El congresista Segundo Montalvo solicitó formalmente a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, evaluar la suspensión temporal o eventual remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, mientras se desarrollan las investigaciones por las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026.

El pedido fue presentado mediante el Oficio N.° 700-2025-2026-STMC/CR, fechado el 17 de abril, en el que el parlamentario invoca las atribuciones de la JNJ para adoptar medidas frente a los “graves hechos” ocurridos el pasado 12 de abril. Según el documento, la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral desde su etapa inicial hasta el conteo final de votos.

Montalvo argumenta que las incidencias reportadas en diversos distritos de Lima Metropolitana evidencian la necesidad de adoptar acciones preventivas mientras se esclarecen responsabilidades. En ese sentido, remarca que la permanencia del titular de la ONPE podría afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos al desarrollo de la jornada.

Asimismo, el legislador advirtió que la medida cobra mayor relevancia considerando la proximidad de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de este año. Por ello, subrayó que es urgente asegurar que futuros procesos se desarrollen sin contratiempos logísticos, especialmente en la distribución del material electoral.

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Inexplicablemente, Piero Corvetto sigue al frente de la ONPE. Su permanencia es insostenible. La ineptitud con la que ha dirigido el proceso daña la confianza en la democracia, está destruyendo la reputación de la institución a su cargo y ha provocado la mayor crisis de credibilidad en el sistema electoral desde los tiempos de José Portillo, más conocido como “Papelito manda”.

La incompetencia mostrada durante el desarrollo de la jornada electoral se convierte en destreza al momento de crear eufemismos para maquillar los fiascos. La privación del derecho al voto de más de 52.000 ciudadanos es para él “un error puntual”.

La ONPE mintió al afirmar que las cédulas encontradas junto a un tacho de basura fueron custodiadas por personal de la policía y el JNE. Tras ser refutada por Roberto Burneo, la institución envió un comunicado aclaratorio en el que la mentira se rebautizó como “información inexacta”.

El domingo aseguraron que los retrasos en la instalación de mesas eran responsabilidad de la empresa contratista Galaga. Ahora sabemos que no fue así. Que el material electoral llegó tarde por culpa de la propia ONPE. El sábado a las 11:43 p.m., a solo siete horas del inicio de la votación, aún había 35 camiones vacíos a la espera de una carga que no llegaba.

También prometieron resultados rápidos gracias a las supuestas mejoras tecnológicas. Ha transcurrido una semana de la elección y el país sigue sumido en la más absoluta incertidumbre.

Se puede sufrir percances. Tener tropiezos y demoras. Pero cuando los errores se acumulan y se recurre sistemáticamente a la falsedad para intentar explicarlos, el principal capital que tiene una institución, que es la confianza, se desvanece.

Las mentiras que se van acopiando son terreno fértil para alimentar otro tipo de sospechas. Y en la mente de muchos ciudadanos empieza a surgir una duda inevitable: “¿En qué más nos habrán mentido?”.

A solo cuatro días de las elecciones generales, El Comercio convocó a seis expertos en diferentes campos: el derecho constitucional, el derecho electoral y las ciencias políticas a participar en una mesa redonda, a fin de reflexionar sobre cómo hallar una ruta de salida a la crisis electoral, de partidos y de representación que adolece el país en los últimos años.

En el encuentro, que se realizó en la sede histórica de este Diario, participaron Natale Amprimo, constitucionalista y excongresista; Delia Muñoz, exministra de Justicia y Derechos Humanos; Javier Albán, profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico; y José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho constitucional.

También estuvieron José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Instituto Aklla Perú; y Gabriela Vega Franco, politóloga y directora de Recambio.

Al inicio del intercambio de propuestas, el director periodístico de El Comercio, Aurelio Arévalo Miró Quesada, agradeció a los asistentes y también recordó que la rotonda del Diario fue concebida como un espacio para “pensar, reflexionar y compartir ideas sobre los temas más importantes del país”. “Nosotros queremos recuperar ese espíritu de reflexión, en este momento, tan complejo, tan difícil para el Perú”, remarcó.

La proliferación de partidos

Durante la mesa redonda- moderada por la periodista Diana Seminario- se abordaron cinco temas: la proliferación de partidos políticos, si se debía ampliar o no los impedimentos para postular, la crisis electoral y el futuro del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el voto facultativo y hubo un espacio para reflexiones finales.

En el primer bloque, Amprimo consideró que “el gran problema histórico” del Perú continúa siendo el caudillismo y esto es lo que ha llevado a que en esta elección general se tengan 35 candidatos presidenciales. Agregó que, desde el 2019, se permitió la formación de partidos políticos con solo 25 mil adherentes, cuando anteriormente se exigía el 1% del padrón electoral (unas 700 mil firmas).

También cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deba avisar a los partidos políticos sobre cuándo realizará su labor de fiscalización a sus comités en las regiones. Y advirtió que se ha generado un negocio sobre el financiamiento público que reciben las agrupaciones que tienen representación en el Congreso. Y comparó la situación con lo que sucede en el fútbol, donde los equipos reciben millonarios ingresos de la televisión que, en teoría, deben invertir en sus divisiones menores, pero no lo hacen.

La exministra Muñoz refirió que la puerta de acceso para formar una agrupación “es demasiada amplía y flexible” y que una vez que un político entra al Congreso se cree dueño del escaño y, en algunos casos, estas individualidades se convierten en “una especie de partido político”. Añadió que las personas ya no hacen una carrera política en la militancia e ideas, sino que aprovechan determinas coyunturas para volverse líder de un frente de defensa y tener ese “nicho de votos”.

A su turno, Albán explicó el hecho que la elección presidencial se defina en dos vueltas “con el tiempo genera fragmentación”, porque cuando los comicios se resuelven en una sola ronda “más gente es estratégica” y se reducen la cantidad de partidos con mayor votación.

“Hay una sola oportunidad de ganar y los partidos tienen más incentivos para hacer alianzas. Cuando hay una segunda vuelta se dispersa un poco más [el voto]”, manifestó y puso como ejemplo a México, Honduras y Paraguay.

Además, planteó que se establezcan distritos electorales más pequeños para la elección de representantes al Congreso bicameral, con el objetivo de que la ciudadanía “tenga mayor noción de quién es su congresista”.

Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, dijo que más allá del fin electoral de los partidos, estos deben articular con la sociedad, estar preparados y tener un vínculo con los sectores populares. También propuso pensar en una reforma constitucional que apunte a que en los mayores de 50 años tengan voto facultativo “para ver cómo se comporta” este grupo etario del electorado y eliminar la prohibición de la difusión de encuestas a una semana de las elecciones, “que no permite la movilización del voto estratégico”.

Villalobos señaló que no se puede limitar el derecho a que la gente se organice en partidos políticos y alertó que, si bien solo seis o siete partidos superarían la vaya, hay otras 19 agrupaciones que tienen inscripción. Es decir, que en las elecciones generales de 2031 posiblemente haya más de 20 partidos en la contienda.

“El problema no está en que tengan el registro, sino el problema está en que si el partido está en la capacidad operativa de poder participar en las elecciones generales. Ahora hemos visto que hay 36 organizaciones políticas que han participado, pero no en todos los distritos electorales. El filtro podría ser, se debe exigir que si vas a participar en las elecciones generales deben asegurar tener candidaturas en los 27 distritos electorales. Y aquel partido que no cumple con ese requisito no debería continuar. Ese sería un filtro si no hay las PASO”, subrayó.

La politóloga Gabriela Vega opinó que más allá de la cantidad de partidos, el verdadero problema “es la calidad” de estos. “Si tuviésemos 36 partidos que fuesen competitivos, que tuvieran claridad de a quiénes representan, aglutinando votos y compitiendo, pues un sistema funcional, complejo, sí, porque el votante sufre al tener tantas opciones”.

Vega sostuvo que los partidos políticos pueden ser competitivos si cumplen tres requisitos: competir por el poder, representar y usar el poder. Añadió que las agrupaciones “son usuarios desatendidos en el sistema”.

“¿Quién trabaja con los partidos? Las entidades públicas trabajan con los ciudadanos y muchas veces las organizaciones políticas dependen de fundaciones inclusive extranjeras. ¿Qué espacios vamos a tener de fortalecimiento de ideología, de programa, pero también de generación de cuadros? Tenemos que ponerle mucha fuerza al trabajo con las personas”, remarcó.

El futuro de Corvetto

En otro momento de la mesa redonda, se abordó la crisis generada por el retraso en la instalación de mesas de sufragio y la extensión de la jornada electoral del domingo pasado y la responsabilidad del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

El excongresista Amprimo dijo que Corvetto “ya no da garantías” para la segunda vuelta presidencial y que si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le impone alguna medida restrictiva, como una suspensión, él debería dar un paso al costado. Esto más allá de que la Ley Orgánica de la ONPE establece la irrenunciabilidad de su titular durante comicios.

En ese sentido, cuestionó que el jefe de la ONPE haya pretendido trasladar la responsabilidad de la demora de la entrega del material electoral a subalternos, cuando la Constitución establece claramente que esa es una de sus tareas.

Muñoz afirmó que “no tiene sentido” que el alto funcionario se cuelgue de “la irrenunciabilidad” para no generar una salida democrática a la crisis. “La Constitución solo reconoce que los congresistas están obligados a desempeñar sus funciones, mientras dure su cargo […] La racionalidad de esta restricción es evitar la arbitrariedad, el uso político, pero aquí estamos en una situación, donde el titular [de la ONPE] es responsable y está siendo objeto de cuestionamiento”, expresó.

La también exprocuradora opinó que, para evitar un conflicto político mayor, como que le inicien un proceso de destitución en la JNJ, Corvetto debería presentar su carta de renuncia.

Tello, experto en derecho electoral, aseguró que ha existido “un daño a la credibilidad” de la ONPE, tras la crisis del último domingo. Incluso, detalló que el Instituto Aklla Perú, que él dirigida, ha realizado un estudio que determinó que hubo un 20% de ausentismo en los comicios. Niveles que solo se pueden comparar a las elecciones generales de 2021 en medio de la pandemia de Covid-19.

El exministro propuso que la ONPE y otros organismos electorales deben tener un accesitario, en caso sus titulares no puedan continuar.

Esta postura fue compartida por Villalobos, en el sentido, de que la organización de una elección no puede estar en manos de una sola persona, sino que deberían formarse en la ONPE un consejo directivo de mínimo tres personas, como existe en organismos electorales de otros países de América Latina.

Por su parte, Albán consideró que es bien difícil que una sola persona sea la culpable, pero sí remarcó que el organismo electoral pudo adoptar medidas de emergencia como convocar a las Fuerzas Armadas para el reparto del material.

También se pronunció a favor de que la ONPE tenga un jefe accesitario o un consejo directivo, en el supuesto de que su titular deba renunciar.

El abogado indicó que el daño a la confianza de la institución electoral “ha sido muy grave” y, por ello, propuso una reforma de esta, incluyendo un cambio de nombre.

A su turno, Vega explicó que el rol de un organismo electoral no lo tiene ninguna otra entidad pública en el sistema. “Nadie tiene que garantizar proveer un servicio y un derecho [el sufragio] al mismo tiempo a todo el país simultáneamente. Entonces, si no tenemos la dimensión de este rol, perdemos de vista la complejidad tanto de la tarea como de las consecuencias […] La ONPE era reconocida a nivel internacional por su profesionalismo, pero en otros países están sorprendidos por lo que ha sucedido, no era pensado”, manifestó.

La directora de Recambio remarcó que los organismos electorales “son hijos de la sospecha” y que surgen “porque no confiamos en que vamos a hacer una elección limpiamente”. “Entonces, sí tú no tienes la capacidad de cumplir el propósito que es reducir esa sospecha al mínimo […] Creo que, en ese sentido, esta necesidad de velar por la integridad electoral se tiene que imponer por encimas de las personas, y pensar en materia institucional y de equipos”, expresó.

Vega opinó que este escenario de retiro de la cabeza de la ONPE debe ser manejado “con muchísima prudencia y delicadeza por el rol que este cumple”.

Las conclusiones: el cambio de la figura de la vacancia

En el ultimo tramo de la mesa redonda, los invitados dieron sus conclusiones. Por ejemplo, Amprimo señaló que se debe evaluar ir de un régimen presidencialista a uno parlamentarios, pero subrayó que no se debe renovar el Congreso cada dos años, porque en el alto nivel de desgaste que existe, el presidente dejaría de tener presencia en este poder del Estado.

Muñoz cuestionó que, a lo largo de su historia, el Perú haya copiado uno y otro modelo, en vez de que sus autoridades se den el tiempo para sentarse y pensar un sistema que se adapte mejor a nuestra realidad.

Albán sostuvo que, sin buenos partidos políticos, es poco lo que se puede hacer. Se reafirmó en su planteamiento de que solo haya una vuelta en la elección presidencial y también apuntó a que en el nuevo Congreso bicameral la cámara de senadores es más fuerte a la de diputados, cuando suele ser al revés.

Tello indicó que la crisis política de los últimos 10 años ha demostrado que “si no tienes una bancada, no gobiernas”. El exministro dijo que es el momento de pensar si se debe continuar con el presidencialismo y sostuvo que los partidos políticos deben ser los dueños de las curules y que se tiene que eliminar el voto preferencial.

Villalobos refirió que los partidos políticos deben ser “entes permanentes en la sociedad y articuladores” y no ser vistos solo como “meras máquinas electorales”. Añadió que si se van a hacer reformas de fondo sobre el modelo político se tiene que iniciar apenas se instale el nuevo Parlamento bicameral, cuando comienza otro ciclo electoral.

Vega, por su parte, remarcó que uno de los principales problemas, además, de la corrupción, es que el presidente se haya vuelto una autoridad “descartable”.

“La vacancia por incapacidad moral termina siendo un cajón de sastre. Que hayamos hecho una reforma para la bicameralidad, y no hayamos podido hacer una reforma de un tipo legal que saca al presidente del país sin elementos taxativos, es realmente un riesgo para cualquier sistema”, expresó.

La politóloga, además, subrayó que “no hay manera de generar mejor sistema si no tenemos una justicia que garantice realmente resultados justos, efectivos, eficientes, pero a la misma vez la sensación de que está hecha para todos”.

Al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha activado una alerta y se ha dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Todo ello, en medio del escándalo por el material electoral que no fue entregado el pasado domingo 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026 y lo que generó que miles de peruanos no pudieran sufragar.

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra Corvetto y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En ese contexto, el jefe del Comando de Operaciones Policiales dispuso este sábado 18 de abril por la noche “extremar las medidas de seguridad” en puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, incluyendo el refuerzo de personal policial.

Asimismo, se ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), a través de sus unidades especializadas, ejecuten “las acciones pertinentes” en el ámbito de sus competencias.

Incluso, se dispuso que la Dirección de Inteligencia, en coordinación con sus divisiones de inteligencia regionales, intensifique sus acciones dentro de su función “orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país” de Corvetto.

El documento, además, dispone que cualquier novedad sea comunicada de manera inmediata para su monitoreo. Al cierre de esta nota, la ONPE no se había pronunciado ni tampoco su titular.

#URGENTE La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone a sus distintas unidades especializadas desplegar acciones ante posible salida de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, del Perú. pic.twitter.com/STjzEPOxb8

— Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 19, 2026

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.

Sin embargo, a la par de las posibles acciones disciplinarias también avanzan otras acciones. Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, pidió que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

Mientras corre el conteo gota o gota para definir números de curules; miremos a las nuevas bancadas. La bicameralidad las convertirá en dobles y ampliadas. Las habrá, más pequeñas, de 3 senadores o más. Las mayores tendrán alrededor de una docena. Y las habrá de diputados, el triple de numerosas. Si el partido es sólido, se reunirán a veces en sesiones ampliadas en presencia de su líder(esa); si no, el individualismo, el ‘coworking’ entre populistas y el transfuguismo, reinarán y las cámaras apenas se verán las caras. Hasta discreparán…en buena hora, si la sensatez está del lado senatorial.

Distingamos a los partidos cuyos líderes estarán vigilando a su bancada. Keiko Fujimori, si no es presidenta, mantendrá su disciplina de dos décadas: reuniones semanales para oír, deliberar y acordar con su gente. No quiso postular al Congreso. Sus dos guardianes del poder estarán cerca de ella en ese afán sino les toca ocupar cargos de gobierno: Luis Galarreta se ha reservado un cómodo espacio en el Parlamento Andino, y Miguel ‘Miki’ Torres, el número 1 en el senado nacional. Podemos pronosticar que, más que los jóvenes entusiastas serán los veteranos refunfuñones los que desafiarán la disciplina: Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Alejandro Aguinaga son egos con trajín parlamentario. José Arista, ex ministro de Economía, electo como senador por Amazonas, se hará notar. Galarreta ha declarado a favor de cerrar definitivamente el caño de las iniciativas congresales con impacto fiscal. ¿Lo hizo porque FP realmente mentalizó que será gobierno o porque igual impulsarían ese cambio de postura desde el parlamento? Lo hubieran planteado antes…

Fuerza Popular, contra su voluntad, se convirtió en un partido congresal con tres segundas vueltas perdidas. El diseño de la bicameralidad -disuelta por su líder fundador en abril de 1992- es una suerte de alternativa al Ejecutivo esquivo. Será, según el reparto, la primera fuerza en diputados, con Cecilia Chacón y Diethell Columbus que vuelven por Lima, Rosangella Barbarán que repite, Piura como bastión norteño, y veremos nuevos rostros en regiones como Áncash (por ejemplo, ‘Maka’ Gamarra) y el probable ingreso de Pier Figari, quien fuera, por varios años, el principal asesor político de Keiko con mucha influencia en el partido. Nos falta conocer la variedad regional naranja. En los últimos quinquenios, muchos voceros han provenido de las regiones tras una primera legislatura con mayor dominio limeño.

A Rafael López Aliaga, sino es presidente, le tocará ser senador. Quizá no le guste la idea, pequeña al lado de la gran ambición palaciega, pero el cargo es tan irrenunciable que ni siquiera pudo zafarse de él el ilustre constitucionalista Javier Valle Riestra cuando lo intentó. En el periodo que culmina, RLA ha dado órdenes a su bancada, muchas de ellas, a través de su secretaria general Norma Yarrow y se han cumplido. Si se convirtiera en un líder parlamentario, tendrá que armonizar las pasiones católicas y evangélicas de su grey conservadora. Francisco Calisto, su asesor más cercano en la campaña, podría ser su lugarteniente en el senado. También estarán Lourdes Alcorta y Katherine Ampuero, difíciles de disciplinar. A Yarrow le tocará la cámara de diputados y le saldrá competencia de su propia facción como Roxana Rocha, quien también ha sido regidora metropolitana y ya estuvo de vocera en la contienda. Quizá se repita la fricción con el evangélico Alejandro Muñante. A diferencia de la disciplina naranja, la furia celeste tendrá un perfil bastante limeño.

Si ‘Porky’ no es presidente y no patea el tablero personal; es decir, si permanece en la política como líder de partido y bancada; se abre una gran interrogante. ¿Renovación Popular será una oposición combativa y solitaria o proclive a la negociación? Sucede que en este quinquenio, ha sido una bancada muy ríspida. Participó casi a regañadientes del llamado ‘Bloque Democrático’; presentó listas alternativas a la mesa directiva (aunque transó en una oportunidad aportando a Muñante), se negó a acuerdos de coalición y precipitó, sin coordinar con otras bancadas, la vacancia de Dina Boluarte y la censura de José Jerí. Por otro lado, López Aliaga estuvo concentrado en el poder metropolitano con la mayoría absoluta que les asegura la ley a los alcaldes. Allí presionaba directamente, sin buscar aliados, al Ejecutivo desde el poder metropolitano. Si ya perdió ese poder ejecutivo y alternativo; quizá se concentre en tener un bloque legislativo peleonero y difícil para armar consensos.

Roberto Sánchez, si no es presidente, será diputado por Lima en una bancada muy regional y menos orgánica que la naranja y la celeste. Tendrá al grupo castillista (el hermano José Mercedes Castillo es su senador más votado, además de la cuñada Jennifer Paredes, diputada más votada por Cajamarca) además de inexperimentados amigos de Pedro que nadie de JPP conoce a cabalidad, a disidentes de Perú Libre como Silvana Robles y Jaime Quito; a su propio entorno, a algún antaurista (Antauro no pudo meter muchos cuadros en puestos claves de la lista) y grupos e independientes varios. Vladimir Cerrón, que lo tilda de ‘Judas’, augura que le sucederá lo mismo que le sucedió a él: se colmará de potenciales disidentes. Dependerá de su muñeca y no del sombrero mágico castillista que lo colmó de votos en el tramo final, mantener la organicidad de semejante pelotón. Cerrón no pudo hacerlo con una distribución equivalente.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, no será congresista, pero es fundador de su partido y no tiene, que sepamos, otra alternativa que atenerse a su trabajo político con él, al igual que Keiko. Me lo confirmó su candidato número 1 al senado nacional, Flavio Figallo, de esta forma: “Lo que queremos es construir un partido y ‘Coco’ (Jorge Nieto) estará allí, con nosotros, reuniéndonos en el local del partido en el Paseo Colón o por zoom, con las dos bancadas, senado y diputados”. Le pregunté si cree que su bancada está predestinada a ser fiel de la balanza entre izquierdas y derechas u otras polaridades: “Mientras los dinosaurios se peleen, nosotros trabajaremos”, ríe.

