El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), envió un oficio al titular del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) para pedirle medidas correctivas en el texto de la ley promulgada sobre facultades legislativas. Formalmente, expresa su preocupación porque se omitió a los diputados en la autógrafa publicada este jueves.

El diputado empieza manifestando su preocupación por las formalidades aplicadas en este procedimiento. “Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la Republica y solo la post firma del Presidente y Primer Vicepresidente del Senado y no al Congreso de la Republica y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidenta de esta Cámara”, advirtió Reto.

El diputado destaca que el Congreso no solo está conformado por el Senado sino también por los diputados tal como lo dice la Constitución. Por esto, cuestionó que no se incluya a la cámara baja para expresar la voluntad de este poder del Estado.

El legislador advierte que lo ocurrido con la autógrafa de ley 23743 ″no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso de la Republica ni al marco constitucional". Por esto, exhorta a Miguel torres a que “adopte las medidas correctivas pertinentes”.

Reto también recuerda que en congresos bicamerales anteriores, la práctica indica que las autógrafas de ley llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes de las dos cámaras. Asimismo, que al estar en el primer año de este nuevo Parlamento bicameral, es importante sujetarse a la Constitución.

Finalmente, resalta que el próximo año la Presidencia del Congreso será asumida por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En ese momento, mencionó que la presidencia se limitará a elevar las autógrafas para su publicación con las firmas de los titulares de las dos cámaras “conforme al mandato constitucional”.

En el boletín extraordinario de normas legales de El Peruano este jueves 22 de octubre, el Gobierno de Keiko Fujimori promulgó la autógrafa de ley que le otorga 27 puntos para que pueda tener facultades legislativas. Esto fue aprobado por el pleno del Senado luego de que se ampliara el texto original que envió la Cámara de Diputados.

En el documento, se consigna que “El Senado de la República ha dado la Ley”, y al final se incluyen solo las firmas del presidente y vicepresidente del Senado, Miguel Torres y Alejandro Muñante.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió trabajar en unidad a las autoridades regionales y locales durante sus actividades oficiales en Arequipa y Moquegua. La jefa de Estado pidió a los gobernantes salientes y a los elegidos superar las diferencias partidarias para acelerar proyectos en el contexto del fenómeno El Niño.

“Somos conscientes que tenemos que trabajar en equipo, no importa por qué movimiento regional o por qué partido político hayan salido elegidos”, dijo este viernes al resaltar la articulación técnica entre instituciones públicas resolverá los problemas urgentes de las comunidades.

En el distrito arequipeño de Cerro Colorado, la presidenta inauguró sistemas de agua potable y alcantarillado. “El agua no solamente trae vida, el agua, al ser transparente, no tiene tinte político”, comentó.

Keiko Fujimori hizo desde Arequipa hizo un llamado a trabajar en unidad con las autoridades locales y en todos los niveles del Ejecutivo. “Tenemos que volver a unirnos, trabajar los tres niveles de gobierno, esa es la única manera en que vamos a salir adelante”, exhortó.

Posteriormente, la jefa de Estado viajó a Moquegua para encabezar la puesta en marcha de una obra de electrificación rural. Los trabajos en las Pampas de Clemesí requirieron S/3 millones para conectar a 1540 pobladores a la red eléctrica.

Los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores enfrentan sus horas más críticas en la bancada del Partido del Buen Gobierno. El grupo parlamentario prevé iniciar un proceso disciplinario contra ambos legisladores por haber respaldado la delegación de facultades para el Ejecutivo, pese al acuerdo de su agrupación de abstenerse durante la votación del dictamen en la Cámara Alta.

En abierta disidencia, Gavidia y Flores se sumaron a Fuerza Popular, Renovación Popular y una facción del Partido Cívico Obras, que consiguieron aprobar con 35 votos la propuesta enfocada en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La acción generó incomodidad en la agrupación.

Consultado por El Comercio, el líder del partido, Jorge Nieto, adelantó que corresponde aplicar el procedimiento disciplinario interno del grupo parlamentario para determinar si la conducta de ambos senadores amerita una sanción.

“[¿Habrá un proceso disciplinario de la bancada?] Es lo que corresponde. Tienen un reglamento. Es su legalidad en primera instancia”, indicó Nieto Montesinos.

Más temprano, Nieto Montesinos sostuvo que ambos deberán ser escuchados por la bancada antes de que se aplique alguna medida disciplinaria, pero dejó claro que lo realizado constituye de cualquier manera una “indisciplina”.

“Tenían información las dos personas que votaron [de nuestra postura]. Por tanto, el reglamento tendrá que ser aplicado. Habrá un espacio de escucha, de diálogo, tendrán que ser escuchados por quienes tomen las decisiones finalmente de sancionar o no sancionar”, dijo en Exitosa.

Nieto resumió todo en una sola frase: “No somos un club de amigos, por tanto tiene que actuarse en consecuencia”.

Cuestionamientos

Preguntada por este Diario, la senadora Nora Bonifaz, integrante de la misma bancada, coincidió en que corresponde iniciar el procedimiento disciplinario y calificó de “error” la decisión de sus colegas.

“Es un error porque ellos son miembros de un partido político y el partido tenía una postura”, refirió.

La senadora contó que una noche previa a la votación, su grupo había discutido el tema de las facultades por largas horas y que en el calor del debate “la convencieron” de mantener una postura más neutra y no una posición de rechazo a las facultades. Por ello habrían optado por la abstención.

“Ellos no son niños, son adultos. Y sabían que teníamos el debate al día siguiente en la sesión del Senado y lo lógico era mantener nuestra posición. [Los dos senadores] No son disciplinados”, remarcó.

Bonifaz afirmó en el programa Tenemos Que Hablar, video podcast de El Comercio, que Gavidia no anunció en ningún momento su posición a favor de las facultades y que se quedaron sorprendidos de la posición de Flores.

“En el caso de Gavidia, él dice que lo anunció antes. Nunca lo anunció a la interna y la sorpresa fue el señor Juver Flores”.

A su turno, Fernando García, diputado del Buen Gobierno, refirió que la votación de sus colegas dejó sorprendidos a sus colegas de la Cámara Baja. Afirmó que a la interna del partido hay fastidio respecto de la posición asumida por Flores y Gavidia.

Por la mañana, Gavidia indicó —en declaraciones a la prensa— que avisó a Nieto de su decisión de votar por las facultades. Sostuvo que tras el diálogo, el líder del Partido del Buen Gobierno “hizo un comentario desde una posición diferente”.

“Tengo muy buena comunicación todavía [con el Buen Gobierno]”, agregó.

Eventuales sanciones

De acuerdo con el reglamento del Partido del Buen Gobierno en el Senado, constituyen infracciones graves los actos que atenten contra la unidad del grupo parlamentario y el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Plenario. En tanto, se considera una infracción muy grave afectar gravemente la imagen del partido político.

El artículo 18 establece que el incumplimiento de las disposiciones del reglamento puede dar lugar a seis tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, multa, suspensión temporal de alguno o todos los derechos al interior del grupo parlamentario, separación de un cargo y suspensión o expulsión del grupo.

No obstante, refiere que para determinar la sanción se deben tener en consideración los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la falta u omisión incurrida.

Asimismo, que las multas a imponerse no podrán superar el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del respectivo año fiscal.

De iniciar el procedimiento disciplinario, este deberá garantizar el derecho de defensa del investigado con la imputación de cargos, evaluación de descargos y derecho a alegación y prueba.

“La sanción en primera instancia es impuesta por el vocero del grupo parlamentario y su decisión puede ser recurrida ante el Plenario de Senadores”, reza el reglamento.

Entre tanto, en el artículo 19 expresa que en caso de hechos denunciados en flagrancia o evidentemente atribuibles a un miembro parlamentario por la evidencia probatoria, la Mesa Directiva del grupo parlamentario, con votación de la mayoría simple de sus integrantes, podrá disponer como medida inmediata y preventiva, la separación provisional del senador denunciado, por el lapso que dure el pronunciamiento disciplinario.

El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral en contra de Roberto Sánchez, por el caso de presunta falsa declaración de aportes y reportes financieros ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe)

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, citó al presidente del partido Juntos por el Perú (JP) y otros, para la audiencia pública virtual, la misma que se realizará desde las 9:00 de la mañana.

El juzgado precisó que se trata de una audiencia “de carácter inaplazable” por lo que emplazó al acusado bajo “apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su inmediata ubicación y captura”.

El ahora asesor del Congreso Bicameral afronta este proceso bajo comparecencia simple.

El Ministerio Público ha solicitado 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Sánchez Palomino, así como su inhabilitación definitiva para ejercer el cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú.

Según la acusación fiscal, en los reportes financieros que firmó Sánchez Palomino se habría brindado información falsa, puesto que en algunos casos se declaró “cero” como ingresos al partido, pero se detectó la entrega de dinero a la organización política -por medio de cuenta mancomunada- por montos de S/208.000 y S/75.550.

En el mismo documento judicial también se convocó a los 13 testigos y peritos presentados por el Ministerio Público, la Procuraduría de la ONPE, así como los acusados. Entre ellos se encuentran el exministro Yehude Simon Munaro y William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial.

La judicatura exhortó a las partes para que coadyuven con la presentación de los testigos al juicio oral y advirtió que de no acudir serían conducidos por la fuerza pública, recurriendo a la Policía Nacional.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público y al auto de enjuiciamiento dictado por el Poder Judicial, a Roberto Helbert Sánchez Palomino se le atribuye, en calidad de apoderado o representante del partido Juntos por el Perú, el haber declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE sobre la Declaración Financiera Anual del JP, sobre la Información de aportes, ingresos y gastos del JP y gastos de campaña.

Por ello, en el juicio oral deberá responder, específicamente, como presunto autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos subsistentes del 1 de julio del 2019. Esto es, haber presentado y suscrito la carta de fecha 1 de julio del 2019, en su condición de presidente del Partido Juntos por el Perú y por José Manuel Guardia Huamaní, mediante la cual se remite la Información Financiera Anual del año 2018 a la ONPE.

En el juicio oral también deberá esclarecer la acusación, como presunto autor del delito contra la participación democrática en la modalidad de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas por los hechos del 1 de julio del 2021 (Información Financiera Anual de JP del 2020), 18 de enero del 2021 (Carta sobre reporte de Información Financiera Anual del 2019) y 16 de octubre del 2021 (Carta sobre los ingresos y gastos de la Campaña Congresal del 2020).

De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones de Lima programó para el próximo 25 de noviembre la audiencia para evaluar la apelación que presentaron Roberto Sánchez y su defensa legal, contra la resolución judicial que rechazó archivar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos contenidos en la Carta del 1 de julio del 2019, firmada por el acusado.

Como se recuerda, a través de un recurso de “excepción de prescripción”, la defensa del presidente de Juntos por el Perú argumentó que el plazo de la acción penal para este hecho, ya había caducado.

Sin embargo, a través de una resolución emitida en junio del 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que este hecho aún mantenía su vigencia de persecución penal.

La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue programada para las 8:30 de la mañana.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada la solicitud del partido Avanza País para realizar una segunda vuelta en la elección para la Municipalidad de Lima. El tribunal determinó que la legislación vigente establece la proclamación directa de la lista con la votación más alta sin exigir un porcentaje mínimo de votos válidos.

El personero legal de la agrupación política, Aldo Borrero, había presentado su escrito el 6 de octubre ante esta entidad electoral. Ahí, sostuvo que Lima Metropolitana posee un régimen especial con funciones regionales que justifica que se aplique la legislación de elecciones regionales donde sí se permite una segunda vuelta cuando ningún candidato logra el 30% de votos válidos.

Sin embargo, el colegiado precisó que la Ley de Elecciones Municipales contempla reglas propias diferenciadas de los comicios regionales. La resolución oficial señaló que no existe una disposición legal que autorice extender el mecanismo de segunda vuelta para la Municipalidad de Lima como si fuera una región.

