Dos representantes de los gremios más importantes del país y dos autoridades subnacionales explican los temas urgentes que deberá atender la nueva presidenta Keiko Fujimori desde el arranque de su gestión que se iniciará el próximo 28 de julio.

— Proclamados los resultados, ya se dijo que una de las prioridades del próximo gobierno será el fenómeno de El Niño. ¿Cómo cree que debe actuar el gobierno entrante frente a esta emergencia?

Hay que prepararse para lo peor, porque de repente, si no está tan malo, ya se invirtió y queda la inversión para el futuro. Las empresas inglesas, el Gobierno Británico, han estado haciendo el Plan Nacional de Infraestructura. Y las empresas Mace y Arup han venido trabajando, tienen bien mapeadas muchas de las cosas. Estas son las dos empresas que trabajaron en los Panamericanos que son muy competentes y eso, hay que aclarar, con mucho personal peruano. Porque decían que no se daban oportunidades a los peruanos.

— ¿Estas empresas están haciendo las evaluaciones para las obras de infraestructura?

Vinieron y se quedaron. Culminados los Panamericanos, se hizo un convenio gobierno a gobierno para avanzar con las obras de reconstrucción. Se avanzó mucho en la Reconstrucción con Cambios; pero, lamentablemente, por las idas y venidas del gobierno del señor Castillo, no se siguió en la misma intensidad, y después se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Pero el nivel profesional de la ANIN bajó una vez que se retiró a Amalia Moreno de la Reconstrucción con Cambios. Se metió gente con otras intenciones.

— Se prevé que el norte afronte un El Niño similar o peor al de 1998 y similar al de 1983, cuando aún no se recupera de El Niño costero del 2017.

Yo he ido a Piura por diversas razones y es una ciudad bombardeada. Las cosas que se hicieron, no se hicieron bien. Lo que hay que hacer ahora es la descolmatación de ríos. Eso tiene que ser urgente, y ver si se va a alcanzar a hacer algunas obras de mitigación para evitar que vengan los huaicos y arrasen con todo. Hay lugares en que las quebradas todavía no están del todo controladas.

— ¿Y este gobierno no está haciendo nada?

Si lo estuviera haciendo, por lo menos que nos manden fotos.

— Se sabe que el gobierno de Keiko Fujimori solicitará facultades extraordinarias para afrontar la emergencia de El Niño. ¿Qué es lo urgente?

Toda la contención de las quebradas por donde viene el río, porque El Niño nos va a afectar al agro y las cosechas. Algunas van a madurar más rápido y no bien, como ocurrió con el ciclón Yaku en que el arándano se malogro en el norte; felizmente en la zona de Ica no agarró, pero el precio subió y lo de Ica compensó el nivel de exportaciones. Pero el agricultor de Piura fue perjudicado y el agricultor de Ica fue, digamos, beneficiado.

— El impacto en las personas es lo principal, pero también este fenómeno afecta la economía. ¿Cuál sería el impacto económico?

Dependiendo de la gravedad de El Niño, se puede retroceder hasta un 3% o 4% del PBI. Es grave; podríamos tener crecimiento cero.

— Es bien grave, ¿pero no es aún más grave que aparentemente no se esté haciendo nada?

Como digo. Si están haciendo, que nos manden una foto. En El Niño de 1983 yo era gerente del Cofide y teníamos líneas de crédito en el exterior del Banco Mundial. Fui a Piura y, entre Piura y Chiclayo, está la laguna Ramón, que había anegado todo, y uno no se podía trasladar. Tuvimos que viajar en avioneta. Piura estaba totalmente aislada y eso puede volver a suceder.

— Han pasado 43 años de esto y no puede decir que no haya pasado nada y todo siga igual. ¿Qué nos dice esto?

Definitivamente, tiene que haber habido corrupción mezclada con ineficiencia. Muchas veces se trabaja por parches. Hay que resolver para largo plazo.

— Se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, luego se cambió a la ANIN, y no se avanza, ¿Qué entidad tendría que hacerse cargo de las acciones para la emergencia de El Niño?

Tiene que ser un ente autónomo que articule con todos los ministerios. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar, por ejemplo, para nivelación de terrenos, excavaciones. Eso puede entrar desde ya a trabajar, y eso se puede hacer de una vez.

— Este organismo autónomo, ¿dependería de la PCM o directamente de la Presidencia de la República?

Tiene que depender de la PCM. La Presidencia en la República está informada, toma las decisiones, pero el organismo se adscribe a la PCM. Debe tener rango de ministro y que haya, pues, licencias automáticas. Por ejemplo, si hay que reconstruir una carretera o un camino, no se puede ir por el trámite de regular. Incluso tendría que haber un ‘fast track’ de diseño y construcción.

— ¿Quién estaría a cargo de esta entidad autónoma? ¿Usted?

A mí nadie me ha dicho nada, pero eso es lo que yo pienso. Debe armarse un equipo con gente de experiencia, que ha estado en la reconstrucción. Hay parte del equipo de ingeniería de los Panamericanos que podría actuar. También se requiere de un apoyo legal eficiente que vea las soluciones rápidas y las propuestas.

— ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Se puede calcular?

Es una caja de Pandora. En el 2017, cuando yo estaba viendo los Panamericanos, recuerdo que le pregunté al entonces presidente Kuczynski y al ministro de Economía, Alfredo Thorne, si había dinero suficiente y me dijeron que sí. Se había hecho una emisión de bonos para los Panamericanos y tenían las reservas monetarias necesarias para atacar el fenómeno de El Niño.

— Le pregunto porque se acaba de aprobar un crédito suplementario de S/9 mil millones y no está destinado a El Niño.

No y El Niño se va a venir con todo y, de repente, se va a tener que hacer una emisión de bonos o buscar algo por el estilo.

— En el norte habrá lluvias y en el sur, sequía.

Exactamente. Y aquí quiero mencionar a Hombro a Hombro, que dirige Juan Manuel Arribas, que es una entidad de soluciones empresariales contra la pobreza, y participan más de 80 de las principales empresas del Perú. Y, cada vez que hay un terremoto, un huaico, unas lluvias fuertes, ellos actúan y tienen asiento en el COEN. Cada vez que hay problemas están listos para levantar ayuda y llenar los almacenes de Indeci.

— El sur es un territorio donde, si bien Keiko Fujimori ha obtenido más votos que en el 2021, todavía no es un lugar donde tenga aceptación, aunque hay gestos como el del alcalde de Puno, ¿se va a atender la emergencia y trabajar en paralelo para el sur?

Son dos estrategias que tienen que ir en paralelo. Una es que las lluvias y los huaicos afecten lo menos posible, otra cosa es lo que se tiene que hacer en el sur de Perú por las sequías. Son dos estrategias que se tienen que manejar en paralelo. Quizás, dividir norte, centro y sur.

— A eso hay que añadirle que en octubre hay elecciones subnacionales y el 1 de enero asumen nuevas autoridades, prácticamente en medio de la emergencia.

Por un lado están los alcaldes, que salen y que van a tratar de hacer lo que se puede, y los que están en campaña, que van a ser mucho más que los alcaldes que se van, y van a estar criticando todo el tiempo. Y es un tema que hay que abordarlo también. Desde la salud, porque el dengue es una amenaza permanente y las enfermedades infecciosas que surgen a raíz de estos desastres, y también hay que abordar el tema de seguridad, porque nunca faltan aquellos que quieran lucrar de la pobreza o de la desgracia de las personas.

— Keiko Fujimori ha dicho que va a estar presente en los lugares. Mucha gente tiene el recuerdo de Alberto Fujimori en El Niño de 1998 con las botas puestas. ¿Esa es la actitud que tendrá el gobierno entrante?

No solamente ella, sino todos lo que tienen que ver con esto, porque el escritorio es muy fácil, pero hay que ir al cerro y ver que la quebrada no se caiga. Se tiene que estar in situ. Hoy día, felizmente, todo el Perú puede estar controlado satelitalmente. Se sabe cuándo se activa una quebrada.

— ¿De cómo se actúe en esta emergencia dependerá el futuro de gobierno? ¿Va a ser la primera prueba de fuego?

En 1983 yo era gerente en Cofide y el presidente Belaunde tuvo al terrorismo, El Niño y la crisis de la deuda. No previeron lo fuerte que iba a ser el tema de El Niño, que después se agravó con el tema de la deuda y, ahí mismo, bajó la popularidad del presidente Belaunde, que era una persona muy respetable.

— Haciendo un paralelo. Hemos tenido crisis con terrorismo y fenómenos climáticos. Ahora, tenemos la crisis de la inseguridad ciudadana más El Niño. Entonces, claro, la emergencia va a ser El Niño, pero también hay un reclamo de inseguridad ciudadana que no se puede descuidar.

Y el tema de seguridad se puede agravar por los desastres. La gente que pierde sus pertenencias, los delincuentes pequeños se van a ir a robar a las casas que se rompen, en fin. Ahí se tiene que mantener el plan que se tenía inicialmente: una intervención radical con el objetivo de neutralizar a todas las bandas de criminales. — Ella se ha comprometido al orden como prioridad, pero el fenómeno no estaba en el radar. Son dos cosas. Y, por otro lado, también hay que ponerle motores a la economía, eliminar trámites, hacer que las cosas fluyan. Y no tener alcaldes que cierran por todos lados, sino que hay que promover la economía, que el pequeño y mediano empresario pueda salir adelante, simplificarles la vida.

— Se está hablando de la conformación del Gabinete. ¿Qué liderazgo se necesita o qué perfil para afrontar estos retos?

Se necesita un Gabinete de manos a la obra. Yo estaba en todas las obras todo el tiempo. Me llamaban, de repente, del ministerio, a Palacio de Gobierno. Iba con mis botas, jeans y casco. Eso es lo que hay que hacer y no solamente la presidenta de la República, sino todos.

