La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha recibido un total de 2.664 denuncias ciudadanas vinculadas a los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026, las cuales se encuentran actualmente en proceso de evaluación.

A través de un comunicado, la entidad precisó que las denuncias son investigadas en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos disciplinarios, garantizando el debido proceso y la objetividad en el análisis de cada caso.

En ese contexto, la JNJ confirmó que continúa en trámite la investigación preliminar contra Piero Alessandro Corvetto Salinas, en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de sus competencias constitucionales.

Asimismo, el organismo autónomo informó que su pleno declaró la nulidad de oficio del acuerdo referido a la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero, y dispuso la adopción inmediata de medidas administrativas contra los funcionarios que resulten responsables.

La JNJ señaló que estas acciones se enmarcan en su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia, frente a la preocupación ciudadana por lo ocurrido en las Elecciones Generales 2026.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció este lunes rechazando las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, quien dijo que en el gremio no ven indicios como para afirmar que haya habido una intención de fraude durante las Elecciones Generales.

“La Cámara de Comercio de Lima deslinda de manera expresa y categórica su posición frente a las declaraciones del presidente de la CONFIEP, dejando constancia de que no las comparte por no reflejar la real dimensión de los hechos ocurridos en el proceso electoral”, señala la CCL en un comunicado.

“Al mismo tiempo, convocamos al conjunto del empresariado organizado a actuar con unidad y cohesión, porque la hora nos exige asumir colectivamente el liderazgo que el Perú necesita. Es inaceptable relativizar que alrededor de 500 000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto por causas directamente atribuibles al Estado peruano”, agrega el gremio empresarial.

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó en Punto Final, este domingo que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, sostuvo.

La CCL indicó que “minimizar estos hechos debilita la confianza en el sistema y compromete la legitimidad del proceso, generando además consecuencias que no son sólo políticas”.

El Partido del Buen Gobierno, que lidera Jorge Nieto Montesinos, tiene todos los reflectores encima, no solo por los resultados electorales obtenidos el 12 de abril sino por la expectativa de su bancada en el Congreso bicameral y lo que representa sus votos para inclinar la balanza en la correlación de fuerzas. Este grupo estará conformado por 25 parlamentarios -siete senadores y 18 diputados- que muestran un alto nivel de perfiles tecnocráticos, pero una casi nula experiencia partidaria y parlamentaria.

Aunque su inscripción formal data del 2024, la agrupación se comenzó a forjar desde el 2021 cuando Jorge Nieto postuló al Congreso encabezando la lista del desaparecido partido Victoria Nacional, en lo que fue su primer intento de conformar un partido tecnocrático. Tras aquella experiencia fallida, Nieto empezó a reclutar su propia gente siendo él la cabeza del proyecto y, cinco años después, logró una representación en las dos cámaras del nuevo sistema bicameral.

Todos coinciden en que Nieto es el principal elemento cohesionador, y en este arranque es algo que tranquiliza en la interna del partido, pero también son conscientes de que esto no es sostenible en el tiempo, sobre todo una vez que todos los parlamentarios se instalen en sus curules.

“A Nieto le pasa algo mañana y la bancada se desarma“, advirtió una fuente partidaria.

Por el momento, existen dos preocupaciones en el Partido del Buen Gobierno. La primera está relacionada a la casi nula experiencia parlamentaria, y el poco recorrido partidario de los miembros de la bancada. Sobre el tema parlamentario, la única que ha tenido algún contacto con el Parlamento es la senadora Patricia Iturregui, quien trabajó como asesora de una comisión especial.

En lo partidario, 20 de los 25 están afiliados. Este podría ser un buen indicador, de no ser porque, para 15 de ellos, esta significará su primera experiencia partidaria. Entre los 10 restantes, dos tienen antecedentes partidarios en el Partido Morado, otros dos en el Apra, y en otras agrupaciones sin estancias muy prolongadas.

Ante la inexperiencia política y parlamentaria, el partido considera como su mayor activo a su facción tecnocrática que está conformada por nueve miembros, a la que se puede sumar el grupo de cuatro ejecutivos cuya última experiencia laboral ha estado vinculada a cargos en el sector público. Aunque no todos ven con buenos ojos a este sector predominante, pues algunas voces partidarias consideran que ocho de los tecnocráticos tienen una orientación “oenegera” que podría causarles trabas en el Parlamento, por el desgaste de la figura de las ONGs en los últimos años.

Existe un bloque de virtuales parlamentarios que provienen del sector empresarial, y otro de perfiles más independientes, sobre los cuales existe la necesidad de introducirlos a las dinámicas de políticas públicas. El gran reto, hasta julio que será la juramentación, será poder cruzar las promesas partidarias de la campaña con las agendas individuales.

Ante este panorama, en las primeras reuniones se ha planteado la importancia de conformar un grupo de asesores con experiencia parlamentaria. “Se sugirió que es importante dar la directiva de que todos los asesores deben tener experiencia parlamentaria. Nuestro equipo no puede ser nuevo como nosotros. A todos nos conviene tener asesores experimentados”, explicó una fuente consultada.

Existen varias coincidencias entre los perfiles legislativos que anticipan las agendas individuales que predominará en la bancada. Tienen cuatro virtuales legisladores vinculados al sector salud, y dos relacionados al sector de la agroexportación. Entre la variopinta representación del Partido del Buen Gobierno, puedes encontrar a una Jessica Benitez, técnica del Minsa, como a Nathaly Molina, una cirujana dentista que logró un escaño, pese a ser la número 22 de la lista por Lima, con su campaña enfocada en la agenda animalista y la música K-pop.

También hay personajes de los cuales no se conoce mucho, ni dentro del propio partido, como el virtual diputado del Callao, Fernando Garcia, de quien solo se tiene registro que sido regidor con Chim Pum Callao y luego vicepresidente regional junto al fallecido Rogelio Canches. En su hoja de vida, García Huby no consignó experiencia laboral y el Jurado Nacional de Elecciones le impuso una multa por no declarar una empresa donde tuvo participación.

Además de los perfiles, el otro punto por ordenar es la postura partidaria en el espectro político. “Nieto habla del centro reformador, y esa es una explicación compleja. Pero creemos que la figura del centro, en la postura del partido, va a cobrar mayor relevancia. Nadie ha querido coger esa figura por la polarización de los últimos años, pero las últimas encuestas (en referencia a la medición del IEP sobre la postura de los votantes respecto a la segunda vuelta) son una señal”, refirió una fuente de la nueva bancada.

¿Cómo se traducirá esa postura en el Congreso? Los virtuales congresistas consultados coinciden en que su política será la del “análisis ley por ley”. El único problema es que varios de los miembros de la bancada, en sus últimas entrevistas, vienen respondiendo con un repetitivo “no sé” a las preguntas respecto a temas de interés nacional.

La segunda preocupación del Partido del Buen Gobierno está relacionada a evitar fugas. Si bien el reglamento parlamentario evita que se creen nuevas bancadas, un congresista no está impedido de cambiarse de grupo. Y en el partido de Nieto ya se levantaron las primeras alarmas.

“Estamos en etapa de integración con reuniones constantes, para que no se realicen coqueteos con otras agrupaciones. Existe ese temor, y antes de perder gente, deberíamos reclutar gente. Entendemos la importancia del peso numérico”, alega una fuente.

Otra fuente partidaria reveló que las alarmas se encendieron a raíz del contacto entablado por el virtual senador Flavio Figallo con el bloque partidario que viene impulsando Alfonso López Chau, virtual senador y líder de Ahora Nación. En redes sociales se difundió un video donde se observaba a López Chau con su colega partidario Carlomagno Chacón y Marisol Pérez Tello, excandidata presidencial de Primero La Gente. Con esos mismos actores, según las fuentes, tuvo contacto Figallo.

Fue en esas conversaciones que el mismo López Chau planteó a Figallo una invitación para el propio Nieto, y esta fue una conversión que después se ventilaría en medios de comunicación. “Invitamos a Nieto a la coalición y desde su partido respondieron que no participarán”, dijo López Chau en una entrevista con OjoPúblico.

Dicha reunión generó malestar en la interna del Partido del Buen Gobierno, a tal punto que el propio Nieto negó en RPP Noticias haber recibido una invitación para reunirse con el bloque de López Chau y descartó integrar alguna coalición. “En este momento, nosotros no vamos a pasar a una política de bloques. De verdad, somos un partido que está colocado en un centro transformador”, afirmó en aquella entrevista.

“Están viendo en la interna el tema de la disciplina partidaria a raíz del caso Figallo, porque se habla de una reunión no autorizada”, explicó una de las fuentes consultadas del partido.

Este caso también ha revelado la necesidad de operadores políticos. “Los congresistas no saben mucho de política e incurren en estos errores. Tienes congresistas prekinder que no solo necesitan personal técnico, necesitan operadores”, anotó otra fuente de la agrupación.

La bancada “prekinder” de Nieto tendrá su primer reunión con todos los miembros durante esta semana. Su primera tarea ha sido completar formularios donde se les ha solicitado sincerar sus agendas y algunos “temas sensibles” -entiéndase conflictos o antecedentes- que puedan arrastrar. Además se quiere empezar a definir vocerías, aunque dicha labor pueda demorar ante la inexperiencia de la mayoría de sus miembros.

El Partido del Buen Gobierno llega como el mayor intento tecnocrático de operar en el Congreso. Solo el tiempo dirá si logran sobreviivir a las arenas políticas que en el Parlamento se asemejan cada vez más a un mercado persa.

Los informes de representación que el congresista Roberto Sánchez presentó ante la Oficialía Mayor registran actividades de campaña realizadas durante semanas financiadas por el Congreso. Los documentos, elaborados por su propio despacho, incluyen fotografías en las que aparece junto a Analí Márquez y Brígida Curo, integrantes de su plancha presidencial.

El 10 de noviembre del 2025, Roberto Sánchez anunció desde su cuenta de Facebook la fórmula presidencial de Juntos por el Perú. En el flyer aparecían Analí Márquez y Brígida Curo junto a una fotografía de Pedro Castillo Terrones. Con esta imagen Sánchez –quien también se desempeña como presidente del partido– dio inicio oficial a sus actividades de campaña.

Apenas tres días después, Sánchez consignó actividades como congresista en Puno bajo el rótulo de Semana de Representación y lo registró en sus informes. El evento partidario se dio junto a la Asamblea Provincial de Comunidades Campesinas en Azángaro –fuera de su circunscripción electoral, ya que Sánchez es congresista por Lima– y en las imágenes aparece junto a Brígida Curo, quien ya había sido anunciada como candidata a la segunda vicepresidencia días antes.

Pero no fue la única vez. Al mes siguiente, el 10 de diciembre, Sánchez registró otra actividad “de representación” en Cusco, fuera de su circunscripción. Según el documento oficial enviado por su propio despacho, recorrió el Mercado San Pedro como parte de la difusión de un proyecto de ley declarativo que proponía la puesta de valor del mercado central.

Sin embargo, las fotografías adjuntas en el informe del Congreso muestran que estuvo acompañado por Analí Márquez, actual candidata a la primera vicepresidencia y postulante a la Cámara de Diputados por esa región. Mientras que en las redes sociales del propio candidato se puede ver cómo en esa visita al Cusco hacía difusión de su campaña.

Además resulta llamativo que en los informes presentados, Sánchez no firma como congresista, sino como “Presidente de Juntos por el Perú” y utiliza el logotipo de su actual partido (y no el de su bancada congresal JP-VP-BM), pese a tratarse de documentos parlamentarios.

En noviembre pidió licencia solo el 12 y 14, mientras en fechas cercanas en las que sí consignó representación aparece en actividades proselitistas. En diciembre repitió el patrón: solicitó licencia el 12, 15 y 16, pero reportó como trabajo oficial —y apto para el cobro de bonos— los días 10 y 11, cuando realizó actividades en Cusco junto a su entorno electoral.

Para el especialista parlamentario Martín Cabrera dicha acción resulta flagrante. “Aquí hay un principio básico: a confesión de parte, relevo de prueba. Si es el propio despacho el que registra las actividades, las imágenes y además solicita licencias en determinados días, sugiere que el mismo congresista identificaba que estaba ante una situación límite”, indica. Además, señala que el caso debería ir a la Comisión de Ética y, a la vez, podría significar un delito de uso indebido de los recursos públicos.

Según documentos revisados por esta Unidad, Roberto Sánchez figura entre los congresistas que más licencias solicitó durante sus semanas de representación en 2025. Tramitó permisos en febrero, mayo, junio, julio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, en su mayoría por viajes al extranjero.

Por ejemplo, en febrero viajó a Uruguay; en mayo se ausentó por un viaje a China —con licencia hasta el 5 de junio— y volvió a pedir permisos los días 25, 26 y 27 de ese mes. En julio concentró licencias los días 14, 16 y 17; en setiembre, el 22 y 23; en octubre, del 28 al 30 y en noviembre viajó a Colombia (del 24 al 27) por motivos particulares. Mientras que en lo que va de este año realizó viajes personales a México (febrero) y Chile (marzo).

Unidad de Investigación

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Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Presidente Balcázar cree “pertinente” que próximo gobierno revise compra de aviones F-16 para decidir si la convalida

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, sostuvo en el programa Punto Final.

Renovación Popular sobre auditoría informática del JNE en elecciones 2026: Carece de la seriedad necesaria

Ante la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de realizar una auditoría internacional, dijo que es “lo que corresponde”, ya que el proceso tiene un “manto de duda” y es necesario restablecer la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta.

“Lo único que le falta es que le ponga fecha, porque esto tiene que ser inmediatamente. Esto es una auditoria, no es un diseño, no es una implementación, o la elaboración de un software”, resaltó.

Critica a la ONPE

En otro momento de la entrevista, el presidente de la Confiep apuntó que la ONPE debería tener un rol “más activo” realizando conferencias de prensa a diario para esclarecer el tema de las actas.

“Por lo menos salir cada dos o tres días, explicando cada situación que se presenta en la televisión o redes sociales, argumentando para desmontar toda esta narrativa de irregularidades que se está creando y es sumamente peligrosa”, manifestó.

“La mayor irregularidad es que no haya llegado el material electoral a tiempo. Ahora todas esas actas que aparecen con números un poco extraños (serie 900 mil) deberían explicarlas todas”, indicó.

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Presidente de la Confiep sobre elecciones: “No podemos afirmar que haya habido un fraude”

Roberto Sánchez: Sus propios informes de representación del Congreso delatan sus actividades partidarias

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes 4 de mayo que no postulará a “ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales”, en medio de sus cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones por desestimar los comicios complementarios.

“Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso transparente e imparcial, pero también porque no permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales”, dijo.

#EnVivo

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Quiero anunciar que no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. No permitiré que se utilice… pic.twitter.com/HaTG4NxqAL

— Canal N (@canalN_) May 4, 2026

En el registro de Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reggiardo figura como afiliado válido de Renovación Popular.

En octubre del año pasado, el entonces teniente alcalde de Lima juró como burgomaestre tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el silón edil para postular a la Presidencia de la República.

Demandas contra el JNE

De otro lado, se confirmó la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, medida que se suma a la anunciada acción de amparo presentada ante el Poder Judicial en contra de la resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril en el que se anuncia que no habrá elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

“Uno de esos derechos (ciudadanos) es el de votar en condiciones imparciales justas y transparentes. La democracia no puede sostenerse sobre reglas manipuladas, árbitros cuestionados o instituciones sometidas a intereses políticos. Cuando se pierde la confianza en la neutralidad de quienes deben garantizar elecciones limpias, lo que está en riesgo no es una candidatura, sino la legitimidad misma del sistema democrático”, dijo.

En la conferencia, Raúl Fernández, jefe de la oficina general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, habló en representación del exmagistrado Genaro Eto Cruz, quien ejerce como abogado de la comuna en el aspecto constitucional.

Fernández anunció que este mismo lunes 04 de abril estarían presentando esta “acción competencial” ya que se acredita la vulneración a las competencias de la Municipalidad.

“Hoy debemos estar presentando esta acción competencial por menoscabo a las atribuciones constitucionales, que es una facultad que le da el Tribunal Constitucional en la sentencia 004-2004, una variante de una acción competencial. La municipalidad está demostrando que esa inacción, esta inaplicación de esta garantía constitucional del derecho al voto, perjudica y menoscaba las competencias municipales vinculadas a las paz social, el ornato que merece el centro histórico”, argumentó.

Asimismo, indicó que el equipo legal de la comuna está evaluando interponer medidas cautelares, aunque aún se evalúa dicho proceder.

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Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Juntos por el Perú sigue tratando de desmarcarse de su socio político Antauro Humala

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se abstenga de anunciar los resultados de los comicios del 12 de abril hasta que culmine la auditoría informática que ha dispuesto realizar al proceso electoral.

López Aliaga dirigió una carta al pleno del JNE en la que aseguró que cualquier resultado que emita esa institución “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo de la ciudadanía” si previamente no se realiza la evaluación.

“Solicito respetuosamente al JNE abstenerse de pronunciar resultados hasta que se desarrolle y culmine la auditoría oficial ya dispuesta como garantía del debido proceso electoral, en estricto cumplimiento del artículo 176° de la Constitución Política del Perú”, señaló en la carta. El artículo en mención señala que el sistema electoral debe asegurarse que los resultados sean el reflejo directo de la voluntad popular y garantizar transparencia.

El candidato presidencial cuestionó que el JNE haya anunciado una auditoría sin precisar fechas, plazos ni los nombres de los técnicos que la realizarán. Además exigió que esa información sea comunicada en un plazo de 24 horas.

Días antes del domingo 12 de abril, López Aliaga ya alertaba de un supuesto fraude electoral. Las irregularidades cometidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reforzaron sus denuncias, de las que no ha presentado pruebas contundentes.