Ricardo Belmont Cassinelli, candidato de Obras, tuvo un buen resultado personal, sorprendente teniendo en cuenta lo discreta y errática de su campaña, pero apenas se cerró la contienda y aparecieron las primeras proyecciones que lo dejaban fuera de la segunda vuelta, tiró la toalla. “Me voy, terminó mi pelea” dijo en TV Perú y añadió supuesta información de inteligencia sobre amenazas a su integridad. Con tales palabras y actitud, podemos apostar a que se desentenderá de su gente, donde quién más destaca como hombre de partido y de experiencia es Daniel Barragán, ex ministro de Defensa de Pedro Castillo y capitán de la FAP en retiro. A Barragán le tocaría articular una bancada que no se anuncia muy grande si uno repasa la votación por candidatos. Por la debilidad del partido y de su líder fundador, podría tender a cierto desbande y a alimentar el grado de impredictibilidad del primer congreso bicameral del milenio.

El caso de Alfonso López Chau, el líder fundador de Ahora Nación (AN), sería similar al de Nieto si llega a tener una o dos bancadas. Pero este tendría una razón adicional para no abandonar ni a su gente ni a su proyecto: es el candidato número 1 al senado nacional. Allí estará de todos modos. El desempeño de sus listas, al revés que Belmont, ha sido mejor que el suyo. Tiene al diputado más votado por Lima, Harvey Colchado, con una votación no muy distante a la de Indira Huilca. También estará Jair Manrique, un ingeniero petrolero y digital, que tenía el número 27, pero pescó votos con su aura de ‘geek’ con estudios en el legendario MIT. Es una de las mayores sorpresas del voto preferencial. Pero Lima será primordialmente celeste, así que la fuerza numérica de AN estará en las regiones.

En el senado, López Chau estará acompañado por Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, la repitente Ruth Luque y la ex primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, entre otros. Es aún una incógnita si País Para Todos saltará la valla del senado y/o de diputados. Si lo hace, sería raspando. Carlos Álvarez ha aclarado que no abandonará a su gente, pero más que su discurso serio vale el buen chiste: difundió un remedo de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, lo que se puede entender como ‘volveré a lo mío, adiós a la política activa’.

Bicameralidad recuperada, consenso en la sociedad civil para cerrar el caño a la iniciativa de gasto congresal (herramienta básica del populismo congresal) al que se suma FP, candidatos presidenciales convertidos en parlamentarios, reelección más o menos selectiva, una nueva bancada de académicos como la del Partido de Buen Gobierno, renovación parcial de las bancadas naranja y celeste, variedad de izquierdas que eliminaría bloqueos perniciosos, adiós al voto de confianza de los gabinetes; valga todo este paquete para no pronosticar que este congreso será peor que el actual.

A una semana de haberse desarrollado las elecciones en Lima, el panorama es incierto y las irregularidades de la ONPE cada vez son más evidentes. En esa línea, El Comercio conversó con el abogado y exdiputado Enrique Ghersi Silva.

—¿Cómo podríamos calificar este proceso electoral?

Hay que dividir las etapas, la votación ha sido muy escandalosa. El proceso ha sido largo y tortuoso, fundamentalmente por una inadecuación del sistema electoral y del sistema legal que ha ido más allá de las facultades. Hay muchas preguntas que se hacen ahora: ¿fue oportuna la reforma del bicameralismo? ¿No debió haberse establecido un sistema electoral que no fuera plurinominal, sino un uninominal, que fuera mayoritario y no por representación proporcional? Además, se bajó el número de firmas para la inscripción, lo que favoreció el fraccionamiento para buscar después acuerdos puntuales, posteriores a las elecciones.

—Estando sobre el caballo, cada día tenemos más hallazgos de irregularidades. Primero, la demora en la entrega del material electoral. El JNE pone una denuncia e incluso se refiere al delito contra el sufragio. ¿Cómo podría demostrarse que hay una obstaculización de la ONPE?

La denuncia del procurador del JNE es extremadamente grave. Se denuncia a Piero Corvetto y compañía por haber instrumentalizado el sistema electoral para impedir el ejercicio del derecho de sufragio en determinadas jurisdicciones. Entonces, lo que el procurador está diciendo es algo muy grave, lo que Haya de la Torre llamaba “voluntad de fraude”. Es insólito que el JNE denuncie al jefe de la ONPE, porque lo denuncia de instrumentalizar el sistema para impedir el derecho de sufragio. Eso es fraude, claramente; “voluntad de fraude”. Además, los hechos le están dando la razón. No le corresponde a los jurados las facultades disciplinarias. La JNJ tiene que hacerlas valer y podría suspender a Corvetto mañana. Lo penal ya lo activó el procurador. También hay denuncias de algunos individuos y le corresponde al Ministerio Público investigar y denunciar. Hay elementos de juicio para pedir una prisión preventiva a Piero Corvetto.

—¿Por ese delito concreto de la instrumentalización?

Son tres delitos, porque habría concurso real, con lo cual se suma.

—Los delitos son atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Todos ellos en agravio del Estado y de la sociedad.

Por esos delitos ya hay elementos de juicio, por lo cual el fiscal, que es el único que puede, podría pedir la detención preliminar de inmediato.

—Ha pedido reprogramación a su citación en la Policía Anticorrupción y que sea virtual por su seguridad.

No está colaborando con la justicia. Están apareciendo pruebas desaparecidas de las graves irregularidades que conducen a una violación del derecho de sufragio, que son las cuatro ánforas que aparecieron el jueves y la ONPE ha denunciado que se han perdido actas en San Juan de Lurigancho.

—Entonces, ¿todos estos hechos le están dando la razón al procurador del JNE?

Pensaría que sí, y están dejando en evidencia algo muy delicado: que el domingo no ha habido una votación completa en el sentido más cabal de los términos, porque se ha impedido el derecho de sufragio de un grupo muy importante de ciudadanos. Es verdad que algunas de las mesas no abrieron o abrieron después, pero hay un montón de mesas que no abrieron o lo hicieron recién a las 12 y hubo gente que se fue y que no votó.

—Ahí viene el tema del ausentismo histórico en Lima. ¿Cómo se puede cuantificar el número de personas que fueron a hacer la cola y que al no poder esperar no votaron? ¿Cómo cuantificar que fueron afectadas en su derecho porque abrieron tarde las mesas respecto de las personas que simplemente no fueron?

Probablemente no hay una manera objetiva de determinarlo. Lo que sí podemos es llegar a una conclusión abstracta de derecho, que un grupo significativo de gente no votó y probablemente no vamos a poder saber exactamente el número, pero podemos saberlo aproximadamente, y enfrentar un tema sustancial. Una elección con las características que ha tenido, donde curiosamente los problemas han sido en Lima, produce que cualquiera que sea el resultado va a llevar a una situación de ilegitimidad, porque una parte, el que pierda, va a decir: “Me han hecho un fraude”, y el otro va a decir: “No han hecho fraude”.

—¿Qué se puede hacer frente a eso?

Las opciones que te da la ley son limitadas. La ley es un poco anticuada respecto de las opciones de nulidad absoluta.

—¿Cree que se podrían anular las elecciones?

La ley electoral te da dos escenarios limitados, porque solo te hablan de votos en blanco y de votos viciados. No se ponen en otros supuestos, como el que no se abran las mesas de votación, que se abran tardíamente o que simplemente no haya el material electoral. Entonces, lo que es importante de resaltar es que el jurado tiene una facultad constitucional, por eso es jurado y no tribunal. El JNE puede resolver con criterio de conciencia, es decir, no solo con la ley.

—Eso es lo que ha dicho Roberto Burneo en el Congreso. Además, ha desmentido a la ONPE respecto de la supuesta cadena de custodia de las cuatro ánforas encontradas en la basura…

Pensaría que el JNE, actuando con criterio de conciencia, podría tomar una determinación muy drástica respecto de las elecciones en Lima. Y no puedo decirlo ni saber por dónde van a ir. Dudo que el Jurado se pronuncie antes de que el proceso de apelaciones termine. Cuando llegue el momento, va a haber un conocimiento de fondo sobre la validez de las elecciones que puede ser un descubrimiento sorprendente.

—¿Cabe la posibilidad que en ese criterio de conciencia el pleno del JNE decida declarar la nulidad de las elecciones en Lima?

El artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones [“permite declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o provincia cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos válidos”]. Si se aplica el criterio de conciencia, el JNE puede interpretar que por encima del artículo 364 de la ley, está el derecho de participación ciudadana, que es un derecho fundamental, un derecho humano, sagrado, no solo de la Constitución, sino el pacto de San José. Además, se estaría violando el derecho de representación pública. Entonces, sí existe esa posibilidad. También existe la posibilidad más compleja de ordenar elecciones complementarias en determinadas mesas, pero ahí puede haber el problema de cómo escoger en cuáles sí.

—Se dice que todos los problemas en Lima han afectado la votación de Rafael López Aliaga, pero no sería el único, también estaría Jorge Nieto. ¿Cómo probar que han querido afectar determinada candidatura?

Si fuera magistrado, pensaría que el derecho afectado es el del elector.

—¿No el de los candidatos?

Lo de los candidatos es una cosa totalmente relativa y secundaria. En este caso, el derecho fundamental es el del elector. ¿En Lima hubo elecciones? No hubo elecciones, porque para que haya elecciones tienen que ser válidas. Las elecciones de Lima no fueron válidas. El jurado podría declarar que no hubo elecciones en Lima. El jurado podría dar una sentencia declarativa en base a criterio de conciencia diciendo: “Lo que hubo en Lima, el domingo, no fueron elecciones”. Entonces, se hacen de nuevo.

—Una decisión de esta naturaleza tendría un impacto social. El candidato Sánchez podría protestar y podrían generarse movilizaciones sobre todo en el sur. ¿Cómo medir esa temperatura?

La calle está caliente, en todo sentido. Yo creo que el fallo del jurado tiene que ser pacificador. Lo que busca una sentencia es la paz individual y social. El jurado debe tener la sabiduría necesaria y por eso el criterio de conciencia de hacer ver a todo el país las razones por las cuales ha habido irregularidades. De ser el camino por el que opten –que da la impresión de que es el camino por el que van–, si no, no hubieran denunciado a Corvetto. Tengo la impresión de que ellos están construyendo un razonamiento. En el camino el Jurado Nacional de Elecciones tiene un aliado enorme, que es la realidad. Están apareciendo pruebas por todas partes.

—Hay 25 solicitudes de nulidad. ¿El jurado tendría que resolver alguna y tomar una decisión?

El JNE tiene dos funciones, una administrativa que fue, por ejemplo, la del domingo que amplió el horario y autorizó que el lunes hubiera elecciones complementarias y otra función jurisdiccional. Yo pensaría que el jurado no se va a precipitar, que va a actuar con severa discreción.

—Son más de 5.000 actas observadas…

Son 5.000 actas observadas dolosamente; están impugnando cosas sin ningún sentido, solamente para crear zozobra e inquietud y esa es una típica técnica de la izquierda, crear problemas para decir después no me ganaste, fraude, me has hecho trampa. Ahora están jugando a eso.

—Hecho el diagnóstico, ¿cuál sería la salida real a esta crisis electoral?

La salida real es el ejercicio de la facultad constitucional por parte del JNE. Ya sucedió en 1985 cuando el Jurado proclamó a Alan García presidente, sin segunda vuelta, porque renunció Alfonso Barrantes. El jurado pudo haber convocado al doctor Luis Bedoya que iba tercero. Era un momento muy difícil, había Sendero Luminoso y MRTA, y el doctor Domingo García Rada decidió proclamar a García presidente sin segunda vuelta, yendo contra el texto literal de la Constitución, pero aplicando otro principio de la Constitución, que era el derecho que tiene el jurado a fallar con criterio de conciencia. Yo pensaría que, por ahí es la solución, seguir el temperamento del Jurado en otras crisis políticas y sobre todo una regla básica: respetar de manera absoluta el principio de participación ciudadana, el derecho de sufragio. Si el jurado se guía por ese principio, al final quedarán en evidencia todos los complots, todas las artimañas, las sinvergüencerías que hemos visto en los últimos días que nos resultan increíbles porque hemos actuado con ingenuidad.

— Hay una discusión entre penalistas. César Nakazaki dice que se equivoca el JNE al apuntar al delito de sufragio, que más bien debería inclinarse al delito de colusión.

Tengo una cordial discrepancia. Creo que está dándole más importancia a la contratación del servicio, donde también puede haber un delito, pero les está sacando el foco a los acontecimientos del domingo que nos van llevando por todos lados a lo que dice el procurador: una instrumentalización del sistema electoral para impedir el derecho de sufragio en determinadas localidades donde ganaba un candidato particular o un grupo de candidatos de centroderecha.

— Al parecer, la Fiscalía de la Nación se inclinaría al delito de sufragio.

Yo coincido con el procurador. Creo que sí se ha afectado claramente el derecho de sufragio y eso es un delito extremadamente grave, además viniendo de la autoridad encargada de organizar el sufragio. Ahí se tienen todos los agravantes, eso te decían que aquí va a haber concurso real, se va a sumar la condena. Si se comprueba la instrumentalización y creo que ahí está yendo el trabajo de la fiscalía, hasta podría haber una organización criminal, con lo cual estamos hablando de penas que superan los 30 años.

— ¿A Piero Corvetto y a los funcionarios les podría esperar una pena de 30 años, si se comprueba la instrumentalización?

Me da la impresión de que la imputación está yendo por el lado de la organización criminal que habría en el interior de la ONPE, dirigida a instrumentalizar el sistema electoral. Eso va a terminar siendo tipificado. Por ahora no lo han planteado así, pero el término de la investigación nos va a llevar posiblemente a una tipificación de organización criminal, donde Corvetto es claramente el jefe y el líder. De ser así, estamos frente a delitos gravísimos. El fiscal encargado probablemente está pidiendo la detención…

— El señor Corvetto no es un funcionario aforado.

Eso lo va a hacer el fiscal provincial, pero el fiscal provincial quien tiene además que cuidarse él mismo porque le van a tomar cuentas después si se escapa el señor Corvetto. ¿Qué pasa si Corvetto se mete a la Embajada de Colombia? ¿Tú crees que Petro no le va a dar asilo riéndose?

[Nota de redacción: Enrique Ghersi representa al JNE en una demanda competencial contra el Poder Judicial].

Seis especialistas convocados por El Comercio para una mesa redonda hacen un diagnóstico de la compleja coyuntura que llevó a las elecciones más difíciles de la historia, pero sobre todo plantean ideas de reforma política para evitar que una situación así se repita. Con matices, pero también coincidencias, sientan bases para un diálogo ciudadano sobre los cambios que deberán ser abordados el próximo quinquenio que ya empieza.

En esta edición de “Desde la Cúpula” participaron Natale Amprimo, abogado constitucionalista y excongresista; Delia Muñoz, exministra de Justicia; Javier Albán, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico; José Tello, exministro y presidente del Instituto Aklla Perú; José Manuel Villalobos, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral; y Gabriela Vega, politóloga y directora de Recambio. Moderó la periodista Diana Seminario.

Por ello, desde el proceso electoral del 2021, aposté por una estrategia ‘indirecta’: guiar el análisis por las preguntas sobre el autoposicionamiento ideológico de los peruanos (de izquierda a derecha) antes que por las preguntas sobre por quién van a votar (pues la mayoría no lo sabe con certeza). Conocer si una persona se autoidentifica en una escala de izquierda a derecha, seguramente no pronostique con exactitud quiénes ganarán la elección, pero casi.

Esta estrategia ‘indirecta’ tiene debilidades que hay que ponderar. La primera: entre el 75% y 80% de peruanos suelen posicionarse en este eje. Es decir, hay un cuarto de la población que se escabulle de este enfoque, aunque suelen estar en el grupo de quienes no votan o vician sus votaciones. Pero, sinceramente, no existe otra variable política que clasifique eficientemente a tan amplio número de personas. Algunos creen que la distinción entre izquierda y derecha ha caducado, y que debe ser reemplazada por otros ejes como el liberal-conservador, por ejemplo. De hecho, analistas creativos inventan categorías tan pretenciosas como superfluas, como ‘revanchistas’ versus ‘institucionalistas’, u otras adaptaciones de manuales de autoayuda a la compleja realidad nacional. Me considero de los que creen que el entendimiento más parsimonioso del mundo político sigue siendo bajo las coordenadas de izquierda a derecha. Con este enfoque ‘old school’, en 50+Uno preguntamos a los peruanos durante las campañas del 2021 y del 2026, a través de encuestas de representatividad nacional (Ipsos y Datum, respectivamente), cómo se posicionaban en una escala donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. En el 2021, la media era 5,8 pero con una distribución que graficaba polarización aguda: 11,6% se ubicaba solo en el punto 1 (extrema izquierda) y 17,2% en el punto 10 (extrema derecha). Sin saber exactamente quiénes terminarían capitalizando esos extremos, podíamos anticipar el surgimiento de candidaturas radicales como terminaron siendo Pedro Castillo (1) y Rafael López Aliaga (10). De hecho, en aquella ocasión advertí: “Hay un electorado radical que busca un candidato tipo Antauro” (“Trome”, 23 de agosto del 2020). Lo que pasó, ustedes lo conocen.

Para el actual proceso electoral, repetimos el ejercicio. Primera novedad: la media se incrementó a 6,3 (más a la derecha), y la derecha extrema permaneció sólida (15,4%). La segunda: la extrema izquierda se redujo al 5,5%. La proporción del castillismo se encogió a la mitad, creando un nuevo escenario de polarización asimétrica. Esta es la base (con más elaboraciones estadísticas, por supuesto), que da pie al argumento que he sostenido en esta campaña: “El electorado peruano ha ido virando paulatinamente hacia la derecha” y hay un colchón electoral para que dos candidatos presidenciales de derecha pasen a la segunda vuelta” (El Comercio, 30 de marzo del 2026). De hecho, la amplitud de dicho campo es tal que pudo haberse configurado una triada de candidatos que capitalicen este espectro político como los más votados, como terminaron representando los electorados de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Sin embargo, el voto escondido propio de los radicalismos y la fragmentación en ambos campos (derecha e izquierda) impedía descartar la posibilidad de una candidatura de izquierda colándose en la definición, como también lo sostuve en la entrevista citada (“Roberto Sánchez va a sacar más puntaje de lo que muestran las encuestas”).

Para quienes hacemos trabajos empíricos de opinión pública, la derechización del electorado peruano no es ninguna novedad. El excelente libro Desencanto (de Carrión, Aragón y Zárate), recientemente publicado, grafica esta tendencia, entre otros hallazgos interesantes. Bastaría revisar los informes de opinión pública del IEP para darse cuenta del desplazamiento ideológico indicado. Consejo de pata: consuma más academia y menos influencers.

Es cierto que algunos colegas científicos sociales plantearon con algún sustento de datos que el fenómeno de Pedro Castillo se repetiría: un tsunami electoral que en las últimas semanas previas a la elección llevaría a un candidato de izquierda radical a más del 20% de los votos válidos. La justificación, a posteriori, de que este escenario no se replicó, arguye que la aparición de otros ‘outsiders’ antiestablishment como Ricardo Belmont, impidieron a Roberto Sánchez repetir lo alcanzado por el expresidente del sombrero. El error de esta alternativa se debe a que incurren en falacias ecológicas. Es decir, construyen inferencias sobre fenómenos individuales (las preferencias electorales de personas) a partir de datos agregados (resultados electorales pasados agrupados por jurisdicciones). Además, parten de otro supuesto errado: la sociedad peruana no habría cambiado en cinco años.

No solamente se trata de una decisión metodológica equivocada, sino también de una visión estática de nuestra sociedad. Como si la crisis de inseguridad, la gestión de Castillo y su intento de golpe y la inestabilidad del Ejecutivo, fuesen inocuos para la formación de las preferencias electorales. Tenemos que considerar, además, cambios generacionales que han agudizado la volatilidad de los apoyos a candidaturas personalistas y han afectado la dinámica de toma de decisiones colectivas en el mundo rural andino. Si los espontáneos analistas del río Rímac siguen idealizando el asambleísmo rural o asumiendo un monolítico radicalismo provinciano, sencillamente son ellos quienes no salen de sus burbujas sociales.

La perspectiva ideológica de vieja escuela flaquea –reconozco– frente a fenómenos antiestablishment antiprogramáticos cuyos electores se refugian en el espacio de “centro” (19,3%) cuando en realidad más que moderación reflejan desencanto. Por eso Ricardo Belmont fue más exitoso que Carlos Álvarez, pues el primero optó por la antipolítica y el segundo por bukelizarse. Esta es una tarea pendiente para quienes nos esforzamos en analizar científicamente al peculiar electorado peruano.

A pesar del caos generado el 12 de abril, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no ha dado señales reales de intentar renunciar. Permanece en su escritorio en cumplimiento de sus labores cotidianas, mientras —en paralelo— la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos supuestos: La falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Una fuente de la JNJ —cuyo nombre prefiere mantener en reserva— estimó a este Diario que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final de la referida investigación.

En él, el instructor o ponente definirá su postura sobre si amerita o no el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en una destitución, remoción o absolución del funcionario, según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. También podrá proponer la sanción de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendarios.

A la interna se estima que el proceso podría iniciar antes de que concluya mayo.

Por el momento, la investigación en curso, además de recoger las incidencias del 12 de abril, también incluirá en su contenido eventos recientes, como las cédulas electorales abandonadas en el distrito de Surquillo, la denuncia sobre ocho actas de escrutinio correspondientes a mesas de sufragio en San Juan de Lurigancho, entre otras.

“Todo parece indicar y es muy probable que se le abra un proceso disciplinario a Corvetto. Pero estamos recién a una semana de los hechos. Igual, el proceso inmediato que estaba diseñado por temas urgentes ha sido descalificado por el Tribunal Constitucional. Hay que tener claro eso”, refirió nuestra fuente.