En este proceso, la organización política Renovación Popular formuló oposición a la pretensión planteada por Avanza País el 13 de octubre. Su representación legal solicitó ratificar la aplicación estricta de las normas municipales para la proclamación de la lista ganadora.

Asimismo, el pleno del JEE Lima Centro desestimó la petición formulada para suspender la proclamación oficial del electo alcalde de Lima Metropolitana. El pronunciamiento estableció que la sola presentación de recursos no interrumpe el desarrollo normal del cómputo general ni la entrega de credenciales.

El tribunal enfatizó el respeto al principio de intangibilidad normativa establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Esta regla exige la publicación de normas electorales con un año de anticipación para brindar seguridad jurídica a toda la ciudadanía votante.

De esta manera, el organismo reafirmó que el proceso iniciado el 4 de octubre continúa según el cronograma oficial programado por las autoridades. Los magistrados electorales dispusieron notificar la decisión a las casillas electrónicas de los personeros legales de las agrupaciones participantes.

El senador de Fuerza Popular, Carlos Mesía, dijo que en su opinión no procedería una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional planteada contra la cámara alta. Según explicó, no habría posibilidad que el propio Congreso busque delimitar sus propios alcances tras la aprobación de facultades legislativas ampliadas.

“Desde mi punto de vista, no procedería porque no hay un proceso competencial que implique delimitar las competencias del propio Congreso. Tendría que ser un proceso competencial del Congreso contra el Poder Ejecutivo, o del Ejecutivo contra el Congreso”, explicó ante la prensa este viernes.

#EnVivo Carlos Mesía, senador: No procedería una demanda competencial. Una acción de inconstitucionalidad contra la ley de facultades delegadas, ahí el TC podría pronunciarse Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/9mwFa9cQVB

— Canal N (@canalN_) October 23, 2026

Lo que sí podría seguir adelante según Mesía es una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de ley sobre facultades otorgadas. “Ahí es donde el Tribunal podría pronunciarse”, mencionó para luego negar que haya un resquebrajamiento en las relaciones entre las dos cámaras del Congreso. Recordó que las facultades ya fueron aprobadas y que nadie puede impugnarlas “salvo” el Tribunal Constitucional.

Carlos Mesía mencionó además que, para él, sería “saludable” que el TC se pronuncie sobre los alcances entre el Senado y la Cámara de Diputados porque es el máximo intérprete de la Constitución.

“Como hemos regresado a la bicameralidad, pasamos por un proceso, si se me permite la expresión, de aturdimiento, en el sentido de que hay que llevar a cabo un ajuste, establecer criterios, modalidades”, comentó el senador.

Mesía advirtió que esta delimitación no podría haber ocurrido antes porque en la práctica surgen las polémicas entre las dos cámaras. “Yo creo que es una interpretación de la Constitución y en consecuencia le corresponde a ambas cámara reunidas hacerlo, no solo al Senado. Yo me declaro incompetente en esa materia”.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, dio por concluida la designación de su asesora María del Carmen Barragán Coloma. Esto ocurre luego de las críticas por el vínculo familiar de esta abogada con el senador del partido Obras Daniel Barragán.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N°001407-PE-ESSALUD-2026, con fecha 22 de octubre, oficializa el cese inmediato de la asesora nivel III. El documento institucional sustenta la anulación del nombramiento que había ocurrido cinco días atrás al mencionar que “se considera pertinente” ejecutar esta decisión.

“La mencionada exservidora se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los asuntos y/o información a la cual haya tenido acceso, así como acatar las demás prohibiciones señaladas en la Ley Nº 31564, bajo sanción de inhabilitación para prestar servicios al Estado y sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a las que hubiera lugar”, se lee en el documento firmado por Tomás.

La saliente asesora de la jefa de EsSalud es hermana del senador Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. El parlamentario asistió de manera presencial a la Comisión de Constitución del Senado durante el debate sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo pese a no ser miembro titular de la misma.

“Me apena mucho que mi hermana renuncie porque podía aportar mucho”, dijo el senador Barragán en declaraciones a la prensa, tras señalar que no había visto la resolución que da por concluida la designación.

Reiteró que el nombramiento de su hermana - el 17 de octubre- no se trató de un intercambio de favores por el voto de Obras a favor del pedido de facultades.

La contratación de Barragán en el despacho de Zulema Tomás fue criticada debido a que ocurrió en medio del debate y votación del pedido de facultades legislativas en el Senado. Algunos congresistas de Obras votaron a favor de ampliar lo que se había aprobado previamente en Diputados e incluir 7 puntos adicionales.

Días antes de la firma del cese, Zulema Tomás respaldó la incorporación de María del Carmen Barragán a su despacho. “Yo la he traído”, afirmó la titular de EsSalud para Canal N el 20 de octubre.

La presidenta de la entidad médica destacó la amplia trayectoria de la especialista con más de 30 años de servicio en la Contraloría General de la República. “Es una persona de confianza con gran profesionalismo y trayectoria al servicio público. Ha sido más de 30 años comprometida con la gestión (...) Yo no conozco al senador, conozco a la doctora María Barragán”.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó a los congresistas de oposición que evitaron que se apruebe el pedido original de facultades legislativas. Evaluó que el hecho de solo haber aprobado el 40% de los 66 puntos genera una insatisfacción en el Ejecutivo.

“Hemos pedido 66 puntos en las facultades. Nos han aprobado 40%. Mostramos nuestra gran insatisfacción ante este accionar de de algunos diputados y senadores que no han permitido y no le han dado la oportunidad al país para que pueda agilizar diversos procesos de inversión para poder atender de manera mucho más rápida a la población”, dijo a RPP.

El Senado aprobó en el pleno ampliar lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. A los 20 puntos originales, y tal y como decidió la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, se incluyeron 7 adicionales.

Vinelli dijo que específicamente sobre su sector se dejaron afuera dos puntos: uno sobre gestión de recursos hídricos y otro sobre la agilización en el otorgamiento de títulos de propiedad.

El ministro dijo que ahora buscarán otros mecanismos para atender más rápido a la población. Esto incluye la presentación de dispositivos legales.

“En el siguiente Consejo de Ministros los diferentes sectores van a estar presentado los decretos legislativos respecto a lo que nos han aprobado, y los proyectoss de ley en las siguientes semanas vamos a presentar algunos”, precisó.

La bancada de Juntos por el Perú en el Senado anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto en respuesta a la aprobación de 27 puntos en las facultades legislativas en lugar de los 20 que inicialmente fueron aprobados por diputados.

“Juntos por el Perú, a través de sus senadores, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado de la República”, señalaron en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, señalan que “ni un pacto de caballeros ni la buena fe pueden estar por encima de la Constitución ni del Reglamento”. Juntos por el Perú dijo que no se respetó la Carta Magna ni las reglas del debate parlamentario.

#Pronunciamiento | ✅ El Grupo Parlamentario de Senadores de Juntos por el Perú, ante la decisión del Pleno del Senado en la aprobación de las facultades extraordinarias solicitadas por el Gobierno Fujimorista, expresa lo siguiente: https://t.co/yHL6aiw66f

— Bancada de Senadores Juntos por el Perú (@BancadaSenJP) October 23, 2026

La bancada de oposición insistió en que las fuerzas democráticas y la ciudadanía deben ejercer una democracia participativa. Así, exhorta que se actúe frente a los embates del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana exigiendo al Gobierno resultados.

El pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta este jueves 22 de octubre de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. La mesa directiva dio cuenta de este documento y anunció que en la siguiente sesión ordinaria se debatirá y votará la admisión del recurso de control político.

La moción plantea un pliego interpelatorio que comprende 44 preguntas enfocadas en evaluar la gestión del ministro desde el inicio de su gestión el 28 de julio. Ahí se incluyen consultas respecto a presuntas irregularidades administrativas detectadas en diversas instituciones del sector.

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 154 que la admisión de la moción requiere el voto favorable de al menos un tercio de legisladores hábiles. La votación correspondiente se ejecutará de forma indefectible durante el desarrollo de la próxima jornada del pleno de la Cámara de Diputados.

La Presidencia de la cámara baja, a cargo del legislador Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) estuvo a cargo de dar cuenta de la moción ante el hemiciclo.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras impulsaron originalmente la moción de interpelación contra el ministro de Educación. En total, tenía originalmente a 24 legisladores firmantes cuando se planteó en setiembre.

Días después, cinco parlamentarios retiraron sus rúbricas de la solicitud antes de su trámite en el Pleno. Los legisladores Juan Cabrera Nieto, Arturo Eusebio Padilla, Andrea Medina Stein, Víctor Piñán Mamani y Helard Sonco Villanueva formalizaron el retiro de sus respectivas firmas.

La adhesión de Héctor Guillén de Juntos por el Perú permitió que la moción se mantenga con 20 legisladores tras el retiro de los otros cinco diputados.

La Corte Superior Nacional del Poder Judicial (PJ) dispuso incrementar el número de audiencias en el juicio oral seguido en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas del “No a la Revocatoria” del 2013 y la Reelección Municipal del 2014.

La decisión se adoptó tras el informe de El Comercio que dio cuenta sobre el poco ritmo de las sesiones en este caso que se encamina a cumplir diez años sin que se emita una sentencia.

En la última sesión de este lunes, la presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado, Nayko Coronado, anunció que se incrementarán dos sesiones adicionales en el juicio oral, durante el mes de noviembre, “para poder avanzar”.

Como se recuerda, en declaraciones a este Diario, la Corte Superior Nacional había anunciado que evaluaban incrementar el número de las audiencias a fin de que el juicio oral tome más ritmo y se pueda acelerar con la presentación de los testigos y documentación a fin de concluir con todo el proceso en setiembre del 2027.

El juicio oral contra la exalcaldesa se inició en setiembre del 2025 y se venían realizando entre una y dos sesiones por semana.

Por ello, en la última sesión, Coronado Salazar dio cuenta de todas las fechas -incluidas las dos nuevas fechas- en la que se desarrollará el juicio oral hasta fines de noviembre de 2026. Posterior a ello se señalarán las siguientes fechas de la audiencia.

La magistrada explicó que con las nuevas fechas en el Caso Villarán “su agenda ya está reservada en integridad para poder avanzar con la declaración de testigos”.

Además, anunció que si por alguna razón no se puede avanzar con los testigos propuestos por el Ministerio Público -etapa actual del juicio oral- se considerará citar a los testigos de la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato o de las defensas de los acusados con los que se tenga contacto directo y se asegure su presencia virtual en el juicio.

Otro de los problemas recurrentes que afronta el juicio es que diversos testigos citados para el juicio oral no se presentan a rendir su declaración en el juicio.

Solo en la última sesión de la audiencia del lunes 20 de octubre, ninguno de los seis testigos convocados para la fecha se conectó a la sesión virtual para rendir su testimonial.

En la audiencia, la fiscal Isabel del Águila Ruiz confirmó que ninguno de los citados pudo ser contactado directamente.

“De los testigos que tenemos citados para el día de hoy no tenemos número telefónico, si bien se han realizado las notificaciones correspondientes a los domicilios pero no hemos tenido ninguna comunicación”, señaló la representante del Ministerio Público.

El magistrado superior Wilmer Quispe Umasi, director de debates del juicio, advirtió que también se habían devuelto cargos de notificaciones cursadas a otros siete testigos citados en sesiones anteriores que no se habían presentado.

En algunos casos las direcciones de sus domicilios no eran las correctas, en otras ya no vivían en los domicilios señalados y en otros no dieron respuesta a las citaciones.

Ante ello, Quispe Umasi requirió a la representante fiscal priorizar a los testigos con los que se tiene contacto directo.

“La idea es poder avanzar y optimizar el tiempo de la programación de la audiencia. A ver, Ministerio Público, de acuerdo a lo que hemos ido organizando; claro, lo que vemos en esta segunda lista, efectivamente, están los domicilios pero no hay el número celular de gran cantidad de testigos. Entonces, eso significa un riesgo de que ocurra lo que está pasando, aún cuando se pueda notificar, no concurran”, anotó el magistrado.

