La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la Fiscalía realizan este viernes un operativo de allanamiento en inmuebles del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al menos otros seis investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

La medida, con fines de registro e incautación, alcanza a 12 inmuebles vinculados a exfuncionarios de la ONPE y a la empresa Galaga (responsable del transporte de material electoral en Lima), en distintos distritos como Miraflores, Lince, La Molina, San Juan de Lurigancho, Breña y Lurín.

Mira aquí el momento exacto de la diligencia en la vivienda de Piero Corvetto:

La resolución judicial declaró fundado el requerimiento de allanamiento con fines de incautación, registro domiciliario y personal de al menos siete investigados, entre ellos Piero Corvetto.

También de José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como de Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

Muy temprano, Ricardo Sánchez, abogado de Corvetto, confirmó a El Comercio que se trata de una diligencia de allanamiento, dado que el Poder Judicial desestimó el pedido fiscal de detención preliminar contra su patrocinado.

Las diligencias están a cargo del fiscal Raúl Martínez, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

“Es reservada la investigación”, declaró el fiscal a la prensa a las 10:28 de la mañana, a su salida del departamento de Corvetto, en el distrito de Miraflores. El allanamiento inició pasadas las 5.30 de la mañana.

El operativo fue autorizado por el juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria contra Funcionarios.

Mira aquí el momento exacto del ingreso a una de las viviendas allanadas en el operativo de la PNP y fiscalía:

El Ministerio Público investiga los presuntos hechos irregulares en la organización de los comicios a cargo de la ONPE.

Uno de ellos impactó en el despliegue de material electoral el 12 de abril, día de las elecciones. Esto impidió que 211 mesas de sufragio puedan instalarse y más de 60 mil ciudadanos ejerzan su derecho a voto. Además, generó el retraso en el inicio de la votación en distintas zonas de la capital.

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Fiscalía y Policía allanan inmueble de la empresa Galaga en Lurín

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— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Justamente en el marco de este caso, la Fiscalía Anticorrupción había pedido además el registro de correos electrónicos y números telefónicos.

Los pedidos incluyen los correos electrónicos institucionales de Juan Antonio Phang Sánchez y José Edilberto Samamé Blas, así como de Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández, Willian Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y distintas zonas del país han recibido, hasta el momento, un total de 51 pedidos de nulidad de diversos ciudadanos y partidos políticos contra las elecciones a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino, realizadas el domingo 12 de abril.

De ese universo, al menos 24 solicitudes de nulidad total fueron declaradas improcedentes, en algunos casos, por la falta de datos personales, la presentación fuera de plazo o porque, sencillamente, el pedido no estaba debidamente acreditado, según una revisión de El Comercio al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras tanto, otras 20 se encuentran en trámite.

También, se reportó el rechazo a otros siete pedidos para anular parcialmente las votaciones en las mesas que fueron instaladas después del mediodía del 12 de abril, precisamente, en distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Sin embargo, cinco fueron apelados. De ellos, dos ya fueron aceptados por los JEE y fueron elevados al pleno del JNE; mientras que otros tres fueron presentados y están pendientes de ser elevados. Estos últimos recursos fueron formulados por Renovación Popular.

En medio de los cuestionamientos por las irregularidades del proceso electoral, la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE y la aparente decisión del JNE de desestimar la convocatoria a elecciones complementarias, se esperaba que el jueves por la tarde sesionara el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

No obstante, al cierre de este informe no se registró ninguna sesión. A pesar de haberse anunciado, no se llegó a reunir el pleno del JNE. Fuentes confirmaron a este Diario que en las próximas horas se formalizará un acuerdo adoptado relacionado a las elecciones complementarias.

Como informó El Comercio este jueves, fuentes de este Diario sostienen que se adoptó la decisión de no ir hacia unas elecciones complementarias, una figura que había pedido Renovación Popular

Entre las nulidades electorales se encuentra una formulada por el ciudadano Jasson Eduardo Nuñez ante el JEE de Chiclayo, en que solicita declarar nulas las elecciones generales y se proceda a nuevos comicios.

Sin embargo, el órgano electoral resolvió declarar improcedente al considerar que no se había citado correctamente las normas y, además, que dicho Jurado no tenía la atribución legal “de declarar la nulidad total de un proceso de elecciones”.

El mismo ciudadano interpuso otro pedido de nulidad en la ciudad de Tumbes. En este caso, se indicó que la solicitud fue presentada fuera de plazo. “El plazo máximo para presentar solicitudes de nulidad vencía indefectiblemente el 15 de abril de 2026 a las 23:59:59 horas (esto es, hasta tres días después de los comicios electorales), habiéndose presentado la solicitud materia de análisis el día 16 de abril de 2026 a las 11:46:00 horas”, indicó el Jurado.

El Jurado Electoral Especial del Callao declaró improcedente otro pedido de nulidad total de los comicios al considerar que fue presentado fuera del plazo, es decir, el 16 de abril.

En Huaura ocurrió la misma situación. El JEE de Huacho resolvió rechazar otro pedido de nulidad al señalar que fue presentado el 16 de abril. Ante ello, indicó que se produjo “la preclusión del derecho a cuestionar el proceso electoral por esta vía” y que el pedido incurre en defectos insubsanables de carácter formal y material: extemporaneidad y ausencia de causal legal de nulidad.

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 también optó por la improcedencia de la solicitud de declarar la nulidad de los comicios del 12 y 13 de abril, al haber sido interpuesta por un ciudadano que no figura como personero legal de ningún partido político.

En Lima Centro 1 el resultado fue similar. Allí se interpuso un pedido de nulidad, pero este no tuvo éxito porque —entre otras razones— incumple requisitos subjetivos y objetivos de procedencia previstos por la normativa electoral vigente.

Además, otro fue planteado en la misma jurisdicción por el ciudadano Jesús Véliz Valerio, excandidato a diputado por Renovación Popular, en el cual solicita la nulidad de las elecciones del 12 de abril. El recurso fue declarado improcedente porque fue presentado fuera de plazo.

Según el portal del JNE, otro recurso de nulidad —presentado como “denuncia ciudadana”— fue declarado improcedente. Este alegaba la posible infracción a la normativa electoral por presuntas irregularidades advertidas durante la jornada electoral. Sin embargo, la persona que formuló la solicitud no presentó ninguna información personal.

El JEE de Lima Centro 1 recibió el 15 de abril una solicitud de nulidad electoral alegando fraude electoral por parte de Francisco Diez Canseco Távara, en su condición de presidente del partido político Perú Acción, pero la declaró improcedente.

Entre tanto, Carlos Quinto Céspedes solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declarar la nulidad de los comicios, pero su pedido fue rechazado.

En el caso de Colin Fernández, quien también presentó una solicitud ante el JEE de Lima Centro 1, esta fue igualmente declarada improcedente.

De otro lado, el JEE de Lima Norte 3, de Los Olivos, resolvió elevar al Jurado Nacional de Elecciones un pedido de nulidad de las mesas de sufragio instaladas después de las 12:00 horas del día 12 de abril, al indicar que no tenía competencia como la del JNE.

Wolfgang Grozo pidió declarar la nulidad parcial de la elección presidencial y vicepresidente, pero fue declarado improcedente por errores técnicos.

Luego, este apeló y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió declarar lo mismo al detectar que el planteamiento no se encuentra suscrito por el personero legal de la organización política Integridad Democrática, quien tampoco cumplió con presentar el comprobante de pago por concepto de tasa electoral que equivale a 715 soles.

Cabe indicar que toda la nulidad total de las elecciones solo procede conforme a lo señalado por el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o, separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos; o se anulan procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida.

Renovación Popular presentó diversos recursos de apelación contra resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que declararon improcedentes sus pedidos de nulidad en mesas de sufragio.

Uno de ellos se dirigió contra la Resolución N.° 01268-2026-JEE-LIO3/JNE, que rechazó la nulidad de las mesas instaladas después del mediodía del 12 de abril en el distrito de Santiago de Surco.

Según el recurso, la no instalación o instalación tardía de mesas en Lima Metropolitana —atribuida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)— habría impedido reflejar con fidelidad la voluntad popular en una circunscripción que concentra cerca de un tercio del electorado nacional.

Otra apelación fue presentada contra la Resolución N.° 00348-2026-JEE-LIE2/JNE, que también declaró improcedente la nulidad de mesas instaladas después del mediodía en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Asimismo, se apeló la Resolución N.° 00930-2026-JEE-LIO2/JNE, del JEE Lima Oeste 2, que rechazó un pedido de nulidad en los distritos de Surquillo, Miraflores y San Luis.

En paralelo, el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 concedió dos recursos de apelación contra las resoluciones N.° 00412-2026-JEE-LIE2/JNE y N.° 00411-2026-JEE-LIE2/JNE, ambas del 16 de abril. Los expedientes serán elevados al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá emitir un pronunciamiento final.

De acuerdo con información del portal de la ONPE, figuran hasta el momento 66.032 actas observadas de las elecciones al Congreso, Presidencia y Parlamento Andino.

De ese total, los Jurados Electorales Especiales solo han recibido —hasta el jueves por la tarde— 40.726 actas observadas, que representa el 61,68% del total, según cifras del portal del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que aún faltan por entregar 25.306 actas observadas para que sean procesadas por los JEE.

El portal del JNE reporta que del universo de actas observadas 39.404 están siendo procesadas para el cotejo respectivo o para el recuento de votos y que otras 1.322 están sin procesar.

Del total actas procesadas para revisión, 5.556 son referidas a las que fueron observadas por los comicios presidenciales; 9.215 a los Senadores Distrito Electoral Único; 7.385 a Senadores Distrito electoral Múltiple; 9.268 a diputados; y 7.980 al Parlamento Andino.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber aceptado los pedidos para implementar elecciones complementarias en algunas mesas de votación en Lima que tuvieron demoras en su instalación.

En conferencia de prensa este viernes, aseguró que esta solicitud no fue exclusiva de su agrupación política, sino de otros partidos que plantearon lo que aseguró es una “ampliación del plazo de votación” como se hizo el lunes 13 de abril con 13 locales de votación afectados por retrasos en la entrega de material electoral.

“Los señores del JNE saben perfectamente que se ha impedido de votar a casi medio millón y medio”, señaló ante la prensa y aseguró que su partido ha enviado sus estudios y cifras para sustentar supuestas irregularidades.

“Era una ampliación de plazo como para el 3 de mayo y salir de la duda todos, pero no han querido. Están quitando legitimidad absoluta a un proceso que está herido a muerte”, mencionó para insistir en que se aplicaron estrategias “foráneas” en las elecciones para tergiversar los resultados.

López Aliaga continuó diciendo que el daño a las elecciones generales “ya está hecho” e insistió en que “todavía estamos a tiempo de rescatar en algo este proceso que está herido a muerte si se hace justicia o por lo menos una auditoría parcial, no digo que se audite toda la base de datos”.

En su exposición, Renovación Popular solicitó que se haga una auditoría a las actas de votación de la serie 900.000 a 905.000 de las cuales dicen que hay sospecha de votos irregulares. “Si no accede el señor Burneo y su JNE bueno, están dando palabras mayores de convalidar algo que es demostrable en cualquier juzgado en Perú y afuera del Perú”.

El candidato presidencial que, hasta el momento quedaría fuera de la segunda vuelta electoral en un tercer puesto detrás de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aseguró que hay una distorsión en el sentido del voto en estas actas y que, si el JNE tuviera la voluntad, podrían verificarlo con una auditoría con supervisión internacional.

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El embajador en retiro Carlos Pareja Ríos juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores este jueves 23 de abril, tras la renuncia de Hugo de Zela.

Pareja asume el mando de Torre Tagle luego de una crisis política provocada por el fallido intento del presidente José María Balcázar de frenar la compra de aviones de combate F-16 Block 70.

Apenas un día antes de su juramentación, calificó al gobierno de Balcázar como “precario”. Además, advirtió que el Departamento de Estado de los Estados Unidos podría revisar su relación con el Perú si no se concretaba la adquisición de los F-16.

Horas después de esas declaraciones a Canal N, se conoció que el Perú había cerrado la compra de 12 aeronaves F-16, con un desembolso inicial de US$ 462 millones, pese a la posición del presidente. La crisis desencadenada por ese tema provocó las renuncias de los ministros De Zela (Relaciones Exteriores) y Carlos Díaz Dañino (Defensa).

En ese contexto, Pareja vuelve al escenario de la política exterior. Entre el 2016 y el 2019 fue embajador del Perú en Estados Unidos. Además, entre 1984 y 1990 se desempeñó como consejero político en ese mismo país.

Durante su carrera diplomática, también fue embajador del Perú en España, Suiza y Chile, y director de Protocolo de la cancillería. Como parte de este último cargo, lideró la organización de cumbres internacionales, entre ellas las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Fue embajador en Santiago durante el período de la controversia marítima entre el Perú y Chile, resuelta finalmente en el 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Entre 1997 y 1999 participó en las negociaciones de paz entre el Perú y Ecuador como secretario ejecutivo de la Comisión de Integración Fronteriza Peruano-Ecuatoriana.

Pareja se retiró del servicio diplomático en el 2019, pero se mantuvo activo en el debate público. Ha colaborado con El Comercio mediante columnas de opinión.

Luego de su juramentación, aseguró a la prensa: “He aceptado con mucho orgullo y mucho honor este encargo que me ha dado el presidente de la República. Me ha ofrecido esta mañana ser canciller. Yo soy un servidor público. Si bien estaba en situación de retiro, he retomado la posibilidad de servir al país en estos tres meses que quedan de gobierno”.

Expectativas

Las primeras señales sobre cómo Pareja entiende el cargo de canciller provienen de sus propias declaraciones previas. El último miércoles aseguró que quien asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores necesitaba experiencia en el manejo de la relación con Estados Unidos.

“No solo hace falta tener el título de canciller, sino que hay que tener una cierta experiencia en las tratativas con los Estados Unidos. Creo que con el gobierno del presidente Donald Trump las negociaciones y las relaciones son un poco más complicadas que con gobiernos anteriores, así que creo que estamos en una situación bastante delicada”, afirmó a Canal N.

Incluso, sugirió que lo primero que debía hacer el nuevo ministro de Relaciones Exteriores era hablar con el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, “y si puede, desplazarse hasta Washington para tener conversaciones más extensas”.

Está por verse si Pareja aplicará sus propias recomendaciones. Su experiencia como embajador en Estados Unidos podría facilitarle el camino.

No obstante, en la misma entrevista con Canal N señaló que el nuevo canciller debía conocer bien al mandatario. “El presidente parece que es una persona que en este poco tiempo ha tenido una política bastante equívoca”, afirmó.