Al cierre de esta edición, una fuente de la ONPE confirmó a este Diario que hasta la fecha Corvetto no ha trasladado sus descargos a la JNJ. Al ser consultada por el tema, recalcó que el plazo le da 10 días hábiles para formular sus descargos.

Al ser consultado por El Comercio, el penalista Vladimir Padilla afirmó que tras la culminación de la investigación preliminar la JNJ podría plantear una medida de suspensión preliminar con el propósito de garantizar los comicios o la segunda vuelta electoral. “No está en capacidad de llevar a cabo un proceso electoral”, indicó.

Entre tanto, explicó que al jefe de la ONPE no se le puede retirar de un día para otro porque debe afrontar por un debido proceso.

A su turno, la experta en temas electorales Silvia Guevara señaló que al margen de una eventual destitución, también podría caber la renuncia de Corvetto ante la ONPE.

Aseguró que en caso ocurriera esta última, la encargatura se la podría dar al gerente general de la ONPE o a otro funcionario de la institución que designe la JNJ de manera interina.

“Antecedente sobre este caso tenemos que en el año 2018, con la renuncia del exjefe de la ONPE Castillo, asumió en este caso el que en su momento era gerente de la ONPE. Entonces puede ser que en este caso la encargatura se la den al gerente de la ONPE u otro funcionario de la misma ONPE que designe la Junta Nacional de Justicia de manera interina, una encargatura temporal hasta la designación del titular, refirió.

Agregó que el escenario dos tiene que ver con la destitución del señor Piero Corvetto, “pero la destitución trae consigo que exista también un procedimiento previo que tiene que cumplirse y ese procedimiento a la luz de los hechos puede demandar más tiempo del debido con relación a lo que se requiere ahorita, una solución al menos de manera más próxima”.

“Entonces, son los dos escenarios: la destitución o la renuncia. Y como consecuencia, en este caso de la renuncia, tener el tema de la vacancia del cargo del jefe de la ONPE y encargar a otra persona, otro funcionario que puede ser el gerente general u otro funcionario que la Junta Nacional de Justicia designe”.

El gremio recordó que este proyecto no fue improvisado, sino que “responde a un requerimiento institucional de las Fuerzas Armadas y que ha sido trabajada durante más de un año bajo los canales correspondientes”.

Para AmCham Perú, que agrupa a más de 580 empresas peruana y estadounidenses, esta decisión, comunicada de forma pública en la etapa final del proceso, lesiona los principios de predictibilidad necesarios para la inversión.

“El Perú ha construido, a lo largo del tiempo, una relación sólida con los Estados Unidos (...) esta relación, al igual que la confianza de la comunidad internacional, se sostiene sobre principios fundamentales como la predictibilidad, la coherencia y el cumplimiento de compromisos”, se lee.

Además, enfatizó que la relación con Estados Unidos se basa en la confianza mutua. “La generación de señales contradictorias en un contexto internacional complejo puede afectar la confianza y la percepción del Perú como socio confiable, con implicancias en su posicionamiento y en su capacidad de atraer inversión”, alertaron.

La cámara sostiene que el cambio de rumbo del mandatario peruano plantea serias dudas sobre la seriedad del Estado en acuerdos estratégicos de largo plazo.

“Lo ocurrido en la etapa final del proceso —incluyendo la decisión del Presidente de la República, comunicada públicamente, que genera incertidumbre respecto a lo previamente avanzado— plantea interrogantes sobre la consistencia en la toma de decisiones de Estado y el respeto a procesos institucionales ya encaminados”, señala el escrito.

Ante este escenario, AmCham Perú invocó a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia para preservar la reputación global del país. “Consideramos importante que esta decisión pueda ser revisada con la debida reflexión, ponderando su impacto en la seguridad nacional, la institucionalidad y la confianza del país”, apuntaron.

Finalmente, el gremio concluyó que “el Perú tiene una oportunidad de seguir consolidando su credibilidad”, y que “preservarla es una responsabilidad compartida”.

El Gobierno de José Balcázar ha recibido duras críticas tras suspender la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. A esta ola, se suma el exmandatario y actual congresista José Jerí, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ambos coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.

El congresista calificó la medida de “irresponsable” y cuestionó que la decisión se haya comunicado el mismo día previsto para la suscripción del acuerdo. “Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, enfatizó.

Para el parlamentario, las formas del Ejecutivo dañan la confianza en el país: “Si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”.

Asimismo, hizo un llamado directo al mandatario: “Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”.

Por su parte, López Aliaga remarcó que “nuestro país siempre ha cumplido con sus compromisos internacionales y, especialmente, con su principal socio comercial”.

López Aliaga advirtió que el incumplimiento del contrato por los aviones F-16 podría traer represalias para los ciudadanos peruanos que residen en Estados Unidos. “Exijo al presidente encargado Balcázar que honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de los aviones F-16. Incumplir con estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales, de seguridad y de acceso migratorio para los peruanos con Estados Unidos”, aseveró.

Oficiales y almirantes advierten que postergar compra deja vulnerable al país

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen Perú), a través de un comunicado, manifestaron su protesta contra la decisión del Ejecutivo.

En el pronunciamiento, Adogen enfatiza que el escenario global ha cambiado y que el país posee activos que requieren protección inmediata. “En la actual era, donde el orden mundial ha pasado de la cooperación a la fragmentación competitiva, el Perú se ha convertido en un objetivo de interés geoestratégico debido a sus vastas reservas de minerales, hidrocarburos y se consolida como el nodo logístico de Sudamérica con el Mega puerto de Chancay y el futuro Puerto Espacial”, señala el texto.

Bajo esa premisa, la asociación sostiene que la seguridad de dicho patrimonio necesita tecnología de punta: “La defensa de este patrimonio requiere de una capacidad de disuasión real que solo las Fuerzas Armadas Modernas puede garantizar”.

A su vez, Adogen rechazó al argumento de la temporalidad del actual gobierno para evitar compromisos de largo plazo. “Coincidimos en que, en el Perú, no existen gobiernos eximidos de responsabilidad constitucional; gobernar implica tomar decisiones críticas para la Seguridad Nacional hasta el último día de gestión”.

Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades políticas para que prioricen los intereses nacionales sobre los coyunturales: “El equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas no es un gasto, es una inversión”.

Raúl Noblecilla presentó su renuncia irrevocable al partido Podemos Perú tras confirmarse que su partido no obtuvo los votos necesarios para superar la valla, ni lograr integrar el Senado en las elecciones generales del 12 de abril.

El abogado, quien también integró la plancha presidencial de José Luna Gálvez como segundo vicepresidente, oficializó su alejamiento en una carta que remitió al líder de Podemos y que compartió por redes sociales.

Comparto mi carta de renuncia a Podemos Perú.
Agradezco la oportunidad.
Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE… pic.twitter.com/IBQ9b2vRdO

— Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) April 18, 2026

En su mensaje de despedida, el letrado manifestó: “Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.”,

La salida de Noblecilla se produce luego de que el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún en proceso a nivel nacional, revelara que Podemos Perú no alcanzó los escaños esperados en la cámara alta y quedara fuera de la segunda vuelta presidencial.

En el documento formal remitido a la jefatura del partido, Noblecilla detalló los motivos de su retiro definitivo de la militancia, y dijo que su candidatura en Podemos se hizo por una invitación basada en “coincidencias programáticas”, incluyendo la liberación de Pedro Castillo y Betssy Chávez.

Según corroboró la Unidad de Investigación de El Comercio, al menos nueve de sus candidatos que alcanzarían una curul en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 no han presentado sus informes obligatorios de ingresos y aportes a sus campañas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La data que aparece en el portal Claridad del organismo electoral señala que 31 candidatos a la Cámara de Diputados, Senado y Parlamento Andino de JPP no han presentado ese documento, cuyo plazo -que se prorrogó de manera excepcional- venció el 27 de marzo.

El caso más notorio es el de Serafín Andrés Luján (Huánuco), quien prácticamente tiene asegurada una curul como senador bajo la modalidad del distrito múltiple a casi el 80 % de actas escrutadas y que no cumplió con transparentar dicho informe. Además, se trata de un reincidente: en el 2021 la ONPE le abrió proceso sancionador por la misma omisión cuando postuló al Congreso con el mismo partido.

Andrés Luján fue secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), que representa a los productores de hoja de coca. También fue uno de los testigos propuestos por la defensa del congresista Guillermo Bermejo en uno de los juicios que afrontó por presunta afiliación al terrorismo, en el 2021.

Saúl Armacanqui Morales, quien podría obtener una curul en el Senado, tampoco presentó su reporte de ingresos y gastos de campaña. Al igual que Luján, tiene antecedentes, pues no transparentó sus ingresos y egresos cuando fue candidato al Parlamento Andino con JPP en las elecciones del 2021, razón por la cual la ONPE le abrió un proceso sancionador.

El mismo escenario se da con Wilfredo Verano Saravia, postulante al Senado por la región Cusco. En su caso, no presentó su informe de campaña cuando se presentó como candidato a la alcaldía distrital de Santiago, en las elecciones regionales y municipales del 2022, con el mismo partido que lidera Sánchez.

En Cusco el dirigente cocalero Julián Pérez Mallqui es otro candidato sin financiamiento esclarecido que busca una curul como diputado por el Cusco. Conocido dirigente de la CONAPACCP, Pérez es recordado por promover paros preventivos en el Vraem durante las gestiones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025) es otro que no presentó su registro.

En su caso, tiene sentencias por falta declaración en procedimiento administrativo y lesiones graves, esto último por atropellar a una madre de familia y su hija, y no brindarles el auxilio correspondiente.

Otros candidatos que no han presentado sus respectivos informes y que tienen proyección de llegar al Congreso son Percy Osorio Palpán, aspirante a senador por Pasco y que postuló al Congreso con Renovación Popular en el 2021; María Luz Huacac Espinoza, postulante a diputada por Cusco; y Juana Jancco Espinoza, que se presentó al Senado por la Ciudad Imperial.

Del mismo modo, Luz Soto Ferrari, aspirante a diputada por la región Apurímac; y Juan Villanueva Calderón, que intenta llegar a la Cámara de Diputados representando a Cajamarca.

De los 31 candidatos del partido castillista que no presentaron su informe de aportes y gastos de campaña, 15 postularon a la Cámara de Diputados, otros tanto al Senado y el restante al Parlamento Andino.

Además, 36 postulantes a diputados del partido de Roberto Sánchez consignaron S/ 0 en sus ingresos. La situación se repite con 18 candidatos al Senado y uno al Parlamento Andino.

El Comercio trató de comunicarse con los candidatos al Congreso mencionados, pero el coordinador de prensa de JPP indicó que no darían declaraciones al respecto. Los candidatos que no declaren sus ingresos pueden ser sancionados con una multa no menor de 1 UIT (S/5.500) ni mayor de 5 UIT (S/27.500).

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Tiene plata, tiene equipo y tiene una correa anchísima que le ha permitido hacer campaña vacilándose de sí mismo. El ‘yo me río de mi persona’ fue la única emoción que pudo vender en una contienda en la que cualquier rival era un orador brillante a su lado. Rió e hizo reír bastante; pero otra cosa fue que, en pleno debate presidencial, el pico dramático de la campaña en el que se cruzaron los destinos de los 34 candidatos, Carlos Álvarez lo remedase. No podía reírse, no debía, no cabía.

Esa vez, César quedó demudado. Fue el único evento en el que su equipo de abogados, marketeros, asesores y escribidores de discursos, no pudieron hacer las cosas por él. ¿Cómo replicar una puya, cómo responder la pregunta ciudadana secreta, como dar la talla ante la gente que tuvo al lado? No descarten que pasó por su cabeza negociar pactos de no agresión con alguno de sus vecinos.

Pero eso no lo podía hacer con Fernando ‘Popy’ Olivera, quien lo golpeó, pateó y escupió diciéndole lo que nunca se había dicho de él con tanto desparpajo. Esos horribles momentos que pasó en el debate, luego de haber reído y bailado tanto con la troupé que le consiguieron para sus giras -estas incluyeron un comediante enano que lo remedaba- los habrá recordado en su candelero interno esta semana; mientras le pasaban reportes de las últimas cifras de la ONPE.

Al cierre de estas líneas no puedo asegurar ni descartar que APP saltará la valla. Depende de que otras fuerzas sean excluidas y, con las justas, 3 o 4 apepistas entrarían a la cámara de senadores y 7 u 8 a diputados.

La última vez que chequeé la votación personalizada por candidatos, el propio César ni siquiera lograba un cupo en el senado nacional. Por delante de él están Juan José Santiváñez -sí, el controvertido ex ministro del Interior- y otro abogado de policías, José Palacios Obregón, que hicieron campaña juntos. No importa su curul, que ni gracia le haría trabajar como senador; sino el roche. Pero la risotada no es solo al propio Acuña sino a la lucha contra la inseguridad. He ahí César que si tu partido salta la valla, habrías metido al senado a un par de defensores de policías sancionados cuando lo que necesitamos es quienes nos defiendan de la corrupción policial y reformen a la PNP.

El candelero interno de César está ardiendo. Sus personeros y abogados pelearán voto a voto. Su salto de valla en el senado es más probable gracias a su vigencia en Loreto, Cajamarca o San Martín, pero en diputados depende de que en algunas regiones haya giros inesperados en el último tramo del conteo.

El ‘papá de La Libertad’, como le dijo Dina Boluarte alguna vez, ha sido desconocido por sus hijos. No habrá senador apepista por La Libertad y si entrara algún diputado sería porque el partido de origen mochero, Un Camino Diferente, no saltó la valla. El castigo puede prolongarse hasta las elecciones regionales y locales de octubre.

Los Acuña, empezando por el hijo Richard, dijeron que esta sería la última campaña de su padre. Por eso invirtieron en varios trucos a la vez, como el convertirlo en el candidato de los influencers jóvenes. Un vacío de la ley y una distracción del sistema, le ha permitido a César agenciarse piezas publicitarias -no puedo catalogar de otra forma las entrevistas concesivas que le hicieron varios fenómenos de las redes- que tendrían que estar proscritas si extendemos al streaming los alcances de la ley que prohíbe a los candidatos contratar publicidad.

Los Acuña construyeron una franja electoral a la medida del patriarca de la familia. Pero lo que nunca le podrán fabricar es una banda presidencial a su medida. No la hay ni la habrá, se cumpla o no la promesa de que esta sería su última campaña. Que su sueño lo herede otro, si puede. Richard, a quien en el 2023 su propio padre había señalado como posible candidato presidencial, calculó, estudió, tasó y vio que no tenía chance. No es difícil responder ello: César, al fin y al cabo, es ejemplo de superación desde un pueblo cajamarquino -vecino de Pedro Castillo, qué caray- hacia el negocio millonario de la educación universitaria. Esa es su épica, mientras Richard es hijo de un magnate. Tiene conocimiento y disposición para la política -doy fé- pero la percepción popular le niega ese perfil de ganador con la suya.

A César le quedaba un capital político, pero lo perdió tolerando la corrupción de Castillo, la frivolidad de Boluarte, la nocturnidad de Jerí y las uñas largas de su propia gente. A César lo que es de César: su plata. Le sobra como para vivir una plácidamente el resto de sus días. Si quiere seguir bancando un partido, que lo limpie de cuajo, o mejor que haga filantropía.

Un total de 5.424 actas electorales —que representa el 5.85% de todas las contabilizadas hasta el momento— fueron observadas hasta este jueves por las Oficinas Departamentales de Procesos Electorales (ODPE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al presentar errores materiales o aritméticos producto de las elecciones generales del pasado domingo.

Estos documentos oficiales de sufragio serán enviados a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver la controversia en un cotejo e intentar subsanarlas. De lo contrario, irían a una audiencia pública para realizar el reconteo.

La importancia de estas actas radica en que podrían mover el tablero electoral y decidir si el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) podría mantenerse en el segundo lugar o si Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lo desplaza para pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien encabeza la mayor cantidad de votos a nivel nacional, según la ONPE.

De acuerdo con expertos consultados por este Diario, el promedio de votos existente en un acta electoral es de 200, lo que quiere decir que por cada mesa de votación hay al menos 200 electores. Teniendo en cuenta ello, las 5.424 actas observadas representarían un total de 1 millón 084 mil 800 votos.

Al 93.073% de actas contabilizadas, se pudo verificar que en todo el país hay 4,925 actas observadas, mientras que en el extranjero hay 499 documentos de sufragio en controversia. Las regiones que reportaron mayor cantidad de actas fueron Lima (1,189), Piura (428), Loreto (397), La Libertad (389), Áncash (241), Cajamarca (238), Ica (230), Huánuco (211), Ucayali (186), Junín (171) y Lambayeque (168).

Luego le siguen San Martín (162), Callao (125), Puno (102), Ayacucho (92), Amazonas (81), Cusco (77), Arequipa (75), Tumbes (59), Pasco (55), Madre de Dios (54), Tacna (52), Apurímac (47), Huancavelica (45) y Moquegua (29).

En el extranjero, las actas observadas están reportadas de la siguiente manera: América (307), Europa (169) y Oceanía (2).

En Lima Metropolitana hay 1.022 actas observadas.

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los Jurados Electorales Especiales para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.

Es importante recordar que a inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones,

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio a inicios de abril.

Esta situación no ha cambiado a la interna del JNE. Una fuente —que prefiere mantener su nombre en reserva— refirió que hacia la quincena de mayo “estaremos culminando con la resolución de actas observadas de la elección presidencial, en tanto, se requiere contar con resultados considerando una posible segunda vuelta. Para ello, es necesario que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remitan con celeridad las actas observadas y los ejemplares que corresponden a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones”.

En el mismo sentido, expertos consultados en el tema estiman que estas actas deberían estar resueltas en la quincena de mayo próximo. “En teoría debería resolverse entre la primera semana de mayo o antes de la quincena”, dijo José Tello, experto en temas electorales.

A su turno, Silvia Guevara, experta en derecho electoral, opinó en el mismo sentido. En diálogo con El Comercio afirmó que, si bien no hay un plazo para resolver todas las actas observadas, estas deberían estar listas en la fecha mencionada.

“No hay plazo. Pero debe ser, a más tardar, en la quincena de mayo, exageradamente.”, afirmó.

José Manuel Villalobos, también experto en temas electorales, coincidió con los anteriores consultados.

De otro lado, opinó que, a diferencia de las elecciones pasadas, no debería anularse ningún acta porque “estas actas observadas tienen errores de todo tipo, básicamente aritméticos o de origen de ilegibilidad”.

“Cuando tú resuelves un acta observada en el Jurado, ¿qué haces? Te mandan un acta observada que es del sobre plomo. La ONPE te manda tu sobre verde del Jurado Electoral Especial. Y haces un cotejo. Ves las dos actas y, supuestamente, con el acta del JEE salvas el problema. El problema es que, si las dos actas están mal escritas, el Jurado puede pedir las cédulas que están guardadas, cuenta los votos y te da el resultado”, refirió.

Villalobos afirmó que en este momento las actas observadas ya deberían estar resolviéndose. No obstante, fuentes del JNE indicaron que hasta el momento no se han enviado en su totalidad las actas observadas.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, dijo que los JEE tenían en trámite 2.446 actas observadas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, detalló que ya se habían identificado y advertido irregularidades al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previo a la jornada del 12 de abril, en donde se registró una grave crisis en el despliegue del material electoral que ocasionó que más de 52 mil peruanos no pudieran votar. El presidente del máximo ente electoral no solo dio detalles previos y sobre esa misma fatídica jornada, sino que además fue enfático en calificar como falsa la información dada por la entidad —que aún dirige Piero Corvetto— respecto a las cuatro cajas con cédulas de sufragio halladas en Surquillo.

En la víspera, el programa “Beto a saber” de Willax TV reportó que las cajas con cédulas de cuatro mesas de sufragio que se instalaron en un colegio en Surco fueron halladas al costado de un tacho de basura, en una esquina de Surquillo. En el mismo programa, una funcionaria de la autoridad electoral atribuyó ello a un “error involuntario” y señaló que sí se había seguido la cadena de custodia, con presencia de un fiscalizador del JNE y de un efectivo policial durante el traslado.

Mira aquí la transmisión en vivo:

Al respecto, Burneo precisó que, respecto de esas cajas, “contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador (del JNE) acompañando ni un efectivo policial”. Y que “fueron transportadas por vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo el JNE”.

“Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya estamos realizando los informes que ya están siendo comunicados a las autoridades como nuestra procuraduría, para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, correspondan”, aseveró Burneo.

Tras sus declaraciones, la ONPE indicó que en otro pronunciamiento que la funcionaria —Claudia Sandoval Carmona— brindó “información inexacta” y que ya se realizan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. La entidad pidió disculpas.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/oKpdu4EQE6

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Burneo arribó este viernes 17 de abril a la Comisión de Fiscalización del Congreso a dar su testimonio de lo acontecido, en medio de una crisis sin precedentes que golpea a todo el sistema electoral. Según expresó, dentro del sistema “hay funciones diferenciadas” en cada uno de los organismos que lo componen y remarcó que, así como el JNE tiene como función de fiscalización y administrar justicia electoral, correspondía a la ONPE “el rol de organizar el proceso electoral en sí, garantizar todo el tema logístico”.

“Comprendemos y nos aunamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos y los incidentes gravísimos que han sucedido en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias de la organización del proceso que le compete a la ONPE durante la jornada electoral, específicamente y especialmente en la ciudad de Lima Metropolitana”, remarcó Burneo.