Sobre dicho tema, la representante del Ministerio Público respondió que evalúan requerir la “conducción compulsiva” de algunos testigos que sí son importantes para el juicio oral.

El Ministerio Público ha solicitado 29 años de cárcel para la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, al acusarla por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y diversos actos de corrupción.

Según la imputación fiscal, la exfuncionaria habría recibido cerca de US$11 millones en aportes y contribuciones de las empresas trasnacionales Odebrecht y OAS, que mantenían contratos con la comuna limeña.

El dinero, señala la fiscalía, habría sido introducido a través de falsos aportes o aportes no exactos en la campaña del “No a la Revocatoria” que se realizó en el 2013 y la campaña de reelección de Villarán de la Puente en el 2014.

Cabe recordar que, en marzo del 2024, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el expediente EXP. N.° 01072-2023-PHC/TC (Caso Peajes), ya había exhortado a las instancias del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) que tienen en sus manos los procesos penales contra los exfuncionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) “resuelvan los mismos con la celeridad que permita la ley, bajo responsabilidad penal y administrativa”.

Dicha exhortación la realizaron tras advertir que sobre el “tema de la corrupción, pese a su gravedad e incidencia negativa en los intereses del Estado, no ha supuesto que las autoridades fiscales y judiciales actúen de manera célere”.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República que, como dije al comienzo, ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no, de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos”. Esta fue la primera reacción del presidente del Consejo de Ministros luego de que el pleno del Senado aprobara 27 puntos de las facultades con 35 votos a favor (de Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras y dos del Buen Gobierno). En contra hubo 18 legisladores (Juntos por el Perú y Ahora Nación) y seis se abstuvieron (Buen Gobierno).

Más allá de evaluar quién ganó y quién perdió, es necesario analizar cómo se va a desarrollar el tira y afloja entre Parlamento y Ejecutivo. Si bien han pasado una difícil prueba, todos salieron de algún modo magullados.

El primer afectado es el Ejecutivo, que al final no obtuvo lo que hubiera deseado, aunque sí más de lo pensado. Quizás en esta puja el más afectado políticamente haya sido el Partido del Buen Gobierno por sus propias indefiniciones y actitudes. En su afán de querer estar “al centro” terminó por quedarse sin posición alguna. Si bien se destaca el papel que jugó en Diputados, a veces un voto en contra (en el Senado) es más elocuente que una abstención.

De Juntos por el Perú y Ahora Nación no se esperaba nada distinto de lo exhibido, aunque la bancada de López Chau ha evidenciado discrepancias internas de pronóstico reservado.

La bancada de Obras merece una mención aparte. El grupo que empezó siendo parte de la coalición de izquierda para llegar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pretende convertirse en el “fiel de la balanza”, o en el centro que tanto proclamaba el PBG. Esta posición los ha llevado a ser llamados “traidores” por sus antiguos aliados. El senador Daniel Barragán dejó una frase con la que intenta definir su posición: “No somos oposición, somos la solución”.

En política, los pactos y las lealtades no son eternas, pero al menos permiten enfrentar la cambiante realidad del país.

Ahora toca aplicar con buen criterio y urgencia las facultades legislativas. Ya se perdió mucho tiempo.

Un nuevo capítulo en el Congreso se cerró este miércoles entre discrepancias y divisiones en la oposición. El escenario fue el pleno del Senado, que aprobó otorgarle al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas, enfocadas en materias de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño por 90 días.

La votación se definió con el respaldo de una facción del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras (PCO), cuyos integrantes se sumaron a las posiciones de Fuerza Popular y Renovación Popular. En conjunto, estas agrupaciones alcanzaron 35 votos a favor del dictamen, que solo requería 31 para aprobarlo.

En la otra orilla política, Ahora Nación y Juntos por el Perú sumaron 18 votos en contra, mientras que cinco integrantes del Buen Gobierno y uno del PCO optaron por la abstención. (Ver infografía).

#LOLTIMO Pleno del Senado aprueba el dictamen con 27 facultades para el Ejecutivo. ¿Cómo votaron las bancadas? ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes votaron diferente, pese a la postura de su bancada? @Politica_ECpe https://t.co/gc2oZJAZVk

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

La delegación de facultades es la primera propuesta de importancia que la Cámara de Diputados remite al Senado y que este último aprueba en una sesión plenaria.

Antes de llegar a la Cámara Alta, la iniciativa pasó por la Comisión de Constitución de Diputados, que recabó la opinión consultiva de 12 grupos de trabajo, y luego fue aprobada por el pleno de ese órgano.

Cuando Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, recibió el texto aprobado por la Cámara Baja, planteó incorporar ocho nuevos puntos, siete de ellos relacionados con facultades adicionales y una disposición complementaria. La propuesta no consiguió consenso en un primer momento.

Pese a las discrepancias y los intentos por entrampar la iniciativa, el dictamen terminó aprobado en el día 85 de gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

Entre las facultades destacan la libertad vigilada postpenitenciaria; el fortalecimiento al Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la restitución de capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Asimismo, la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, que busca establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales.

En el momento en que Mesía sustentó la delegación de facultades, señaló a la oposición que su grupo de trabajo no alteró ni modificó lo aprobado por la Cámara de Diputados. Resaltó que algunas bancadas no quisieron debatir la propuesta.

“El predictamen no era un texto cerrado, ni una decisión definitiva. Era un punto de partida para el debate. Que algunos no hayan querido debatir es su problema. Hoy día no han debatido, no han hecho uso de su derecho al debate, sino uso al derecho residual que la Constitución le otorga: derecho al pataleo y nada más”, dijo.

Bancadas divididas

Antes de la sesión plenaria del Senado, este Diario conversó con el senador Jorge Gavidia, del Buen Gobierno, quien adelantó que votaría a favor de la propuesta impulsada por Fuerza Popular.

Gavidia se limitó a señalar que su decisión respondía a un análisis “técnico”. “Mi posición es técnica frente a la emergencia. Las discrepancias políticas con el oficialismo siguen”, afirmó.

Poco después, su voto confirmó esa postura. Lo mismo hizo su colega de bancada Juver Flores, quien, según el portal Infogob, participó en las elecciones generales del 2016 como candidato al Congreso por Fuerza Popular.

En el Buen Gobierno, otros cinco integrantes optaron por la abstención: Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute.

Consultado por la prensa, Figallo sostuvo que la posición de su agrupación se sustentaba en “el respeto a los resultados de la Cámara de Diputados, el Reglamento del Congreso y la Constitución”.

En el PCO, solo Juana Ticona se abstuvo, mientras que Agripina Flores no asistió a la sesión por estar con licencia. Los otros integrantes de la bancada como Roger Astucuri, Daniel Barragán y Walter Gago respaldaron la propuesta de dictamen.

El Comercio había adelantado en ediciones anteriores que Obras sería una pieza clave en la votación de las facultades. Finalmente, el respaldo de parte de sus integrantes contribuyó a inclinar la balanza a favor del proyecto.

Enfrentamiento

En la sesión plenaria Ruth Luque (Ahora Nación) intentó frenar la votación de facultades con una cuestión de orden que solicitaba definir los límites del Senado sobre la no desnaturalización y discusión de las 20 facultades aprobadas por Diputadas.

Sin embargo, el presidente del Senado, Miguel Torres, no tomó en cuenta la solicitud. Argumentó que se trataba de “un pedido de interpretación general y abstracto del reglamento del Senado”.

Jaime Delgado, también de Ahora Nación, insistió en que Torres debía someter la cuestión de orden a votación porque se buscaba definir los alcances del procedimiento, aunque titular del Senado mantuvo su decisión y no abordó ni admitió el pedido.

A su turno, Jaime Quito, de Juntos por el Perú, cuestionó al fujimorismo: “Tenemos que parar la dictadura que se pretende incursionar. No le tenemos ningún miedo y tampoco la población. No a las facultades ni al fujimorismo porque son el grave cáncer que tiene nuestro país”.

En respuesta Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, calificó de “atrevidos” a sus colegas del sector de izquierda. La mayoría gritó interrumpiendo a la senadora. “Señor Maravi, si quiere una interrupción se la doy también”, indicó Alcorta.

Luego, calificó de “cobardía” el hecho de que algunos integrantes del BG, Juntos por el Perú y Ahora Nación hayan abandonado la Comisión de Constitución hace unos días, dejando sin quórum la sesión en que se debatía las facultades.

Al respecto, Flavio Figallo (Buen Gobierno) pidió que retire la palabra cobardía, a lo que Alcorta contestó: “Lo retiro. Lo dicho, dicho está finalmente. ¿Pero qué quiere que retire? Cobarde, lo retiro. ¿Pero qué más? Deben tener un listado”.

Tras ello, Patricia Iturregui invocó la paz y lamentó las expresiones y la actitud de Alcorta.

En respuesta, Alcorta enfatizó: “Si uno apela a la paz no se puede tener el desparpajo de buscar la paz, llamar la paz, y hacer el rollo que nos han metido estos días negándose a concurrir a la comisión dejándonos sin quórum... Ahí tenemos diferencias. ¿Cómo hacemos con el diccionario? ¿No entienden lo que leen?”.

Alcorta recordó que el viernes pasado hubo una reunión en su despacho con casi todos los voceros del Senado, menos con Juntos por el Perú. Sostuvo que la cita duró desde la tarde hasta la noche y que el fin era ponerse de acuerdo sobre las facultades y la “desnaturalización” del dictamen en el Senado.

“Nos pusimos de acuerdo. Hicimos un pacto de dignidad, un pacto de acuerdo, como corresponde hacerlo. Hemos ratificado el pacto ese mismo día en mi oficina, horas de horas hasta la noche, todos perfectamente bien coordinado” refirió.

No obstante, Alcorta indicó que pasada las 24 horas del acuerdo, el vocero de la bancada, Flavio Figallo, envió un mensaje desligándose del acuerdo. En otras palabras, abandonó el consenso sin mayor explicación.

“Nos mandó un mensaje barato de media línea para decirnos que estaba en peligro el acuerdo [...] Ese es el abandono, la deslealtad y por último hasta la traición”, agregó.

Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, indicó por su parte que los “herederos” de Sendero Luminoso y del MRTA “no están contentos” con que se pueda utilizar la Inteligencia —en las facultades— porque se han visto afectados.

Por la tarde, Miguel Torres, realizó una conferencia de prensa en el que indicó que no hubo ningún tipo de desnaturalización sobre los límites que tiene la Cámara Alta respecto de lo aprobado por Diputados.

“El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido sus competencias conforme a lo establecido en el reglamento”, sostuvo.

Más tarde destacó la voluntad del Buen Gobierno, Obras, Fuerza Popular y Renovación Popular. “Esto demuestra que ha habido un ejercicio de diálogo, de consenso”, agregó.

Por la noche, el primer ministro Luis Galarreta indicó que el Ejecutivo siempre se mostró dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos con los parlamentarios para modificar el planteamiento original.

Sostuvo que el Gobierno nunca se negó a la posibilidad de cambiar algunas materias.

“Nunca se dijo 66 o nada, mentira, se dijo estamos para dialogar para llegar a un acuerdo”, enfatizó.

Refirió que con lo aprobado por Diputados el Gabinete Ministerial no quedó satisfecho, aunque saludó los cambios que se realizaron en la Cámara Alta. “Sin embargo, hay que dejar claro que faltan muchas cosas. Es la primera vez en la historia que un Congreso se cierra de manera tan radical”, añadió.

Análisis de fondo

Sobre el tema, el analista político Enrique Castillo consideró que el otorgamiento de facultades al Ejecutivo tuvo varios efectos, entre ellos la derrota de Juntos por el Perú que no quiso otorgarle ninguna facultad al Gobierno.