En opinión del internacionalista Juan Velit, es una excelente elección poner a Pareja al mando de la cancillería “en momentos en que nuestras relaciones con los Estados Unidos están en una posición sensible y delicada por el incidente que se suscitó con los aviones F-16”.

Velit destacó que Pareja es un diplomático de carrera con una larga trayectoria y que, aun después de haber salido del servicio diplomático, continuó asesorando a instituciones y opinando en los medios de comunicación.

Sin embargo, precisó que “tiene muy poco espacio para maniobrar por el poco tiempo que le queda al gobierno.

“Al menos no va a hacer que la nave zozobre, sino que navegue hacia un buen puerto para entregarlo a la próxima administración”, dijo a El Comercio.

Para Velit, a pesar de que el nuevo canciller calificó de “precario” al actual gobierno, “Balcázar ha tenido al menos la serenidad para elegirlo”.

Reducirá la tensión

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que la designación de Pareja “seguramente va a calmar las aguas” en el Congreso, donde corren firmas para presentar una moción de censura contra Balcázar.

“Creo que al final esa censura no va a proceder. Las principales fuerzas políticas no van a estar de acuerdo. Entonces, esto [la designación de Pareja] seguramente va a ayudar a calmar las aguas. Creo que, con este nombramiento, el gobierno ahora es menos precario de lo que era hace unos días”, señaló a El Comercio.

Para Belaunde, “es una muy buena noticia que una persona así asuma” la cancillería. Precisó que “básicamente su labor es evitar que haya problemas durante este tiempo y manejar la relación con Estados Unidos y con China”.

Añadió que en estos momentos no hay citas diplomáticas importantes para el Perú, por lo que la labor de Pareja estará focalizada en “tener la casa en orden hasta el cambio de gobierno”.

El Ministerio Público (MP) dispuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remita los registros de correos electrónico, números telefónicos personales e institucionales, y exhiba los equipos informáticos de diversos funcionarios y exservidores de la institución como parte de la investigación donde se encuentra implicado Piero Corvetto.

A través de una disposición fiscal, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó realizar dichas diligencias con la finalidad de recabar información vinculada a presuntos actos de corrupción en la licitación del servicio de despliegue y repliegue de material electoral a favor de la empresa Galaga S.A.C., por más de S/6.3 millones.

El pedido forma parte del requerimiento de detención que se presentó -ante el Juzgado de Investigación Preparatoria- contra de Corvetto Salinas y otros implicados en el caso. Dicha solicitud aún se encuentra por resolverse en el Poder Judicial (PJ).

En tanto, este jueves, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reiteró que el Ministerio Público tiene los fundamentos suficientes para haber solicitado la detención contra el Corvetto Salinas y otros.

“Reitero. Si no estuviéramos convencidos de que hay argumentos suficientes no hubiéramos hecho el requerimiento. Estamos convencidos de ello, pero obviamente el Poder Judicial hace su propia evaluación”, sostuvo tras presentarse en el Congreso.

Gálvez Villegas sostuvo que se encuentran a la espera de lo que determine el Poder Judicial.

Esta semana, Corvetto Salinas renunció a la jefatura de ONPE, tras las diversas críticas a su gestión durante las Elecciones Generales 2026.

Como se indicó líneas arriba, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Público de la Policía Nacional (Dircocor) de la Policía Nacional, dispuso diversas diligencias con la finalidad de recabar información sobre el caso y los presuntos vinculados en diversos procesos internos de la ONPE.

Los pedidos incluyen los correos electrónicos institucionales de Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral) y José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral).

También de Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández, Willian Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.

También se requirió los números de teléfono institucionales y los equipos celulares oficiales asignados a los funcionarios Phang Sánchez, Samamé Blas, Otoya Alvarado y García Velásquez.

De igual forma, se pidió el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral de mayo de 2025 al 13 de abril del 2026.

Otra de las diligencias que se dispuso fue la “exhibición de la computadora de trabajo, visualización y peregnización de archivos y/o correos electrónicos” que tengan relación con los hechos materia de investigación.

Esto alcanza a los equipos que usaron los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez, José Edilberto Samamé Blas, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández y Willian Martín García Velásquez.

La fiscalía también requirió las respuestas a las consulta y observaciones realizadas al servicio de traslado de carga nacional de despliegue y repliegue del material electoral, así como la implementación y equipos informáticos electorales e implementación para simulacro y sufragio de las elecciones.

Junto a ello, se dispuso recabar el contrato Nro 016-2023-MINEDU/SG-OL-UE026 y la referencia del Concurso Público Nro 05-2023-MINEDU/UE026, que también ganó la empresa Galaga en el Ministerio de Educación.

De acuerdo al acta de buena pro, a la que accedió El Comercio, se trata de la “Contratación de Servicio de Traslado de Cajas con Instrumentos de Evaluación para la Aplicación de las Pruebas Nacionales de los Concursos Docentes de 2022-2023, sobre los que se requiere guardar reserva”.

Fueron tres postores los que presentaron ofertas para dicho concurso. Consorcio J&J-Coral, Hermes Transportes Blindados y Servicios Generales Galaga S.A.C. El primero propuso S/1,341,888.80, el segundo S/ 9,467,101.02 y el tercero S/ 5,684,775.00.

El comité de selección declaró “calificada” a Consorcio J&J-Coral y Galaga S.A.C.

Sin embargo, Consorcio J&J-Coral quedó descalificada posterior al envío de carta de conformidad, puesto que en su propuesta -de acuerdo a la calificación- no había incluido costos por personal no clave como “Coordinador por cada almacén” y “Choferes”, personal de vigilancia privada 24x7 e implementos de seguridad (zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes, uniformes, equipos de comunicación, y precintos de seguridad), etc.

Con ello, el segundo calificado, Galaga S.A.C. corrió solo como postor al haber cumplido con todos los elementos constitutivos en su oferta.

Así, el 7 de junio de 2023, por unanimidad, el comité acordó “otorgar la buena pro a la oferta del postor SERVICIOS GENERALES GALAGA S.A.C. por el monto de S/5,684,775.00 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100 soles)”.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no cuenta con personal de nacionalidad extranjera en su estructura institucional, tras el requerimiento formulado por dicha entidad sobre la composición de sus trabajadores.

La respuesta fue remitida mediante el Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, en atención al pedido cursado por la JNJ el pasado 20 de abril, en el que solicitaba información detallada sobre eventuales trabajadores extranjeros en la institución electoral.

Según el documento, la ONPE encargó a su Gerencia de Recursos Humanos la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional, tanto en la sede central como en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El análisis incluyó a trabajadores bajo distintas modalidades contractuales, como locación de servicios, órdenes de servicio y los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N.° 728 y N.° 1057.

De acuerdo con las conclusiones del informe, la totalidad del personal de la ONPE es de nacionalidad peruana, descartando la existencia de trabajadores extranjeros en la entidad.

#ONPEChequea 🔍 | Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la @JNJPeru sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. 🧵 pic.twitter.com/L7wuBiRF1s

— ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

El requerimiento de la JNJ pedía precisar el número total de personas, cuántas eran extranjeras, su nacionalidad, identificación completa, tipo de documento, modalidad laboral y área de desempeño.

La solicitud fue registrada el 21 de abril a través de la Mesa de Partes Virtual de la ONPE, lo que dio inicio al cómputo del plazo de cinco días hábiles para su atención, conforme a la normativa vigente.

Este intercambio se produce luego de que la JNJ reiterara su pedido mediante un segundo oficio, en el que también solicitó información adicional sobre la adquisición de un inmueble destinado a la nueva sede de la ONPE.

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El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró por unanimidad “inviable” la realización de las elecciones complementarias en marco de los comicios generales realizados el domingo 12 de abril.

El JNE, en un comunicado, precisó que se llegó a dicho acuerdo “luego de un análisis técnico-jurídico” y “en atención a los informes emitidos por las instancias competentes”.

Detalló que tras la jornada electoral recibió solicitudes de distintos sectores políticos orientados a la convocatoria de elecciones complementarias antes de la segunda vuelta presidencial, respecto de determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana.

Asimismo, en su comunicado, el pleno del JNE precisó que el proceso electoral se encuentra en curso y los Jurados Electorales Especiales continúan con la revisión de las actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad, entre otras acciones.

El Comercio ya había adelantado que los miembros del pleno —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron el miércoles 22 de abril y en una sesión reservada descartaron la posibilidad de ir hacia unas elecciones complementarias.

Lee aquí el comunicado del JNE:

Uno de los candidatos presidenciales que pidió elecciones complementarias fue Rafael López Aliaga (Renovación Popular). “Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, exclamó el domingo 19 de abril.

La postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se había mostrado a favor de dicho mecanismo.“He escuchado el pedido que ha hecho y me parece razonable, porque ya no está hablando de insurgencia, de la nulidad total. Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. Y nosotros, desde Fuerza Popular, respetaremos esa decisión”, aseveró el lunes 20 de abril.

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes. Es presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli.

Norma Yarrow, congresista y candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, cuestionó que la policía y fiscalía haya realizado el allanamiento, entre otros, contra el inmueble de Piero Corvetto tras 12 días de las elecciones generales.

“Un allanamiento 12 días después evidencia la lentitud de las instituciones. Las irregularidades se denunciaron desde el primer día, pero la respuesta llegó tarde, ignorando la voz de los peruanos”, señaló en redes sociales.

Un allanamiento 12 días después evidencia la lentitud de las instituciones. Las irregularidades se denunciaron desde el primer día, pero la respuesta llegó tarde, ignorando la voz de los peruanos. Que Piero Corvetto y los demás funcionarios sean investigados con todo el peso de… pic.twitter.com/hHIwPTHxEx

— Norma Yarrow (@NormaYarrowL) April 24, 2026

La integrante de la plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga hizo un llamado para que tanto Corvetto como los demás funcionarios involucrados en presuntas irregularidades en el despliegue electoral del 12 de abril sea investigados “con todo el peso de la ley”.

La madrugada del 24 de abril, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la Fiscalía realizaron un operativo de allanamiento en inmuebles del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al menos otros seis investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

En total, las diligencias se realizaron en 12 inmuebles vinculados a exfuncionarios de la ONPE y a la empresa Galaga (responsable del transporte de material electoral en Lima), en distintos distritos como Miraflores, Lince, La Molina, San Juan de Lurigancho, Breña y Lurín.

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Enrique Valderrama, quien fuera candidato presidencial del Partido Aprista en las Elecciones Generales del 2026, reconoció que su agrupación atraviesa una “crisis” que se refleja en la escasa votación que lograron.

En una entrevista a RPP este viernes, señaló que el Apra deberá pasar por una “restructuración” ante la ausencia de Alan García y la falta de respaldo reflejada en los comicios de este año. Hasta el momento, al 94,9% de actas contabilizadas, su postulación tuvo 153,801 votos.

“Definitivamente hay una crisis en la cual tenemos que potenciar nuevos voceros pero creo que fundamentalmente el mensaje del partido hoy tiene que ser mucho más potente en términos sociales con lo que ocurre en el país”, comentó.

Según Valderrama, este aspecto será discutido al evaluar un nuevo programa del Partido Aprista en un próximo cónclave y luego de una evaluación interna. Lo que sí explicó es que asume estos resultados electorales con una “autocrítica colectiva” pero entendiendo las circunstancias contrarias de los últimos años.

“El Apra no ha participado en una contienda electoral hace exactamente 10 años. Era la primera vez luego de mucho tiempo, y volver a arrancar ha costado bastante”, resaltó al hacer alusión a la gran cantidad de partidos que postularon y una necesidad para “revitalizar” su agrupación.

“No es la primera vez que tenemos un resultado similar. En el año 2000 tuvimos exactamente la misma cantidad de votos, 153 mil votos. Luego de diez años duros por otras razones (...) estoy convencido que vamos a ver una recuperación en el mediano plazo”, resaltó.

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Si bien desde el 2024 la economía peruana ha registrado tasas de crecimiento por encima del 3% (y según el BCR este año se expandiría hasta en 3,2%), este factor aún no sería suficiente para reducir aceleradamente la pobreza. Durante el 2024 (última cifra disponible), el 27,8% de los peruanos (9,6 millones) no podían costear la canasta básica de consumo, mientras que el 5,5% de la población se encuentra en pobreza extrema.

La incidencia de la pandemia y la recesión económica del 2023 volvió este indicador a niveles similares a los del 2011, a inicios de la década pasada. Sin embargo, al igual que en años anteriores, este flagelo se sigue concentrando en una mayor proporción en regiones como Cajamarca, las regiones del sur y de Loreto [ver gráfico]. Solo en Lima y Callao, este indicador está en su nivel más alto desde el 2006 (cuando afectaba al 32% de la población), al igual que el el Callao (cuando afectaba al 37,7% e la población).

Colegios en mal estado

Un reto pendiente para el próximo gobierno estará centrado en la recuperación de la calidad de la infraestructura educativa, especialmente en el sector rural. Según un informe publicado por ECData, el 57% de los colegios rurales requiere ser sustituido por completo, mientras que para que las escuelas de este ámbito tengan condiciones básicas, se tendrá que invertir S/99 mil millones.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos

Rezago en establecimientos de salud

Los establecimientos de primer nivel, que según la OMS deben centrar atención en el 80% de la demanda de salud, no cuentan con el nivel mínimo de calidad que garantice sus operaciones. Según el documento titulado : “Diagnóstico de Brechas de infraestructura o acceso a servicios del Sector Salud 2027-2029″, actualmente existen 9.200 cetros de salud de primer nivel, pero faltan otros 861 por implementar.

Karla Gaviño, especialista en gestión pública, señaló en entrevista con ECData que las constantes crisis políticas han afectado la focalización de las autoridades y de los funcionarios públicos en atender las principales necesidades ciudadanas.

“Hay un tema muy importante relacionado con dar la solvencia política, la estabilidad jurídica que permita realmente traer más inversiones que permitan que los recursos públicos sean utilizados de mejor manera, con una correcta planificación y distribución para hacer un uso eficiente de ellos”, sostuvo.

Gaviño resaltó que el gobierno actual ha estado elaborando distintos aspectos de política pública, como el Plan Nacional de Infraestructura, pero ninguno de los candidatos lo ha abordado en sus propuestas.

“No sabemos, a la fecha, si es que esto siquiera va a ser tomado en cuenta o continuado por las nuevas autoridades, pese que es un plan nacional de infraestructura tiene un horizonte de duración de cinco años”, añadió.