Agregó que la fiscalización electoral comprende todas las etapas del proceso, como la supervisión de la selección de los miembros de mesa, punto en el que Burneo destacó la participación de los ciudadanos en la jornada “que ha sido de las más largas y más complejas de la historia de país”.

“Mi reconocimiento a todos los ciudadanos que en esta jornada electoral han sacrificado su tiempo y, sobre todo, han demostrado ese gran compromiso cívico, porque la retribución que se ha aprobado no corresponde al gran trabajo de más de 24 horas a nivel nacional y no sólo a nivel nacional, sino a nivel del voto extranjero”, expresó Burneo.

Respecto a la fiscalización del despliegue del material electoral, el presidente del JNE señaló que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales “mantuvo coordinaciones permanentes” con personal de la ONPE para el despliegue del material electoral y que estuvieron presentes desde la impresión, la selección de colores y el despliegue del material tanto al extranjero, a nivel nacional como en Lima Metropolitana.

En el caso de este último, agregó, Burneo señaló que “la ONPE informó en todo momento que el material se desplegaría en los locales de votación antes de la llegada de los miembros de mesa”; es decir, 6:00 a.m. del mismo 12 de abril. Y desbarató la versión inicial dada por la ONPE, en la cual se responsabilizó a una empresa contratista de incumplimiento.

“Sin embargo, no obstante las diferentes actas que se han levantado desde abril 10 hasta el 12 de abril, la ONPE no cumplió con lo que se había comprometido en todo momento. Entiendo que ellos han indicado que hubo fallas en lo que corresponde al contratista que habían ellos contratado para el transporte del material electoral, pero según los informes que aparecen en nuestros registros y las actas levantadas por los diferentes fiscalizadores de los Jurados Electorales Especiales, el retraso sobre todo se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, aseveró.

Burneo continuó indicando que las unidades vehiculares de transporte “estaban desplegadas en los locales de la ONPE y lo que ha fallado en torno a este tema de despliegue no era el material en sí”, sino el despliegue del material informático; es decir, como computadoras e impresoras. Ello pues, en Lima Metropolitana, iba un vehículo transportando material electoral, así como otro vehículo transportando material tecnológico, junto a un vehículo de las fuerzas del orden.

“Esto es lo que hemos reportado en todo momento. Sin embargo, de la información proporcionada por la ONPE, no reflejó esta situación real”, remarcó Burneo.

El presidente del JNE también señaló que se emitieron disposiciones “sin precedentes”, pues nunca antes se había registrado una problemática de este tipo en el despliegue de material electoral. Y contó que se amplió el horario de instalación y sufragio, pues a partir de las 8:30 a.m. ya se tenía un diagnóstico sobre la problemática que se estaba registrando en las mesas, por lo que se convocó un pleno, mientras que la ONPE “ya a las 10:00 a.m. o más” solicitó presentarse al mismo, a lo cual se accedió.

También detalló que allí Corvetto pidió que se amplíe el horario “por una hora”, tanto para la instalación de las mesas de sufragio como para el acto de sufragio en sí mismo; es decir, hasta la 1:00 p.m. en caso del primero.

Según su versión, el jefe de la ONPE indicó que eso era “suficiente para terminar el despliegue total del material electoral a nivel de Lima Metropolitana”. Sin embargo, agregó, fue tras la consulta de los miembros del pleno que se decidió dar una hora más a lo solicitado, garantizando Corvetto “que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral”, remarcó Burneo.

Detalló que también se comprometió a no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) ante las fallas que se venían registrando y porque, según contó, había advertencias desde el 10 de abril de que las computadoras e impresoras no habían sido puestas a prueba antes de ser embaladas y enviadas e, incluso, contó que había impresoras que fallaron luego de tres impresiones. Ante ello, se le requirió al jefe de la ONPE volver al sistema convencional, a lo cual se comprometió, pero “no cumplió”.

“No cumplió tampoco con desplegar hasta las 2:00 p.m. el material electoral”, remarcó. Tanto es así, prosiguió, que después, ante nuevos informes de fiscalización, nuevamente se convocó a otro pleno, por lo cual se tomaron nuevas medidas. Se amplió la jornada hasta el día siguiente en aquellas circunscripciones en donde se registraron inconvenientes.

Comentó también que se registraron 24,867 incidencias en el marco del proceso electoral, de las cuales 998 corresponden a la jornada en sí misma. Además, contó que se habían registrado hasta el momento 85 pedidos de nulidad de diferente naturaleza a nivel de los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) y del JNE, de los cuales 14 son de nulidad parcial y 71 de nulidad total del proceso.

También detalló que se contó en la jornada de votación a nivel nacional con 163,368 personeros de diferentes organizaciones políticas, de los cuales 34,361 personeros corresponden a Lima.

Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 93,36% de las actas hasta la tarde del viernes, aún hay otras que permanecen observadas y cuyo trámite se encuentra en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las controversias mediante cotejo o recuento de votos para determinar a qué candidato corresponde la eventual asignación de más adhesiones.

Este trámite podría demorar. A inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones. Es decir, que en al menos 28 días podríamos tener resuelta las controversias de cada acta observada.

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio.

El analista político Gonzalo Banda coincidió que todas las actas deberían ser resueltas hasta antes de la quincena de ese mes para que prosigan con las actividades de cara a la segunda vuelta electoral. En el mismo sentido opinó Silvia Guevara, la experta en temas electorales:

No obstante, el abogado en legislación electoral Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, consideró que el JNE con la Inteligencia Artificial que posee debería resolver lo más rápido posible la controversia de votos en las pocas semanas que quedan de abril para continuar con el proceso electoral.

“Debería terminar (la resolución de actas observadas) en este mes. El pez por la boca muere. Y Burneo dijo ”tengo Inteligencia Artificial y en cinco minutos sale cada caso". Ok. Que lo demuestre", cuestionó.

El avance de las actas observadas

Según el portal digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 75,35% de las 5.646 actas observadas en la elección presidencial ya fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales. Este porcentaje equivale a unas 4.254 actas detectadas —por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)— con errores materiales o aritméticos durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

El número de actas observadas que se encuentra en manos de dicho organismo electoral podría representar un total de 850.800 votos emitidos a nivel nacional, si se toma en cuenta un promedio de 200 electores que votaron por cada mesa de sufragio.

En otras palabras, casi un millón de votos se encontró en manos del JEE, al menos hasta el viernes por la tarde.

La importancia de este asunto radica en el hecho de que podrían mover el tablero electoral, pues —de acuerdo con el conteo oficial de la ONPE hasta este viernes— los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) disputan su pase a la segunda vuelta en la que podrían competir con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien permanece en primer lugar con 2 millones 686 mil 331 votos válidos.

De las 4.254 actas observadas que fueron remitidos a los Jurados Electorales Especiales, solo 4.100 fueron procesadas hasta este viernes. Otros 154 documentos de sufragio todavía se mantienen a la espera de ser tramitadas por el organismo electoral.

De otro lado, hay al menos 734 pronunciamientos generados sobre actas observadas por los Jurados Electorales Especiales a raíz del cotejo respectivo, los cuales regresarán a las ODPE en un máximo de tres días si dichos documentos de sufragio no son objeto de ninguna apelación, según informó el JNE a este Diario.

Entre tanto, hay al menos 24 actas que fueron enviadas para que en audiencia pública se realice el recuento de votos. Para ello, la ODPE deberá enviar el sobre lacrado con los votos respectivos.

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los JEE para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.

Un nuevo escándalo envuelve a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que encabeza Piero Corvetto, en el contexto de su ineficiente desempeño en la organización de las elecciones generales del último 12 de abril.

Al problema del traslado del material electoral, que dejó a más de 50 mil peruanos sin poder sufragar el domingo, se suma una denuncia de extravío de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de sufragio en las calles. Mientras tanto, el organismo electoral ha optado por el hermetismo y la minimización de los hechos.

Dos coordinadores de la ONPE denunciaron en la Comisaría de Zárate (San Juan de Lurigancho) la desaparición de ocho actas de escrutinio correspondientes a dos mesas de sufragio de la Institución Educativa Antonio Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú. Se trata de documentos que contienen los resultados de la votación en la mesa, en este caso de la elección de senadores a nivel nacional.

Según los trabajadores del organismo electoral, en cada una de las mesas sufragaron por lo menos 300 ciudadanos.

De acuerdo con el testimonio de uno de los denunciantes, las actas salieron en su totalidad del colegio al promediar las 11:30 am del 13 de abril, un día después de los comicios, con dirección a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales - San Juan de Lurigancho, cuya sede se encuentra en la avenida los Jazmines.

Dicho material fue trasladado bajo la custodia de dos trabajadores de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y un efectivo policial, y entregado al área de cómputo de la oficina descentralizada de la ONPE.

Otro de los denunciantes detalló que al momento de revisar el material se percató que faltaban ocho actas correspondientes a las mesas 057274 y 057275. Motivo por el cual llamó a la responsable del local de votación, quien agotó los medios y no logró ubicar dichas actas.

Según el parte policial, al que tuvo acceso El Comercio y que está suscrito por el comisario de Zárate, comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, estos hechos “se encuadrarían en una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública abuso de autoridad, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

Cabe señalar que la denuncia se presentó el último míercoles 15 de abril, pero los hechos, como ya se detalló líneas arriba, se produjeron el lunes 13.

No es la única denuncia presentada. La Unidad de Investigación de este Diario tuvo acceso a otro caso en San Borja.

A esto se suma el hallazgo de cédulas de votación las calles de Surquillo. Este caso fue denunciado por el programa ‘Beto a Saber’ de Willax, dónde mostraron las cajas del material encontrado al lado de la basura.

El material corresponde a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627 de la Institución Educativa 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

En el caso de la mesa 050618, se tiene pendiente conocer los resultados obtenidos en la elección de senadores y parlamentarios andinos y está para envío al JEE la elección de diputados. Ello debido a que el acta figura como ilegible.

La mesa 050619 solo tiene contabilizada en el acta del Parlamento Andino, diputados y senadores pendientes y la elección presidencial está también para enviar al JEE (por error aritmético). Lo mismo en el caso de la mesa 050620. En el caso de la 050627 figura también para enviar al jurado especial el acta de la elección de diputados por tener error aritmético.

En este contexto, es importante resaltar que en estas elecciones se ejecutará, por primera vez, el recuento de votos. Este mecanismo solamente se aplicaría sobre las actas observadas y con solicitudes de nulidad. Como ha explicado previamente el JNE, esto se aplica a criterio de los jurados electorales especiales (JEE).

La PNP llegó al set de Willax para recoger el material y la jefa de la ODPE- Surco, Claudia Sandoval, minimizó los hechos al calificarlos de “error involuntario”.

“Nosotros contratamos unos vehículos para el repliegue a la ODPE (desde el local de votación), pero unos trabajadores de mi ODPE por un error involuntario lo han olvidado”, comentó la funcionaria.

Según dijo, desde el domingo vienen comunicándose con el taxista, pero que nunca les respondieron el teléfono. Además, detalló que en el vehículo se habían transportado 24 cajas, cuatro de ellas se les olvidaron. “Los muchachos a la hora de bajar todo el material, olvidaron esas cuatro cajas”, dijo.

De acuerdo con Sandoval, junto con el coordinador de la ONPE también abordaron el auto un policía y un fiscalizador del JNE. Finalmente, destacó “la honestidad de la ciudadanía” y comparó los hechos con olvidarse un celular en un taxi.

Pasada la media noche, la ONPE lanzó un comunicado por X (antes Twitter) con una versión similar a la de su funcionaria de ODPE. En este resalta que en el vehículo, conforme con la cadena de custodia, viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del JNE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladadas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”, afirmó.

Asimismo, subrayó que los votos de esas 4 mesas ya habían sido consignados en actas de escrutinio que están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en su web.

“El material, ya encontrado, será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, puntualizó. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no han presentado la copia de referida denuncia, pese a las solicitudes de este Diario.

En tanto, el director nacional de Investigación, teniente general PNP Manuel Lozada, tras el recojo del material en la sede de Willax se continuará con las acciones preliminares para determinar cómo las cédulas terminaron fuera de los canales oficiales de custodia.

“Lo que vamos a determinar es cómo ha sido dejado o perdido o votado. Eso va a ser parte de la investigación”, acotó.

Asimismo, no descartó que puedan existir responsabilidades, incluso dentro de la propia institución policial. En ese sentido, aseguró que cualquier agente implicado en un eventual acto irregular será sancionado conforme a ley.

De otro lado, debido a esta denuncia, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realizó diligencias en un almacén de la ONPE en Lurín para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral. La intervención se llevó a cabo en coordinación con JNE, en su calidad de ente fiscalizador de la ONPE.

En diálogo con El Comercio, el experto en derecho electoral José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, y el abogado penalista Gilmar Andía advirtieron sobre posibles delitos y faltas administrativas.

Tello opinó que se trata de un hecho aislado porque “no ha encontrado evidencia de más casos documentados en Lima”.

En el caso de la funcionaria, indicó que está “claro” el delito de omisión de funciones porque debió dar cuenta de los hechos a la PNP “inmediatamente”. Así como una falta administrativa.

“No hay ningún tipo de justificación para que no lo haya hecho”, resaltó.

El especialista electoral cuestionó que el material se haya trasladado en un taxi. “Eso es inadmisible, la misma empresa Gálaga que lo dejó también debió recogerlo y trasladarlo al punto donde se va a conservar, con la custodia de la PNP y el JNE”, cuestionó.

Para Tello, la explicación que dio la jefa de la ODPE evidencia el “desgobierno” que hay en la ONPE. “Corvetto no funciona [...] Es inadmisible escuchar ese tipo de justificaciones y más indignante que diga que se trata de un error involuntario”, sentenció

“El señor Corvetto debe pensar seriamente si se mantiene en el cargo de jefe de la ONPE. La salida es renunciar, por fuerza mayor a raíz del descrédito que ha generado al organismo como para seguir llevando a cabo este proceso. No debe esperar a ser maltratado por la JNJ. No debe olvidar que una destitución acarrea una inhabilitación”, concluyó.

Por su parte, Andía opinó que los hechos evidencian un descuido absoluto del material electoral.

Lo primero, según su criterio, es revisar que lo computarizado por la ONPE coincida con la información plasmada en las cédulas y que de ello dependerá si la explicación de la ONPE es viable.

El posible delito es el 359, inciso 4, del Código Penal, que es contra el derecho de sufragio, en la modalidad de querer alterar el resultado de las elecciones. “Ahí es donde podría calzar. Si lo que se ha intentado es la sustracción, que es cuando se saca del ámbito donde debería estar guardado. Este caso es bajo la custodia de la gente de la ONPE [...] Tiene una pena de 2 a 8 años”.

Bajo la mirada del penalista, la investigación sería en primer lugar a la jefa de ODPE-Surco, a quien también se le podría abrir una carpeta por omisión de funciones.

Además, consideró que “de todas maneras” hay responsabilidad administrativa.

“Este hecho alimenta un llamado de fraude que, hasta el momento, no tiene ninguna prueba tangible o indicio fuerte”, dijo.

Finalmente, consideró que este hecho será tomado en cuenta por la Junta Nacional de Justicia como elemento de convicción en la investigación preliminar que abrieron a inicios de semana, que podría derivar en su suspensión o destitución.

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proyectó que los resultados oficiales de la elección presidencial se obtendrían aproximadamente en la quincena de mayo, a un mes de la segunda vuelta.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, sostuvo Clavijo en declaraciones a RPP este sábado.

La funcionaria del JNE agregó que el avance depende de la revisión técnica que realizan los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el territorio nacional.

Al 18 de abril, los JEE han recibido 15,470 actas observadas para su calificación, de las cuales el 10% ya cuenta con un pronunciamiento definitivo. No obstante, la funcionaria advirtió que aún falta procesar más de la mitad de la carga total, pues estiman que el universo de documentos con observaciones podría ser dos o tres veces mayor a la cifra recibida hasta el momento, lo que sitúa el número de actas pendientes de remisión en un rango que superaría las 15,000 unidades adicionales.

El procedimiento de saneamiento en las instancias regionales toma un promedio de tres días por acta desde su recepción física. Este ciclo operativo incluye el escaneo del material, el análisis legal de los errores materiales o aritméticos detectados, y la posterior notificación de las resoluciones antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proceda con la contabilización final de los sufragios.

Respecto a las dificultades logísticas, Clavijo señaló que la celeridad del proceso está sujeta al envío de material por parte de la ONPE. “El riesgo [de demora] está en que no nos remitan prontamente las actas observadas. Nosotros necesitamos que, inmediatamente, la ONPE nos envíe las actas, tanto a los JEE como el ejemplar que corresponde al JNE para el cotejo respectivo”, enfatizó la secretaria general.

Finalmente, el JNE a partir de este lunes realizará audiencias públicas para el recuento de votos en casos donde el cotejo de ejemplares no sea viable. Estas sesiones serán transmitidas en vivo a través del portal institucional para garantizar la transparencia, permitiendo la fiscalización de personeros, observadores y representantes del Ministerio Público durante el proceso.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, no descartó evaluar la nulidad de las elecciones del 12 de abril, en su presentación el último viernes ante la Comisión de Fiscalización de Congreso.

Ahí precisó que su organismo ha recibido un total de 85 pedidos de nulidad total (71) o parcial (14) relacionados con el proceso del domingo, que están siendo resueltos por los JEE y, posteriormente, analizados el pleno del JNE.

“Todas están siendo evaluadas con la seriedad y con toda la información que tenemos y que estamos recabando en torno a las incidencias que se han suscitado [...] no solamente en Lima Metropolitana sino en todas las partes donde ha habido observaciones, incidencias y pedidos de nulidad [...] Así que vamos a seguir actuando en ese en ese sentido [...] y si se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas, tengan la seguridad que el jurado las va a implementar”, afirmó.

En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral Fernando Rodríguez y Enzo Elguera señalaron que, de acuerdo con la norma, “no se puede declarar la nulidad” de este proceso electoral.

“No es posible, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, ni la nulidad total ni parcial del proceso electoral [...] Esto revela que Burneo no conoce de las normas electorales, no las domina y lo demuestra cada vez que puede”, expresó Rodríguez a El Comercio.

En tanto, Elguera afirmó que, pese a lo que dice la ley, al tratarse de la máxima autoridad electoral podría tomar una decisión “extraordinaria”, si es que se revela evidencia de un presunto fraude.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, evitó pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se limitó a decir que se deberá seguir el debido proceso al evaluar las irregularidades en los comicios de este 12 de abril.

“Hay errores que están investigando y depende de la investigación y las responsabilidades. Lo importante no son las personas, lo importante es el sistema. El sistema electoral necesita todos los resguardos en esta segunda vuelta para tener cero errores. Si eso va a significar el cambio de algunos titulares, pues eso tendrá que hacerse pero no porque me da paz o me da pena. Tiene que hacerse con el debido proceso para que no vuelvan a ocurrir problemas en la organización. Nadie es indispensable”, comentó este sábado en conferencia de prensa.

En reiteradas oportunidades, el parlamentario y postulante a la presidencia de Juntos por el Perú reconoció que hubo “problemas graves de organización” pero insistió en que esto no afectó el sentido del voto de los ciudadanos y que no se restringió su derecho a sufragar porque se atendieron los pedidos para extender plazos y otorgar un día más a lo más de 50 mil electores afectados por retrasos en la instalación de mesas en Lima.

“Estos hechos graves de organización tienen que ser investigados como corresponde, según las competencias, y deben haber sanciones que correspondan a la autoridad responsable. ¿Eso ha afectado el voto de la mayoría? No. ¿De algún solo peruano? No. Y si alguien cree que se está afectando el voto en una mesa concreta, digan cuál, qué voto y qué ciudadanos y nosotros estamos en la capacidad de mostrar el acta y demostrarlo", explicó.

Sánchez resaltó que su posición y de su partido es a favor de que se respete la voluntad electoral y el proceso que permite revisar actas de manera transparente y ante la comunidad internacional. En esa línea, calificó como “lloriqueos” los reclamos de otros partidos que atacan con insultos a autoridades electorales, sin hacer alguna alusión en específico. “Ahí no hay orden. Democracia no es aceptar lo que a ti te gusta. Democracia es aceptar el voto ciudadanos en su totalidad”, agregó.

En otro momento, el abogado Roy Mendoza, quien acompañó a Sánchez en su pronunciamiento, respaldó la postura de Juntos por el Perú en la línea de reconocer fallas en las elecciones. “Han habido errores en la organización, pero estos errores no pueden ser equiparados a un fraude electoral”.

Ante el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que los resultaos presidenciales se conocerían en quincena de mayo, dijo que esperan que haya rapidez en el conteo de votos y procesamiento de actas observadas. “Pedimos celeridad y vamos a esperar democráticamente los resultados, sea cual fuere, independientemente del resultado, se va a respetar”, aseguró.

El expresidente Ollanta Humala anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial autorizó su participación en el proceso disciplinario contra los jueces de la sala que lo condenaron a prisión efectiva.

Por redes sociales, el exmandatario condenado y preso en el penal de Barbadillo se refirió a las juezas Nayko Coronado Salazar y Juana Caballero García.

“Este 30 de abril, la ANC del Poder Judicial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional”, detalló en X.

Este 30 de abril, la @ANC_PJ_Oficial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional.
Esto es importante porque se sabrá que no es la primera… pic.twitter.com/vjfxjcrEWP

— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) April 18, 2026

Humala Tasso dijo que esta decisión le permitirá exponer que estos magistrados han sido sancionados antes. “Entre las juezas Nayko Coronado y Juana Caballero suman 11 sanciones previas”.

Los jueces son objeto de diligencias en la ANC por presuntas irregularidades funcionales cometidas por el tribunal durante la lectura de su sentencia en abril de 2025.