— Entonces, usted plantea un Gabinete de acción…

Y de apoyo, porque hay unos que sí se tienen que quedar en casa, porque tienen que conseguir los recursos y, mientras tanto, ir ordenando la economía. Además, a una parte del Gabinete le corresponde hacer la reforma del Estado, que tiene que realizarse de todas maneras. Y hay otro, por eso siempre es importante una unidad especial autónoma para que pueda actuar, y que articule con Ministerio de Defensa, con el del Interior.

— Se refiere a la unidad autónoma. ¿Ya está diseñada?

Sí, están pensando. Entiendo que ha habido una reunión para ver una propuesta, pero sí, lo que hay que hacer es articular todos los agentes, tanto público como privados y alinearlos. Eso genera un comando unificado. Es como estar en una guerra pero contra la naturaleza. Si es una guerra externa, pues tienes el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto. Ahora ellos se deben sumar al apoyo y el aparato estatal tiene que asegurarse de darle el apoyo suficiente para pasar este trago amargo y lo que viene después.

— Quiero insistir con el Gabinete. ¿Ha sido usted invitado por Keiko Fujimori para integrarlo?

He sido invitado para el debate técnico, para dar mis opiniones que las discutimos antes y eran muy coincidentes con las ideas que nosotros teníamos, porque también trabajamos y, además, mi experiencia pasada.

— Y esto del organismo autónomo del que estamos hablando, ¿se lo ha comentado a la interna de Fuerza Popular?

De esto todavía no hemos tenido una reunión. He mandado los mensajes, se ha hecho adjuntar la información.

— Usted ha sido voceado como ministro de Transportes, ministro de Vivienda...

Para ayudar a mi país yo no necesito cargo. Puedo ayudar de donde pueda y hay sitios en que puedo ser más eficiente en mi colaboración y hay otros que mi valor ha agregado no puede ser lo mismo.

— Su partido, el PPC, ¿cómo va a colaborar con el gobierno?

Cuando me pidieron ir al debate técnico, desde mi partido me dijeron que apoye. Incluso durante el gobierno de Jerí, Ernesto Álvarez y Óscar Fernández, que son del partido, pidieron su licencia y se les dio. El PPC siempre ha apoyado cuando ven causas que tienen sentido y que es necesario apoyarlas, y muchos del PPC han estado de personeros en varios lugares. Eso lo conoce muy bien la gente de Fuerza Popular.

‘Prefiero que gane Sánchez, porque si se excede es más fácil de sacar’, fue la verbalización de un miedo común entre los indecisos. Era el descarte de la anti política popular: vota por quien te parezca más vacable. No era vacable, en ese supuesto fatalista, Keiko, la cabeza del parlamentarismo de facto que escogió un Tribunal Constitucional y un Defensor del Pueblo a su medida. Este, a su vez, armó el concurso para escoger una Junta Nacional de Justicia ídem. Y las fuerzas del orden la aman. ¡Keiko ahora es presidenta! ¡Ni hablar! La alarma antiautoritaria no deja de chillar.

Tal es la narrativa que enerva a tres generaciones de antifujimorismo. Los de la más vieja, la mía, vivimos el golpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 cuando disolvió el Congreso y no paró hasta que se confirmaron todas nuestras sospechas con los vladivideos en el 2000. Los de la generación intermedia conocieron de raíz el surgimiento de Keiko como heredera forzada de lo bueno, lo malo y lo feo y nuevo del fujimorismo: la pica contra quienes lo derrotaron en segundas vueltas y lo persiguieron hasta llevar a prisión a padre e hija. Los de la tercera, los de la generación Z, de los que buena parte han votado por primera vez, vieron crecer el predominio congresal sobre el débil presidencialismo. A falta de ogros reputados, asumen que Keiko es la jefa absoluta del ‘pacto mafioso’. Ponerla en Palacio es poner a la gata de despensera.

Esa última narrativa es la que permanece más fresca porque la comprendemos las 3 generaciones. ¿Pero qué tanto asidero tiene en datos y hechos? Empecemos en el Congreso porque ahí arranca todo. En el 2021, Fuerza Popular (FP) decidió no pujar por la presidencia de la mesa directiva, ni en esa temporada ni en adelante.

La razón que daban a quienes se lo preguntábamos es que no querían ‘polarizar’ más al país; pero si lográbamos que se sinceren nos contaban que no querían contaminar sus aspiraciones de gobierno con la mala imagen congresal, como les había pasado en el quinquenio anterior cuando tuvieron mayoría absoluta.

El resto de la derecha tampoco los quería, eh; pero que ellos se adelantaran a dar el paso al costado, ayudó a surgir a lo que se dio en llamar ‘el Bloque Democrático’, junto a Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú y parte de Acción Popular. Renovación Popular (RP), con egos enfrentados en su bancada y un elusivo liderazgo de Rafael López Aliaga, tuvo una presencia intermitente en el ‘Bloque’. Tomen nota de la aspereza celeste, pues va a ayudar a proyectar la dinámica bicameral desde el 26 de julio cuando se elijan a las cabezas de las cámaras.

El cálculo fujimorista no estaba fechado necesariamente en el 2026; sino en una vacancia de Pedro Castillo que se estimaba próxima pero no inmediata. La primera oportunidad no fue empujada por FP, fue pura angurria de Patricia Chirinos, entonces en Avanza País, que hizo que todos corrieran detrás de ella en noviembre del 2021. Hasta que llegó el golpe o harakiri/vacancia de Castillo el 7 de diciembre del 2022, trayendo una complicación fatal que no canceló la opción de Keiko, pero perfiló serísimos problemas de gobernabilidad.

Les menciono solo uno de esos problemas: es cierto que la cúpula naranja estuvo de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero también es cierto que su bancada no actuó en consecuencia. Fue torpe e intransigente al acordar con los otros grupos la fecha del adelanto, como si quisieran arruinar el consenso. De hecho, este se arruinó y se dio inicio a la era del poder fáctico congresal. Ese poder existe; pero tiene límites, corresponsabilidades y algunos contrapesos. Ese poder está presente en cada congresista, reelecto o nuevo, ajeno y propio a FP y será un serio escollo para Keiko que ahora, a punto de entrar a Palacio, piensa, ¡cómo no!, que hay que acabar con la farra legislativa que horada al fisco.

El fujimorismo dejó de ser oposición en el 2022 y se alió a Dina Boluarte. Mantuvo su compromiso de no encabezar al Congreso; pero se acomodó y entornilló en la primera vicepresidencia y en la Comisión de Constitución. Allí lideró una reforma política que no se pensó para gobernar desde Palacio, sino desde y para el Congreso y sus clientelas. Esa brecha les pasará y nos pasará a todos la factura.

FP no reclamó a Dina una cuota ministerial reconocible. Eso se lo dejó a APP, que se excedió con la coartada de ‘bah, la gente igual le va a echar la culpa a FP’ (al final, la gente sí diferenció y castigó a APP hasta hacerle perder la inscripción). Pero FP no se contuvo, ah. Algunos de sus congresistas se las amañaron para participar en el sistema de prebendas de Dina continuado por José Jerí y José María Balcázar; mientras la cúpula se reservó ciertos vetos y consejos en materia económica. Por lo menos un ministro, José Arista, hoy senador naranja por Amazonas, llegó al MEF con venia de FP. Pero el cuoteo, el copamiento y hasta la rapiña, compromete directa y especialmente a APP.

Con Fernando Rospigliosi se rompió la regla de no presidir el Congreso justo cuando más debían evitarlo. Fernando no se lo buscó, sino que quedó por descarte tras la censura a Boluarte; pero tampoco le provocó soltarlo. Probablemente, será quien le ponga la banda a Keiko si es que se aplica a Balcázar la misma exclusión que se le aplicó a Francisco Sagasti en el 2021.

FP no quería censurar a Dina, pero tuvo que hacerlo cuando fue retada por RP en un asunto que sí gozaba de reconocimiento ciudadano: ‘echar a la que respondió con frivolidad a la inseguridad ciudadana’. Todo se resolvió en un día y no hubo tiempo de planificar la salida de Rospigliosi ni de convencerlo de que era prudente que diera un paso al costado. Rospigliosi es una gran ironía naranja, subrayada con su clásica carcajada. Keiko lo jaló a fines del 2015 como parte del viraje ‘caviar’ que quedó inconcluso en su campaña del 2016. La broma involuntaria es que el ‘jale liberal’ estaba en un proceso de conversión propia y acabó siendo más extremista, más anticomunista, más pro militar que ellos y, para remate, casi incontrolable.

La censura a José Jerí y la elección inopinada de Balcázar, a pesar de que FP votó en contra y la deploró, se convirtieron en una gran oportunidad. Los censores celestes quedaron burlados y expuestos ante el electorado por su irresponsable maniobra. Allí empezó el declive de López Aliaga en las encuestas y el posicionamiento de Keiko en el primer lugar. Aunque Rospigliosi esté al mando del Congreso, ya es más complicado sustentar que FP manda sobre el gobierno del atrabiliario Balcázar. Igual se dice que Rospigliosi ‘ordenó el pago de los aviones F 16’. En realidad, el presidente del Congreso ‘no lo ordenó’, sino que lo informó en un momento de vacío y caos de poder. Contó lo que sabía por contactos privilegiados que nunca perdió el fujimorismo en el MEF.

