A esta capa estructural de la política nacional se superpone una suerte de mal endémico de estos tiempos: los políticos tienden a estar más polarizados que sus representados. Pero no solo se trata de distancias ideológicas, sino también de demonización del rival, al cual se busca deslegitimar. Un ejemplo recurrente en nuestro medio es cuando la derecha “terruquea” a cualquiera que está a la izquierda del centro programático, y cuando la izquierda convierte a cualquier fujimorista o aliado inmediatamente en “autoritario”. Esta polarización afectiva no se ha atenuado con el nuevo legislativo bicameral, que ya nos ha ofrecido un par de ‘pechadas’ entre algunos senadores. Las acusaciones mutuas no cesan, al punto de que la negociación y la concertación se suponen inviables. Cualquier institución política –incluso las mal diseñadas– requiere de reglas informales que las complementen. Pero la conflictividad actual entre nuestras élites –políticos, periodistas, opinólogos, intelectuales-artistas, ‘youtubers’ yaperos– instaura la desconfianza, la descalificación del oponente, la mala fe, y hace más disfuncional al diseño bicameral asimétrico que debería enmendarse en la práctica, antes que en una nueva reforma. No falta algún mercachifle de la opinología barata que ya esté etiquetando de “dictadura senatorial”, y algún fracasado reformólogo tirando barro en la prensa internacional.

Después de 34 años retornamos a la bicameralidad con una política mucho menos articulada en partidos cohesionados. La nueva realidad legislativa se tensa por dos ejes de competencia. El primero es horizontal: disputas entre el oficialismo y la oposición, con dominio de cada bando en cada cámara; el otro es vertical: entre cámaras. El primer eje de competencia responde a la realidad proveniente de la conversión de los votos en escaños: una mayoría opositora en Diputados y un empate en el Senado. Es decir, un oficialismo controlado, al que solo le queda protegerse y negociar. De hecho, si hubiésemos mantenido el modelo anterior, tendríamos nuevamente un gobierno dividido (oficialismo sin mayoría parlamentaria). Hoy, casi.

El segundo eje de competencia responde a un diseño asimétrico, con las prerrogativas del Senado imprecisas en algunos puntos (como en la delegación de facultades). Quienes ya acusan al oficialismo senatorial de autoritario, pudieran hacer lo mismo con la oposición de Diputados. Pero no se trata de profundizar la grieta. A diferencia de lo que suponen los constitucionalistas, no basta con aplicar la norma (que se interpreta según convenga), sino de establecer reglas informales que inclinen la balanza a uno de los lados. En este punto nos enfrentamos con el espejo. Si el oficialismo parlamentario quiere facilitarle la vida al Ejecutivo, en su afán de asegurar los votos, tiene como opciones dos instituciones informales de la política: promover la traición de parlamentarios de otras bancadas o gestar la convicción del consenso multipartidario. La primera se consigue a través de prebendas; la segunda, con reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Así funciona cualquier democracia, valga la aclaración.

Si nos fiáramos por los antecedentes, la institución de la traición ha sido la más usual. Pero hay dos factores inéditos a considerar. Por un lado, las nuevas normas congresales desalientan el transfuguismo, pues el cambio de camiseta solo se puede realizar una vez en cinco años; de otro modo, el tránsfuga pasa al exilio del ‘grupo mixto’. Por otro, el fujimorismo tiene más experiencia que el resto en negociación parlamentaria, y hay una agenda de largo plazo que convenir cuando se toman cafecitos con los colegas de otras tiendas: BCR, TC, Defensoría del Pueblo, entre las principales. Además, hay un mayor celo entre varios de los naranjas por mejorar su reputación. Como ven, si se logra reducir la traición política y poner a prueba la experiencia para los acuerdos, estaríamos en mejores condiciones de sacar lo mejor de la bicameralidad.

En los últimos años, el núcleo de la inestabilidad política del país ha surgido del transfuguismo y amateurismo parlamentarios. El debilitamiento de nuestras instituciones no se ha originado en la vocación autoritaria de algunas bancadas (muchas de ellas, desaparecidas y sin inscripción), sino en la disfuncionalidad que han insertado en el sistema decenas de excongresistas indisciplinados y novatos en lides nacionales: abandonando sus grupos originales y debilitando la cohesión en los grupos de destino, movimientos explicados por la gestión de intereses de clases económicas emergentes y paralegales, antes que por preferencias programáticas. El diseño bicameral, a pesar de sus debilidades, promete crear las condicionantes de una mayor disciplina legislativa y, por lo tanto, coadyuva a una mayor estabilidad política. Pero su éxito, como casi siempre, no dependerá de sus reglas, sino de que quienes ocupan hoy un escaño estén dispuestos a hacerlas funcionar.

El anuncio debe ser: acción 1, 2, 3. No, como ha hecho, crear una comisión de ministros. Es claro que se trata solo de palabreo.

El artículo 1 del decreto supremo de esta iniciativa es elocuente. La comisión se crea “como espacio permanente de articulación, coordinación y seguimiento político y estratégico de las acciones de respuesta del Poder Ejecutivo orientadas a restablecer y fortalecer el orden interno, así como prevenir, reducir y enfrentar la criminalidad”.

¿Espacios? ¿Eso necesitamos? ¿Articulación, coordinación, seguimiento? ¿Seguimiento de acciones que todavía no se adoptan?

Las acciones son lo decisivo. El gobierno debe decirnos qué va a hacer, no qué va a articular, coordinar u observar. Anunciar cosas rimbombantes antes de decir qué se va a hacer resta credibilidad al gobierno. Reduce su autoridad.

Se necesita restablecer la autoridad, no reducirla. Seguramente es bueno que los ministros coordinen. Eso, sin embargo, debe ser lo natural.

El decreto supremo da la impresión de haberse hecho solo para el anuncio, para aparentar que se hace algo. El anuncio no solo no sirve, es contraproducente.

La presidente debe decirnos cuántas depincris va a aumentar. Cuántos recursos se van a destinar a la investigación criminal. Cuántos policías de investigación atenderán las denuncias.

En las unidades de flagrancia atienden la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Reducen los tiempos de los procesos de justicia. ¿Por qué la mandataria no anuncia nada sobre esto? Hay solo unas cuantas decenas en todo el Perú.

Existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Lo preside el presidente del Consejo de Ministros. La presidente podría tomar el liderazgo del mismo. No necesita chaleco ni gorrita. Basta con que lo dirija.

Ahora tendremos Conasec y, además, comisión multisectorial. Ambas, presididas por el presidente del Consejo de Ministros. Consejo a la jefe del Estado: no delegue, presida usted.

La presidente debe reunirse con la presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación y el ministro del Interior. Si esas instancias no están “articuladas”, estamos perdidos.

Se le pide al Congreso que facilite facultades para legislar. No se usan, sin embargo, las facultades para gobernar. Empiecen, ya.

La situación del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) se complica. La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara Baja concluyó la investigación en su contra y recomendó al pleno suspenderlo por 120 días del ejercicio de sus funciones por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel. La propuesta será debatida este lunes por el grupo de trabajo que encabeza Henry Albañil (Partido Cívico Obras).

De acuerdo con el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el legislador vulneró la imagen del Congreso al haber sido detenido en flagrancia por estos hechos. El documento sostiene que su conducta contravino los deberes que debía preservar como integrante de la Cámara de Diputados.

En esa línea, el informe técnico consideró que la gravedad de la falta justifica recomendar la máxima sanción prevista: 120 días de suspensión y el descuento de sus haberes. Para sustentar esta medida, invocó los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el reglamento.

Pérez Mallqui fue detenido el jueves 30 de julio, poco después de haber juramentado en el cargo, por una presunta agresión contra su expareja. El caso se convirtió en el primero en ser investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

Mientras el procedimiento parlamentario avanza, la fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Pide excluir elemento de prueba

Cabe recordar que este Diario reveló a fines de agosto que el diputado de JP pidió al Poder Judicial la exclusión del certificado médico legista practicado a su expareja, quien lo denunció por presuntamente haberla agredido física y psicológicamente, según documentación obtenida.

Pérez Mallqui sigue investigado por la Fiscalía Suprema de Familia, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

De acuerdo al documento, el diputado de Juntos Por el Perú, presentó un escrito ante el Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando una “tutela de derecho” en contra de la fiscalía, al cuestionar y sostener que el referido informe médico legista practicado a su expareja el 30 de julio del 2026, era “ilícito”.

Según el Certificado Legal N.°039118-VFL, su expareja presentaba “lesiones traumáticas recientes”.

El reporte médico precisó que la víctima presentaba moretones en el codo derecho, en el antebrazo derecho, en la pierna derecha y marcas de presión digital.

La Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.

La decisión de adoptó días previos cuando culminó la reunión entre asesores de las bancadas en la que, según fuentes de El Comercio, encontraron quórum para sesionar. Al ser 12 integrantes, solo requerirían de siete senadores presentes.

En la cita, de acuerdo con las mismas fuentes, se pondrá a discusión el dictamen de la Cámara Baja que aprobó 20 facultades legislativas y el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución del Senado que contiene 27 medidas, entre las que resalta restituirle la capacidad operativa a la DINI y la calificación de “grupos hostiles” a organizaciones criminales.

Consultado por El Comercio, Roger Astucuri (Obras), vicepresidente de Constitución, cuestionó que no se le haya notificado de la sesión del lunes, pese a que ya figura en el portal del Congreso.

Fuego cruzado

La reunión se realizará luego de que la Comisión de Constitución del Senado atravesara dos episodios de tensión que entorpecieron el debate sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

El más reciente ocurrió el 15 de octubre. Ese día, los senadores de izquierda y sus aliados protagonizaron momentos de tensión y enfrentamientos con el presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), antes de abandonar la sala Miguel Grau y dejar sin quórum la sesión, lo que impidió continuar con el debate.

La sesión quedó reducida a los legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular, en su mayoría suplentes. Los representantes de ambas bancadas que permanecieron en la sala cuestionaron la actitud de sus colegas de izquierda y sus aliados. Patricia Juárez, de la bancada naranja, afirmó que pretenden “sabotear el funcionamiento de la comisión” y “boicotear” la votación de las facultades.

Antes de abandonar la sala, los legisladores de la oposición habían cuestionado la conducción de Mesía, en particular por la respuesta que dio a un pedido para delimitar las competencias del Senado frente a las decisiones que adopte la Cámara de Diputados.

En medio de las fricciones, una fuente de El Comercio indicó que se evaluaba retirar a la secretaria técnica del grupo de trabajo.

El primer altercado ocurrió el sábado 10 de octubre, durante la exposición del ministro del Interior, César Astudillo, quien acudió a sustentar las facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

A las 11:27 a. m., la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó duramente la intervención del ministro. Desde su escaño, sostuvo que su exposición carecía de horizonte y era general. Incluso, afirmó que parecía tener “miedo” de impulsar una reforma policial.

Astudillo respondió desde uno de los extremos de la mesa, sin elevar la voz. Sin embargo, el intercambio habría pasado inadvertido de no ser por la intervención del senador Iber Maraví (Juntos por el Perú), quien, visiblemente incómodo desde el inicio de la sesión, pidió la palabra en tono desafiante y cuestionó la reacción del ministro, pese a que Luque había podido desarrollar su intervención sin interrupciones.

“¿Quién es él [para interrumpir]?”, exclamó Maraví mientras señalaba con la mano por encima de la frente de Astudillo.

El episodio desató una cadena de gritos y enfrentamientos verbales que obligó a suspender temporalmente la sesión. Varios minutos después, el grupo de trabajo retomó la reunión, pero solo para darla por concluida.

La Comisión de Constitución del Senado sigue entrampada y sin una salida clara respecto del pedido de facultades legislativas. Tras la accidentada sesión del jueves, el grupo de trabajo no volvió a reunirse este viernes. En lugar de convocar a una nueva sesión, el presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), programó una reunión de coordinación con asesores parlamentarios, en un intento por alcanzar un consenso.

Según el oficio circular remitido, Mesía Ramírez consideró “conveniente” convocar a una reunión entre los asesores de los despachos y de los grupos parlamentarios, con el fin de “recoger opiniones técnicas y aportes” al predictamen, que incorpora ocho puntos adicionales a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados.

El encuentro fue programado para las 4:30 p.m. en la sala José Abelardo Quiñones, ubicada en el segundo piso del Palacio Legislativo. Sin embargo, al cierre de este informe, fuentes de El Comercio confirmaron que solo acudieron los asesores de Fuerza Popular y Renovación Popular. Además, adelantaron que se convocaría a los senadores a una nueva sesión de la comisión para este lunes.

Durante la sesión del jueves, senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras abandonaron la comisión y dejaron al grupo de trabajo sin quórum. El retiro se produjo en medio de cuestionamientos y pedidos para delimitar las atribuciones del Senado frente a las modificaciones introducidas al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Tras lo ocurrido, Mesía advirtió que no convocaría a una nueva sesión de la comisión “para volver a caer en este caos”. “Yo voy a citar a la comisión en tanto haya un consenso sobre qué vamos a debatir. [¿Y si no hay consenso?] No habrá pues facultades delegadas”, expresó en RPP.