El exjefe de Estado sostuvo que permaneció detenido durante 17 días sin acceso a los fundamentos de la decisión judicial, lo cual vulneró su derecho a la defensa. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de habeas corpus, tras establecer que la privación de la libertad sin un mandato judicial escrito y motivado resultó inconstitucional.

Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (Onpe) debía acudir la tarde de este viernes ante la oficina de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de declarar por el escándalo del material electoral que no fue entregado el último 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, solicitó reprogramar su citación.

Es más, mediante un oficio dirigido al jefe de la Dircocor, Corvetto señala que su nueva declaración “deberá ser de manera virtual por meet en un plazo razonable”.

El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

Corvettó debía acudir a la sede de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía en Barranco.

El jefe de la Onpe alegó razones de “salud e integridad personal”, para no concurrir a la citación policial y solicitar que la diligencia sea virtual.

Ademas, alegó que al ser titular de la Onpe debía cumplir con el Cronograma Electoral, el mismo que se encuentra en pleno desarrollo del cómputo de votación de las mesas de sufragio.

Junto a ello, Corvetto Salinas indicó que había sido notificado con el inicio de investigación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que por orden de prelación y por su importancia, debía presentar un informe de descargos ante los cuestionamientos en su contra y ante una posible infracción disciplinaria por el que se le investiga.

“Así las cosas, estos dos hechos que son de pleno conocimiento Público, hacen que muy respetuosamente solicite reprograme la diligencia señalada en el exordio del presente documento en un plazo razonable dejando expresa y claramente sentada mi total disponibilidad para con la presente investigación”, refirió Crovetto a través de un escrito enviado a la Dircocor.

Como ya se conoce, el material electoral no llegó a algunos colegios de Lima y en otros casos llegó hasta cinco horas después de la hora del inicio de la votación.

De otro lado, El Comercio identificó que Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente y dueño de Galaga S.A.C, ingresó a la ONPE hasta en dos oportunidades para actividades “públicas/protocolares”, y la fiscalía requirió el registro de visitas en la entidad.

Hasta el momento, Piero Corvetto, viene siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a los diversos hechos denunciados en la conducción del proceso de las Elecciones Generales del 2026.

Corvetto Salinas deberá presentar sus descargos dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución de la JNJ que abre investigación en su contra.

Fuentes de la JNJ señalaron que el funcionario ya fue notificado con dicho documento.

Concluido el plazo y presentados los descargos, la JNJ deberá decidir si abre un proceso disciplinario en su contra o no.

Paralelo a ello, Corvetto Salinas enfrenta una posible reevaluación de su ratificación como jefe de ONPE. Para ello, el Pleno de la JNJ encargó a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe sobre el proceso de ratificación al que fue sometido en el 2024.

En aquel momento, tal como lo ha informado este Diario, no fue ratificado en una primera evaluación (por falta de los cinco votos necesarios). Sin embargo, tras una reconsideración presentada, la JNJ respaldó su continuidad hasta el 2028, por seis votos a favor y uno en contra.

Mientras tanto, aún está pendiente de resolver su situación debido a la denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía de la Nación.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que derivó el caso al despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Juan Carlos Villena.

Mientras tanto, la ONPE designó a Gustavo Armando García Hidalgo como titular de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, en reemplazo de José Edilberto Samamé Blas, quien fue detenido en flagrancia la mañana de lunes por la Dircocor y posteriormente liberado.

En su declaración ante la Dircocor, obtenida por El Comercio, Samamé Blas dio cuenta de que el plan trazado para el reparto de material no se estaba cumpliendo desde el viernes 10 de abril por la noche. Que de acuerdo a lo que le informó el Subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang, los vehículos iban a salir en dos partes, la madrugada del viernes y la mañana del sábado.

“Siendo que al llegar a San Pedro (Lurín) observo que no estaban saliendo los camiones conforme lo indicado, y al consultar al personal presente respecto a cuántos camiones habían salido, no supieron darme una respuesta concreta”, dijo.

En otro pasaje de su manifestación, el exfuncionario sostuvo que tras conocer que no se estaba repartiendo el material electoral, sostuvo una reunión con Phang Sánchez, con la coordinadora del almacén de la ONPE, Rocío Romainville y otra persona de nombre Gianina que labora con Romainville.

Así también, señaló a Phang Sánchez, quien es acusado por presunto crimen organizado por presuntas irregularidades en el caso ONPE y José Luna, como la persona responsable de supervisar la entrega del material electoral.

Pese a que Samamé rechazó estar implicado en algún acto de corrupción, se negó a que la Policía de la Dircocor revise su teléfono.

Dicho acto quedó registrado como parte del acta de visualización policial, en la que participó Samamé junto a su abogada.

De otro lado, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que abrió investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de colusión, dispuso oficiar a la ONPE con la finalidad de esclarecer los hechos.

Ello, luego de darse a conocer que la empresa Galaga SAC, habría sido beneficiada con una nueva licitación para las Elecciones Generales del 2026, pese a que incumplió anteriores contratos y no habría tenido la logística para el despliegue del material electoral.

Por ello, señaló la fiscalía, “las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas.

“Adicionalmente, se ha advertido que, la referida empresa registra antecedentes de incumplimiento contractual y penalidades impuestas por la propia ONPE, registrando al menos tres sanciones económicas por incumplimientos contractuales entre los años 2020 y 2023, lo que podría evidenciar un patrón de conducta en la ejecución de servicios contratados con el Estado”, expresó la fiscalía.

Por ello dispuso que el plazo de la investigación inicial sea de 30 días. Dentro de este plazo, la Policía de la Dircocor fue facultada para que realicen las primeras intervenciones que se ejecutaron entre el 12 y 13 de abril.

Adicional a ello, la fiscalía dispuso que la ONPE remita un informe sobre los servicios prestado por la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C en años anteriores, y los funcionarios o servidores que intervinieron en dichos procesos.

Además, dispuso requerir el registro de visitas de la ONPE, desde el periodo comprendido entre enero de 2026 a la fecha.

El Comercio identificó que Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente y dueño de Galaga S.A.C, ingresó a la ONPE en febrero y marzo del 2026, para “acto público/protocolar”.

De acuerdo al registro de visitas, Alvarado Pfuyo ingresó el 2 de febrero del 2026 a la central de la ONPE a las 10:02 de la mañana y se retiró casi una hora después, a las 11:34 de la mañana.

Según el registro virtual, se reunió con la funcionaria Yuvitza Milagros Aguilar Ticona representante de la Gerencia de Administración, en la oficina 1106, y el motivo consignado fue “acto público/protocolar”.

De acuerdo al registro, en esa misma oficina y a la misma hora también ingresaron representantes de la empresa Afe Service S.A.C., y el notario Marco Antonio Villota Cerna.

El Comercio solicitó a la ONPE su versión sobre dicho acto protocolar, pero no respondieron hasta el cierre de este informe. Por su parte, la Notaría Villota señaló que no brindaría declaraciones.

“Gracias por su interés. Por la naturaleza de su función notarial, no (se) brinda declaraciones", indicaron.

También buscamos la versión de Alvarado Pfuyo, pero no respondió. Su abogado, Christian Castillo, rechazó que su patrocinado y su empresa hayan cometido algún ilícito o que tengan algún vínculo político.

En declaraciones a RPP, el abogado responsabilizó a la ONPE y anuncio que remitieron una carta notarial a dicha entidad para que se retracte de responsabilizar al empresario o iniciarán una querella.

“Estamos evaluando y hemos remitido una carta notarial y estamos evaluando hacer una querella porque el daño a la familia de Galaga, a las empresas que conforman Galaga, es muy alto; el daño moral. Los han puesto en el ojo de la tormenta, los han puesto en el ojo de los extorsionadores”, anunció.

El segundo ingreso de Alvarado Pfuyo fue el 9 de marzo del 2026, donde se volvió a reunir con la funcionaria Aguilar Ticona en la misma oficina.

También ingresaron a la misma oficina, para reunirse con Aguilar Ticona, los representantes de la empresa Hermes, Afe Service S.A.C y la notaria Ruth Ramos Rivas, entre otras personas.

Ese día, como lo ha dado a conocer este Diario, se realizó la “presentación de propuestas” y la “licitación” a favor de Galaga S.A.C, dejando fuera a las propuestas económicas de menor cuantía que realizaron sus competidores.

El Ministerio Público también dispuso que se recabe información del Organismo de Contrataciones del Estado a fin de conocer si la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C registra sanciones impuestas y/o penalidades con entidades con el Estado.

Además, resolvió oficiar a la Contraloría General de la República a fin de que se le remita algún informe de supervisión o algún documento que esté relacionado con la contratación del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue, repliegue del material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio 2026”, por la suma de S / 6’368,332.75, convocado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante ONPE), en la que se otorgó la buena pro a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

La definición del nuevo Congreso bicameral también avanza voto a voto para definiciones claves en su correlación de fuerzas partidarias. Los partidos políticos que pasarían la valla electoral se disputan espacios para la composición de la nueva Cámara de Diputados que tendrá 130 escaños.

A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados se compone de una elección compacta, donde Fuerza Popular -cuya candidata presidencial Keiko Fujimori tiene asegurada su pase a segunda vuelta- tendrá la primera minoría con al menos 40 curules.

La correlación de fuerzas es clara en la Cámara Baja. Por el lado de la derecha, Fuerza Popular (40) y Renovación Popular suman 56 votos; y por el lado de la izquierda, Juntos por el Perú (31), Ahora Nación (10) y Obras (15) suman los mismos 56 votos.

A la mitad, y como posible péndulo de la balanza, se posiciona el Partido del Buen Gobierno con 18 votos.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima se encuentra a más del 86%, con lo que nos permite conocer los principales nombres que podrían ingresar a la Cámara de Diputados.

Los principales nombres de diputados para Lima son Harvey Colchado (Ahora Nación) y Norma Yarrow (Renovación Popular), siendo ambos los más votados en la cámara con más de 100 mil votos cada uno. Yarrow, secretaria general del partido celeste, no solo ha logrado la reelección, sino que ha duplicado los 51 mil votos que logró en la elección parlamentaria del 2021.

Entre los más votados de Lima también figuran Indira Huilca (más de 84 mil votos) y Cecilia Chacón (más de 72 mil votos).

DIPUTADOS POR LIMA (cálculo al 18 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Por el momento, Juntos por el Perú viene logrando un escaño en Lima, algo que al inicio del conteo no estaba dentro de sus proyecciones. Lo curioso es que la curul se quedaría con Giannina Avendaño, quien -al 86% de actas escrutadas- contaba con más de 20 mil votos, superando a los 13 mil votos de su candidato presidencial Roberto Sánchez, quien encabezó la lista de diputados por la capital.

De no pasar a segunda vuelta o de perder en la misma, Sánchez no conseguiría la reelección como diputado. Quien también se queda fuera de la Cámara de Diputados es Irma Castillo, hermana del preso expresidente Pedro Castillo.

En el caso de Renovación Popular, sus diputados provienen del Congreso o de la Municipalidad de Lima. De la entidad edil, están los regidores Roxana Rocha y Leo de Paz, así como el presidente de la Fundación Lima, Javier Cirpriani, y los asesores José Baella y Aldo Bravo.

Mientras que en la facción legislativa, figura la actual legisladora Norma Yarrow y dos asesores parlamentarios que dan el salto a una curul: Frank Krklec (asesor principal del congresista José Cueto) y Paola Martínez (asesora principal del congresista Alejandro Muñante, quien logrará la reelección como senador).

Fuerza Popular ha logrado el retorno de dos exlegisladores: Cecilia Chacón y Diethell Columbus, así como la reelección de Rosangella Barbarán. Mientras que Marco Pacheco y Flor Meza provienen de la juventud naranja que venían laborando como asesores en el Congreso. Este Diario reveló que Pacheco formaba parte del grupo selecto de personas que habían entrado a trabajar con sus familiares, en su caso con su hermana.

En Partido del Buen Gobierno, todos son rostros nuevos. El más conocido a nivel mediático es Luis Quispe Candia, reconocido por su labor con la ONG Luz Ambar a favor de la reforma del transporte. Destacan los restos jóvenes de Rossana Alayza y Nathaly Molina. Esta última logró ser la segunda más votada siendo la 22 de la lista, gracias a su campaña con una agenda animalista.

En diversas entrevistas, representantes de País para Todos han dicho confiar en que podrían tener representación en el nuevo Congreso 2026-2031. Esto a pesar de que su candidato presidencial Carlos Álvarez se despidió rápidamente del terreno político para regresar a sus labores como comediante.

A más del 80% de actas escrutadas, el partido fundado por Vladimir Meza presenta una situación particular: ha logrado pasar la valla del 5%, pero no logra tener siete diputados en distintas circunscripciones.

Los cálculos arrojan que solo podrían obtener unos cuatro escaños, lejos de los siete requeridos para poder acceder a una bancada.

PARTIDOS CON MÁS DEL 5% DE VOTOS VÁLIDOS (cálculo al 18 de abril)

Otros partidos que tenían esperanza de llegar a la Cámara de Diputados, se quedaron lejos de la valla electoral. Alianza para el Progreso quedó con 3.08%, Podemos con 2.64% y Somos Perú con 2.57%.

Conforme avanza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), varios ciudadanos vienen alertando una serie de irregularidades respecto a las actas de votación del pasado 12 de abril. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a la denuncia policial interpuesta por una ciudadana que asegura haber encontrado las actas de una mesa de sufragio que luego se habrían extraviado.

Se trata de la denuncia presentada por Fiorella Chumpitaz Muñoz, quien fue registrada como “coordinadora y técnico de mesa de ONPE”.

Los hechos ocurrieron el lunes 13 de abril, a las 2 de la madrugada, en la Escuela Superior Técnica Sencico de San Borja.

Chumpitaz alega haber encontrado actas que estaban rotuladas de diferentes colores: rojo, celeste, verde y plomo. Cada color contenía actas de votación para presidente y vicepresidentes, diputados a Lima Metropolitana, Senadores y Parlamento Andino. Las actas correspondían a la mesa de sufragio N° 059298.

Tras encontrar las actas, la denunciante asegura haberlas llevado al centro de acopio que estaba ubicado en el auditorio de la Escuela Superior Técnica Sencico, donde una orientadora electoral retiró el material de votación en un vehículo.

Según el procedimiento narrado por Fiorella Chumpitaz, las actas tenían como destino la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de San Borja, ubicada en el mismo distrito.

Tres días después, el 16 de abril, Chumpitaz recibió la llamada de una persona que se presentó como asistente de la ODPE San Borja, quien le mencionó que las actas formuladas “se habrían extraviado desconociendo el lugar ni hora y fecha”.

En el portal web de la ONPE, la mesa de sufragio N° 059298 solo consigna como “contabilizada” la acta presidencial. Todo lo demás -senadores, diputados y Parlamento Andino- está registrado como “pendiente”.

El mismo portal registra un acta de sufragio donde se muestra un error de digitación en el total de ciudadanos que votaron: se colocó 244 cuando se trataban de 224. De igual manera, se consigna un total de 75 cédulas que no fueron utilizadas.

Este Diario intentó comunicarse con Fiorella Chumpitaz y su abogada, pero no contestaron nuestras llamadas.

También buscamos contactarnos con el número telefónico desde donde se comunicaron con Chumpitaz en la ODPE San Borja. Ahí contestó una mujer que se negó a responder nuestras consultas.

El caso se asemeja a otra denuncia donde dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El material electoral extraviado corresponde a la elección de senador nacional de dos mesas de sufragio identificadas con los números N° 057274 y N° 057275 instaladas en el referido centro educativo.

En el caso de la N° 057274, el portal de la ONPE registra el acta de votación de la elección presidencial y todo lo demás figura como “pendiente”. Mientras que en la N° 057275, todos los tipos de elección son consignados como “pendiente”.

La definición del nuevo Congreso bicameral también avanza voto a voto para definiciones claves en su correlación de fuerzas partidarias. En al menos seis regiones, los partidos políticos que pasarían la valla electoral se disputan espacios para la composición del nuevo Senado que tendrá 60 escaños.

Los escaños del Senado se dividen en 30 curules para la representación única (nacional) y 30 para la representación múltiple (circunscripciones, con 26 espacios para regiones y cuatro para Lima).

Al 16 de abril, la composición del Senado 2026-2031 quedaba con Fuerza Popular como la primera minoría, con 22 de los 60 escaños. Con los ocho escaños de Renovación Popular, el bloque de derecha suma 30 curules.

Mientras que por el bloque izquierdista, Juntos por el Perú y Ahora Nación suman 18 curules. En medio de ambos bloques quedan los grupos de Partido del Buen Gobierno y Obras que acumulan, en conjunto, 12 adhesiones.

Fuerza Popular concentra su mayor número de curules en la repartición por circunscripciones, donde su candidata presidencial presidencial Keiko Fujimori, que tiene aseguro su pase a segunda vuelta, generó arrastre con su votación.

A esto se suma que la agrupación naranja consiguió dos curules casi regaladas, en Cajamarca y Amazonas. En ambas regiones, Roberto Sánchez ha sacado altas votaciones: más de 160 votos de diferencia en Cajamarca, y más de 82 mil votos de diferencia en Amazonas.

Con esa ventana, el partido castillista tenía dos escaños asegurados en el Senado por cada circunscripción, pero no lograron tener candidatos, por lo que las curules quedaron en manos de Fuerza Popular.

El escaño de Amazonas quedaría en manos del exministro de Economía, José Arista; y el escaño de Cajamarca en manos del exlegislador Segundo Tapia.

Los fujimoristas también tendrían el escaño del Callao en Senado con Jacques Rodrich; el escaño en Ica con Rafael Yamashiro; el escaño en San Martín con Víctor Noriega; el escaño en Lambayeque con el actual congresista Alejandro Aguinaga; y otros con exparlamentarios: Elard Melgar (Lima Provincias), Juan Carlos del Águila (Loreto), Karla Schaefer (Piura).

Algunas circunscripciónes del Senado múltiple se pelean voto a voto, conforma avanza el conteo de la ONPE. El mejor ejemplo es Áncash que, al 76% de actas contabilizadas, Fuerza Popular se queda con la curul, pero con apenas una diferencia de 724 votos sobre Juntos por el Perú.

La disputa incluye a dos actuales congresistas: Nilza Chacón de Fuerza Popular versus Elias Varas de Juntos por el Perú.

En Pasco, la ventaja es a la inversa: El partido castillista le lleva 734 votos a la agrupación fujimorista, al 86% de actas contabilizadas. La pelea de votos definirá quién se queda con la curul: Percy Osorio de JPP o Roy Ventura de FP.

La disputa del fujimorismo no es solo con JPP, pues en Junín solo llevan una diferencia de 9.000 votos con Ahora Nación al 86% de actas contabilizadas. La plaza se define entre el actual congresista David Jiménez y el exrector de la Universidad Nacional del Centro, Amador Vilcatoma.

En Tacna, la pugna por el escaño se da entre Obras y Partido del Buen Gobierno, con una diferencia de 626 votos al 33% de actas contabilizadas.

En Senado Múltiple, el escaño de Peruanos en el Exterior va para Renovación Popular y su candidato Miguel Angel Velásquez. Sus otros dos escaños están en Lima y -al 87% de actas contabilizadas- entrarían Francisco Calisto y Milagros Jauregui. Las otras dos plazas de la capital serían para Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno).

SENADO MÚLTIPLE (cálculo al 17 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

La representación, a través del Senado nacional, es más equitativa entre los partidos, aunque aún podrían darse cambios debido a que las actas contabilizadas llegaban al 69% al 16 de abril.

Con el corte hasta dicha fecha, los congresistas que entrarían por el Senado nacional, serían los siguientes:

SENADO NACIONAL (cálculo al 17 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Las cifras pueden ir variando según avance el conteo de la ONPE. Prueba de ello es que, a lo largo del jueves 16, Renovación Popular inició el día con seis senadores nacionales, pero al final del día perdió la curul de Absalón Vásquez que pasó a manos de Fuerza Popular con el exlegislador Carlos Masías.

El panorama podría cambiar en las siguientes horas.

Esa narrativa terminó imponiéndose porque se montó sobre la matriz ideológica prevaleciente en los Andes de un centralismo expoliador que se lleva los recursos fuera. Es la ideología del despojo infundida desde los setenta por las izquierdas, Velasco y por Patria Roja y el Sutep en los colegios, de modo que tenemos una población sociológicamente emprendedora y capitalista pero ideológicamente revanchista.

El Perú no ha capitalizado para la conciencia y el orgullo nacionales la excelencia de la estrategia con la que derrotamos a Sendero ni el extraordinario crecimiento desde los noventa que redujo abismalmente la pobreza. La batalla cultural está pendiente.

Por supuesto, el ciclo anárquico de los últimos diez años también ha sido nefasto, pero su efecto deletéreo ha sido agravado por la tesis irresponsable de un pacto corrupto indiscriminado en el Congreso que aprobó leyes procrimen. Por supuesto que el Congreso ha cometido excesos –aunque también aprobó la bicameralidad y la reforma de las pensiones por ejemplo–, pero la única ley procrimen ha sido la que extendió el Reinfo porque no había Ley MAPE. Las demás reparaban extremos que permitieron muchos abusos de la justicia politizada y de la regular.

La promesa de esta elección es que a partir del próximo gobierno se ponga fin al ciclo anárquico e inauguremos una era de estabilidad política que, sumada a las reformas necesarias, dé lugar a un ciclo largo de altísimo crecimiento y reducción acelerada de la pobreza.