Pasemos al primer ente mentado después del Congreso en el checklist del autoritarismo naranja. ¿Es cierto que el TC fue elegido a la medida del fujimorismo? A ver. El ‘Bloque’ tuvo la clara mayoría en la comisión que organizó la convocatoria y la selección que, finalmente, se votó en el pleno. A pesar del predominio de la derecha, la comisión la presidió un izquierdista, nada menos que Balcázar (por eso, al ‘Bloque’ le parece un presidente inofensivo y hasta le tiene cierto afecto). La izquierda no tuvo un candidato por quien pelear para ser incluido en ‘la repartija’, que suena mal a muchos, pero tiene mejores resultados finales pues matiza y democratiza al Tribunal. Los magistrados elegidos han mostrado un sesgo a favor de causas de la mayoría parlamentaria, como la polémica sentencia 00027-021, publicada el 2022, que interpreta el Art. 79 de la Constitución sobre la prohibición de la iniciativa de gasto congresal, abriendo la ventana a la farra legislativa que ha desbalanceado la economía. Sumen la liberación de Alberto Fujimori en diciembre del 2023 y tenemos dos puntos a favor de la narrativa antifujimorista respecto del TC.

¿Es realmente pro fujimorista el TC? Por lo menos, no es anti fujimorista. Tampoco es lo contrario. La magistrada Luz Pacheco, que votó a favor, dijo que una de las razones de la liberación del ‘Chino’, más allá de tecnicismos, era un afán de ‘cerrar heridas’. Sin embargo, unos meses después, en julio del 2024, cuando Alberto anunció su voluntad de ser el candidato de FP, le echó sal a la herida. El TC se sintió sorprendido y burlado pues, un supuesto de la liberación, era que el señor se vaya a jugar con sus nietos. Más de un magistrado expresó su fastidio en duros términos. Su muerte en septiembre del 2024 cerró la controversia.

Con sus sesgos, matices y votos en contra; este TC acabará su mandato en el 2027 y allí la oposición congresal tendrá la ocasión de hacer lo que no hizo en el quinquenio que acaba: colocar a sus candidatos en el elenco de 7. Si no lo hizo en el 2021 fue, en parte, porque tenía una irreparable fractura interna. Perú Libre (PL) ejerció su antipatía ‘anti caviar’ aliándose con el ‘Bloque’ en esa elección. No presentó candidatos propios al TC pero pidió carta libre para que, Josué Gutiérrez, que era asesor de su bancada, fuese candidato a la Defensoría del Pueblo. Josué fue un hábil articulador del acercamiento de PL al ‘Bloque’. A cambio de eso, ganó con amplia mayoría la votación para ser defensor.

El cargo de defensor vino con una yapa. Según la ley orgánica de la JNJ, el concurso para seleccionar a sus miembros lo organiza la defensoría. Tras la batalla campal entre el Congreso y la primera promoción de la JNJ durante el 2023, mediando cautelares del PJ que reponían a sus miembros destituidos por el Congreso; se impuso un elenco ajeno y distante del sesgo, llamémosle ‘institucionalista y progresista’, de la primera promoción. Algo similar pasó en el Ministerio Público, como acción y reacción entre sus facciones y ciclos internos; más que como presión o ‘control’ de partidos y bancadas. La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cayó por negociaciones incompatibles con el Congreso, mientras su sucesora Delia Espinoza cayó por enfrentamientos insalvables con este. Al final, se impuso Tomás Gálvez, quien se jacta de haber sido perseguido por la facción ‘progre’.

Ni la mayoría del TC, ni Gálvez que fundó su propio partido (lo dejó al recuperar su cargo de fiscal supremo), ni el defensor Gutiérrez que fue congresista humalista y asesor de PL, ni María Teresa Cabrera, ex jueza y ex congresista de Podemos que hoy preside la JNJ; son ultra derechistas incondicionales del fujimorismo, ni mucho menos. Coinciden con el fujimorismo en el nuevo ciclo institucional que cada ente arrancó tras sus crisis de politización. Esa coincidencia, ciertamente, los lleva a una simpatía y vasos comunicantes que pueden incluir gestos de gran simbolismo político, como la sanción de la JNJ de 6 meses de suspensión al juez Richard Concepción Carhuancho, quien sentenció la primera prisión preventiva de Keiko. A José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba no fue necesario decapitarlos en la JNJ porque ya se adelantó a hacerlo la Autoridad Nacional de Control del MP, que es autónoma y coincide con esta ola de reacción anti progre.

El Poder Judicial es una excepción en este panorama, pues tiene un pleno de más de 20 jueces supremos que representan varias tendencias y neutralizan sesgos políticos. Su pelea con el Congreso, debido a que algunos jueces aplicaron convenciones de derechos humanos para no aplicar la ley de amnistía para policías y militares promovida por Rospigliosi; ha sido más acicateada por este último que por la cúpula. Pero sí es cierto que la prédica fujimorista del ‘orden’, entraña la protección a los uniformados. De ahí la presencia, en el senado naranja, del Gra. César Astudillo, ex jefe del comando conjunto de las FFAA. Estas y la PNP se inclinarán por respaldar la estabilidad de un gobierno de derecha que los halaga constantemente; pero sobre un principio de no deliberación o no incumbencia en asuntos políticos, que casi no ha conocido excepciones desde el 2000, cuando cayó el tinglado de corrupción cívico militar armado por Montesinos con la venia de Alberto.

El fujimorismo de Keiko no controla, pero sí influye en instituciones autónomas que, en quinquenios pasados, con sesgos opuestos, lo jaquearon. Esa búsqueda de influencia en la justicia no es nueva, la cometió el APRA desde que era un partido perseguido y la continuó Vladimiro Montesinos de la peor manera posible, comprando voluntades y forzando una reforma a su medida. Hoy, esos mismos fines se persiguen enfrentando unas instituciones con otras, ‘interjudicializándolas’ con amparos, cautelares, denuncias constitucionales, demandas competenciales y demás. El Congreso, con fuerte direccionalidad naranja, ha sido muy instrumental para ello.

El gobierno aún no empieza y Fuerza Popular no ha gobernado nunca. Toda su buena o mala fama se ha labrado desde el ejercicio congresal y desde la evocación del legado de Alberto Fujimori, en el que es difícil disociar lo democrático de lo autoritario. Por eso, en su reciente entrevista con el periodista cubano estadounidense Ismael Cala, Keiko sí intentó disociar esa doble cara de Alberto y dejó este mensaje: “Mi padre, en su pragmatismo, no fue tan institucional y se ve en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos. Yo soy muy institucional. Absolutamente respetuosa del estado de derecho y la democracia”. Ya veremos si ello es cierto más allá de las narrativas encontradas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, remitió este 3 de julio un oficio a todos los ministros del gabinete para formalizar el inicio de la transferencia de gestión, horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031.

En el Oficio Múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, Arroyo Sánchez informó que la mandataria electa designó al economista Marco Vinelli como responsable de la coordinación del proceso de transferencia del titular entrante del Poder Ejecutivo. Vinelli actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades del Estado.

El anuncio se produce en el marco del cronograma fijado por el JNE, que estableció el 3 de julio como fecha de proclamación y el 15 de julio para la entrega de credenciales a la fórmula ganadora, previamente a la juramentación del nuevo gobierno el 28 de julio.

OFICIO MULTIPLE-000016-2026-DPCM Transferencia Gestión by Martin Calderón

En virtud de la Directiva aprobada por Resolución de Contraloría N.° 267-2022-CG, el jefe del gabinete agradeció disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de cada sector adopte las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso, brindando las facilidades para la acreditación de los equipos entrantes, así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente.

Asimismo, el primer ministro pidió a los ministros hacer extensivas las disposiciones del oficio a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos a su sector, disponiendo las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de los servicios públicos.

Este paso administrativo coincide con la apertura de la “Oficina de la Presidenta Electa” por parte de Fujimori, cuyo equipo iniciará el diagnóstico técnico de cada ministerio con miras a definir las primeras acciones de la nueva gestión frente a desafíos como la seguridad y la economía.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá sobre la inscripción de la candidatura como primer regidor de Rafael López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitiera a trámite la apelación presentada por Renovación Popular contra la decisión que declaró improcedente su postulación.

Mediante la Resolución N.° 04376-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 4 de julio, el órgano electoral concedió el recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz.

El órgano electoral verificó que cumplía con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La apelación busca dejar sin efecto la resolución mediante la cual el Jurado Electoral Especial declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para los comicios municipales de Lima Metropolitana.

Como parte del trámite, el JEE dispuso remitir el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre la controversia, determinando si corresponde confirmar o revocar la decisión adoptada en primera instancia.

Keiko Fujimori: ¿Cuáles son los retos para los primeros 100 días de su gobierno?

La resolución también dispone notificar la decisión al personero legal de Renovación Popular y ordenar su publicación en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.

La información fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X, donde se señaló que la jefa del Gobierno japonés transmitió sus mejores deseos a la mandataria electa peruana.

Según la información, en la misiva la primera ministra “extendió sus felicitaciones a la presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”.

PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship…

— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026

El mensaje refleja la voluntad de Tokio de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y de cooperación con el Perú, países que mantienen una estrecha relación histórica, económica y cultural, marcada además por la importante comunidad peruano-japonesa y nikkei.

La carta de felicitación se suma a otros saludos que la presidenta electa viene recibiendo de diversos jefes de Estado y de Gobierno tras su proclamación oficial como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

Uno de los últimos saludos fue el del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien llamó personalmente a Fujimori para felicitarla por su triunfo electoral.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su triunfo en las Elecciones Generales 2026 y le manifestó su disposición de trabajar conjuntamente para fortalecer los vínculos entre ambos países.

A través de la Oficina de la Presidenta Electa se informó que ambos líderes coincidieron en la importancia de impulsar la cooperación bilateral y ampliar el intercambio comercial entre Perú y Uruguay.

Durante la conversación, Orsi destacó la perseverancia de la presidenta electa y le transmitió sus mejores deseos para el inicio de su gestión.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 5, 2026

“Qué placer, felicitaciones por dos cosas, primero por el triunfo y por tu perseverancia, que es ejemplar. Desde el lugar donde nos toca estar para apoyarte a ti y a tu equipo”, manifestó el mandatario uruguayo.