Posturas

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara señaló que el cronograma electoral es inalterable.

Explicó que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la segunda vuelta debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. “Por esta razón, el JNE ha precisado que el reconteo de votos debe finalizar pronto, pues el objetivo es contar con resultados oficiales antes de la quincena de mayo”, dijo.

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio, de acuerdo con el cronograma aprobado por el JNE.

Guevara precisó que la inalterabilidad del cronograma está respaldada por la sentencia del caso Lizana Puellas, emitida por el Tribunal Constitucional en el 2005.

“El Jurado no podría dejar de observar esta obligación legal para modificar el calendario o acceder a la solicitud a la que haces referencia”, añadió la especialista en diálogo con El Comercio.

También destacó que el JNE aún no ha precisado el alcance de la auditoría. “Se entiende que solo se ha manifestado la voluntad de llevarla a cabo, pero aún no se cuenta con información detallada al respecto. Considero necesario que esto se aclare para tener una proyección de los plazos y determinar si efectivamente se realizará antes de la segunda vuelta”, señaló.

En opinión de Guevara, si los resultados se obtienen antes de la segunda vuelta y se trata de cuestiones subsanables, podrían servir para corregir aspectos con miras al 7 de junio. Por el contrario, si esto sucede después de la publicación de los resultados oficiales, difícilmente tendrá un efecto retroactivo. “Legalmente es muy complejo revertir una situación frente a resultados oficiales, a menos que se encuentre algo extremadamente gravoso”, dijo.

En tanto, el especialista en temas electorales Alejandro Rospigliosi señaló que la anunciada auditoría no tiene sustento en la Ley Orgánica de Elecciones. “Es una creación del señor Roberto Burneo, posiblemente motivada por su propia conciencia”, dijo.

No obstante, agregó que “por un tema de razonabilidad, surge una pregunta legítima”: ¿Qué sucedería si se proclaman los resultados de la primera vuelta y la auditoría posterior revela irregularidades graves?. “Sería una incoherencia absoluta y generaría una inestabilidad política total”, señaló.

“Si el señor Burneo está abriendo estas excepciones a la ley, como la votación en lunes o la auditoría externa, entonces debe respetarse el resultado de dicho proceso antes de programar los resultados oficiales. Lo ideal sería que la auditoría se realice antes del 15 de mayo para contar con resultados de la primera vuelta y acudir al balotaje con tranquilidad”, consideró.

Por su parte, el especialista en derecho digital Erick Iriarte señaló que la auditoría debió realizarse antes del 12 de abril.

“Debería haberse realizado previo al proceso electoral o a su utilización, de modo tal que muestre, en la auditoría, qué hacía el software. ... Si no tienes claridad de que el sistema estaba funcionando correctamente, cualquier discurso posterior será que estuvo mal”.

Más información

Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no realizaron actividades proselitistas el último domingo, según informaron sus equipos de campaña.

La semana pasada, Fujimori visitó diversos distritos de Lima y viajó a Ica y Ayacucho para realizar actividades proselitistas. En estas apeló a la figura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, como estrategia para obtener apoyo electoral. En tanto, Sánchez dio entrevistas, participó en un evento en la plaza Dos de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores y dio la bienvenida al exfiscal José Domingo Pérez, para “impulsar una reforma integral del sistema de justicia”.

]]>JULIO REAÑOhttps://elcomercio.pe/politica/jose-jeri-pj-confirma-allanamiento-en-caso-de-allegadas-a-exmandatario-cuales-fueron-las-razones-del-tribunal-superior-noticia/https://elcomercio.pe/politica/jose-jeri-pj-confirma-allanamiento-en-caso-de-allegadas-a-exmandatario-cuales-fueron-las-razones-del-tribunal-superior-noticia/Mon, 04 May 2026 16:55:56 +0000El Poder Judicial (PJ) a través de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó el allanamiento ejecutado días atrás contra diversas personas vinculadas al censurado expresidente, José Jerí.

Entre los afectados con la medida estuvieron Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

Además de funcionarios del Despacho Presidencial, Essalud y los ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Producción.

A través de una resolución del 30 de abril, a la que accedió El Comercio, el colegiado superior señaló que la medida fue dictada cumpliendo el estándar de motivación y como consecuencia de haber sustentado el grado de sospecha razonable sobre la comisión de los delitos investigados.

El allanamiento, como se recuerda, se dispuso en el marco de la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, al conocerse que diversas jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Jerí Oré y, posterior a ello, fueron contratadas en oficinas del estamento público o recibieron órdenes de servicios.

La orden de allanamiento fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado y ejecutado los primeros días de abril.

Dicha resolución fue apelada por diversos afectados quienes cuestionaban la falta de suficiencia probatoria, así como la necesidad de la medida por el momento en que se materializó. Y solicitaron su anulación.

Sin embargo, la Sala Superior expresó que el juzgado de primera instancia valoró adecuadamente los elementos presentados por la fiscalía y por ello constituyen el soporte objetivo necesario para declarar razonable la medida.

Añadió que la documentación presenta “una secuencia y coherencia administrativa que permite inferir un grado de sospecha simple”, haciendo que el allanamiento no sea un acto arbitrario, sino una consecuencia lógica de los datos materiales recabados.

“Al respecto, la resolución (de allanamiento)se sustenta en el principio de intervención indiciaria y señala que, de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, se evidenciaría un posible direccionamiento a favor de la contratación realizada por la investigada, lo cual constituye un conjunto de conductas de manera concatenada que denotaría un interés indebido y decisión común”, adujo el tribunal.

Sobre el tiempo que transcurrió desde los hechos investigados hasta el allanamiento, la sala señaló que el “lapso cronológico no desvanece la necesidad de la medida ni enerva por sí solo el riesgo de pérdida de información”.

Agrega que se debe tener en cuenta que se trató de una medida de allanamiento con fines de incautación de soporte documental y digital (correos, chats, archivos en dispositivos electrónicos).

“Para efectos de la medida de allanamiento, la apariencia delictiva y la necesidad instrumental de la medida se encuentran plenamente justificadas. Por lo que, al verificarse la existencia de una sospecha mínima pero objetiva, el agravio de motivación aparente debe ser desestimado y confirmarse la resolución en este extremo”, ratificó el Poder Judicial.

Finalmente, el tribunal rechazó que la medida de allanamiento constituya una “pesca de expedición” como alegó una de las partes apelantes.

Sobre ello, la sala ratificó que el juez de primera instancia fundamentó la necesidad de asegurar fuentes de prueba que podrían ser eliminadas.

“En consecuencia, al verificarse que la resolución impugnada exterioriza las razones suficientes que sustentan la decisión y responde a la necesidad de cautelar la eficacia de la investigación, este Colegiado Superior considera que el agravio de falta de motivación debe ser desestimado, por encontrarse la decisión del juzgador acorde a derecho”, concluyeron.

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JNE advirtió a Bernardo Pachas, entonces gerente general de ONPE, sobre demora en instalación de mesas de sufragio

Roberto Sánchez sobre Renzo Reggiardo: “Es una autoridad edil y no tiene descanso como para contravenir la neutralidad”

Advertencia para no crear falsas expectativas: los respaldos cuestan tanto que lo más prudente puede ser no darlos. Tal es el cálculo instalado en alguno de los actores políticos con bancada. No hagan caso a las bases y simpatizantes entusiastas que posteen: ‘Porky va a apoyar a Keiko, López Chau ya dijo que apoyará a Sánchez, Nieto también’. Falso. Ese es el ‘wishful thinking’ del iluso que tomó partido. El líder político no puede darse el lujo de comprometer todo lo que ganado tan temprano. Acá les contaré cómo van las cavilaciones de cada cual.

MIRA: Resultados ONPE al 97.502%: consulta el conteo oficial con miras a la segunda vuelta electoral

A ‘Porky’ López Aliaga no se le puede preguntar serenamente si respaldará a Keiko. Sería impertinente pues su discurso, por ahora, es de punto fijo: un reclamo airado contra el proceso. Lo suyo es un cuestionamiento radical a la legitimidad de las elecciones y pedidos maximalistas de nulidad; así que, si se proclama a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, Renovación Popular (RP) mantendrá una conducta rebelde y díscola que quizá suspenda una toma de partido explícita por la candidata de Fuerza Popular (FP), quien es su opción natural en esa disyuntiva.

Por estas razones, Keiko evita confrontar directamente a ‘Porky’. No va a intentar seducirlo, eso requeriría más temeridad de la que ella exhibe y mucha correa para soportar sus desaires. Pero sí puede seducir a su electorado, mordiéndose la lengua al hablar de su rival. Es del todo previsible que la identificación con valores conservadores y de derecha que prima en los celestes, se vuelque hacia ella. Ahora bien, en una elección que podría tener resultados muy ajustados (la primera encuesta de Ipsos post primera vuelta muestra un empate de Keiko y Sánchez en 38% de intención de voto, y en la encuesta telefónica del IEP la diferencia es de tan solo un punto a favor de Sánchez, 32 versus 31), no solo cuentan los toscos cálculos de bloque y bolsones.

A FP también le preocupa que la conducta disruptiva de RP no perjudique ni deslegitime en exceso sus aspiraciones de triunfo. Y necesita personeros celestes en la hora final. Según un informe de Gonzalo Márquez (@gmárquezp_) en X, RP tuvo personeros en el 32% de las mesas limeñas. FP solo cubrió el 5.6% de Lima. Eso da una idea de que, al menos, en Lima, la red de personeros manejada por Luis Dyer, necesita apoyo celeste. La prédica desprendida de Keiko sobre sus personeros se invertirá. Ahora es ella la urgida.

Hasta ahora, el más buscado para responder el ‘a quién quieres más’ de la segunda vuelta es el cuarto más votado, Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno (PBG). Ha dicho “voy a empezar un proceso de consultas, voy a escuchar primero”. El domingo pasado lo entrevisté en RPP e insistió en esa idea. Esquivó toda repregunta sobre las condiciones y requisitos que podría cumplir su respaldado(a). Se mostró distante de Keiko pero también de Sánchez, de quien dijo: “Ha tenido arreglos con ellos [los miembros del llamado ‘pacto mafioso’](…). Para la gente que ha cubierto, que ha planteado esta consigna de ‘Por estos no’, estaba ahí JP [Juntos Por el Perú, el partido de Sánchez]”.

No descarten que la campaña de segunda vuelta acabe sin que Nieto y la dirigencia del PBG tomen partido. Se están preparando para desafiar la polarización. Al fin y al cabo, según muestra un elocuente cuadro del último informe a partir de la encuesta del IEP, los votos de Nieto migrarían en segunda vuelta casi por igual a Keiko y a Sánchez. El capital político de los amarillos ‘donofrio’ se sustentará en buena parte en ser bisagra y fiel de la balanza en el Congreso. Un respaldo explícito a Sánchez o a Keiko, lo depreciaría. Por esa razón, Flavio Figallo, senador ya prácticamente electo del PBG y secretario general del partido respondió negativamente a una invitación para participar de un grupo post primera vuelta, interesado en crear consensos ante un próximo gobierno, convocado a partir de la Coalición Ciudadana (CC). Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, leyó la respuesta de Figallo en una entrevista en Ojo Público: “Hemos decidido en el partido no participar”, decía el ‘pebegista’.

Nieto expresó, en la última entrevista que le hice, su fastidio con el hecho de que López Chau hubiera leído ese mensaje personal. Valga la ocasión para mostrar que la estrategia del PBG es evitar alinearse con cualquier iniciativa que pudiera ser etiquetable de izquierda. La CC nació como un encuentro plural en los albores de la campaña, en el 2024. La impulsaron gremios, partidos y personalidades independientes. Llegó a convocar a precandidatos de izquierda progresista como Nuevo Perú (hoy corrido a la izquierda dura en la alianza Venceremos) y Ahora Nación; de centro izquierda como el Partido Morado y Primero la Gente; de centro derecha como Rafael Belaúnde o Fiorella Molinelli e; incluso de derecha, como el PPC. Nieto, cuya estrategia fue hacer una campaña de giras silenciosas, de perfil bajo, evitando sobreexposición y desgaste hasta irrumpir en el tramo final; no acudió a las invitaciones ni tampoco se le extrañó, pues su candidatura no llamaba por aquel entonces la atención. En ningún momento participaron Juntos Por el Perú o su líder Roberto Sánchez.

Hasta que, pos primera vuelta, se reactivó, no la CC en sí misma, sino un grupo reducido de voceros y líderes de partidos convocados a partir de ella. La idea era discutir una posición conjunta rechazando el ‘fraudismo’ y avanzando algunos consensos para el próximo quinquenio: derogar leyes ‘pro crimen’, cerrar el caño legislativo de impacto fiscal, combatir la inseguridad, la corrupción, la anemia y otras lacras unánimes, tal como me fue mostrado en un esbozo de documento por uno de los asistentes. En una reunión con presencia de López Chau con sus correligionarios Carlomagno Salcedo y Mirtha Vásquez, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente, Diana Álvarez Calderón de Libertad Popular, entre otros; también acudió Figallo invitado por los promotores de la CC, María Eugenia Mohme y Javier Caravedo. Se habló de la ausencia de Nieto y alguien sugirió que López Chau lo llamara a invitarlo personalmente. La idea no entusiasmó a López Chau. Entonces, la mesa pidió a Figallo que invite a su líder. Flavio me ha confirmado que él llevó la propuesta a Nieto y a la dirigencia del partido. La negativa la escribió en un chat creado por el grupo.

Conversé con otro de los asistentes, Salcedo, vocero y secretario nacional de doctrina de AN, para preguntarle si su partido apoyaría a Sánchez y si le parecía que la reactivación de ese grupo variopinto podría tener el objetivo de conseguir un caudal de simpatías hacia JP liderada por AN. Rechazó de plano esta última hipótesis y me dijo: “Lo que hemos decidido es que no hay posibilidad de acordar un apoyo a Keiko Fujimori. Por lo tanto, quedan dos escenarios, el del otro candidato o ser neutrales. No hemos discutido aún si vamos a apoyar a alguien”. A diferencia de Nieto, no creo que López Chau resista una segunda vuelta sin pisar el palito del respaldo explícito. El indeclinable antifujimorismo de cuadros suyos como Indira Huilca, Mirtha Vásquez o Ruth Luque, podría acercarlo a Sánchez. A la misma vez, la autocrítica de la izquierda progresista por apañar el descalabro de ineficiencia y corrupción que provocó Castillo podría frenar o relativizar el apoyo al sucesor del sombrero. El de AN es un dilema hamletiano.

Intenté comunicarme con Daniel Barragán, quien podría ser el líder de la bancada de Obras, el partido de Ricardo Belmont, pero no obtuve respuesta. Vladimir Meza, presidente de País Para Todos, el partido que postuló a Carlos Álvarez sí me respondió y me contó que han analizado con minuciosidad sus votos, incluyendo los de las actas observadas y tienen la convicción de que solo saltarán una valla, la de la cámara de diputados con 7 curules (el requisito mínimo para mantener la inscripción). Eso depende de las peleas mesa a mesa entre los personeros de los partidos, para salvar o anular votos de entre la gran cantidad de blancos y viciados. “Esperaremos que se proclamen los resultados y allí comunicaremos si apoyamos a alguien como partido”, me dijo Valdimir. No puede hablar por Carlos Álvarez quien es afiliado pero no miembro de la comisión política del partido. De hecho, Keiko buscará el respaldo explícito de Carlos.

Aunque sin bancada, los partidos y candidatos que quedaron más cerca de la valla y cobraron notoriedad, tendrán la tentación de expresar respaldos y la convicción de que deben pensarlo muchísimo. Por ejemplo, Marisol Pérez Tello, asistente al grupo convocado por la CC, le ha dicho a su entorno que no apoyará de ni ninguna manera ni a Keiko ni a Sánchez, pero esa no será necesariamente la posición de su partido Primero La Gente. Ya iremos viendo el desfile de ex candidatos y personalidades, algunas histriónicas, otras masticando sus dudas con timidez, otras estratégicamente mudas.

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José María, ¡la que armaste!, una crónica de Fernando Vivas sobre el presidente Balcázar y su papel en la crisis por los caza F-16

Su vuelo podría sufrir un retraso, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar y la crisis por los caza F-16

Luis Arroyo no se propone perdurar en el recuerdo -¿cómo lo haría el último PCM del quinquenio más inestable del Perú contemporáneo?- sino durar hasta julio. Dos mesecitos pasando piola.

LEE TAMBIÉN: Renuncias, entretelones y el impacto de la nueva crisis desatada por la postura de Balcázar sobre compra de F-16 a EE.UU.

El problema de Luis es que no le gusta dar la cara para exponer explicaciones satisfactorias y excusas tranquilizadoras; que es la mejor manera de capear temporales. Él espera que otros lo hagan por él. Si lo ponemos en el candelero, es por omisión; no por sus dichos y gestos. Los primeros ministros son bomberos y este no es la excepción pues no dudo que se aboque a apagar incendios; pero también son voceros, y ahí es donde el Gral. Arroyo sufre de parálisis. No hace mucho tuvimos otro primer ministro débil, Ernesto Álvarez, pero fue cubierto por la presencia mediática de José Jerí, y sí dio algunas entrevistas.

El lunes Arroyo estuvo citado en la Comisión de Defensa para explicar su papel en la crisis de la compra de los F 16. Se excusó de forma seca y administrativa, aduciendo un “cruce de actividades” en su agenda. No puedo asegurarles que el primer ministro simplemente quiso quitar su parte trasera a la jeringa, pues si ese fuera el rasgo definitorio de su condición humana, no hubiera aceptado ser PCM; pero sí es evidente que le aterra la inquisición en público. Por eso, se prodiga tan poco en entrevistas y eventos.