Esta vez Keiko Fujimori tiene más posibilidades de ganar: su punto de partida ahora es mejor: ha obtenido 17% en la primera vuelta (más el voto suyo que apoyó a López Aliaga) mientras que el 2021 obtuvo solo 13%. Su antivoto ha disminuido de 62% en el 2021 a 48% según Datum, está más cuajada como política y como persona luego del duro e injusto vía crucis de la cárcel, y ha revalorado la gestión de su padre, lo que le ha permitido recuperar parte del medio rural y darle respaldo al mensaje del “orden”.

Pero tendrá que conversar con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y otros si quien pasa a la segunda vuelta es Roberto Sánchez, sobre todo para formar mayoría en el próximo Congreso. Porque Fuerza Popular y Renovación Popular juntas solo suman hasta ahora 30 senadores (la mitad) y 56 diputados de 130.

Una concertación es factible porque los planes de los tres partidos tienen suficientes puntos en común como para alcanzar un acuerdo de gobierno o en torno a reformas clave. El país lo necesita a gritos. Dios quiera.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Ministerio Público incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en la investigación por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

La solicitud, presentada por el procurador Mario Luna Ramos ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se basa en presuntas irregularidades detectadas en el contrato del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio”, adjudicado a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

Junto a Corvetto Salinas, la procuraduría ha señalado a otros altos funcionarios de la ONPE en su requerimiento, entre ellos, Edward Eloy Alarcón González, gerente de Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística; así como Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente de Galaga.

¿Qué medidas solicitaron?

Además, la procuraduría ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos, con el fin de obtener información sobre las coordinaciones realizadas para el estudio de mercado y la adjudicación del contrato, y verificar si el proceso cumplió con los principios de transparencia y legalidad establecidos en las contrataciones públicas.

La solicitud también incluye el acceso a correos electrónicos, registros de llamadas y mensajes de texto intercambiados durante el periodo de contratación.

Adicionalmente, la Procuraduría ha solicitado la realización de una pericia contable para determinar si el servicio fue ejecutado conforme a las normativas vigentes y cuantificar el posible perjuicio económico al Estado.

“Las diligencias solicitadas son cruciales para conocer el contexto fáctico y los intereses de los presuntos responsables”, señala el documento del procurador Luna Ramos.

Como parte de las pruebas documentales, la Procuraduría ha solicitado a la ONPE el expediente completo del contrato, así como el reportes de monitoreo GPS de los vehículos encargados de distribuir el material en Lima Metropolitana. También se ha pedido acceso a planes de contingencia ante posibles incumplimientos del servicio.

Por último, se ha citado a declarar a Bernardo Pachas Serrano, gerente general de la ONPE, en calidad de testigo.

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Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad.

En el chat se puede leer que desde la empresa Galaga se escribe: “Juan, buenas noches, en estos momentos tengo 35 unidades vacías...siendo las 12 a. m....tu apoyo para que puedan salir lo antes posible”.

El contacto registrado en esta conversación es Juan Phang Sánchez, con quien luego se da tres llamadas vía WhatsApp: la primera a las 11:44 p. m. del sábado, con una duración de un minuto; la segunda a las 00:31 a. m. del domingo 12 de abril, con una duración de tres minutos; y, por último, una llamadas a las 00:40 a. m., que duró 52 segundos.

Presidente del JNE responsabiliza a ONPE por retrasos

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, responsabilizó a la ONPE del retraso en la entrega del material electoral.

“La ONPE no cumplió con lo que se había prometido (...) el retraso se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, sostuvo.

Además, el jefe del JNE aseguró que el problema se centró en los equipos electrónicos. “No era el material electoral en sí, sino el despliegue de material digital, computadoras, impresoras”, explicó.

“Al final de la jornada, la ONPE no llegó a instalar 187 mesas de sufragio”, finalizó.

Este viernes, en una conferencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional, abordó el incidente de las actas de sufragio encontradas en Surquillo, indicando que el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acompañó el traslado de los documentos porque “estaba en dos centros de acopio a la vez dentro del local de votación”, lo que obligó a los funcionarios a partir sin su presencia.

En su explicación, Valencia señaló que, ante la ausencia del fiscalizador, el personal de la ONPE tomó la decisión de trasladar las actas sin la presencia de este. “Ella solicitó el acompañamiento que debería haber habido, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, tuvo que tomar la decisión de trasladar las actas, y como saben, todo lo que ocurrió ese día estuvo relacionado con problemas de transporte”, afirmó Valencia.

Por otro lado, Valencia precisó que, además de la falta de fiscalizador, también se solicitó apoyo policial, pero los agentes presentes en el local informaron que no podían atender la solicitud en ese momento. “Por ello, hemos iniciado las investigaciones correspondientes”, agregó Valencia.

El incidente surgió tras la revelación en el programa de Beto Ortiz, donde se informó sobre el hallazgo de cuatro cajas con cédulas de la ODPE Surco en un basurero de Surquillo.

La ONPE desmintió las declaraciones de su funcionaria, Claudia Sandoval Carmona, encargada de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste, quien inicialmente había afirmado que durante el traslado de las cédulas electorales, el personal estaba acompañado por un fiscalizador y un efectivo policial.

Frente a ello, el presidente del JNE, Roberto Burneo, había sostenido que, ni el fiscalizador ni el policía estuvieron presentes. “Las cédulas fueron transportadas en vehículos particulares no registrados, y no estuvo el JNE involucrado. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, afirmó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante este desacuerdo, Burneo adelantó que el JNE tomará medidas. “Estamos elaborando los informes correspondientes y ya hemos comunicado a las autoridades competentes, como la Procuraduría, para que tome las acciones que correspondan.”

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La Contraloría General de la República informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el inicio de dos acciones de control, en relación al repliegue de material y equipos electorales en Lima Metropolitana, y la contratación del servicio de transporte y distribución de estos mismos materiales.

A través de Oficio N°177-2026, la Contraloría precisó que el servicio de control simultáneo tiene como objetivo el supervisar el “repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio en Lima Metropolitana”.

Según el documento, esta acción busca “contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado”.

Además, informó que la Comisión de Control estará jefaturada por Kandy De La Cruz Ccora. En tanto, María Bertilda Idrogo Díaz cumplirá la función de supervisora.

Contraloría investigará servicio de transporte de Galaga

La Contraloría dispuso, a través de un segundo Oficio N° 009-2026, la realización de un control específico al proceso de contratación del servicio de transporte y distribución del material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao.

El órgano fiscalizador informó que esta iniciativa tiene como finalidad ejercer “un control gubernamental puntual y abreviado” sobre dicho proceso.

La institución de control designó a Maribel Amelia Almanza Guillen y Soledad Vilcapoma Ramos como supervisora y jefa de la Comisión de Control, respectivamente.

En ambos documentos se solicita la colaboración de la ONPE para facilitar el proceso, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos electorales, en línea con la normativa vigente.

La asesora de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia Segovia, confirmó la suspensión de Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, quien es investigado tras las demoras en la distribución de material electoral en 13 locales de votación.

Durante una conferencia de prensa, realizada este viernes 17 de abril, la funcionaria explicó que “Juan Phang ha sido suspendido en el marco de una medida cautelar, en tanto se esta tratando su situación a través de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAS)”.

“Él es un personal de planta y, como tal, está revestido de un marco legal que hay que cuidar mucho, en cuanto al debido proceso, para garantizar que la institución esta operando correctamente”, detalló.

Asimismo, Valencia Segovia precisó que “esta medida cautelar se ha tomado en función al incumplimiento de funciones” que ha generado la demora en la entrega del material electoral durante el proceso electoral del domingo 12 de abril.

¿Quién asumió como subgerente de Producción Electoral?

Desde las Mediante Resolución Gerencial N° RG-60-2026-GRH, publicada este 17 de abril, Cristhian Sandoval Cardoza asumió la encargatura de la Subgerencia de Producción Electoral de la Gerencia de Gestión Electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó el viernes 17 que suspendió a Juan Antonio Phang Sanchez, subgerente de Producción Electoral, quien actualmente procesado junto al congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez (Podemos Perú), por el presunto delito de organización criminal.

La fiscalía ha solicitado 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad en su contra e inhabilitación por 3 años y 8 meses, al acusarlo por el presunto delito de organización criminal.

El proceso judicial se encuentra actualmente en control de acusación y se vincula a la presunta inscripción del partido político Podemos Perú, entre el 2016 y 2018.

La Onpe anuncia que suspendieron al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, y se le abrió un proceso disciplinario.

La Fiscalía solicitó 10 años de cárcel en su contra por Caso Onpe y Podemos Perú [Cuellos Blancos del Puerto]https://t.co/I5nOaMG0Fx

— Karem Barboza (@karembq) April 18, 2026

En marzo pasado el funcionario explicaba en la plataforma de la ONPE el proceso de confección de las cédulas de sufragio y aseguraba que no era “imposible” para dicha institución ejecutar todas sus “operaciones” que “garanticen” que el material pueda llegar hasta el último local de votación el 12 de abril.

Sin embargo, tal como lo informó El Comercio, el material electoral llegó hasta cinco horas después de la hora en que debía iniciar el proceso de votación debido al retraso de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, contratada para el reparto de material electoral en Lima.

En un pronunciamiento oficial, Piero Corvetto, jefe de la Onpe, reconoció que debido a dichos problemas logísticos no se lograron instalar 211 mesas de sufragio -sobre todo en Lima Sur- lo que representa un universo de 63,300 electores que no pudieron sufragar.

Este Diario informó que solo una semana antes del día de la elección la empresa de logística había realizado una “convocatoria masiva” para la contratación de camiones para el traslado de material electoral.

Además, pese a que en contratos anteriores ya había sido penalizada por la misma Onpe debido al incumplimiento hasta en tres oportunidades, la empresa logró ser adjudicada para el reparto del material electoral en estas Elecciones Generales 2026, por la suma de S/6’368,332.75

“A través del tiempo la Onpe no ha tenido incidencias, no ha tenido dificultades y siempre hemos llegado a cada uno de los locales de votación, incluyendo zonas de emergencia y hemos garantizado que el miembro de mesa disponga de material para la jornada electoral”, señaló en aquel momento Juan Antonio Phang Sanchez.

En dicha entrevista indicó que para esta elección se imprimieron 27’962,783 cédulas de votación (incluyendo las de reserva).

El funcionario aseguraba así que la función principal de Onpe “es la logística electoral”, que cuenta con un “conjunto de etapas que empiezan con diseñar, ensablarlo y distribuirlo en dos etapas”.

“La cédula de sufragio en este momento (17 de marzo) se encuentra en proceso de impresión de acuerdo a los cálculos que hemos efectuado se proyectamos que entre el 3 y 5 de abril se culmine con la impresión de las cédulas que es la última prioridad ¿no? que por distancia efectuamos el despliegue en la última semana anterior al proceso, que es Lima Metropolitana y Callao”, manifestaba.

Según la acusación presentada por la fiscalía, y que actualmente se encuentra en audiencias de control ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Antonio Phang Sánchez habría integrado la presunta organización criminal que lideró, supuestamente, José Luna Gálvez.

Para la fiscalía, el funcionario de la Onpe participó en la tercera fase de la irregular inscripción del partido político Podemos Perú entre el 2016 y 2018.

Para ello, habría utilizado y aprovechado que, en ese momento, tenía la condición de sub gerente de Operaciones Electorales (encargado del área de verificación de firmas de las listas de adherentes), puesto que ocupaba desde el año 2001 (Resolución Jefatural N° 389-2001-J/ONPE).

Como parte la presunta organización criminal, señala la fiscalía, habría realizado coordinaciones con el sindicado operador Fernando Obregón Mansilla, con la finalidad de ejecutar acciones a favor de la validación de planillones del segundo lote del partido “Podemos por el Progreso del Perú”, y facilitando su aprobación pese a advertirse deficiencias técnicas, hechos que ocurrieron en el mes de diciembre del 2017.

Phang Sánchez, a través de su abogado Harold Castillo, rechazó la acusación fiscal y solicitó el archivo de su proceso.

A través de un escrito presentado al juzgado, invocó el sobreseimiento de la imputación fiscal al asegurar que no se han podido acreditar los presuntos hechos ilícitos que se le atribuyen.

Según sus argumentos, la fiscalía no realizó una imputación clara y tampoco precisó cuál habría sido su presunto rol dentro de la supuesta red criminal, elemento necesario para sostener el delito sindicado.

En esa línea, aseguró que no se demostró la comisión de algún acto antijurídico; y que, por el contrario, lo que se aprecia es que se limitó a desarrollar las labores inherentes a su puesto en Onpe (remisión de expedientes y programación de verificaciones), las mismas que se efectuaron en el marco de sus atribuciones y bajo la presión jerárquica ejercida por su superior inmediato.

“A vuestra judicatura solicito se declare fundado el presente pedido de sobreseimiento, disponiéndose la conclusión del proceso penal seguido contra Juan Antonio Phang Sánchez en todos sus extremos vinculados al delito de organización criminal, garantizando de este modo el respeto al principio de legalidad, al derecho de defensa y a la aplicación del Derecho penal únicamente como última ratio”, solicitó en su escrito.

Este Diario se comunicó con Castillo, abogado de Phang Sánchez pero indicó que no podría pronunciarse hasta tener autorización de su patrocinado.

La Cancillería confirmó este jueves que se entregó la totalidad de cédulas y actas de votación procedentes del extranjero para su procesamiento tras las elecciones generales de este domingo. Pese al cumplimiento del cronograma el enorme volumen de material generó un trabajo adicional entre los funcionarios

En diálogo con este Diario, Pedro Bravo Carranza, jefe de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la cartera, indicó que solo el traslado del material supuso un enorme esfuerzo logístico para los funcionarios del exterior, debido en parte a las dimensiones de la nueva cédula y la coyuntura internacional.

Bravo indicó que se enviaron más de 33 toneladas de material electoral a 199 ciudades del extranjero y se registraron problemas en las entregas debido a los conflictos en Ucrania, Medio Oriente e interrupciones del tráfico aéreo en Estados Unidos y Europa. Pese a ello, el representante de la Cancillería aclaró que se logró equipar los locales de votación del exterior a tiempo.

“Felizmente unos días antes de las elecciones todos los locales de votación consular tenían todo el material necesario para realizar las elecciones incluyendo San Petersburgo, Pretoria y Minsk, que fueron los cuatro últimos consulados en recibirlo”, señaló.

“Hemos tomado medidas para que estas demoras, que a fin de cuentas no afectaron el proceso, no tengan lugar en la segunda vuelta”, añadió Bravo.

Legislación y problemática

Pedro Bravo calculó que se tuvieron que traer a Lima entre 7 y 8 toneladas de material entre cédulas y actas en el actual contexto electoral. Solo desde Buenos Aires (Argentina) llegaron 1,5 toneladas de material electoral a Lima.

En el vigente proceso había 1,2 millones de connacionales habilitados para ejercer su derecho al voto fuera del país y el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que hubo un 40% de participación en los comicios entre la diáspora peruana en el extranjero, superando el 30% registrado en 2021. Esos votos traducidos en cédulas generaron una carga de trabajo adicional.

A diferencia de las elecciones generales de 2021, en el actual proceso la Cancillería tuvo que trasladar hasta Lima las actas y cédulas electorales, debido a las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859.

La Ley 26859 originalmente indicaba que “las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el presidente de la mesa de sufragio, después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad”. Lo anterior significaba que se conservaba únicamente el acta como registro de la votación.

No obstante, tras los comicios generales de 2021 se presentó el Proyecto de Ley 1964/2021-CR 2022, que tuvo como autor principal a José Luis Elías Ávalos (APP) y a Digna Calle (Podemos Perú) como coautora. La propuesta de ley introducía modificaciones en los artículos 279 y 300 de la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo la conservación de las cédulas no impugnadas y señalando que el cambio se debía a “presuntas irregularidades en procesos electorales”.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley el 28 de junio de 2022 y el 12 de diciembre de 2024 se aprobó el texto sustitutorio del dictamen con 93 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones durante el pleno parlamentario. Fuerza Popular y las bancadas de los autores del proyecto fueron los principales promotores de la modificación.

Fernando Rospligliosi (Fuerza Popular), por entonces presidente de la Comisión de Constitución e impulsor de la medida, indicó que esta tenía como fin “generar mayor confianza en el proceso electoral, una confianza que se ha venido erosionando en el curso de los últimos procesos electorales”.

Con la modificación, las cédulas deben entregarse a la ONPE y conservarse por 90 días en sobres lacrados para posible revisión y, de ser necesario, contrastarlas con sus actas.

Bajo el nuevo marco regulatorio, los cónsules tuvieron que trasladar las cédulas hasta Lima en valijas diplomáticas para su revisión. Bravo Carranza aseguró que este jueves ya habían llegado la totalidad de las cédulas a la capital y que estas fueron transportadas en valijas diplomáticas con personal del Estado de alto rango para asegurarse de que los documentos no fueran deslacrados.

“Por eso es que llegamos a un acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE para garantizar la cadena de custodia y ese material va siempre acompañado de un funcionario diplomático que puede asegurarse de que esto no se puede abrir respetando todos los convenios internacionales”, indicó el director General de Comunidades Peruanas en el Exterior.

La Cancillería sostuvo que las actas de países fronterizos entre los que se encuentran Bolivia y Colombia fueron de las primeras en llegar. Los votos de otros países cercanos con alta presencia de peruanos tardaron más en arribar, como fue el caso de Argentina y las maletas procedentes de este territorio llegaron alrededor de las 10 p. m. del miércoles, siendo sus actas procesadas alrededor de las 3 a. m. del jueves.

El personal a cargo de dejar los documentos electorales tiene previsto regresar de inmediato a sus respectivas sedes y el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que para el domingo todos estos funcionarios ya habrán regresado a sus centros de labores fuera del país.

Otros problemas y pedidos de cambio

La cartera de Relaciones Exteriores señala que logró cumplir con su cronograma de trabajo, pero encontró dificultades nuevamente en el retorno en los territorios cercanos a Medio Oriente y el área de influencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Bravo calificó de “hipercompleja” la gestión de las elecciones desde el exterior y señaló que el escrutinio fue tortuoso para los miembros de mesa, incluso entre la población más instruida y a pesar de la asistencia consular debido a la gran cantidad de variables de la cédula.

Asimismo, en algunos casos se tuvieron que fusionar mesas y los miembros de estas tuvieron que duplicar sus labores para realizar el registro de votos.

El vocero de la Cancillería admitió que la mayor afluencia de votantes en esta ocasión superó las previsiones y planificación del Estado, sobre todo en América del Sur y Europa al punto de que en dichas sedes el personal estuvo cerca de verse “desbordado”. Esto generó que algunos centros de votación tuvieran también problemas para gestionar el aforo y se registraron algunos incidentes provocados por reclamos.

Bravo añadió que la ampliación del horario de votación anunciada por la ONPE el domingo benefició a la población que tuvo problemas para acudir a las urnas en sedes de Estados Unidos como Paterson y Orlando.

Más allá de estos detalles, el funcionario aseguró que se abrieron “prácticamente todas las mesas de votación” del exterior y que incluso entregaron registros con el sistema oficial a pesar de las dificultades.

“Nos habíamos comprometido a escanear las actas utilizando el sistema de la ONPE y lo conseguimos. Con cinco actas por mesa imagínate la cantidad de actas que han tenido que registrar”, comentó.

Independientemente de estos detalles, fuentes al interior de la Cancillería dieron cuenta de que el trabajo en el exterior fue particularmente problemático y agotador para los cónsules y los trabajadores estatales durante el proceso electoral y el traslado de las cédulas.

Testimonios de legaciones en países con alta cantidad de inmigrantes peruanos como Estados Unidos, Argentina o España señalaron que el personal consular sufrió amenazas por parte de la población inconforme con la instalación de mesas.

“Se registraron amenazas con denuncias de secuestro cuando los funcionarios intentaron que los votantes reemplacen a los miembros de mesa ausentes”, indicaron las fuentes.

Según estas últimas, dentro del organismo estatal se estaría buscando plantear al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE buscar un régimen normativo diferente, que otorgue independencia de acción al personal estatal en el exterior y agilice los procedimientos. Entre los cambios sugeridos se encontraría retornar al anterior sistema en el que únicamente se entregaban las actas y que los funcionarios estarían “dispuestos a asumir la responsabilidad” en caso de cualquier situación problemática.

Al cierre de esta nota, el sistema de la ONPE había contabilizado 68,34% de las actas procedentes del extranjero.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado en el que corrige sus afirmaciones anteriores luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, precisara que no hubo fiscalizador ni efectivo policial en el traslado de las cajas con cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública de Surquillo.

La entidad detalló “la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, proporcionó información inexacta al señalar que, durante el traslado de las cajas de cédulas electorales, el personal de la ONPE estuvo acompañado por un efectivo de la PNP y un fiscalizador, lo cual no se ajusta a lo ocurrido”.

“Conforme se evidencia en la emisión del programa Beto a Saber del 16 de abril, la institución viene llevando a cabo las investigaciones del caso y adoptará las medidas correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que la normativa establece frente a este u otros hechos de similar naturaleza”, agregó la ONPE.

Por último, con este comunicado, la ONPE corrige la información entregada por Sandoval Carmona. “Extendemos disculpas públicas a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por las declaraciones de nuestra funcionaria”, puntualizó.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/oKpdu4EQE6

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Reportes oficiales y de organismos del sistema electoral dan cuenta de problemas logísticos, retrasos en la instalación de mesas y ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto.

Envíanos tu denuncia aquí

De acuerdo con información del propio sistema electoral, cerca del 30% de mesas no estaban instaladas hasta el mediodía de la jornada electoral, principalmente en Lima, lo que provocó largas colas y desorden en varios locales de votación.