Asimismo, resaltó el potencial de la relación económica entre ambos países y reconoció el desarrollo del sector agrícola peruano.

“Tenemos para aprender de todos; es envidiable la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza y de verdad te deseo lo mejor”, agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori agradeció las palabras del presidente uruguayo y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos entre ambas naciones.

Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicita a Keiko Fujimori 

“Para mí será un gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y el intercambio comercial entre Uruguay y Perú”, expresó la presidenta electa.

La comunicación forma parte de los contactos que viene sosteniendo Fujimori con autoridades extranjeras luego de haber sido oficialmente proclamada como presidenta electa para el periodo 2026-2031.

Este domingo fue publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano la resolución que dispone la proclamación oficial de la fórmula presidencial de Fuerza Popular, ganadora de las Elecciones Generales 2026.

La Resolución N.° 1625-2026-JNE, establece que corresponde “PROCLAMAR el resultado del cómputo de votos de la Segunda Elección Presidencial realizada el domingo 7 de junio de 2026”, consolidando así el resultado definitivo del proceso electoral.

En consecuencia dispone “PROCLAMAR ganadora de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de las Elecciones Generales 2026 a la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular”, proclamando como Presidenta de la República a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, como Primer Vicepresidente a Luis Fernando Galarreta Velarde y como Segundo Vicepresidente a Miguel Ángel Torres Morales.

El máximo órgano electoral explica que fueron agotadas todas las etapas del proceso electoral y resueltas las controversias planteadas. En ese sentido, señala expresamente que “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

Asimismo, el JNE invoca el principio de seguridad jurídica y el principio de preclusión para concluir que “no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, lo que permitió proceder con la proclamación definitiva de las autoridades electas.

La resolución recuerda que, tras la primera vuelta del 12 de abril de 2026, ninguna fórmula presidencial alcanzó más de la mitad de los votos válidos, motivo por el cual fue necesario realizar una segunda elección entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, conforme a lo previsto por la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones.

Keiko Fujimori: Sus principales anuncios tras ser proclamada como presidenta electa

Respecto de los resultados finales, el cómputo oficial registra que Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135 % de los votos válidos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 9′173,755 votos, correspondiente al 49.865 %, una diferencia de 49,641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones precisa además que, antes de la proclamación, efectuó una revisión integral de las actuaciones desarrolladas por los Jurados Electorales Especiales y verificó que las actas descentralizadas “no presentan inconsistencias respecto de los reportes de Resultados de Actas Contabilizadas al 100 % del Cómputo de Votación de la Segunda Elección Presidencial”.

Finalmente, la resolución dispone “REMITIR al Congreso de la República la presente resolución y el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, conforme al artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones, además de ordenar su publicación en el diario oficial El Peruano El Peruano y en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Un comando unificado contra el crimen organizado, cuatro megapenales, 3 mil colegios, una reforma del sistema de justicia y hasta un “shock” desregulatorio para acelerar inversiones. El plan de gobierno de Fuerza Popular plasma —al menos en el papel— el rumbo que seguiría un eventual gobierno de Keiko Fujimori durante el quinquenio 2026-2031, luego de ser proclamada presidenta electa por las autoridades electorales.

Sin embargo, ¿qué tan sólidas o viables son sus propuestas? ¿Cuáles son los principales vacíos que aún quedan por abordar? Para responder esas interrogantes, El Comercio analizó y clasificó en seis ejes los planteamientos del programa fujimorista y convocó a especialistas de cada sector para evaluarlos.

En esa línea, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP; Marilú Martens, exministra de Educación; David Tuesta, exministro de Economía; Fuad Khoury, excontralor general de la República; Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros; e Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, analizan las principales propuestas del plan, identifican sus fortalezas y advierten los desafíos que enfrentan.

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendría la administración de Keiko Fujimori?

Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, las principales propuestas del plan —como la recuperación de espacios públicos, la modernización del equipamiento policial, la construcción de comisarías y penales, entre otras— demandarían una inversión superior a S/25 mil millones. Por ello, consideró que debe revisarse y explicarse bien de dónde se conseguirá el presupuesto para estos fines. Además, advirtió que la PNP mantiene un déficit de 70 mil efectivos y expresó su expectativa de que un eventual gobierno impulse la compra de mil patrulleros, pues, según indicó, no se adquieren desde la gestión de Ollanta Humala.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

Pérez Rocha sostuvo que la propuesta más importante es la creación de un Comando Unificado Permanente contra la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo, advirtió que el plan no considera que el país ya cuenta con el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), creado mediante la Ley N.° 29807, órgano encargado de planificar, articular y dar seguimiento a la política criminal del Estado.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

En opinión del exdirector de la PNP, el plan debió profundizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec). En ese sentido, planteó recuperar el diseño original de la Ley N.° 27933 para que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) vuelva a ser presidido por el ministro del Interior y, sobre todo, sesione mensualmente y apruebe el Plan Anual de Seguridad Ciudadana para el próximo año.

Pérez Rocha incidió igualmente en que, a nivel mundial, el 75 % de los efectivos policiales se dedica a la prevención del delito, mientras que el resto se aboca a la investigación criminal. Por ello, lejos de dividir a la institución, la Policía debería de ser fortalecida. “La investigación criminal solo comienza después de que se cometen los hechos. Pero la prevención es lo que impide que se cometan estos hechos delictivos; eso es lo que está fallando”, puntualizó.

Marilú Martens, exministra de Educación.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?

El plan refleja una apuesta importante por mejorar las condiciones materiales del sistema educativo. Hay un énfasis claro en infraestructura, conectividad, equipamiento tecnológico, alimentación escolar, fortalecimiento de los COAR y acceso a la educación superior. También incorpora temas relevantes como el desarrollo profesional docente, la inteligencia artificial y la protección de niños y adolescentes frente a la violencia.

Es positivo que el documento reconozca que la educación debe responder a un contexto de transformación tecnológica y que fortalezca el rol docente. Sin embargo, el plan pone mucho más énfasis en qué se quiere hacer que en cómo se implementarán las reformas.

La experiencia demuestra que construir colegios, distribuir dispositivos o actualizar el currículo educativo no garantiza, por sí solo, mejores aprendizajes. El principal desafío del sistema educativo peruano ya no es únicamente diseñar buenas políticas, sino contar con una institucionalidad capaz de implementarlas con calidad en todo el territorio nacional. En ese sentido, hubiera esperado un mayor desarrollo de una agenda de modernización del sistema educativo y de fortalecimiento de la gestión descentralizada.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

Más que una medida aislada, destacaría la combinación de tres apuestas: el fortalecimiento del desarrollo profesional docente, la incorporación de habilidades digitales e inteligencia artificial, y la atención integral de los estudiantes mediante alimentación escolar y protección frente a la violencia.

Esta combinación refleja una comprensión más moderna de la educación. Hoy sabemos que mejorar los aprendizajes depende de contar con docentes preparados para responder a nuevos desafíos, pero también de garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela en condiciones de aprender. La educación comienza antes del primer día de clases y requiere una articulación efectiva con salud, nutrición y protección social.

Dentro de este conjunto, considero especialmente importante el desarrollo profesional docente. Sin embargo, esta propuesta debería ir acompañada de una revisión de la Carrera Pública Magisterial. La carrera ha sido una reforma fundamental para fortalecer la meritocracia, pero hoy necesita evolucionar para reconocer nuevas funciones de liderazgo pedagógico y gestión del conocimiento. Sería importante incorporar trayectorias profesionales para docentes mentores, coordinadores de redes educativas, especialistas territoriales y docentes que puedan asumir responsabilidades temporales en instituciones como los COAR, sin afectar su desarrollo dentro de la carrera.

La transformación educativa dependerá mucho menos de la tecnología que de la capacidad de los docentes para utilizarla pedagógicamente.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

No cuestiono ninguna propuesta específica; sin embargo, considero que el principal vacío del plan es la ausencia de una estrategia integral de modernización del sistema educativo.

Durante más de veinte años hemos avanzado en la descentralización, pero no hemos fortalecido al mismo ritmo las capacidades de gestión de las direcciones regionales de educación, las UGEL y las redes educativas. Hoy persiste una alta concentración de funciones técnicas y administrativas en la sede central del Ministerio de Educación, mientras que muchas UGEL carecen de especialistas suficientes para brindar acompañamiento pedagógico, gestionar información o implementar adecuadamente las políticas nacionales.

El desafío no consiste en recentralizar, sino en completar la descentralización fortaleciendo las capacidades técnicas de los territorios y trasladando funciones y equipos especializados allí donde se desarrollan los procesos educativos. Un sistema donde miles de especialistas permanecen concentrados en Lima, mientras muchas UGEL operan con equipos mínimos, difícilmente podrá responder con oportunidad y calidad a las necesidades de las escuelas.

David Tuesta, exministro de Economía.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?

El plan transmite una señal clara de que el crecimiento económico descansará en la recuperación de la inversión privada, sobre la base de preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el clima de negocios. Resulta especialmente destacable el compromiso con la independencia del Banco Central, el respeto a los contratos y la consolidación fiscal. Esa institucionalidad económica ha sido uno de los principales activos del Perú durante las últimas décadas y ha permitido resistir con relativa fortaleza episodios de elevada volatilidad política en los últimos diez años. La inversión privada no busca reglas favorables, sino reglas estables y predecibles. Esa previsibilidad es el principal activo para construir crecimiento sostenido, elevar la productividad y generar empleo de calidad. El reto de Fuerza Popular ahora será convertir estos principios en reformas institucionales que fortalezcan la capacidad del Estado para ejecutarlos y crecer sostenidamente a altas tasas.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

La propuesta más trascendente es el shock desregulatorio, no por la desregulación en sí misma, sino porque puede convertirse en la principal herramienta para recuperar la predictibilidad que hoy demanda la inversión privada. El verdadero problema no es la existencia de regulación, sino la proliferación de normas superpuestas, procedimientos redundantes, entidades que duplican funciones y decisiones impredecibles.