Menos seguridad

La escalada de la violencia en las calles ha adquirido mayor importancia en los últimos meses, pese a la constante convocatoria de estados de emergencia en Lima y Callao. Según cifras del Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol), durante los dos primeros meses del año se registraron 196 homicidios por arma de fuego en el país. Solo en febrero (la última cifra mensual disponible), se registraron 106 asesinatos por esta modalidad, la cifra más alta desde los 115 homicidios por arma de fuego registrados en octubre del 2025.

A la ola creciente de inseguridad se le suma la reducción en la confianza de la actividad policial por parte de la ciudadanía ha venido en claro descenso. Entre julio y diciembre del 2025 llegó solo al 13,4%, cifra menor al 18% registrado en el mismo período del año pasado.

El 53,7% de los peruanos identificó a la delincuencia como el principal problema del país, situado solo por debajo de la corrupción, que tuvo el 60% de las menciones.

Pero los aspirantes al máximo cargo del Estado no siempre fueron consistentes en sus ideales partidarios. De los 35 candidatos, 25 (el 71%) lo han sido con dos o más agrupaciones políticas distintas.

El candidato con más cambios de camiseta es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: en sus diez procesos electorales representó a diez organizaciones distintas.

Le sigue Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), quien postuló seis veces, con seis partidos diferentes.

El tercero con más pasos de una agrupación a otra es Ricardo Belmont, de Obras. Contando la actual, el exalcalde de Lima ha participado en ocho elecciones, con cinco partidos distintos.

Mira el detalle de los procesos electorales y partidos de cada candidato en esta tabla:

El cargo más común al que aspiraron en el pasado los actuales candidatos a la Presidencia es el de congresista, ya sea en calidad de diputado, senador, parlamentario andino o congresista constituyente (52 postulaciones).

De los actuales candidatos, nueve ya tentaron la Presidencia en elecciones pasadas: Rafael López Aliaga (2021), César Acuña (2021), Keiko Fujimori (2011, 2016 y 2021), Ricardo Belmont (1995), Vladimir Cerrón (2016), Yonhy Lescano (2021), Fernando Olivera (2001 y 2016), George Forsyth (2021) y Francisco Diez Canseco (2016). Ninguno tuvo éxito.

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que a la fecha se han reportado 27 casos de actas rotas, destruidas o robadas a nivel nacional luego de las elecciones generales que se llevaron a cabo el 12 y 13 de abril en medio de cuestionamientos por malos manejos del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Arriola se presentó ante la mesa de trabajo para debatir la propuesta de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público con representantes de la Mesa Directiva, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y otras altas autoridades. Ahí reclamó sobre las demoras en las fiscalías para asumir casos policiales por falta de claridad en las competencias entre despachos.

“Hoy tenemos por lo menos 27 eventos a nivel nacional de actas rotas, destruidas, de actas hurtadas, de personal de la ONPE que ha hurtado actas, actas encontradas en la vía pública, otras dejadas en taxistas”, detalló.

El representante de la PNP continuó cuestionando que no haya una definición clara de qué fiscales del Ministerio Público deberían asumir estos casos, en contraste con la actuación policial, la cual destacó como flexible y ágil a la hora de lidiar con estos procesos.

“¿Con quién lo hacemos, con el de Chorrillos, con el de Villa María del Triunfo, de algún departamento? ¿Por qué la policía tiene organización flexible, ágil? ¿Por qué tenemos que ser tan engorrosos? ¿A eso queremos regresar?“, continuó Oscar Arriola.

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Hasta ahora, el fujimorismo solo estuvo ausente en dos balotajes. El primero fue en el 2001, en el primer proceso electoral después de la caída del régimen de Alberto Fujimori. El otro fue en el 2006: con Martha Chávez como candidata presidencial, Alianza por el Futuro (AF) logró 7.4% de los votos válidos (912,420 adhesiones).

Desde el 2011, Keiko Fujimori mantiene el liderazgo hegemónico del partido Fuerza Popular. Las proyecciones y cifras iniciales difundidas hasta ahora indican que, en junio próximo, disputaría su cuarto balotaje en dos décadas. Todavía no se conoce con certeza quién será su rival electoral.

“Desde que emergió el candidato [Alberto] Fujimori, el Perú se partió en dos: el fujimorismo y el antifujimorismo. Desde entonces, el fujimorismo puede estar más o menos presente en las elecciones, pero siempre está”, explica Alonso Cárdenas, docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

En la primera vuelta del 2021, la también excongresista consiguió la mínima votación de sus tres campañas: 13,4%, menos de dos millones de adhesiones. Aun así, alcanzó el balotaje, en el que cayó ante Pedro Castillo por poco más de 44.000 votos.

“Hace unos años, los votos que tuvo Keiko en el 2021 la hubiesen colocado en el cuarto o quinto lugar. [...] El fujimorismo tiene menos potencia que hace 20 años, pero le alcanza frente a liderazgos tan débiles como los que vimos”, agrega Jeffrey Radzinsky, director de GFP Consultores.

Los comicios del 2021 evidenciaron un deterioro del respaldo a los postulantes a la presidencia. Con el 18,9% de las preferencias, Castillo tuvo la mayor votación en la primera vuelta de ese año. Hasta entonces, ningún candidato había accedido al balotaje con menos del 20% de adhesiones.

—Simpatía y rechazo—

Álvaro Gálvez Pasco, investigador principal del IEP, explica que, en un sistema político tan caótico como el peruano, Fuerza Popular “es el partido más fuerte”, debido a que se muestra “cohesionado y tiene una base de militantes”, además de presencia nacional, una estructura y, sobre todo, una importante presencia en el Parlamento.

Sin embargo, agrega Gálvez Pasco, en el país existe una fuerza política más potente aún: el antifujimorismo.

“Este trasciende una postura política, es un sentimiento de rechazo a lo que el fujimorismo encarna y representa. Hay antifujimorismo de derecha, centro e izquierda, es un sector que votará por cualquiera, menos por Fujimori”, destaca Cárdenas.

En el 2011, Keiko Fujimori obtuvo 48,6% de los votos en el balotaje. Ollanta Humala la derrotó por 447.057 votos. Las diferencias se acortaron en los siguientes procesos electorales, pero no fue suficiente para ganar la presidencia.

En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski la superó por 41.057, la mínima ventaja registrada en la historia de los balotajes en el país. En el 2021, 44.263 votos separaron a Castillo de la lideresa de Fuerza Popular.

Gálvez Pasco y Cárdenas coinciden en que al antifujimorismo se ha debilitado en los últimos años. “Lo han golpeado [al antifujimorismo] lo que pasó con el gobierno de Castillo y la alianza entre [Verónika] Mendoza y [Vladimir] Cerrón, entre otros factores”, indica el investigador del IEP.

En tanto, Cárdenas sostiene que “el problema es que el antifujimorismo no tiene una postura política propia, no se define” al margen del fujimorismo. “En términos de gestión pública, nos dejó poco y nada: todos los candidatos, luego presidentes, que derrotaron a Keiko están presos o investigados”, asevera el docente de la UARM.

El cambio de versión y la postura del presidente José Balcázar de frenar la primera compra de 12 aeronaves F-16 Block 70 derivaron este miércoles en la renuncia irrevocable de dos piezas importantes de su gabinete: el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, Carlos Díaz.

Las salidas —según los exfuncionarios— se debieron a las declaraciones del jefe de Estado a los medios de comunicación durante los últimos días, principalmente entre el martes y miércoles, en las que señaló que no se había firmado ningún contrato entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la empresa Lockheed Martin por 3.500 millones de dólares para la adquisición de los aviones de caza.

Este martes 21, el jefe de Estado indicó en entrevista con El Comercio que “no se había firmado nada todavía”.

Producto de ello, Hugo de Zela acusó al presidente de “haberle mentido al país” y de quitarle credibilidad en un proceso de negociación, pues los dos contratos para dicha compra sí existían e incluso eran de conocimiento del mandatario desde el lunes 20 de abril.

“Es grave que el jefe de Estado mienta, porque el país pierde credibilidad”, dijo De Zela en RPP.

Por la tarde, el Ministerio de Economía y Finanzas dio cuenta en un comunicado que realizó la transferencia de 462 millones de dólares, correspondiente al primer hito del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa estadounidense.

El excanciller Hugo De Zela refirió que el lunes 20 el ministro de Defensa, junto al premier Luis Arroyo, le había comunicado al presidente que los dos contratos sí se habían firmado. Pese a ello, el jefe de Estado “estuvo saliendo a los medios a decir que los contratos no han sido firmados”.

“Esto es particularmente grave que un jefe de Estado mienta porque el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda realizar sus tareas”, remarcó.

Dejó claro que el jefe de Estado no quiso entablar ningún diálogo con De Zela y que la única oportunidad que tuvo para hablar fue el viernes, antes de firmar el contrato. Para entonces, De Zela dijo que Balcázar ya había realizado el viernes por la mañana declaraciones a distintos medios objetando el contrato.

“En ese momento, en la reunión del día viernes, ya había hecho las declaraciones objetando el contrato. Fuimos a tratar de convencerlo de que esa era una decisión extremadamente grave y perjudicial para el país”, recordó.

Insistió en que “la decisión política que ha adoptado el señor Balcázar pone en peligro a nuestro país. Le quita credibilidad. Hace que nos convirtamos en un país en el cual no se pueda confiar en un proceso de negociación”. Añadió además que, “el presidente Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado”.

A su turno, Carlos Díaz, el renunciante al cargo de ministro de Defensa, aseguró que la adquisición de la compra de aviones no es reciente sino que deviene de diversos actos que se han realizado atrás.

Mencionó que incluso la Ley de Endeudamiento del Estado de los años 2025 y 2026 ya consideraban los montos presupuestales para la compra de los aviones por la suma de 3.500 millones de dólares.

“En la Ley de Endeudamiento del 2025 se aprobó 2.000 millones de dólares y en la del 2026, se aprobó 1.500 millones de dólares, que suman los 3.500 millones”, agregó.

Tras ello, recordó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en febrero de este año la adquisición de los aviones de forma directa en una situación estratégica con el proveedor del gobierno norteamericano.

Primero emitió un informe sobre el mecanismo de compra, lo presentó al presidente José Balcázar y este lo aprobó mediante el Decreto Supremo N.º 01, según Díaz. En otras palabras, el jefe de Estado siempre estuvo al tanto de la compra bajo la modalidad de secreto militar.

Cabe indicar que dicho Consejo está conformado por el canciller y los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Economía y Finanzas, Interior, el presidente del Comando Conjunto, el comandante general de la Policía y el director Nacional de Inteligencia. Y es presidido por el presidente de la República.

El exministro Jorge Chávez Cresta indicó a este Diario que la firma del presidente de la República no es indispensable en el contrato, sino que responde más a una acción política. Asimismo, sostuvo que se debió continuar con el proceso, el cual no era reciente, sino que se venía desarrollando desde tiempo atrás.

Por la tarde, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que las primeras 12 aeronaves llegarán al país en el 2029. “Ahora es el proceso de entrenamiento, de equiparse, de aprendizaje para los mecánicos, ingenieros y pilotos. Los primeros aviones vienen en el 2029 y son los primeros 12 aviones. Hay mucha desinformación allá afuera: son aviones nuevos, los más avanzados del mundo, no hay ningún país en la región que tenga los F-16 block 70″, dijo a RPP.

En octubre de 2024, el Perú inició un proceso de licitación competitiva con el propósito de modernizar su flota de aviones de combate. En ese contexto, Estados Unidos tuvo la oportunidad de participar en dicha competencia.

La intención de renovar la flota fue anunciada por la expresidenta Dina Boluarte en julio de 2025, al señalar que existía el propósito de adquirir 24 aeronaves.

En septiembre de 2025, Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que el Perú solicitó la compra de 12 aeronaves F-16 Block 70 —diez unidades tipo C (monoplaza) y dos del tipo D (biplaza)—, así como 14 motores (12 instalados y 2 de repuesto), además de misiles, municiones, radares, computadoras, sistemas de búsqueda infrarroja, y dispositivos de comunicación y defensa, entre otros componentes.

En febrero de 2026, el Ejecutivo autorizó la transferencia de 1.137 millones de soles a favor del Ministerio de Defensa para financiar parte de la recuperación de la capacidad de control aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú con aviones de caza de alto rendimiento.

El 14 de abril de este año, Lockheed Martin fue notificada por escrito de su selección. Se acordó entonces que el 17 de abril se realizaría una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m.

Finalmente, el lunes 20 de abril se suscribió el contrato entre la Fuerza Aérea del Perú y la empresa estadounidense.

Cabe indicar que la actual flota Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi Su-25 se encuentran en un nivel crítico de operatividad al ser apenas un número reducido de aeronaves en condiciones de vuelo.

Por la tarde, al promediar las 12:51 p.m., el presidente José Balcázar insistió en su planteamiento de que el pago a una empresa de Estados Unidos para la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú se realice en el siguiente Gobierno.

“Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que he mentido. Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones pero sí estoy en la inteligencia de que podemos actuar con inteligencia, y hacer compras razonablemente para tener la caja suficiente para atender tantas necesidades”, indicó.

El presidente agregó que hay “otras necesidades prioritarias” y que ello lo motivó a recomendar que el nuevo gobierno tome las decisiones.

“No sé por qué hay tanta confrontación respecto de eso. Creo que el pueblo necesita que se explique que necesitamos diálogo, más concertados y no nos vamos a dividir por un asunto en el que yo soy consciente que la defensa nacional que es necesario en el país y se dé la compra de armamento como aviones, también debemos comprender que hay otras necesidades prioritarias en este momento”, añadió.

Por su parte, a las 4:09 p.m., el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, emitió un pronunciamiento sobre el proceso de adquisición de nuevos aviones militares F-16 a Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas, en el que indicó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Conasec) acordó la adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, siendo esta una decisión “de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”.

“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”, dijo.

Por la tarde, un grupo de exautoridades del servicio diplomático peruano expresó su respaldo al excanciller Hugo de Zela. Entre los firmantes se encuentran Allan Wagner Tizón, Ricardo Luna Mendoza, Nestor Popolizio Bardales, Alfonso Rivero Monsalve y Hugo Palma Valderrama. Asimismo, Eduardo Ponce Vivanco, José Antonio Arróspide del Busto, Fernando Rojas Samanez y Claudio de la Puente Ribeyro.

Mediante un pronunciamiento conjunto, manifestaron su solidaridad y lamentaron su salida en un contexto que calificaron como perjudicial para los intereses del país.

En el comunicado, los firmantes advirtieron que el cambio de decisión política adoptado por el Ejecutivo en un proceso ya avanzado, vinculado a un tema estratégico de seguridad nacional, afecta seriamente la credibilidad del Perú.