Pensemos, mejor, que evaluó asistir al interrogatorio congresal pues temió que, además de los F 16, le preguntaran por la reciente tragedia de Colcabamba, en la provincia huancavelicana de Tayacaja, y que el lunes pasado aún era un rompecabezas cuyas piezas no terminaba de armar. Una patrulla del Ejército, en una zona próxima pero fuera del área de intervención conjunta de las FFAA y la PNP en el VRAEM, hizo un operativo que acabó en la muerte de 5 civiles que fueron anunciados como narcoterroristas. Todo dio un giro cuando la fiscalía abrió investigación por asesinato y se conocieron testimonios que cuestionaron la versión oficial.

Cuando, por fin, el martes, el gobierno tenía algo que decir sobre ese triste episodio de Colcabamba, ¿habló Arroyo? No, el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, se ofreció a asistir a una próxima sesión de la Comisión de Defensa, para hablar de los F 16 y de lo ocurrido en Huancavelica.

Flores trabajó bajo el mando de Arroyo hasta el 17 de marzo, cuando este dejó el Mindef por la PCM. Luis no tiene voz de mando en público pero al menos la tiene en Palacio, la suficiente como para disponer que otro ministro saque la cara por él.

Mientras rogamos que José María Balcázar no hable más citando a su autor de cabecera -el controversial filósofo español Antonio Escohotado- y nos meta en problemas con Israel, con Alemania y con el mundo; exigimos a Arroyo lo contrario: que hable, explique, aclare, tranquilice. Poco puede decir sobre las elecciones pues casi nada puede hacer por ellas; pero por lo menos que declare sobre la agenda y las urgencias del Ejecutivo.

La crisis de los F 16 se cerró con un vacío de poder del que Arroyo, ex jefe del Indeci y por lo tanto experto en emergencias, fue responsable por omisión.

Dos ministros, Carlos Díaz Dañino, su sucesor en Defensa, y el canciller Hugo de Zela, tuvieron que renunciar ante la persistente actitud de Balcázar de desconocer el contrato ya firmado con Lockheed Martin.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, desde su cancha ajena, fue quien dio el anuncio de que el primer pago ya se había hecho y por lo tanto, la compra regía. Luego de eso, recién Arroyo emitió un farragoso pronunciamiento validando lo dicho por Rospigliosi, dando por cerrada -solo para entendidos- la crisis.

En los relatos de los dos ministros renunciantes, Arroyo aparece como un despistado premier que no atinaba ni a convencer al presidente de conciliar con ellos para retenerlos; ni a copiarles el gesto provocando la crisis total del gabinete.

Superada esa crisis de gobierno la atención vuelve a estar en el foco electoral, a gusto de Luis. Pero hay mucha agenda del Ejecutivo por explicar, desde el lío de las becas del Bicentenario hasta el balance de lo que encontrará el sucesor(a) y cómo vamos en la lucha contra el crimen.

Podemos entender que Arroyo no se apure por salir a traducir qué barbaridad quiso decir Balcázar sobre el pueblo judío ‘provocando’ el holocausto, pues eso se lo dejó al canciller Carlos Pareja. Pero, vamos, vendría bien que comparezca en entrevistas o que enfrente al enjambre de micrófonos tras algún evento, para darnos tranquilidad en este trance de primera vuelta inacabable que, para remate, es el preludio de otro trance.

]]>https://elcomercio.pe/politica/alimentando-la-incertidumbre-por-enrique-castillo-noticia/https://elcomercio.pe/politica/alimentando-la-incertidumbre-por-enrique-castillo-noticia/Mon, 04 May 2026 14:34:08 +0000Mientras más pasan los días, más inciertas se ponen las cosas en el proceso electoral. A casi un mes de la segunda vuelta se esperaba que los organismos electorales ofrezcan soluciones y den cierta tranquilidad a los electores. Pero no es así.

El JNE desestimó las “elecciones complementarias” con argumentos débiles que pueden ser fácilmente cuestionados, pero finalmente zanjó el tema. Y cuando todo parecía indicar que se cerraría pronto la primera vuelta con las cifras definitivas, su presidente decide salir a cuestionar a la ONPE, culpar de todo a su exjefe, evadiendo la parte de responsabilidad que sí le corresponde al JNE, y disponen realizar una auditoría informática integral a la primera vuelta.

No queda claro cuál es el objetivo de esta auditoría, el plazo, ni si el resultado de esta puede afectar o repercutir en el cómputo final de la primera vuelta. Sobre eso sí debería pronunciarse el presidente del JNE.Aclarar esto es fundamental porque, de lo contrario, se corre el riesgo de estar alimentando falsas expectativas, o de confundir a la población con acciones “para la tribuna” que no tendrán ningún impacto real. Más todavía, cuando la ONPE señala que ya se hizo una auditoría como esa, lo que muestra, además, es que todavía no se puede lograr que ambas instituciones “hablen” y coordinen entre sí.

Lo curioso es que, en paralelo a todo este enredado tema que enfrenta al JNE y la ONPE, la población y los medios de comunicación ya “los han superado” y han asumido que la segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. No hay más que ver lo que publican los medios y lo que se señala y discute en las calles y en redes sociales, para darse cuenta de que la mayor parte del país ya va tomando partido por una u otro.Volvemos a un escenario en el que el voto se usará para impedir que el otro llegue al poder. El fujimorismo crece en las encuestas con la intención de voto de quienes temen que Roberto Sánchez llegue a Palacio; y quienes se suman a Sánchez son aquellos que prefieren votar por él que ver a Keiko con la banda presidencial.

Nadie votará por planes de gobierno o por propuestas. Serán el rechazo y el miedo las únicas “motivaciones”. Lo curioso es que ambas partes alimentan eso.

Decir que la izquierda es el enemigo o que gobernará como su padre no ayuda a Keiko Fujimori y suma al rechazo, más todavía cuando el presidente fujimorista del Congreso lanza planteamientos duros y radicales. Tener a Antauro Humala suelto en plaza con lanza llamas en mano, insistir en mentir con lo del cambio de Constitución o lo del indulto a Pedro Castillo, y tratar de pegarse al centro diciendo que no dijo lo que realmente sí dijo, solo hace crecer el temor hacia Roberto Sánchez. Todos alimentan la incertidumbre.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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JNE advirtió a Bernardo Pachas, entonces gerente general de ONPE, sobre demora en instalación de mesas de sufragio

Roberto Sánchez sobre Renzo Reggiardo: “Es una autoridad edil y no tiene descanso como para contravenir la neutralidad”

— La decisión de declarar inviables las elecciones complementarias ha generado críticas. ¿Qué pesa más, el derecho al voto o un cronograma inamovible?

A nosotros nos correspondía dar una respuesta al promotor de esa inquietud. Pudimos responder que no existe un marco legal; sin embargo, quisimos analizar todas las aristas con la información oficial que teníamos a la mano. Hicimos una evaluación estadística de impacto y a lo que significa el voto, que de acuerdo a la Constitución debe ser un voto libre, auténtico y espontáneo. Dentro del análisis y del debate, los magistrados tomamos una decisión por unanimidad. Se hicieron sesiones privadas y lo primero que se publicó fue el sentido de nuestra decisión a través de un comunicado que buscaba zanjar las narrativas. Luego, se hizo pública la resolución.

—Se insiste en que los plazos de un cronograma no pueden estar por encima del derecho constitucional a votar.

Lo que creemos es que se debe garantizar el derecho del voto de todos los ciudadanos. No hemos negado que haya habido una afectación y lo que estamos indicando es que hay situaciones muy graves que tienen que ser investigadas y determinar las responsabilidades que correspondan. No estamos hablando solamente de plazos, sino de la transición de poder. Porque nuestra Constitución establece que sea, a más tardar, el 28 de julio. Entonces, no se trata de minimizar los plazos, sino que hay un ordenamiento y una institucionalidad que se tiene que garantizar. Va a haber un perdedor de todas maneras, por eso hablamos de esperar los resultados con responsabilidad y que al final prime el respeto a los resultados y la estabilidad sobre todas las cosas.

—Ante Fiscalización en el Congreso dijo que “se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas”. Se especuló que estaba a favor de anular las elecciones y que se hagan complementarias. ¿Esto ha sido así?

No, de lo que yo estaba totalmente a favor era de dar una respuesta al pedido que nos habían hecho y eso se hace con la participación de todos los miembros del pleno del Jurado. Yo estaba a favor de que sea una decisión totalmente informada, por eso pedimos los informes y el sustento técnico para tener todas las perspectivas. Así llegamos a una decisión por unanimidad, porque pudo haber habido votos en contra dada la independencia de cada uno de los magistrados. El JNE tiene una composición sui generis; el origen de cada magistrado es diferente.

—Según el abogado de Renovación Popular, usted debería salir. ¿La Corte Suprema puede retirarlo o usted renunciar?

No puede haber un acuerdo de la Sala Plena retirándome, no funciona así, salvo causales previstas en la propia ley orgánica y el marco normativo. Entonces, entraría un suplente. Hay muchas narrativas e inquietudes equivocadas.

—En la resolución de las elecciones complementarias se señala que el ausentismo ha sido multicausal y que solo se afectó en 0,8 puntos porcentuales por cada hora de retraso en la instalación de mesas. Pero igual, ha habido una afectación. ¿Cómo resarcir a quienes no votaron porque el material electoral llegó tarde?

Nosotros quisimos evaluar el impacto del ausentismo, sobre todo en torno a la demora en el arribo y despliegue del material electoral por parte de la ONPE. Lo que advertimos es que Lima Metropolitana ocupa el lugar 17 en ausentismo en el país. Tuvimos que determinar si esta demora generó un impacto suficiente como para tomar o evaluar una medida extraordinaria y lo que vimos es que sí hubo un impacto, pero que se fue minimizado por las medidas que tomamos el mismo 12 de abril, como la ampliación del horario y una jornada adicional en los locales donde no llegó el material. Esas medidas minimizaron el impacto por la demora, por eso decimos que el ausentismo es multicausal, porque sea que hubiese habido demora o no, iba a haber un ausentismo por diferentes razones. Por ejemplo, las personas fuera del país, personas que están enfermas ese día o que por razones de trabajo no van.

—Nunca sabremos exactamente el porcentaje de quiénes fueron y no pudieron votar y quiénes no fueron porque no estaban.

Esa era la gran pregunta que nos hacíamos y por eso empleamos a profesionales de estadística de datos para tener la perspectiva de cuánto era el impacto, y vimos que era leve. El ausentismo se iba a dar de todas maneras y a ello se sumó la demora del despliegue del material electoral, por lo que analizamos en qué medida esa demora generó un impacto. Lo que pudimos deducir –y así está en el fallo– es que hubo un ausentismo multicausal, y en cuanto a la demora, lo logramos minimizar. Eso no conllevaba, por lo tanto, a tomar nuevamente una medida extraordinaria como las elecciones complementarias. Además, ya teníamos resultados más allá del 94%, por lo que se quebraba la igualdad del derecho al voto, la espontaneidad y se generaría el “voto estratégico”. Ya no se votaría por los que están al final de la cola, sino por los que estuvieran primero, lo que generaría no solo distorsiones en el resultado del voto presidencial, sino de senadores, diputados y Parlamento Andino.

—¿Cómo se condice el fallo con la denuncia del procurador del JNE, que dice que se afectó el derecho al sufragio y que se instrumentalizó el sistema electoral? ¿Hay una discrepancia?

No. Nosotros tomamos la primera decisión [ampliación de horario], cuando vimos que eran casi 300 locales de votación en Lima Metropolitana, que representaban alrededor de 3.000 mesas y 1’700.000 ciudadanos que pudieron haberse afectado. Entiendo que el procurador ha visto que esas fallas pudieran derivar en una grave afectación como efectivamente pudo haberse dado.

—¿Estamos de acuerdo en que hubo una grave afectación?

Por eso tomamos medidas extraordinarias el mismo 12 de abril. Cuando ese día vino al JNE el entonces jefe de la ONPE, nos dijo que habían logrado llegar a una gran parte de esos cerca de 300 locales y que faltaban alrededor de 67, y que solo pedía una hora más de prórroga para la instalación de mesas. Nosotros dimos dos horas. También nos dijo que ya no iba a implementar la STAE, porque les advertimos que no estaba funcionando. Cuando fiscalizamos la STAE, le dimos una serie de observaciones porque tenían muchas deficiencias.

—A propósito de la STAE y del voto electrónico, ¿han auditado o fiscalizado otros sistemas informáticos de la ONPE?

Todos los sistemas informáticos…

—¿Lo que están usando ahorita es auditado por el jurado?

También ha sido auditado por el jurado.

—¿Y qué les arrojó?

En cuanto al software y la programación, no hay una situación preocupante. Lo que también estamos fiscalizando es la parte operativa, porque una cosa es tener el software bien hecho y otra cosa es el momento llenar los datos que podía haber algunos riesgos.

—¿De qué tipo?

Por ejemplo, a veces se pueden equivocar al momento de digitar la información. La ONPE tiene diferentes procesos que minimizan esa situación, pero nosotros estamos con fiscalizadores en la ONPE validando que efectivamente se pueda registrar.

—Dijo que había 50.000 fiscalizadores. ¿Por qué no fiscalizaron que en todos los colegios estuviera el material electoral desde el sábado o la madrugada del domingo? Corvetto dijo el viernes 10 que todo el material estaba desplegado. ¿Mintió? ¿El JNE no fiscalizó?

En principio [Corvetto] nos mintió, porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas, y la mañana del 11 seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue: “Tengo problemas con mi operador logístico”, y al rato dijo: “Ya lo solucioné y no va a haber problema, a las 12 de la noche llega todo el material”. Seguimos advirtiendo y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar.

—¿Todo eso está documentado?

Sí, están levantadas las actas. Recordemos que la fiscalización la hacen los jurados electorales especiales con sus fiscalizadores y luego viene la Dirección Nacional de Fiscalización. Cuando fui al Congreso verifiqué que existan esas actas, muchas de las cuales la ONPE no quiso firmar, pero tienen la firma de hasta siete fiscalizadores.

—Volviendo al 10 y al 11 de abril, Piero Corvetto les decía que todo estaba bien. ¿Considera que ahí les mintió?

Nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado.

—Hubo una ceremonia en la que Corvetto da inicio al despliegue del material. ¿Todo fue una finta?

Esa muestra de despliegue se dio, pero entendamos que eran más de 200 rutas en Lima Metropolitana y no llegaron a lugares que estaban al lado de su almacén en Lurín. Los vehículos de transporte estaban en el local, por eso le creímos a la ONPE. Pero la logística con la empresa de transporte no era el problema, sino el material informático, porque cada unidad iba con material electoral propiamente dicho, junto con el material para la implementación de la STAE y esto generó la demora. Eso, además de la falta de decisiones de los directores de la ONPE, porque, si ya tenían problemas con el despliegue del material para la STAE, pudieron haber dicho que vaya solo el material propiamente electoral.

—¿Quién nos garantiza que el 7 de junio no va a pasar lo mismo? Porque es el mismo equipo en la ONPE; solo ha salido la cabeza.

Siguen estando ellos y eso nos preocupa y nos ha preocupado desde siempre. Hemos venido luchando a contracorriente para garantizar que estos procesos se hagan de la mejor forma.

— Estamos en ese proceso de revisión de las actas observadas. ¿Llegarán al 15 de mayo?

Sí, en cuanto a lo que es resultado presidencial con total garantía, porque necesitamos definir quién va a la segunda vuelta.

— ¿Qué les recomienda usted a los candidatos? Porque ya hay un escenario A con el candidato Sánchez, un escenario B con el candidato López Aliaga. ¿Hay una proyección definitiva?

Se tienen que esperar con calma y con responsabilidad los resultados que dicte el JNE. Nosotros proclamamos los resultados y se darán cuando definamos todas las controversias en cuanto a observación, pedidos de nulidad, y eso demora un tiempo, porque cada proceso tiene su debido procedimiento, sus plazos y con el recuento de votos se hace un poco más compleja la situación que hubo históricamente.

— ¿Cómo esperar con responsabilidad si un candidato llama el sur andino a cuidar el voto y el otro habla de fraude y que usted es cómplice?

Lo que hay que hacer es esperar con responsabilidad. Al JNE siempre le ha tocado estar en medio, porque esa es su función, la de garantizar. El poder garantizar, dirimir y definir, finalmente en última instancia, quién gana o quién pasa en este caso a la segunda vuelta. De todas maneras va a haber segunda vuelta el 7 de junio con los dos candidatos que el JNE proclame. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Lo que buscamos es respetar la autoridad electoral, jurisdiccional y en eso estamos actuando con mucha responsabilidad y objetividad.

— ¿Cómo toma el pedido de un candidato a que se anulen las mesas con el número 900 mil, porque dice que son actas fantasma?

Son actas de centros poblados que tienen derecho al voto. Ellos solicitan que dentro de su centro poblado –que normalmente es muy lejano– se instale una mesa de sufragio. El resultado de todas esas actas ya lo hemos fiscalizado. Hay que evitar esa narrativa en torno a ese grupo de actas en específico. Hay una población que tiene derecho al voto y son las regiones más alejadas y justamente se identifican esas actas para poder llegar a ese sitio a nivel operativo, a nivel organizacional. Estamos poniendo el foco a esta situación para dar una respuesta a la preocupación de la población en torno a todas las situaciones y también a muchas narrativas que se dan, pero queremos ser consecuentes con ellos, no decir o negar algo, sino que, sobre la base de la evidencia, dar una respuesta.