Ello exige una reingeniería integral del Estado: eliminar duplicidades, simplificar procedimientos y definir con precisión qué entidad decide y sobre qué materias. Para acelerar resultados, podría implementarse un régimen excepcional para los grandes proyectos de inversión que ya se encuentran en etapas finales de aprobación y así asegurar que el impacto de esta inversión sobre el crecimiento se empiece a reflejar tempranamente. Eso da aire para desarrollar la reforma regulatoria/simplificadora de carácter general y permanente.

Sin embargo, ninguna simplificación funcionará si no se aborda un problema central: el excesivo riesgo que enfrentan los funcionarios públicos al adoptar decisiones. Hoy muchos prefieren no decidir o multiplicar las firmas y opiniones porque cualquier decisión puede terminar judicializada o afectar su patrimonio personal. A ello se suma la proliferación de entidades de control y organismos (tipo Ositran y Osinergmin) que emiten opiniones sobre materias que exceden claramente sus competencias, generando nuevas demoras e incertidumbre. Hoy estas se han convertido en un estorbo para el crecimiento del país y hay que ver prácticas internacionales comparables que evidencien su responsabilidad en la obstaculización de la inversión privada. Recuperar la predictibilidad requiere también redefinir responsabilidades, fortalecer la seguridad jurídica del funcionario que actúa de buena fe y acotar el ámbito de intervención de organismos de control y reguladores a las funciones que la ley realmente les asigna.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

Más que cuestionar la propuesta de otorgar exoneraciones tributarias a determinados emprendedores, considero que primero debería desarrollarse una evaluación integral del sistema de incentivos vigente. La evidencia reciente de la OCDE en su informe de julio de 2026 muestra que los incentivos tributarios solo generan valor cuando están bien diseñados, se evalúan periódicamente y responden a objetivos claros; de lo contrario, pueden implicar importantes costos fiscales sin generar inversión adicional.

Ello no significa que los incentivos tributarios deban descartarse. En sectores expuestos a una intensa competencia internacional —como la minería o la agroexportación— es indispensable comparar la rentabilidad que ofrece el Perú respecto de otros países competidores. Si aquí la inversión enfrenta mayores costos regulatorios, mayores tiempos de aprobación o mayores cargas administrativas, resulta razonable evaluar mecanismos que compensen esas desventajas para preservar la competitividad. Lo importante es que esos incentivos estén sustentados en evidencia, sean temporales, transparentes y sujetos a evaluaciones periódicas de impacto, antes que seguir acumulando nuevos beneficios sin haber medido adecuadamente la efectividad de los existentes.

Fuad Khoury, excontralor general de la República.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?

Las prioridades son correctas. Lo que se podría mejorar son la perspectiva de las mismas y los mecanismos para alcanzarlas. En principio, con relación a la perspectiva, para tener una mejora real del sistema de integridad en el país, se debe diseñar una reforma completa del sistema de rendición de cuentas peruano, con una perspectiva sistemática que debe incluir a la Contraloría, al Poder Ejecutivo, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para convertirlos en un gran sistema anticorrupción. Asimismo, se advierte que el sistema está incompleto: no existe en el Poder Ejecutivo una entidad técnica encargada de verificar que se cumplan los objetivos del Gobierno, con integridad y eficiencia. De lo contrario, se están poniendo parches que no han dado resultados en los últimos 30 años.

Con relación a las herramientas, se aprecia una omisión en herramientas de control de gestión implementadas por los países que luchan con eficacia contra el fraude. En este sentido, por ejemplo, se pretende que el control concurrente solucione problemas propios de la gestión a cargo de las entidades. Este debería ser excepcional y reservarse para los proyectos o programas más importantes del país, que por su naturaleza demanden un control reforzado.

Además, medidas como la implementación de declaraciones juradas (DD. JJ.) responden a miradas anteriores al advenimiento de las técnicas de analítica de datos y la interoperabilidad de bases de datos públicas y privadas.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

El shock anticorrupción digital. Debería invertirse recursos en la implementación de un gobierno digital real, simplificando procesos, introduciendo tecnología, reduciendo la interacción entre servidores públicos y ciudadanía, transparentando procesos, tal y como lo han hecho diversos países, como Estonia, por ejemplo.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

La propuesta que genera mayores dudas es la ampliación del control concurrente a cargo de la CGR, por las razones expuestas anteriormente.

Asimismo, el plan debió desarrollar con mayor profundidad una estrategia integral de prevención de la corrupción. Se echan de menos propuestas orientadas a fortalecer la gestión de riesgos de corrupción, los sistemas de integridad, el control interno y la gobernanza del sistema nacional de lucha contra la corrupción, aspectos fundamentales para reducir la probabilidad de que la corrupción ocurra. Habría que pensar en la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Si bien la trazabilidad de los pagos es un objetivo importante, se debe explicar cómo la criptomoneda contribuiría de manera efectiva a reducir los principales riesgos de corrupción o cuál sería su viabilidad técnica, operativa y normativa. La incorporación de una nueva tecnología, por sí sola, no garantiza mejores resultados si no va acompañada del fortalecimiento de los procesos y los controles, considerando que el sesgo de las personas sigue y seguirá existiendo.

Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Ministros.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?

No hay mucho contenido concreto en la propuesta. Se habla de una “reforma integral del sistema de justicia”, pero no se dice ni qué se va a reformar ni cómo. Hablamos de ¿reformas constitucionales?, ¿reformas de procesos?, ¿cómo se va a aplicar la celeridad procesal?, ¿en qué tipo de procesos? Sin duda, falta precisar mucho y solo tenemos planteamientos generales. Por ejemplo, en el PJ tenemos hoy un total de expedientes en trámite y en ejecución que supera los 6 millones de casos, lo que es un stock que paulatinamente ha ido creciendo y en donde los procesos vinculados a temas de familia (alimentos, violencia familiar, tenencia, etc.) son los más recurrentes, con 2,6 millones de casos; aquí tenemos un punto de especial respuesta desde el Estado, para aliviar a las personas y que concluyan por fin sus casos.

Asimismo, muchos de los aspectos citados en el plan son temas que corresponden a las propias instituciones, como el EJE, que es uno de los proyectos que están en marcha hace años con muchos problemas y que ha significado una de las apuestas financieras más ambiciosas del sistema de justicia, con 370 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial y el BID (270 millones para materia penal y 100 millones en materia no penal), pero que tiene muchos retrasos e ineficiencias; sería bueno saber qué hará el Ejecutivo para acelerar y mejorar esto frente a la frustración de la banca multilateral sobre estos proyectos.

Me parece bien que se busque enfatizar la independencia de los jueces, pero con las acciones que hoy implementan el Congreso y la JNJ para afectar las decisiones judiciales y el uso del control difuso para inaplicar leyes que violan la Constitución, tenemos un problema que debe precisarse. El Gobierno no solo habla por sus discursos, sino principalmente por sus acciones.

Luego, no se entiende el énfasis de la propuesta en la Defensa Pública, cuando el centro neurálgico de los problemas está en otro lado, así como promover voluntariado para los servicios de orientación. Creo que el plan no apunta a soluciones, sino que presenta planteamientos generales e incluso plantea soluciones que ya existen, como es el caso de las notificaciones electrónicas. Parece que no han tenido una buena asesoría.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

Hablar de una reforma de la justicia es un planteamiento interesante, más aún cuando se señala que en esta reforma deben participar las propias instituciones y se busca reforzar la independencia de los jueces, lo que descartaría la posibilidad de una intervención como ocurrió en los 90 y la politización de la justicia que, se observa, viene imponiendo la JNJ. El gran problema aquí es qué se quiere reformar y cómo hacerlo. Sin duda, el servicio de justicia requiere ajustes serios, pero que sean sinceros en cambiar las cosas para mejorar las condiciones en que se presta el servicio y atajar la corrupción que permanece de manera impune en los propios operadores.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

Una gran ausencia es la falta de consideración de una política criminal que permita saber qué delitos serán perseguidos con mayor énfasis, más allá del discurso de mano dura o el trabajo de la Policía, pues finalmente los casos van al sistema de justicia. Lo que tenemos hoy es la falta de eficacia en la investigación criminal, en donde el Ministerio Público no ha logrado estructurar la integración de equipos de investigación que construyan los casos con ciencia forense, sobre todo en las fiscalías más poderosas que tiene la institución, como las de Lavado de Activos, Anticorrupción o Crimen Organizado.

Seguimos con la vieja estructura de fiscales y sus adjuntos, sin integrar a los investigadores dentro de su propia organización y sin tener analistas financieros, peritos de vinculación criminal, forenses informáticos, todos trabajando juntos. Hoy los peritos son externos y son muy pocos, con lo que las investigaciones no solo no son eficaces, sino que demoran una eternidad y se centran mucho en la prueba testimonial y documental, haciendo que los procesos sean muy complejos en la etapa de juicio oral (además, los fiscales enfocan la investigación con la mayor acumulación posible de pruebas: toneladas de papeles y cientos de testigos; en el caso Orellana se han ofrecido más de 500 testigos y en el caso Cócteles fueron más de mil. Absurdo).

La lucha contra la criminalidad moderna es seguir la ruta del dinero y desmontar organizaciones. Esto yo lo he visto en Centroamérica y Colombia, en donde se trabaja en equipos integrados, siguiendo el modelo de las fiscalías especiales de EE. UU. Deberíamos priorizar presupuestos para montar un nuevo modelo de investigación y nuevas estructuras fiscales multidisciplinarias.

Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos.

• ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?