Horas antes de conocerse que el MEF ya había realizado el pago, el excanciller Allan Wagner indicó a El Comercio que las declaraciones del presidente Balcázar colocan al Perú en una situación de riesgo al plantear “una situación en la que el Perú no cumple su palabra”.

“Esa pérdida de credibilidad es realmente muy mala en todo sentido. Es decir, se firman unos contratos que no se cumplen en un tema muy importante que tienen que ver con el equipamiento fundamental de la Fuerza Aérea. Eso significa a nivel internacional una pérdida de credibilidad muy grande. Los países no tendrán la misma confianza con el Perú”,

A su turno, Carlos Pareja, exembajador del Perú en España, Suiza, Chile y Estados Unidos, consideró que la denegatoria del presidente Balcázar generaría que por lo menos el gobierno norteamericano revise la relación con el Perú.

“No es que las relaciones se deterioren, sino que habrá una revisión. Es decir, esta dinámica que había se pondrá en revisión es lo que quiero decir”, refirió.

Por su parte, el exministro Eduardo Ferrero aseguró que la decisión inicial del presidente de negarse a que el Perú no adquiera los aviones, sí afecta la imagen del Perú a nivel internacional. Añadió que la renuncia de los ministros fue acertada.

Las elecciones del próximo 12 de abril serán históricas por muchas razones. Por primera vez, los peruanos tendremos que elegir entre 36 candidatos presidenciales –el doble que en los comicios del 2021– y votaremos en las cédulas de sufragio más grandes y más caras hasta la fecha.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

En los tres procesos electorales previos, el dinero asignado para el diseño e impresión de cédulas no llegó ni siquiera a S/4 millones.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta. En el caso de los comicios de este 2026 –añadió el ente electoral–, se efectuó una proyección del presupuesto que se emplearía para un eventual balotaje, en el cual compiten solo dos candidatos.

Pero si se tiene en cuenta solo el costo de las cédulas de sufragio para la primera vuelta, la diferencia es aún mayor. El gasto para las próximas elecciones es más del quíntuple que el efectuado en el 2021: S/9’960.794,80 frente a S/1’828.590.76.

Desafío electoral

“El incremento [del gasto] responde a un cambio crítico en la arquitectura de la cédula y la complejidad operativa del proceso”, respondió la ONPE a este Diario.

En las elecciones del 2011, en cada pliego se imprimieron cuatro cartillas de sufragio. En tanto, en el 2016 y el 2021 se reprodujeron ocho. Pero este año, en un pliego solo podrán imprimirse dos, debido a sus inéditas dimensiones.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

En cuanto a la contratación de personal técnico encargado de elaborar la cartilla, el aumento fue menor: pasó de S/157.500 en el 2021 a S/220.000 este año.

“La variación refleja la actualización de las escalas salariales del mercado tras 20 años de comparativa. Asimismo, la complejidad de las elecciones generales de 2026 ha exigido elevar el perfil profesional del equipo técnico (requiriendo técnicos, bachilleres y titulados especializados) para gestionar el diseño, diagramación y la revisión de los datos incluidos en cada una de las cédulas”, sostuvo la ONPE.

La cartilla incluso tiene mayores dimensiones que la de 1990, de 43 cm de alto por 35 cm de alto. “Es la cédula electoral más grande de la historia”, tituló El Comercio el miércoles 31 de enero de 1990 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el documento.

Aunque en aquella ocasión hubo solo nueve candidatos presidenciales, en el caso de Lima se presentaron 28 listas a la Cámara de Diputados. En aquel entonces, el documento tenía tres columnas: una para la plancha presidencial, otra para el Senado y la última para la Cámara de Diputados.

“Queremos que el elector llegue a cristalizar su deseo de votar y al mismo tiempo no hacer compleja su elección, por lo que hemos esquematizado la cédula de manera sencilla. Estamos seguros de que así no habrá dificultades en el momento de votar”, señaló el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Castañeda La Fontaine.

Hoy, 36 años después, el proceso es mucho más complejo. En la cartilla no solo figuran los símbolos partidarios y los rostros de 36 candidatos presidenciales, sino que hay cinco columnas: la primera para la fórmula presidencial, dos para el Senado, una para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

“Hay fragmentación, pero no hay diversidad. La gran mayoría de candidatos anda diciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Ronald Atencio que habla de crear un comando de aniquilamiento y Rafael Belaunde que habla de cana o bala? Hablamos de extremos que van diciendo lo mismo. No hay candidatos que logren distinguirse ni establecer discursos políticos distintos de la mayoría”, opinó Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Decisiones y elecciones

“El tamaño de la cédula es la materialización de las decisiones del Congreso [actual]”, aseveró Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales.

El 15 de enero del año pasado se promulgó la Ley 32245, la cual establece que los miembros del Senado se eligen de dos formas: la mitad a través de distritos electorales múltiples y la otra mediante un distrito electoral único nacional. “Ese modelo te abre una columna más [en la cédula]”, añadió Tuesta.

Un año antes, el jueves 18 de enero del 2024, con la Ley 28094 se eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

Ese mecanismo, implementado en el 2019 como parte de la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, buscaba convertirse en un primer filtro para los partidos con inscripción vigente que competían en las elecciones.

Según la norma –que nunca llegó a aplicarse–, solo aquellas agrupaciones que obtuviesen una votación superior al 1,5% de los votos válidos podrían seguir en contienda y participar en los comicios generales.

“El largo de la cédula tiene que ver directamente con la eliminación de las PASO, que tenían una función reductiva. Por lo menos, una docena de partidos no hubiesen pasado [ese filtro]”, indicó Tuesta.

Además, el número de candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones es un récord no solo en la historia del Perú, sino también en la de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI, en ningún otro país se presentaron tantas fórmulas presidenciales en unos comicios.

Pero nuestro país también ocupa el segundo lugar con 20 postulantes en el 2006 y empata, con 18 candidatos en el 2021, en el tercer puesto con Argentina (2003).

En el artículo “Candidaturas 2.0: Candidaturas como cancha” (2025), un grupo de investigadores del IEP, entre los que está Vilca, sostiene que “el récord histórico de partidos inscritos no responde a una ampliación de la representación, sino a la proliferación de proyectos personalistas que han creado su propia organización como vehículo directo para canalizar aspiraciones individuales al poder”.

Arturo Maldonado, profesor de Ciencia Política en la PUCP, considera que en estas elecciones hay una sobreoferta de candidatos que “no satisface la demanda de ninguna manera”.

Maldonado también considera que existe una crisis de representación que ha ido agudizándose. En el 2021, Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 18,92% de los votos válidos y Keiko Fujimori con el 13,4%. Juntos sumaron el 32,32% del total de adhesiones.

Finalmente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó esta semana que la impresión de las 27’956.556 cédulas de sufragio empezará el miércoles 11 de marzo.

El viernes pasado, cuando el contrato para la compra estaba “oleado y sacramentado”, Balcázar anunció que no firmaba, que lo mejor era que el presidente que asumiera el 28 de julio decidiera. Esta sola declaración encendió las alarmas, pues no se trataba de una negociación de última hora, sino de un proceso que venía trabajándose por años y que iba más allá de los gobiernos.

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, advirtió entonces: “Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

Balcázar insistía, incluso este lunes 20, en postergar la transacción. Lo que no decía es que el contrato se firmó ese mismo día por un acuerdo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “El señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20”. Así se despedía De Zela del Ejecutivo.

Tras la declaración del renunciante canciller, Balcázar intentó aclarar –sin éxito– sus propias palabras. “Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”. No sabemos si, por ignorancia o por ocultar la verdad, omitió decir en su confuso mensaje que la compra de las naves estaba considerada en la ley de endeudamiento en dos tramos, 2025 y 2026.

Fue un pronunciamiento de la PCM el que zanjó la discusión. “El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la adquisición de dichos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”. Caso cerrado.

El embajador Navarro celebró el cierre del acuerdo. “Puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido. Es un día muy positivo, la compañía ha seguido las reglas del Gobierno Peruano y que no eran las nuestras. Hoy es un día para celebrar la relación entre Estados Unidos y el Perú. Llevamos 200 años como socios, pero este momento sienta las bases para los próximos 200 años”, dijo a Canal N.

Al ver estos acontecimientos, uno se pregunta: ¿en qué posición queda Balcázar? Por lo pronto, en el Congreso ya se escuchan voces de censura.

Debe quedar claro que todo esto no obedece a un presidente distraído o poco prolijo. Aquí hay indicios de sobra para pensar que razones ideológicas habrían pesado más que las de Estado y las del cumplimiento de las normas y decisiones, en las que él mismo participó. Estamos en el país de la crisis sin fin.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que el 80% de los efectivos policiales a nivel nacional logró emitir su voto durante la reciente jornada electoral, pese a las dificultades logísticas y la ausencia de mesas especiales para personal desplazado.

“Tengo el reporte de la Dirección de Recursos Humanos que ha votado el 80% de los policías a nivel nacional como nunca antes ha sido”, señaló en declaraciones a Canal N, al destacar el nivel de participación alcanzado por la institución.

#AlFinalDelDía | Óscar Arriola, comandante general de la PNP: Tengo el reporte que ha votado el 80% de los policías a nivel nacional

Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/dhwHmlOdRG

— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Arriola explicó que la PNP solicitó con anticipación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la habilitación de mesas especiales para 19.870 policías que prestaban servicio fuera de su lugar de votación. Sin embargo, indicó que este pedido no fue atendido.

Según detalló, la institución desplegó a 61.310 efectivos en 10.336 locales de votación a nivel nacional, lo que obligó a implementar medidas internas para garantizar el derecho al sufragio. Estas incluyeron la organización de turnos que permitieran a los policías acudir a votar antes o después de cumplir sus funciones.

En ese sentido, precisó que los agentes que iniciaban labores en la mañana podían sufragar en el horario de la tarde, mientras que aquellos asignados al turno vespertino votaban en la mañana, a fin de asegurar su participación en el proceso.

Finalmente, el comandante general adelantó que la PNP volverá a solicitar la habilitación de mesas especiales para los próximos comicios previstos hasta el 7 de junio, con el objetivo de mejorar las condiciones de voto del personal policial y garantizar plenamente este derecho.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su solicitud de información sobre las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en dicha entidad, al no haber recibido respuesta al requerimiento previo.

Mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril de 2026, la institución recordó que el pasado 20 de abril solicitó información detallada sobre este grupo de trabajadores, incluyendo el número total, nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad laboral y área en la que desempeñan funciones.

En el documento dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la JNJ señala que, a la fecha, la información requerida no ha sido remitida, por lo que reitera el pedido en el marco de sus funciones constitucionales.

Asimismo, la entidad formuló un requerimiento adicional relacionado con la adquisición de un inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en el distrito de La Victoria, destinado a la implementación de la nueva sede central de la ONPE.

En ese sentido, solicitó copia íntegra del expediente técnico de la compra, así como todos los antecedentes administrativos, técnicos y documentales vinculados a la operación realizada durante la gestión anterior.

Finalmente, la JNJ también requirió un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, incluyendo su nivel de avance y cualquier incidencia relevante. La entidad precisó que la información deberá ser remitida en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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El Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ) tiene en sus manos el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto y otros funcionarios de dicha entidad, en el marco de presuntas irregularidades cometidas durante la puesta en marcha de las últimas Elecciones Generales 2026.

El requerimiento fue formalizado por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima contra Corvetto Salinas y otros.

El Ministerio Público viene realizando una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos colusión agravada, por presuntas incongruencias en la licitación del despliegue y repliegue del material electoral realizado por la ONPE.

El pedido, señalaron fuentes a El Comercio, se sustenta en la investigación e informes elaborador por la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Público de la Policía Nacional (Dircocor) de la Policía Nacional, que ha recabado diversa documentación sobre el caso.

La tarde del lunes, la Dircocor remitió una recomendación al Ministerio Público, señalando que se hacía necesario solicitar la detención preliminar, por siete días, contra los funcionarios de la ONPE implicados en presuntas irregularidades.

“El pedido ya se ingresó cerca de la medianoche del martes”, señalaron fuentes vinculadas al caso.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, confirmó que el pedido de detención preliminar alcanzaba a Corvetto y otros funcionarios.

“Confirmado. Se ha pedido la medida detención contra el señor Corvetto; son varios funcionarios (de ONPE)”, indicó.

Por la mañana, en declaraciones al programa “Siempre a las 8” de El Comercio, Gálvez Villegas también manifestó que la fiscalía había presentado el requerimiento y que el juzgado podría resolver “entre hoy (miércoles) o mañana (jueves)”.

En la tarde del miércoles, Corvetto Salinas abandonó su vivienda ubicada en Miraflores y llegó hasta las instalaciones de la Prefectura de Lima de la Policía Nacional, ubicada en la avenida España del Centro de Lima, acompañado de sus abogados.

Ricardo Sánchez, abogado del exfuncionario, confirmó a El Comercio que la razón de dicha diligencia era solicitar garantías personales para su patrocinado y su familia.

Como se recuerda, Corvetto Salinas tuvo que renunciar al cargo de jefe de la ONPE, en medio de críticas por las fallas logísticas para llevar adelante el reciente proceso electoral.

Por ello, el Ministerio Público inició una investigación tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, que había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la ONPE debido a incumplimiento de contrato; había sido nuevamente adjudicada para el reparto y replique del material electoral.

El domingo 12 de abril, un total de 13 locales de votación no recibieron el material electoral, perjudicando a cerca de 60 mil electores, quienes tuvieron que ejercer su derecho al sufragio al día siguiente.

Entre los elementos presentados como sustento del pedido fiscal, se encuentran las actas de licitación para el pliegue y repliegue del material electoral, donde los postores que competían contra la empresa Galaga S.A.C., ofertaron menor costo por el servicio y se variaron las condiciones o requisitos de los vehículos contratados para el reparto.

Todo ello llevó a que la ONPE beneficie a Galaga con la adjudicación por más de S/ 6,3 millones.

La fiscalía había dispuesto que la Dircocor realice la revisión de los equipos informáticos que usan o usaron los funcionarios y exfuncionarios de ONPE, Juan Antonio Phang Sánchez, José Samané Blas, Hilda Otoya Alvarado, y otros.

Hasta el cierre de este informe, el juzgado correspondiente no había emitido ninguna decisión respecto al pedido fiscal.

Tampoco se había dado a conocer si Corvetto Salinas pasó a condición de investigado o continua en calidad de “testigo”.

Mientras tanto, Bernardo Pachas Serrano, quien asumió como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales interino, se presentó en conferencia de prensa y anunció que se encuentran trabajando para concluir con el escrutinio y resolución de las actas electorales que aún faltan procesar.

