqui y los cuestionamientos a Catherin Palomino por sus visitas al penal de Barbadillo y al expresidente Pedro Castillo.

#EnVivo

Henry Albañil, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados: El caso de Julián Pérez Mallqui es el primero que veremos, vamos a pasar a la etapa de investigación. No habrá ningún blindaje

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/dlXPXi5KJv

— Canal N (@canalN_) August 14, 2026

Al asumir el liderazgo de la comisión, Henry Albañil enfatizó la importancia de mantener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública. “Vamos a dar la talla para cambiar la imagen que necesita nuestro Congreso”, puntualizó el legislador de Obras.

Durante el desarrollo de la sesión, los integrantes ratificaron que las actividades de la comisión se realizarán únicamente de manera presencial para otorgar mayor transparencia a los debates. Asimismo, se confirmó la permanencia de Harvey Colchado en la secretaría, luego que recibiera el respaldo de su bancada Ahora Nación para permanecer en el puesto a pesar de la denuncia fiscal en su contra.

La sesión del 14 de agosto finalmente concretó una tarea que debió ocurrir a inicios de la semana, pero que fue suspendida hasta en tres oportunidades previas por falta de consenso. Originalmente, el acto de instalación estaba previsto para el lunes 10 de agosto; sin embargo, la decisión fue aplazada primero para el martes 11 y, posteriormente, para el miércoles 12 a las 11 a.m., sin que se lograra concretar el inicio oficial de las sesiones.

El Gobierno oficializó hoy la declaración de interés nacional de la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre, mientras se esperan mayores detalles sobre la agenda específica que tendrá el Sumo Pontífice durante su recorrido por el país.

Esta medida fue formalizada con el Decreto Supremo Nº 037-2026-RE que busca facilitar la organización multisectorial del evento con la creación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de la logística y seguridad, presidida por el canciller Carlos Espá. Este grupo definirá estrategias para garantizar el éxito de la estancia papal en suelo peruano. En la comisión participan diversos ministerios y se coordinará con los gobiernos regionales de las ciudades incluidas en el itinerario.

El recorrido oficial, según lo que se conoce hasta la fecha, incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Destaca la visita a Zaña para conmemorar los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Además, en Cusco se evalúa realizar una misa multitudinaria en Sacsayhuamán.

Se estima que el evento movilizará a 700,000 personas, con 350,000 concentradas en la capital. Asimismo, se otorgarán facilidades aduaneras para el ingreso de bienes necesarios para la organización. En Chiclayo, se proyecta un impacto económico de 150 millones de soles en hotelería y comercio.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la llegada del pontífice será una oportunidad para fortalecer la unidad nacional y garantizó que el Ejecutivo hará todo lo que se requiera para garantizar la seguridad durante todo el trayecto del Sumo Pontífice.

La visita al Perú forma parte de las actividades del papa León XIV en Latinoamérica durante noviembre. Su arribo está programado para el día 11, permaneciendo en territorio peruano hasta el martes 17. En este periodo, cumplirá una agenda que integra reuniones oficiales con el Gobierno y encuentros masivos con los fieles en cuatro regiones.

Las fechas fijadas para el arribo cierran un cronograma de viajes apostólicos por la región en el penúltimo mes del año. El itinerario incluye visitas previas a Uruguay del 6 al 8 de noviembre y a Argentina del 8 al 11 de noviembre.

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El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la posible creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte desde diciembre del 2022.

“Si es que alcanza la mayoría, entiendo que en la Cámara de Diputados sigue siendo 45 votos como mínimo y creo que los votos los tienen. Si se instala, a buena hora, que se sepa la verdad”, dijo este viernes a Canal N.

El pronunciamiento ocurre tras la formalización de una iniciativa legislativa por parte de la bancada Ahora Nación, la cual busca analizar las gestiones gubernamentales y las actuaciones del orden público.

Alejandro Muñante enfatizó la necesidad de que cualquier indagación parlamentaria sea técnica y objetiva para evitar sesgos ideológicos. Indicó que el principal problema de las comisiones creadas por sectores políticos específicos es el riesgo de generar resultados parcializados por agrupaciones que las impulsan.