“[La delegación] Ha tenido varios efectos, uno de ellos es la derrota de los extremos. Esto termina con una derrota total de Juntos por el Perú que no quería darle nada al Gobierno y también termina con una derrota del Gobierno que quería 66 facultades y termina con 27″, dijo.

Consideró que dicha situación también dejó demostrado que “una cosa son las bancadas de Diputados y otra las del del Senado”.

“Ahora lo que le viene al Gobierno es un reto mayor. Si el Gobierno no ofrece un resultado de acá a un plazo razonable esta lucha habrá sido en vano y el triunfo habrá sido pírrico”, añadió.

Concluyó en que ninguna de las facultades eran absolutamente necesarias para que el Gobierno comience sus acciones en temas referidos a El Niño y seguridad ciudadana.

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que la izquierda radical pretende el fracaso de quienes creen en democracia, la institucionalidad y la libertad, luego de promulgarse la autógrafa de ley sobre la delegación de facultades al Ejecutivo por 90 días.

En entrevista con “Al Final del Día” de Diana Seminario, el primer ministro aseguró que dicha izquierda, que diferenció de la democrática, pretende ver si la presidenta Keiko Fujimori “patea el tablero” con una eventual disolución de la Cámara de Diputados.

“Lo que está buscando la izquierda radical, porque hay izquierda democrática -yo lo he visto- es que si no se resuelve el problema, vuelve el péndulo, pero con todo”, expresó.

“Eso es lo que ellos quieren: el fracaso de quienes creemos en democracia, en institucionalidad, en la libertad, y claro, y también quieren ver si la presidenta Fujimori, pues, patea el tablero”, agregó.

Galarreta Velarde también remarcó que dicho sector “absolutamente cerrado” pretende que no solo el gobierno de Fujimori Higuchi fracase, sino también el modelo económico.

“Estamos recién empezando, y un sector absolutamente cerrado, negado, que quiere que fracase el gobierno, porque ellos no están pensando en el peruano, ellos están pensando en Keiko Fujimori, que fracase el gobierno, y que fracase sobre todo el modelo”, manifestó.

No obstante, el titular de la PCM dejó en claro que el objetivo de Keiko Fujimori y del Gabinete Ministerial es ser institucional, más allá de las críticas por la solicitud de facultades legislativas.

“El objetivo de la presidenta Fujimori y nuestro gabinete es ser institucional. Algunos nos han criticado que estamos esperando, nosotros hemos empezado el día 1, pero sí queríamos saber finalmente qué nos daba y qué aceptaba el Congreso de la República”, sentenció.

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El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), negó errores en la promulgación de la ley que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, tal como lo aprobó el pleno del Senado el último miércoles 21.

En entrevista con Canal N, indicó que se está confundiendo lo que establece la actual normativa con la Constitución de 1979 e insistió en que el presidente del Senado es quien tiene que remitir la autógrafa de ley.

“No (hay error), de hecho yo creo que se están confundiendo con la bicameralidad del 79. La Constitución es clarísima. Te dice: ‘Dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa’. ¿A quién? Al Senado. Entonces, el que tiene que remitirlo es el presidente del Senado”, expresó.

Torres Morales también enfatizó que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, no debía firmar la autógrafa porque la Mesa Directiva del Congreso está conformada por el presidente del Senado y por el vicepresidente, Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Como se recuerda, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante un plazo de 90 días calendario.

La norma comprende 27 materias relacionadas con la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño.

Las materias, que fueron aprobadas previamente por el Senado este miércoles, reúne 12 normas en seguridad ciudadana y 15 vinculadas con la prevención, atención, respuesta y reactivación frente al fenómeno climático.

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El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que contará con la participación inédita de 36 candidatos, se realizará en dos fases y seis fechas entre la última semana de marzo e inicios de abril.

En declaraciones a TV Perú, Carlos Vilela, director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, dio a conocer que el sorteo de las fechas del debate para las 36 organizaciones políticas que participarán en las elecciones del 2026 será este viernes 20 de febrero a las 4:00 pm, en acto público.

Ese día también se conocerán los temas a debatir y el orden de participación de los candidatos, incluyendo la conformación de los grupos de debate.

Cada jornada -detalló- contará con 12 candidatos, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas y debatir en grupos de tres sobre diversos temas de interés nacional.

Vilela explicó también que, debido al elevado número de postulantes, resulta inviable desarrollar el debate en uno o dos días.

Según señaló, debido a ello, el JNE propuso que el debate se dividiera en dos fases y seis fechas. La iniciativa fue aceptada por las organizaciones políticas el último viernes en una reunión en la sede del ente electoral.

“Somos uno de los países en el mundo que va a asumir una experiencia inédita de un debate presidencial con 36 candidatos [...] En un día, dos días no podríamos escuchar a todos [...] Vamos a escuchar a los candidatos una vez en la primera semana y una segunda vez en la segunda semana”, detalló Vilela.

La primera fase se desarrollará el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Y, la segunda, el lunes 30 y el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

El funcionario del JNE señaló que, para su organismo, “lo más importante es que todo el electorado esté bien informado” y “tenga un voto realmente consciente y libre, habiendo escuchado a todos los candidatos”.

El Comercio pidió al JNE ampliar dicha información, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

En tanto, fuentes del organismo electoral indicaron a El Comercio que, durante la semana, continuarán las reuniones con los representantes de las agrupaciones políticas para definir más detalles del debate.

Añadieron que el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente los acuerdos alcanzados.

En diálogo con este Diario, los especialistas en temas electorales Jorge Jáuregui, Enzo Elguera y José Naupari opinaron que el formato planteado por el JNE es “razonable” tomando en cuenta el elevado número de candidatos.

“Lo han tratado de hacer lo más digerible posible, considerando que a la mayoría de ciudadanos les aburre la política [...] Garantizar que el votante conozca las propuestas va a depender principalmente de cómo los candidatos exponen su programa de gobierno”, dijo Jáuregui.

El experto consideró, además, que este formato de debate “permitirá medir la calidad de los partidos y la coherencia de sus propuestas”.

Con respecto al orden, Jáuregui señaló que quienes debatan en la última fecha tendrán ventaja sobre los primeros por el tema de la recordación. Lo que, a su juicio, tendrá “un efecto nocivo si pensamos en condiciones iguales de competencia”.

Agregó que no se debe dejar de tomar en cuenta que la decisión del elector es impulsada también por un “aspecto de orden emocional” y que esto “limita la posibilidad” de exponer los programas al detalle.

Elguera tuvo una opinión similar. Bajo su mirada, “el debate no podría ser resuelto de una mejor manera” considerando la cantidad de postulantes que participarán.

“Normalmente, uno ve el debate de una sola edición y de un solo día para poder comparar y ver qué candidato le pudo impactar más. La complejidad aumenta al estar conectado por mucho más días y en retención y comparación de mensajes”, expresó.

Elguera también coincidió en que “tendrán mayor influencia” los candidatos que hablen el último día.

“Los que hayan seguido los debates se van a quedar con las impresiones y los mensajes que terminen escuchando al final [...] Estamos hablando del público que no está identificado con ningún partido político. También podría mover la intención de voto el votante emotivo, que podría desilusionarse de su propio candidato y migrar a otro”, apuntaló.

De otro lado, subrayó que los partidos que están bien organizados en sus redes sociales (Tik Tik, Instagram, X, etc.) buscarán sacar algún tipo de ventaja publicando extractos del debate en donde destaque más su candidato.

“Estos videos, muchas veces, no muestran el contexto ni el panorama completo. Van a capitalizar quienes vienen construyendo una comunidad digital sólida porque tendrán mayor cantidad de difusión. Sin embargo, también se mezclará aquello que es falso, los famosos bots y las apariencias de vistas”, resaltó.

En esa línea, añadió, será importante que el JNE contrarreste esta información publicando en sus canales oficiales extractos del debate sin editar.

Naupari también consideró que la cantidad de candidatos hacía compleja la organización del debate.

“El JNE ha tratado de hacer lo mejor que ha podido. Lo ideal hubiese sido que fuera un domingo, pero con tanta oferta es imposible. Tampoco puedes tener a alguien 6 horas viendo el debate porque sería aburridísimo. Lo están haciendo día de semana, cuando la gente está pensando en su trabajo, y cerca de Semana Santa, que la gente está en otra. El JNE no tenía otra opción”, expresó.

El diputado César Holguín (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 31399, que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

Dicha norma establece que cuando se trata de una reforma constitucional, el referéndum solo será procedente si se respeta el artículo 206 de la Constitución, es decir, que cuente con el respaldo de la mayoría del Parlamento.

Asimismo, modificó los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300), con lo cual tampoco se podrá someter a referéndum la aprobación de normas con rango de ley, así como aquellas materias y normas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución.

“Se restituyen, con el texto vigente antes de la entrada en vigor de la Ley N° 31399, los artículos 40 y 44 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”, dice el proyecto de Holguín.

En la exposición de motivos se señala que la Ley N° 31399 “desnaturaliza” el derecho ciudadano a la participación política a través del referéndum, el cual es un derecho base de un estado democrático de derecho.

“En este caso, la mencionada ley limita la participación política directa y sin intermediaciones, forzando necesariamente el filtro del Congreso de la República”, refirió.

El diputado de Ahora Nación cuestionó que se hay establecido que la convocatoria a referéndum para una reforma constitucional lo haga el presidente de la República, pero únicamente “por disposición del Congreso”, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la autoridad exclusiva encargada de convocar cualquier referéndum.

“En conclusión, el derecho al referéndum es un derecho fundamental, según señala la Constitución Política del Perú por lo que no debería existir un obstáculo para su ejercicio libre y absoluto”, subrayó.

“Desde la dación de la Ley N° 31399, publicada el 30 de enero de 2022, se estableció una valla arbitraria que impide el ejercicio de este derecho ciudadano y prácticamente le otorga al Congreso de la República una facultad no prevista en el diseño constitucional vigente”, agregó.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante un plazo de 90 días calendario.

La norma comprende 27 materias relacionadas con la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño.

Las materias, que fueron aprobadas previamente por el Senado este miércoles, reúne 12 normas en seguridad ciudadana y 15 vinculadas con la prevención, atención, respuesta y reactivación frente al fenómeno climático.

Como se recuerda, la Cámara de Diputados había aprobado inicialmente 20 materias, a las que el Senado incorporó siete adicionales.

Seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, queda establecido que el Ejecutivo podrá modificar normas sobre migración y nacionalidad, fortalecer mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos electrónicos para la comisión de delitos; normas sobre armas de fuego, municiones y explosivos, así como reformar el sistema penitenciario y modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

También podrá regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, modificar el régimen de responsabilidad penal de adolescentes y establecer la libertad vigilada postpenitenciaria para casos de sicariato, extorsión y organizaciones criminales.

La delegación incluye, además, medidas para combatir la delincuencia organizada y los mercados ilícitos; modificaciones a las reglas de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía; disposiciones sobre organizaciones criminales que empleen métodos de violencia similares a los del terrorismo; cambios en la regulación de la legítima defensa, y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Fenómeno El Niño

En cuanto al Fenómeno El Niño, la ley permite al Ejecutivo adoptar medidas para agilizar la entrega de ayuda humanitaria, simplificar procedimientos administrativos y avanzar en la digitalización de servicios públicos. Asimismo, contempla modificaciones en materia agraria, transferencia tecnológica, acceso a maquinaria agrícola y ejecución de proyectos de inversión pública y público-privada.

Las facultades también abarcan la simplificación de trámites para proyectos de infraestructura, la adquisición y saneamiento de predios, la liberación de interferencias en obras, la ampliación de Obras por Impuestos y disposiciones relacionadas con el agua potable, el saneamiento y la vivienda de interés social.

La norma establece que las medidas que se dicten deberán respetar los derechos fundamentales, la autonomía de los gobiernos regionales y locales, las competencias de los organismos constitucionales autónomos y los procesos judiciales en trámite. Asimismo, dispone que los titulares de los sectores correspondientes informen al Senado sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas.

Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno, cuestionó que el senador Jorge Gavidia no comunicara internamente su decisión de votar a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pese a que habían acordado abstenerse.

En entrevista con el podcast Tenemos que hablar, señaló que el caso ahora debe evaluarse conforme al reglamento interno del partido que lidera Jorge Nieto.

“En el caso de Gavidia, él dice que lo anunció antes. Nunca lo anunció a la interna y la sorpresa fue el señor Juver Flores”, manifestó la legisladora, quien recordó que la bancada había debatido el tema la noche anterior para definir quiénes participarían en la discusión.

Bonifaz consideró que corresponde escuchar las explicaciones de los senadores que respaldaron la delegación de facultades antes de adoptar una decisión.

“Yo los pondría en salmuera”, expresó al referirse a ambos parlamentarios, aunque precisó que busca comprender sus razones.

Asimismo, indicó que el procedimiento debe desarrollarse dentro de la organización política, ahora que está por instalarse la Comisión de Ética.

“Tenemos un reglamento interno, así que a la interna tiene que verse este proceso”, afirmó.

Ayer, los senadores Juver Flores y Jorge Gavidia votaron a favor de otorgarle facultades al Gobierno, mientras que Flavio Figallo, Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

El voto en Lima Metropolitana se ha fragmentado con el paso de los años. En las últimas elecciones municipales, celebradas en el 2022, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se convirtió en alcalde de la capital con poco más de un cuarto de los votos válidos (26,3%), la cifra más baja desde el 2006.

Ese año, Luis Castañeda Lossio, de Unidad Nacional, fue elegido alcalde de Lima con el 47,8% de los votos válidos. Cuatro años después, Susana Villarán ganó con el 38,4% y, en el 2014, Castañeda volvió a obtener el cargo con el 50,7%. En el 2018, Jorge Muñoz obtuvo el 36%.

La menor concentración de las preferencias electorales también se evidencia al sumar los votos de las dos opciones más votadas. En el proceso electoral del 2022, Renovación Popular y Podemos Perú, los dos partidos más votados, concentraron apenas el 51,7% de los votos válidos, frente al 76% que sumaron Fuerza Social y el PPC en el 2010. En el 2006, los dos primeros lugares (Unidad Nacional y Restauración Nacional) obtuvieron el 62,7% de los votos válidos.

Este hecho ocurrió, incluso, pese a que el número de postulantes se redujo. En el 2022 se presentaron ocho candidatos, la cifra más baja desde el 2006. Para los comicios de este domingo 4 de octubre, por el contrario, la participación registrará un récord en lo que va del siglo: 25 organizaciones políticas competirán por el cargo.

El número de distritos en los que el alcalde electo de Lima fue el candidato más votado también cayó con fuerza en la última elección. Renovación Popular, con López Aliaga, fue el partido más votado en 21 de las 43 jurisdicciones, principalmente en Lima centro y Lima moderna.

La cifra contrasta con la del 2006, cuando Castañeda Lossio fue el candidato más votado en todos los distritos de la capital (y en 21 de estos obtuvo más del 50% de los votos válidos). Esta cifra se asemeja a su retorno en el 2014, cuando ganó en 41 distritos y obtuvo más de la mitad de las preferencias en otras 21 circunscripciones.

En el 2018, si bien Jorge Muñoz se impuso en 40 distritos, solo en 12 de ellos ganó con más del 50% de los votos válidos.

En elecciones más reñidas, como las del 2010, Fuerza Social y el Partido Popular Cristiano ganaron en 22 y 21 distritos, respectivamente. Villarán fue la más votada en Lima norte, en Lima este y en distritos grandes de Lima sur. Sin embargo, solo la candidatura de Lourdes Flores Nano obtuvo más de la mitad de los votos válidos en 11 distritos.

¿Podría acentuarse la fragmentación política en las elecciones de este domingo? Para Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, algunos factores normativos favorecen una mayor oferta de organizaciones y candidaturas. Esa mayor oferta, señala, puede dispersar el voto.

“En Lima Metropolitana, los candidatos pueden presentar su lista a la provincia, pero no están obligados a presentarla en los 43 distritos. Esto conduce a que, de todas maneras, exista una diferencia en la participación de las organizaciones políticas que no logran tener representantes en todos los distritos”, explica.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso Bicameral citó para el próximo martes 27 de octubre al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con la finalidad de que sustente y explique la propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

El grupo de trabajo congresal, que sesionó este martes en la mañana, se encuentra presidido por la diputada de Juntos por el Perú (JP), Yenifer Paredes, vinculada a los mineros informales con quienes se ha reunido en su despacho.

Precisamente en la referida sesión estuvieron invitados los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), encabezados por Máximo Franco Béquer.

El Ejecutivo presentó la propuesta normativa que busca establecer un marco legal para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

La propuesta legal plantea concluir -dentro de un año y medio- con la formalización de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y crear el denominado Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Durante la sesión del martes, Paredes Navarro informó que, inicialmente, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había sido citado para que explique la emisión del Decreto Supremo 021-2026-EM que modifica el contrato de licencias para la exportación de hidrocarburos del lote 192.

Adicionalmente, la diputada indicó que el mismo titular del Minem también había solicitado acudir a la comisión el viernes 23 de octubre para informar los detalles de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Sin embargo, debido al cambio de agenda de Shinno Huamaní se propuso que la nueva presentación del ministro sea la próxima semana. La nueva citación fue aprobada por unanimidad por 12 votos a favor.

“En consecuencia ha sido aprobada por unanimidad la invitación del señor Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, para la sesión ordinaria de nuestra comisión, martes 27 de octubre del 2026”, indicó Paredes Navarro.

A la sesión de la comisión también fue invitada la viceministra de Energía y Minas, Mayra Mercedes Figueroa Valderrama, quien iba a informar sobre diversos temas, entre ellos la propuestas para el nuevo Marco Legal de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”.

“Este proyecto de Ley establece dos regímenes claramente diferenciados. El régimen ordinario que implica que cualquier persona natural y jurídica pueda desarrollar actividad minera, cumpliendo previamente con los requisitos necesarios y contar con la autorización de inicio de actividades (…) y el régimen de consolidación, cerrado y temporal por 18 meses, donde pasarían aquellos mineros que están inscritos en el Reinfo, que es como un puente que les permite pasar al régimen ordinario”, indicó la funcionaria.

No obstante ante una cuestión previa, su participación fue suspendida debido al acuerdo adoptado para la presentación del ministro Shinno Huamaní, la próxima semana.

Previamente, la comisión aprobó el pedido del diputado por Renovación Popular, Frank Krklec Torres, para que los miembros de la comisión informen si tienen algún interés o vínculo familiar directo, laboral o de otra índole con relación a personas, empresas u organizaciones relacionadas con el sector minero, energético o petrolero.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por 13 votos a favor.

Máximo Franco Béquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y quien estuvo invitado en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso Bicameral, rechazó la nueva propuesta sobre Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

A su salida del Parlamento, el dirigente aseguró que la propuesta se encuentra “sometida al poder económico”.

Al ser consultado sobre las medidas que adoptará su gremio no descartó diversas acciones.

“Nosotros vamos a defender nuestro trabajo en todos lo extremos”, adujo.

Según el dirigente la propuesta de ley presentada “no les aplica” ya que se trataría de una “Ley inventada” entre “cuatro paredes”.

“Entonces, tiene que haber una ley de acuerdo con una realidad. Por ejemplo, esta nueva Ley que han presentado (el Ejecutivo) la sabemos porque ellos mismos nos han llevado para explicarnos y le hemos dicho que esa ley no aplica para nosotros”, adujo.

En esa línea rechazó que el plazo de 18 meses propuesto desde el gobierno para concluir con la formalización vaya a tener resultados.

El último 16 de octubre, fecha en la que el Ejecutivo envió la propuesta de la nueva Ley MAPE al Congreso Bicameral, la Confemin envió a todas sus bases la Carta Circular N°161 - 2026 - CONFEMIN - PERÚ / MFB convocando de manera “urgente” a una reunión nacional de dirigentes mineros y cadena productiva, para los días 22 y 23 de octubre, a fin de participar y tomar acciones frente a la “Ley Mape del Gobierno, Censo Minero y el Proyecto de Ley de Ampliación del Proceso de Formalización Minera”.

“Asimismo, se aproxima el vencimiento del proceso de formalización minera, situación que genera incertidumbre entre miles de mineros a nivel nacional. Por ello, resulta indispensable reunirnos para evaluar esta problemática y tomar acuerdos conjuntos que permitan defender nuestros derechos e intereses y buscar soluciones concretas para nuestro sector”, se lee en el documento.

El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por la defensa técnica del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) para excluir el certificado médico legal de su expareja, víctima de una presunta agresión. Esta resolución declara infundado el pedido del parlamentario e integró el documento oficial al expediente sobre presuntas lesiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Los abogados de Pérez Mallqui cuestionaron el certificado médico legal y adujeron la omisión de datos sobre la coloración, forma y dimensiones de las equimosis en brazo y pierna de la mujer. La defensa sostuvo que estas falencias formales son irreparables porque ya no son visibles tras el tiempo transcurrido.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, determinó que el examen respetó el procedimiento legal porque un médico legista habilitado evaluó a la víctima dentro de las primeras 24 horas. La resolución precisó que la fuente de prueba mantiene su licitud originaria al provenir de un profesional oficial del Instituto de Medicina Legal.

El fallo judicial establece que las deficiencias descriptivas en el informe médico no convierten un acto oficial en prueba inconstitucional o ilícita. El magistrado concluyó que las inconsistencias en la caracterización de las lesiones afectan el valor probatorio pero no la validez del documento.

La resolución enfatizó la naturaleza residual de la tutela de derechos y descartó cualquier afectación directa al debido proceso del investigado. El juez aclaró que el debate sobre la precisión metodológica del peritaje debe ocurrir durante el juicio oral bajo el principio de libre valoración de la prueba.

“El certificado médico cuestionado no constituye una prueba ilícita o irregular, por lo que no corresponde su exclusión, y la tutela de derechos es infundada”, resolvió el magistrado Checkley.

Los hechos que protagonizó Julián Pérez Mallqui ocurrieron el 30 de julio a las 9:30 a.m. en un inmueble del distrito de San Miguel tras una denuncia por violencia psicológica contra la víctima, una mujer que fue identificada como su expareja. La intervención policial culminó con el traslado de ambos involucrados a la comisaría del distrito, donde los efectivos presenciaron agresiones físicas directas contra la mujer.

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe final que recomienda sancionar al diputado con 120 días de suspensión y el descuento de sus haberes.

La Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo del fiscal supremo Boris Erasmo Olivera Espejo, declaró fundado el recurso de elevación de actuados interpuesto por el ciudadano Geisel Grandez Grandez y dispuso el inicio de una investigación preliminar por el plazo de 60 días contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca, por el delito de omisión de denuncia, al presuntamente no haber ejercido su deber en un caso que revelaba irregularidades en torno a la excongresista Kelly Portalatino.

La decisión, contenida en la Disposición N.° 424-2026-MP-FN-1.° FSUPR.P, del 20 de octubre de 2026, dejó sin efecto el archivo dispuesto el 6 de febrero de este año por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Tras ello, la fiscalía deberá realizar las diligencias pertinentes en un periodo de dos meses y emitir un nuevo pronunciamiento contra la procuradora general del Estado.

¿Por qué está denunciada la procuradora general?

La denuncia fue presentada por Geisel Grandez Grandez, quien cuestionó que Caruajulca –designada durante el gobierno castillista– no formalizó una denuncia penal contra Kelly Portalatino por el presunto uso de bienes y recursos del Congreso para realizar actividades proselitistas a favor de Perú Libre. Los hechos fueron difundidos en un reportaje del programa Cuarto Poder, titulado “Vivezas de Kelly”, el 9 de junio de 2024.