Por ahora, no hay una salida clara. El senador de Ahora Nación Alfonso López Chau señaló que su agrupación respaldaba los 20 puntos aprobados por Diputados. “Hay distintos grupos políticos, yo hablo por el nuestro: vamos por las 20”, expresó.

Frente a este entrampamiento, el Ejecutivo envió mensajes al Congreso. Desde Piura, adonde llegó para supervisar las labores de descolmatación de ríos, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que “la única manera” de enfrentar el fenómeno de El Niño “es trabajando unidos”, por lo que hizo un llamado a la unidad.

“Estamos tomando todas las medidas. Por eso es tan importante que en estos momentos que vamos a enfrentar un período de emergencia estemos todos unidos y este mensaje, esperemos que llegue también al Congreso de la República”, dijo a la prensa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, consideró que el debate sobre las facultades legislativas se ha dilatado demasiado en el Congreso. Además, destacó que estas son necesarias para enfrentar el fenómeno de El Niño y la inseguridad, por lo que expresó su expectativa de que la comisión retome la discusión.

“Se está dilatando mucho tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes. Hemos dicho claramente que las 20 facultades que se otorgaron en la Cámara de Diputados no son suficientes y por eso hemos ido a argumentar para tener mayores facultades”, comentó Vinelli.

• El gobierno planteó el 28 de agosto un pedido para obtener facultades para legislar en 66 puntos sobre distintas materias por 120 días.
• Sin embargo, Diputados redujo a 90 días el plazo y a solo dos materias: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

Renovación Popular se declaró en reorganización partidaria a nivel nacional tras la culminación de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La organización política anunció esta medida mediante un comunicado oficial difundido este viernes a través de sus redes sociales.

“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular […] habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicó el comunicado.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/gGX9AzNn0V

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) October 16, 2026

Como parte de esta medida, la dirigencia nacional dejó sin efecto todas las credenciales partidarias emitidas en los ámbitos regional, provincial y distrital.

En diálogo con El Comercio, la diputada Norma Yarrow, secretaria general nacional de Renovación Popular, precisó que la decisión alcanza únicamente a los coordinadores regionales, provinciales y distritales, y no a los integrantes del CEN.

“Nosotros no tenemos secretarías, sino coordinadores regionales, distritales y provinciales, las bases de la organización, quienes tenían una credencial y han trabajado en la campaña. Pasadas estas, vamos a entrar a una reestructuración general”, señaló.

La parlamentaria explicó que estos coordinadores se encargaban de organizar las visitas de Rafael López Aliaga, las elecciones primarias y las afiliaciones partidarias, entre otras actividades. En ese sentido, indicó que la anulación de las credenciales permitirá evaluar la continuidad de quienes ejercían esas funciones.

“Estamos dejando sin efecto las credenciales para ver si se ratifican algunos o se cambian”, sostuvo.

Yarrow indicó que los integrantes de la dirigencia se reunirán en los próximos días para definir los siguientes pasos de la reorganización, aunque precisó que todavía no hay una fecha establecida para ese encuentro.

“Lo primero es dejar las credenciales sin efecto para que no se presenten a nombre del partido ni tomen el nombre ni recomienden personas”, explicó.

La secretaria general nacional sostuvo que la decisión también responde a la necesidad de evaluar el desempeño de la organización política en las distintas regiones del país.

Según indicó, Renovación Popular no obtuvo los resultados esperados en varias jurisdicciones, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el trabajo de sus coordinadores.

“Hay que ser conscientes de que a nivel nacional no hemos tenido buenos resultados en muchas regiones, entonces no ha habido un trabajo minucioso”, manifestó. Como ejemplo, mencionó Arequipa, donde, según señaló, el partido solo logró un congresista.

“Lo que queremos es que el partido crezca y se reorganice para que sea un partido con bases y militantes que hagan un trabajo partidario y no que se suban durante las elecciones”, agregó.

Yarrow también se refirió al respaldo que obtuvo López Aliaga en la primera vuelta de las elecciones generales, en las que el candidato celeste no consiguió la votación esperada en las regiones y su principal apoyo se concentró en Lima.

En esa línea, afirmó que el trabajo de los coordinadores deberá evaluarse en función de los resultados obtenidos tanto en las Elecciones Regionales y Municipales y las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, señaló que el partido no volverá a establecer alianzas en el futuro.

Agregó que, si bien Renovación Popular tuvo un mejor desempeño en Lima, también será necesario evaluar los distritos en los que los resultados no alcanzaron las expectativas de la organización, como Ate y San Juan de Lurigancho.

Como se sabe, la lista de Renovación Popular, que encabeza López Aliaga (como primer regidor) disputa la Alcaldía de Lima con Francis Allison, candidato de Avanza País.

Se lanzó como el hombre de la unidad del centro y de la izquierda. Al principio no respondía sobre sus filiaciones con esta última. No estábamos seguros de si le daba roche o era una estrategia. Era lo último. Se reunía con líderes de centro derecha como Rafael Belaúnde y Roberto Chiabra y a la vez se dejaba fotografiar con la izquierda de Verónika Mendoza. Ambos dudaron de él, lo descartaron y lo obligaron a una candidatura solitaria. Pero promisoria. Saltó la valla y se convirtió en senador nacional.

¿Qué lo animó a lanzarse, siendo un outsider del mundo académico? Tuvo su pequeña épica personal cuando, siendo rector, abrió las puertas de Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a delegaciones estudiantiles del sur andino que venían a protestar contra Dina Boluarte y ‘a tomar Lima’ en el verano del 2023.

Mientras la UNI los acogía, San Marcos abría sus puertas para que la policía los allane. Tras ese contraste se forjó uno de los últimos partidos con base universitaria. Por cierto, los detalles y riesgos de aquello, se conocerán cuando quien haya ganado la elección para el rectorado de la UNI realizada ayer, empiece su gestión y hurgue en la contabilidad y convenios de sus predecesores.

Valga la pequeña intro para decir que Alfonso es un líder indeciso y lo ha mostrado una vez más esta semana cuando dijo, tras el conato de bronca entre el ministro César Astudillo y el senador radical Íber Maraví, que estaba tentado de “pedir su interpelación’, luego de haber descartado su censura (eso quiso decir, pues el ministro ya fue interpelado semanas atrás, el 17 de setiembre).

Alfonso ha entusiasmado a mucho profesional anti sistema; pero él no lo es. Le gusta hablar de progreso con inversión, de su paso como director del BCR y de unidad dentro de la izquierda y de la izquierda hacia afuera, de la comunión de todos los centros, de unir a todos para luego debatir sobre qué.

Pero su bancada, con personajes como Indira Huilca, Ruth Luque y Mirtha Vásquez lo jalan al progresismo de izquierda puro y duro. A la vez, personajes interdisciplinarios como Harvey Colchado y Jaime Delgado, lo alejan de la ideología. Harvey, por ejemplo, bregó para que su bancada, con la venia de Alfonso, perdone la vida a Astudillo; mientras las tres mujeres con experiencia parlamentaria le bajaban el dedo al general. ¿Y ahora qué hubo, Alfonso?

Sí a todos

La indecisión suele resultar de querer complacer a muchos, a sus discrepantes y a las otras bancadas. No busca el centro como Jorge Nieto del Partido de Buen Gobierno (PBG), que calcula cuando ceder al oficialismo y cuando radicalizarse; en él la idea de centro se parece a una indefinición. Los líderes de la derecha suelen ponderarlo como un hombre muy dialogante y dispuesto a los acuerdos, pero saben que su bancada tiene ideas más difíciles de negociar. Incluso Jair Manrique, el ‘joven de la tecnología’, tras hablar sobre ciencia, se apasiona y coincide con la línea dura.

Por lo tanto, López Chau no puede ofrecerse como otros líderes de partido y bancada, a ser fiel de balanza alguna. Si lo intenta, será solo de la suya donde puede dirimir algunos temas menores y dar pase al voto con libertad de conciencia donde el voto disciplinado fortalecería la capacidad de negociación de la bancada. El carácter, según relata su ex colaborador Carlos León Moya, se expresa con más decibeles hacia sus subalternos.

Alfonso se corre de las entrevistas, quizá para que no lo presionen a responder con definiciones que no quiere o no puede dar. Se siente más cómodo en los encuentros breves con el enjambre de micrófonos en la galería de Pasos Perdidos, con respuestas más cortas a preguntas que puede driblear.

A sus 76 años ya no tiene paciencia para interrogatorios largos como los que tuvo que pasar cuando se le reprochó una vieja columna ‘indulgente’ (así la llamó él aunque era más que eso) con el cabecilla emerretista Víctor Polay o cuando se le recordó un episodio carcelario de su juventud y lo achacó a una persecución de la dictadura velasquista. La verdad del incidente quedó en una nebulosa, como quedan algunas de sus posiciones políticas.

López Chau es el único caso de candidato presidencial que acabó de congresista. Rafael López Aliaga despreció su elección al senado, Roberto Sánchez no tuvo suficientes votos para ser diputado por Lima, y los otros que consiguieron bancada no postularon en la lista. Esa singularidad debiera ser suficiente razón para tenerlo en el candelero sopesando sus acciones y declaraciones políticas contundentes, antes que para destacarlo por sus dudas.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió al Gobierno un crédito suplementario de urgencia para cubrir los gastos operativos y el pago de salarios de la institución a partir de noviembre. El titular del Ministerio Público alertó sobre la falta de liquidez financiera para culminar el presente año fiscal.

“Necesitamos para cubrir inclusive el sueldo de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, por eso que hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente, porque si no ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales y entraríamos en una crisis muy lamentable”, dijo este sábado a RPP.

La falta de recursos pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones laborales con los magistrados y el personal administrativo en todo el país. Esta escasez de liquidez, según Gálvez, responden a reducciones presupuestales continuas que sufrió el organismo persecutor del delito en los últimos años.

El funcionario detalló que el presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo contempló un aumento del 16 % respecto al periodo anterior. Sin embargo, Gálvez afirmó: “Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”.

La institución enfrenta dificultades económicas para mantener la logística en las fiscalías especializadas contra la minería ilegal y el crimen organizado. “Siempre nos falta presupuesto para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tengan que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia”, advirtió.

El Ministerio Público unificó los turnos de atención de 24 horas a nivel nacional para optimizar el trabajo del personal existente en los casos de flagrancia delictiva. Esta reorganización interna evitó la contratación de nuevos fiscales, pero la falta de movilidad y equipos periciales persiste en las dependencias. “Ahora con esta necesidad de actuación de respuesta inmediata de los fiscales ante el crimen organizado, definitivamente necesitamos más presupuesto”.

El fiscal de la Nación acudió a las comisiones parlamentarias para exponer los requerimientos de la institución durante el debate de la Ley de Presupuesto. Las autoridades del Ministerio Público explicaron la brecha económica que impide una respuesta efectiva frente a la delincuencia.

“Ante el Congreso de la República hemos sustentado nuestro presupuesto y la necesidad de duplicar el presupuesto que nos han asignado”, explicó.

El magistrado percibió una actitud receptiva entre las diferentes bancadas parlamentarias para atender la demanda institucional. “Ha habido receptividad, esperemos que nos incrementen razonablemente el presupuesto”, exhortó.

En pleno año electoral las peticiones para acceder a indultos y gracias presidenciales se dispararon. Condenados por corrupción, narcotráfico y homicidio tocaron la puerta del Ejecutivo pidiendo indulto, conmutación o derecho de gracia. Las cifras son elocuentes: mientras en todo el 2025 solo se realizaron 437 pedidos, entre enero a agosto del 2026 se ingresaron más de 8400 solicitudes.

Entre los solicitantes se encuentra Gregorio Santos, exgobernador de Cajamarca, condenado a 19 años de prisión por corrupción. El exlíder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) presentó su solictud este año y actualmente se encuentra en trámite.

Este Diario se comunicó con su abogada, la doctora Cyntia Cornejo Arista, quien indicó que ella no fue ingresó la solicitud y que desconoce a través de quién se pudo haber gestionado.

En esa misma condición de “trámite” continúa el pedido de William Trickett Smith II, conocido como “El asesino de la maleta”. El ciudadano estadounidense fue condenado a 31 años de cárcel en el penal de Lurigancho por el parricidio de su esposa, Jana Claudia Gómez Menéndez, en el 2007 —cuyo cuerpo arrojó al mar dentro de un equipaje—. Sin indultos de por medio, debería salir en libertad en el año 2038.

Otro de los solicitantes es el condenado por narcotráfico y lavado de activos, Fernando Zevallos “El lunarejo”. El protagonista del caso vinculado a Aerocontinente –quien viene cumpliendo sus dos condenas en el penal de Ancón I– gestionó el perdón presidencial en el 2025. Este ya se encuentra revisado y mantiene la condición de “atendido” en el sistema que maneja la Comisión de Gracias Presidenciales.

Abencia Meza, sentenciada a 30 años por el homicidio de Alicia Delgado, es otra de las solicitantes. La cantante, quien recién podría salir en libertad en el año 2041, presentó su solicitud este año. Sin embargo, su abogado, Humberto Abanto, deslindó de haber impulsado el beneficio indicando que no es su especialidad “ir a suplicar gracias”.