]]>NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOShttps://elcomercio.pe/politica/elecciones/jne-detecto-riesgos-en-ciberseguridad-del-sistema-stae-de-la-onpe-un-mes-antes-de-las-elecciones-noticia/https://elcomercio.pe/politica/elecciones/jne-detecto-riesgos-en-ciberseguridad-del-sistema-stae-de-la-onpe-un-mes-antes-de-las-elecciones-noticia/Mon, 04 May 2026 13:41:01 +0000

Congresista Karol Paredes dice que el Parlamento actual “será extrañado”

José María Balcázar: Embajada de Alemania se pronuncia otra vez por declaraciones del presidente sobre Hitler

Un informe de fiscalización digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), elaborado un mes antes de las Elecciones Generales, detectó graves riesgos de ciberseguridad en la “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio” (STAE), el sistema implementado por la ONPE para agilizar el conteo y transmisión de resultados en Lima Metropolitana y Callao.

El documento, revelado este domingo por ‘Cuarto Poder’, advierte vulnerabilidades que “podrían afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confidencialidad de la información procesada en mesa”.

El informe da cuenta de que se detectó la posibilidad de clonar el USB-STAE —dispositivo clave para habilitar el sistema en cada mesa de sufragio— y utilizar una copia no oficial para acceder a todas las funciones de la plataforma.

Según el reportaje, la fiscalización fue realizada el 10 de marzo de este año sobre la denominada “versión capacitación” del sistema, utilizada para entrenar a miembros de mesa. Fuentes citadas por el programa señalaron que no existiría un nuevo análisis de ciberseguridad sobre versiones posteriores debido a que la ONPE habría entregado información fuera de plazo para continuar con la evaluación.

El informe detalla que un USB clonado logró abrir el sistema STAE en una laptop proporcionada por la propia ONPE, permitiendo incluso el acceso a funciones de registro de usuarios y llenado de resultados electorales.

“Han clonado la USB y cuando enchufan la USB casera, la copia, abre la plataforma. Eso no debería poder hacerse”, explicó el ingeniero de sistemas Gabriel Lazo durante el reportaje.

Código fuente

Los hallazgos también alcanzan al código fuente del sistema. La auditoría identificó 13 observaciones relacionadas con exposición de contraseñas, posibles borrados de información y falta de validaciones en determinadas funciones críticas. Una de las alertas advierte que ciertas combinaciones de teclas podrían activar procesos de “puesta cero”, capaces de afectar actas, respaldos y estados de mesa.

“El problema no es solamente que se pueda abrir la plataforma con un USB clonado, sino todo lo que se podía hacer dentro del STAE”, sostuvo Lazo. El especialista en derecho digital Erick Iriarte afirmó, por su parte, que los informes evidencian “falencias” y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso logístico e informático.

La STAE fue presentada por la ONPE como la principal apuesta tecnológica para estas elecciones y demandó una inversión millonaria. De acuerdo con el reportaje, solo para su implementación se adquirieron computadoras e impresoras por más de 41 millones de soles, además de un despliegue logístico valorizado en más de 6 millones de soles.

Sin embargo, durante la jornada electoral se reportaron constantes problemas operativos. Miembros de mesa denunciaron retrasos, bloqueos del sistema, fallas en impresoras y dificultades para iniciar la votación debido a que la plataforma no cargaba correctamente. En varios casos, las mesas no pudieron abrirse hasta que el sistema fuera activado mediante el USB-STAE y las claves correspondientes.

Tras la controversia, el Jurado Nacional de Elecciones anunció una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE con apoyo de expertos nacionales e internacionales. Para la segunda vuelta electoral, la STAE ya no será utilizada y se retornará al escrutinio manual.

]]>https://elcomercio.pe/politica/gobierno/presidente-jose-maria-balcazar-afirma-que-proximo-gobierno-podria-revisar-o-cancelar-compra-de-aviones-f-16-ultimas-noticia/https://elcomercio.pe/politica/gobierno/presidente-jose-maria-balcazar-afirma-que-proximo-gobierno-podria-revisar-o-cancelar-compra-de-aviones-f-16-ultimas-noticia/Mon, 04 May 2026 13:40:54 +0000

Congresista Karol Paredes dice que el Parlamento actual “será extrañado”

José María Balcázar: Embajada de Alemania se pronuncia otra vez por declaraciones del presidente sobre Hitler

El presidente José María Balcázar aseguró que el próximo gobierno debería revisar la compra de aviones F-16 a los Estados Unidos y decidir “si la convalida o no”, al considerar que el proceso de adquisición se realizó bajo normas especiales de carácter secreto que excluyeron a la Presidencia y al Ministerio de Economía.

Durante una entrevista al programa ‘Sin Rodeos’, de Milagros Leiva, el jefe del Estado sostuvo que la decisión de optar únicamente por aeronaves estadounidenses se tomó en el gobierno de José Jerí, dejando de lado las propuestas de fabricantes franceses y suecos. Según indicó, se emitió una disposición que otorgó carácter secreto a la operación, cosa que cuestionó.

“Ahí acuerdan de que se debe comprar solo a los americanos, los F-16, eliminan a los franceses y suecos y ya no los consideran, y sacan una disposición que dice que esa compra va a tener carácter secreto, y por lo tanto solo intervendrían el vendedor y comprador a través de la Fuerza Aérea. Excluyen en esa norma especial que sacan, donde no participaba el ministerio de Economía ni yo como presidente”, afirmó Balcázar.

“Entonces qué dije yo, fíjese yo no voy a firmar nada y que corresponda al nuevo gobierno, con mejor legitimidad, para que vea. Y ahora me reafirmo, si bien es cierto se ha dado un adelanto, sería pertinente que el gobierno que entra, revise esos documentos secretos y pueda determinar en su momento si convalida o no convalida”, agregó.

Jerí y López Aliaga cuestionan a Balcázar por frenar compra de aviones F-16: “Lesiona nuestra credibilidad internacional”

Asimismo, consideró que todavía existe margen para replantear la operación debido a que gran parte del monto aún no es pagado. “Se puede de repente renegociar porque aún falta pagarse muchísimo más, se puede reducir la cantidad de aviones”, manifestó.

Balcázar también cuestionó la prioridad del gasto militar frente a la situación social del país.

“¿Por qué tenemos que endeudarnos en este momento cuando tenemos una serie de prioridades de pobreza?”, señaló. Incluso sostuvo que actualmente los conflictos modernos se libran principalmente con drones y no necesariamente con aviones de combate. “Yo preferiría comprar drones”, añadió.

Tuvo que cesarlos

En otro momento, el presidente afirmó que despidió a los entonces ministros de Defensa, Carlos Díaz y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, tras las discrepancias relacionadas con este tema y criticó que posteriormente lo acusaran públicamente de mentir sobre el proceso de compra militar.

“Entonces cuando una persona que es mi ministro y se manda como se mandó, los dos se mandaron, tuve que cesarlos. Usted ve en las resoluciones supremas que no viene ningún agradecimiento”, indicó

“Me comienzan a difamar comenzando por los ministros de que yo he mentido al país. Pocos les faltó para que digan que yo he hecho las normas secretas”, añadió.

Sobre el mensaje en redes publicado por el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, en el que sostiene que usará todas las herramientas a su alcance si negocian con mala con EE.UU., indicó que no solo le faltó el respeto a él como presidente sino a todo el país.

“No le contesté, no me puedo rebajar a la forma como se ha expresado, después me entere que no es un diplomático de carrera sino que le han encargado (la embajada). No solamente lo siento yo (que le ha faltado el respeto) sino todo el Perú”, remarcó.

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Respáldame, pe, una crónica de Fernando Vivas sobre los primeros acercamientos partidarios tras los comicios

Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Conversaciones de WhastApp que ya están en manos de la fiscalía revelan presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó “Cuarto Poder” este domingo 3 de abril.

Las comunicaciones muestran coordinaciones internas entre funcionarios de la ONPE. La fiscalía investiga si estas habrían favorecido a Gálaga en la adjudicación de millonarios contratos para el transporte de material electoral.

De acuerdo con los mensajes, Gálaga fue declarada ganadora de un contrato por más de S/ 2.2 millones, pese a que otra postora, AFE, presentó una oferta económica menor.

En los chats, uno de los funcionarios señala que la propuesta técnica terminó inclinando la balanza a favor de Gálaga, lo que generó una felicitación inmediata de Juan Phang, ex subgerente de Producción Electoral de la ONPE.

“Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, escribió Phang en febrero del 2025, según las imágenes difundidas por “Cuarto Poder”. Esto en respuesta a un mensaje de William García, otro funcionario de la ONPE investigado por la fiscalía.

García le habría informado: “Ganó Gálaga con 2.299.401, 491, a pesar que AFE presentó una oferta de 1.799.964,28. La propuesta técnica pesó más, a favor de Gálaga.

Las pesquisas ya no se limitan a cuestionar la adjudicación en sí misma, sino que apuntan a la posible existencia de una estructura organizada que, desde posiciones clave dentro de la ONPE, habría facilitado condiciones para beneficiar a un proveedor específico.

Las comunicaciones analizadas incluyen intercambios directos entre funcionarios, presuntamente sin pasar por canales institucionales formales.

Uno de los ejes de la investigación se centra en la Subgerencia de Producción Electoral, desde donde no solo se habría impulsado la necesidad del servicio, sino también se habrían diseñado las bases, establecido criterios de evaluación y ejecutado las calificaciones que derivaron en la contratación de Gálaga.

De acuerdo con “Cuarto Poder”, si bien las decisiones finales recaían en la jefatura de la ONPE, entonces a cargo de Piero Corvetto, la fiscalía examina el impacto de nuevos lineamientos de contratación aprobados este 2026, que habrían otorgado mayor poder de decisión a otros funcionarios, permitiéndoles intervenir directamente en procesos de gran envergadura.

La carpeta fiscal también incluye evidencia sobre un segundo proceso, valorizado en más de S/ 6,3 millones, para el transporte de material electoral a nivel nacional. En este caso, los chats revelan intercambios sobre términos de referencia y datos técnicos, que para los investigadores podrían evidenciar un direccionamiento del proceso hacia un proveedor determinado.

Las irregularidades también se habrían extendido a la etapa de ejecución contractual. Según la investigación, la empresa Gálaga remitió información clave, como la relación de vehículos y conductores, mediante un enlace digital que nunca fue descargado ni verificado por los funcionarios responsables, lo que evidenciaría fallas graves en el control del servicio.

Según reportó el dominical, a pocos días de los comicios, la ONPE no tenía claridad sobre el volumen real de unidades necesarias para el transporte electoral. Aunque inicialmente se contemplaban 400 vehículos, días antes de la elección se incrementó la cifra a 434 rutas, sin que esta variación quedara debidamente reflejada en el contrato firmado.

Correos internos dan cuenta de que la empresa contratada apenas había puesto a disposición 12 unidades, dejando decenas de rutas sin cobertura. Ante ello, se evaluaron contrataciones de emergencia con otros proveedores para cubrir el déficit, en medio de la urgencia operativa.

A estas deficiencias se sumó la falta de personal para el despacho del material electoral. De los 100 trabajadores previstos, solo se logró contratar a 54, lo que habría afectado la capacidad de respuesta logística.

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Solo 2 de los 26 candidatos presidenciales que también postularon al Congreso tienen asegurado un escaño: ¿De quiénes se trata?

Roberto Sánchez perfila a José Domingo Pérez para encabezar una eventual reforma del sistema de justicia: todos los entretelones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una multa de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 22 mil, contra el candidato de Juntos por el Perú César Tito Rojas, virtual diputado por Puno y exintegrante del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

Tito Rojas fue sancionado por no consignar en su declaración jurada de hoja de vida una sentencia en su contra por violencia familiar.

El JNE ratificó una resolución del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE Puno) de marzo pasado, que determinó que el candidato declaró información falsa, al consignar que no tenía información por declarar en el rubro “Relación de sentencias”.

Según precisa la resolución, la Corte Superior de Justicia de Puno informó que Tito Rojas fue sentenciado el 15 de julio de 2016 por violencia familiar.

El exmiembro del Movadef apeló la resolución del JEE Puno argumentando que no tuvo la intención de ocultar información. Alegó que “por un tema de premura” no se pudo consignar lo detectado, ya que se encontraban en el límite para presentar la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Agregó que se trató de “un asunto familiar de hermanos, todos mayores, que se maximizó”.

No obstante, el jurado declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución en todos sus extremos.

Vínculo con el Movadef

La sanción es solo un nuevo episodio en la trayectoria de Tito Rojas, marcada por su afiliación al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004 habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Tito Rojas desempeñó roles relevantes en el Movadef. Fue miembro del comité provincial en Puno y participó en la organización interna del movimiento.

AFILIACIÓN AL MOVADEF

ESTE ES SU HISTORIAL DE AFILIACIÓN

En junio del 2021, durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), participó en marchas y plantones en Lima en respaldo a Castillo.

También registra una larga trayectoria en el ámbito sindical y magisterial. Fue secretario de defensa del Sutep Regional Puno y formó parte del Conare-Sutep, una facción radical del gremio docente.

Además, participó en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), un sindicato impulsado por Pedro Castillo como alternativa al Sutep tradicional.

Integra la facción castillista

Tito Rojas y el exmandatario Pedro Castillo compartieron espacios en el movimiento magisterial y participaron juntos en eventos internacionales, como el Primer Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica realizado en Bolivia. Esa relación se ha mantenido en el tiempo.

Actualmente está afiliado al partido Todo con el Pueblo (TCP), una organización impulsada por Pedro Castillo que logró su inscripción en agosto de 2025, fuera de plazo para participar en las elecciones generales de 2026.

Ante esa limitación, varios de los cuadros de Castillo, incluido Tito, encontraron espacio en Juntos por el Perú.

La bancada de Roberto Sánchez agrupará al menos tres corrientes internas: los allegados Sánchez; los denominados “castillistas”, integrados por familiares, allegados y militantes cercanos a Pedro Castillo; y un grupo de congresistas independientes que conseguirían la reelección. Tito Rojas forma parte de la facción castillista.

De hecho, el propio Tito ha señalado a los medios de comunicación de Puno que una de sus principales consignas políticas es la liberación de Castillo, quien cumple condena por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

Según dijo, ese objetivo forma parte de uno de los seis ejes fundamentales de Juntos por el Perú. Otro tema clave para Tito es el cambio de Constitución mediante una asamblea constituyente.

Incluso, en declaraciones a Radio Pachamama, señaló: “A la primera que Sánchez pretenda torcerse, seremos los primeros en confrontarlo”.

Su discurso apela constantemente a su trayectoria como dirigente social. “Siempre hemos estado en primera fila luchando con el magisterio y con el pueblo mismo. No podríamos ser sinvergüenzas”, sostuvo en la misma entrevista.

Antes de su actual afiliación al partido de Castillo, Tito Rojas también formó parte del Frente Amplio.

Visitó la PCM

En el 2021 ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en una visita que evidenció su cercanía con el poder.

Aquella vez, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción para que el entonces primer ministro Guido Bellido explicara las razones de esa visita. No obstante, la iniciativa fue archivada por la salida de Bellido.

La presencia del dirigente en la PCM fue defendida por el congresista José María Balcázar, hoy presidente interino, quien sostuvo que el gobierno no debía “excluir a nadie” y que era necesario dialogar con todos los sectores. Sin embargo, para otros legisladores, como Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), el hecho resultaba “insostenible” y reflejaba una afinidad con sectores vinculados al extremismo.

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Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Más allá del indulto y la nueva Constitución: el peligroso plan de Roberto Sánchez

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la designación del embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro como funcionario encargado de la organización y ejecución de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 237-2026-RE, publicada en el diario oficial este lunes 4 de mayo.

LEE: Presidente Balcázar cree “pertinente” que próximo gobierno revise compra de aviones F-16 para decidir si la convalida

De acuerdo con la disposición emitida por la Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el diplomático, quien actualmente se desempeña como director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, tendrá bajo su responsabilidad la planificación integral de los actos oficiales previstos para julio, así como de todas las actividades conexas que se desarrollen en ese contexto.

Asimismo, la Cancillería precisó que las ceremonias de transmisión de mando constituyen uno de los eventos más relevantes del calendario político nacional, debido a que marcan el relevo en la jefatura del Estado. En ese marco, se prevé la participación de altas autoridades del país, representantes de los poderes del Estado, así como dignatarios extranjeros y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú.

La designación de Pérez del Solar Marcenaro responde a su experiencia en la conducción de actos protocolares de alto nivel y su trayectoria dentro del servicio diplomático. Desde la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ha tenido a su cargo la coordinación de visitas oficiales, cumbres internacionales y ceremonias de especial relevancia para la política exterior peruana.

Según la resolución, el funcionario deberá articular acciones con diversas entidades del Estado para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, lo que incluye aspectos logísticos, de seguridad y de coordinación interinstitucional.

La Transmisión del Mando Supremo 2026 se llevará a cabo en un contexto político clave, en el que el país será escenario de la renovación de sus principales autoridades. En ese sentido, la organización de estos actos no solo implica una puesta en escena protocolar, sino también una oportunidad para proyectar la imagen institucional del Perú ante la comunidad internacional.

Finalmente, la Cancillería subrayó que el éxito de estas ceremonias dependerá de una planificación anticipada y de la coordinación entre los distintos niveles del Estado, tarea que recaerá directamente en el equipo liderado por el embajador Pérez del Solar Marcenaro en los próximos meses.

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Congresista Karol Paredes dice que el Parlamento actual “será extrañado”

José María Balcázar: Embajada de Alemania se pronuncia otra vez por declaraciones del presidente sobre Hitler

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y los titulares de Defensa, Amadeo Flores y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, fueron citados por la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la situación actual de la compra de los aviones F-16.

En conversación con RPP Noticias, la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes confirmó la asistencia de los ministros a las 3:00 p.m en la sala Miguel Grau Seminario.

Paredes indicó que este 28 de abril se curso la citación a las autoridades del Ejecutivo, a la que respondieron de forma afirmativa.

Entre los puntos de agenda de la comisión se encuentra la presentación de los ministros para que informen “la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú; en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizado el viernes 17 de abril de 2026”.