Sobre el particular, anunció que se enviaron 50.983 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). De dicho total, la cantidad de 5. 664 corresponden a la elección presidencial, para senadores por distrito único se derivaron 12.903 actas, sobre senadores para distrito múltiples 9.539 actas, para la cámara de diputados otras 11.902 actas; mientras que para el Parlamento Andino 10.975 actas.

A renglón seguido anunció que comunicarán a la Contraloría General de la República o la oficina de Control Interno de la institución para que participe en todos los procesos de selección y adquisición de servicios y bienes con la finalidad de transparentar los mismos.

Finalmente, anunció que se encuentran coordinando con el Jurado Nacional de Elecciones para llevar adelante el proceso de la Segunda Vuelta Electoral, de acuerdo al cronograma establecido, el 7 de junio próximo.

“A pesar de la salida de don Piero Corvetto, nosotros tenemos que continuar con el trabajo”, señaló.

Por ello, aseguró que se tomarán las “acciones operativas” y “medidas correctivas” para el camino a la segunda vuelta de la elección presidencial.

“Estamos trabajando con el Jurado (Nacional de Elecciones) para cerrar todas las actas observadas, sobre todo presidencial, que el Jurado proclame a los ganadores que pasen a la segunda elección presidencial y realizar las adquisiciones necesarias, como las cédulas de votación que hay que mandarlas a imprimir, el acta padrón, contratar a la empresa de pliegue y repliegue del material electoral y todos los servicios”, dijo.

Finalmente, anunció que como fecha tentativa, estiman que este viernes concluyan con procesar las actas referidas a la elección presidencial. “Acta procesadas, que es diferente a las actas computadas, luego viene el trabajado de primera instancia de los Jurados Especiales y si hubiera alguna apelación, en segunda instancia, al Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Aunque no pública, una intensa jornada se desarrolló este miércoles 22 de abril al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los miembros del pleno —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron y, según confirmó El Comercio a través de distintas fuentes, en la sesión reservada se abordó la viabilidad de ir hacia unas elecciones complementarias tras los cuestionamientos a la organización de los comicios del pasado 12 de abril.

La sesión del máximo órgano de justicia electoral comenzó antes del mediodía, en la sede del Jr. Nazca, en Jesús María (Lima). Fue una sesión “ampliada”, pues a las 11:33 a.m. arribó —tras haber sido convocado— Bernardo Pachas, el nuevo jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de la renuncia, en la víspera, de Piero Corvetto.

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes. Es presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. La sesión de los integrantes del pleno se prolongó hasta pasadas las 5:30 p.m.

Fuentes de El Comercio confirmaron que la viabilidad de las elecciones complementarias se abordó en la reunión reservada de los integrantes del pleno del JNE. Las mismas señalaron que incluso el tema fue sometido a votación y por unanimidad, —cinco votos a cero—, se acordó desestimar la posibilidad de ir hacia unas elecciones complementarias.

No obstante, al cierre de este reportaje no existía un pronunciamiento oficial por parte de la entidad al respecto. La sesión plenaria continuará desarrollándose este jueves 23 de abril.

El último domingo 19 de abril, durante un plantón en el Campo de Marte, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió públicamente al presidente del JNE que convoque a unas “elecciones complementarias” antes del 3 de mayo, según expresó, “para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”.

Lo hizo junto a cientos de manifestantes congregados en el lugar, quienes alegaban un supuesto fraude en los comicios del 12 de abril. En ese contexto, López Aliaga lanzó una amenaza velada contra Burneo. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada”, expresó. Y remarcó, a su vez, que “se ha metido con la persona equivocada”.

Inicialmente, el martes 14 de abril, López Aliaga había denunciado un supuesto “fraude” desde los exteriores de la misma sede del JNE, en Jesús María, y había dado un plazo —según dijo en ese momento— de “24 horas” para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo incluso que llamaría a la insurgencia civil.

Las acusaciones y pedidos del candidato presidencial de Renovación Popular se dan en un contexto de una serie de notables irregularidades registradas en la ONPE, que llevaron a la renuncia de su extitular, como el despliegue del material electoral fuera de tiempo el día de la elección —la cual tuvo que extenderse un día más para más de 52 mil peruanos que no pudieron sufragar—, así como fallas en el resguardo de las cédulas de votación y otros hechos irregulares.

Por su parte, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reiteró este miércoles 22 la postura que ya habían mostrado y adelantado dirigentes de su agrupación, indicando que respetará la decisión del JNE sobre la posibilidad de ir a unas elecciones complementarias.

“Yo estaría de acuerdo que puedan acudir a votar las personas que no lo hicieron en las mesas que se establecieron tardíamente; sin embargo, soy también muy respetuosa de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones vaya a determinar más adelante. Yo creo que lo que nos corresponde es esperar con prudencia”, expresó Fujimori.

En tanto, a través de una carta, los senadores y diputados virtualmente electos del partido Juntos por el Perú (JPP), que encabeza Roberto Sánchez, se dirigieron a los miembros del pleno del JNE pidiendo que “se respeten” la Constitución y las normas electorales y se prosiga con el proceso de conteo de votos, respetando también “la voluntad popular”.

“Que se continúe ininterrumpidamente el proceso de conteo de votos respetando la voluntad popular expresada en las urnas mediante una elección llevada a cabo los días 12 y 13 de abril, y que este no sea alterado en ningún momento por funcionarios, autoridades o políticos que buscan favorecer sus propios intereses”, se indicó en el escrito ingresado este miércoles, mientras los miembros el pleno aún se encontraba reunidos.

También se solicitó que se invoque la mayor celeridad posible en todos los procedimientos “para disipar la incertidumbre electoral que se ha instalado en nuestro país”. Además, el propio Sánchez también cursó un pedido al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, para que se mantenga vigilante con el fin de garantizar el derecho a la participación política.

Antes de acudir al JNE, Pachas ofreció una conferencia de prensa en la que se presentó como jefe interino hasta que la Junta Nacional de Justicia designe al titular de la institución. Entre otros puntos, señaló que se tomarán “todas las medidas correctivas necesarias” a fin de esclarecer los hechos ocurridos el 12 de abril y llamó a todos los trabajadores de la institución y sus distintas oficinas descentralizadas a mejorar sus procedimientos, con la finalidad de brindar un servicio que devuelva la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía “camino a la segunda vuelta electoral”.

También mencionó que se habían remitido a los distintos Jurados Electorales Especiales 50,983 actas observadas. “Estamos esperando que las resuelvan para cerrar el proceso”, explicó.

De ellas, 5,664 correspondían a la elección presidencial; 12,903, a la de senadores por distrito único; 9,539, a la de senadores por distrito múltiple; 11,902, a la Cámara de Diputados; y 10,975, al Parlamento Andino.

En su alocución, Bernardo Pachas remarcó que ya existe un cronograma electoral aprobado. “Nosotros tenemos un cronograma aprobado; este cronograma habla de un camino a la segunda vuelta electoral presidencial que tiene fecha cierta: es el 7 de junio”, señaló ante los periodistas.

En esa línea, explicó que vienen trabajando con el jurado para cerrar las actas observadas y avanzar con las siguientes etapas del proceso.

“Entonces, estamos trabajando con el jurado para cerrar todas las actas observadas —sobre todo de presidencial— y continuar rápidamente, que el jurado proclame a los ganadores que pasan a la segunda elección presidencial y poder, luego, realizar todas las adquisiciones y compras necesarias, como la cédula de votación, [que] hay que mandarla a imprimir (…). Entonces, nosotros nos guiamos por este cronograma que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad”, expresó Pachas.

En diálogo con El Comercio, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, indicó que el JNE deberá resolver los pedidos de nulidad planteados; sin embargo, advirtió que estas solicitudes “carecen de un marco normativo”. Ello, explicó, debido a que las nulidades deben observar de manera rigurosa lo que establece la ley y “no puede haber una interpretación extensiva”.

Añadió que los supuestos de nulidad están claramente regulados en la Ley Orgánica de Elecciones y que no existe margen para una interpretación distinta a lo que esta dispone.

“Para que hayan elecciones complementarias tiene que haber un marco legal y para las elecciones generales no hay un marco de elecciones complementarias. Solamente existe para selecciones municipales, tampoco lo hay para elecciones regionales, por ejemplo”, aseveró Tello.

El abogado Bernardo Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de un momento complicado para la institución. La renuncia de Piero Corvetto lo colocó al frente de un organismo cuestionado por las irregularidades registradas en los comicios del pasado 12 de abril.

Pachas llega con la responsabilidad de conducir la organización de la segunda vuelta presidencial.

Su designación no es por concurso público. Desde septiembre del 2020 es el gerente general de la ONPE, el segundo al mando en la estructura administrativa. Y por línea de sucesión, ese puesto lo colocó a la cabeza de la institución.

No es la primera vez que asume una jefatura de ese tipo y enfrenta un proceso electoral. Ya tuvo a su cargo la conducción interina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

Aquella vez también ocupaba la gerencia general y asumió la jefatura tras el término del mandato de Jorge Yrivarren Lazo. Permaneció en el puesto hasta agosto del 2020, cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designó a Carmen Velarde Koechlin como titular de la entidad.

Ese mismo año regresó a la ONPE, en la que había trabajado durante una década como subgerente de Operaciones Informáticas (2001-2011).

Su hoja de vida oficial consigna estudios completos de maestría en Derecho Constitucional. Fuentes que han trabajado con él destacaron su conocimiento en la gestión de entidades públicas.

Su permanencia en el cargo será temporal. Ejercerá la jefatura interina de la ONPE hasta que la JNJ designe al titular de la institución.

Expectativa

En su primera conferencia de prensa como jefe interino de la ONPE, Pachas afirmó que para este viernes esperaban contar con el 100% de actas procesadas.

Pese a este cálculo, la ONPE informó anoche [miércoles 22] que ya alcanzó el 100% de las actas procesadas correspondientes a la eleccion presidencial.

En la conferencia, Pachas precisó: “Luego viene el trabajo de los jurados electorales especiales y, si hubiera impugnación, del JNE en segunda instancia. Quisiéramos que sea lo más rápido”.

Del cierre de esa etapa dependen temas logísticos para la segunda vuelta, como la impresión de cédulas de votación y actas.

Consultado sobre la propuesta de realizar elecciones complementarias, impulsada por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y en evaluación por el pleno del JNE, Pachas optó por ampararse en el calendario oficial.

“Tenemos un cronograma aprobado que habla de un camino a la segunda vuelta electoral presidencial que tiene fecha cierta el 7 de junio. Estamos trabajando con el jurado para cerrar todas las actas observadas, sobre todo de la presidencial, y saber quiénes pasan a la segunda elección. […] Nosotros nos guiamos por este cronograma que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad", dijo.

En otro momento de la conferencia aseguró que la ONPE viene colaborando con las autoridades encargadas de investigar las irregularidades registradas el domingo 12 de abril. Y adelantó que habría ajustes internos: “Vamos a tomar todas las medidas correctivas necesarias de aquí en adelante para todas aquellas acciones operativas que tenemos que corregir y las personas que se encuentren involucradas, con la finalidad de caminar hacia la segunda vuelta electoral”.

Además, aseguró que se comunicarán con la Contraloría General de la República para que los acompañe en los procesos de selección y adquisición de servicios y bienes.

Pachas enfrenta la tarea de devolverle credibilidad a la ONPE tras las irregularidades del 12 de abril.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó de manera categórica que el reciente nombramiento del ministro de Defensa responda a una cuota política de su agrupación, y reiteró que su partido no forma parte del gobierno del presidente José María Balcázar.

“Descarto tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Fuerza Popular no participa de forma alguna del gobierno del señor Balcázar, no lo ha hecho en las últimas décadas”, señaló.

En esa línea, precisó que el actual titular del sector no es militante de su partido y explicó que su designación estaría vinculada a su experiencia previa en el Ministerio de Defensa.

“Él ha trabajado en algún momento con la congresista Rosángela Barbarán, pero [...] venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado”, indicó.

Fujimori añadió que, en caso se le hubiera consultado sobre la eventual incorporación de un militante de Fuerza Popular al Ejecutivo, habría rechazado dicha posibilidad. “Si fuese militante del partido y me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno”, sostuvo.

En otro momento, la candidata se refirió a recientes hechos de violencia en la campaña electoral y expresó su rechazo a las agresiones contra postulantes. En ese contexto, hizo un llamado a desarrollar una contienda sin ataques físicos ni verbales, a fin de que la ciudadanía pueda evaluar las propuestas.

Asimismo, abordó el tema de las movilizaciones ciudadanas, señalando que se trata de un derecho, pero remarcó la importancia de esperar los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los pedidos en curso que podrían definir el escenario electoral. “Estamos a pocos días de conocer el resultado final”, afirmó.

Finalmente, sobre una eventual moción de censura en el actual contexto político, indicó que no considera pertinente promover cambios en el gobierno durante la segunda vuelta. En ese sentido, pidió mantener la calma y permitir que el proceso electoral continúe su curso.

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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que cuando se presente la anunciada moción de censura contra el mandatario José María Balcázar la tramitará según lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento del Parlamento.

“No es una opción, si se presenta con el número necesario de firmas válidas, yo tengo que darle curso. Jamás me he opuesto a las disposiciones reglamentarias. Sería lo que hay que hacer de inmediato. Cumplo la ley, la Constitución y el Reglamento”, enfatizó en diálogo con la prensa.

El congresista de Acción Popular, Ilich López, anunció que impulsará una moción de censura contra el también congresista José María Balcázar por la crisis política que provocó en el caso de la compra de los aviones caza F-16 de Estados Unidos. El actual mandatario asumió el máximo cargo en Palaciode Gobierno, por sucesión constitucional, en su condición de titular de la Mesa Directiva.

Para Rospigliosi el camino en este tipo de circunstancias no sería una censura, sino una moción de vacancia, tal como lo señaló cuando se debatió la salida del entonces mandatario José Jerí.

Al respecto recordó que su postura fue que como Jerí estaba ejerciendo las funciones de jefe de Estado lo que correspondía era iniciar el trámite de una vacancia presidencial.

Sin embargo, el Congreso optó por la censura en su condición de titular del Congreso.

“En este caso, si se presenta una moción para censurar al señor Balcázar, lo cual requiere solamente una mayoría simple de los congresistas, bueno si eso es lo que decide el Congreso, habrá que acatar la decisión”, aseveró.

En relación a la fecha del debate, Rospigliosi explicó que los tiempos están sujetos a la recolección de las firmas necesarias.