Asimismo, se confirmó que 211 mesas no llegaron a instalarse, afectando a más de 63 mil electores, lo que obligó a las autoridades a extender el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril en determinadas zonas.

Estas irregularidades han derivado incluso en pedidos formales de nulidad del proceso electoral ante los Jurados Electorales Especiales, bajo el argumento de que la ampliación de la votación y las fallas logísticas habrían vulnerado la normativa vigente.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que explique las causas de estas fallas, consideradas por diversas instancias como “graves irregularidades” en la organización de los comicios.

A nivel internacional, misiones de observación han señalado que, si bien no hay evidencia concluyente de fraude, sí existieron problemas operativos y retrasos significativos que afectaron el normal desarrollo de la jornada electoral.

En este contexto, El Comercio abre este espacio para recoger testimonios ciudadanos sobre lo ocurrido durante las elecciones.

Si fuiste testigo de irregularidades, problemas en tu mesa de votación, retrasos, falta de material electoral u otras incidencias, puedes enviarnos tu caso aquí:

Envíanos tu denuncia aquí

El formulario solo consta de cuatro preguntas y está habilitado para recibir fotos, videos y otros documentos.

La Asociación Civil Transparencia solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “explicar de manera clara el funcionamiento del sistema de cómputo de resultados”, así como presentar “información actualizada” sobre el ausentismo y los horarios de instalación de mesas durante la elecciones del pasado 12 de abril.

Asimismo, instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “a informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5 000 actas impugnadas, recuento de votos y pedidos de nulidad, incluyendo los plazos estimados para su resolución”.

A la opinión pública. pic.twitter.com/vO5gEktoSq

— Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 17, 2026

La asociación afirmó que, en esta fase de definición para la segunda vuelta, “no puede haber vacíos de información” y que los organismos electorales deben designar voceros permanentes para dar mensajes claros y coherentes.

Por otro lado, Transparencia exhortó a los candidatos y actores políticos “a actuar con responsabilidad”, solicitando que se abstengan de promover o alentar llamados a la insurgencia, al desorden o a la desinformación.

Para luego cerrar su mensaje con un llamado a la ciudadanía para “informarse por fuentes oficiales, verificar antes de compartir y no contribuir a la difusión de noticias falsas”.

El pronunciamiento de Transparencia surge tras el hallazgo de cuatro cajas con material electoral en una calle de Surco, incidente que fue reconocido por la propia ONPE, quienes explicaron que el hecho ocurrió durante el traslado de cédulas en un vehículo particular.

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Unidad de Investigación

Lo que en 2025 fue una revelación de la Unidad de Investigación de El Comercio, hoy es la pieza central de un megaoperativo anticorrupción. El informe policial reconoce que la indagación de este Diario fue el punto de partida para desentrañar la estructura chalaca. Tras ello, la Policía encontró mayores indicios que implica un presunto fraude de firmas falsas para asegurar el flujo de dinero.

Desde la madrugada del jueves, agentes de la Dircocor y la Fiscalía Anticorrupción allanaron 15 inmuebles, incluyendo la sede municipal y las viviendas de saliente alcalde del Callao Pedro Spadaro y su sucesor César Pérez. El operativo busca asegurar las pruebas finales de una red que la policía ha bautizado oficialmente como ‘Los socios fantasmas del núcleo edil’.

El informe revela que la policía buscó medidas más drásticas. Solicitó la detención preliminar por siete días para 15 implicados de la red principalmente de la plana gerencial y operativa del Callao, pero esta medida no fue aceptada por la parte judicial. Según el informe, la medida buscaba asegurar las pruebas ante el riesgo de obstaculización y la facilidad de los investigados para sustraerse de la justicia.

El pedido se sustentó en el riesgo de fuga agravada en el caso de Pedro Spadaro tras confirmarse, mediante videovigilancia en febrero y marzo de este año, que no reside en el domicilio declarado ante el Reniec ni en su hoja de vida oficial.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Callao inició una investigación preliminar que se prolongó por casi ocho meses. Fue este tiempo de diligencias silenciosas lo que permitió a la Policía acumular la carga probatoria para el megaoperativo de este jueves.

El golpe más contundente de este expediente es el hallazgo de una presuntas firmas falsas. El peritaje técnico a los contratos de Julio César Chamané Bedón, socio de los alcaldes en su negocio de estética, reveló que sus firmas en los documentos municipales son totalmente distintas a su registro oficial en RENIEC.

En al menos 15 órdenes de servicio, las rúbricas son ‘divergentes’. Mientras Chamané cobraba hasta 4 mil soles por día, alguien más garabateaba su firma en los papeles oficiales. Para la Fiscalía, esta es la prueba de que el socio era un beneficiario ‘fantasma’ que ni se asomaba por la municipalidad.

A esta red de ‘fantasmas’ se suma Sindel Spray Palomino, gerenta de la peluquería, quien según el informe policial cobró servicios como ‘asistente’ en el Callao mientras se encontraba de vieja en Colombia por casi un año.

Para la fiscalía, el esquema era perfecto, mientras en el mallplaza Puruchuco, en Ate el negocio de los alcaldes ofrecía cortes y tintes, en el Callao se realizaba un ‘tratamiento’ diferentes.

El dinero público se inyectaba en la planilla municipal para terminar, tras un breve paso por las cuentas de los socios, financiando los gastos del spa privado. No se trataba de gestión pública, sino de un servicio de estética financiera donde el 85% del dinero pagado por el municipio terminaba en las cuentas de la empresa Glamour & Style.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que Spadaro y Pérez son socios desde el 2022, cuando decidieron incursionar en el negocio de la estética fundando Glamour & Style Salon Spa S.A.C. La gerenta y el apoderado de la empresa giraron órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras los dueños del negocio eran las autoridades edilicias (entre el 2022 y en el 2025).

Glamour & Style Salon Spa S.A.C. operaba, desde junio del 2023, la franquicia de Montalvo en el Real Plaza Puruchuco (Ate). Sindel Spray usó el local de la peluquería que gerencia como caso de estudio para obtener su título este 2025. En su trabajo académico, alegó desabastecimiento, desorden en inventarios y pérdidas económicas.

Este Diario intentó comunicarse con el abogado de Spadaro, Juan Portugal, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras llamadas ni respondió nuestros mensajes.

Las elecciones del próximo 12 de abril serán históricas por muchas razones. Por primera vez, los peruanos tendremos que elegir entre 36 candidatos presidenciales –el doble que en los comicios del 2021– y votaremos en las cédulas de sufragio más grandes y más caras hasta la fecha.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

En los tres procesos electorales previos, el dinero asignado para el diseño e impresión de cédulas no llegó ni siquiera a S/4 millones.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta. En el caso de los comicios de este 2026 –añadió el ente electoral–, se efectuó una proyección del presupuesto que se emplearía para un eventual balotaje, en el cual compiten solo dos candidatos.

Pero si se tiene en cuenta solo el costo de las cédulas de sufragio para la primera vuelta, la diferencia es aún mayor. El gasto para las próximas elecciones es más del quíntuple que el efectuado en el 2021: S/9’960.794,80 frente a S/1’828.590.76.

Desafío electoral

“El incremento [del gasto] responde a un cambio crítico en la arquitectura de la cédula y la complejidad operativa del proceso”, respondió la ONPE a este Diario.

En las elecciones del 2011, en cada pliego se imprimieron cuatro cartillas de sufragio. En tanto, en el 2016 y el 2021 se reprodujeron ocho. Pero este año, en un pliego solo podrán imprimirse dos, debido a sus inéditas dimensiones.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

En cuanto a la contratación de personal técnico encargado de elaborar la cartilla, el aumento fue menor: pasó de S/157.500 en el 2021 a S/220.000 este año.

“La variación refleja la actualización de las escalas salariales del mercado tras 20 años de comparativa. Asimismo, la complejidad de las elecciones generales de 2026 ha exigido elevar el perfil profesional del equipo técnico (requiriendo técnicos, bachilleres y titulados especializados) para gestionar el diseño, diagramación y la revisión de los datos incluidos en cada una de las cédulas”, sostuvo la ONPE.

La cartilla incluso tiene mayores dimensiones que la de 1990, de 43 cm de alto por 35 cm de alto. “Es la cédula electoral más grande de la historia”, tituló El Comercio el miércoles 31 de enero de 1990 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el documento.

Aunque en aquella ocasión hubo solo nueve candidatos presidenciales, en el caso de Lima se presentaron 28 listas a la Cámara de Diputados. En aquel entonces, el documento tenía tres columnas: una para la plancha presidencial, otra para el Senado y la última para la Cámara de Diputados.

“Queremos que el elector llegue a cristalizar su deseo de votar y al mismo tiempo no hacer compleja su elección, por lo que hemos esquematizado la cédula de manera sencilla. Estamos seguros de que así no habrá dificultades en el momento de votar”, señaló el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Castañeda La Fontaine.

Hoy, 36 años después, el proceso es mucho más complejo. En la cartilla no solo figuran los símbolos partidarios y los rostros de 36 candidatos presidenciales, sino que hay cinco columnas: la primera para la fórmula presidencial, dos para el Senado, una para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

“Hay fragmentación, pero no hay diversidad. La gran mayoría de candidatos anda diciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Ronald Atencio que habla de crear un comando de aniquilamiento y Rafael Belaunde que habla de cana o bala? Hablamos de extremos que van diciendo lo mismo. No hay candidatos que logren distinguirse ni establecer discursos políticos distintos de la mayoría”, opinó Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Decisiones y elecciones

“El tamaño de la cédula es la materialización de las decisiones del Congreso [actual]”, aseveró Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales.

El 15 de enero del año pasado se promulgó la Ley 32245, la cual establece que los miembros del Senado se eligen de dos formas: la mitad a través de distritos electorales múltiples y la otra mediante un distrito electoral único nacional. “Ese modelo te abre una columna más [en la cédula]”, añadió Tuesta.

Un año antes, el jueves 18 de enero del 2024, con la Ley 28094 se eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

Ese mecanismo, implementado en el 2019 como parte de la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, buscaba convertirse en un primer filtro para los partidos con inscripción vigente que competían en las elecciones.

Según la norma –que nunca llegó a aplicarse–, solo aquellas agrupaciones que obtuviesen una votación superior al 1,5% de los votos válidos podrían seguir en contienda y participar en los comicios generales.

“El largo de la cédula tiene que ver directamente con la eliminación de las PASO, que tenían una función reductiva. Por lo menos, una docena de partidos no hubiesen pasado [ese filtro]”, indicó Tuesta.

Además, el número de candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones es un récord no solo en la historia del Perú, sino también en la de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI, en ningún otro país se presentaron tantas fórmulas presidenciales en unos comicios.

Pero nuestro país también ocupa el segundo lugar con 20 postulantes en el 2006 y empata, con 18 candidatos en el 2021, en el tercer puesto con Argentina (2003).

En el artículo “Candidaturas 2.0: Candidaturas como cancha” (2025), un grupo de investigadores del IEP, entre los que está Vilca, sostiene que “el récord histórico de partidos inscritos no responde a una ampliación de la representación, sino a la proliferación de proyectos personalistas que han creado su propia organización como vehículo directo para canalizar aspiraciones individuales al poder”.

Arturo Maldonado, profesor de Ciencia Política en la PUCP, considera que en estas elecciones hay una sobreoferta de candidatos que “no satisface la demanda de ninguna manera”.

Maldonado también considera que existe una crisis de representación que ha ido agudizándose. En el 2021, Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 18,92% de los votos válidos y Keiko Fujimori con el 13,4%. Juntos sumaron el 32,32% del total de adhesiones.

Finalmente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó esta semana que la impresión de las 27’956.556 cédulas de sufragio empezará el miércoles 11 de marzo.

En medio del conteo oficial de votos, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) escaló sus acciones contra el proceso electoral al ofrecer una recompensa económica por pruebas de un supuesto fraude. En paralelo, su partido presentó pedidos de nulidad de votos.

Mediante sus redes sociales, López Aliaga anunció que entregará S/ 20 mil a cualquier trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de empresas vinculadas al sistema electoral que proporcione “información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje”. Incluso, su partido habilitó un correo electrónico para recibir las denuncias.

Al cierre de esta edición, su mensaje continuaba publicado en Facebook, pero fue eliminado en X.

La agrupación también presentó pedidos de nulidad de votación en Lima y Cajamarca ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En Lima argumentó que durante la jornada del 12 de abril se produjeron fallas logísticas que afectaron el derecho al sufragio.

“En muchos colegios de Lima, por las omisiones de la ONPE, se ha impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio, lo cual viene siendo objeto de sendas investigaciones fiscales”, sostuvo en uno de los recursos presentados ante los JEE.

En Cajamarca apeló a observaciones formales en el llenado de actas electorales para sustentar sus pedidos de nulidad.

Estrategia bajo cuestionamiento

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó que estos recursos deben ser resueltos por los JEE en un plazo de tres días. De ser apelados, pasarán al JNE para una decisión definitiva.

Villalobos indicó que los argumentos planteados por Renovación Popular no encajarían en las causales previstas en el artículo 363.a de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que la nulidad procede cuando una mesa se instala en un lugar distinto, en condiciones distintas o después del mediodía sin justificación, siempre que se haya impedido el ejercicio del voto.

“No procedería. Alegan la demora en la instalación de las mesas por los problemas que tuvo la ONPE, pero ese día se amplió el plazo para instalar y el horario de votación. Los hechos que alegan no encuadran en la causal de nulidad”, dijo a El Comercio.

Respuesta de Juntos por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuestionó las acciones de López Aliaga y lo acusó de promover un clima de inestabilidad.

“Se dedican a actos que van en contra de un sano espíritu democrático y de la responsabilidad de no agregar caos. Llamar a la insurgencia es un despropósito. Y un poco más y dice: ‘Invéntense algo por ahí y yo les doy dinero’”, señaló en conferencia de prensa.

El partido señaló mediante un pronunciamiento que cualquier cuestionamiento debe sustentarse ante las autoridades competentes. “Si hay dudas en este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado”, afirmó la agrupación.

Disputa por nulidades

Juntos por el Perú también cuestionó la estrategia de nulidades presentada por Renovación Popular. El abogado de la agrupación, Roy Mendoza, sostuvo que estos recursos buscan afectar zonas donde su partido obtuvo mejores resultados.

“Quieren atacar las regiones donde Juntos por el Perú ha superado ampliamente a Renovación Popular. “No hubo fraude en el 2021 ni lo habrá en el 2026”, afirmó.

Mendoza señaló que existiría una estrategia para presentar recursos de nulidad de manera masiva, sin sustento suficiente, con el objetivo de alterar el resultado electoral.

En tanto, Sánchez señaló que la aparición de pedidos de nulidad “por aquí y por allá” recuerda la estrategia que utilizó Fuerza Popular cuando cuestionó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones 2021.

Belmont apoya a López Aliaga

El candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) expresó su solidaridad con López Aliaga, al considerar que habría sido perjudicado en el proceso.

“Han sacado a Rafael López Aliaga, con quien me solidarizo, como lo hice con Pedro Castillo ante la injusticia que le han hecho”, afirmó.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, candidato al Senado por Renovación Popular, responsabilizó a la ONPE por las irregularidades denunciadas.

“Nada de esto hubiese pasado si los señores de la ONPE hubiesen actuado con el debido respeto a la ley, la debida diligencia y el profesionalismo que se le exige”, sostuvo.

Muñante también pidió la intervención de la Fiscalía de la Nación para que disponga la presencia de fiscales de prevención del delito en los centros de cómputo de la ONPE a nivel nacional, con el fin de verificar el desarrollo del proceso.

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La bancada de Renovación Popular envió un oficio con carácter de “muy urgente” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, solicitando información detallada sobre el desarrollo del proceso electoral.

En el documento, los legisladores afirman que existen “graves y fraudulentas irregularidades” antes, durante y después del acto de sufragio, y enumeran una serie de presuntas fallas, como la distribución tardía de material electoral, instalación extemporánea de mesas, limitaciones al derecho al voto en Lima y en el extranjero, así como una supuesta manipulación de datos durante el conteo.

La bancada pidió la relación completa del personal asignado al proceso electoral, informes técnicos sobre incidencias en la instalación de mesas, datos sobre ciudadanos que no pudieron votar y detalles sobre la distribución del material electoral.

La congresista Norma Yarrow llegó a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solicitó que la Fiscalía suspenda el conteo de votos ante las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. La parlamentaria advirtió que, de confirmarse responsabilidades, los hechos podrían ser considerados como “traición a la patria”.

“Esto ya no es un sabotaje. Si se logra ver que realmente las irregularidades que está cometiendo la ONPE y que el Jurado no está fiscalizando, yo lo voy a llamar duramente. Es una traición a la patria, al derecho del voto ciudadano, a la transparencia. La Fiscalía en este instante debería paralizar la contabilidad de votos automáticamente y entrar a todas las oficinas”, declaró ante la prensa.

La legisladora también cuestionó la labor de supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que no pudo reunirse con el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto Salinas. “No [he logrado conversar con Piero Corvetto]. El señor Corvetto no nos va a dar la cara, sabemos que ha entrado, por eso hay tanta seguridad”, afirmó.

Cuestiona funcionamiento de equipos

Yarrow sostuvo además que logró ingresar a las instalaciones de la ONPE, donde observó presuntas deficiencias en el funcionamiento de equipos. “Pero yo sí he logrado entrar y he visto que realmente hay máquinas. De las ocho máquinas, solamente cuatro funcionan”, indicó.

Sus declaraciones se dan en medio de una creciente controversia por fallas logísticas y denuncias sobre el manejo del material electoral, lo que ha motivado pedidos de investigación y mayor transparencia en el proceso.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ya se encuentra en el Congreso de la República y viene declarando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que lo citó para explicar las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La sesión, iniciada esta tarde, es considerada clave para esclarecer lo ocurrido en la jornada electoral.

Ante los parlamentarios, Burneo precisó la función de la JNE en la labor de fiscalización del proceso electoral, lo que incluye el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que, en este trámite, detectaron desde días antes del 12 de abril que podían ocurrir problemas logísticos por la entrega de material electoral, así como el uso de herramintas tecnológicas.

Esto fue corroborado durante las primeras horas del día de la elección, por lo que ese domingo se reunieron en pleno los miembros del JNE para contactar a Piero Corvetto como jefe de la ONPE para plantearle la ampliación del plazo para permitir la instalación de mesas de votación.

“Él garantizó que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral. Incluso se comprometió a no utilizar la herramienta digital por las diferentes fallas que había tenido a nivel de instalación de los mismos. Tenemos actas desde el 10 de abril donde fiscalizadores habían señalado que el material electoral tecnológico, computadoras, impresoras, entre otros, había sido puestos a prueba”, indicó en su exposición.

Roberto Burneo dijo que las impresoras fallaron, además de registrarse otros problemas por lo que pidieron a Corvetto que se vuelva al sistema tradicional, algo a lo que se comprometió pero “no cumplió”, así como tampoco lo hizo en su estimación que para las 2 p.m. se habría podido entregar todo el material electoral.

Sobre el porcentaje de ausentismo que se registró en los distritos donde se detectaron retrasos en la instalación de mesas, el titular del JNE dijo que en Lima se llegó al 19,01% y a nivel nacional al 23,76%.

Esto lo comparó con cifras en procesos electorales anteriores sin tomar en cuenta el del 2021 por las circunstancias de la pandemia de la COVID-19. Burneo dijo que entre 2016 y 2026, en Lima Metropolitana hubo un “6 o 5 por ciento de diferencia en lo que corresponde a ausentismos” ya que en el 2016 fue de poco más del 13%, mientras que a nivel nacional ese número fue de 23%.

El presidente del JNE reiteró ante Fiscalización el pedido a la población para que tenga tranquilidad y confíe en la labor de su institución para ejercer justicia electoral.

Sobre el hallazgo de las cuatro ánforas con cédulas que corresponden a mesas de votación del distrito de Santiago de Surco, Roberto Burneo dijo que la versión oficial de la ONPE sobre el traslado bajo supervisión de personal del JNE y con un policía es falso.

“Contrariamente a lo indicado por la ONPE; no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE, por lo tanto el comunicado de la ONPE es falso”, aseguró.

En esa línea, acotó que están realizando los informes correspondientes para trasladar a la procuraduría del JNE para que actúe en el marco de sus competencias.

La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en un almacén ubicado en el distrito de Lurín para verificar el manejo del material electoral utilizado en las Elecciones Generales 2026. La intervención se lleva a cabo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente fiscalizador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El operativo es liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, quien participa en la constatación solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. El objetivo es comprobar la existencia y condiciones del material de sufragio empleado en la jornada del 12 de abril, en medio de cuestionamientos por su resguardo.

✅ Un equipo liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE, participa en la constatación que efectuará dicho ente electoral a la ONPE sobre la existencia del material de…

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 17, 2026

Las diligencias se producen tras la difusión de una denuncia ciudadana en Willax Televisión, donde se reveló el hallazgo de cajas con material electoral abandonadas en la vía pública. A raíz de este hecho, la ONPE confirmó la pérdida de cuatro cajas y explicó que el material fue transportado en un taxi particular, donde habría sido colocado en la maletera por falta de espacio y posteriormente olvidado.

Posibles responsabilidades en evaluación

El Ministerio Público y el JNE permanecerán en el almacén de Lurín realizando las verificaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral.

Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la logística electoral y el resguardo de documentos clave del proceso, en un contexto marcado por denuncias y exigencias de mayor transparencia.