Hay, sin duda, un plan de trabajo para la pequeña, mediana y minería artesanal, adecuado a propuestas tecnológicas, de trazabilidad y, sobre todo, a la organización de una Ley MAPE. Asimismo, destaca la lucha contra la criminalidad y la ilegalidad en la minería.

• ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?

Creo que, aunque no se habla de una ampliación del Reinfo, sí hay un proceso para la depuración de este sistema, donde deben intervenir la Sunat, el Ingemmet o la UIF. Me parece que lo lógico es ir depurando poco a poco el Reinfo antes de un cierre definitivo.

• ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?

Considero que se debe fortalecer la acción del Estado a través del otorgamiento de presupuesto a la Fiscalía de la Nación, a la PNP y al Poder Judicial. Asimismo, elaborar una metodología interinstitucional de la trazabilidad. Creo que allí debe haber un énfasis obligatorio en las próximas semanas.

En cuanto a la minería ilegal, debemos pasar a la intervención territorial; es decir, ahora se declaran en emergencia zonas muy pequeñas o distritos, cuando lo que debería hacerse es declarar en emergencia los corredores de Marañón, Nanay y Puerto Inca. Y, sin duda, el otro tema es la fiscalización y vigilancia de las plantas de procesamiento.

Luego de ser proclamada como virtual presidenta de la República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori Higuchi señaló que su equipo se concentrará en el proceso de transferencia y realizará un diagnóstico técnico de cada ministerio para conocer el estado de los programas, proyectos, obras, así como identificar los principales desafíos que enfrentará su gestión.

Flanqueada por el virtual vicepresidente Miguel Torres y el integrante de su equipo Marco Vinelli, la lideresa de Fuerza Popular anunció, en conferencia de prensa, la creación de la Oficina de la Presidenta Electa para conducir el proceso de transferencia de gobierno.

Precisó que encabezará este despacho temporal junto con Torres, en representación de la plancha presidencial, mientras que delegó en Vinelli la jefatura del equipo encargado de la transición.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar ni un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, expresó la virtual presidenta

Fujimori dijo que la misión de esta oficina es conocer “con claridad” donde actuar primero, cuando asuma el Gobierno, y cuáles son las prioridades y responder con rapidez y responsabilidad. “Los problemas de los peruanos no pueden esperar más y para actuar debemos conocer con precisión cuál es la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio para conocer el estado de los programas, los proyectos y las obras, así como los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, acotó.

Asimismo, afirmó que dialogará con autoridades locales y regionales, empresarios, ciudadanos y todas las personas que deseen aportar al país, “más allá de las banderas y colores políticos”. Agregó que el proceso se desarrollará con “transparencia” y los avances serán informados a través de las redes sociales de la oficina de transferencia y de los medios de comunicación.

Además, anunció que se evaluarán las prácticas, iniciativas y proyectos que han dado buenos resultados para fortalecerlos y ampliar su alcance. “Ese será un principio de nuestro gobierno: construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado”, sostuvo.

“Queremos un gobierno abierto, digital y cercano. Abierto para que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones y cómo se administran los recursos públicos; digital para simplificar trámites, reducir la burocracia y acercar el Estado a cada peruano; y cercano porque gobernar significa también sentir, escuchar, dialogar y estar presente donde más se necesita”, dijo.

“Nos ponemos al servicio de los peruanos desde el día uno y ese día es hoy [...] Los grandes cambios requieren trabajo serio y decisiones firmes”, agregó.

Finalmente, agradeció los saludos de los diversos presidentes y jefes de Estado del mundo. Aseguró que con ellos trabajará para fortalecer lazos de amistad, cooperación y confianza.

Previamente, Fujimori Higuchi expresó en X (antes Twitter) su “profundo agradecimiento” por la confianza que millones de peruanos depositaron en ella.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, expresó la lideresa de Fuerza Popular en X (antes Twitter).

La virtual presidenta de la República compartió las cuentas oficiales de las redes sociales en las que compartirá los avances del proceso de transferencia.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.

Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

El JNE la proclamó ayer como jefa de Estado en una ceremonia realizada en la casona histórica de la institución, en Jesús María. La mesa de honor estuvo conformada por Roberto Burneo, el presidente del organismo electoral, y los integrantes del pleno Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

La lectura del acta general de proclamación estuvo a cargo de la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien destacó que antes de realizar el documento, el pleno realizó una revisión integral de oficio de todas las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que comprende las actas de proclamación, resoluciones emitidas en procedimientos de recuento, votos impugnados, apelaciones y demás actuaciones procesales. Ello, según la funcionaria, con el fin de garantizar “la doble instancia” y “debido proceso”.

Además, señaló que antes de realizar el acta general de proclamación, el organismo declaró infundado el recurso de apelación al acta de resultados del JEE Lima Centro 2 que había presentado Juntos por el Perú el jueves pasado.

La decisión fue oficializada este sábado por el JNE en el diario “El Peruano”.

También precisó que el documento toma en cuenta el resultado del cómputo general al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que recoge los votos del Perú y el extranjero, así como las actas de proclamación de los 60 JEE.

Así, el cómputo oficial de la votación determinó que la fórmula presidencial de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori como candidata a la Presidencia y Luis Galarreta y Miguel Torres como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente, obtuvo 9′223.396 votos, con lo que resultó ganadora de los comicios. De este modo, se impuso a la lista conformada por Roberto Sánchez, Analí Márquez y Brígida Curo, que alcanzó 9′173.755 votos.

Clavijo detalló que hubo 118 mil 396 votos en blanco y nulo 1’167.836. El total de votos emitidos fue de 19’683.383.

“El JNE, ejerciendo sus funciones establecidas [...] en la Constitución [...] y la Ley Orgánica del JNE, luego de consolidar los resultados del cómuto descentralizado [...] proclama que la fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las Elecciones Generales 2026. En consecuencia proclama y entrega las credenciales a los candidatos electos para el periodo 2026-2031”, expresó Clavijo.

En otro momento, precisó que, en la segunda vuelta, se instalaron 92.729 mesas de sufragio en el Perú y el extranjero y 37 no llegaron a instalarse. El total de actas contabilizadas fue de 92.766. Además, que en Venezuela, Líbano, Irán e Ghana no pudo llevarse a cabo la elección.

Tras la lectura del documento, Burneo proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta de la República y a Luis Galarreta y Miguel Torres, como vicepresidentes.

“Proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde, como primer vicepresidente de la República, y Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente”, exclamó.

Los integrantes del pleno firmaron el documento. También suscribió el acta Edwin Lévano, personero de Fuerza Popular. Ningún representante de Juntos por el Perú asistió a la ceremonia.

El titular del JNE subrayó que la proclamación nace de la “voluntad” de millones de ciudadanos, quienes “han decidido libremente” a su nueva gobernante. Agregó que todos los votos, vengan de donde vengan, poseen un alto valor y merecen ser respetados y protegidos.

Aseveró también que la democracia no concluye con las elecciones ni con con la proclamación de resultados sino con el respeto al resultado y la vigencia de los organismos electorales.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Burneo confirmó que la entrega de credenciales será el próximo miércoles 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional.

La ceremonia de proclamación contó con la presencia de Bernardo Pachas, jefe interno de la ONPE; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; Omar Awapara, secretario general de Transparencia; entre otros.

Mira aquí la ceremonia de proclamación:

La Mesa Directiva (MD) de la Junta Preparatoria del Congreso, encargada de realizar las coordinaciones para la incorporación de los legisladores electos, estará presidida por Miguel Torres y contará con Cecilia Chacón en la vicepresidencia, por haber sido los candidatos con mayor votación de Fuerza Popular, la agrupación con mayor representación en el Senado y la Cámara de Diputados.

Así lo informó ayer el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. En un comunicado precisó que la mesa también estará integrada por el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), como primer secretario, y el diputado electo Luis Quispe Candia (Buen Gobierno), como segundo secretario, por ser los legisladores de mayor edad de sus respectivas cámaras.

Además, Alejandro Muñante (Renovación Popular) ocupará la tercera secretaría y Romina Alejandra Sáenz (Buen Gobierno) la cuarta, al ser los de menor edad del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento ejercerá funciones entre el 15 y el 26 de julio de 2026. Durante ese período realizará las coordinaciones previas antes de convocar a una sesión formal, cuya citación podrá efectuarse a partir del 22 de julio.

La convocatoria deberá incluir una agenda limitada a tres asuntos: la instalación formal de la Junta Preparatoria, la incorporación de los senadores y diputados electos y la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Según el reglamento, la sesión de la Junta se mantendrá abierta hasta agotar todos los puntos de la agenda.

Entre una etapa y otra, de acuerdo con expertos consultados, la misma Mesa Directiva de seis integrantes se escinde: Tres senadores conducen la sesión del Senado y los otros tres, la Cámara de Diputados.

Allí jurarán los electos en orden alfabético, se elige cada Mesa Directiva por cédula y el presidente electo de cada órgano legislativo jura.

Es importante indicar que en el calendario parlamentario está previsto que el 27 de julio se instalará el período anual de sesiones; la aprobación del cuadro de comisiones será el 4 de agosto; y la elección de sus presidencias, el día 10 de ese mes.

No obstante, los exoficiales mayores del Congreso César Delgado Guembes y José Cevasco cuestionaron la forma cómo se ha aplicado los tres reglamentos (Parlamento, Diputados y Senado) para la incorporación de los diputados y senadores.

“No debiera entenderse que hay Junta Preparatoria del Congreso, porque, antes, deben constituirse las Cámaras. Sin Cámaras constituidas no hay Congreso. Las Juntas Preparatorias, son Juntas Preparatorias de las Cámaras. Solo constituidas las dos cámaras se instala el Congreso. Las Mesas Directivas de las Juntas Preparatorias, son Mesas de las Cámaras. No existen Juntas Preparatorias del Congreso. Eso es una falta de experiencia en la Oficialía Mayor.“, enfatizó Delgado.