“Fui uno de los críticos que se denuncie a Dina Boluarte durante su gestión anterior por el tema de las protestas, no por salvar a Dina Boluarte, si no porque más bien entendía que quienes la denunciaban la estaban salvando porque saben perfectamente que a una presidenta en funciones no se le puede acusar por ningún delito fuera del artículo 117 de la Constitución (...) Ahora que la presidenta Dina Boluarte no está en el poder, ahora sí presenten las denuncias. Si realmente buscamos justicia, hay que hacerlo en el momento adecuado, donde no existe ninguna protección legal para que estos funcionarios respondan ante la justicia”, aseveró.

El representante de Renovación Popular expresó su respaldo a la idea planteada por la presidenta Keiko Fujimori sobre una comisión técnica externa al Congreso ya que, según opinó, esto permitiría neutralidad en las investigaciones que incluso podrían determinar responsabilidades políticas.

La moción presentada por Ahora Nación propone un plazo de 90 días hábiles para que el grupo especial determine las responsabilidades por la muerte de civiles en enfrentamientos registrados en Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac.

El documento, que detalla un total de 60 fallecidos y casi dos mil heridos, deberá ser analizado inicialmente por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados. Tras este trámite, la propuesta será sometida a debate y votación final en el pleno de la Cámara Baja del Congreso Bicameral para definir su instalación formal.

Las comisiones de Ética de la Cámara de Diputados y del Senado, responsables de evaluar las conductas de los congresistas y, de ser el caso, proponer sanciones, quedaron conformadas para el período 2026-2028.

En ambas cámaras, esos grupos de trabajo parlamentario estarán conformados por seis legisladores cada uno.

Fuentes de El Comercio informaron que la bancada de Obras presidirá la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, mientras que Juntos por el Perú encabezará la del Senado.

En el Congreso anterior, el último de la era unicameral, la Comisión de Ética quedó marcada por sus constantes blindajes a congresistas.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso recién iba a elegir a su presidente este miércoles 12 de agosto a las 11 am, pero se postergó por tercera vez. Ahora para este viernes.

Primero, el retraso tenía relación con el sorpresivo anuncio de Harvey Colchado de poner su cargo a disposición a raíz de los cuestionamientos que enfrenta por la investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible.

El coordinador de la comisión, Javier Cipriani (Renovación Popular), postergó la sesión para este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m. Inicialmente, se iba a realizar el martes a la misma hora, pero se movió debido a que hubo sesión de la Junta de Portavoces a las 4:00 pm.

En dicha instancia se acordó que Obras presida la Comisión de Ética Parlamentaria. Inicialmente, la agrupación tenía como representante en el grupo de trabajo a Heber López Letona, pero luego lo reemplazaron por Henry Albañil.

El cambio fue comunicado durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados realizada el último jueves.

La Mesa Directiva también estará integrada por Juntos por el Perú y Ahora Nación, cuyos representantes son Sadith Pérez y Harvey Colchado.

Albañil Carmona (35) es representante de Obras por Piura. Es arquitecto y ha laborado en la Municipalidad Distrital de Marcavelica (Sullana, Piura).

Mery Infantes (62) es representante de Fuerza Popular por Amazonas. Esta es su segunda gestión como parlamentaria, también ejerció el cargo en el quinquenio anterior (2021-2026). Fue una de las legisladoras que votaron por polémicas leyes como la que elimina el plazo de prescripción para investigar un delito y la que permite que los familiares de los congresistas puedan licitar con el Estado.

En el 2024, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó un potencial conflicto de interés en declaración jurada de intereses (DJI) de Infantes. En ese entonces, la hoy diputada era integrante accesitaria de la Comisión de Salud y en su DJI consignó que es dueña de una botica.

Cabe señalar que, en entrevista con El Comercio, Infantes aclaró que la propiedad de la botica ya ha sido trasladada a su hija.

Este Diario también dio a conocer que, entre 2021 y 2025, sus ingresos se incrementaron cerca de 17 veces, pasando de S/ 930 a S/ 15,600, sin participación de ingresos del sector privado.