Otro caso emblemático en evaluación es el del exgobernador regional de Puno, Walter Aduviri, sentenciado a 4 años de prisión por “El Aymarazo”. El exfuncionario presentó su solicitud este año y actualmente se encuentra en trámite. Aduviri tuvo que regresar a prisión por no pagar el monto de su reparación civil fijada en S/ 2 millones. Esta Unidad se puso en contacto con el hermano del exgobernador regional –quien labora como asesor de la diputada de Juntos por el Perú, Sadith Pérez– pero no respondió.

Otro exgobernador en la lista es Gerardo Viñas Dioses, quien fue condenado por colusión por malos manejos en el Gobierno Regional de Tumbes.

El expresidente Pedro Castillo también formalizó durante este año tres solicitudes de gracia presidencial. Sin embargo, todas han sido rechazadas. Sin beneficios, Castillo recién podría salir en el 2034.

Por otro lado, quince condenados por terrorismo –incluidos miembros clave de Sendero Luminoso– y hasta dos sentenciados por producción y comercio de armas químicas también vienen tramitando su solicitud. A ello se suman más de 20 reos por lavado de activos, entre ellos los de Jorge Luis Balbis, del caso “La Centralita”.

El pasado 7 de octubre el gobierno de Keiko Fujimori recompuso la Comisión de Gracias Presidenciales. Así, la presidencia del órgano evaluador fue asignada al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gonzalo Carlos Muñoz Hernández, quien encabeza un equipo técnico ad honorem conformado por Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Jhoselyn Almendra Chomba Chuman y Martín Antonio Salgado Arroyo.

Esta Unidad buscó la versión del presidente de dicho colegiado respecto a la saturación de pedidos, plazos y criterios de evaluación sobre condenados por delitos graves, pero al cierre de esta edición sus respuestas no fueron remitidas.

Unidad de Investigación

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Elecciones Regionales y Municipales 2026:candidaturas de los movimientos regionales caen 83% desde el 2022 y partidos políticos dominan el tablero

Elecciones municipales 2026: casi mil candidatos limeños cambiaron de camiseta política

El voto en Lima Metropolitana se ha fragmentado con el paso de los años. En las últimas elecciones municipales, celebradas en el 2022, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se convirtió en alcalde de la capital con poco más de un cuarto de los votos válidos (26,3%), la cifra más baja desde el 2006.

Ese año, Luis Castañeda Lossio, de Unidad Nacional, fue elegido alcalde de Lima con el 47,8% de los votos válidos. Cuatro años después, Susana Villarán ganó con el 38,4% y, en el 2014, Castañeda volvió a obtener el cargo con el 50,7%. En el 2018, Jorge Muñoz obtuvo el 36%.

La menor concentración de las preferencias electorales también se evidencia al sumar los votos de las dos opciones más votadas. En el proceso electoral del 2022, Renovación Popular y Podemos Perú, los dos partidos más votados, concentraron apenas el 51,7% de los votos válidos, frente al 76% que sumaron Fuerza Social y el PPC en el 2010. En el 2006, los dos primeros lugares (Unidad Nacional y Restauración Nacional) obtuvieron el 62,7% de los votos válidos.

Este hecho ocurrió, incluso, pese a que el número de postulantes se redujo. En el 2022 se presentaron ocho candidatos, la cifra más baja desde el 2006. Para los comicios de este domingo 4 de octubre, por el contrario, la participación registrará un récord en lo que va del siglo: 25 organizaciones políticas competirán por el cargo.

El número de distritos en los que el alcalde electo de Lima fue el candidato más votado también cayó con fuerza en la última elección. Renovación Popular, con López Aliaga, fue el partido más votado en 21 de las 43 jurisdicciones, principalmente en Lima centro y Lima moderna.

La cifra contrasta con la del 2006, cuando Castañeda Lossio fue el candidato más votado en todos los distritos de la capital (y en 21 de estos obtuvo más del 50% de los votos válidos). Esta cifra se asemeja a su retorno en el 2014, cuando ganó en 41 distritos y obtuvo más de la mitad de las preferencias en otras 21 circunscripciones.

En el 2018, si bien Jorge Muñoz se impuso en 40 distritos, solo en 12 de ellos ganó con más del 50% de los votos válidos.

En elecciones más reñidas, como las del 2010, Fuerza Social y el Partido Popular Cristiano ganaron en 22 y 21 distritos, respectivamente. Villarán fue la más votada en Lima norte, en Lima este y en distritos grandes de Lima sur. Sin embargo, solo la candidatura de Lourdes Flores Nano obtuvo más de la mitad de los votos válidos en 11 distritos.

¿Podría acentuarse la fragmentación política en las elecciones de este domingo? Para Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, algunos factores normativos favorecen una mayor oferta de organizaciones y candidaturas. Esa mayor oferta, señala, puede dispersar el voto.

“En Lima Metropolitana, los candidatos pueden presentar su lista a la provincia, pero no están obligados a presentarla en los 43 distritos. Esto conduce a que, de todas maneras, exista una diferencia en la participación de las organizaciones políticas que no logran tener representantes en todos los distritos”, explica.

]]>https://elcomercio.pe/politica/gobierno/entrevista-ley-mape-viceministra-de-minas-estamos-estableciendo-un-plazo-de-18-meses-y-no-abrimos-la-puerta-a-una-nueva-ampliacion-entrevista-noticia/https://elcomercio.pe/politica/gobierno/entrevista-ley-mape-viceministra-de-minas-estamos-estableciendo-un-plazo-de-18-meses-y-no-abrimos-la-puerta-a-una-nueva-ampliacion-entrevista-noticia/Fri, 16 Oct 2026 21:44:00 +0000

Ley MAPE: Minem prevé presentar propuesta este jueves, ¿qué plantea y qué advierten los expertos sobre el Reinfo?

No más maquillajes

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, defiende el proyecto de Ley MAPE del gobierno y detalla que el plazo que tendrán los mineros informales para concluir el proceso de formalización será de 18 meses y ya no de dos años.

“Estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no abrimos la puerta a una nueva ampliación”, subrayó en una entrevista con El Comercio.

— En el proyecto de Ley MAPE del Ejecutivo se incluye una disposición para que la OEFA, Osinergmin y Sunafil fiscalicen a las plantas de beneficio (que procesan oro) ...

Sí, efectivamente es un tema nuevo y, por eso, lo estamos regulando dentro de este proyecto de ley, porque la OEFA [en la actualidad] no fiscaliza a la pequeña minería ni a la minería artesanal, tampoco lo hacen el Osinergmin ni la Sunafil. Lo que estamos haciendo es que la fiscalización y supervisión en el caso de la minería en pequeña escala sea asumida por estas tres entidades por un plazo de cinco años.

— ¿Estas instituciones van a contar con un presupuesto adicional para esta función?

En principio, cada una de las entidades tiene dentro de su presupuesto, los fondos necesarios para la supervisión y fiscalización. Sin embargo, entenderíamos que estas entidades, en el marco de sus funciones, podrían evaluar una mayor necesidad de presupuesto. Pero este es un tema que deben evaluar cada una de estas entidades.

— ¿Las plantas de beneficio que procesen menos de 25 toneladas diarias serán fiscalizadas por los gobiernos regionales?

No, en el proyecto se está creando una nueva entidad, que es el FORMAPE (Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), que estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas. El FORMAPE podrá otorgar permisos para el inicio de actividades mineras o reinicios, certificaciones a la pequeña minería y minería artesanal, pero también tendrá la función de supervisar y fiscalizar, incluyendo la potestad sancionadora.

Entonces, todas las funciones que hoy les corresponden a las direcciones regionales van a pasar al FORMAPE y, en tanto, no se cree el FORMAPE, porque vamos a tener un plazo de 120 días, asume el ministerio.

— En el proyecto también se autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas de ahorros y corrientes a los mineros informales. Expertos advierten que este punto representa un riesgo y que faltan candados para evitar el lavado de activos...

Mira, en principio lo que estamos haciendo es habilitar para que puedan contar con cuentas corrientes y de ahorro, nada más. No estamos hablando de créditos ni de otros trámites. ¿Por qué es importante que tengamos una entidad donde puedan abrir las puertas? Porque en principio tienen que controlar y conocer el origen del dinero. Por un lado, necesitamos una trazabilidad, seguimiento y transparencia.

A cualquier persona, natural o jurídica, que esté inscrita en el Reinfo, le cierran la cuenta y le devuelven el dinero, porque hay un temor de que pueda tener un origen ilícito. Pero para calmar ese temor tenemos que conocer, tiene que haber una trazabilidad. Además, el Banco de la Nación estará facultado a acceder a la información de quién está abriendo la cuenta, sin es un minero formal o si está en el proceso de consolidación.

— ¿Y cómo el Banco de la Nación puede saber si el dinero es de origen legal o ilegal?

Bueno, es que en principio vamos a tener la fortaleza en cuento a la fiscalización. Ellos nos van a pedir la información sobre el minero, las actividades, si está formal, si ha sido formalizado o no. Y también se debe tener en cuenta que vamos a contar con un sistema de trazabilidad de la extracción del recurso mineral hasta la comercialización. Y este sistema va a estar interconectado con el Banco de la Nación y otras entidades involucradas.

— Pero si el sistema de trazabilidad falla o no detecta, ¿existe el riesgo de que el Banco de la Nación se utilizado por la minería ilegal para mover dinero ilegal?

El riesgo lo tienen hoy todos los bancos, no solamente el Banco de la Nación [...] Nosotros queremos transparentar, saber cuánto va creciendo [un minero], cuál es su movimiento y en atención al sistema de trazabilidad y a la información que nosotros tengamos podamos mapear si [el dinero] viene de una actividad lícita o no. Riesgo siempre vamos a tener, lo importante es cómo podemos mitigar esos riesgos y evitarlos también. Y en todo caso sancionarlos. Por eso, es necesario que nuestras funciones de fiscalización, supervisión y sanción estén fortalecidas.

— La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal. Uno ordinario, de carácter permanente para los formalizados, y un segundo denominado de “consolidación” para los inscritos en el Reinfo por dos años. ¿Es un Reinfo con otro nombre?

El proyecto de ley habla de dos regímenes, el ordinario, que es abierto para cualquier persona que quiera desarrollar actividad minera en tanto cumpla las condiciones y tenga los permisos. Y el otro, es el régimen de consolidación, que es cerrado y temporal y a donde van a pasar los mineros que están dentro del Reinfo. ¿Y por qué nace esto? Porque reconocemos como Estado que de hoy a diciembre algunos que han cumplido sus requisitos para formalizarse no lo van a lograr. Entonces, estamos abriendo esta oportunidad.

Pero ojo, no es un Reinfo disfrazado, no es la continuidad del Reinfo. Estamos hablando de una nueva persona jurídica [FORMAPE] que va a centralizar la toma de decisiones, va a tener la función de supervisar, sancionar y fiscalizar. Podemos hacer que el proceso de formalización sea más ágil. Y ojo, no son dos años los que se están otorgando [de plazo], sino 18 meses.

— ¿Se ajustó el proyecto, porque inicialmente se establecía dos años?

Así es.

— ¿Y qué garantiza que, terminados los 18 meses, no se va a ampliar el plazo, como ha ocurrido con el Reinfo?

Con este nuevo régimen de consolidación, el Reinfo culmina el 31 de diciembre. Estamos hablando de un nuevo procedimiento, de un nuevo régimen. Nuestro compromiso como Ministerio de Energía y Minas es que los plazos y los procedimientos [para la formalización minera] sean mucho más ágiles. Y, por ello, es importante tener en cuenta que dentro de este período de 18 meses no es que los mineros van a empezar de nuevo, sino que vamos a recoger la información ya avanzada para correr en su proceso de formalización y también para excluir en los que casos que tengamos que excluir.

Tenemos mucha confianza en que, si consolidamos los procedimientos en una entidad, si simplificamos los trámites y aceleramos, 18 meses van a ser suficientes para tener una pequeña minería, por lo menos encaminada a un régimen que le permita trabajar correctamente. Y también quiero señalar que en el proyecto se crea una ventanilla única y una casilla electrónica.

— Usted ha referido que 18 meses van a ser suficientes para la formalización minera. ¿No habrá ampliaciones?

De nuestra parte, estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no estamos abriendo la puerta a una nueva ampliación. El proyecto de ley no lo establece.

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Proyecto de Ley MAPE del gobierno propone que plantas de beneficio sean fiscalizadas ¿que otras medidas incluye?

La dispersión del voto creció en las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana: ¿Cuántos distritos y qué zonas apoyaron a los alcaldes ganadores?

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que se ha dilatado mucho el debate sobre las facultades legislativas en el Congreso. Por esto, espera que la Comisión de Constitución el Senado reinicie el debate y decida si amplía los 20 puntos que fueron aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados.