“Apenas tengan las firmas, entonces veremos cuándo se realiza el Pleno. Usualmente, los plenos son los días jueves, pero puede realizarse un Pleno extraordinario. Todo está en el terreno de las posibilidades”, puntualizó.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, felicitó al Perú por su decisión de adquirir cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana, destacando que esta compra fortalece la defensa aérea nacional y la seguridad en el hemisferio occidental.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio occidental”, señaló la Embajada de Estados Unidos en el Perú al difundir las declaraciones del alto mando.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio… https://t.co/mYE3DFIbDV

— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

El pronunciamiento se produce luego de que el Estado peruano realizara el primer desembolso de US$ 462 millones como parte del acuerdo con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de estas aeronaves de combate de última generación.

Según lo informado, la compra no solo implica la incorporación de tecnología avanzada para la Fuerza Aérea, sino también el fortalecimiento de la relación estratégica entre Perú y Estados Unidos, así como el acceso al programa internacional F-16 Block 70, que abre oportunidades de cooperación con países aliados.

La operación se concreta tras un proceso de negociaciones marcado por tensiones políticas, luego de que el presidente José María Balcázar anunciara previamente la postergación de la firma del contrato, lo que derivó en la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con el acuerdo, considerado clave para modernizar la capacidad militar del país.

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Pareja asume como ministro de Relaciones Exteriores, tras la renuncia de Hugo de Zela en medio de la crisis desatada por la posición del presidente José María Balcázar sobre la compra de los aviones caza F-16 a los Estados Unidos.

El presidente Balcázar tomó juramento a Pareja, en Palacio de Gobierno, en una ceremonia a la que no fue convocada la prensa.

Mira aquí la breve ceremonia de juramentación:

Diplomático de carrera, fue embajador en Chile (2009-2014), en Suiza (2003-2005) y en España (2000-2002).

Pareja fue embajador en Santiago durante el período de la controversia marítima entre el Perú y Chile, resuelta finalmente en el 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Además, el ahora titular de Torres Tagle estuvo al frente de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos entre 1998 y el 2000.

Entre 1997 y 1999 participó en las negociaciones de paz entre el Perú y Ecuador como secretario ejecutivo de la Comisión de Integración Fronteriza Peruano-Ecuatoriana.

Pareja, promovido a embajador en 1999, es bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y tiene una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú.

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La Cámara de Comercio Americana (AmCham Perú) expresó su respaldo a la firma del acuerdo para la modernización de la capacidad aérea del país, señalando que se trata de una decisión estratégica que impacta directamente en la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del Perú.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que esta medida no debe entenderse únicamente como una decisión militar, sino como una apuesta integral que fortalece la soberanía y la estabilidad nacional.

En ese sentido, destacó que proteger el crecimiento económico —basado en sectores como la agroindustria, minería, pesca y energía— resulta fundamental para el desarrollo del país.

Asimismo, la organización resaltó el rol de las Fuerzas Armadas y subrayó la importancia de reforzar especialmente la defensa aérea como un elemento clave de disuasión. En esa línea, indicó que el proceso que derivó en el acuerdo fue competitivo, técnico y de largo aliento.

El comunicado también hace referencia a la propuesta presentada por Lockheed Martin, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, señalando que esta responde a los requerimientos del Perú al incluir tecnología de última generación, capacitación especializada y transferencia de capacidades para el mantenimiento autónomo de la flota.

En otro momento, AmCham destacó que el acuerdo refleja un compromiso de largo plazo entre ambos países, basado en la cooperación en defensa, la lucha contra amenazas transnacionales y la atención ante desastres, consolidando al Perú como un actor relevante en la seguridad regional.

La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves la adquisición por parte del Perú de los 12 aviones de combate F-16, luego de que el Gobierno realizara un primer pago de 462 millones de dólares por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, según informó la Agence France Presse.

“Nos enorgullece que el F-16 más avanzado que hemos producido contribuya a proteger la soberanía nacional de Perú”, declaró el vicepresidente de la compañía, Mike Shoemaker, citado en un comunicado.

La empresa resaltó que “acoge con satisfacción el anuncio del gobierno de Perú de adquirir 12 nuevos aviones F-16 Block 70”, para modernizar su flota aérea.

Embajador de EE.UU. saluda primer pago por compra de aviones F-16

La operación financiera se concretó este miércoles 23 de abril, pese a la negativa del presidente José María Balcázar, quien había pedido postergar la compra hasta la asunción del próximo gobierno en julio.

La postura del mandatario desató una crisis política que derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz.

Ayer, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, expresó su respaldo al acuerdo y se mostró complacido con la noticia.

El Ministerio de Economía confirmó la transferencia del primer pago, realizada tras la firma del contrato el lunes entre representantes de la empresa y la Fuerza Aérea del Perú.

En tanto, la embajada estadounidense precisó que la firma técnica se llevó a cabo el 20 de abril de 2026, con conocimiento de las más altas autoridades del país.

Un ómnibus de transporte interprovincial con dirección a Lima, y que llevaba cajas lacradas con material electoral fue intervenido en la ciudad de Sechura, en Piura, según informó el diario Correo.

Durante el operativo, realizado por la Policía, personal de Aduanas y otras autoridades, se hallaron cinco cajas embaladas dentro de bolsas en la bodega del bus. El material pertenecía a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la provincia de Paita que emitió un pronunciamiento.

“El hecho corresponde a la intervención de cinco cajas con material electoral (actas en sobres verdes), correspondientes a la ODPE Paita, durante un control de rutina de la Intendencia de Aduanas de Paita”, indicaron.

La entidad explicó que el material había sido entregado formalmente a la empresa Olva Courier para su traslado a Lima, cumpliendo con los protocolos de lacrado, embalaje y rotulado, lo cual —según señalaron— fue verificado previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura 2.

No obstante, la ODPE reconoció que durante el traslado el servicio habría sido tercerizado sin previo aviso, lo que derivó en que las cajas fueran acondicionadas sin identificación visible, generando sospechas y motivando la intervención de las autoridades.

Por ello, informaron que han solicitado explicaciones a la empresa de mensajería, sin obtener respuesta hasta el momento.

Posteriormente, el material electoral fue puesto a disposición de la Policía Nacional y trasladado nuevamente a la sede de la ODPE de Paita para su custodia.

El Ministerio Público realizó nuevamente este jueves diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín en medio de acusaciones de supuestas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril.

A través de redes sociales, detallaron que la labor estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur para “constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el proceso de identificación y recopilación del material electoral”.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en el almacén de la @ONPE_oficial, ubicado en Lurín, a fin de constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de… pic.twitter.com/GiJVbBPdEP

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

La fiscalía lleva realizando diligencias en el almacén de la ONPE desde el 17 de abril, luego de las demoras en la instalación de mesas de votación en Lima que generaron la ampliación del horario de votación hasta el lunes 13 de abril en 13 locales que no pudieron instalar sus mesas el domingo de elecciones generales.

📢 Descubre cómo se realizaron las diligencias en el almacén principal de la ONPE para garantizar el cumplimiento de sus funciones respecto al material utilizado en las Elecciones Generales 2026. pic.twitter.com/XKhQbgfLyD

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

Desde entonces se busca determinar la situación del material electoral almacenado en ese inmueble a cargo del despacho del fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE.

Tras la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril, cuyos resultados aún no se proclaman, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha tenido tres actividades: una reunión con jóvenes, un encuentro con representantes de comedores populares y clubes de madres de Lima y el Callao, en Independencia, y una reunión con dirigentes del vaso de leche, en el Rímac.

De esta manera, Fujimori Higuchi ha comenzado su campaña de segunda vuelta, cuando los organismos electorales aún no definen si enfrentará al congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que se disputan voto a voto en medio de denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

Al 93,866% de actas contabilizadas por la ONPE, la exparlamentaria se ubica primera con 17,047% (2’695,850 de votos) y su partido tendría 22 senadores y 40 diputados en el Congreso bicameral. Estos resultados mejoran su performance de 2021, donde obtuvo aproximadamente 600 mil votos menos en primera vuelta y solo logró 24 escaños.

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, refirió que no tienen previsto esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados a mediados de mayo para dar inicio a su campaña de balotaje, el cuarto desde 2011 [ver recuadro]. Agregó que “los problemas de la población no se detienen”.

En el video podcast “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, el también candidato a la segunda vicepresidencia de la República detalló que continuarán, como lo hicieron en el programa “casa a casa”, tomando nota de los principales problemas de los ciudadanos. Aunque ahora estas reuniones no apuntarán solo a familias, sino a organizaciones de base.

“En estas actividades se está priorizando dar la intimidad necesaria para compartir con los vecinos nuestras propuestas, pero también para escucharlos”, refirió.

Torres adelantó que, a finales de la próxima semana, es decir, a inicios de mayo, Fujimori Higuchi estaría empezando sus viajes a las regiones y también con la realización de mítines.

La preferencia por López Aliaga

El subsecretario general de Fuerza Popular ratificó que el fujimorismo prefiere enfrentar, en la segunda vuelta, a López Aliaga. Esto a pesar de que el exalcalde de Lima ha dirigido gran parte de sus críticas a su lideresa, al sostener el último domingo, en un mitin, que “no se gana con trafa, señora K” y que él no es parte de “esta basura de gente”.

López Aliaga cuestionó los resultados que favorecen al fujimorismo en Junín, donde Fujimori Higuchi obtuvo el 16,997% de los votos, ocupando el primer lugar, mientras el empresario el 7,6% que lo ubica en la sexta posición en esa región.

“Los insultos de López Aliaga ya nos tienen sin cuidado, que se pelee con su sombra […] Si tú me dices ‘siguen esperando pasar con Rafael López Aliaga’, respondo ‘por supuesto que sí’. Es el primer paso para lograr una estabilidad, el orden que tanto peruanos reclaman”, remarcó.

Fuentes cercanas a la cúpula del fujimorismo indicaron que, por el momento, no tienen previsto ingresar a una pugna con el exalcalde. ¿La razones? Si pasan a segunda vuelta con Sánchez van a buscar unir a la derecha, incluyendo a los simpatizantes de Renovación Popular, alrededor de Fujimori Higuchi. Y, además, en el Senado, para aprobar medidas, van a requerir de la formación de un nuevo bloque y por afinidad ideológica están más cerca al partido celeste que de otros.

Una muestra de esta decisión ha sido que Fujimori Higuchi, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, dijo que le da “pena escuchar todos los insultos” por parte de López Aliaga, quien cuestiona el respaldo que obtuvo en la selva central.

“De nuestro lado, hay la mejor intención, es importante que el discurso de Rafael López Aliaga haya cambiado, ya no habla de insurgencia, sino de pedido de elecciones complementarias para que quienes no pudieron ejercer su voto, y yo me he pronunciado a favor, el derecho al voto que es universal tiene que ser garantizado. A él [López Aliaga] le hace daño seguir peleándose e insultando a todos”, subrayó.

Fujimori Higuchi, además, reiteró que prefiere al empresario en el balotaje, pero remarcó que “si ese no fuera el caso estamos listos también para enfrentar a Roberto Sánchez”.

En declaraciones a la prensa en el Rímac, la postulante dijo que acepta las disculpas que ofreció Wilbert Medina, abogado de López Aliaga, en representación del exalcalde.

“Resalto que en Renovación Popular hay muchas personas con las que se puede conversar y dialogar, todos los peruanos estamos llamados a establecer estos puentes. No sé lo que va a pasar [en el balotaje], pero en el Congreso durante los próximos cinco años, los partidos políticos estamos obligados a buscar consensos, a recuperar el orden y a hacer que nuestra economía vuelva a tener un gran impulso. Sobre esta base, Fuerza Popular se compromete [a generar] puentes de diálogo”, manifestó.

En otro momento, Fujimori Higuchi calificó como “una buena noticia” que Piero Corvetto haya renunciado a la jefatura de la ONPE, tras las fallas en la distribución del material electoral el último 12 de abril.

“Yo creo que de cara el proceso que se viene de la segunda vuelta, es una buena noticia para el Perú, es una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado. Corresponde a la contraloría, a la JNJ, al Ministerio Público y a la propia prensa poder indagar sobre lo que ha pasado en primera vuelta y se puedan tomar medidas correctivas par que esto no suceda de cara a la segunda vuelta”, declaró.

La excongresista evitó opinar sobre si Corvetto debe ser detenido preliminarmente o no.

“Eso es algo que prefiero no opinar, la justicia debe encargarse. Para mí, lo más importante es conocer la verdad. ¿Qué pasó en el proceso de primera vuelta?”, expresó.

La suma de cuadros técnicos

Torres, en diálogo con este Diario, dijo que Fuerza Popular ha iniciado un proceso para sumar a cuadros técnicos de cara la segunda vuelta, más que buscar respaldo de partidos políticos.

El candidato a la segunda vicepresidencia evitó brindar nombres, pero sí marcó una condición: que no representen a “miradas equivocadas en esencia”.

“Por ejemplo, hay un partido [Juntos por el Perú] que ha sumado a una persona [Antauro Humala] que dice que el partido más importante, el mejor, ha sido Sendero Luminoso. Eso que ha hecho Antauro Humala es apología al terrorismo, y es un delito. Y lo debería saber Sánchez. Nosotros sumaremos a los que van por el orden, el desarrollo económico y que respeten reglas fundamentales, como la autonomía del BCR”, expresó Torres.

El excongresista adelantó que Keiko Fujimori sí tiene previsto ir al sur del país para la segunda vuelta, pero no precisó la modalidad: si será en un entorno controlado, como lo hizo en Cusco y Puno en la primera vuelta, o si se presentará en las plazas públicas.

Los dos escenarios

El analista político Enrique Castillo afirmó que Fujimori Higuchi enfrenta “dos escenarios absolutamente diferentes” de cara al balotaje, porque, por un lado, puede enfrentar a un contendor de derecha, en referencia a López Aliaga; y, por el otro a uno de izquierda, en alusión a Sánchez.

“López Aliaga puede tener el apoyo del antifujimorismo y de la izquierda. Y en el otro escenario, entre el antifujimorismo y el miedo a Sánchez, Fujimori Higuchi puede obtener una ventaja, aprovechar ese temor a lo que significaría un gobierno de Juntos por el Perú. Pero es un error meter a la izquierda en un mismo saco. Su atención debe estar en la izquierda radical, que enarbola Sánchez”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo apuntó que uno de los objetivos de Fuerza Popular en esta segunda vuelta, independientemente del rival que tenga, pasa por “reducir al antifujimorismo”. “Ya hay candidatos que son considerados de derecha y de centro, como Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara, que dicen que no votarían por Keiko Fujimori. El antifujimorismo es fuerte. Ella tiene que contar con una estrategia para los sectores de derecha y de centro que tienen un marcado antifujimorismo”, remarcó.