En el mismo periodo, su patrimonio registró un incremento del 25%, equivalente a S/ 387,598.56 adicionales. Respecto a su candidatura al Congreso en 2021 por Fuerza Popular (Amazonas), reportó ingresos por S/ 2,000.00 y gastos por S/ 2,081.61. Asimismo, no registra deudas tributarias.

Mery Infantes Castañeda registra ante la Sunedu los grados y títulos de Licenciada en Obstetricia y Bachiller en Obstetricia, en concordancia con lo declarado en su hoja de vida.

Jessica Sadith Pérez Quispe (38) es representante de Juntos por el Perú por Puno. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, registró experiencia laboral en el Seguro Social de Salud - ESSALUD y la Municipalidad de Ventanilla, en las que se desempeñó como contadora y abogada, respectivamente.

Según pudo verificar este Diario, es contadora pública y abogada por la Universidad Andina Néstor Cáceres y cuenta con un magíster en contabilidad y Administración con Mención en Administración y Finanzas en la Universidad Nacional del Altiplano.

Pérez Quispe fue parte del grupo de congresistas y asesores parlamentarios que fueron registrados ingresando al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. Las visitas, captadas durante varias jornadas entre el 29 de julio y el 6 de agosto, se produjeron fuera del horario habitual de atención al público, según un reportaje difundido por Panorama.

Edwin Espinoza Huilca (43) es representante del Partido del Buen Gobierno por Cusco. Según consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, se ha desempeñado en distintos periodos como consultor y gestor social para las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, entre el 2019 y 2025.

Ha laborado en el programa Cuna Más, el Banco Interamericano de Desarrollo y Proinversión. Además, ha sido prefecto regional de Cusco entre el 2016 y el 2018.

De acuerdo con su perfil en la red social LinkedIn, es licenciado en Ciencias de la Comunicación con más de 14 años de ejercicio profesional y tiene estudios concluidos de maestría en Ciencias del Gobierno y de la Administración.

Javier Cipriani Thorne (70) es representante de Renovación Popular por Lima Metropolitana. Según la hoja de vida que presentó ante del Jurado Nacional de Elecciones fue presidente de la Fundación Lima desde 2023 hasta 2025. Previamente, fue regidor municipal de San Isidro por el partido Perú Patria Segura (2019-2022).

El hoy diputado de la agrupación celeste también fue militante Acción Popular, de 2019 hasta 2021, y Avanza País, entre 2021 y 2024. Precisamente, por esta última agrupación postuló sin éxito a la alcaldía de San Isidro en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

No declaró estudios universitarios ni técnicos en su hoja de vida y tampoco registra grados académicos ni títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Harvey Julio Colchado Huamaní (52) es un coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ha sido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y coordinador del equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Como parte de sus labores al frente de la Diviac, Colchado dirigió diversos operativos para desarticular organizaciones criminales como el Caso Orellana, Los Cuellos Blancos del Puerto, Odebrecht y los últimos tenían relación con investigaciones contra funcionarios y allegados de las gestiones de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Precisamente en el gobierno de esta última, el equipo que lideraba Colchado fue desactivado y el hoy diputado fue pasado al retiro.

Hace una semana, se conoció que el Ministerio Público lo acusó por el presunto delito de negociación incompatible y solicitó que se le imponga una pena de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva. La imputación está relacionada con el alquiler de un inmueble a la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando fue coronel PNP en actividad.

Según su hoja de vida, Colchado es licenciado en Administración y Ciencias policiales, abogado y magíster en Gobierno y Políticas Públicas.

Con respecto a Colchado, fuentes de la comisión parlamentaria explicaron a El Comercio que dicha figura no es aplicable en este caso, debido a que Colchado fue elegido por su bancada como integrante del grupo de trabajo y la conformación se aprobó en el pleno de la Cámara baja.

“Recuerda que estar en Ética es de dos años”, subrayaron.

Los integrantes de Ahora Nación ya adelantaron que ratifican su respaldo a la decisión de mantener al exjefe de la Diviac como representante de la agrupación en la Comisión de Ética.

Como informó El Comercio, el último lunes el grupo de trabajo tenía previsto elegir a su presidente para el período 2026-2028. Incluso, existía la posibilidad de que ese mismo día se abordara el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la Comisaría de San Miguel.