“Se está dilatando mucho tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes. Hemos dicho claramente que las 20 facultades que se otorgaron en la Cámara de Diputados no son suficientes y por eso hemos ido a argumentar para tener mayores facultades”, comentó ante la prensa este viernes durante su viaje a Piura, donde viajó con la presidenta Keiko Fujimori con el fin de supervisar la labor de descolmatación de ríos.

Marco Vinelli insistió en que depende del Senado el definir si se amplían o no las facultades que fueron aprobadas en la Cámara Baja. Específicamente señaló que la comisión será la que determine cuántas finalmente serán otorgadas.

#EnVivo Ministro Marco Vinelli pide al Senado acelerar el debate sobre las facultades: “La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/fTibSgXhWH

— Canal N (@canalN_) October 16, 2026

“Hemos dicho desde el día uno que las facultades son para poder potenciar todas las acciones del Gobierno para ejecutar su plan de gobierno y también para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad que tanto preocupa”, explicó el ministro.

En esa línea señaló que el Parlamento debe tomar en cuenta que su actuación no afecta al Gobierno si no a la población. “Veremos si el Legislativo finalmente toma la decisión de poder ayudar y nosotros, como Ejecutivo, podamos dar una respuesta mucho más rápida”.

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), condicionó cualquier convocatoria a una nueva sesión a un entendimiento previo entre las bancadas. El legislador fujimorista expresó reparos frente a una citación prematura sin acuerdos mínimos sobre la agenda temática.

“Yo no voy a citar a la a la comisión para volver a caer en este caos; yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, señaló. Esto tras la posibilidad de no lograr un número mínimo de asistentes.

Mesía alertó también que la ausencia de votos y de quórum bloquearía cualquier resolución sobre la iniciativa legal. El senador remarcó que el desacuerdo definitivo causará el archivo de la norma: “Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”.

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Proyecto de Ley MAPE del gobierno propone que plantas de beneficio sean fiscalizadas ¿que otras medidas incluye?

La dispersión del voto creció en las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana: ¿Cuántos distritos y qué zonas apoyaron a los alcaldes ganadores?

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo un llamado a trabajar en unidad para prevenir los daños que generará la llegada del fenómeno El Niño. En ese contexto, pidió explícitamente que su exhortación llegue al Congreso, donde hay expectativa en el Senado sobre el reinicio del debate sobre el pedido de facultades legislativas con reclamos de la oposición.

“Estamos tomando todas las medidas. Por eso es tan importante que en estos momentos que vamos a enfrentar un periodo de emergencia estemos todos unidos y este mensaje, esperemos que llegue también al Congreso de la República”, dijo ante la prensa antes de retirarse de Piura.

Previamente, la mandataria había destacado la importancia de realizar obras y trabajos preventivos para enfrentar El Niño. Al respecto, destacó la necesidad de que haya unidad entre todos los peruanos.

“La única manera en la que vamos a poder salir adelante, enfrentar este fenómeno climatológico como vemos en imágenes de otros países y otras partes del mundo que son de dimensiones muy grandes, la única manera es trabajando unidos”, exclamó.

La mandataria viajó a Piura este viernes para supervisar la labor de descolmatación de ríos y desde ahí resaltó la importancia del trabajo conjunto. Posteriormente, tiene agendado trasladarse a La Libertad para vigilar también trabajos de prevención.

#EnVivo Keiko Fujimori: La única manera en la que vamos a poder salir adelante y enfrentar al fenómeno El Niño es trabajando unidos Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/CkN5UWb5dy

— Canal N (@canalN_) October 16, 2026

Keiko Fujimori insistió en su invocación para que las autoridades locales de Piura, así como el gobierno central, trabajen unidos. Mencionó que hoy también visitará La Libertad como parte de su recorrido para supervisar las zonas más vulnerables ante El Niño.

“Estaremos preparados pero no sabemos si será suficiente (...) Hago un llamado para que todos los ciudadanos colaboren. Hay mucha maneras de poder ayudar”, exhortó. La presidenta mencionó como ejemplo preparar las casas, conocer las rutas de evacuación y no contaminar los ríos.

Mira aquí las declaraciones de la presidenta:

Según informó la Presidencia de la República, la mandataria, junto a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y Defensa, Rafael Belaúnde, supervisan las intervenciones preventivas ante el fenómeno El Niño en Piura y La Libertad.

Se trata de trabajos en puntos críticos y obras de protección para reducir los riesgos de inundaciones y huaicos.

Detalló que en Piura, la jefa de Estado supervisará los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Además, supervisarán las intervenciones a cargo del Ministerio de Defensa en siete sectores de la región.

¡21 intervenciones y 49 kilómetros de trabajos preventivos! La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a Piura junto a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde, para supervisar las labores de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en puntos críticos de la región, para reducir riesgos ante el fenómeno El Niño. #PerúResponde

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 16, 2026

La sesión de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre se vio frustrada cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Esto generó reclamos de los legisladores opositores, quienes abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión hasta nueva convocatoria.

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Diputados proponen crear, en promedio, una comisión investigadora por semana desde el inicio de sus funciones: ¿cuánto le costarían al Congreso?

“Grupos hostiles”, el factor DINI y otras acciones: estos son los puntos que incorpora el predictamen del Senado

“Les doy una buena noticia: chau, política”, anunció el jueves César Acuña, excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), al comunicar su retiro de la actividad política tras el fracaso obtenido por su partido en las elecciones generales y los malos resultados en las regionales y municipales de este 2026.

Durante un evento con estudiantes en una de las sedes de la Universidad César Vallejo en el norte, Acuña afirmó que se dedicará a la formación de jóvenes. “Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes, a cambiar la vida de mis jóvenes. Estoy convencido de que más que una carretera es un ingeniero; más que una posta es un médico, una enfermera, un psicólogo”, dijo.

“Esa experiencia de 25 años en la política tengo que transmitir a las generaciones, que no tengan miedo a la política”, expresó en diálogo con la prensa.

En las elecciones presidenciales de abril pasado, Acuña obtuvo apenas 192.516 votos, equivalentes al 1,149% de los votos válidos, y quedó en el puesto 13 de los 35 candidatos. Su partido tampoco logró representación en el Congreso bicameral y perderá su inscripción a partir de enero del 2027.

En las elecciones regionales y municipales, APP también perdió dos de sus principales bastiones: el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

No obstante, el secretario general de APP, Luis Valdez, interpretó que el anuncio de Acuña se refiere únicamente a su retiro de la función pública y de las candidaturas electorales. “Él es el presidente fundador de APP. Liderará la reinscripción del partido”, dijo a El Comercio.

Valdez precisó que Acuña no le comunicó previamente que anunciaría su retiro. “No tiene por qué hacerlo. No he conversado con él en las últimas horas”, señaló.

Esa declaración, sumada a lo señalado por una fuente del partido, apunta a que Acuña no coordinó previamente el anuncio con la dirigencia de APP.

El ocaso de Acuña

El analista político Paulo Vilca destacó que la pérdida de respaldo popular a Acuña, reflejada en las últimas elecciones, redujo su capacidad para ordenar al partido y mantener cohesionados a los actores políticos agrupados bajo su liderazgo.

“He conversado con militantes y candidatos de APP. El desprestigio de César Acuña es bastante grande. [...] Y en las elecciones regionales y municipales ha quedado claramente determinado que la victoria corresponde al actor político o a la red de actores políticos territoriales. Estos actores establecerán sus propios vínculos con el Parlamento y el gobierno nacional, y es complicado que busquen el patrocinio de un partido”, dijo en diálogo con El Comercio.

Vilca destacó que APP contó con representación parlamentaria y presencia en gobiernos regionales y municipales. Ahora, la pérdida de ambos espacios la deja con menos herramientas para negociar, proyectar liderazgos y sostener su presencia política.

Incluso, APP sufrió una derrota electoral en las elecciones generales a pesar de haber realizado la mayor inversión económica entre los partidos que tenían representación en el Congreso anterior y participaron en los comicios.

Según los reportes de gastos presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la agrupación de Acuña destinó más de S/12 millones a las campañas presidencial, legislativa y al Parlamento Andino.

El costo de acercarse al Ejecutivo

El analista político Enrique Castillo agregó que la imagen del empresario que construyó una red universitaria y alcanzó influencia desde el norte del país ofrecía una narrativa de éxito personal. No obstante, su desempeño político desgastó esa imagen.

Además, Castillo consideró que el acercamiento del partido a distintos gobiernos contribuyó a erosionar su credibilidad. Aunque la cercanía con el Ejecutivo pudo ofrecer oportunidades de negociación e influencia, lo expuso al desgaste de administraciones cuestionadas.

“Durante todos estos años se dedicó a un clientelismo político que le permitió poner gente en todos los sectores. Lo que la gente percibió es un partido que se acomodó al poder, con el fin de dominar algunos sectores como el de salud”, dijo.

A ello se sumó el cuestionamiento a las gestiones subnacionales de APP, particularmente en materia de seguridad ciudadana y capacidad de respuesta de las autoridades en La Libertad.

La politóloga Katherine Zegarra coincidió en que, particularmente, su cercanía a la gestión de Dina Boluarte contribuyó a deteriorar la imagen de Acuña y APP. “Le costó bastante caro su acercamiento al gobierno de Dina Boluarte. El partido fue perdiendo el interés de la ciudadanía”, dijo a El Comercio.

No obstante, reconoció que Acuña logró ser congresista, gobernador regional de La Libertad y alcalde de Trujillo. El fundador de APP también postuló a la Presidencia en 2021 y 2026 y a la primera vicepresidencia en el 2006.

POSTULACIONES DE CÉSAR ACUÑA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR:

PROCESO ELECTORAL	CARGO AL QUE POSTULÓ	CIRCUNSCRIPCIÓN	ELEGIDO
Elecciones generales 2026	Presidente de la República	Nación	No
Elecciones regionales y municipales 2022	Gobernador regional	La Libertad	Sí
Elecciones generales 2021	Presidente de la República	Nación	No
Elecciones regionales y municipales 2014	Presidente regional	La Libertad	Sí
Elecciones regionales y municipales 2010	Alcalde provincial	La Libertad - Trujillo	Sí
Elecciones regionales y municipales 2006	Alcalde provincial	La Libertad - Trujillo	Sí
Elecciones generales 2006	Primer vicepresidente de la República	Nación	No
Elecciones generales 2006	Congresista	La Libertad	No
Elecciones generales 2001	Congresista	La Libertad	Sí
Elecciones generales 200	Congresista	Nación	Sí
Elecciones generales 1990	Diputado	La Libertad	No

“Logró armar un partido político exitoso, con representación por varios años. Eso demuestra una capacidad política y organizativa. [...] Su retiro es parte del proceso natural de un político que tuvo éxito, pero que ha perdido su capacidad de arrastre y apoyo popular”, dijo.

Las figuras de Richard Acuña y Luis Valdez aparecen en este contexto como parte de las opciones para una eventual renovación del liderazgo.

]]>DIFUSIONhttps://elcomercio.pe/politica/gobierno/el-proyecto-de-ley-mape-del-gobierno-desde-la-fiscalizacion-a-las-plantas-al-ingreso-de-mineros-informales-al-sistema-bancario-noticia/https://elcomercio.pe/politica/gobierno/el-proyecto-de-ley-mape-del-gobierno-desde-la-fiscalizacion-a-las-plantas-al-ingreso-de-mineros-informales-al-sistema-bancario-noticia/Fri, 16 Oct 2026 19:56:00 +0000

Juan Sheput: “El Congreso ha apostado por la coyuntura y no por las reformas de fondo” | Entrevista

Ley MAPE: Minem prevé presentar propuesta este jueves, ¿qué plantea y qué advierten los expertos sobre el Reinfo?

A dos meses y medio para que concluya el Reinfo, el gobierno de Keiko Fujimori está por presentar ante el Congreso bicameral su propuesta para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). En el texto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) plantea que las plantas de beneficio sean objeto de fiscalización directa y que el plazo de formalización se extienda por 18 meses, entre otros.

En la sétima disposición complementaria del proyecto, al que tuvo acceso El Comercio, el MINEM propone que, por un plazo de cinco años, tras la promulgación de la nueva Ley MAPE, “las funciones de supervisión, fiscalización y sanción” a las plantas de tratamiento comprendidas en el régimen ordinario y en el régimen de consolidación (donde recalarán los mineros informales con Reinfo) sean ejercidas por la OEFA, Osinergmin y Sunafil.

Las plantas que serán objeto de esta regulación serán las que procesen más de 25 toneladas métricas de mineral por día.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisará que las plantas de beneficio cumplan las normas ambientales, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), “la seguridad de la infraestructura, instalaciones y gestión de las operaciones mineras”, y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la materia sociolaboral, detalla el proyecto.

“Este es un tema nuevo y, por ello, lo estamos regulando dentro de este proyecto. La OEFA no fiscaliza a la actividad de la pequeña minería ni a la minería artesanal. Tampoco el Osinergmin ni la Sunafil. Lo que estamos haciendo es que las labores de supervisión a la actividad minera en pequeña escala sean asumidas por estas tres entidades”, refirió la viceministra de Minas, Mayra Figueroa.