Todo esto a pesar de que el abogado de la PGE, Percy Dayan Peñaloza Arias, ya había elaborado un proyecto de denuncia penal contra la legisladora Portalatino Ávalos por presunto peculado de uso.

De hecho, la denuncia indica que dicho borrador había sido puesto en conocimiento del director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, Mario Rafael Camacho Lazarte, y de la propia procuradora general.

Sin embargo, según consta en la denuncia de Grandez Grandez, Caruajulca descartó el proyecto de denuncia y optó únicamente por enviar un oficio de traslado de la noticia periodística a la Fiscalía de la Nación el 9 de agosto de 2024, mediante el oficio N.° D001009-2024-JUS/PGE-DAJP suscrito por su subordinado Camacho Lazarte.

Trasladar un oficio no es denunciar

En el análisis jurídico, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal enfatizó que, conforme al artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, la facultad de “evaluar y formular cuando corresponda, denuncia penal contra (...) los/las congresistas de la República” constituye una atribución con la característica explícita de ser “privativas del cargo” de la Procuradora General del Estado.

El documento también advierte que la disposición anulada incurrió en una vulneración al derecho a la debida motivación. De hecho, la fiscalía cuestiona que la instancia inferior no evaluó si la procuradora realizó algún requerimiento previo de información o emitió instrucciones para la defensa del Estado, ni fundamentó por qué un simple traslado de noticia periodística firmado por un director subordinado podría equipararse al cumplimiento de su deber funcional exclusivo.

La disposición resuelvió que la fiscalía de origen concrete las diligencias requeridas y que se inicien investigaciones por el plazo de 60 días para poder indagar en los hechos.

Consultada por este Diario, a través de su área de prensa, la Procuraduría General del Estado indicó que el alcance de la disposición es limitado ya que resuelve una elevación de actuados. “Esto no acredita la comisión de un delito ni establece responsabilidad de la procuradora general. El caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y, una vez realizadas las diligencias, la Fiscalía deberá emitir un nuevo pronunciamiento”, indicaron.

Unidad de Investigación

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Pleno del Senado aprueba otorgar facultades legislativas al Gobierno en 27 materias

Caso Soras: PJ resuelve no aplicar a cúpula de Sendero Luminoso ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Diecisiete días después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), cuatro de los 10 Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima aún tienen expedientes pendientes de resolver.

Según el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reporta el avance en la atención de actas observadas, de los 1.917 expedientes recibidos por los JEE de Lima, 1.853 ya fueron atendidos y 64 permanecen en trámite.

El mayor retraso se registra en el JEE Lima Este 2, que ha atendido 186 de los 240 expedientes recibidos y mantiene 54 pendientes de resolución.

También registran expedientes pendientes los JEE Lima Sur 2, Lima Este 1 y Lima Norte 2. El primero ha atendido 212 de los 215 expedientes recibidos; el segundo, 213 de 216; y el tercero, 295 de 299.

En contraste, los JEE Lima Centro, Lima Norte 1, Lima Oeste 1, Lima Oeste 2, Lima Oeste 3 y Lima Sur 1 ya atendieron el 100% de sus expedientes.

De las actas atendidas por los JEE, 272 fueron enviadas a recuento de votos. Asimismo, se han celebrado 152 audiencias públicas, otras 73 ya fueron programadas y 47 están pendientes de programación.

Además, se han presentado 12 apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El JNE señaló a El Comercio que estima que la próxima semana todos los JEE de Lima y otras circunscripciones concluyan con la resolución de los expedientes. Indicaron que 40 de los 63 JEE ya culminaron con el proceso.

Según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 96,676% de las actas contabilizadas, Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga como candidato a regidor número 1, lidera los resultados con el 27,76% de los votos. Le sigue Avanza País, con Francis Allison como candidato, que alcanza el 26,78%.

Hasta el cierre de este informe, quedaban 3.324 % pendientes por contabilizar.

Además, a través de sus redes sociales, el organismo electoral informó que - al corte de las 9:00 a.m. del 21 de octubre- hay 1.042 actas resueltas por los JEE y 876 actas pendientes de resolución.

🗳️ #ONPEinforma | Reporte actualizado de actas observadas enviadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Metropolitana pendientes de resolución a las 9 a. m. del 21 de octubre de 2026. #ERM2026 https://t.co/DZOUOHDqYQ

— ONPE (@ONPE_oficial) October 21, 2026

En las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, el JEE Lima Centro proclamó ganador a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, el 7 de noviembre. Cuatro días después, el 11 de ese mes, le entregaron las credenciales. En aquella ocasión, los comicios se realizaron el 2 de octubre.

Cabe señalar que, a diferencia del proceso electoral del 2022, en las elecciones de este año se aplica la figura del recuento de votos.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón sostuvo que la demora en la proclamación de los resultados oficiales de Lima Metropolitana se debe principalmente al elevado número de actas observadas y a los cambios normativos aplicados tanto en este proceso como en las Elecciones Generales 2026.

No obstante, el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) también cuestionó un presunto desinterés del JNE por proclamar los resultados. Según indicó, se estaría “jugando al olvido” frente al pronunciamiento pendiente relacionado con los primeros regidores que fueron elegidos alcaldes en 2022, entre ellos Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular.

Finalmente, remarcó que la proclamación del ganador de Lima Metropolitana es competencia del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

¿Qué son las actas observadas?

Un acta electoral es el documento en el que se registran todos los actos e incidencias ocurridos en cada mesa de sufragio, desde su instalación hasta el cierre de la votación. Está compuesta por tres secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio.

Se considera acta observada a aquella que no puede ser contabilizada de inmediato en el sistema de cómputo debido a que presenta errores materiales, como equivocaciones numéricas, inconsistencias o errores de transcripción detectados durante el procesamiento de los resultados.

Estas actas no se incorporan al conteo oficial hasta que la observación es resuelta por la autoridad electoral correspondiente. Una vez superada la observación, los votos consignados en el acta pueden ser incluidos en los resultados del proceso electoral.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) es la responsable de remitir las actas observadas al JEE respectivo, acompañadas de un reporte, además del acta que le corresponde al JEE.

Con ello, el JEE deberá emitir un pronunciamiento- en primera instancia- comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.

Lo resuelto por el JEE puede ser apelado al Pleno del JNE en el plazo de 3 días a partir del día siguiente de su publicación. El JNE revisará en audiencia pública el acta observada y, luego, se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días desde el día siguiente de recibido el expediente.

Finalmente, al ser resuelta el acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

¿Qué es el recuento de votos?

El recuento de votos es el proceso en el cual el Jurado Electoral Especial vuelve a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Según el JNE, se realiza para evitar que errores en las actas terminen anulando injustamente la misma o la votación de un partido o candidato.

¿En qué casos se aplica el recuento de votos?

Cuando hay información incompleta o ilegible, es decir, actas que no tienen firmas, les faltan datos o son ilegibles y no pueden integrarse con el cotejo.

Cifras que no cuadran: Cuando los votos (de un partido, nulos o blancos) son más que el número total de votantes o electores hábiles.

Inconsistencias en el voto preferencial:

• Si un candidato tiene más votos que su propia organización política.
• Si la suma de votos preferenciales de una lista supera el doble de los votos de las organizaciones políticas.
• En caso de extravío o siniestro de los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE, JEE, ONPE y JNE.

¿Quiénes participan en el recuento de votos?

La asistencia es obligatoria para los integrantes del pleno del JEE: Presidente, segundo y tercer miembro. También para el secretario del JEE, el especialista en tecnología de la información y el operador multimedia.

Opcionalmente pueden estar presentes los personeros legales de las organizaciones políticas y un representante de la fiscalía. Su ausencia no impide el desarrollo del acto.

¿Cómo es el procedimiento del recuento de votos?

El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. Además, muestra las cédulas de sufragio a los asistentes, una por una, a través de medios tecnológicos.

El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE.

El segundo y el tercer miembro del JEE, a su vez y uno por uno, confirman el contenido del voto.

Los personeros legales de las organizaciones políticas, presentes en la audiencia, tienen derecho a examinar el contenido de la cédula, a través de los medios tecnológicos.

Una vez finalizado el recuento de todas las cédulas, se levanta el acta correspondiente con los resultados finales, la que es firmada por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas que deseen hacerlo.

Durante el acto del recuento de votos los personeros no pueden impugnar las cédulas de sufragio ni cuestionar la identidad de los electores que emitieron los votos el día de la elección y que son materia de recuento.

Tampoco procede impugnar la decisión del JEE de realizar el recuento de votos y los resultados del recuento de votos.

Lo resuelto por el JEE puede ser apelado al Pleno del JNE en el plazo de 3 días a partir del día siguiente de su publicación. El JNE revisará en audiencia pública el acta observada y, luego, se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días desde el día siguiente de recibido el expediente.

Finalmente, al ser resuelta el acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

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Pedido de facultades: ¿El oficialismo tiene los votos en el Senado? ¿Cuál es el ánimo de las bancadas?

Facultades: ¿qué modificaciones se incorporaron al dictamen y cómo se desarrolló el debate?

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto cuestionó la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, afirmando que el Senado habría vulnerado su propio reglamento durante el procedimiento.

Además, señaló que ahora la administración de Keiko Fujimori no tendrá “excusas” para no gobernar.

“Se han aprobado, en nuestra opinión rompiendo el reglamento del Senado, ya está hecho, que gobiernen, ya no hay excusas”, manifestó en radio Exitosa.

Nieto también expresó sus reparos sobre las disposiciones vinculadas con la seguridad ciudadana, al advertir que algunas medidas apuntarían a “militarizar la lucha contra la delincuencia”. En ese sentido, cuestionó la efectividad de recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado y preguntó en qué país esa estrategia había dado resultados.

“En seguridad ciudadana hay una serie de cuestiones que marchan en un sentido: militarizar la lucha contra la delincuencia ¿en qué país ha tenido éxito la militarización?“, dijo.

“México lleva casi 20 años en eso desde el 2007. Medio millón de muertos más 120 mil desaparecidos, y el control de los carteles continúa intacto. El Ejército y las FFAA están en Pataz y no ha habido solución”, agregó.

Finalmente, Nieto criticó al presidente del Congreso, Miguel Torres, por sus declaraciones tras la aprobación de las facultades, en donde criticó la postura de quienes “no se pusieron de lado de la ciudadanía”, votando en contra de las facultades.

“Tenemos un presidente del Congreso que se dedica a lo mismo que hacen los demás, insultar, hacerse la víctima e insultar”, afirmó.

]]>NUCLEO-FOTOGRAFIA > Cesar Campos Medinahttps://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-de-la-nacion-tomas-galvez-pide-derogar-ley-que-permite-a-la-pnp-investigacion-preliminar-sin-fiscales-ha-generado-un-conflicto-entre-el-ministerio-publico-y-la-policia-ultimas-noticia/https://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-de-la-nacion-tomas-galvez-pide-derogar-ley-que-permite-a-la-pnp-investigacion-preliminar-sin-fiscales-ha-generado-un-conflicto-entre-el-ministerio-publico-y-la-policia-ultimas-noticia/Thu, 22 Oct 2026 15:30:17 +0000

Presidente del Congreso, Miguel Torres, firma autógrafa que delega facultades legislativas al Gobierno

Senadores se pronuncian tras decisión del pleno de aprobar pedido de facultades del Ejecutivo

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó la derogación de la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar investigaciones preliminares de delitos, al considerar que su aplicación ha generado discrepancias con el Ministerio Público sobre la conducción de las diligencias.

Gálvez cuestionó la “interpretación” según la cual la Policía puede desarrollar estas investigaciones sin convocar a un representante de la Fiscalía. Explicó que la norma permite -bajo una equivocada interpretación- a los agentes recibir declaraciones con la presencia del abogado del investigado, sin que necesariamente participe un fiscal.

“Con esta ley que le ha dado la investigación preliminar a exclusividad, entre comillas, porque no es así, pero así lo están interpretando, a la Policía, ellos ya no convocan al Ministerio Público en una investigación”, manifestó en radio Exitosa.