Sin embargo, durante la sesión, Colchado anunció que ponía su “nombramiento como integrante a disposición del pleno”.

La noticia tomó por sorpresa a los presentes. Así, el proceso para elegir al titular del grupo de trabajo quedó en suspenso.

El senador Andrés Ramos Huillcas, de Juntos por el Perú, es agricultor y docente. Registra una sentencia por alimentos, dictada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Abancay.

El mencionado juzgado ordenó que se le descuente el 20% de sus ingresos a favor de su hijo. Así lo reportó el propio senador en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los comicios generales de abril pasado.

En la Cámara Alta es representante de Apurímac.

No se encuentra afiliado a Juntos por el Perú. Postuló en condición de invitado.

Miyashiro es exdirector de la PNP, fue comandante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán.

También fue congresista (2016-2019). Fue parte del Congreso disuelto en el 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra. Además, ha sido asesor parlamentario.

Velásquez, de Renovación Popular, es el representante de los peruanos en el exterior. Fue cónsul general honorario del Perú en Seattle, Washington, Estados Unidos.

En 1997 fue nombrado cónsul ad Honorem del Perú en Seattle. El nombramiento fue oficializado mediante una resolución suprema durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En el 2011, el gobierno de Alan García elevó la categoría del Consulado del Perú en Seattle a Consulado General y, por ello, la de Velásquez García a Cónsul General Honorario del Perú en esa ciudad. Permaneció en ese cargo hasta agosto del 2024.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, la Cancillería dispuso el término de sus funciones al decidir que el Consulado General en Seattle quedara a cargo de un funcionario consular de carrera.

Caballero, del Partido del Buen Gobierno, es mayor general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro. Fue jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, entre otros cargos.

Postuló a la segunda vicepresidencia de la República en las elecciones pasadas, como parte de la plancha liderada por Jorge Nieto.

Astucuri, del Partido Cívico Obras, es ingeniero agrónomo y magíster en Gestión Pública.

Trabajó como especialista en gestión ambiental en Sedapal.

Milita en el Partido Cívico Obras desde el 2024. Antes estuvo afiliado a los desaparecidos Partido Nacionalista Peruano y Perú Posible.

Además, fue regidor de la Municipalidad de Lurigancho en dos oportunidades, primero por el Partido Nacionalista Peruano y luego por Juntos por el Perú.

Vásquez, de Ahora Nación, fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo y presidenta interina del Congreso durante la gestión de Francisco Sagasti.

Es abogada y activista ambiental. También integrará la comisión de Gestión de Estado y Contraloría del Senado.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso recién elegirá a su presidente este miércoles 12 de agosto a las 11 am. El retraso tiene relación con el sorpresivo anuncio de Harvey Colchado de poner su cargo a disposición a raíz de los cuestionamientos que enfrenta por la investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible.

Fuentes de la comisión parlamentaria explicaron a El Comercio que dicha figura no es aplicable en este caso, debido a que Colchado fue elegido por su bancada como integrante del grupo de trabajo y la conformación se aprobó en el pleno de la Cámara baja.

“Recuerda que estar en Ética es por dos años”, subrayaron.

Los integrantes de Ahora Nación ya adelantaron que ratifican su respaldo a la decisión de mantener al exjefe de la Diviac como representante de la agrupación en la Comisión de Ética.

Como informó El Comercio, el último lunes el grupo de trabajo tenía previsto elegir a su presidente para el período 2026-2028. Incluso, existía la posibilidad de que ese mismo día se abordara el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la Comisaría de San Miguel.

Sin embargo, durante la sesión, Colchado anunció que ponía su “nombramiento como integrante a disposición del pleno”. La noticia tomó por sorpresa a los presentes. Así, el proceso para elegir al titular del grupo de trabajo quedó en suspenso.

El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada Juntos por el Perú, dijo que se someterá a las investigaciones parlamentarias tras la denuncia por presunta agresión física ocurrida en San Miguel y que está dispuesto a colaborar con el proceso indagatorio iniciado tras los sucesos del pasado 30 de julio.