Al respecto, Iván Arenas, experto en minería e hidrocarburos, dijo que este punto del proyecto de Ley MAPE del gobierno “es un avance” respecto a la actual legislación.

Arenas explicó que las plantas de beneficio, a partir de las 350 toneladas de producción, eran vigiladas por los gobiernos regionales.

“Eso era una coladera, en esas plantas no ingresaban 350 toneladas de mineral, sino más. Ahora se va a cambiar, y va a ser 25 toneladas. Y para la que fiscalización sea rápida se debe aplicar la ventanilla única, como el mismo proyecto lo dice [...] Y sí, claro que es un avance”, manifestó en comunicación con El Comercio.

A su turno, el abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, recordó que desde el 2012, a través del Decreto Legislativo N.º 1100, la OEFA, el Osinergmin y la Sunafil pueden fiscalizar unidades mineras. Añadió que el proyecto del MINEM pone en detalle o es más específico sobre las plantas de beneficio, que son espacios donde usualmente ingresa oro de origen ilegal y termina saliendo como oro legal.

Ipenza remarcó que, si esta propuesta es aprobada, no se debe esperar a una transferencia de funciones, sino que la OEFA “debe asumir competencia inmediata”.

En diálogo con este Diario, el letrado sugirió que a la propuesta se debe incluir el uso de la tecnología, a fin de que a través de satélites nacionales o privados se pueda monitorear cuántos camiones con mineral ingresan a las plantas de beneficio. Y, además, se tiene que precisar que, si una empresa tiene 10 plantas, se debe sumar el mineral que ingrese a todas.

“Esta fiscalización tiene que comenzar por aquellas empresas que son las mayores exportadoras de oro”, subrayó.

¿Y los riesgos del proyecto?

Arenas e Ipenza advirtieron que en el proyecto de Ley del MAPE del Ejecutivo se incluyen propuestas que representan riesgos, entre ellas la autorización al Banco de la Nación para que abran “cuentas corrientes y de ahorro” a las personas naturales o jurídicas del régimen ordinario (ya formalizados) y de consolidación (en proceso de formalización). Es decir, deja abierta la puerta para que los mineros informales accedan al sistema bancario.

“Si el nuevo sistema de trazabilidad no funciona, sí, existe un riesgo, por ahí podría colarse [dinero de origen ilegal]”, sostuvo Arenas.

Ipenza dijo que es un error que el gobierno pretenda permitir la inclusión al sistema bancario de mineros informales, sobre todo cuando los mecanismos de trazabilidad aún no están instalados.

“Esto podría terminar en lavado de dinero. Al ser [la minería artesanal e informal] un sector de alto riesgo, la banca comercial no permite [los mineros informales] abran cuentas. Y si el Banco de la Nación ha tenido deficiencias y brechas en seguridad tecnológica, cómo se busca instaurar una medida que podría llevar a lavar oro ilegal. Una vez que el dinero ingrese al Banco de la Nación, [los mineros informales] pueden pasarlo a otros bancos”, expresó.

La viceministra de Minas detalló que el mismo proyecto de Ley MAPE establece que el Banco de la Nación “está facultado” para levantar la información que fuera necesaria para determinar quién está depositando y podrá acceder al sistema de trazabilidad que el sector debe implementar.

“Mira, el riesgo lo tienen hoy todos los bancos, no solamente el Banco de la Nación [...] Lo que nosotros queremos es transparentar el movimiento [de dinero] de los mineros. Poder mapear y ver si, efectivamente, [los recursos] vienen de una actividad lícita o no. Riesgos siempre vamos a tener, lo importante es que podamos identificar cómo podemos mitigarlos. Y en todo caso sancionarlos”, declaró a este Diario.

La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal. Uno ordinario, de carácter permanente para los formalizados, y un segundo denominado de “consolidación”. Este último será de carácter “excepcional”, se aplicará exclusivamente a quienes cuenten con inscripción en el Reinfo, tanto vigente como suspendida.

Figueroa adelantó que el régimen de consolidación ahora otorgará a los mineros informales 18 meses para concluir el trámite de formalización y ya no dos años, como inicialmente el MINEM propuso.

La viceministra rechazó, en ese sentido, que la iniciativa del MINEM constituya un Reinfo encubierto y bajo otra denominación. “De nuestra parte estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no estamos abriendo la puerta a una nueva ampliación. El proyecto de ley no lo establece”, acotó.

No obstante, Ipenza señaló que el Ejecutivo solo le está cambiando el nombre al Reinfo “y les está dando a los mineros lo que quería: un año y medio más para que sigan operando en la impunidad”. “El tema de las plantas de beneficio es una acotación. La creación del FORMAPE (Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) es perpetuar la ilegalidad”, alertó.

Arenas, por su parte, cuestionó que la fórmula del gobierno no incluya la derogación de la exención de responsabilidad penal. Agregó que cualquier minero que pase al régimen de “consolidación” puede contaminar y la fiscalía ambiental no lo podrá procesar.

“Este punto se puede mejorar en el Congreso, es un riesgo. El propio Tribunal Constitucional lo ha dicho”, finalizó.

El proyecto de la nueva Ley MAPE deberá ser analizado y debatido en la Comisión de Energía y Minas de la cámara de diputados, que es presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

Más información

En las disposiciones complementarias del proyecto de Ley MAPE, el Ejecutivo también establece que podrá regular, por medio de un decreto supremo y a iniciativa del Ministerio del Interior, la adquisición, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de explosivos y materiales relacionados a la pequeña minería y minería artesanal.

Además, autoriza al INEI a concluir el censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal en los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

]]>https://elcomercio.pe/politica/actualidad/renovacion-popular-se-declara-en-reorganizacion-partidaria-tras-elecciones-regionales-y-municipales-2026-ultimas-noticia/https://elcomercio.pe/politica/actualidad/renovacion-popular-se-declara-en-reorganizacion-partidaria-tras-elecciones-regionales-y-municipales-2026-ultimas-noticia/Fri, 16 Oct 2026 17:48:42 +0000

Proyecto de Ley MAPE del gobierno propone que plantas de beneficio sean fiscalizadas ¿que otras medidas incluye?

La dispersión del voto creció en las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana: ¿Cuántos distritos y qué zonas apoyaron a los alcaldes ganadores?

El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular declaró en reorganización su estructura partidaria interna a nivel nacional tras las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La organización política anunció esta decisión mediante un comunicado oficial difundido por sus redes sociales.

“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular (...) habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicaron en su comunicado difundido este viernes pero con fecha de redacción jueves 15 de octubre.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/gGX9AzNn0V

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) October 16, 2026

La dirigencia nacional anuló la validez de todas las credenciales partidarias otorgadas a sus militantes en los ámbitos regional, provincial y distrital. Esta disposición institucional retiró las facultades de representación desde la fecha de emisión del comunicado, que data del 15 de octubre.

El pronunciamiento partidario llevó la firma del Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 28 de octubre como plazo máximo para culminar el trámite de actas observadas en las sedes electorales. El titular del máximo tribunal electoral proyectó la proclamación oficial de las nuevas autoridades para la primera quincena de noviembre.

Los diez Jurados Electorales Especiales de Lima tramitan más de mil actas observadas de la elección para la Municipalidad de Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró inicialmente 1,866 actas derivadas a estos órganos de justicia sobre un universo de 26,351 mesas instaladas el 4 de octubre.

Los jueces electorales resolvieron hasta este 13 de octubre 828 expedientes, cifra que representa el 44% de las actas cuestionadas en la capital. Por su parte, los entes electorales dispusieron el recuento presencial de votos para 116 actas en audiencias públicas antes del cómputo oficial definitivo.

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Piden al JEE y a ONPE celeridad para definir resultados de la elección por la Alcaldía de Lima

Tenso altercado en plena sesión del Senado: Así se desarrolló el incidente entre Iber Maraví y el ministro Astudillo

Una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado se vio frustrada este jueves luego de que representantes de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Buen Gobierno y Obras abandonaran la sala Miguel Grau cuando estaba previsto debatir y votar el predictamen que delega facultades al Ejecutivo en dos materias: el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Desde Fuerza Popular y Renovación Popular -que si participaron en la sesión- criticaron la actitud de los senadores de izquierda y de sus aliados. Incluso, Patricia Juárez, de la bancada naranja, afirmó que pretenden “sabotear el funcionamiento de la comisión” y quieren “boicotear” la votación de las facultades.

En tanto, legisladores de oposición cuestionaron la conducción de la sesión a cargo del presidente de la Comisión, Carlos Mesía, en especial frente a un pedido que presentaron.

La sesión tuvo dos momentos marcados: desde las 11 de la mañana cuando los mencionados legisladores abandonaron la mesa de trabajo y a las 5 de la tarde cuando se realizó una nueva convocatoria, pero no volvieron, solo quedaron sus sillas vacías en el Sala Miguel Grau.

Por la tarde, antes de levantar la sesión “hasta nuevo aviso”, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, dejó sentada su postura en una oración: “Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”.

En referencia a lo ocurrido durante la sesión de la mañana, Mesía afirmó que un problema técnico y una “desinteligencia en la votación virtual les dio pie a estos grupos para establecer un caos”.

¿Qué sucedió?

El retiro de los senadores se produjo antes de la 1 de la tarde en medio de la controversia por la inclusión del voto de Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) en una cuestión de orden que buscaba establecer los límites de actuación de la Cámara Alta respecto de los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

El recurso fue planteado por Patricia Iturregui, del Buen Gobierno. Apenas iniciada la sesión, la senadora levantó la mano y sustentó oralmente su pedido, bajo el argumento de que era necesaria una interpretación adecuada de los artículos 25a, 108, 145 y 149 del Reglamento del Senado.

En un primer momento, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, señaló que la cuestión de orden no procedía porque el único punto de la agenda era el debate del predictamen. No obstante, posteriormente cambió de posición.

Al momento de la votación, Carlos Mesía, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, votaron en contra de la solicitud. En el mismo sentido se pronunciaron Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular.

Por su parte, Roger Astucuri, de Obras; Patricia Iturregui, del Buen Gobierno; Ruth Luque, de Ahora Nación; e Iber Maraví, Humberto Morales y Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, votaron a favor.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución contabilizó cinco votos a favor y seis en contra del pedido. Sin embargo, no registró el voto de Alejandro Aguinaga, quien habría alegado complicaciones para participar de manera virtual.

En ese contexto, Mesía señaló que la cuestión de orden había sido rechazada.

“Ha sido rechazada la cuestión de orden”, afirmó Mesía, mientras la oposición replicaba entre risas que no era así.

El resultado debía determinarse considerando el voto de Aguinaga. Su inclusión pudo haber generado un empate, lo que permitía al presidente de la comisión dirimir con su voto dirimente y rechazar la solicitud.

Voto no considerado

En medio de la discusión, la Secretaría Técnica de la comisión, con la venia de Mesía, intentó validar el voto de Aguinaga, al afirmar que en efecto habían problemas en la conexión virtual.

“El senador Aguinaga vota en contra”, indicó la secretaria técnica del grupo de trabajo, pero fue interrumpida rápidamente por el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, quien cuestionó el procedimiento empleado y dio inicio a la controversia.

“Presidente, eso [la votación] no puede determinarla una secretaria técnica, presidente. Usted ha cerrado la votación y se tiene que respetar la votación”, criticó.

En respuesta, Mesía afirmó: “No se ha cerrado la votación, señores senadores”. Luego, volvieron a objetar que ya había cerrado la votación.

A su turno, Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, sostuvo que Aguinaga sí había estado conectado virtualmente y aseguró que su voto coincidía con la posición de su bancada, contraria al pedido del Buen Gobierno.

Ante esta situación, Juárez planteó un recurso de reconsideración para que la solicitud fuera sometida nuevamente a votación.

Mesía, sin embargo, invocó el artículo 91 del Reglamento del Senado, que establece que cualquier senador puede solicitar la rectificación de una votación cuando esta se haya realizado a mano alzada y existan dudas sobre su resultado.

Tras esa explicación, Juárez retiró su pedido de reconsideración. Poco después, la sesión fue suspendida.

Durante la interrupción apareció Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de Gabinete de Asesores de esa agrupación en la Cámara Alta.

La discusión se prolongó hasta el mediodía. Luego de varios intercambios, se acordó entre las agrupaciones de derecha e izquierda que la comisión debatiera únicamente los límites de actuación del Senado respecto de la Cámara de Diputados, mas no que se votara por el fondo.

Reanudada la sesión, Humberto Morales cuestionó que se hubiera acordado debatir el tema sin someter a votación una propuesta para delimitar las atribuciones del Senado.

Estas discrepancias provocaron que Mesía suspenda nuevamente la sesión.

Previamente, una fuente de Fuerza Popular indicó a El Comercio que se había acordado que los senadores integrantes de la Comisión de Constitución debían asistir de forma presencial a la reunión.

Abandono de la sesión

Tras más de 20 minutos, la sesión se reanudó. Antes de continuar, Mesía bebió un sorbo de agua y volvió a invocar el artículo 91 del Reglamento del Senado para proceder con la rectificación de la votación.

La decisión motivó el retiro de los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Buen Gobierno de la sala Miguel Grau. No obstante, varios de ellos regresaron minutos después, cuando se convocó a votar la rectificación.