Asimismo, como punto aparte figura la presentación del Ministro de Defensa Amadeo Javier Flores Carcagno, para que informe: “Respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Sin embargo, Paredes consideró que la presencia del ministro del Interior, José Zapata también es importante de modo que pueda dar detalles de lo ocurrido en Huancavelica, donde cinco jóvenes murieron a manos de las Fuerzas Armadas.

El pasado 27 de abril, la comisión de Defensa postergó la sesión informativa programada para ese día tras la inasistencia de los citados ministros por tener actividades prioritarias, de acuerdo a una carta enviada por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros en la noche del 24 de abril.

Ante esa situación, la congresista Paredes consideró que la inasistencia de los ministros fue una “falta de respeto” hacia ese poder del Estado y la ciudadanía.

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Congresista Karol Paredes dice que el Parlamento actual “será extrañado

José María Balcázar: Embajada de Alemania se pronuncia otra vez por declaraciones del presidente sobre Hitler

El expresidente Pedro Castillo continúa recibiendo constantes visitas políticas en el penal de Barbadillo de Ate, donde cumple una condena de 11 años por conspiración para rebelión tras el fallido golpe de Estado.

Según Punto Final, decenas de personas ingresan semanalmente al centro penitenciario para reunirse con Castillo, entre ellos dirigentes políticos, militantes y delegaciones provenientes de distintas regiones del país. El reportaje señala que el excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió a visitarlo durante todas las semanas de enero, tanto en días oficiales de visita como fuera de ellos.

Otro de los visitantes frecuentes habría sido el actual presidente José María Balcázar, quien, de acuerdo con la investigación periodística, mantiene visitas a Castillo desde agosto de 2025. Incluso, en febrero —mes en que asumió la Presidencia de la República— ya lo habría visitado hasta en tres ocasiones.

El reportaje también recoge declaraciones de Iber Maraví, candidato a diputado por Juntos por el Perú y visitante habitual del exmandatario.

“Es obvio que la segunda vuelta continúa bajo el liderazgo de Pedro Castillo”, afirmó. Maraví sostuvo además que Castillo “ha dirigido magistralmente la campaña” de Roberto Sánchez desde el penal de Barbadillo.

De acuerdo con la información difundida, aunque el régimen de visitas establece que las mujeres pueden acudir los miércoles y sábados, y los hombres los domingos, durante los días de semana también se registraría el ingreso constante de hombres al penal.

En imágenes se puede apreciar la llegada de comitivas regionales, especialmente provenientes de Huancavelica y Apurímac, cuyos integrantes ingresaban en grupos. Entre los asistentes también figurarían militantes del movimiento “Todos con el Pueblo” y Juntos por el Perú. También personajes como José Domingo Pérez, si actual abogado, sus hermanas, y simpatizantes.

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Piero Corvetto y la ONPE: ¿Cuáles son los hallazgos de la fiscalía sobre el TDR y la contratación de la empresa Galaga?

Investigan presunta concertación a favor de empresa: Los argumentos del juez para allanar vivienda de Piero Corvetto y otros once inmuebles

Chats de presuntas coordinaciones para un direccionamiento a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., y un pasaporte hallado en casa de Piero Corvetto, forman parte de los elementos de convicción que sustenta el pedido de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otras seis personas.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Raúl Martínez del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que investiga a Corvetto Salinas y otros por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El pedido de impedimento de salida del país, por 18 meses, fue analizado y dictado el jueves 30 de abril por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo.

MIRA: José Luna Gálvez y Podemos Perú: ¿Qué viene ahora para el aún congresista tras su derrota en las elecciones?

La medida también alcanza a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

Todo ellos son investigados por presuntos actos de corrupción en la convocatoria y licitación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional- Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026” licitada a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., por un total de S/ 6’368,332.75.

La solicitud de impedimento de salida del país será sustentada por el Fiscal Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho), Reynaldo Abia, quien asumirá todas las denuncias vinculadas a contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios utilizados durante las Elecciones Generales del 12 de abril y 13 de abril del 2026.

Precisamente, la mañana de ayer, Abia Arrieta acudió hasta la sede de la ONPE a fin de recabar mayor información vinculada a las investigaciones en contra de Corvetto Salinas y otros.

Reynaldo Abia asume las investigaciones del Caso Onpe by Karem Barboza

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado 87 elementos de convicción para sustentar la existencia de presuntos delitos, así como el peligro de una posible fuga que representaría dejar sin ninguna medida de restricción a Corvetto Salinas y otros.

Sobre la comisión de los presuntos delitos, la fiscalía ha sostenido que Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE habrían desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.

Dichos actos, agrega la fiscalía, evidencian un apartamiento “deliberado” de los principios de la contratación pública, la transparencia y competencia, constituyendo así un marco normativo en un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita.

De cuerdo a la fiscalía, Corvetto Salinas, en su calidad de jefe de ONPE, habría designado a funcionarios como José Samamé Blas como gerente de gestión electoral, sin que tenga la mayor experiencia para el cargo. Y a su vez, permitió que este designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, lo que conllevó a que estos formularan y suscribieran los servicios Nro 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C; configurándose así indicios de direccionamiento del proceso de contratación”.

Uno de los principales puntos, señala la fiscalía, se centra en las modificaciones que se realizaron en el 2026, a los lineamientos de las contrataciones, así como a los TDR aprobados el año pasado, donde se estipulaba la participación de personal del “área usuaria” en la fase de selección, evaluación de ofertas y en la elaboración, suscripción y remisión del “Acta de Análisis, Verificación de Propuesta y adjudicación de Buena Pro”.

Sumado a que, también se dispuso que luego de seleccionado al postor ganador, no era posible la presentación de ningún recurso impugnatorio.

Por tanto, señaló la fiscalía, la incidencia directa del “área usuaria” vinculada a Samamé y Phang -que respondían por cargo funcional a Corvetto Salinas- “evidenciaría un esquema orientado a concentrar la decisión en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resulta funcional a la concertación con un postor previamente determinado”.

Incluso, señala la fiscalía, la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE (a cargo de Samamé), en su condición de “área usuaria” habría promovido “la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), lo cual fue aprobado con fecha 19 de enero de 2026 por el monto de S/8’950,000.00; requerimiento que se habría originado en la referida gerencia.

“No obstante, se advierte que, pese a tratarse de una contratación de significativa cuantía económica, la entidad habría omitido incluir dicho proceso en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2026”, señaló la fiscalía.

Para corroborar las gestiones y coordinaciones que permitían las decisiones directas de los implicados, la fiscalía adjuntó como parte de los elementos de convicción, la extracción de conversaciones de WhatsApp (“chats”) entre Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido Subgerente de Producción Electoral) y José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) del 15 de enero del 2026 donde se hablan de “contrataciones adicionales” y que no habría inconvenientes para “financiarlas”. En estas también se aprecian llamadas por WhatsApp.

En la conversación, entregada de manera voluntaria por Phang Sánchez a la fiscalía, este le comenta que habló con el gerente de impresión, Manuel Casas, sobre la posibilidad de retrasar la “impresión de la lista de electores” hasta el 23 de febrero, lo que supondría contratar más personal posteriormente.

“En principio, le he indicado a Manuel que no habría inconveniente con financiar estas contrataciones adicionales”, comenta Phang.

Luego de llegar a un acuerdo sobre el tema, Samamé le indica que al día siguiente, 16 de enero, iban a ver qué plateaba Corvetto Salinas.

“Luego de la reunión de mañana veremos qué plantea Pierto”, respondió el exgerente de Gestión Electoral.

En otra conversación, del 2 de febrero del 2026, entre Phang Sánchez y William García Velásquez, asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal de la Gerencia de Gestión Electoral de ONPE, se evidenciaría que la “evaluación técnica comienza a pesar más para la empresa Galaga”, señaló la fiscalía.

De acuerdo a los chats, ambos conversan sobre los resultados del proceso de selección -que sería para el servicio del “Despliegue de material electoral e informática-taller de capacitación”- donde resaltan que “ganó Galaga” a pesar de la propuesta de la competidora AFE Service S.A.C., que ofertó un monto menor.

Le informa a Phang que Galaga ofertó S/2’299,401.491 millones mientras que AFE ofertó con S/1’799,964.26 millones.

Agregan en la conversación que las propuestas técnicas y económicas de Gálga pesaron más sobre las de su competidor.

“Bien gordito, que notifique hoy. Buen trabajo”, responde Phang Sánchez.

“Está bien. Gracias”, le responde García.

Un tercer grupo de chats del 6 de febrero del 2026, señala la fiscalía, están referidos a otra conversación entre Phang Sánchez y Samamé Blas, donde mostrarían su preocupación sobre “el servicio de transporte” y donde ambos mostrarían “conductas de que el proceso estaría direccionado hacia un determinado proveedor”.

En las conversaciones, Samamé le escribe a Phang manifestándole que le han pedido el TDR del “Servicio de Transporte de carga a nivel nacional-Despliegue y repliegue de material Equipos Informáticos-Implementos para el Simulacro y Sufragio-EG 2026”.

Le indica que “ya estamos con retraso” y le manifiesta a Phang que se lo pase ese día para el feedback correspondiente, para luego comentarle que le había dicho “a Edward que a más tardar el martes deberíamos enviarlo formalmente a GAD (Gerencia de Administración)”.

“Consulta? Nos hace falta alguna información para cerrarlo?”, pregunta.

“Me acaban de enviar el peso y volumen actualizado con la nueva FT. Estamos revisando los datos. Lo remitimos a las 14:00 horas de hoy”, le responde Phang.

Luego, una hora después, Phang vuelve a escribir a Samamé, pero esta vez por “el sorteo de posición”.

“Están que me insisten”, le indica Samamé. Luego, se aprecia una llamada y una respuesta escrita de Samamé diciendo “ (…) estoy en el comité”.

“¿Qué dato necesitas?”, le pregunta Phang.

“Quieren que realicemos un simulacro”, sigue la conversación con Samamé. Y Phang responde: “ Se va a realizar el 11 a las 15 horas”.

Luego hablan sobre la calibración del “peso de las bolillos” que se iban a usar para el sorteo de las posiciones.

De acuerdo a la fiscalía, ese mismo 6 de febrero, Phang Sánchez remitió a Samamé el requerimiento el “Servicio de Transporte de carga a nivel nacional-Despliegue y repliegue de material Electoral, Equipos Informáticos-Implementos para el Simulacro y Sufragio-EG 2026”, contenido en los Servicio Nro. 00079 y Nro. 000980, para que sea tramitado en la Subgerencia de Logística.

Luego de la convocatoria, señala la fiscalía, se recepcionaron consultas y observaciones de los postores que solicitaron precisiones sobre la antigüedad de los vehículos, la subcontratación, cantidad de vehículos mínimos para calificar, lo que produjo que el 3 de marzo del 2026, Phang Sánchez emitió el informe 0000489-2026-SGPE-GGE/ONPE remitido a Samamé Blas, donde se formalizaban los TDR y factores de evaluación definitivos para el servicio requerido.

Ello, añadió la fiscalía, evidencia una “construcción ex post de reglas decisivas del proceso” que habían sido señalados en los TDR, por lo que habría sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento.

Todo ello demostraría la capacidad que tuvieron los funcionarios, desde la cabeza de la institución hasta los funcionarios gerenciales, para adecuar los requisitos o exigencias del proceso y terminar beneficiando a Galaga.

Sobre todo, indicó la fiscalía, porque Juan Alvarado, dueño de la empresa Galaga, conocía a los funcionarios de ONPE, ya que participó y ganó la licitación en procesos anteriores

Para la fiscalía, el riesgo de fuga por parte de los investigados, sobre todo de Pierto Corvetto Salinas, se acreditaría con el hallazgo de un tercer pasaporte vigente, hallado durante el allanamiento a su vivienda realizado la semana pasada.

Como se recuerda, el pasado 21 de abril, ex exjefe de la ONPE acudió hasta las instalaciones de la fiscalía anticorrupción e hizo entrega de dos pasaportes (uno peruano y otros italiano), a fin de mostrar su sujeción a la investigación que se le sigue.

Sin embargo, durante el allanamiento realizado el 24 de abril, la fiscalía halló un pasaporte a nombre de Corvetto Salinas con vigencia hasta el 10 de agosto del 2026.

La fiscalía precisó que la entrega de un pasaporte no neutraliza el peligro de fuga, dado que no es necesario contar con dicho documento para desplazarse por países de la región, donde solo es suficiente presentar el documento de identidad.

También consideró como elementos que Corvetto percibía una remuneración suficientemente alta como para “subsistir fuera del país”, y que actualmente no tiene arraigo laboral ya que renunció a la ONPE el pasado 21 de abril.

Sumado a ello, la fiscalía sostiene que una elemento para incrementar el peligro de fuga son las penas que podrían ser impuestas, ya que para la colusión agravada se prevé pena entre 6 y 15 años de cárcel.

Por tanto, sostuvo la fiscalía, se hace necesaria la presencia de los investigados para la realización de diligencias como la visualización de los documentos extraídos de los equipos de cómputo de la ONPE, los celulares incautados, y otros documentos hallados durante el allanamiento realizado.

Sobre José Samamé se indicó que tiene pluralidad de domicilios y pese a ello, no fue hallado en ninguno de los tres el día del allanamiento. No tiene arraigo laboral, pues también renunció a ONPE el 13 de abril y cuenta con su pasaporte.

Similar situación en el caso de Juan Phang, quien tiene reporte migratorio de salidas del país anteriores, cuenta con su pasaporte y se encuentra actualmente suspendido de su puesto laboral en la ONPE.

Sobre Juan Alvarado, dueño de la empresa Galaga, la fiscalía señaló que tampoco fue hallado en el domicilio que figura en su documento de identidad, tiene capacidad económica y cuenta con pasaporte que le permitiría salir del país al extranjero o incluso desplazarse a países de la región con su DNI.

El Comercio buscó la versión del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, pero no respondió a nuestra comunicación. No fue posible ubicar al abogado de José Samamé.

Cristian Castillo, abogado de Juan Alvarado, señaló que no existen elementos para que se dicte impedimento de salida del país en contra de su patrocinado, indicando que ha colaborado en la investigación, se presentó ante la fiscalía y entregó su celular.

Aseguró que su patrocinado tiene todos sus arraigos demostrados, tiene empresas y su familia en el país. En esa línea, aseguró que demostrarán “que su patrocinado ha ganado el proceso en buena lid y que todo eso que se le imputa no tiene asidero legal”.

Respecto a los presuntos actos de direccionamiento, aseguró que la empresa de su patrocinado presentó más del mínimo requerido (70 vehículos), y que cumplieron con el tamaño requerido.

Aseguró que varios de los vehículos presentados por las empresas que compitieron en la convocatoria, y que han sido mencionados en el requerimiento fiscal, no cumplían con la capacidad requerida.

“Así no hubieran restado los dos metros lineales a los carros de Hermes, sus carros no califican para el proceso de selección, porque los carros que presentaron solo tienen capacidad para 4.3 metros cúbicos”, aseguró.

Abelardo Malqui, abogado de Juan Phang, señaló que expondrán en la audiencia de este jueves cuál será la posición respecto al pedido de impedimento de salida del país solicitada por la fiscalía.

Sin embargo, afirmo que la línea asumida desde el inicio de las pesquisas fiscales ha sido de absoluta colaboración con la investigación. Ello, explico, debido a que Phang Sánchez entregó voluntariamente su equipo celular cuando le fue requerido por la Fiscalía, ha comparecido cada vez que ha sido citado y ha mostrado permanente disposición frente a las autoridades competentes.

Existe, por tanto, plena voluntad de sometimiento al proceso y colaboración con el esclarecimiento de los hechos, aseguró.

El abogado aseguró que la posición de la “defensa es firme, sostener la inocencia de nuestro patrocinado dentro del marco constitucional y procesal vigente”, y remarcó que toda imputación penal debe estar respaldada por elementos de convicción objetivos.

“Nuestro sistema constitucional reconoce la presunción de inocencia como garantía fundamental de todo ciudadano peruano, y esa protección será ejercida con firmeza por esta defensa técnica en cada etapa del proceso. Confiamos en que, conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de convicción, se alcanzará una comprensión más completa y objetiva de los hechos, así como una adecuada determinación de las verdaderas responsabilidades en este caso”, sostuvo.

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Solo 2 de los 26 candidatos presidenciales que también postularon al Congreso tienen asegurado un escaño: ¿De quiénes se trata?

Retrasos en instalación de mesas no influyeron en el ausentismo: Las razones del JNE para descartar elecciones complementarias

Durante un operativo de control de identidad denominado ‘Regreso Seguro’, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino, la noche del viernes 1 de mayo, a Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular), quien conducía una camioneta de Provías Nacional de placa EGJ 299. La intervención derivó en una detención por presunto delito de peculado de uso al hallarse material proselitista dentro del vehículo oficial.

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Según el acta de intervención Nº 191-2026, a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, en el registro vehicular se encontró una gigantografía de Acción Popular con los rostros de los candidatos regionales Celia Prado y Leo Jerí, además de equipos de sonido, micrófonos y un proyector. Américo Vergara, al igual que su hermano, es afiliado al partido de la lampa.

El documento policial narra que una acompañante, identificada como Clayret Vásquez García, escapó del lugar de los hechos, de forma “sigilosa”, pero olvidando su DNI en el vehículo.

El documento policial también detalla que el hermano del legislador Vergara intentó interceder mediante una llamada telefónica con un supuesto ingeniero de Provías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, al ser informado de que se trataba de un operativo por presunto peculado de uso, el interlocutor cortó la comunicación de inmediato.

Consultado por este Diario, el congresista Elvis Vergara manifestó que se encuentra “recabando información” antes de brindar una declaración oficial. Por su parte, el abogado abogado Wilbert Huamanyauri Cornelio, quien lleva la defensa de Américo Vergara, cuestionó el procedimiento policial.