En entrevista a RPP, el diputado por Cusco enfatizó su interés en que los hechos se esclarezcan con celeridad. “A la Comisión de Ética del Parlamento me voy a allanar y voy a colaborar con todas las investigaciones porque soy el primer interesado en que se esclarezca esto”, sostuvo este 14 de agosto.

El caso contra Pérez Mallqui inició apenas cuatro días después de asumir su cargo, cuando fue detenido en flagrancia dentro de un inmueble en el distrito de San Miguel. Según las primeras versiones, habría forcejeado con su expareja y el padre de ella dentro de su vivienda, y supuestamente habría sido autor de violencia sicológica.

Sobre dicho incidente, Pérez Mallqui aseguró que la Fiscalía Suprema ya conduce las diligencias preliminares correspondientes. No obstante, el diputado negó los cargos en su contra y alegó que él fue quien sufrió las agresiones físicas tal y como consta en el acta policial de los hechos.

El legislador enfrenta actualmente una denuncia formal ante la Comisión de Ética Parlamentaria presentada por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular. El petitorio de dicha acusación solicita una suspensión de 120 días y el correspondiente descuento de haberes por presuntas infracciones graves al código de conducta institucional.

Además de la investigación actual, Pérez Mallqui reconoció que mantiene un proceso judicial en curso vigente por un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Pichari en 2024. En aquel suceso, una madre y su hija menor de edad resultaron heridas tras ser impactadas por el vehículo que conducía el hoy parlamentario, quien fue sentenciado por lesiones culposas.

El diputado señaló que acatará el fallo judicial definitivo respecto a la reparación civil impuesta por las lesiones causadas a las víctimas del atropello de 2024. “Que salga el fallo y yo voy a someterme”, precisó en referencia a los montos económicos que determine la justicia para compensar los daños sufridos por la familia afectada en Cusco.

También reconoció que no pagó el monto de reparación civil impuesto por la justicia de 80 mil soles a favor de las personas lesionadas, pero dijo que actuó así para evitar que se desconozca un apoyo inicial que hizo a favor de las personas que atropelló y que, según su versión, no ha sido reconocida durante el proceso judicial.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este miércoles 19 de agosto los sorteos públicos para determinar la ubicación de los nombres y símbolos de las agrupaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El proceso se realizará de manera simultánea en diferentes locales oficiales a nivel nacional. Mientras que la ubicación de los partidos políticos nacionales se definirá en la sede central del organismo en Lima, el posicionamiento de los movimientos regionales será sorteado en cada una de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del país.

Este hito en el calendario electoral complementa otras acciones de preparación técnica que ejecutan los organismos del sistema electoral peruano. Previamente, según el sorteo público del 10 de junio de 2026, ya se había determinado que el bloque de partidos nacionales ocupará la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales se situarán en la sección inferior.

📌 La ubicación de los partidos políticos se sorteará en nuestra sede central en Lima, mientras que la de los movimientos regionales se determinará en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

👉 Más información: https://t.co/veZCbfIs25#ERM2026

— ONPE (@ONPE_oficial) August 14, 2026

Para la ejecución de los actos del miércoles se utilizarán bolilleros de donde se extraerán los bolillos asignados a cada organización que haya solicitado su inscripción de candidaturas ante los jurados electorales especiales. Este procedimiento administrativo garantiza que la distribución en el material de votación no sea arbitraria y responda estrictamente al azar.

Cada etapa del acto contará con la certificación de un notario público para dar conformidad a los resultados obtenidos en las diversas sedes. Asimismo, se ha invitado a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, la Defensoría del Pueblo y personeros de las agrupaciones políticas para actuar como veedores del proceso.

La ONPE ha precisado que, una vez definido el orden, solo podrían ocurrir modificaciones si el JNE dispone la exclusión o no inscripción definitiva de alguna candidatura. En tales circunstancias, los espacios no quedarán vacíos, sino que serán ocupados correlativamente por la organización inmediata inferior según el orden establecido en el sorteo.