Estimó que, en una eventual segunda vuelta con Sánchez, no cree que el “factor Antauro Humala”, quien es parte del círculo de confianza del candidato presidencial de Juntos por el Perú, vaya a jugar a favor del fujimorismo.

“No te olvides que Pedro Castillo tuvo el factor Movadef, que a su vez estaba relacionado a Sendero Luminoso, que es tan o más fuerte que Antauro Humala. Pese a ello, Castillo ganó. El antifujimorismo fue más fuerte. La vinculación con Antauro sí es un problema para Sánchez, pero no sé si llegue a ser una ventaja diferencial a favor de Keiko Fujimori”, expresó.

Castillo refirió que Fujimori Higuchi tiene como principal pasivo su actuación política y la de su bancada durante la crisis de los últimos 10 años: “a ella se le enrostra el llamado pacto mafioso, las leyes que ha dado el Congreso de la mano de partidos que han sido rechazados, su respaldo a los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, el enfrentamiento con PPK, y el comportamiento que tuvo con su padre y su hermano”.

“La segunda vuelta es una nueva campaña”

El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular tiene una ventaja sobre sus rivales: “la certeza, desde el mismo 12 de abril, que ella pasaba a segunda vuelta”.

“Lo más probable es que enfrente a Sánchez, aunque debemos esperar los resultados oficiales. Creo que Keiko Fujimori prefiere una segunda vuelta con López Aliaga no por una cuestión de [preservar] un eje de derecha ni por coincidencias programáticas, sino porque siente que le sería más fácil electoralmente enfrentar a López Aliaga que a Sánchez”, expresó.

En diálogo con este Diario, el director de GFP dijo que, si bien Fujimori Higuchi tuvo más votos que en la primera ronda de 2021, está muy lejos de los 6 millones de votos que obtuvo en el 2016.

“La segunda vuelta es una nueva campaña, Keiko Fujimori le llevaba 8 puntos de ventaja a PPK en el 2016 y faltando dos semanas perdió la elección. En el 2021, ella estaba 11 puntos debajo de Castillo, cuando restaban 30 días. Pero perdió por décimas. Lo que quiero decir es que la segunda vuelta es diferente, y juegan los debates y las campañas”, subrayó.

Radzinsky indicó que, si bien el antifujimorismo “se ha diluido un poco”, aún continúa teniendo “un espacio importante en la dinámica política y social” del país.

Agregó que la candidata presidencial de Fuerza Popular “ha sido prudente” en no entrar a una confrontación verbal con López Aliaga, sobre todo porque en Lima “tienen vasos comunicantes y comparte un sector del electorado”. “Ahí tiene que hilar fino. Si bien Keiko Fujimori tiene una fortaleza relevante en la costa peruana, desde Tumbes hasta Ica, en el sur y en el norte andino la composición del voto es distinta”, complementó.

El analista político dijo que la mayoría de los peruanos, en primera vuelta, no respaldó ni a Fujimori ni a Sánchez ni a López Aliaga, sino que prefirió a otros candidatos o votar en blanco o nulo.

“El reto de ella no es la consolidación de su electorado, sino cautivar al elector de los otros candidatos. En segunda vuelta, en general lo que sucede es que ya llegan con una votación importante y tienen que sumarle algo más, acá no, son votaciones débiles, Fujimori solo tiene 17%. En el 2016, con ese porcentaje en el 2016 no pasabas. PPK tuvo esa cifra en 2011 y tampoco pasó. Y Lourdes Flores también tuvo más en el 2006 y no estuvo. El escenario es similar al 2021”, acotó.

El embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro confirmó este miércoles que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará el Perú, aunque no confirmó la fecha ni el motivo de su visita.

Tras el anuncio del primer desembolso de 462 millones de dólares por parte del Ejecutivo peruano para la compra de los aviones caza F-16 Block 70, Navarro fue consultado si Rubio llegaría al Perú.

“Sí, el secretario Rubio ha mencionado que sí, va a visitar el Perú”, dijo en Exitosa radio.

Embajador de EE.UU. saluda primer pago por compra de aviones F-16: “Puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido”

De igual forma, aseguró que tanto el presidente Donald Trump como Marco Rubio se encuentran enterados de las acciones que realiza en el Perú con respecto a la compra de los aviones.

“Yo soy embajador de Estados Unidos y cuando yo hablo de parte de mi país, de mi presidente y de mi secretario; así que ellos están bien informados de lo que está pasando”, dijo.

Ayer, Bernie Navarro, confirmó que la primera transferencia de dinero por la compra de aviones caza F-16 al Perú se efectuó de acuerdo a lo establecido en las negociaciones con el gobierno peruano.

De ese modo, saludó el inicio de la ejecución del contrato con este primer depósito llevado a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas, por más de 462 millones de dólares.

“Era un momento complicado porque qué hubiera sido si el Perú no cumplía con su compromiso. Pero ya le puedo asegurar que el contrato esta firmado y el dinero se ha transferido. Es un día muy positivo, la compañía ha seguido las reglas del gobierno peruano y que no eran las nuestras”, dijo en Canal N.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) expresó su respaldo a la realización de investigaciones “exhaustivas e independientes” en relación a los hechos ocurridos durante las elecciones generales que mostraron una serie de deficiencias.

A través de un comunicado, la misión internacional señaló que dichas indagaciones deben llevarse a cabo conforme a los marcos legales pertinentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y garantizar la integridad del proceso electoral.

“Respaldamos la necesidad de llevar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos en la jornada electoral y días posteriores”, señala el documento.

En esa línea, la MOE UE también subrayó la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener la independencia de los organismos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias. Asimismo, consideró fundamental que las medidas adoptadas tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prioricen la continuidad del proceso y la confianza institucional.

El organismo recordó que se encuentra en el país desde el 26 de febrero, con más de 150 observadores desplegados en distintas regiones, monitoreando el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Finalmente, la misión informó que presentará un informe final con recomendaciones detalladas para mejorar el proceso electoral, aproximadamente dos meses después de la segunda vuelta presidencial.

El congresista Jorge Montoya presentó un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia funcional a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por un periodo de seis meses, con el objetivo de ejecutar una reorganización administrativa integral del organismo electoral.

La iniciativa propone medidas extraordinarias y temporales enfocadas en la estructura de gestión de la ONPE, sin afectar —según el texto— su autonomía constitucional ni sus funciones esenciales en la organización de elecciones.

Se contempla incluso la suspensión parcial de disposiciones internas para facilitar el proceso de reorganización.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una Comisión Técnica de Reorganización, integrada por el jefe de la ONPE, representantes de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este grupo tendrá amplias facultades para evaluar el desempeño institucional, revisar los procesos logísticos y operativos, así como analizar la actuación del personal del organismo electoral.

El proyecto también plantea que dicha comisión pueda disponer medidas disciplinarias, incluyendo la remoción, suspensión o incluso el cese de funcionarios cuando existan indicios de responsabilidad administrativa grave. Asimismo, se le otorga la capacidad de proponer reformas legales y administrativas, además de poner en conocimiento de las autoridades posibles responsabilidades civiles o penales.

Al importante a señalar es que la propuesta establece que la reorganización no deberá interferir con la realización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, las cuales deberán desarrollarse con normalidad.

Rafael López Aliaga, reiteró su pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que convoque a elecciones complementarias en Lima, tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto.

La noche de este miércoles, el candidato presidencial sostuvo que las autoridades electorales deben adoptar medidas urgentes para corregir las fallas logísticas, especialmente en aquellas mesas que no se instalaron a tiempo o donde el proceso se vio afectado.

“Decirle a los miembros del JNE, convoquen por lo menos lo que es elecciones en Lima en varias mesas donde la gente no pudo votar”, manifestó durante la transmisión de su podcast en su canal de Youtube.

“El JNE tiene que darnos una solución ya, sino arde troya, no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo. Señor (Roberto) Burneo usted está siendo cómplice de un señor (Piero Corvetto) que va a terminar en la cárcel, usted tiene que dar una solución para que 1,5 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez para que actúe frente a lo que considera “irregularidades graves en el proceso”.

“Corvetto va a terminar 20 años en la cárcel, me encargaré de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, dijo López Aliaga.

En primer término, ha fallado el Estado. En efecto, la reciente jornada electoral confirma esta percepción, sobre todo porque resulta evidente que se trata de un momento en que el Estado tiene el monopolio de la acción.

El saldo es lamentable: la convaleciente democracia peruana ha sufrido una recaída, propinada por las fallas logísticas de la ONPE y el desdén y la displicencia con que sus líderes enfrentaron la crisis. Completa este diagnóstico el comportamiento errático del JNE: ¿dónde estaban los fiscalizadores la tarde del viernes para alertar de las tardanzas en la llegada del material de votación?

No faltan las teorías conspirativas que ven en estos errores garrafales una voluntad por torcer la voluntad popular. Sin embargo, tales interpretaciones carecen de evidencia seria. Se trata, más bien, de funcionarios del Estado que actuaron, ante la emergencia, con negligencia, insensibilidad e irresponsabilidad.

El otro lado de la moneda es la laxitud que han exhibido muchos actores políticos en relación con la ley. Las expectativas, por ejemplo, en torno a la anulación de las elecciones van en esa dirección. No obstante, deberían dejar en claro que son solo eso: deseos. No hay un solo correlato con el marco jurídico establecido que justifique tal decisión o, inclusive, la realización de comicios complementarios.

Bien lo resumía la mañana del martes Fernando Rodríguez Patrón en una entrevista con Fernando Carvallo y Mávila Huertas: “Quienes sustentan o alientan una nulidad parcial o total simplemente están expresando un deseo” (RPP, 21/4/2026).

Por ello, preocupan los rumores que circulan al cierre de esta columna: la anulación, de oficio, por el pleno del JNE, de las elecciones en Lima Metropolitana. La eventual concreción de un ‘legicidio’ de esta naturaleza no solo abre una caja de Pandora, sino que sienta un nefasto precedente para procesos electorales por venir. En ese sentido, no le falta razón a Enrique Castillo cuando afirma que “el remedio puede ser peor que la enfermedad” (El Comercio, 19/4/2026).

A lo dicho previamente, se suma la activación de atávicos males que, de un tiempo a esta parte, caracterizan a los balotajes peruanos y que suelen responder a componentes sociales antes que políticos: el racismo, la estigmatización, la intolerancia y, recientemente, la necedad de creer que pueden coexistir varias verdades frente a hechos únicos.

Se suele afirmar que a una persona se le conoce cuando obtiene poder; de igual manera, a una democracia, por la forma en que maneja sus comicios. Hoy el Perú está enfermo.

En un video ampliamente difundido en TikTok por Inka Visión de Cusco, un televidente del canal indicó en una llamada que en horas de la madrugada estarían adulterándose votos para perjudicar al candidato Jorge Nieto y favorecer al partido Juntos por el Perú (JP).

“Ha habido un movimiento en contra de Nieto para favorecer a JP”

El argumento del televidente se basa en dos capturas de pantalla que tomó a los resultados de la página oficial de la ONPE en diferentes horas. El hombre explica que la altura de las cabezas de los candidatos indica el número de votos en referencia a la barra numérica de la izquierda:

“Porky tiene 2,114,189 de votos”, explica sobre la base de esta imagen:

Sin embargo, al cierre de esta nota, 21:47 del 19 de abril, el candidato Rafael López Aliaga, aún no llega a los dos millones:

Luego, el televidente explica: “Nieto tiene 1,879,279 [de votos]. Ahora miremos a Nieto que no aparece ya en la foto, pero le han bajado los votos que tiene, 1,784,000”.

Sin embargo, esta información es falsa, pues la altura de las cabezas en referencia a la barra numérica de la izquierda no da el número exacto de votos. Para obtenerlo, hay que seleccionar al candidato. Sólo entonces se podrá ver exactamente cuántos votos tiene.

PerúCheck se comunicó con la ONPE para saber exactamente cómo funciona la lectura de resultados. La institución informó que la barra de la izquierda es una referencia y no da el número exacto de votos:

“Es una referencia. La cantidad de votos y el porcentaje de votos válidos tú los vas a encontrar pasando por cada una de las barras de cada uno de los candidatos que muestran un recuadro azul donde están los datos”.

Es decir, lo que el televidente halló en su ‘inspección’ ha sido un error de cálculo, pues no determinó el número exacto de votos de Jorge Nieto debido a un error propio.

Conclusión

La altura de las cabezas en referencia a la barra numérica de la izquierda en el conteo de votos de la página web de la ONPE no muestra el resultado exacto. Para eso, es necesario seleccionar con el mouse al candidato para saber con exactitud el número de votantes y el porcentaje que le corresponde según el conteo. Por lo tanto, PerúCheck califica este video que viene siendo publicado por Inka Visión de Cusco como falso.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido se mantendrá atento y respetuoso a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la posibilidad de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas donde se registraron problemas durante la jornada electoral.

“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, sostuvo el miércoles.

En ese contexto, subrayó que será determinante conocer las reglas que se establezcan, así como el rol que asumirá quien reemplaza a Piero Corvetto en la conducción del sistema electoral, Bernardo Pachas.

Fujimori expresó, además, su postura a favor de permitir que voten los ciudadanos que no pudieron hacerlo debido a la instalación tardía de algunas mesas, aunque enfatizó que respetará lo que finalmente determinen las autoridades electorales.

“Moción de censura contra el presidente Balcázar alimentaría más la inestabilidad”

Keiko Fujimori

“Estamos atentos a las decisiones y anuncios del JNE con referencia a unas elecciones complementarias que aún no sabemos si se van a dar o no; y el nuevo mandato que está asumiendo la persona que reemplaza al señor Corvetto, sobre cuáles serán las reglas de juego que se establecerán”, dijo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 22 de abril, a las 19:20 horas, alcanzó el 100% de actas procesadas correspondientes a la elección de fórmula presidencial en el marco de las Elecciones Generales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Del total de actas procesadas, un 5,574% se encuentra en condición de observadas y deberá ser evaluado por los jurados electorales especiales antes de ser contabilizado en el resultado oficial.

La ONPE explicó que las actas procesadas son aquellas que han sido digitalizadas e ingresadas al sistema, aunque no necesariamente sumadas al conteo final, mientras que las actas contabilizadas son las que ya superaron los controles de calidad y forman parte del cómputo oficial.

El procesamiento se realizó de manera ininterrumpida desde el pasado 12 de abril en los centros de cómputo de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), incluyendo una destinada exclusivamente a los votos emitidos en el extranjero.