Según el abogado, el alférez a cargo del operativo no habría reportado el hallazgo de los equipos ni la gigantografía durante la revisión inicial de la camioneta, como se consigna en el reporte policial. “No dijo que está encontrando parlantes, una gigantografía. No dijo nada”, sostuvo el letrado, quien, además, acusó presuntas falsedades en el acta de intervención al señalar una discrepancia de una hora entre el momento de la intervención (10:00 pm.) y el registro oficial del documento (11:00 pm.).

De igual manera, el abogado indicó que Vergara se desmayó luego de que la Policía revisara el vehículo sin hallar objetos ilícitos. Ante este cuadro de salud, la familia interpondrá un habeas corpus contra el alférez a cargo del operativo.

Respecto al auto que manejaba el hermano del congresista, el abogado aseguró que conducir un vehículo oficial no constituye un delito y que, por esa razón, la Fiscalía dispuso la libertad inmediata de su cliente. Según el abogado, las investigaciones demostrarán que el uso de la unidad de Provías fue regular; sin embargo, se negó a detallar qué vínculo legal permitía a su patrocinado estar al volante de un bien del Estado. Este Diario intentó recoger los comentarios sobre esta unidad vehicular -que en registros públicos figura a nombre de Provías- pero hasta el cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

En el portal de proveedores del Estado, Américo Vergara registra órdenes de servicio como conductor, entre 2025 y 2026, pero para Cofopri, una entidad del Ministerio de Vivienda. Antes ha brindado servicios para la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, pero no presenta ninguna vinculación con Provías o el MTC.

Luego de las diligencias, la Fiscalía Anticorrupción dispuso que el hermano del legislador afronte la investigación por peculado de uso en calidad de citado.

Esta no es la primera vez que Vergara Mendoza enfrenta un proceso ante el Ministerio Público. En diciembre de 2021, Américo Vergara Mendoza fue denunciado ante la 5ta fiscalía provincial Penal de Coronel Portillo por el presunto delito de robo agravado. El proceso penal fue archivado en etapa preliminar.

Por medio de un comunicado, Provías Nacional reconoció que la noche del 1 de mayo, la Policía Nacional intervino a Américo Vergara a bordo de un auto que pertenece a la institución.

La entidad, adscrita al MTC, también refirió que el vehículo está asignado a la Unidad Zona de Ucayali y que fue utilizado “sin ninguna autorización, fuera del horario laboral, situación que viene siendo investigada y merecerá las sanciones que correspondan de acuerdo al marco legal vigente”.

También subrayó que el hermano del congresista acciopopulista “presta servicios como conductor, para una empresa proveedora contratada para el mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa”.

#Comunicado pic.twitter.com/3H3cs0k4cE

— Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) May 3, 2026

“Ante lo ocurrido, Provías Nacional ha solicitado un informe detallado a la empresa prestadora del servicio para la determinación de las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo la solicitud de retiro inmediato del referido conductor del equipo asignado”, se lee en el documento.

Provías indicó que, si se determina que el auto fue utilizado para fines ajenas a la entidad, iniciará acciones legales y procesos disciplinarios.

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Fiscalía realiza diligencia de exhibición de documentos sobre nuevos contratos de ONPE

Retrasos en instalación de mesas no influyeron en el ausentismo: Las razones del JNE para descartar elecciones complementarias

De los 26 candidatos presidenciales que postularon también al Congreso de República para diputados y senadores, solo dos - Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación)- tienen asegurados sus escaños. Los demás quedaron fuera, según los resultados del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 80% de actas procesadas.

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Algunos candidatos obtuvieron votaciones altas, pero no alcanzaron un escaño en el Poder Legislativo debido a que sus agrupaciones no superaron la valla electoral.

En contraste, hubo postulantes que no recibieron el respaldo ciudadano en su incursión al Congreso, como Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y con posibilidades de pasar al balotaje, quien no logró ni 20 mil votos como diputado por Lima Metropolitana.

En Lima Metropolitana, Juntos por el Perú alcanzó 130 mil votos, mientras que otras agrupaciones como Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular superaron los 500 mil electores.

En el 2021, Sánchez llegó al Poder Legislativo con una votación de 29.825 en Lima Metropolitana y su partido logró cinco escaños con un total de 847.570 votos. La agrupación política cierra esta etapa con el doble de integrantes, debido a su alianza con Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, aunque no con sus miembros originales.

En la elección del 12 de abril, Juntos por el Perú suma hasta el momento 1′219.484 votos para la Cámara de Diputados, lo que le otorga 31 representantes en distintas regiones. En Lima, uno de los escaños será para Giannina Avendaño, quien supera al actual congresista Roberto Sánchez Palomino por más de 6.000 votos.

Es importante resaltar que los Jurados Electorales Especiales tienen pendiente resolver 13.101 actas electorales observadas correspondiente a la elección de diputados. Al respecto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones precisó la semana pasada que las actas observadas por votos preferenciales no serán sometidas a recuento de votos, sino resueltas mediante cotejo, al no comprometer la validez de la votación de las organizaciones políticas.

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En tanto, Ricardo Belmont (Obras) enfrenta un panorama parecido al de Sánchez, quien se posicionó entre los primeros lugares en las presidenciales, pero no logró captar más de 12 mil votos para el Senado como representante de Lima Metropolitana.

Los aspirantes a la Presidencia de la República que tuvieron mayor votación después de Rafael López Aliaga (246.994) y Alfonso López -Chau (196.911) [ver recuadro] son Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), con más de 120 mil votos, y Carlos Espá (Sí Creo), quien recibió el respaldo de más de 70 mil electores.

Les siguen César Acuña (Alianza para el Progreso), que supera los 53 mil votos; Yonhy Lescano (Cooperación Nacional) y José Luna (Podemos Perú), quienes obtuvieron más de 45 mil votos. Todos ellos postularon como senadores a nivel nacional.

De todos los candidatos al Sillón Presidencial, el que tuvo la menor cifra de electores fue Armando Massé (Partido Democrático Federal), quien, hasta el momento, no pasa ni los 550 votos.

Cabe señalar que inicialmente fueron 27 los candidatos que postularon al Congreso; sin embargo, la lista al Senado Nacional de Perú Moderno fue declarada improcedente, por lo que su candidato Carlos Jaico quedó fuera de carrera en esa elección.

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Así como Sánchez Palomino, postularon a diputados por Lima los candidatos Paul Jaimes (Progresemos), Ronald Atencio (Venceremos); Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú); George Forsyth (Somos Perú) y Enrique Valderrama (Apra). De todos ellos, Paz de la Barra es el que menos votos obtuvo: no superó ni los 1.000 [ver recuadro].

De los 26 candidatos, cuatro son integrantes del actual Congreso y buscaron reelegirse sin éxito. Ellos son Roberto Sánchez, José Williams, José Luna y Roberto Chiabra. En tanto, los partidos de César Acuña, el prófugo Vladimir Cerrón, George Forsyth y Rafael López Aliaga cuentan con representación en el Legislativo.

En diálogo con El Comercio, el experto en temas electorales Enzo Elguera y el analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, señalaron que estos resultados reflejan la debilidad de los liderazgos y que los resultados de esta elección no reflejan, en su real dimensión, la preferencia electoral de manera directa de los colchones que han podido alcanzar determinados candidatos.

Para Elguera, muchos candidatos se terminaron quedando fuera del Congreso porque sus agrupaciones no pasaron la valla electoral, pese a haber tenido una alta votación, y esta “representatividad se queda en el aire”, como en el caso de Pérez Tello, Espá, Acuña y Luna.

En el caso particular de Sánchez, señaló que los resultados expresan “evidentemente que tiene un bajo rendimiento en Lima Metropolitana y que no ha logrado un capital político urbano y, por consecuencia, un arrastre parlamentario fuerte”.

En su opinión, Sánchez cometió un error al postular como diputado por Lima Metropolitana, pues hubiese tenido mayor respaldo con una candidatura al Senado. “Su votación está concentrada en el voto rural y andino, en Lima Metropolitana tuvo un patrón electoral diferente”, subrayó.

Añadió que es muy probable que el candidato de Juntos por el Perú no haya calculado los resultados de la primera vuelta y lo que pretendió fue lograr un Parlamento importante y tener fuerza desde ahí.

A su turno, Radzinsky señaló que todavía no hay certeza de que Sánchez se quede fuera de la Cámara de Diputados, aunque con los resultados a más del 80% de actas contabilizadas es difícil que Juntos por el Perú logre dos escaños en Lima Metropolitana.

De otro lado, señaló que los resultados que dejan fuera a varios candidatos presidenciales “nos hablan de la debilidad de sus liderazgos”.

“Esta debilidad ve más acentuada en estas figuras presidenciales que no tienen ningún arraigo en la mayoría de casos en una región en particular ni con un sector característicos [...] Hay una perversión, una inconsistencia enorme del sistema porque tener tantas candidaturas con ese porcentaje de votos que ni siquiera alcanzaría una representación parlamentaria lo que está mostrando es que no tienen ningún espectro del electorado al que representar. Una noticia positiva es que van a perder la inscripción decenas de partidos”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que muchos líderes políticos confunden la visibilidad con el respaldo electoral: “creen que ser medianamente conocidos en un ámbito o tener publicaciones con alto alcance en redes sociales se traduce automáticamente en votos”. Sin embargo, advirtió que el hecho de que el electorado te conozca es solo uno de varios requisitos: “es necesario, pero claramente insuficiente”.

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Elecciones 2026: ¿Es viable realizar una auditoría a los sistemas que usó la ONPE?

Más del 70% de actuales congresistas no lograron reelegirse: los rostros que se quedan y los que se van

Un documento revela que el actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, tenía conocimiento sobre el retraso en la instalación de las mesas de sufragio el mismo domingo 12 de abril, día en el que se celebraron las elecciones generales del 2026.

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Como se sabe, dicha fecha se caracterizó por la ineficiencia de la ONPE en la realización del proceso, que dejó a más de 50 mil ciudadanos sin sufragar, por lo que la jornada tuvo que extenderse hasta el 13 de abril. Estos hechos derivaron en la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y que Pachas asumiera el puesto en medio de la polémica y cuando faltan pocas semanas para la segunda vuelta electoral.

El día de las elecciones, Pachas - en su calidad de gerente general de la ONPE- recibió un oficio de su par del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Magaly Salazar Lozano, en el que le advertía que el material electoral no había llegado a locales de votación en Magdalena del Marc, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

“Como parte de las acciones de identificación de riesgos electorales, el dia de la jornada electoral, los gestores de Prevención de Conflictos Electorales y de Comunicación del Jurado Nacional de Elecciones han identificado, con fecha de corte de hoy a las 08:25 am, el no arribo de material electoral en diferentes locales de votación ubicados en diferentes distritos”, indicó la gerente general del JNE al entonces número dos de la ONPE en el oficio N° 000404-2026-GG/JNE.

En ese sentido, Salazar le solicitó a Pachas que “de manera urgente” entregue un informe detallado de la situación y las acciones correctivas dispuestas por la ONPE “a efectos de garantizar la instalación de las mesas de sufragio conforme a ley”.

Los locales afectados, hasta el corte de las 08:25 am del 12 de abril, según el JNE fueron:

I.E.P. Astuparia y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (Magdalena del Mar); Colegio Champagnat Maristas, Universidad Ricardo Palma, I.E Victoria Barcia Boniffatti, I.E Santa Teresita e Innova School (Santiago de Surco); IEP Cristo Amigo - Primaria, colegio IE Juan Pablo II,IA 6022, IEP Hiram Bingham, Peruano suizo, IE Perú España, Santa Rosa Baja 6017, Santa Maria del Camino, Colegio Prolog de Nueva Esperanza, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacútec (Villa María Del Triunfo); y el Nido Los Ángeles; Santuario Colegio Médico (Miraflores);

También el CEP San Francisco de Borja (San Borja); CEIGNE Virgen de la Paz; CEBA Especial; IE N.° 7014 Vasil Levski; IEI Mi Niñito Jesús; y CEBE Santa María de Guadalupe (Surquillo); I.E.P. Jardin de la Infancia N 1 de Lima, I.E.P. Madaeus Mozart, I.E.P. Inmaculada Corazón de María, I.E. Nuestra Serñora del Carmen, I.E.P 096 Emilia Barcia Bonifatti, I.E.P. Hogar del Niño Santa María Madre de Dios, Saco Oliveros, Innova Schools - Sede La Paz 1 (San Miguel).

En Villa El Salvador de vieron afectados: IE 7090 Forjadores del Perú, Villa Amstelveen, IE 7237 Perú Valladolid, IEP Ciencias, 7072 San Martín de Porres, I.E. LAS PALMERAS, 7096 Príncipe de Asturias, IE Nazareno de Villa, 6070, Héroes del alto Cenepa, Colegio Saco Oliveros, Innova Schools Laderas de Villa, Ascension School Unicachi, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, ISP Antonio Raymondi, CETPRO CFT PROMAE VES, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacutec, IE 6076 República de Nicaragua, Coordinadora IE 6066 Villa El Salvador, IE 6080 Rosa América, I.E. Fe y Alegría 17.

Es importante señalar que la jornada electoral debía empezar a las 7 am, por lo que las mesas debían estar instaladas minutos antes.

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A la consulta de este Diario, la ONPE señaló —a través de su Oficina de Comunicaciones— que el oficio fue respondido y que “se cumplió” con la instalación de las mesas afectadas. Sin embargo, no brindó mayores detalles ni presentó documentos que respalden su versión.

Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la ONPE, el 22 de abril, diez días después de las elecciones, y tiene la responsabilidad de conducir la organización de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio.

Su designación no es por concurso público. Es el gerente general de la ONPE, el segundo al mando en la estructura administrativa.

Pachas conducirá la ONPE al menos hasta el 3 de julio, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene previsto tomar juramento al nuevo jefe de esa institución. Este será elegido mediante concurso público y ejercerá funciones por un periodo de cuatro años.

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En diálogo con El Comercio, los expertos José Tello, presidente de Aklla, señaló que el documento refuerza que no solo hubo ineficiencia por parte de la ONPE, ahora con Pachas a la cabeza, sino también del JNE, al no fiscalizar ni advertir oportunamente la falta de material el día previo a la jornada electoral.

Tello opinó que el JNE debió enviar los respectivos oficios el 11 de abril y no esperar hasta pasadas las 8:20 am del 12 de abril. “O, en todo caso, a las 5 o 6 am señalar que no está el material en los colegios. El material tuvo que pernoctar en el local de votación. El JNE tiene que estar ahí. ¿Qué está pasando con el jurado? Este documento demuestra claramente que no cumplió con su función [de fiscalizar]”, cuestionó.

“Acá el JNE está evidenciando o que no cumplió bien su rol o que el documento enviado a esas horas de la mañana era para deslindar responsabilidades. Este documento es revelador. Si uno es frío, en verdad, también debería salir Burneo”.

Para el experto de Aklla, de cara a la segunda vuelta, Pachas y los titulares del JNE y el Reniec, Roberto Burneo y Carmen Velarde, deben informar a la ciudadanía cuando el material electoral llegue a los centros de votación.

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José Luna Gálvez y Podemos Perú: ¿Qué viene ahora para el aún congresista tras su derrota en las elecciones?

Piero Corvetto: Los argumentos del juez para dictar impedimento de salida del país hasta octubre del 2027

A pesar de estar investigados preliminarmente por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el caso ONPE, tres de los siete implicados se mantienen en funciones en la institución electoral, que pronto iniciará la organización de la segunda vuelta presidencial.

Se trata de la especialista en contrataciones Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística; William García, asistente de Seguimiento y Monitoreo de Presupuesto; y Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral.

Los tres han permanecido en sus cargos incluso después de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y del inicio de la investigación preliminar que —según el fiscal Raúl Martínez— se abrió el mismo día de la votación, el 12 de abril, tras la revelación de presuntas irregularidades en el traslado de material electoral y los antecedentes de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

Este Diario se comunicó con los abogados Teodoro Ycochea y Jener Cáriga, representantes de Otoya Alvarado y Flores Bancho, respectivamente, quienes confirmaron que sus clientas se mantienen en sus puestos.

Ycochea afirmó que Otoya trabaja como locadora de servicios en la ONPE desde hace nueve años y que su contrato se renueva periódicamente. Por su parte, Cáriga aseguró que Flores —en una última comunicación— le indicó que continuaba en el organismo electoral.

De acuerdo con la ONPE, el único funcionario que se mantiene suspendido es Juan Phang, quien permanecerá apartado de la institución durante todo el proceso administrativo disciplinario (PAD), cuya duración podría extenderse hasta un año.

Según la entidad, su caso se encuentra en la etapa de levantamiento de información, la cual tiene una duración aproximada de tres meses. Durante este proceso, el implicado cuenta con derecho de defensa, puede presentar medios probatorios e incluso apelar en la vía administrativa.

Esta situación difiere de la de William García. El funcionario —servidor CAS— no ha sido identificado como presunto responsable, debido a que, hasta la fecha, la Gerencia de Gestión Electoral a la que pertenece no ha remitido la información necesaria para determinar su eventual responsabilidad en los incumplimientos relacionados con el despacho de material electoral. En otras palabras, continuará en la institución mientras no existan indicios de una posible irregularidad de su parte durante la jornada electoral del 12 de abril.

En cuanto a Hilda Otoya y Lilia Flores, la ONPE precisó que ambas son locadoras de servicios y, en ese sentido, no les corresponde la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, dado que su vínculo contractual es de naturaleza civil. Otoya, al igual que García, tampoco ha sido identificada como presunta responsable de los hechos que investiga la Fiscalía en torno a Piero Corvetto.