Cevasco agregó: “Antiguamente cada cámara instalaba su mesa”.

Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, director de IPOC Consultores, observó que existe una doble regulación en los artículos 12 al 15 de los reglamentos de los diputados y senadores.

“Los artículos del 12 al 15 de los reglamentos del Senado y de Diputados diseñan juntas preparatorias autónomas por cámara, con mesas de tres y comunicados publicados por oficialías mayores de cámara que al 1 de julio aún no existen”, indicó.

Añadió: “Para 2026 todo eso queda desplazado por la disposición transitoria del Reglamento General del Congreso; es decir, ya por un tema de puro derecho o legal, debe entenderse que los artículos permanentes en rigor regirán recién a partir de 2031, cuando afrontemos una nueva transición”.

Su primera gran prueba será designar un Gabinete conformado por gente competente –algunos con eficiencia técnica y otros con experiencia política–, pero, sobre todo, con trayectorias libres de cuestionamientos o antecedentes turbios. La amenaza del fenómeno El Niño demanda un equipo preparado. Puede designar a personas de su partido, a técnicos afines a ella o, si así lo prefiere, a figuras ubicadas en las antípodas de su pensamiento político. Esa es una prerrogativa inherente a la investidura que tendrá, pero también una responsabilidad con el país.

“Yo siempre he dicho que, cuando ganan los demócratas en Estados Unidos, no gobiernan los republicanos, sino los demócratas”. Esta frase de Luis Galarreta, uno de los principales voceados para encabezar la PCM, deja entrever que habrá predominancia fujimorista en el Gabinete. Y también congela las expectativas de una “ancha base” de algunos sectores que, curiosamente, nunca le exigieron lo mismo a Pedro Castillo.

Como es habitual en estas fechas, en los próximos días circularán nombres, rumores y versiones sobre designaciones. Algunos podrían ser impulsados por personajes o sectores interesados en alcanzar una cuota de poder, pero que ni siquiera reúnen los méritos para ser mencionados en un Gabinete de WhatsApp. Muchos globos de ensayo serán lanzados para medir el pulso de la opinión pública.

El Gabinete puede tener o no hegemonía naranja. Puede estar conformado por independientes, por personas con carnet o una combinación de ambos. Pero lo que el país no puede permitirse es volver a tener a gente improvisada que confunde al Estado con una piñata destinada a ser repartida entre los suyos.

Ante todo, es necesario reconocer que el fuero ordinario, pese al excesivo tiempo que se toma para resolver (sin fiscalización, porque los organismos de control marginan lo jurisdiccional), no garantizó justicia en algunos casos emblemáticos. Afrontamos un doble problema. Luego de que el fuero militar se deslegitimó durante su actuación en los años fujimoristas, principalmente contra encausados por terrorismo, los tribunales civiles no dieron la talla cuando procesaron nuevamente a ciertos imputados por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo es el Caso Huilca, asesinado por Sendero Luminoso. El fuero militar sentenció a los presuntos responsables, pero estos fueron declarados inocentes en el 2006, después de un juicio en la justicia ordinaria. En ese momento prevalecía una nueva hipótesis, a partir de testimonios no corroborados, según la cual el de Huilca fue un crimen de Estado dispuesto por el SIN de Vladimiro Montesinos mediante su brazo ejecutor: el grupo Colina.

En el 2023, una sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada Penal absolvió a Montesinos y a los coacusados del Servicio de Inteligencia del Ejército. No había pruebas. En 1993, cuando la policía capturó a los autores, dos de ellos confesaron y otros dos fueron reconocidos por los familiares de la víctima, quienes, años más tarde, cambiaron su versión para favorecer el acuerdo al que el gobierno de Alejandro Toledo llegó con la corte interamericana, admitiendo que agentes del Estado fueron los perpetradores. Este acuerdo dejó sin piso la incriminación original cuando los senderistas volvieron a ser juzgados. Sin embargo, el Ministerio Público no pudo construir una teoría consistente contra los nuevos imputados, y por eso la absolución fue inevitable. Los testimonios incriminatorios eran de oídas, contradictorios e imprecisos, proporcionados por un par de farsantes. Por otra parte, el destacamento militar que cometió los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta ya estaba desactivado cuando Huilca fue asesinado.

En la anulación de esta sentencia, la Corte Suprema sostiene la tesis insólita de que el grupo Colina no solo eliminaba supuestos terroristas ─lo que está demostrado─, sino a opositores del régimen de Fujimori. O sea, a personalidades como Huilca. Dice que este equipo era parte “del plan metódico y de agresión sistemática contra miembros de la población civil”. Para sostenerlo cita mal sentencias judiciales previas, algo inaceptable en un tribunal del más alto nivel. En esa línea, asume el concepto de que la labor del dirigente asesinado afectaba a la gobernabilidad de Fujimori, y por lo tanto era un objetivo a eliminar. Ordena un nuevo juicio que revalore todo. Es la típica sentencia políticamente correcta, que no levantará protestas porque los sentenciados son un colectivo aborrecido y que terminará favoreciendo la impunidad. Ya podemos ir adelantando que no habrá nuevas evidencias. He hablado lo suficiente con policías investigadores del caso, e incluso con senderistas, para asegurarlo.

Este juicio es uno de los pendientes de los años antisubversivos. Corresponden a delitos considerados imprescriptibles porque son tipificados como de lesa humanidad o como graves violaciones a los derechos humanos, cuyo castigo no tiene fecha de vencimiento de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por el Estado. En el 2025, el Congreso aprobó una ley que habilita un enjuiciamiento por lesa humanidad solo si los acontecimientos ocurrieron luego del 1 de julio del 2002, que es la fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma para el Perú. Mas los jueces, basándose en otros tratados, siempre pueden considerar imprescriptibles acciones que consideren “graves violaciones” de derechos humanos. Son términos bastante amplios. Este año, el Tribunal Constitucional (TC) declaró prescrito un supuesto crimen de lesa humanidad cometido por el exministro Daniel Urresti, atendiendo a que los hechos antecedían a la vigencia del Estatuto de Roma. Pero esta sentencia solo tiene efecto para Urresti. De hecho, al pronunciarse sobre el Caso Huilca, la Corte Suprema desestimó la ley del Congreso, así como la posición coincidente del TC respecto de la misma, que no ha llegado a ser vinculante.

Por lo visto, los jueces seguirán aplicando los criterios convencionales de imprescriptibilidad, lo que anticipa un camino de colisión. La Junta Nacional de Justicia ha iniciado investigación a cinco vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por inaplicar la ley del Congreso sobre lesa humanidad en el caso de las esterilizaciones forzadas, otro largo litigio proveniente de los noventa. Es previsible entonces una nueva investigación contra miembros del mismo colegiado que vieron el tema de Huilca. Está claro que la actual composición del Congreso no posibilitará un retiro del Perú de sus convenciones internacionales sobre derechos humanos. Mientras tanto, hay encausamientos que seguirán alargándose. Es indispensable conminar al Poder Judicial para que cumpla con respetar el plazo razonable, un principio básico del debido proceso.

En este contexto, el Congreso dio una ley que amplía las facultades de la justicia castrense para cualquier delito que cometa un policía o militar en una zona de emergencia durante el ejercicio de sus funciones. Actualmente, este fuero asume casos que afectan bienes jurídicos institucionales como la existencia, organización y operatividad castrense y policial. No están incluidos delitos contra la vida. La norma favorece al fuero militar en controversias jurisdiccionales con la justicia ordinaria, la cual, ante un simple requerimiento castrense, debe archivar sus expedientes. Aún no se cumplen los 15 días útiles del plazo para que el Ejecutivo observe la ley (de lo contrario será promulgada). No existe signo alguno de que ello ocurrirá. Es lamentable que haya habido una aquiescencia pública a su contenido por parte de Keiko Fujimori.

La norma es inconstitucional porque, entre otros motivos, excede las competencias que le asigna el artículo 173 de la Constitución, relativo a los delitos de función. La van a inaplicar hasta los jueces considerados “no caviares”. Proviene de una tradición autoritaria que incluye episodios repudiables. Véase, al respecto, la minuciosa casuística que acaba de colgar el abogado Roberto Pereira en sus redes sociales. Aunque defensores del proyecto la justifican por los vejámenes sufridos por militares en el fuero civil, parte de los cuales son ciertos y repudiables, la medida está pensada para enfrentar a la criminalidad y a las protestas callejeras. Es predecible que habrá conflictos sociales con violencia durante el período de Fujimori, como los ha habido en casi todos los gobiernos que se sucedieron desde el 2000. No es exagerado vaticinar que el fuero militar terminará deslegitimado y que la imagen de paloma blanca que trae la nueva presidenta podría terminar salpicada de sangre.

La Defensoría del Pueblo saludó la proclamación de Keiko Fujimori como la presidenta electa del Perú, y aseguró, a través de un comunicado oficial, que este acto marca “la culminación del proceso electoral y el inicio de la transición democrática hacia el nuevo gobierno, que asumirá funciones el 28 de julio de 2026”.

Para el organismo autónomo, los resultados de los comicios configuran un suceso sin precedentes al romper la continuidad histórica de mandatos exclusivamente masculinos a lo largo de la etapa republicana del Perú.

En ese sentido, la institución aseguró que la elección de Fujimori Higuchi representa “un avance en la participación política de las mujeres y reafirma la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ejercicio de los derechos político”.

La Defensoría aseguró que confía en que el Gobierno de Keiko Fujimori mantendrá un “irrestricto respeto a la Constitución, la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales de todas las personas”.

Por último, la entidad reafirmó su compromiso de mantener su independencia y autonomía en sus labores cotidianas de supervisión de la administración estatal y la defensa de las libertades individuales.