El titular del Ministerio Público advirtió, además, sobre las consecuencias procesales de esta situación. Según indicó, las pruebas que se recopilen mediante ese procedimiento no tendrían utilidad en el juicio oral, lo que, a su juicio, agrava las dificultades de coordinación entre ambas instituciones.

“Esa investigación, esas pruebas que puedan acopiarse no sirven para el juicio oral. Entonces, se ha generado un gran conflicto en el trabajo del Ministerio Público con la Policía, por esa ley”, afirmó.

Ante este escenario, Gálvez señaló que la Fiscalía ha solicitado que la norma sea derogada y precisó que la propuesta ya recibió la aprobación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

“Por eso es que nosotros (el Ministerio Público) hemos solicitado (...), y la Cámara de Diputados ya aprobó en la Comisión de Justicia que se derogue esa ley.

]]>https://elcomercio.pe/politica/congreso/miguel-torres-tras-aprobacion-de-facultades-parece-que-los-lideres-politicos-estan-con-resaca-electoral-o-pensando-en-el-2031-apuesplan-ultimas-noticia/https://elcomercio.pe/politica/congreso/miguel-torres-tras-aprobacion-de-facultades-parece-que-los-lideres-politicos-estan-con-resaca-electoral-o-pensando-en-el-2031-apuesplan-ultimas-noticia/Thu, 22 Oct 2026 15:25:57 +0000

Susana Villarán: Poder Judicial incrementa audiencias en juicio oral contra exalcaldesa de Lima

Las 72 horas críticas y el momento de la verdad para la supervivencia de las organizaciones en el Perú

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) criticó a las bancadas de oposición que votaron en contra o abstención de otorgar 27 puntos de facultades legislativas ampliadas en el pleno. Específicamente mencionó a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y de Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno.

En entrevista a RPP, comentó que en la Cámara de Diputados hubo un “obstruccionismo muy fuerte”. Esto se vio en el hecho que solo se habían aprobado 20 puntos de 66, y que se tomaron 40 días en lugar de 15.

“Parece que los líderes políticos todavía están con resaca de elecciones o con pensamiento de elecciones del 2031. Creo que le están haciendo traición a nuestro país. El señor Sánchez que no pasa la resaca, no logra superar esta etapa y eso es malo, y al señor Nieto parece que está enfocado, obsesionado con el 2031 y a al gente poco le interesa las peleas entre políticos”, aseveró este jueves.

Torres insistió en que tiene “sentimientos encontrados” tras a aprobación de facultades legislativas. En primer lugar, saludó a los senadores que aprobaron los 27 puntos, específicamente a los miembros de Obras y Partido del Buen Gobierno.

“Tengo que ser sincero, también estoy apenado porque siento que el Congreso ha fallado, no pudo rescatar a los emprendedores, a los jóvenes, no pudo rescatar al ciudadano que está harto de un Estado paquidérmico”, acotó.

Miguel Torres también respondió a los cuestionamientos contra el Senado y negó que hayan desnaturalizado lo que aprobaron en Diputados. “Cómo puede haber dictadura congresal cuando se cumplen plazos (...) cuando ayer hemos visto que se extendieron los puentes”.

El senador oficialista destacó el diálogo que logró que senadores de Obras y del buen Gobierno crucen los puentes. Al respecto, aseguró que Fuerza Popular respetó los límites entre las dos cámaras.

Finalmente, reconoció que hay otros caminos para que el Ejecutivo apruebe las medidas no incluidas en los 27 puntos de facultades legislativas. “Cuánto vamos a demorar en estos proyectos de ley con carácter de urgencia, donde deberían ser atendidos en 15 días pero tomaron 40. Lo que vemos que se va a producir es lo que he denominado como anemia legislativa donde no vamos a poder avanzar porque se detienen las cosas en diputados”.

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Pleno del Senado aprueba 27 facultades: ¿Qué bancadas votaron de forma dividida?

Elecciones Lima 2026: ¿Cómo avanza la resolución de las actas observadas? ¿Dónde se registra el mayor retraso?

La Asociación Civil Transparencia exhortó al Congreso a precisar el alcance de las competencias de la Cámara de Diputados y del Senado, así como “los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas o desnaturaliza la propuesta original” de un dictamen que pasa de la cámara baja a la cámara alta.

Esto luego de que el último miércoles el pleno del Senado haya aprobado la delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño que fue solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori.

El debate de la solicitud de facultades, según advirtió Transparencia, " evidencia la necesidad de contar con reglas más claras". “La bicameralidad debe contribuir a mejorar la calidad de las leyes y fortalecer la deliberación democrática”, remarcó.

Llamado a esclarecer las competencias de las cámaras y a fortalecer las reglas de la bicameralidad. https://t.co/gyaJvpu91D

— Transparencia Perú (@ACTransparencia) October 22, 2026

En este sentido, la institución planteó que el Parlamento debe definir “con claridad” cómo se van a resolver las discrepancias entre ambas cámaras, “buscando un equilibrio que evite que una prevalezca sobre la otra debido a vacíos o ambigüedades normativas”.

La asociación, además, sostuvo que el respeto al procedimiento y el equilibrio entre la Cámara de Diputados y el Senado " son condiciones esenciales para la legitimidad de las decisiones del Congreso".

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En estos verdaderos momentos de la verdad para las organizaciones, la diferencia entre un incidente controlado y un desastre reputacional de alcance masivo no la marca el ataque en sí, sino la parálisis inicial y la improvisación. Cuando ocurre una brecha, las primeras 72 horas determinan quién toma el control de la narrativa. Si la alta dirección no ha entrenado su respuesta, la entidad cede el relato a especulaciones en redes sociales, medios o filtraciones de terceros.

Los riesgos y repercusiones son tangibles y han golpeado tanto al sector privado como al ámbito gubernamental. En la industria financiera y en plataformas estatales, incidentes de seguridad han expuesto datos confidenciales de millones de ciudadanos y usuarios, provocando pánicos masivos en redes, la interrupción de trámites esenciales y pérdidas de confianza institucional. Asimismo, la afectación a sistemas de salud pública y servicios esenciales compromete la continuidad operativa, mientras que en el comercio y servicios, la parálisis digital migra usuarios y genera severas contingencias regulatorias.

En el sector retail y comercio electrónico, la interrupción prolongada de plataformas de pago durante fechas clave no solo genera pérdidas millonarias directas, sino la migración inmediata de consumidores hacia la competencia. Incluso en gigantes de las telecomunicaciones o servicios públicos, el ocultamiento o la demora en comunicar una filtración ha derivado en investigaciones y en un rechazo social duradero.

Para proteger el valor de marca, la decisión técnica debe alinearse de inmediato con la comunicación transparente hacia stakeholders. La ciberseguridad ya no puede gestionarse como un gasto operativo delegado al área técnica; es un imperativo estratégico de la alta dirección. Integrar simulacros de crisis realistas y planes de respuesta rápida no es un lujo, sino la única salvaguarda para contener el impacto financiero y garantizar que la confianza, el activo más valioso de cualquier organización, permanezca intacta.

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Facultades delegadas: ¿qué modificaciones se incorporaron al dictamen y cómo se desarrolló el debate?

El voto 31: Este es el escenario que muestra el peso de Obras en la delegación de facultades

El pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría, el dictamen de la Comisión de Constitución que otorga al Gobierno facultades especiales para legislar en 27 puntos referidas a la lucha contra la criminalidad y al fenómeno El Niño.

Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Respaldaron el dictamen senadores de Fuerza Popular (22), Renovación Popular (8) y Obras (3), así como 2 legisladores del Partido del Buen Gobierno.

En contra se pronunciaron Juntos por el Perú (14) y Ahora Nación (4). En abstención votaron 5 senadores del Buen Gobierno y 1 de Obras.

#LOLTIMO Pleno del Senado aprueba el dictamen con 27 facultades para el Ejecutivo. ¿Cómo votaron las bancadas? ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes votaron diferente, pese a la postura de su bancada? @Politica_ECpe https://t.co/gc2oZJAZVk

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

Así votaron los congresistas:

@Politica_ECpe #Facultades Con 35 votos a favor (incorporado el de Miguel Torres) y 18 en contra, el pleno del Senado aprueba el dictamen de la Comisión de Constitución que delega las 27 facultades al Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. https://t.co/anPdny7Dvn

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

Mira aquí el debate:

A diferencia del debate y votación de la Comisión de Constitución del Senado, están presentes en el hemiciclo y expresan sus posturas frente al texto representantes de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. También participa en la sesión el senador César Astudillo (Fuerza Popular), quien es ministro del Interior.

Sigue aquí los detalles del debate:

13:28 horas

Están presentes 59 senadores. Se requiere 31 votos.

13:15 horas

Tras concluir la lista de oradores, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, defiende las materias incluidas por su grupo de trabajo y dice que no son “un buzón” y pueden aprobar, rechazar o modificar el texto que viene de la Cámara de Diputados.

“El predictamen es un punto de partida para el debate”, exclama y critica con dureza el papel de las bancadas de izquierda.

@Politica_ECpe "El predictamen no era un texto cerrado, ni una decisión definitiva. Era un punto de partida para el debate. Que algunos no hayan querido debatir es su problema", dijo.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

13:10 horas

Patricia Juárez (Fuerza Popular) cuestiona a las bancadas “que se oponen a todo”.

Señala que el Senado no es una “fotocopiadora” de la Cámara de Diputados, ni tampoco “un corrector de estilo”. Indica que no se puede “cercenar la facultad” de la Cámara Alta por una “ideología”. Añade que seguirán luchando contra la “izquierda” que obstruye.

12:55 horas

Daniel Barragán (Obras): “Con estas facultades vamos a darle al Gobierno las facilidades para que el país se desarrolle y vengan las inversiones”

@Politica_ECpe Daniel Barragán, vocero de Obras, con estas facultades vamos a darle al Gobierno las facilidades para que nuestro país salga al desarollo y venga las inversiones al Perú.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

12:49 horas

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se pregunta quiénes tienen iniciativa legislativa: el Senado o Diputados. Indica que su bancada planteó facultades en 20 materias y el resto vía proyectos de ley.

12:42 horas

Senador Walter Gago, de Obras: “Vamos a apoyar la delegación de facultades”. Durante su intervención señela que van a “votar por el desarrollo del país”.

12:15 horas

@Politica_ECpe Lourdes Alcorta, Renovación Popular, responde a Quito y otros senadores de izquierda que gritaron en el hemiciclo: "Señor Maravi, si quiere una interrupción se la doy también". https://t.co/E9MApubJCA

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

11:49 horas

Jaime Delgado, de Ahora Nación, pidió a la Mesa Directiva que se ponga a votación la cuestión de orden de su colega Luque.

11:35 horas

Senadora Ruth Luque dijo que se requiere dejar en claro los límites del Senado frente a lo dictaminado en la Cámara de Diputados, que no debe ser desnaturalizado. Dijo que sino se establece un límite se está desautorizando a la Cámara Baja. Por ello, planteó una cuestión de orden.

Presidente del Senado, Miguel Torres, dijo que el pedido no es materia de debate.

@Politica_ECpe Sin embargo, Miguel Torres no la admite bajo el argumento de que "es un pedido de interpretación general y abstracto del reglamento del Senado". https://t.co/3tMq0EfV38

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

11:30 horas

@Politica_ECpe Carlos Caballero, del Buen Gobierno, contesta a Schaefer y dice que los fenómenos de El Niño del 97 y 98 fueron enfrentados sin facultades.

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

11:20 horas

@Politica_ECpe "Agradezco y quizás se ríe la senadora Luque que tuvo ayer un gesto de mandarle un tuit para Piura. ¿Dónde estuvo cuando fue el terremoto en Junín y era presidente Balcázar? Vaya a Piura".