Finalmente, el fiscal Raúl Martínez —quien inicialmente estuvo a cargo del caso— señaló a este Diario que la investigación preliminar se inició el 12 de abril de este año, fecha en la que se detectaron las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral.

Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Según la Fiscalía, Corvetto —en su condición de máxima autoridad— Piero Corvetto habría desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.

En su calidad de jefe de la ONPE habría nombrado a funcionarios como José Samamé, gerente de gestión electoral, sin que tenga experiencia para el cargo. Asimismo, permitió que se designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, que conllevó a que formularan y suscribieran los servicios N° 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C”.

De acuerdo con la Fiscalía, ello habría configurado aparentes direccionamiento en el proceso de contratación

José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE.

Sobre Samamé, el Ministerio Público señala que fue partícipe en la formulación del pedido del servicio de traslado de material electoral, realizado desde la Gerencia de Gestión Electoral.

En su condición de gerente, Samamé designó a Juan Antonio Phang como subgerente de Producción Electoral. La Fiscalía sostiene que la incidencia directa vinculada a Samamé y Phang —quienes respondían, por su cargo funcional, a Corvetto— evidenciaría un esquema orientado a concentrar la toma de decisiones en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resultaría funcional a una concertación con un postor previamente determinado.

Asimismo, precisa que la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE —cuando estaba a cargo de Samamé— habría promovido la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, aprobado el 19 de enero de 2026 por un monto de S/ 8’950,000.00.

Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE.

Según el Ministerio Público, estuvo a cargo de la elaboración de las bases de selección para la contratación del servicio de transporte de material electoral. En ese contexto, habría concertado con el proveedor Juan Charls Alvarado, de la empresa Galaga, para favorecerlo en la obtención de la buena pro, flexibilizando los términos de referencia (TDR) a su favor para la prestación del servicio en las elecciones de 2026.

También, durante la fase de ejecución, habría otorgado conformidad al servicio.

William García Velásquez, asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuesto, de la Gerencia de Gestión Electoral

Según el documento fiscal, García Velásquez habría tenido participación directa en la evaluación técnica de las propuestas económicas, así como en la aplicación de un criterio de cálculo que terminó favoreciendo a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

El requerimiento fiscal precisa que participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en dicho documento se incluyó la aplicación de un criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una conversación entre García Velásquez y Phang Sánchez, en la que el primero le dice al segundo: “Ganó Gálaga, a pesar de que AFE presentó una oferta de (…). La propuesta técnica pesó más a favor de Gálaga”. Phang respondió: “Bien, gordito. Que notifique. Buen trabajo”.

Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral

El Ministerio Público indica que la participación de Otoya está en la elaboración, tramitación y gestión de servicios. Ella se habría encargado de determinar la relación de conductores, placas y personal para culminar el despacho de material electoral y equipos de cómputos.

También, que habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Cuyo, gerente de la empresa Galaga para que esta empresa se vea beneficiada en el servicio de transporte.

Agregó que dicho acto o conducta involucra a otros funcionarios de la ONPE y en ese contexto se cuenta con elementos indiciarios que permiten observar cómo favoreció a dicha empresa desprendiéndose un favorecimiento previa concertación.

Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones de la Jefatura del área de Selección Contractural

Según la Fiscalía, fue designada para participar en el procedimiento de selección del servicio de transporte que hemos mencionado, la cual consistió en realizar la comparación de propuestas.

Su actuación relevante es en la toma de un criterio en la evaluación técnica donde sin justificación documental en contra de los Términos De Referencia, era para favorecer a la empresa Galaga SAC.

En ese sentido, resulta indispensable que también se le debe considerar cierta posibilidad de fuga de dicha investigada que tiene un contrato CAS que constituye una circunstancia relevante al momento de evaluar la solidez actual de dicho arraigo.

De acuerdo con la Fiscalía, ella fue designada del 1 de marzo al 30 de abril del 2026.

Sobre el tema, el experto en temas electoral Fernando Rodríguez Patrón consideró que los implicados en las investigaciones deberían dar un paso al costado como lo hizo en su momento Piero Corvetto, con el propósito de no restarle la credibilidad electoral de cara a la segunda vuelta electoral.

“¿Qué es lo que genera eso? Esto le sigue restando credibilidad a la institución porque se le han cuestionado al propio responsable de la institución”, refirió.

Agregó que lo que revela las investigaciones del Ministerio Público es que los problemas continúan en la ONPE. “Son temas de personas. Si siguen ahí, el mismo tufillo de ineficiencia sigue en la institución”, añadió.

“Estas personas no están haciendo ninguna función relevante para el proceso. Deberían salir”, finalizó.

]]>https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/doscientos-anos-de-amistad-entre-el-peru-y-estados-unidos-por-carlos-pareja-noticia/https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/doscientos-anos-de-amistad-entre-el-peru-y-estados-unidos-por-carlos-pareja-noticia/Mon, 04 May 2026 01:05:43 +0000El Perú y Estados Unidos cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, una vinculación estratégica fundada en principios compartidos y fortalecida por la cooperación, el intercambio cultural y los estrechos lazos entre nuestros pueblos.

Los vínculos entre nuestros países se remontan al 2 de mayo de 1826, cuando Estados Unidos reconoció al Perú como nación independiente. La historia ofrece numerosos ejemplos del papel que Estados Unidos ha desempeñado en favor de la estabilidad y la paz regional. En la década de 1920, por instrucciones del presidente Calvin Coolidge, el general John J. Pershing tuvo un papel clave en la facilitación de un acuerdo definitivo sobre la prolongada controversia entre el Perú y Chile. Décadas más tarde, Estados Unidos cumplió un rol importante en el apoyo al proceso de paz entre el Perú y el Ecuador que culminó en 1998.

Nuestra historia compartida refleja también profundos vínculos intelectuales y culturales. Académicos estadounidenses como George Squier contribuyeron, a mediados del siglo XIX, al estudio temprano del legado arquitectónico de la civilización inca. Medio siglo después, el explorador estadounidense Hiram Bingham atrajo la atención internacional hacia la majestuosa ciudadela de Machu Picchu, hoy reconocida como una de las maravillas del mundo.

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de modernización y fortalecimiento de sus capacidades de defensa, que tiene como hito la reciente decisión de adquirir los aviones F-16 Block 70, para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea durante la próxima década. Sobre la base de nuestro compromiso compartido con la seguridad en las Américas, el Perú fue designado este año como aliado principal extra-OTAN por Estados Unidos y ha recibido apoyo para potenciar los esfuerzos de la Policía Nacional en el combate contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se viene trabajando con Estados Unidos en el diseño y construcción de la nueva base naval en el Callao.

Durante décadas, Estados Unidos ha sido el principal socio del Perú en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la creciente complejidad de los desafíos de seguridad regional ha llevado nuestra cooperación hacia nuevos ámbitos. En el 2024, el Perú sentó las bases de una mayor colaboración espacial al adherirse a los Acuerdos Artemisa. Desde entonces, nuestros países vienen trabajando en el desarrollo de un proyecto para construir y operar un puerto espacial en el norte del Perú.

A partir de los programas de acceso preferencial impulsados en la década de 1990 para promover alternativas a los cultivos ilícitos, el Perú suscribió su tratado de libre comercio con Estados Unidos, que entró en vigor en el 2009, transformando la dinámica del intercambio bilateral. Hoy, Estados Unidos es nuestro principal mercado para bienes con valor agregado, en particular frutas frescas.

Con visión de futuro, la ubicación privilegiada del Perú y sus reservas de minerales críticos ofrecen oportunidades estratégicas para profundizar nuestra asociación. Empresas estadounidenses que han invertido en nuestro país como Hunt Oil, BlackRock y Freeport-McMoran –cuyo complejo Cerro Verde ha contribuido al bienestar de los arequipeños– son testimonio del impacto concreto y mutuamente beneficioso de esta alianza.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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Roberto Sánchez sobre Renzo Reggiardo: “Es una autoridad edil y no tiene descanso como para contravenir la neutralidad”

JNE condena toda forma de “hostigamiento o amedrentamiento” contra sus autoridades

En Juliaca (Puno), pidió perdón por las muertes ocurridas en diciembre de 2022 tras la salida de la presidencia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. En Chota (Cajamarca), besó simbólicamente el piso y abrazó a la familia del exmandatario. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha construido su campaña a partir de gestos y mensajes, no solo con una —como la denominó— “ruta castillista”, visitando las regiones, sino también poniéndose el sombrero e intentando emular la imagen del exmandatario. Sin embargo, más allá de la puesta en escena para capitalizar el descontento, su propuesta política apunta aún más lejos.

En su plan de gobierno y en sus discursos políticos, Sánchez no solo coloca como uno de sus ejes centrales la excarcelación del condenado exmandatario, a quien ahora llama su “hermano”, pese a haber sido uno de los primeros ministros en renunciar tras el mensaje golpista y blindarse judicialmente. En su narrativa, el “régimen neoliberal” no solo bloqueó su gobierno, sino que fue quien “le dio un golpe de Estado” y hoy lo mantiene “secuestrado”.

También ahonda en las brechas sociales y plantea la necesidad de “un nuevo pacto social”; es decir, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, bajo la narrativa de que el modelo actual “solamente ha enriquecido a una minoría”.

A ello suma un giro en el enfoque económico que define como más nacionalista y social, que incluye la renegociación de contratos y concesiones y una “gran auditoría” en el Estado. En ese marco, la minería informal ocupa un lugar central, un sector al que ya había dirigido su atención desde el Congreso antes de iniciar la campaña.

Sin embargo, Sánchez también reajusta su narrativa. En este último tramo de manera insólita ha intentado marcar distancia de su aliado Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’, a quien inicialmente proyectó como presidenciable, antes de virar hacia la figura de Castillo. Cuando, incluso el mismo día de su cierre de campaña, lo perfiló como el responsable de la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo.

Y si bien en el plan de gobierno se menciona una reforma del sistema de justicia, no fue sino hasta que se avizoró una eventual segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que propuso al exfiscal que la acusó, José Domingo Pérez, y actual abogado de Castillo, como la cabeza de esa reforma e incorporó otras ideas como que los jueces sean elegidos mediante voto popular.

Sin embargo, más allá de los gestos y discursos, es necesario poner sobre la mesa el contenido y las implicancias de sus propuestas.

En sentido estricto, la Constitución Política del Perú no prevé la figura de una Asamblea Constituyente, tal como remarcó a El Comercio el abogado Lucas Ghersi. El Tribunal Constitucional ya estableció en una sentencia de 2022 que, al no estar contemplada en la Carta Magna, no puede convocarse a una asamblea de esa naturaleza mediante referéndum.

En esa línea, de insistir con esta propuesta en un eventual gobierno, Sánchez tendría que —explicó— modificar primero la Constitución para regular dicha figura y recién después activar el mecanismo, un escenario que requiere mayorías calificadas en ambas cámaras.

“Por consiguiente, para decirlo en sencillo, siguiendo el Estado de Derecho, la ley y siguiendo la Constitución, no se puede hacer una Asamblea Constituyente. Esta es una propuesta que, en la práctica, solo se puede hacer a través de un golpe de Estado, como intentó Pedro Castillo en el año 2022. No es realista hacerlo por las buenas, solo se podría hacer por las malas”, explicó Ghersi.

En su mirada, la figura de una Asamblea Constituyente se traduce, en el fondo, en “un mecanismo de copamiento” que permitiría “demoler todo el Estado y hacerlo de nuevo, a su imagen y semejanza”, sin una separación real de poderes, sino con una suerte de “superpoder” sin límites.

“Lo que están pidiendo es un Congreso súper poderoso. (…) La Asamblea Constituyente básicamente es el mecanismo a través del cual se desmantela la democracia y se crea la dictadura; ese es el problema”, remarcó.

Además, Ghersi advirtió que un eventual indulto a Castillo no sería viable pues existe una apelación en trámite y que tampoco correspondería la figura del derecho de gracia.

En cuanto a las propuestas económicas, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla advirtió que se trata, en esencia, de una reedición de lo que planteaba Castillo, aunque con una mayor carga ideológica. “Todo es anacrónico con el desarrollo y, de hecho, muchas de las cosas que se están postulando ya se intentaron en el pasado con resultados nefastos para la economía”, remarcó.

Sobre la posibilidad de implementación, señaló que algunas medidas dependerán del Ejecutivo, pero muchas otras requerirán la aprobación del Senado, que podría bloquear varias de estas propuestas disruptivas. No obstante, enfatizó que el solo hecho de anunciarlas y manejarlas como una posibilidad ya genera preocupación en el mercado.

“Hemos visto los casos de países que han implementado ese tipo de políticas: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y han tenido efectos nefastos en su población. Si es que hay un tema que es central para un inversionista y lo que se ve de afuera, es que haya predictibilidad en las reglas del juego, por un lado, y que haya seguridad jurídica. Y, en ambos sentidos, las propuestas de Sánchez petardean ambos conceptos”, remarcó Castilla.

En esa línea, explicó que la inversión —tanto nacional como extranjera— depende de la previsibilidad del marco tributario y de las políticas en sectores clave, como la minería. Si se opta por renegociar contratos o desconocer obligaciones de forma unilateral, advirtió, “eso evidentemente atenta contra la seguridad jurídica, algo básico para que un país pueda traer inversión”.

“Todo esto sería muy desfavorable y perjudicial para la economía. El hecho de anunciarlo y que sea una persona que tiene posibilidad de pasar segunda vuelta o un peso significativo en el Congreso, ya es preocupante”, aseveró.

En ese nuevo régimen, el factor de la minería cobra especial relevancia. A opinión de Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, Sánchez, desde su espacio en el Congreso, se ha convertido en el líder político de los mineros informales, particularmente de aquel sector que no busca formalizarse.

@peruanisimaviajera 🚨Congresistas siguen firmes en respaldo a los mineros⚒️#noticiasperu #mineros_del_perú #mineriaperu #congresodelperu #politicaperuana ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

Explicó que, incluso dentro de la propia minería informal, existe una división: un sector que sí busca adecuarse a las normas y otro que, bajo conceptos como las “concesiones ociosas” o la “minería ancestral” o “artesanal”, busca confundir a la opinión pública cuando no corresponden a esa realidad.

“Sánchez representa a este sector económico que está defendiendo la permanencia del Reinfo, la ampliación de los plazos de formalización y quitar algunas leyes. (…) Él es el líder de la informalidad minera en el Congreso, pero además es el líder político de los mineros informales que no quieren formalizarse”, aseveró Arenas.

Incidió en que este tipo de propuestas genera incertidumbre que se extiende más allá del sector minero, alcanzando otras inversiones en áreas como gas, energía y demás actividades extractivas.

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Elecciones 2026: Roberto Sánchez insiste en nueva Constitución

Funcionarios clave de Corvetto se mantienen en la ONPE pese a investigaciones fiscales

Tras varios periplos a lo largo de la campaña, el partido Juntos por el Perú (JPP) busca ahora marcar distancia del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, sentenciado por la asonada del ‘Andahuaylazo’, en la que fueron asesinados cuatro policías. En paralelo, es el propio exreo quien se encarga de reafirmar abiertamente su cercanía con el candidato presidencial Roberto Sánchez.

En declaraciones a “Perú21”, Humala incluso aseguró que, de llegar Sánchez al gobierno, promovería una guerra con Chile y hasta indultaría a integrantes del grupo Colina y a terroristas de Sendero Luminoso.

El viernes, durante un congreso partidario, detalló que, si bien no existe una “alianza formal” con JPP, ello responde a la pérdida de la inscripción de su partido, dispuesta judicialmente por conducta antidemocrática. Sin embargo, dejó en claro que el respaldo etnocacerista a Sánchez es abierto e incondicional con miras a una segunda vuelta.

Humala ha estado presente en diversos eventos públicos junto al aspirante a la presidencia, participando en conferencias y mítines de la denominada “ruta castillista”.

De hecho, el pasado 8 de abril, en su cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo, fue el propio candidato quien lo presentó como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno. Ahora, sin embargo, se busca marcar distancia.

En respuesta, Sánchez afirmó —mediante su cuenta de Twitter (antes “X”)— que las expresiones de Humala Tasso sobre la relación del Perú con Chile no representan ni la postura del partido ni la suya, y que son de entera responsabilidad del etnocacerista.

“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”, indicó.

Señaló que, tras el fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima, no existe ningún problema territorial con Chile. Y que en un eventual gobierno suyo, se priorizarán las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo tanto con el presidente José Antonio Kast y otros de la región.

Preguntado por este Diario, el secretario General Nacional de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, negó una coalición con Humala (pese a que el condenado por asesinato la confirmó un día antes), descartó una eventual guerra con Chile y aclaró que las recientes declaraciones son de exclusiva responsabilidad del etnocacerista.

“No estamos de acuerdo con una postura guerrerista ni militarista. [...] Y sobre ello, los que tienen sentencias firmes por cualquier delito que no esté vinculado a Pedro Castillo, tienen que cumplir sus sentencias”, dijo.

Walter Flores Choco, secretario Nacional de Frente Único y Asuntos Electorales de JP, aseguró que Humala Tasso solo fue un aliado durante la primera vuelta; sin embargo, remarcó que sus declaraciones son de su exclusiva responsabilidad, ya que no forman parte de las decisiones ni de las posturas del partido.

Al ser consultado por El Comercio, el dirigente afirmó que Humala nunca fue propuesto para ser ministro de Estado, y menos aún de Defensa.

Asimismo, descartó “celos” de partidarios o integrantes de izquierda que aspirarían a ese cargo en una eventual gestión de Sánchez.

“En política no se puede hablar de celos [como dice Antauro] porque aquí nadie lo ha propuesto. Que yo tenga entendido Roberto nunca lo ha propuesto. Además las decisiones de nuestro partido son decisiones orgánicas. Uno no puede hablar de designaciones sin antes haber ganado las elecciones. Eso es incorrecto”, añadió.