La propuesta fue finalmente rechazada, con el respaldo de siete senadores.

Quienes terminaron retirándose fueron Iber Maraví, Humberto Morales y Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú; Ruth Luque, de Ahora Nación; y Patricia Iturregui, del Buen Gobierno. También se retiraron las suplentes Nora Bonifaz y Susana Matute, de esta última agrupación.

En ese interín Patricia Iturregui indicó que Fuerza Popular estuvo quebrantando los reglamentos del Congreso y la propia Constitución y que la comisión “no le dejó debatir ni argumentar lo que pidió” sobre los límites del Senado. Además, dijo que hubo “un mal manejo de la comisión”.

Consultada por el caso, Martha Moyano (Fuerza Popular) respondió: “Si la señora Iturregui dice que hay autoritarismo, ser autoritario no es tan malo. Si dice que somos autoritarios, podemos decir nosotros que están poniendo trabas”.

Cuestionamientos

Sobre el tema, la senadora Patricia Juárez afirmó que en Constitución hubo “modales democráticos” y advirtió que hoy “se ha pretendido y se pretende sabotear el funcionamiento de la comisión”.

“Lo que quieren es boicotear la votación de las facultades. En el ánimo de estar en esta lucha, no le interesa lo que pasa en las cárceles ni la presencia de las Fuerzas Armadas y ninguna de las 66 facultades. Este es un boicot inaceptable”, cuestionó.

Indicó que antes de retomarse la sesión de las 5:00 de la tarde, Fuerza Popular y Renovación Popular estuvieron esperando a las demás bancadas de oposición en la sala Basadre pero ninguno de los integrantes opositores acudió a esa cita.

Más tarde, hizo un llamado a Jorge Nieto para que responda por la “oposición sistemática” de su bancada.

En la sesión de la tarde, la senadora Lourdes Alcorta afirmó que consideró que era “inaceptable” la ausencia de las bancadas opositoras que debían estar presentes en la comisión para que deliberen o a favor o en contra, con el propósito de continuar con el trámite de las facultades.

“Es inaceptable, inaudito, que no estén acá, que vengan acá y que den la cara, que voten a favor o en contra pero que den la cara, porque no pueden ausentarse. Es una cobardía”, enfatizó.

Luego agregó: “Parece una narrativa barata para justificar lo que no pueden justificar. Mucho verbo, mucha raza, mucha vaina para conseguir los votos, pero cuando están acá y en sus regiones, ¿qué es lo que hacen? Negarnos todo. ¿Quién va a sufrir? El pueblo peruano”.

Pedido formulado

Durante la sesión de la tarde, los asesores del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras se acercaron a la Secretaría Técnica del grupo de trabajo para dejar un documento en el que los legisladores de dichas bancadas solicitaban que se someta a votación lo aprobado por la Cámara de Diputados.

No hicieron en ninguna parte referencia al predictamen planteado por la Presidencia de la Comisión de Constitución, solo en aquel dictamen enviado al Senado en el que se aprueba las materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño conjuntamente con 20 facultades.

El predictamen planteaba 27 facultades entre los que se resaltó devolverle la capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia y la reforma al Sistema de Inteligencia Nacional; y calificar de “grupos hostiles” a las organizaciones criminales para combatir la delincuencia.

Este es el polémico documento de la coalición de izquierda que la Comisión de Constitución no recibió. En él las bancadas Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras piden someter al debate la proposición legislativa aprobada por la Cámara de Diputados. @Politica_ECpe

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

Por la noche, la coalición de izquierda Flavio Figallo (Buen Gobierno) justificó la ausencia del sector de izquierda al indicar que quisieron que se debata el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

“Quieren aprobar un conjunto de cosas de manera rápida sin que se converse con la prensa, sin los medios ni con otros partidos políticos, ni con sindicatos. Se quiere que se apruebe rapidito ya. Así no se construye democracia. [...] Nosotros queremos generar democracia y por eso hemos tomado esta decisión, la decisión de dejar sin quorum a la Comisión de Constitución para presionar el debate, el debate de fondo, el debate que se ha discutido y cuyos resultados están presentes en el dictamen de la Cámara de Diputados”, dijo en conferencia de prensa.

A su turno, Alfonso López Chau (Ahora Nación) hizo referencia al comunicado enviado por la noche en su bancada en que se solicitó debatir el dictamen enviado por Diputados.

“Hemos propuesto y hemos dicho tomen estas 20 [facultades] y lo que tu crees que falta [plantea] proyectos de ley de urgencia en 15 días y lo pueden exonerar para que se haga en una semana, y eso no se ha intentado”, refirió.

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Ley MAPE: Minem prevé presentar propuesta este jueves, ¿qué plantea y qué advierten los expertos sobre el Reinfo?

Más de mil actas observadas siguen en trámite y extienden definición por la Alcaldía de Lima

A las 11 a.m. en la Sala Miguel Grau, la Comisión de Constitución del Senado tiene previsto sesionar este jueves 14 de octubre para debatir y votar el predictamen sobre el pedido de facultades que planteó el Ejecutivo al Congreso a fines de agosto pasado. Ahora, la fórmula legal puesta sobre la mesa por el grupo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) incorpora ocho puntos adicionales al texto que fue remitido por la Cámara de Diputados, lo que avizora una jornada con pronóstico reservado.

Se propone otorgar facultades para legislar en siete puntos adicionales y un octavo está referido a la supervisión del Senado.

El gobierno planteó el 28 de agosto un pedido para obtener facultades para legislar en 66 puntos sobre distintas materias por 120 días calendario. Sin embargo, tras un accidentado paso por la Cámara Baja, esta solo dio luz verde a 20 de las planteadas originalmente el pasado 6 de octubre, reduciéndose a 90 días el plazo y a solo dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Ahora la pelota está en la cancha del Senado.

En el predictamen, al que accedió El Comercio, se invoca la Constitución y el Reglamento del Senado respecto a la atribución que tiene la Cámara Alta para revisar la propuesta remitida por la Cámara de Diputados y que está facultada “para aprobarla en sus términos, modificarla o rechazarla”.

“Se ha identificado claramente que el Senado tiene la competencia para modificar las propuestas legislativas que remita la Cámara de Diputados, así como de aprobarlas o rechazarlas. De tal modo, el Senado está investido con plenas competencias constitucionales para modificar lo que Diputados envíe y presente como parte del procedimiento legislativo”, se sostiene.

Es decir, se incide en que la “potestad” del Senado en la revisión “va desde la aprobación de la propuesta legislativa sin incorporar ningún cambio hasta el otro extremo de rechazar la propuesta legislativa remitida”. Siendo que, según se indica, se debería siempre preferir “salvar” la propuesta “antes que su extinción”.

No obstante ello, también se señala que el marco de actuación que tiene el Senado para modificar las propuestas legislativas enviadas por Diputados es la propia iniciativa planteada; en este caso, por el Ejecutivo.

“En tal sentido, en el presente dictamen, se ha cuidado que las materias que se incorporen guarden relación tanto con la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo por el cual solicita facultades delegadas al Congreso de la República como por la proposición legislativa aprobada por la Cámara de Diputados”, se detalla.

En ese contexto, frente a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, se plantea un texto sustitutorio que mantiene el plazo de 90 días calendario y circunscribe las facultades a materias de seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño. Sin embargo, la fórmula que se debatirá en el Senado incorpora ocho puntos adicionales.

1.- Los “grupos hostiles”

Uno de los puntos más relevantes abre la puerta a modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para, según se refiere, “precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil”. Ello, en función de su nivel de organización, el uso de armas de fuego o explosivos y los ataques contra la población.

La propuesta también contempla dar cuenta de esta calificación al Congreso y establecer su revisión periódica.

2.- Mecanismos “antiterroristas”

También se incorpora una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado para poder “calificar e inscribir en un registro” a las organizaciones criminales que empleen de forma “sistemática métodos de violencia propios del terrorismo” para alcanzar sus fines, como los atentados con explosivos o armas de guerra contra personas, viviendas y medios de transporte, entre otros. Asimismo, se contempla que estas acciones provoquen zozobra en la población.

“Así como extender a dichas organizaciones, en lo pertinente, las técnicas especiales de investigación, las medidas sobre bienes y activos, el régimen de ejecución penal y los mecanismos de cooperación internacional previstos para el delito de terrorismo, con control judicial, revisión periódica y derecho de defensa, con la finalidad de reforzar la respuesta del Estado frente a dichas organizaciones, sin modificar la tipificación del delito de terrorismo”, se explica en el texto.

3.-Fortalecimiento de la DINI

Otro de los puntos que se dejó de lado en Diputados y que ahora se incorpora al texto en debate tiene que ver con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La propuesta plantea modificar la normativa “con la finalidad de fortalecer” tanto esta entidad especializada como todo el Sistema de Inteligencia Nacional, conformado por el conjunto de organismos de inteligencia del Estado.

Tanto el fortalecimiento de la DINI como la calificación de bandas criminales como grupos hostiles fueron dos de los temas claves que defendió el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, durante su exposición ante el Senado el viernes pasado.

El primer ministro explicó que el fortalecimiento de la inteligencia permitiría reducir los riesgos para los policías y militares que actúen directamente contra las bandas criminales, con el objetivo de abatir o detener a sus integrantes.

“No correríamos el riesgo de que caigan nuestros policías y militares. La inteligencia nos permite tener cero problemas externos”, sostuvo.

Galarreta también defendió la denominación de grupos hostiles para las bandas criminales, al considerar que esta permitiría a las Fuerzas Armadas actuar frente a ellas “porque estamos en guerra”.

4.- Seguridad externa de los penales

Entre las incorporaciones también figura la posibilidad de “regular la participación excepcional y temporal” de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Esta medida está incluida en el eje de la reforma del sistema penitenciario.

5.- Libertad vigilada

Asimismo, se plantea regular, para los casos de delitos de alta peligrosidad, entre otros, “la libertad vigilada postpenitenciaria”, así como crear un registro “a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva”.

6.- Legítima defensa

Además, se plantea modificar la normativa para fortalecer la figura de la legítima defensa, a fin de establecer que quien la emplea “goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión”. La disposición contempla dos precisiones.

Por un lado, esta presunción admite prueba en contrario. Por otro, toda resolución judicial que descarte la legítima defensa deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

7.-Fenómeno El Niño

En cuanto a las medidas vinculadas al fenómeno El Niño, se incorpora la posibilidad de aprobar disposiciones de “simplificación administrativa” para la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios.

La propuesta precisa que estas medidas se aplicarán “sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural” que correspondan.

8.- Supervisión del Senado

La octava incorporación figura en las disposiciones complementarias finales del texto que se debatirá en el Senado. Se establece que “es deber” del titular de cada sector informar a la Cámara Alta, específicamente a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, sobre “los avances del estado de implementación de las medidas legislativas”.

El informe deberá presentarse por escrito dentro de los 60 días calendario posteriores a la publicación de los decretos legislativos correspondientes, bajo responsabilidad. Asimismo, se establece un cuadro con las materias específicas que deberá informar cada uno de los siete sectores involucrados, empezando por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ahora bien, aunque se incorporan estos ocho puntos, también se elimina una de las medidas incluidas en la propuesta aprobada por Diputados. Se trata de la creación de una carrera de servidor público para los Centros de Rehabilitación Juvenil.

El texto será sometido a discusión en la Comisión de Constitución del Senado entre los representantes de las seis bancadas. Fuerza Popular cuenta con cuatro integrantes y Juntos por el Perú, con tres. En ese escenario, las posturas de Renovación Popular, que tiene dos representantes, y de Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, con uno cada uno, serán clave para definir el respaldo al predictamen.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

N°	Nombre	Bancada	Cargo

Según explicó a El Comercio Martín Cabrera, consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, el debate en esta instancia será clave para definir el futuro del pedido de facultades del Ejecutivo. Esto debido a que la comisión “marcará la pauta” sobre el texto que llegará al pleno del Senado, donde se definirá su aprobación.

“Lo que aprueba el Senado en el Perú, a diferencia de otros senados como el argentino o el colombiano, muere en el Senado. Si no se aprueba ahí, no es que baje a la Cámara de Diputados para una insistencia. Todo muere en el Senado, por tanto, la discusión acaba sí o sí entre los senadores”, explicó.

Por ese mismo motivo, agregó, las bancadas tendrán que alcanzar consensos en esta instancia para reunir los votos que se requerirán posteriormente en el pleno. “Con la discusión de este jueves se va a escribir el capítulo final del período de facultades. Porque todo acaba en senadores y todo va a acabar en el pleno del Senado”, afirmó.

Frente a este escenario, se abren dos posibilidades. Si la comisión no reúne los votos necesarios para aprobar el predictamen, el debate podría entramparse y dar lugar a nuevas negociaciones o incluso a la presentación de un dictamen en minoría. Si, por el contrario, logra aprobar una fórmula viable, el texto pasará al pleno del Senado para su votación.

El Comercio intentó contactarse con los representantes de las bancadas en la comisión; sin embargo, no hubo respuesta.