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

11:10 horas

Senadora Silvana Robles confirma que Juntos por el Perú votará en contra.

11:05 horas

Iber Maraví (Juntos por el Perú) asegura que cada una de las facultades "son una materia" y "es falso que hayan ocho materias". "Cada pedido es una materia. Entonces si de 66 han aprobado 20 proposiciones legislativas, han aprobado 20 materias. Y la norma dice que no se puede desnaturalizar".

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

10:51 horas

Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) señala que el Senado no puede incorporar materias distintas a lo aprobado por la Cámara de Diputados. “Si esto es la democracia, ¿cómo será el autoritarismo", exclama al reiterar sus críticas al texto en debate.

10:45 horas

Humberto Morales, de Juntos por el Perú, dice que se ha “violentado la Constitución y el Reglamento y han un golpe de Estado, muy sutil, por supuesto”, al incluir siete facultades a lo aprobado por Diputados.

10:34 horas

Se inicia el debate. La primera en intervenir es la senadora Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno). Indica que durante el debate en la Cámara de Diputados se presentó un dictamen con 20 de las 66 facultades.

10:10 horas

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, sustenta el dictamen. “No ha sido un debate sencillo, hemos tenido diferencias (...) hemos encontrado fórmulas para un acuerdo, por eso es importante reconocer el esfuerzo realizado”.

“El dictamen no pretende confrontar, ni generar diferencias, sino sumar voluntades”, exclamó tras señalar que un tema que debería unirlos es la responsabilidad frente a los ciudadanos.

#Facultades El senador Jorge Gavidia (Buen Gobierno) se pronuncia a favor de votar el pedido de facultades, a pesar de que su bancada se opone en distintas instancias del Congreso. "Mi posición es técnica frente a la emergencia. Las discrepancias políticas con el oficialismo siguen", dijo a El Comercio. @Politica_ECpe

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 21, 2026

NOTA PREVIA

La comisión, presidida por Carlos Mesía, aprobó el texto con los votos de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.

No acudieron Juntos por el Perú (Víctor Cutipa, Iber Maraví, Humberto Morales), Ahora Nación (Ruth Luque) y Partido del Buen Gobierno (Patricia Iturregui).

Primero, dieron luz verde al texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días. Luego aprobaron incluir siete ítems adicionales.

La Cámara Alta, presidida por Miguel Torres, está integrada por 60 senadores de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

La Junta de Portavoces del Senado acordó por mayoría, el martes, que el tiempo de debate será de dos horas y media, distribuido proporcionalmente entre las seis bancadas y sin interrupciones. Además, el presidente de la Comisión de Constitución tendrá 10 minutos para sustentar el dictamen.

“Se propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño. Iniciativa. Cámara de Diputados (Poder Ejecutivo - con carácter de urgencia). Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Senado el 19 de octubre de 2026. En cumplimiento del literal c) del artículo 116 del Reglamento del Senado, se incorporó a la Agenda del Pleno del Senado”, detalla la agenda del pleno.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Constitución:

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Presidente del Congreso, Miguel Torres, firma autógrafa que delega facultades legislativas al Gobierno

Senadores se pronuncian tras decisión del pleno de aprobar pedido de facultades del Ejecutivo

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno prevé tener listos los decretos legislativos derivados de las facultades aprobadas por el Senado en un plazo de entre 10 y 12 días.

El jefe del gabinete aseguró que el Ejecutivo empleará las atribuciones concedidas para atender los asuntos prioritarios de su gestión.

“Hay que dejar constancia (...) Tienen que pasar unos 10 o 12 días, para tener los decretos legislativos, y lo que no vaya por decreto legislativo, pues irá por decreto de urgencia, hasta donde podamos llevar por decreto de urgencia. Lo demás tendremos que enviar los proyectos de ley que ojalá que esta vez tengan un poco más de apresuramiento”, señaló.

Añadió que el Ejecutivo ahora tendrá la tarea de hacer un uso efectivo de las facultades otorgadas, aunque, ciertamente estás son “pocas”.

“Nosotros vamos a hacer un uso efectivo y contundente de las facultades que nos han entregado, esas pocas facultades, para enfrentar lo que tenemos que enfrentar”, declaró.

“A nombre de la presidenta Keiko Fujimori, quédense tranquilos que vamos a hacer todo lo que ofrecimos en campaña, nos va a costar un poco más de tiempo por la mezquindad de algunos, pero lo vamos a hacer”, aseguró.

Facultades aprobadas

Este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría, el dictamen de la Comisión de Constitución que otorga al Gobierno facultades especiales para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y al fenómeno El Niño.

Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Respaldaron el dictamen senadores de Fuerza Popular (22), Renovación Popular (8) y Obras (3), así como 2 legisladores del Partido del Buen Gobierno.

En contra se pronunciaron Juntos por el Perú (14) y Ahora Nación (4). En abstención votaron 5 senadores del Buen Gobierno y 1 de Obras.

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Propuesta de Ley MAPE: Comisión de Energía y Minas cita al ministro Guillermo Shinno

La lucha contra el crimen organizado y el reto de El Niño marcan reunión entre Keiko Fujimori y Daniel Noboa

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, criticó a un sector del Congreso por no respaldar la totalidad de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Tras la aprobación de 27 facultades en el pleno del Senado, el jefe del gabinete consideró que la negativa a conceder más atribuciones limita la posibilidad de acelerar soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República que -como dije al comienzo- ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no- de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos”, manifestó Galarreta en conferencia de prensa este miércoles por la noche.

El titular de la PCM, agradeció a los ciudadanos por la “paciencia” mostrada durante las semanas de debate en las cámaras de Diputados y Senadores. Asimismo, destacó la conducción de Miguel Torres durante la sesión de este miércoles.

Negativa histórica

El jefe del gabinete rechazó las críticas según las cuales el Ejecutivo habría esperado la aprobación de las facultades para comenzar a trabajar en sus principales prioridades.

Sostuvo que esa interpretación responde a una narrativa impulsada por algunos sectores políticos y aseguró que los ministerios iniciaron sus labores desde el primer día de gestión.

“No es que el gobierno haya estado de cruzado de brazos, al contrario, más bien quienes parece que sí han estado cruzados de brazos y no se han apurado han sido en el Congreso para aprobar el proyecto de facultades. Nunca en la historia se ha tenido la negativa de apoyar las facultades de un gobierno que recién empieza”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a las bancadas de Renovación Popular y Obras “sí se han puesto del lado de la población”, votando a favor de la aprobación de facultades dejando de lado posturas ideológicas.

Galarreta estuvo acompañado de los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli y de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Galarreta también señaló que no recuerda otro caso en el que un Congreso se haya mostrado tan reacio a respaldar las facultades solicitadas por un gobierno que recién inicia su gestión. Por ello, agradeció a las bancadas que apoyaron la propuesta y destacó particularmente a Renovación y Obras, agrupación a la que reconoció por dejar de lado sus diferencias ideológicas.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros insistió en que el pedido del Ejecutivo comprendía diversas materias que inciden en la vida de los ciudadanos y lamentó que no se aprobara la totalidad de las medidas planteadas.

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Propuesta de Ley MAPE: Comisión de Energía y Minas cita al ministro Guillermo Shinno

La lucha contra el crimen organizado y el reto de El Niño marcan reunión entre Keiko Fujimori y Daniel Noboa

El presidente del Congreso, Miguel Torres, firmó la autógrafa de ley que otorga al Ejecutivo facultades para legislar el 27 materias relacionadas a la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, dictamen que horas antes había sido aprobado por el pleno del Senado.

Así lo informó el Parlamento en una nota de prensa, que precisó que la autógrafa fue suscrita también por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, y será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación.

En declaraciones a la prensa, Torres defendió la aprobación de 27 facultades legislativas para el Poder Ejecutivo y aseguró que el Senado actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias sin incurrir en ningún tipo de “desnaturalización” de los puntos que llegaron de la Cámara de Diputados.

“Creo que ha quedado claro que no ha habido ningún tipo de desnaturalización. El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido su competencia conforme a lo establecido en el reglamento”, declaró Torres tras la votación.

El titular del Parlamento explicó que el reglamento permite al Senado aprobar, rechazar o modificar lo previamente acordado por la Cámara de Diputados. En ese sentido, precisó que la modificación requería 31 votos pero el respaldo fue mayor.

Torres destacó que la decisión permitirá al Gobierno contar con nuevas herramientas legales para enfrentar la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el sicariato, además de adoptar medidas frente al fenómeno El Niño.

Asimismo, indicó que las facultades aprobadas incluyen disposiciones orientadas a combatir el crimen organizado, fortalecer el sistema penitenciario, respaldar la labor policial y prevenir desastres naturales.

“El Senado ha cumplido con su responsabilidad dentro del marco constitucional, respetando los procedimientos y estableciendo los controles necesarios”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que quedaron fuera temas importantes como el empleo, la formalización, las inversiones y la modernización del Estado, cuya tramitación legislativa espera que continúe por las vías correspondientes.

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Fiscalía inicia investigación preliminar contra procuradora general María Caruajulca por no denunciar a excongresista Kelly Portalatino

Pedido de facultades: ¿El oficialismo tiene los votos en el Senado? ¿Cuál es el ánimo de las bancadas?

Dennis Vargas Marín, reconocido periodista y excongresista de la República, falleció a los 74 años este miércoles 21 de octubre, según confirmó su entorno y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde fue profesor.

Al inicio de su sesión de este miércoles, el Senado de la República rindió un minuto de silencio en su memoria.

#PlenoDelSenado guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del excongresista Dennis Vargas Marín. https://t.co/ybob8vcsaE

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

“Fue docente del área de Periodismo y director del departamento académico”, señaló la Escuela Profesional de Comunicación Social de esa casa de estudios.

“Nuestras condolencias a familiares y amigos. Gracias por todo tu trabajo y compromiso, estimado Dennis”, agregó.

El velatorio se realiza desde las 5 de la tarde en la Sala Foyer los Incas, del Ministerio de Cultura (ex Museo de la Nación).

Nacido en la región Apurímac en 1952, Vargas Marín ejerció como director de Noticias de la radioemisora RPP entre los años 1979 y 1985.

Asimismo, fue congresista de la república en el periodo 1995-2000, de la mano de la alianza CODE-País Posible. Dejó dicha bancada para sumarse a las filas de Cambio 90 – Nueva Mayoría.

Intentó ser reelegido en el cargo por la alianza Perú 2000, que lanzó a la segunda reelección consecutiva a Alberto Fujimori, en las elecciones generales del 2000, pero no logró los votos necesarios.

De igual modo, Dennis Vargas Marín ejerció como docente en la UNMSM y la Universidad San Martín de Porres.

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Propuesta de Ley MAPE: Comisión de Energía y Minas cita al ministro Guillermo Shinno

La lucha contra el crimen organizado y el reto de El Niño marcan reunión entre Keiko Fujimori y Daniel Noboa

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que el Gobierno aún espera una decisión final del Vaticano sobre la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, debido a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el sumo pontífice.

“Estuve temprano con el nuncio (Paolo Rocco Gualtieri), todavía no tenemos una opinión final de parte del Vaticano, estamos a la espera de cómo se va reponiendo la salud de su santidad el papa León”, declaró la mandataria durante una actividad oficial en Pucallpa.

Fujimori expresó su confianza en la recuperación del pontífice y sostuvo que las imágenes difundidas recientemente muestran una evolución favorable de su estado de salud. No obstante, precisó que la decisión definitiva sobre su agenda corresponde a la Santa Sede.

“Por las imágenes vemos que, gracias a Dios, se está recuperando bastante bien, pero la agenda final la tiene el Vaticano. Nosotros seguiremos preparándonos y preparando al Perú para la llegada de su santidad”, agregó.

Las declaraciones de la jefa de Estado se produjeron después de que el nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmara este miércoles que el viaje del papa León XIV continúa programado.

“Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, afirmó el representante del Vaticano.

]]>ALBERTO PIZZOLI