Jaime Quito, candidato al Senado, consideró que “cada uno es responsable de lo que dice”.

“En Juntos por el Perú no hay privilegiados. Acá se convoca a todos para luchar contra el fujimorismo”, refirió.

Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, señaló que el único punto de coincidencia con Humala es la Asamblea Constituyente y sus declaraciones no representa a JP.

“Hubo un acompañamiento en primera vuelta. Antauro seguro entiende que se extiende esta alianza, pero no. Nosotros hemos sido claro: Él no es vocero ni representa las decisiones del partido”, dijo.

Añadió que la posición de Sánchez no contempla la liberación de presos por terrorismo, ni tampoco la del Grupo Colina.

El analista político Enrique Castillo remarcó que no es la primera vez que Humala se convierte en un problema para alguien cercano y que incluso su hermano, el expresidente Ollanta Humala, tuvo que enfrentarlo, al punto de que ahora Antauro dice que lo fusilaría.

Agregó que Antauro Humala se ha convertido en un personaje incómodo para Sánchez y que por ello ha empezado a tomar distancia. “Tengo toda la impresión de que Sánchez lo ha utilizado, como está utilizando a Pedro Castillo y utilizó en su momento a Verónika Mendoza”, aseveró.

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Ya sabíamos cómo piensa y qué ideas defendía Balcázar desde antes de que asumiera la presidencia. Aún así, el Congreso decidió elegirlo. Pero ya no se trata de un señor que suelta disparates en una reunión con amigotes o un aspirante a intelectual que esgrime ideas retrógradas bajo la fachada de una supuesta erudición. Ahora personifica a la nación. Aunque no esté a la altura del cargo, es el presidente del Perú. Y su lengua sin filtros pone en constante peligro a nuestras relaciones internacionales.

Tras el comunicado conjunto de las embajadas de Alemania e Israel, en el que exigían que se retracte por sus ofensivas declaraciones antisemitas –en las que culpó al pueblo judío por el inicio de la Segunda Guerra Mundial–, Balcázar no tuvo la decencia de disculparse. El Despacho Presidencial emitió un comunicado en el que lamentaba que las declaraciones de Balcázar hubieran generado “una percepción equívoca”. En otras palabras, la culpa no fue del emisor, sino de los despistados receptores que no entendieron el mensaje.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, el mandatario volvió a provocar vergüenza ajena. Un enredado comunicado, con todas las huellas de haber salido de su pluma, fue difundido por las cuentas oficiales de la Presidencia. En él, afirmaba que Chicago es “un estado muy industrializado [es una ciudad en el estado de Illinois]”. Remataba el texto con esta peculiar cita: “¡Feliz Día del Trabajador! [No del Trabajo, como registra el calendario]”.

Los funcionarios de Palacio y los integrantes del Ejecutivo tienen una obligación moral con el país: evitar que Balcázar vuelva a hablar en público. Que lo haga, si quiere, después del 28 de julio. El Perú no debe pasar más vergüenzas.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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Pucallpa: Detienen a hermano de congresista Elvis Vergara en camioneta del MTC y registran haber encontrado propaganda de Acción Popular

Congreso cita a tres ministros por caso compra de aviones F-16 tras inasistencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, se pronunció sobre la intervención policial de una unidad vehicular de su flota, de placa EGJ-299, en la ciudad de Pucallpa, quien era conducida por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular).

Provías precisó que la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú comunicó este hecho a la Oficina Zonal Ucayali. Además, la unidad habría sido utilizada sin autorización y fuera del horario laboral. Por este motivo, la entidad no descarta el inicio de acciones legales de comprobarse el uso indebido del vehículo para fines ajenos a la función pública.

Indicó que Vergara Mendoza, conductor del vehículo, presta servicios como conductor, para una empresa proveedora contratada para el mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa.

Ante lo ocurrido, Provías Nacional solicitó un informe detallado a la empresa proveedora para determinar las medidas disciplinarias, incluyendo el retiro inmediato del conductor involucrado.

El MTC dejó en claro que la situación viene siendo investigada “y merecerá las sanciones que correspondan de acuerdo al marco legal vigente” y, finalmente, reiteró su política de “cero tolerancia” frente al uso irregular de recursos del Estado.

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Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Juntos por el Perú sigue tratando de desmarcarse de su socio político Antauro Humala

El partido Renovación Popular respondió al comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que propuso una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales realizada en todo el Perú el pasado 12 de abril, calificando que esta medida “carece de la seriedad necesaria”.

A través de un pronunciamiento, la agrupación sostuvo que el organismo electoral es consciente del nivel de desconfianza existente y criticó la forma en que se viene manejando la situación.

“En un mal intento de mejorar tal percepción, proponen realizar una auditoría con sus propios técnicos, sin señalar fecha, ni plazo, ni nombres de quienes la llevarían a cabo”, indica.

El partido político agregó que “tal propuesta carece de la seriedad necesaria para una respuesta apropiada, ante el grave momento al que la ONPE y el JNE de elecciones nos han llevado, al haber ejecutado un pésimo trabajo tanto en la realización de las elecciones como en la supervisión de las mismas.

Asimismo, Renovación Popular solicitó que el JNE se abstenga de emitir resultados hasta que se lleve a cabo una auditoría “transparente realizada por una empresa internacional o por alguna entidad que no se encuentre vinculada a ninguna agrupación política o tenga conflicto de intereses”.

Finalmente, el partido liderado por Rafael López Aliaga advirtió que cualquier resultado que se proclame en estas condiciones “carecería de legitimidad”. Además de hacer imposible la realización de una segunda vuelta electoral sin garantías de transparencia.

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Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

Juntos por el Perú sigue tratando de desmarcarse de su socio político Antauro Humala

La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Karol Paredes, expresó su respaldo a las declaraciones de María del Carmen Alva y sostuvo que el actual Parlamento sí “será extrañado” cuando concluya su periodo.

Además, la congresista por Avanza País sostuvo que el Legislativo tuvo un rol importante en el sostenimiento del sistema democrático en el país, pese a ser uno de los Congresos más desaprobados.

“Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no nos olvidemos de los candidatos que han sido reelegidos (congresistas), yo creo que sí, aunque otros digan que no, yo digo que sí. Este caso hemos dado la sostenibilidad de la democracia con Pedro Castillo por eso estamos viviendo nuestro grado de libertad, que nadie lo reconoce, ni siquiera lo dicen”, dijo en RPP.

La legisladora reconoció que el Congreso ha tenido debilidades y formas de actuar que no han sido bien recibidas por la población. Sin embargo, puntualizó que en estos cinco años han tratado de “sostener” para que “este grupo que está viniendo, producto de la bicameralidad pueda tener un soporte”.

Segunda vuelta de elecciones 2026

Sobre su postura política para esta segunda vuelta, Paredes dejó en claro que “jamás” se “iría por la izquierda”.

“Vamos a tener una reunión de a nivel de bancada, pero mi posición está bastante clara. Yo cuando marco una posición y lo digo sin tapujos, No estoy allí para pensar, no podemos poner la misma situación el Perú como en 2021”, finalizó.

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Por su parte, Pedro Castillo, preso pero no manco, fue contemplando la idea de un frente izquierdista en torno a un partido propio: Todo con el Pueblo. En esa coalición imaginada de un castillismo centrípeto contaría con el respaldo político de sus exministros más leales (recordemos que Sánchez fue el único que no se quitó la faja durante todo el gobierno del profesor). Pero Castillo quería más. ¿Por qué no incluir también a las organizaciones de Yonhy Lescano, Virgilio Acuña y Ricardo Belmont? Al final, Castillo dejó escapar ‘su’ partido en manos de otro de sus exministros no tan leal (Nicolás Bustamante) y Sánchez se encargó de que la alianza soñada fuese angosta, manejable, alrededor de JP y metiendo de yapa a Antauro. Así nació Juntos con el Pueblo.

El acuerdo entre Sánchez y Castillo era diáfano: Juntos por el Perú designaba al grueso de candidatos al Congreso bicameral y el expresidente nombraba a los “invitados” de la lista. JP es, en el mejor de los casos, un partido regional, asentado en Lambayeque y balnearios, y con algunas cuantas bases en Cusco y anexos. Sánchez, recordemos, no tuvo la formación ideológica de Vladimir Cerrón como para forjar un partido de cuadros como Perú Libre. Tampoco es un líder sindical para ensayar una dinámica movimientista con las rondas campesinas y el magisterio, como lo hizo Castillo. El actual candidato presidencial se ha socializado políticamente como funcionario (Gobierno Regional de Lambayeque, alcaldías del norte chico, el Mincetur, etc.). Así, terminó articulando una organización política a la imagen y semejanza del prototípico gris funcionario estatal. Además, para esta campaña sumó sus propios refuerzos: Jaime Quito, Silvana Robles, Víctor Cutipa, camaradas otorongos con quienes empatizó en el fragor de la gimnasia parlamentaria. Suficiente para saltar al ruedo.

Desde Barbadillo, Castillo confeccionó con detalle su parte de la lista congresal: su entorno familiar (su hermano José Mercedes, su hermana Irma, su cuñada-hija Yenifer Paredes, su sobrino Cledin Vásquez), sus exministros-voceros (Hernando Cevallos y Anahí Durand, curiosamente frustrados de otro fallido intento de construcción partidaria en APU) y sus ‘profes’ más resilientes (del Fenatep como Alejandro Manay en Ayacucho, José Chipana en Puno y el inefable Íber Maraví). Con ese combinado de segunda división de la izquierda peruana, Sánchez ha alcanzado la segunda minoría electoral a escala nacional.

En la híperfragmentada política peruana actual, los partidos han abandonado la vocación de construir mayorías. De 27 millones de electores hábiles, al final del conteo, dos millones habrán endosado la coalición Sánchez-Castillo (700 mil votos menos que los que tuvo la dupla Cerrón-Castillo). La geografía electoral de Juntos por el Perú no es la de Perú Libre. Porque los actores sociales invocados no son los mismos. Esta vez, se trata de una izquierda descafeinada ideológicamente, de un sentido común más populista y menos marxista, menos sofisticada para las narrativas y más directa con los simbolismos. Apela más a los pactos que a los fundamentalismos. Estamos ante un castillismo 2.0, hechura del gobierno fallido y de la trayectoria del oportunista candidato presidencial. Se trata de una izquierda más estatal que estatista; le interesa el acceso y control del presupuesto público, no los presupuestos dogmáticos. Quiere distribuir cargos, no la riqueza. No va a reformar el modelo, lo va a socavar sin que sus guardianes se den cuenta.

Por eso, la tecnocracia de este proyecto importa menos de lo usual. Igual se la cuento. Se trata de catedráticos de universidad pública que enmarcan sus cartones de asistencia a seminarios internacionales. No me extrañaría que Alejandro Narváez dé el salto de Petro-Perú al MEF, que Jorge Manco Zaconetti asuma Energía y Minas ni que Modesto Montoya retorne al Gabinete. De alguna manera u otra, el modelo ya los ha sufrido y los ha sobrevivido. Los consultores los clasifican con aplomo: no son castristas ni chavistas ni maoístas. Nos invitan a dormir tranquilos. Pero por ahí no viene la cosa, sino por el cuoteo y la lotización de la administración pública. Finalmente, una economía que crece más de dos por ciento anual implica un Estado con plata. Y Sánchez lo sabe. Reivindicación histórica o repartija. ¿Cuánto forado fiscal sigue aguantando nuestro modelo? De esto es lo que realmente se trata.

Pero, sobre todo, de la praxis negociadora de Sánchez, que puede resumirse en dos actos. El primero: distraer para avanzar. Mientras nos entreteníamos viendo cómo los “sectores democráticos” [sic] exigían la renuncia de Castillo, Sánchez afianzaba sus relaciones con la inversión china. Cualquier consultor mínimamente informado sabe que Chancay es “el barrio” del exministro de Comercio Exterior. Hoy ha soltado a Antauro a la prensa, y la prensa ha pisado el palito.

El segundo: estirar la cuerda para fijar el punto medio. ¿Se imagina una ley de amnistía que beneficie a Pedro Castillo, Guillermo Bermejo, Walter Aduviri y, de yapa, a algún otro expresidente? Aunque el plan maximalista no prospere, ya habrá desplazado el umbral de lo aceptable: el indulto a Castillo aparecerá como el mal menor. ¿Se imagina usted al expresidente, en persona, con poncho y sombrerito, movilizando a la izquierda?

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

]]>https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/marca-pais-la-identidad-que-olvidamos-por-mercedes-araoz-diversidad-en-el-peru-geografia-riqueza-natural-noticia/https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/marca-pais-la-identidad-que-olvidamos-por-mercedes-araoz-diversidad-en-el-peru-geografia-riqueza-natural-noticia/Sun, 03 May 2026 05:31:00 +0000Cuando asumí el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo en el 2006, el Perú aún no sabía cómo contarse al mundo. No tenía una imagen país consolidada. Existía una marca turística anclada casi exclusivamente en el pasado incaico, pero sin reflejar la riqueza integral de nuestra historia, nuestra diversidad ni, sobre todo, nuestras posibilidades como nación moderna. Decidimos entonces emprender una tarea mayor: construir una marca país que proyectara al Perú no solo como destino turístico, sino como espacio para invertir, producir y vivir. En ese esfuerzo se sumaron los equipos de Prom-Perú, el Mincetur y Pro Inversión con un objetivo común: definir quiénes éramos y quiénes podíamos llegar a ser.

Crear una marca país no es diseñar un logo. Es desarrollar una estrategia de posicionamiento en el mundo que sea veraz y creíble ante el mundo, pero sobre todo ante todos los peruanos. Es construir una narrativa compartida. Implica responder una pregunta compleja: ¿qué nos define como sociedad? Para ello, realizamos un proceso riguroso, con estudios dentro y fuera del país, convocando a voces diversas: desde intelectuales como Mario Vargas Llosa hasta empresarios, artistas, comunidades rurales y especialistas en múltiples disciplinas. El resultado de ese ejercicio fue claro: nuestra identidad es la diversidad.

Una diversidad que no es solo un atributo, sino una ventaja competitiva. Nuestra geografía –costa, sierra, Amazonía y un mar privilegiado por la corriente de Humboldt– nos otorga una riqueza natural excepcional. De allí nace también nuestra gastronomía, reconocida mundialmente. Pero más importante aún, esa diversidad abre oportunidades en sectores clave: agricultura, pesca, minería, energía, servicios ambientales y más. El Perú tiene el potencial de alimentar al mundo y, al mismo tiempo, generar desarrollo inclusivo.

Sin embargo, la diversidad que verdaderamente nos define es la cultural. Desde Caral hasta hoy, el Perú ha sido un espacio de encuentro. Un territorio donde distintas culturas –originarias y migrantes– han coexistido, dialogado y construido una identidad compleja. No ha sido un proceso perfecto, pero sí profundamente enriquecedor. Ese crisol cultural es el que le da sentido y dinamismo a nuestra nación.

Por eso resulta preocupante que hoy predominen discursos que fragmentan en lugar de integrar. La división entre formales e informales, la brecha entre Lima y las regiones, y el racismo –en todas sus formas– debilitan cualquier proyecto de país. Nos alejan de una visión común y erosionan la confianza necesaria para avanzar. No podemos perdernos en disputas vanas, en la política espectáculo, cuando hay urgencias reales a lo largo y ancho del país por atender. No podemos dejar nuestro desarrollo en manos improvisadas que buscan el poder por el poder y por intereses encubiertos, y a los que poco les importa el bienestar de nuestros pueblos. Nos toca a los ciudadanos encausar el debate hacia un nuevo acuerdo nacional, que nos dé rumbo y capacidad de gestionar nuestro crecimiento y desarrollo futuro.

Recuperar el espíritu de la marca país no es un ejercicio simbólico. Es una tarea política y social urgente. Implica construir acuerdos mínimos, reconocer nuestras fortalezas y orientar nuestros esfuerzos hacia un desarrollo que incluya a todos. El Perú ya encontró una vez una narrativa que lo unía: la diversidad como fuente de orgullo y oportunidad. Es momento de retomarla. Porque una nación no se construye desde la fragmentación, sino desde la identidad compartida. Y es hora de honrar la nuestra.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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Funcionarios clave de Corvetto siguieron en la ONPE pese a investigaciones fiscales

JNE advirtió a Bernardo Pacha sobre demora en instalación de mesas de sufragio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que ha dispuestp una “auditoría informática integral y exhaustiva” al proceso electoral realizado el último 12 de abril, con la finalidad de reforzar la transparencia y la confiabilidad de los resultados. “Se ampliará el Comité Académico con especialistas independientes en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas”, indicó el organismo, mediante un comunicado.

LEE: JNE advirtió a Bernardo Pachas, entonces gerente general de ONPE, sobre demora en instalación de mesas de sufragio

El JNE precisó que esta medida tiene como objetivo “elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables”.

La auditoría contará con el acompañamiento de un comité conformado por profesionales externos, que emitirá “opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas” para robustecer las elecciones 2026.

Desde el JNE explicaron que el comité “no mantiene vínculo institucional con el JNE, asegurando así la emisión de criterios objetivos, autónomos y sustentados en evidencia técnica”.

Además, detallaron que promoverán la participación de expertos nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación institucional, con el objetivo de garantizar una revisión técnica “imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales”.

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El comité fue creado mediante la Resolución N° 00206-2025-P/JNE y tiene como finalidad “aportar análisis técnico y jurídico en la formulación de acciones, estrategias y propuestas en materia electoral”.

A su vez, La autoridad electoral aseguró que “continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026”.

El JNE asegura que su decisión busca garantizar la legalidad del proceso y que sus resultados sean “plenamente verificables, auditables y confiables para la ciudadanía”.

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