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Hasta ahora, el fujimorismo solo estuvo ausente en dos balotajes. El primero fue en el 2001, en el primer proceso electoral después de la caída del régimen de Alberto Fujimori. El otro fue en el 2006: con Martha Chávez como candidata presidencial, Alianza por el Futuro (AF) logró 7.4% de los votos válidos (912,420 adhesiones).

Desde el 2011, Keiko Fujimori mantiene el liderazgo hegemónico del partido Fuerza Popular. Las proyecciones y cifras iniciales difundidas hasta ahora indican que, en junio próximo, disputaría su cuarto balotaje en dos décadas. Todavía no se conoce con certeza quién será su rival electoral.

“Desde que emergió el candidato [Alberto] Fujimori, el Perú se partió en dos: el fujimorismo y el antifujimorismo. Desde entonces, el fujimorismo puede estar más o menos presente en las elecciones, pero siempre está”, explica Alonso Cárdenas, docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

En la primera vuelta del 2021, la también excongresista consiguió la mínima votación de sus tres campañas: 13,4%, menos de dos millones de adhesiones. Aun así, alcanzó el balotaje, en el que cayó ante Pedro Castillo por poco más de 44.000 votos.

“Hace unos años, los votos que tuvo Keiko en el 2021 la hubiesen colocado en el cuarto o quinto lugar. [...] El fujimorismo tiene menos potencia que hace 20 años, pero le alcanza frente a liderazgos tan débiles como los que vimos”, agrega Jeffrey Radzinsky, director de GFP Consultores.

Los comicios del 2021 evidenciaron un deterioro del respaldo a los postulantes a la presidencia. Con el 18,9% de las preferencias, Castillo tuvo la mayor votación en la primera vuelta de ese año. Hasta entonces, ningún candidato había accedido al balotaje con menos del 20% de adhesiones.

—Simpatía y rechazo—

Álvaro Gálvez Pasco, investigador principal del IEP, explica que, en un sistema político tan caótico como el peruano, Fuerza Popular “es el partido más fuerte”, debido a que se muestra “cohesionado y tiene una base de militantes”, además de presencia nacional, una estructura y, sobre todo, una importante presencia en el Parlamento.

Sin embargo, agrega Gálvez Pasco, en el país existe una fuerza política más potente aún: el antifujimorismo.

“Este trasciende una postura política, es un sentimiento de rechazo a lo que el fujimorismo encarna y representa. Hay antifujimorismo de derecha, centro e izquierda, es un sector que votará por cualquiera, menos por Fujimori”, destaca Cárdenas.

En el 2011, Keiko Fujimori obtuvo 48,6% de los votos en el balotaje. Ollanta Humala la derrotó por 447.057 votos. Las diferencias se acortaron en los siguientes procesos electorales, pero no fue suficiente para ganar la presidencia.

En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski la superó por 41.057, la mínima ventaja registrada en la historia de los balotajes en el país. En el 2021, 44.263 votos separaron a Castillo de la lideresa de Fuerza Popular.

Gálvez Pasco y Cárdenas coinciden en que al antifujimorismo se ha debilitado en los últimos años. “Lo han golpeado [al antifujimorismo] lo que pasó con el gobierno de Castillo y la alianza entre [Verónika] Mendoza y [Vladimir] Cerrón, entre otros factores”, indica el investigador del IEP.

En tanto, Cárdenas sostiene que “el problema es que el antifujimorismo no tiene una postura política propia, no se define” al margen del fujimorismo. “En términos de gestión pública, nos dejó poco y nada: todos los candidatos, luego presidentes, que derrotaron a Keiko están presos o investigados”, asevera el docente de la UARM.

Pero los aspirantes al máximo cargo del Estado no siempre fueron consistentes en sus ideales partidarios. De los 35 candidatos, 25 (el 71%) lo han sido con dos o más agrupaciones políticas distintas.

El candidato con más cambios de camiseta es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: en sus diez procesos electorales representó a diez organizaciones distintas.

Le sigue Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), quien postuló seis veces, con seis partidos diferentes.

El tercero con más pasos de una agrupación a otra es Ricardo Belmont, de Obras. Contando la actual, el exalcalde de Lima ha participado en ocho elecciones, con cinco partidos distintos.

Mira el detalle de los procesos electorales y partidos de cada candidato en esta tabla:

El cargo más común al que aspiraron en el pasado los actuales candidatos a la Presidencia es el de congresista, ya sea en calidad de diputado, senador, parlamentario andino o congresista constituyente (52 postulaciones).

De los actuales candidatos, nueve ya tentaron la Presidencia en elecciones pasadas: Rafael López Aliaga (2021), César Acuña (2021), Keiko Fujimori (2011, 2016 y 2021), Ricardo Belmont (1995), Vladimir Cerrón (2016), Yonhy Lescano (2021), Fernando Olivera (2001 y 2016), George Forsyth (2021) y Francisco Diez Canseco (2016). Ninguno tuvo éxito.

Si bien desde el 2024 la economía peruana ha registrado tasas de crecimiento por encima del 3% (y según el BCR este año se expandiría hasta en 3,2%), este factor aún no sería suficiente para reducir aceleradamente la pobreza. Durante el 2024 (última cifra disponible), el 27,8% de los peruanos (9,6 millones) no podían costear la canasta básica de consumo, mientras que el 5,5% de la población se encuentra en pobreza extrema.

La incidencia de la pandemia y la recesión económica del 2023 volvió este indicador a niveles similares a los del 2011, a inicios de la década pasada. Sin embargo, al igual que en años anteriores, este flagelo se sigue concentrando en una mayor proporción en regiones como Cajamarca, las regiones del sur y de Loreto [ver gráfico]. Solo en Lima y Callao, este indicador está en su nivel más alto desde el 2006 (cuando afectaba al 32% de la población), al igual que el el Callao (cuando afectaba al 37,7% e la población).

Colegios en mal estado

Un reto pendiente para el próximo gobierno estará centrado en la recuperación de la calidad de la infraestructura educativa, especialmente en el sector rural. Según un informe publicado por ECData, el 57% de los colegios rurales requiere ser sustituido por completo, mientras que para que las escuelas de este ámbito tengan condiciones básicas, se tendrá que invertir S/99 mil millones.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos

Rezago en establecimientos de salud

Los establecimientos de primer nivel, que según la OMS deben centrar atención en el 80% de la demanda de salud, no cuentan con el nivel mínimo de calidad que garantice sus operaciones. Según el documento titulado : “Diagnóstico de Brechas de infraestructura o acceso a servicios del Sector Salud 2027-2029″, actualmente existen 9.200 cetros de salud de primer nivel, pero faltan otros 861 por implementar.

Karla Gaviño, especialista en gestión pública, señaló en entrevista con ECData que las constantes crisis políticas han afectado la focalización de las autoridades y de los funcionarios públicos en atender las principales necesidades ciudadanas.

“Hay un tema muy importante relacionado con dar la solvencia política, la estabilidad jurídica que permita realmente traer más inversiones que permitan que los recursos públicos sean utilizados de mejor manera, con una correcta planificación y distribución para hacer un uso eficiente de ellos”, sostuvo.

Gaviño resaltó que el gobierno actual ha estado elaborando distintos aspectos de política pública, como el Plan Nacional de Infraestructura, pero ninguno de los candidatos lo ha abordado en sus propuestas.

“No sabemos, a la fecha, si es que esto siquiera va a ser tomado en cuenta o continuado por las nuevas autoridades, pese que es un plan nacional de infraestructura tiene un horizonte de duración de cinco años”, añadió.

Menos seguridad

La escalada de la violencia en las calles ha adquirido mayor importancia en los últimos meses, pese a la constante convocatoria de estados de emergencia en Lima y Callao. Según cifras del Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol), durante los dos primeros meses del año se registraron 196 homicidios por arma de fuego en el país. Solo en febrero (la última cifra mensual disponible), se registraron 106 asesinatos por esta modalidad, la cifra más alta desde los 115 homicidios por arma de fuego registrados en octubre del 2025.

A la ola creciente de inseguridad se le suma la reducción en la confianza de la actividad policial por parte de la ciudadanía ha venido en claro descenso. Entre julio y diciembre del 2025 llegó solo al 13,4%, cifra menor al 18% registrado en el mismo período del año pasado.

El 53,7% de los peruanos identificó a la delincuencia como el principal problema del país, situado solo por debajo de la corrupción, que tuvo el 60% de las menciones.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció tras la propuesta de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien puso a su disposición el equipo de personeros del partido naranja.

“Quiero aclararte algo. Eso es cinismo. No hay ni un personero de Fuerza Popular trabajando para nosotros, ni para nada”, sentenció el candidato en el programa “Al final del día”, con Diana Seminario, en Canal N.

Asimismo, dijo que Fujimori “sigue” la posición del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien tiene una gestión “fraudulenta, premeditada y delictiva”.

“La señora se pliega a esa narrativa de acotar el problema a 80,000 votos, cuando cualquier perito electoral te hace una comparación de cuál es el normal (ausentismo). En este caso es un ausentismo provocado por violar los reglamentos”, afirmó el ex alcalde de Lima.

“¿ONPE qué les dice? Váyanse que no paguen la multa. Todo esto está documentado, tenemos muchos videos diferentes de todas partes del Perú, dónde la gente dice quiero votar. Hay un video que es clave que ha recorrido en el mundo que es en la Universidad de Lima, que hay un montón de gente que dice quiero votar quiero votar“, sostuvo.

Al ser consultado sobre las acciones que tomará Renovación Popular cuando la ONPE emita el resultado al 100 %, con los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta electoral, López Aliaga dijo sentirse poco confiado.

“Se ha perdido la confianza, la confianza en el señor Corvetto y todo su sistema que se aparezca en este programa al final y se aparece una señorita corriendo y lo mínimo que ha debido llevar es la denuncia”, finalizó.

Mesas de votación en Cajamarca

Al ser consultado si Renovación Popular busca anular 100 mesas de votación en Cajamarca, López Aliaga dijo que su equipo viene trabajando en esto.

“En todo el Perú tenemos comités electorales propios de supervisión del voto, en todo el Perú, en todos los departamentos, donde se ve claramente que hay algo raro. Estamos dando poderes a los abogados para que puedan ellos hacer la impugnación, en este caso se llama impugnación, no es observación. Están impugnando actas que les parece raras, entonces es un trabajo descentralizado, no es Cajamarca es en todo el Perú“, puntualizó.

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Nathaly Molina Soto, una joven cirujana dentista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha conseguido posicionarse con una expectante votación en la lista de candidatos a diputados por Lima del Partido del Buen Gobierno que lidera Jorge Nieto.

Su historia destaca entre más de 8.000 candidaturas debido a que podría obtener un escaño siendo la número 22 en una lista de 32, y todo gracias a una campaña centrada en una agenda animalista y con apoyo del ARMY en Perú (el fandom más grande de la banda K-pop, BTS).

No resulta común que los últimos números en las listas capitalinas -que tienen 32 puestos- logren una curul. En la campaña electoral del 2021, solo tuvimos dos casos, pero que se encontraban dentro de la primera mitad de la lista: Alejandro Cavero (Avanza País) con el número 14 y Alejandro Muñante (Renovación Popular) con el número 11.

Nathaly Molina supera los 22 mil votos -al 69% de actas contabilizadas- lo que la coloca aún por debajo de la votación, en 2021, de Cavero (30 mil votos) pero ya superando la de Muñante (21 mil votos). Si comparamos con otros de los actuales congresistas, alcanzó la valla que logró la fujimorista Rossangela Barbarán, en 2021, donde postuló con el número 8.

El antecedente electoral más cercano es el de Luciana León quien, en el 2016, logró un escaño postulando con el número 35 -en ese entonces, Lima contaba con 36 escaños- de la alianza electoral que integraba el Apra. La diferencia era que se trataba de una reelección, pues León venía siendo legisladora desde el 2006. Mientras que en el caso de Nathaly Molina, su postulación al Congreso con el Partido del Buen Gobierno es la primera incursión que tiene en política.

Nathaly Molina tenía una cuenta personal en TikTok, pero para la campaña electoral decidió crearse una segunda cuenta desde cero. Su primer video data del 7 de marzo pasado, apenas un mes antes de las elecciones del 12 de abril. Su primer video apeló al fandom del que formó parte activamente hace algunos años: la ARMY de BTS en Perú.

Con la foto de un integrante de la banda K-pop surcoreana y la frase “El Solecito de Army BTS”, Nathaly Molina hizo su primera publicación de campaña en la red TikTok. “Porque Army siempre tendrá a su Hobi Solecito, el Perú también merece tener como presidente a su ‘Coco’ Nieto”, escribió junto a la publicación.

En los posteriores videos, con la misma temática, la candidata logró captar la atención recibiendo comentarios como el de la usuario “Kathykat”, quien escribió: “esta diputada le sabe. Te ganaste más mi voto” El comentario venía con una imagen adjunta donde los integrantes de BTS aparecen con polos amarillos con el logo del sol del Partido del Buen Gobierno.

Pese a ello, Molina reconoce que también encontró algún tipo de resistencia. “Soy Army, pero también apareció gente que no quería que relacione mi campaña a la comunidad”, explicó a El Comercio. Esto explica la razón por la que su contenido relacionado a figuras del k-pop paró hacia mitad de marzo y se centró exclusivamente en sus propuestas animalistas.

Aunque el apoyo de la comunidad K-pop no paró de llegar. “Otras cuentas me apoyaban porque sabían que pertenecía a la Army. en los grupos de la comunidad se pudo haber pasado la voz”, anotó Molina.

Nathaly Molina asegura que el gancho de su campaña ha sido su agenda animalista. Sus videos en TikTok le dan la razón, pues los más virales son dos que se titular “Propuestas animalistas”, uno de ellos con más de 230 mil visualizaciones, y el otros con cerca del medio millón de visualizaciones.

Son en total 10 propuestas en dos videos, donde cada uno de estos tiene como fondo musical canciones de BTS. “Definitivamente, la agenda animalista impulsó mi campaña. No se ha visto muchos congresistas que defiendan esta agenda, y existen una serie de problemáticas como el abandono, el maltrato, la sobreexplotación reproductiva. Muchas personas están buscando una voz animalista en el Congreso, y yo soy una rescatista independiente. No he sido política antes, por lo que creo que este tema me impulsó“, dice a El Comercio.

Uno de estos videos se publicó el 18 de marzo. Si uno revisa los comentarios en la actualidad, puede encontrar que personas escribieron el 13 de abril -un días después de las elecciones- mensajes como “voté por ti, no nos defraudes” o “yo voté por ti”. Antes de la elección se podían leer otros comentarios como “Soy de Huánuco, ¿puedo votar por usted?“.

Molina recuerda que su primera publicación con temática animalista fue el 12 de marzo, y desde entonces entendió que ese era su camino. “Los comentarios mencionaban demasiado la situación de los animalitos en la situación de abandono, la necesidad de esterilización masiva, que son parte de mis propuestas”, añade.

La candidata del Partido del Buen Gobierno tiene claro sus 10 primeros proyectos de ley en caso logre alcanzar una curul. Pero son dos las iniciativas a las que dará prioridad en un inicio: La creación de un programa nacional de esterilización masiva y la creación de una unidad contra el maltrato de animales.

“Mi campaña se basó en redes sociales, y soy paciente. (...) En el partido están bastante contentos, pero calmados y cautelosos. Aún no es motivo de celebración, pero están contentos”, dice con cautela la candidata número 22 que, al cierre de esta edición, era la segunda más votada en la lista por Lima de diputados del partido de Jorge Nieto.

Pero no todos los casos de redes sociales han sido de éxito en la actual campaña electoral. Los candidatos presidenciales César Acuña (APP) y José Luna (Podemos) invirtieron millones en publicidad en sus redes o en colaboraciones con streamers, pero nada de su estrategia los ayudó a impedir su debacle electoral perdiendo la inscripción de sus respectivos partidos políticos.

Otros casos que no funcionaron fueron la de las candidatas que intentaron obtener viralidad en redes sociales con bailes de tendencia en TikTok. Este es el caso de las candidatas a diputadas, Alissa Durand (Lima) y Raquel Coronado (La Libertad) de Avanza País, quienes recibieron críticas por un video subido en TikTok.

Al 69% de actas contabilizadas en Lima, Durand solo acumulaba 374 votos en Lima. Mientras que Coronado sumaba 245 votos, aunque apenas al 9% de actas contabilizadas. Dos días después de las elecciones del 12 de abril, Coronado publicó un video en TikTok desde la playa, y con ropa de baño, cantando una canción viral junto a la frase “Tu candidata fav” y con el mensaje: “Sigo esperando el conteo de votos”.

‘Kathy’ Menéndez, candidata a diputada por Lima con Podemos, postuló con el número 10 y también apostó por bailes en busca de viralidad en las redes sociales. Pero a la esposa del alcalde del Rímac, Néstor De La Rosa, la estrategia no le funcionó y solo había conseguido 1.500 votos al 69% de actas contabilizadas.

Milton Vela, CEO de Café Tapia, sostiene que si bien se ha visto bastante uso de redes sociales en la campaña, pero poca estrategia y esto se reflejó en las acciones realizadas con streamers. “Una cosa es un influencer que tiene una comunidad orgánica, pero eso no se puede transferir a un candidato con el que no tiene una relación o una temática en común para viabilizar esa transmisión de comunidad”, explica.

Además, Vela indicó que en internet es importante tener rostros jóvenes para hacer el puente generacional, como pasó con Ricardo Belmont y la campaña que desplegó en redes sociales con su propia hija. “Internet termina siendo una ventana más democrática que puede exacerbar el ADN que tienes. El ADN de la actual clase política es una congresista como Patricia Chirinos saliendo con su silla de ruedas, y eso es lo más decente que podemos mencionar. Desde el 2021 en adelanto, todo se ha degenerado”, sostiene.

En ese contexto, el consultor el reputación dice que tiene sentido que campañas en redes sociales dirigida a nichos, como el caso de la candidata Nathaly Molina. “Tu espectro para campañas congresales no es de millones, entonces un nicho bien dirigido funciona. Si eres de la comunidad K-pop, tienes un público de 300 mil al menos, te diriges a una tribu de la que, además, eres parte, por lo que conseguir 20 mil votos no debe ser difícil. Ellos ven algo sostenido y una trayectoria, por lo que confían en ti”, alega.

A nivel presidencial, Vela asegura solo haber visto una estrategia interesante en internet por parte de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, donde retransmitía todos sus apariciones en medios tradicionales junto al logo de su agrupación. Sin embargo, según el mismo especialista, dicha estrategia se hundió por la propia naturaleza del candidato de enfrentarse a todos y el poco recurso de comunicar mensajes claros.

Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuya ausencia recién fue detectada el 15 de abril.

Según la denuncia policial a la cual tuvo acceso El Comercio, el hecho se registró en la institución educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú, durante el desarrollo del proceso electoral de 2026.

El material electoral extraviado corresponde a la elección de senador nacional de dos mesas de sufragio identificadas con los números 057274 y 057275 instaladas en el referido centro educativo. Según la documentación policial, estas actas representan la votación de mesas que tienen una capacidad prevista de hasta 300 electores cada una.

La denuncia fue formalizada por una coordinadora de mesa, Ángela Aliaga Silvera, y un coordinador distrital de la zona 3, Juan Alex Núñez Ortiz, quienes reportaron que los documentos no fueron hallados dentro del paquete correspondiente.

Los funcionarios señalaron que el material había sido entregado inicialmente a la responsable del local de votación, Lisbet Cerna Pongo, pero su ausencia se detectó durante una revisión posterior realizada en presencia del personal electoral.

Los denunciantes informaron que el material electoral salió del instituto educativo el 13 de abril hacia la Oficina Descentralizada (ODPE) de San Juan de Lurigancho bajo la supervisión de dos personas de la ONPE: Mía Paola Velarde Gutiérrez y Geraldy Nicol Rivera Gómez. Asimismo, que estaban acompañadas por un funcionario del JEE de SJL y un policía.

El parte policial, suscrito por el comisario de Zárate, Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, advierte sobre la presunta comisión del delito contra la administración pública. La investigación se centra específicamente en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales por parte de los involucrados en el manejo de los documentos.

El Poder Judicial rechazó el recurso de habeas corpus que buscaba otorgar un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien formó parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo y fue condenada a 11 años de prisión. La decisión fue emitida por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda presentada a su favor.

El recurso había sido interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien solicitaba que el Estado peruano otorgue un salvoconducto a Chávez para salir del país, además de medidas para garantizar la inviolabilidad de la Embajada de México en Lima. Sin embargo, el juzgado concluyó que el petitorio no estaba vinculado de manera directa a la protección constitucional de la libertad personal, por lo que no correspondía su evaluación mediante un proceso de habeas corpus.

La defensa argumentaba que existía una supuesta amenaza de intervención en la sede diplomática mexicana por parte de autoridades peruanas, lo que —según el demandante— vulneraría tratados internacionales como la Convención de Viena y la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos y ordenó el archivo definitivo del caso una vez quede firme la resolución.

Sin salvoconducto y con proceso cerrado

Con esta decisión, se cierra la posibilidad de que la exjefa del Consejo de Ministros obtenga un salvoconducto mediante esta vía legal. El fallo también descarta la adopción de medidas cautelares o urgentes solicitadas en la demanda, así como cualquier disposición dirigida al Ejecutivo, la Policía Nacional o la Cancillería.

El caso de Chávez se mantiene en el ámbito penal, mientras el Poder Judicial continúa con los procesos correspondientes. La resolución reafirma que las solicitudes relacionadas con asilo o salvoconducto deben canalizarse por otras vías legales y no a través de mecanismos constitucionales como el habeas corpus.

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