]]>https://elcomercio.pe/politica/comision-de-constitucion-como-avanza-el-pedido-de-facultades-en-el-senado-apuesplan-noticia/https://elcomercio.pe/politica/comision-de-constitucion-como-avanza-el-pedido-de-facultades-en-el-senado-apuesplan-noticia/Wed, 14 Oct 2026 19:01:00 +0000

Juntos por el Perú impulsa propuestas que figuran en acuerdo firmado con el Fenatep, grupo vinculado al Movadef

Graciela Chipana trató de evitar juicio por discriminación a menor: ¿Por qué el Poder Judicial rechazó recurso de diputada de JP?

Las facultades especiales que solicitó el Ejecutivo para legislar en ocho materias y que el pleno de la Cámara de Diputados redujo únicamente a seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño están cerca de entrar en su recta final.

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), estimó que su grupo de trabajo aprobará este jueves el dictamen, tras analizar el texto recibido de la Cámara de Diputados, que contempla apenas 20 de las 66 facultades planteadas originalmente. Sostuvo que la comisión se mantiene en sesión permanente.

Una vez revisada por esa instancia, la propuesta —modificada o no— será elevada al pleno del Senado para que sus 60 integrantes debatan y voten sobre el fondo del asunto. Mesía proyectó que el dictamen será debatido en esta instancia el lunes 19 de octubre.

“El lunes se debate lo que (...) el jueves aprobará la comisión, el dictamen de la comisión, con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”, dijo Mesía tras ser consultado por la prensa poco antes del inicio de la sesión.

Cuando se le preguntó qué puntos serían, respondió: “No se sabe porque los parlamentarios tienen que ver qué se coloca”.

Dejó claro que luego de la recepción del dictamen, el plazo para aprobarlo es de siete días hábiles.

En la sesión de este martes asistieron los presidentes de las comisiones dictaminadoras para exponer sus puntos de vista. Su participación es obligatoria en los procedimientos de iniciativa de reforma constitucional, modificación del Reglamento del Congreso y autógrafas observadas por el Ejecutivo.

Participaron Francisco Calisto, integrante de la Comisión de Constitución y presidente de la Comisión de Defensa; Susana Matute, titular de la Comisión de Asuntos de Salud y Cultura Mujer; Alfonso López Chau, presidente de la Comisión de Economía; y Daniel Barragán, titular de la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas.

Reforma tributaria

Previamente, representantes de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y de gremios empresariales vinculados acudieron a la sesión de trabajo. La invitación de la Comisión de Constitución tuvo como propósito conocer sus opiniones sobre las materias incluidas en el dictamen.

Entre los asistentes estuvieron Rebeca Antezana Díaz, de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza; Julio Surco Hachiri, de la Asociación Pyme Perú; y Javier Vargas Gumaray, de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú.

Plantearon ante la comisión medidas para reactivar la economía, como una ley de fomento y fortalecimiento de la gastronomía peruana. Asimismo, pidieron tomar en cuenta a las Mypes y realizar una reforma tributaria, pues la criminalidad también afecta sus actividades.

“Pagamos cupos permanentemente las Mypes”, indicaron.

Durante la sesión, Alfonso López Chau, de Ahora Nación, intervino para señalar que las materias excluidas pueden aprobarse si el Ejecutivo envía proyectos con carácter de urgencia. Sin embargo, Rebeca Antezana, representante de la Asociación Peruana de Emprendedores de la Belleza, le respondió que no se puede esperar. Ante ello, Mesía pidió a López Chau apagar su micrófono.

Desnaturalización

Otro invitado a la comisión fue el constitucionalista Víctor García Toma. En su intervención, afirmó que, si el Ejecutivo hiciera un uso equivocado de las facultades que le otorgue el Parlamento en materia de seguridad ciudadana y el FEN, el Congreso, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial podrían “remediar una situación excesiva o irregular”.

Al explicar los alcances de la revisión en el Senado, sostuvo que esta cámara no puede modificar el sentido de la propuesta de Diputados que, mediante la delegación de facultades, busca combatir la criminalidad y atender el fenómeno El Niño. En otras palabras, señaló que solo podría modificar o ampliar las medidas vinculadas con esos dos ejes.

“Pero si por modificable se entiende que no puedo alterar el texto, no la materia, y los alcances de la propuesta, entonces definitivamente la Cámara de Senadores no es una cámara revisora, sería una cámara de ratificación, lo cual sería inadmisible”, dijo.

García Toma explicó que no se pueden incluir en la decisión que adopte el Senado “temas vinculados a los seguros, las bancas”, pues estos excederían los alcances de la propuesta. No obstante, indicó que sí pueden incorporarse medidas que ya figuran en el expediente.

Puntos de vista

Por su parte, Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular, pidió a la comisión otorgar facilidades tributarias y promover la reactivación económica de los pequeños emprendedores.

“Estamos enfrascados en una posición de interpretaciones erróneas y otras seguramente de mucho conocimiento”, agregó.

Ventura sostuvo que los constitucionalistas, las normas y la Constitución establecen que no se puede desnaturalizar lo remitido por la Cámara de Diputados. Sin embargo, consideró que “sí se puede hacer una revisión o perfeccionamiento lo que los emprendedores vienen solicitando”.

A su turno, Patricia Iturregui (Buen Gobierno) dijo que la discusión no gira en torno a si la Constitución está por encima del reglamento, sino a determinar los alcances de una atribución que la propia Carta Magna otorga al Senado.

Luego, recordó que presentó una propuesta consultiva elaborada por cinco especialistas en derecho constitucional, quienes concluyeron que el Senado no puede desnaturalizar la propuesta aprobada por Diputados.

“Si el Senado introdujera materias al margen que ha dictaminado la Cámara de Diputados estaríamos haciendo un Congreso unicameral donde los diputados es una comisión que informa y el Senado es el que decide y eso es imposible, no es el espíritu de la bicameralidad”, dijo.

Iturregui también destacó la entrevista realizada por El Comercio al constitucionalista Domingo García Belaunde, quien advirtió que existe “un error de fondo” y que se requiere una reforma constitucional para que el Parlamento bicameral tenga “facultades más clara para el Senado” e iniciativa legislativa.

El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, señaló que, inicialmente, su bancada tuvo una predisposición favorable a que la delegación de facultades se discutiera en el Parlamento y se fueran aprobando las medidas necesarias.

“Habíamos advertido de que si es que en Diputados se aprobaba una de las materias o las facultades, eso iba a dar pie a que en el Senado pueda dar justamente, lo que acaban de corroborar, que consideran que sí pueden modificar temas que fueron omitidos, con lo cual no estamos de acuerdo”, añadió.

La sesión fue suspendida al cabo de la 1:00 de la tarde. Al cierre de esta nota, no hubo una convocatoria para reanudar la sesión de trabajo.

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Tenso altercado en plena sesión del Senado: Así se desarrolló el incidente entre Iber Maraví y el ministro Astudillo

“Grupos hostiles”, el factor DINI y otras acciones: estos son los ocho puntos que incorpora el predictamen del Senado

Tras una accidentada sesión que derivó en la decisión de los senadores de izquierda de retirarse de la sala, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), sustentó este jueves por la tarde el predictamen sobre el pedido del Gobierno de facultades especiales para legislar. Y luego suspendió la sesión por unas horas.

El grupo de trabajo -que había programado debatir y aprobar el texto- reanudó la sesión a la hora prevista (17:00 horas) con muchas sillas vacías: no acudieron los senadores de izquierda. Este hecho fue duramente criticado desde Fuerza Popular y Renovación Popular. “Quieren boicotear la votación de las facultades”, exclamó Patricia Juárez (FP).

Sin embargo, la sesión fue suspendida “hasta nuevo aviso”.

Mira aquí la sesión de la tarde

17:49 horas

Mesía culpó a los senadores de generar el caos y anunció que se suspende la sesión “hasta nuevo aviso”.

#EnVivo | La Comisión de Constitución del Senado, suspendió hasta nuevo aviso la sesión sobre las facultades legislativas. Carlos Mesía señaló que los plazos están próximos a vencer y que el país necesita medidas frente a la inseguridad y otros problemas. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21

— Canal N (@canalN_) October 15, 2026

17:40 horas

Victor Flores (FP) “Es una actitud de niños, poco seria. Los parlamentarios de izquierda están llevando de las narices a otros parlamentarios que teóricamente deberían ser de centro, pero que de centro no tienen nada”.

Héctor Ventura (FP) los acusó de “generar el caos”.

17:29 horas

Por unos minutos el presidente de la Comisión de Constitución suspendió la sesión, cuando asesores de las bancadas de izquierda ingresaron a la sala.

“Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”, exclamó Mesía.

En la sesión se produce otro incidente: asesores de las bancadas de coalición de izquierda intentaron entregar un documento a la Secretaría Técnica de Constitución, pero la presidencia de la comisión decidió no recibir ningún documento.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

17:20 horas

Lourdes Alcorta (Renovación Popular) cuestionó a la izquierda “por decir ‘no’ a todo”. “Es inaceptable que no estén presentes, (...) que den la cara, es una cobardía, que voten a favor o en contra, pero que voten. Que vengan, que no se escondan”

17:12 horas

Patricia Juárez: “Hoy se pretende sabotear el funcionamiento de la comisión”. “Quieren boicotear la votación de las facultades”. “No les interesa en lo absoluto lo que ocurre en las cárceles, no quieren que ninguna de las 66 facultades puedan prosperar”.

“Es un boicot inaceptable”, insiste Juárez y señala que se trató de conciliar. “Que los ciudadanos sepan que hay un grupo de ciudadanos a los que no les interesa el Perú y solo quieren salir con un capricho y que este Senado se atenga a lo que dice la Cámara de Diputados”, remarca.

Cuestiona directamente al partido Juntos por el Perú y a las bancadas que lo siguen.

17:10 horas

Conforme a lo previsto la sesión se reanudó a las 17:00 horas, con un llamado de Mesía a debatir el pedido por la urgencia de otorgar las facultades.

“Mientras los grupos que abandonaron la sesión se ponen de acuerdo continuaremos con el debate”, indicó el presidente de la Comisión de Constitución.

Mira aquí el debate de la mañana:

13:10 horas

Jacques Rodrich (Fuerza Popular) puntualizó que ha quedado en evidencia la actitud de la izquierda radical.

13:06 horas

“Obviamente no vamos a poder votar hoy”, exclamó Martha Moyano (Fuerza Popular), al señalar que no hubo mala voluntad, sino un procedimiento técnico “errado” al momento de poner a votación una cuestión de orden.

13:02 horas

Héctor Ventura (Fuerza Popular) señaló que “hay un acto dilatorio y de entorpecimiento”. “Ya desde la Comisión de Constitución (de Diputados) se vio actitud beligerante de romper procedimientos”, sentenció.

Pidió continuar con el debate, pese al retiro de la oposición de la sala.

12:59 horas

Lourdes Alcorta (Renovación Popular) también cuestionó la actitud de los senadores de izquierda. “Mi bancada no votará con la ausencia de la oposición”, exclamó. “Así no podemos seguir”, añadió.

12:54 horas

Tras la sustentación, se abre el debate. Patricia Juárez (Fuerza Popular) lamenta el “espíritu poco democrático de las bancadas que se retiraron”, en alusión a Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. En la sesión participan senadores de FP, Renovación Popular y Obras.

12:43 horas

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, sustenta el dictamen, mientras los senadores de izquierda se retiran de la sesión.

El texto incorpora 7 puntos, entre ellos agrega la denominación de “grupos hostiles” a organizaciones criminales y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

12:35 horas

Tras reanudarse la sesión, presidente dela Comisión de Constitución anuncia que se procederá a la rectificación de la votación sobre la cuestión de orden que buscaba debatir los límites de este grupo de trabajo. En estos momentos, los senadores de izquierda se levantan de sus asientos y se retiran de la Sala Grau. Segundos después, algunos retornan. Al final pedidod fue rechazado por 7 votos en contra, 0 a favor, 0 en abstenciones.

12:17 horas

Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, sostiene que en cinco minutos se reanudará la sesión.

12:15 horas

En declaraciones a la prensa, Ruth Luque dice que “no quieren aceptar que han perdido”, en referencia a la votación de la cuestión de orden del Buen Gobierno.

12:04 horas

Mesía, presidente de Constitución, suspende la sesión.

12:04 horas

Reanuda la sesión y tras encontrar puntos de acuerdo, darán espacio al debate sobre los alcances de las atribuciones del Senado sobre lo que llega de la Cámara de Diputados.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

11:46 horas

La primera votación era de seis a favor y cinco en contra, con lo que se había aprobado la cuestión previa de Buen Gobierno. Con el voto de Aguinaga (virtual) quedarían igualados, lo quedaría pie a Mesía para votar de forma dirimente.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

11:45 horas

Tras una controversia y las “dudas sobre el resultado”, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, anunció que iba a poner nuevamente a votación a cuestión previa, lo que generó un nuevo entrampamiento.