En paralelo a la organización técnica, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa el Pacto Ético Electoral para promover una campaña basada en el respeto y la integridad. Estas mesas de diálogo buscan que las agrupaciones políticas alcancen consensos sobre transparencia y debates de propuestas, fortaleciendo así la calidad democrática del proceso.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre, convocarán a la ciudadanía para elegir a sus nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales. La definición de la cédula este miércoles 19 marca el inicio de la etapa final de producción del material electoral necesario para la jornada de sufragio.

El Gobierno designó a Ángel Manero Campos como el nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un cargo de confianza clave para la administración de los predios públicos. Este nombramiento se produce en el marco de una serie de renovaciones en las jefaturas de los organismos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los primeros días de la gestión de Keiko Fujimori.

Según la Resolución Suprema N° 013-2026-Vivienda, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, Manero asume el cargo en reemplazo de José Felisandro Mas Camus a quien se le aceptó la renuncia a través de la Resolución Suprema N° 012-2026-Vivienda, extendiéndosele las gracias por los servicios prestados desde que asumiera la jefatura en octubre del año pasado.

La medida fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es el ente rector encargado de formular las políticas nacionales sobre la adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado. Su labor principal consiste en gestionar el portafolio inmobiliario público para garantizar que su uso sea eficiente, transparente y sostenible, beneficiando tanto a entidades públicas como privadas.

El flamante superintendente es ingeniero agroindustrial graduado de la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con una maestría en Administración de Agronegocios por la Universidad ESAN. En su trayectoria profesional destaca su desempeño como director nacional del Banco Agropecuario y director general de Negocios Agrarios, además de haber laborado en diversas empresas del sector agroexportador.

Es pertinente recordar que Ángel Manero fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Dina Boluarte, cargo en el que juró inicialmente el 1 de abril de 2024. Su gestión en dicha cartera se prolongó hasta octubre de 2025, luego que Boluarte fuera vacada de la presidencia de la República.

En ese interín, fue ratificado en el cargo en mayo de 2025 tras una recomposición del gabinete ministerial de aquel entonces. Abandonó el puesto cuando José Jerí tomó juramento al gabinete presidido por Ernesto Álvarez.

Sin embargo, lo que llama la atención de este sondeo es la aceptación que registra la mandataria entre los jóvenes. Según Datum, en el segmento de ciudadanos entre los 18 y 24 años la aprobación a la gestión de Keiko Fujimori es de 71%, superando largamente al grupo de encuestados entre 43 y 54 años, que eran la fortaleza de la ahora mandataria.

Para Urpi Torrado, CEO de Datum, este dato no es menor si se tiene en cuenta que en encuestas previas a la elección precisamente ese grupo no la favorecía en la intención de voto.

Según Torrado, “Fujimori no solo usa las redes sociales, sino que sabe cómo hacerlo y usa códigos que la acercan a los jóvenes”.

No han sido pocos los que critican a Keiko Fujimori por sus transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, especialmente las de los dos últimos domingos, en las que, además de comentar actividades oficiales y hacer anuncios, muestra los regalos que le han hecho en los lugares que visita. Este domingo exhibió sombreros hechos por artesanas peruanas.

Bastó este gesto para activar las críticas apuntando a la frivolidad y a subrayar que, en vez de hacer transmisiones en vivo, debiera ocuparse de asuntos de Estado, ignorando que es evidente que esa manera de comunicar no está dirigida a “sesudos o sesudas” analistas de más de 60 años.

Muy por el contrario, esta nueva forma de comunicación política busca precisamente proyectar cercanía y conectar incluso con aquellos que no votaron por ella y, a decir de este primer resultado de Datum, pareciera que lo está logrando.

Pero cuidado porque, así como la aceptación genera esperanza, también las expectativas en la población crecen y, si no ven resultados en el cortísimo plazo, esta primera imagen favorable puede desvanecerse.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, dijo la presidenta el último miércoles.

Lamentablemente, han sido años de desgobierno y desidia que han generado que la población exija resultados inmediatos. La presidenta, seguro animada por las cifras que aprueban sus primeros días de gestión, pide confianza y, por lo que dicen las encuestas, la tiene, pero también debe ser consciente de que, sin resultados en seguridad ciudadana, al menos en el mediano plazo, no hay paciencia que valga.