Asimismo, la entidad destacó que durante todo el proceso se garantizó la presencia de personeros y observadores en los centros de cómputo, operativos las 24 horas del día.

A través de su plataforma digital de resultados electorales, el organismo reportó además una alta participación ciudadana en el seguimiento del proceso, con cerca de 11 millones de usuarios únicos y más de 232 millones de visitas registradas.

Finalmente, la ONPE recordó que para completar el cómputo al 100% será necesario esperar la resolución de las actas observadas, las cuales presentan inconsistencias o incidencias que deben ser revisadas conforme a la normativa electoral vigente.

En medio de un conteo de votos que aún no termina, un singular hecho fue registrado, sumándose así a una serie de anomalías previamente detectadas y que exponen deficiencias en el proceso electoral. Actas de escrutinio de los Estados Unidos (EE.UU.), que fueron cargadas al sistema de resultados oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contenían nombres de supuestas agrupaciones políticas como “No olvides nunca respirar”, “El tiempo es rápido para los temerosos”, “La vida no es un don gratuito”, entre otros; es decir, partidos no registrados en el sistema de organizaciones políticas y que, mucho menos, compitieron en el proceso electoral.

Específicamente, fueron —al menos— dos actas las detectadas, correspondientes a las mesas de sufragio N.° 086793 y N.° 086794, ambas ubicadas en la ciudad de Nueva Jersey (EE.UU.), cuyo local de votación fue el New Jersey Institute of Technology (NJIT). Ambas tenían, a su vez, como fecha y hora el día de la elección, el pasado 12 de abril de 2026, y correspondían, supuestamente, a la elección al Senado, aunque de distinta modalidad.

De las cinco actas de cada mesa de sufragio —una por cada tipo de elección: presidente, Parlamento Andino y demás—, en el caso de la mesa de sufragio N.° 086793, la irregularidad se detectó en la elección de senadores a nivel nacional; mientras que, en la mesa de sufragio N.° 086794, ocurrió respecto del Senado de la circunscripción de Peruanos en el Extranjero.

Ambos documentos —cargados en la plataforma de recuento oficial de la ONPE— contenían una lista de supuestos partidos en contienda, el supuesto resultado obtenido —incluso con votos preferenciales—, además de los nombres y apellidos, firmas y rúbricas de los tres supuestos miembros de mesa. Es más, consignaban la supuesta hora de inicio y cierre del escrutinio. Todo bajo una aparente normalidad, salvo por los nombres de los partidos.

El hecho fue advertido por diversos usuarios de redes sociales y corroborado por este Diario. Los documentos fueron publicados en la página web oficial de resultados de la entidad electoral (resultadoelectoral.onpe.gob.pe), donde se vienen actualizando en vivo los resultados de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Horas después y tras los cuestionamientos, por la tarde del martes, las actas en cuestión fueron reemplazadas en el sistema informático; sin embargo, sin que se realizara alguna anotación marginal que rectificara la información dada a conocer inicialmente a la ciudadanía, como también evidenció este Diario. Ambas actas –al igual que otras dos, una en cada mesa, figuran como enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE).

Al respecto, la ONPE —cuyo titular renunció— no emitió ningún comunicado ni tampoco respondió algún portavoz. Únicamente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), indicó brevemente que, tras haber efectuado “una revisión interna”, podía confirmar que el conteo de votos sí se había efectuado “con el acta correcta”, la cual había sido enviada por el consulado tras el escrutinio de votos. Asimismo, atribuyó las actas publicadas como oficiales a “material de prueba”.

“La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral. Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas”, se indicó. Tras ello, se cambiaron las imágenes publicadas.

La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral. Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas. 2/2

— ONPE (@ONPE_oficial) April 21, 2026

Fuentes de este Diario señalaron que en algunos consulados se cuenta con escáneres especiales que permiten digitalizar las actas y enviarlas al sistema de resultados de la ONPE, con el fin de agilizar el proceso mientras se completa el traslado físico del material a Lima. En ese primer tramo del procedimiento podría haberse producido el error.

Sin embargo, una vez que el material llega al país, pasa por una etapa de verificación en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) respectiva, donde se debe de realizar un control de calidad de las imágenes antes de sumarse al conteo los votos. En caso de que el acta no haya sido digitalizada previamente, este proceso se realiza en esta instancia. Es decir, el contenido debió ser revisado y corroborado. Esto deberá ser materia de investigación, como lo apuntan especialistas.

El abogado José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, afirmó que se trata de hechos aislados que no se están replicando en otros lugares. No obstante, remarcó que lo ocurrido amerita una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y, a su vez, cotejar los resultados con el acta que obra en el Jurado Electoral Especial correspondiente. Agregó que el proceso administrativo podría escalar incluso a un caso penal, en caso de detectarse dolo y no se trate meramente de una “negligencia”.

Según explicó Tello, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, apoya a la ONPE en el proceso electoral. Sin embargo, precisó que ese apoyo abarca únicamente la digitalización de las actas de escrutinio y su carga en un software proporcionado por la ONPE; es decir, no interviene en el cómputo de votos. La publicación de los resultados, añadió, corresponde a la propia entidad electoral.

¿En qué punto se produjo el error? Tello señaló que ello debe ser materia de investigación, aunque advirtió que la ONPE no puede operar como una suerte de “mesa de parte” que publica automáticamente todo lo que recibe desde distintos puntos.

“Esto amerita de que se tomen las acciones correspondientes, primero, que se sepa qué ocurrió, que se hagan las investigaciones y determines responsabilidades, y que se vea el acta de cotejo que la tiene el Jurado Especial competente. Pero reitero que es un hecho aislado. No se puede hablar de un patrón o una política orquestada. Lo que sí evidencia es el nivel de informalidad en el que el material electoral ha sido desplegado y replegado”, afirmó Tello a El Comercio.

Por su parte, el abogado José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Electoral, señaló que desde el 2021 la ONPE brinda a la Cancillería acceso a una plataforma para que se carguen las actas provenientes del exterior. En esa línea, indicó que es posible que, en ese proceso, desde el consulado encargado se haya subido un acta utilizada para capacitaciones, en lugar del acta correspondiente al conteo oficial.

Asimismo, explicó que, al aparecer como observadas, las actas serán enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para que sean resueltas con el acta original a la vista. “Lo que va a pasar es que en el cotejo el jurado va a resolver con los valores correctos del acta, porque sí hay un acta oficial de esa mesa”, comentó Villalobos.

El especialista coincidió en que debería efectuarse un procedimiento administrativo para determinar quién cometió el error. No obstante, remarcó que en un despliegue electoral de esta magnitud es habitual que se registren incidencias, aunque destacó que actualmente existe una saludable mayor fiscalización ciudadana.

Este Diario también buscó algún pronunciamiento de la cancillería al respecto; sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.

El conteo de votos de las Elecciones Generales del 2026 continúa con su lento avance. Este miércoles se inicia el recuento de votos en Lima Metropolitana. Según pudo verificar El Comercio, hasta este martes 21 abril por la mañana, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las diez circunscripciones limeñas decidieron aplicar este mecanismo en 146 actas.

Las 146 actas observadas representan aproximadamente 43.800 votos de elecciones presidenciales, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino [ver cuadro].

Esto si consideramos que en cada una de las actas hay 300 electores. No obstante, en el caso del extranjero podrían ser más, dependiendo de la cantidad de votantes habilitados.

Este es el cronograma de audiencias de hoy:

• 10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos - Lima – Lima. Mira aquí la audiencia.
• 2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo - Lima – Lima. Mira aquí la audiencia.
• 4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo - Lima – Lima

Puedes seguir las audiencias en las redes oficiales desde la página web del JNE y en su canal de Youtube.

El recuento de votos es el proceso en el cual los JEE vuelven a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Esta figura se aplica cuando no se pueden subsanar las actas observadas.

Hasta este 21 de abril , los JEE de Lima Centro 1, Lima Centro 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 1, Lima Oeste 2, Lima Oeste 3, Lima Sur 1 y Lima Sur 2 han recibido 2.994 actas observadas y han resuelto 1.120 casos.

Cada una de estas circunscripciones comprende a los 43 distritos de Lima Metropolitana y a los peruanos residentes en el extranjero. Así, Lima Centro 1 agrupa a los distritos de Lima y Breña; Lima Centro 2, Jesús María y el extranjero; Lima Este 1, Ate, Chaclacayo, Lurigancho y Santa Anita; Lima Este 2, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

En tanto, a Lima Norte 1 corresponden Rímac y San Martín de Porres; a Lima Norte 2, Independencia y Comas; y a Lima Norte 3, Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos y Santa Rosa.

Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y San Isidro son parte de Lima Oeste 1; La Victoria, San Borja, Miraflores, San Luis y Surquillo, de Lima Oeste 2; Chorrillos, Barranco, Surco y La Molina, de Lima Oeste 3.

Finalmente, integran Lima Sur: Lurín y Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y San Juan de Miraflores; y Lima Sur 2: Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Las tres primeras audiencias se realizarán en distritos que corresponden a Lima Norte 3, dos en Carabayllo y una en Los Olivos. Los ciudadanos las pueden seguir en vivo en las plataformas del JNE.

El JNE informó, del total de 31. 419 actas electorales observadas, se han procesado -hasta el momento -30.420 (96.82%). De ellas, 4.977 tienen pronunciamientos generados y 824 han sido enviadas a recuento de votos. Es decir, se celebrarán más de 800 audiencias en todo el país para aplicar esta figura.

La cifra corresponde al corte de las 9:30 am del martes 21 de abril.

Del total de actas procesadas el 17.55% (5.339) corresponde a la elección presidencial; 21.58% a senadores por distrito electoral único (6.564); 17.79% a senadores por distrito electoral múltiple (5.446); 23.49% a diputados (7.146); y 19.48% al Parlamento Andino (5.925).

El organismo electoral detalló que los JEE con mayor avance en el procesamiento de actas observadas son los de Cusco, Huancayo, Huaura, Pacasmayo, Chiclayo, San Román, Maynas, Huamanga, Piura 2, Arequipa 1, Chanchamayo, Lima Centro 2, Canchis, Huaraz, Tumbes, Piura 1, Cañete, Arequipa 2, entre otros.

Además, recordó que el procedimiento se inicia cuando las ODPE remiten las actas observadas a los JEE acompañadas de un reporte, además del acta que le corresponde al JEE, el cual, por su parte, emite un pronunciamiento comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.

Lo resuelto por el JEE puede ser apelado al Pleno del JNE en el plazo de 3 días calendario a partir del día siguiente de su publicación. El JNE revisará en audiencia pública el acta observada y, luego, se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días hábiles desde el día siguiente de recibido el expediente.

Finalmente, al ser resuelta el acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

El recuento de votos es el proceso en el cual el Jurado Electoral Especial vuelve a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Según el JNE, se realiza para evitar que errores en las actas terminen anulando injustamente la misma o la votación de un partido o candidato.

¿En qué casos procede el recuento de votos?

1. Información incompleta o ilegible: Actas que no tienen firmas, les faltan datos o son ilegibles y no pueden integrarse con el cotejo.
2. Cifras que no cuadran: Cuando los votos (de un partido, nulos o blancos) son más que el número total de votantes o electores hábiles.
3. Inconsistencias en el voto preferencial:

• Si un candidato tiene más votos que su propia organización política.
• Si la suma de votos preferenciales de una lista supera el doble de los votos de las organizaciones políticas.
• En caso de extravío o siniestro de los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE, JEE, ONPE y JNE.

¿Quiénes participan en el recuento de votos?

La asistencia es obligatoria para los integrantes del pleno del JEE: Presidente, segundo y tercer miembro. También para el secretario del JEE, el especialista en tecnología de la información y el operador multimedia.

Opcionalmente pueden estar presentes los personeros legales de las organizaciones políticas y un representante de la fiscalía. Su ausencia no impide el desarrollo del acto.

¿Cómo es el procedimiento del recuento de votos?

El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. Además, muestra las cédulas de sufragio a los asistentes, una por una, a través de medios tecnológicos.

El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE.

El segundo y el tercer miembro del JEE, a su vez y uno por uno, confirman el contenido del voto.

Los personeros legales de las organizaciones políticas, presentes en la audiencia, tienen derecho a examinar el contenido de la cédula, a través de los medios tecnológicos.

Una vez finalizado el recuento de todas las cédulas, se levanta el acta correspondiente con los resultados finales, la que es firmada por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas que deseen hacerlo.

Durante el acto del recuento de votos los personeros no pueden impugnar las cédulas de sufragio ni cuestionar la identidad de los electores que emitieron los votos el día de la elección y que son materia de recuento.

Tampoco procede impugnar la decisión del JEE de realizar el recuento de votos y los resultados del recuento de votos.

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la crisis política generada en torno a la compra de aviones de combate F-16, que derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y advirtió que promover una moción de censura contra el presidente Balcázar en estos momentos, solo agravaría la inestabilidad en el país.

“Creo que ahora nos corresponde poner paños fríos. Seguramente ha habido algunas presiones, no sé si ideológicas; solo el presidente puede responder eso”, indicó tras el homenaje realizado a los héroes del Comando Chavín de Huantar en los Jardines de la Paz de La Molina.

“Una moción de censura alimentaría más la inestabilidad en nuestro país, y lo que necesitamos es estabilidad”, remarcó.

Temprano, el congresista Ilich López anunció que impulsará la censura del presidente Balcázar, por su decisión de postergar la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos.

Aunque luego se confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a hacer el primer pago por la transferencia de los aviones, Keiko Fujimori lamentó las renuncias de los dos ministros y consideró que el presidente Balcázar debe “reflexionar” sobre sus palabras.

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“Tengo que lamentar la renuncia del canciller, un gran canciller, así como también la del ministro de Defensa. Creo que es lamentable la imagen que estamos dando como país”, sostuvo.

“Creo que el presidente Balcázar debería reflexionar sobre lo que significan estos compromisos y la importancia de sus declaraciones”, afirmó.

¿Elecciones complementarias?

Fujimori señaló que su agrupación se mantendrá atenta a las decisiones de los organismos electorales, especialmente ante la posibilidad de elecciones complementarias en las mesas donde hubo problemas logísticos.

En ese sentido, mencionó que será clave conocer las reglas que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, así como el rol de quien reemplaza a Piero Corvetto en la conducción del sistema electoral: Bernardo Pachas.

Finalmente, expresó su posición a favor de permitir votar a los ciudadanos que no pudieron hacerlo en mesas instaladas tardíamente, aunque subrayó que respetará lo que determinen las autoridades.

“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, concluyó.