11:40 horas

Mesía, presidente de Constitución, invoca el artículo 91 del Reglamento del Senado que indica que cualquier senador puede solicitar que se rectifique la votación solo cuando esta se haya realizado levantando la mano y existan dudas de su resultados.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

11:30 horas

A su turno, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, respondió sobre la controversia que Alejandro Aguinaga (FP) estuvo conectado virtualmente y que “hay que entender que en uno de los casos no haya conexión. Yo garantizo los votos de FP porque todos hemos estado presentes”.

El dictamen aprobado, primero por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y luego por el pleno de dicha instancia, incluye 20 de los 66 puntos solicitados por el Gobierno de Keiko Fujimori solo sobre lucha contra la criminalidad y fenómeno de El Niño.

11:10 horas

Comienza la sesión de la Comisión de Constitución del Senado: cuando el presidente Carlos Mesía iba a sustentar el predictamen, la sendora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) presentó una cuestión de orden.

Al ser consultada por la cuestión de orden, Iturregui respondió que era para que Constitución debata y apruebe un acuerdo para la correcta interpretación de tres artículos del Reglamento del Congreso.

“Necesitamos dar una discusión de los límites del Senado para considerar lo que viene de Diputados”, dijo Iturregui.

En un primer momento, Mesía dio cuenta del voto a favor de la cuestión de orden, pero no se tomó en cuenta algunos participantes de forma virtual. Cuando Alejandro Aguinaga dejó sentado su voto en contra del pedido, se registró un nuevo punto de enfrentamiento.

Cuando la Secretaria Técnica de la comisión iba a dar cuenta del voto, el senador Humberto Morales dijo: “Presidente, eso [la votación] no puede determinar una secretaria técnica”.

Uno de los subtemas que no fueron incluidos en el reciente predictamen de la Cámara del Senado es la creación de la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil. Fue excluido de las modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Uno de los subtemas que no fueron incluidos en el reciente predictamen de la Cámara del Senado es la creación de la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil. Fue excluido de las modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes @Politica_ECpe

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 14, 2026

El propio presidente de la Comisión de Constitución del Senado ya había adelantado que la solicitud del Gobierno iba a ser debatida este jueves para que pueda ser elevada y analizada por el pleno de la Cámara Alta el lunes.

¿Quiénes son los miembros titulares de la comisión?

Mesía Ramírez, Carlos Fernando	FUERZA POPULAR
Astucuri Laura, Roger Miguel	PARTIDO CÍVICO OBRAS
Ampuero Meza, Katherine Milagros	RENOVACIÓN POPULAR
Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio	FUERZA POPULAR
Alcorta Suero, María Lourdes Pía	RENOVACIÓN POPULAR
Chávez Cossío, Martha Gladys	FUERZA POPULAR
Cutipa Ccama, Víctor Raúl	JUNTOS POR EL PERÚ
Juárez Gallegos, Carmen Patricia	FUERZA POPULAR
Maraví Olarte, Iber Antenor	JUNTOS POR EL PERÚ
Morales Ramírez, Edyson Humberto	JUNTOS POR EL PERÚ
Luque Ibarra, Ruth	AHORA NACIÓN
Iturregui Byrne, Patricia Milagros	PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

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Proyecto de Ley MAPE del gobierno propone que plantas de beneficio sean fiscalizadas ¿que otras medidas incluye?

La dispersión del voto creció en las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana: ¿Cuántos distritos y qué zonas apoyaron a los alcaldes ganadores?

El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, ratificó el respaldo de su bancada a la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Constitución. El parlamentario se mostró así a favor de que continúe el debate de los puntos aprobados por la Cámara de Diputados.

Figallo desestimó las acusaciones de obstruccionismo contra su grupo político tras las discrepancias surgidas en el debate parlamentario. “Nosotros no queremos obstruir ni evitar que se gobierne; somos un partido de centro que va a apoyar las cosas que tienen que ser apoyadas”, señaló a Exitosa este viernes.

“Nosotros no nos oponemos a que el gobierno gobierne, estamos dando facultades, estamos dispuestos a procesar los otros pedidos a través de proyectos de ley para que la población sepa de qué se tratan los temas y qué cambios van a ver y para que quienes tienen que tomar las decisiones pues tomen las decisiones con la previsión necesaria”, exhortó.

El senador afirmó que el Gobierno ya cuenta con herramientas suficientes en el texto de 20 materias consensuadas en la Cámara de Diputados. A su juicio, la aprobación inmediata de ese paquete normativo permitirá atender las demandas críticas de seguridad ciudadana. “No veo por qué el gobierno quiere detenerse aquí y no comenzar a actuar con estas 20 facultades”.

Respecto a las ocho materias que se buscan añadir en la Comisión de Constitución del Senado, dijo que su grupo parlamentario respalda que sean tramitadas mediante proyectos de ley ordinarios. El senador sostuvo que los temas complejos sobre el uso de la fuerza y el sistema penitenciario exigen deliberación pública en el pleno.

Flavio Figallo precisó que su bancada rechaza medidas que faculten la intervención directa del Ejército en la administración de las cárceles. El legislador advirtió que delegar decisiones punitivas sin control parlamentario generará desorden institucional.

“Presenten sus proyectos de ley y nosotros veremos el darles el mejor curso posible para poder discutirlos abiertamente. Creemos que hay cosas que se quieren aprobar que necesitan ser discutidas, que no deben pasar por el mecanismo de facultades rápidas”, insistió el senador.

Para Figallo, el Congreso bicameral requiere un trabajo coordinado entre ambas cámaras para evitar duplicidades y parálisis políticas. “El Congreso no puede tener dos cabezas, no puede tener una cabeza que dice vamos a aprobar esto y otra cabeza que dice no, esto no voy a aprobar, esto sí y esto además”.

La sesión de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre se vio frustrada cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Esto generó reclamos de los legisladores opositores, quienes abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión hasta nueva convocatoria.

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Proyecto de Ley MAPE del gobierno propone que plantas de beneficio sean fiscalizadas ¿que otras medidas incluye?

La dispersión del voto creció en las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana: ¿Cuántos distritos y qué zonas apoyaron a los alcaldes ganadores?

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), descartó este jueves que vaya a convocar a sesión sin consenso previo con la oposición sobre las facultades legislativas. Esto luego que todas las bancadas con excepción de Fuerza Popular y Renovación Popular abandonaran el debate este 15 de octubre.

El parlamentario rechazó la citación inmediata solicitada por los bloques que abandonaron el debate. “Yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos; yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir. Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”, señaló a RPP el 15 de octubre, horas después de la frustrada sesión.

La falta de voluntad de la oposición impide reunir el número legal para votar las facultades solicitadas por el Ejecutivo. “Para que haya votación se necesita quórum y ahorita nosotros solo somos seis, entonces ellos son seis más; mientras no hay quórum no se puede votar (...) ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar? Si se quiere no votemos pero debatamos”, resaltó el senador oficialista.

Carlos Mesía advirtió que la falta de entendimiento causará el archivamiento definitivo de la delegación de facultades al Gobierno. Sin embargo, reconoció que hubo un error que atribuyó a la secretaría de su comisión al contar votos sobre la cuestión que planteó Patricia Itúrregui del Partido del Buen Gobierno.

“Hago una autocrítica sobre este el manejo de la secretaría técnica que no llamó a a segunda votación de modo claro y se apresura en contar los votos (...) Hubo un problema técnico ahí (...) De ese pequeño error funcional se ha aprovechado la izquierda”, aseveró.

El desacuerdo de fondo reside en la cantidad de materias que el Senado delegará al Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana. Mientras la oposición exige debatir los 20 temas aprobados por los diputados, la presidencia del grupo incluyó 28 puntos en su propuesta.

Mesía plantea salidas reglamentarias para resolver la parálisis en la cámara alta. En esa línea, propuso votar por separado los 20 puntos iniciales y los ocho añadidos, o que la oposición presente un dictamen en minoría.

La crisis se generó al interior de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

Mesía declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Ante los reclamos, los legisladores opositores abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión de manera definitiva.

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Álvaro Vargas Llosa es nombrado embajador del Perú en EE.UU.: ¿Cuáles serán las prioridades de su agenda?

Diputados proponen crear, en promedio, una comisión investigadora por semana desde el inicio de sus funci

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, felicitó al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, por su reciente designación como embajador del Perú en Estados Unidos.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Machado calificó de “excelente” la decisión de la presidenta Keiko Fujimori y auguró que será un “gran representante” de nuestro país en Washington.

“Querido Álvaro, excelente decisión de la Presidenta Keiko Fujimori y felicitaciones por esta gran responsabilidad! Tus amigos sabemos el compromiso y la pasión que sientes por el destino de tu país y que serás un gran representante del Perú en los Estados Unidos”, expresó.

“Los venezolanos siempre recordaremos y agradeceremos al pueblo peruano por acoger a tantos de los nuestros con afecto y generosidad y a su Presidenta por mantenerse siempre firme con nuestra causa por la democracia y la Libertad”, agregó.

Querido Álvaro, excelente decisión de la Presidenta @KeikoFujimori y felicitaciones por esta gran responsabilidad! Tus amigos sabemos el compromiso y la pasión que sientes por el destino de tu país y que serás un gran representante del Perú en los Estados Unidos. Los venezolanos siempre recordaremos y agradeceremos al pueblo peruano por acoger a tantos de los nuestros con afecto y generosidad y a su Presidenta por mantenerse siempre firme con nuestra causa por la democracia y la Libertad.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 15, 2026

Como se recuerda, el Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el último miércoles 14 de octubre el nombramiento de Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. El dispositivo legal precisa que la fecha en que asumirá funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

Tras oficializarse su nombramiento, Vargas Llosa -quien dos días antes de su nombramiento sostuvo una reunión de casi una hora y media con la presidenta y el canciller Carlos Espá en Palacio de Gobierno- agradeció en “X” a Fujimori por la designación.

“Mi profundo agradecimiento a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por mi nombramiento oficial como embajador del Perú en EE.UU., cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor”, escribió.

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]]>YURI CORTEZhttps://elcomercio.pe/opinion/columnistas/amarrandola-chiva-por-diana-seminario-noticia/https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/amarrandola-chiva-por-diana-seminario-noticia/Fri, 16 Oct 2026 13:27:10 +0000El hablar piurano no solo es rico en entonaciones, sino en esa maravillosa habilidad de tener dichos y frases únicas, como el famoso “amarrar la chiva”, que no es otra cosa que ‘demorar algo intencionalmente’ o fingir que estás ocupado para no recibir ningún encargo.

Y todo apunta a que precisamente es la oposición en el Congreso la que está “amarrando la chiva” con el pedido de facultades para legislar solicitado por el Ejecutivo a fines de agosto.

Primero fue la Cámara de Diputados, que no solo tardó más de dos semanas para resolver el pedido, sino que solicitó la opinión de 12 comisiones ordinarias, además de convocar a una audiencia pública para analizar el pedido, para que finalmente la presidencia de la Comisión de Constitución, que actualmente dirige la diputada Gianina Avendaño, de Juntos por el Perú, propusiera enviar al archivo la solicitud. Si no fuera por las bancadas de Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación, las facultades hubieran quedado encarpetadas.

Fue recién el martes 6 de octubre que, tras una larga jornada del pleno de Diputados, se aprobaron 20 de los 66 puntos solicitados.

La Comisión de Constitución del Senado, que preside Carlos Mesía, de Fuerza Popular, sesionó el viernes 10 y el sábado 11, y fue precisamente este último día que fuimos testigos del altercado entre el senador Iber Maravi, de Juntos por el Perú, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Este enfrentamiento fue en sí mismo una metáfora, pues Maraví figura en atestados policiales de los ochenta como integrante de Sendero Luminoso, según consta en la declaración ante la policía del senderista Juan Alarcón Gutiérrez.

Alarcón señaló que conocía perfectamente a Íber Maraví Olarte, y mencionó con nombres y apellidos a los integrantes de su grupo y en qué actividades terroristas intervino. El exministro y ahora senador terminó enfrentado al general en retiro César Astudillo (comando Chavín de Huántar), y al senador y vicelmirante en retiro Francisco Calisto, que en su momento también combatió el terrorismo.

Superados los incidentes, la comisión del Senado volvió a sesionar y, cuando todo estaba listo para que se vote un dictamen que incluía siete puntos adicionales en materia de seguridad ciudadana, como la denominación de grupos hostiles a las bandas criminales, la senadora Patricia Iturregui, del Buen Gobierno, presentó una cuestión de orden para que se determinen los alcances del Senado en cuanto a la modificación de lo recibido por Diputados. Entonces se dieron seis votos a favor y cinco en contra. El senador Aguinaga, que votaba virtualmente por no encontrarse en la sala, dijo que su voto era en contra, pero saltó la protesta y la oposición se retiró de la sala.

Es lamentable que los senadores Katherine Ampuero, Martha Chávez y Alejandro Aguinaga no estuvieran presentes en una votación tan importante.

Parece que la bicameralidad le está jugando en contra al oficialismo en el Congreso, que tampoco ha exhibido un manejo prolijo en este tema. Así, mientras unos “amarran la chiva”, otros se tropiezan en sus propios errores.

El país observa impaciente.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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