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En lo que va del siglo XXI, El Salvador y el Perú son los dos países de América Latina en los que la segunda vuelta presidencial –también conocida como balotaje– se ha definido por la menor diferencia de votos entre candidatos, con márgenes inferiores a 0.3 puntos porcentuales.

En marzo del 2014, el oficialista Salvador Sánchez Cerén derrotó a Norman Quijano por apenas 6.364 adhesiones; es decir, 0,22 puntos.

“El país centroamericano estuvo en un limbo político durante varios días [a la espera de resultados]. […] Precisamente esa exigua diferencia causó toda la demora”, informó entonces el portal BBC Mundo sobre el inédito resultado electoral en El Salvador.

Pero ese reñido desenlace fue una excepción: ninguna otra elección celebrada en esa nación en los últimos 25 años llegó a segunda vuelta.

En el Perú, en cambio, el balotaje es la regla: los seis comicios del siglo XXI, incluido el de este año, se decidieron en el balotaje.

Entre 13 países analizados de América Latina en los que existe la segunda vuelta como mecanismo para las elecciones presidenciales, escenarios similares al de nuestro país solo se repitieron en Brasil, Chile y Guatemala.

Además, en las tres últimas carreras electorales –en todas con Keiko Fujimori como una de las protagonistas– el margen entre el ganador y el perdedor de la contienda ha sido mínimo.

En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski la venció por solo 0,24 puntos porcentuales (41.057 votos). Cinco años más tarde, Pedro Castillo la derrotó con una ventaja de 0,25 puntos (44.263 votos).

Los comicios de este 2026 no fueron una excepción: la lideresa de Fuerza Popular superó a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, por 0,27 puntos (49.641 votos).

“Hemos visto dos mitades [electorales] muy cercanas entre ellas. No hubo entusiasmo en torno a un líder que marque alguna diferencia, por lo que el antivoto fue mayoritario. El 70% no votó ni por Keiko ni por [Roberto] Sánchez en la primera vuelta. Esa dinámica tiende a dividir [a los electores]”, explica Sandro Macassi Lavander, doctor en Sociología y profesor de la PUCP.

En la primera vuelta, Fujimori (17.2%) y Sánchez (12%) obtuvieron juntos solo el 29,2% de los votos válidos en el país.

Así, ambos conforman la dupla de candidatos que compitieron en un balotaje con la menor adhesión en la historia no solo del Perú, sino también de América Latina.

En lo que va de este siglo, ninguna dupla de rivales electorales en la región tuvo una votación menor de 35%.

En el 2022, Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil por tercera vez al superar en el balotaje por 1,80 puntos (más de dos millones de votos) a otro exmandatario: Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, juntos alcanzaron el 91,63% de las adhesiones.

Un año después, en Argentina, Javier Milei derrotó por un amplio margen (11,30 puntos o más de dos millones de votos) a Sergio Massa en el balotaje. En la primera vuelta, cosecharon como dupla el 66,77% de los votos.

En ambos países, así como en junio pasado en Colombia, el debate electoral se centró en un enfrentamiento entre ideologías políticas de izquierda y derecha. Pero ¿qué sucede en el Perú?

“El populismo deja un legado de polarización que no es ideológico, sino en relación al legado de un líder. En el Perú, la votación se polariza en torno a [Alberto] Fujimori: o respaldas o rechazas lo que representa. Este es en caso similar al de Ecuador con la figura de Rafael Correa”, explica Julio Carrión, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Delaware.

“Eso le permitió tener una imagen más estabilizadora que confrontacional. Keiko leyó de manera más adecuada la realidad del país”, agregó. A su juicio, la presencia de Rafael López Aliaga como candidato también “generó la percepción de que ella [Fujimori] es mucho más moderada”.

El estudio “Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, publicado en mayo último por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revela que la delincuencia (53,6%) y la falta de seguridad (22,1%) son dos de los principales problemas del país, solo superados por la corrupción (59,6%).

Entre los tres –‘Keiko, Lucho y Miki’- ya han elucubrado quién hará qué. Es el trío íntimo a partir del cual Keiko Fujimori armará primero gabinete y luego gobierno. Luis Galarreta podría en ambos -está en el bolo de la PCM- mientras Miguel Torres podría concentrarse en el senado. No lo sabemos por ahora, pero la sola expectativa pone a ‘Lucho’ en el candelero.

Él mismo se ha reservado un cargo secundario que nadie se daría cuenta si lo deja: es parlamentario andino actual y electo. O sea, lo eligieron en el 2021 y se acaba de reelegir.

Desde que postuló a ese ente gris y desarmado; se percibió la señal de que quería aprovechar el perfil bajo para consagrarse a su partido sin que nadie lo acusara de faltar a su mandato. Le gusta trabajar alianzas, acuerdos y manejar campañas para colocar mesas directivas.

Es funcional para los acuerdos políticos aunque su verbo público sea áspero y confrontador, sobre todo cuando ve un trapo ‘rojo caviar’ delante y embiste como toro. No llega a herir ni a matar a nadie, pero habrán oído, como si fueran sus resoplidos de furia contenida, sus ironías sobre las supuestas motivaciones del rival caviar.

También habrán notado que, en las últimas semanas, Galarreta suena prudente y conciliador. Hasta habla de la izquierda sin el dejo irónico que siempre subraya cuando la alude. Ahora se ahorra el ‘seguro van a decir que….’, ‘ya me imagino lo que piensan estos…’, ‘nosotros no nos quejamos como ellos cuando….’. Está en modo ‘somos gobierno y hay que abrir los brazos a todos’.

A propósito de brazos, hay que decir, sin temor ni resquemor, que Lucho no los tiene completos y usa prótesis. Él mismo hizo notar su discapacidad cuando postuló al Congreso en el 2006, entonces como candidato de Unidad Nacional (era del partido Renovación, de Rafael Rey, parte de la alianza UN) y popularizó el lema: “A mi nadie me rompe la mano”.

El mensaje era claro: soy como soy, puedo bromear con el tema, y vamos para delante. Su imparable empuje lo hizo pasar de Renovación al PPC en el 2009, partido con el volvió a ser congresista el quinquenio siguiente. Fue portavoz de su bancada pero le cayó mejor a otro grupo: Fuerza Popular.

Si rastrean citas y dichos pasados de Galarreta podrán encontrar rastros de su antifujimorismo de derecha; pero una vez que se hizo naranja pasó a reivindicar hasta la historia oficial de Alberto Fujimori.

Hoy parece naranja de nacimiento. Es otro caso, como Fernando Rospigliosi o Hernando Guerra García, de un jale que supera la expectativa de enraizamiento dentro del grupo de acogida.

Hasta ahora, Luis ha toreado las incesantes preguntas sobre quiénes integrarán el gabinete, incluyendo aquella sobre sí mismo. En el único caso donde ha sido, digamos, asertivo, es en decir que quiere que Luis Carranza sea MEF; de lo que no podemos inferir que lo será pues la decisión final es del invitado, no de quien lo invita. Aunque no podemos asegurar si Luis u otro serán del gabinete; sí podemos estar seguros de que está participando activamente en el casting.

Volvamos al negociador político. Aunque no lo crean, repito, su aspereza discursiva oculta a un hombre de pactos y entendimientos. En el 2019, cuando Martin Vizcarra tenía arrinconado al Congreso con la bala de plata de la cuestión de confianza, Galarreta entabló más de una reunión con Salvador del Solar, primer ministro de Vizcarra, para llegar a un pacto en torno a un adelanto de elecciones para el 2020 en lugar del 2021 y el consecuente cese de hostilidades. Si ello se frustró y pasamos por la disolución del Congreso y la posterior vacancia de Vizcarra; fue a pesar de él, fue pura intransigencia de terceros.

Por lo pronto, vemos a Galarreta como el principal vocero naranja luego de la propia Keiko y antes que Torres, quien quedó mosqueado tras la entrevista en la que contó lo que para él fue la ‘gesta colectiva’ de la caída de Castillo y los maliciosos entendieron como una confesión de ‘complot’. Luis tiene que improvisar y morderse la lengua para no dar ninguna señal de venganza o rencor, sino de convocatoria y conciliación. Tiene que lucir más plural que nunca porque lo que viene -sea lo que sea que haga en el gobierno- lo tendrá de imán de pedidos, conflictos y antipatías.

Por lo pronto está acompañando a Keiko en varias de las citas que tiene con políticos, líderes gremiales y personajes independientes que desfilan por el local partidario en San Borja. Algunos de los que han pasado por allí, aunque no confiesen el motivo de su visita, van para el casting. Galarreta es uno de los que les toma la prueba.

Como lo hizo desde que se lanzó a la política, en esta campaña Keiko asumió el pasivo dictatorial de su padre. En marzo pasado, en una entrevista con los periodistas Augusto Álvarez Rodrich y Juan Carlos Tafur, del programa “Enfrentados”, de América TV, dijo que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue “una medida de excepción, pero irrepetible”. Tafur repreguntó si fue necesaria, porque el gobierno de entonces tenía mayoría en ambas cámaras.

–Fue necesaria –respondió. Antes había explicado el contexto del terrorismo, la posible vacancia que la oposición habría planeado contra el presidente, y las ventajas modernizadoras de la nueva Constitución.

No solo fue innecesaria, sino nefasta. Si bien Fujimori produjo reformas altamente beneficiosas, su golpe activó el poder siniestro de Vladimiro Montesinos en el SIN, que se robusteció a pesar de la vigencia de la Constitución de 1993, y cuando ya había elecciones reconocidas como democráticas. Hacia el final de los noventa el SIN centralizó todos los poderes, especialmente sobornando, respecto de lo cual existen ‘vladivideos’ a gusto. No contamos, lamentablemente, con una foto de cinco magistrados de la Corte Suprema reunidos en el SIN para permitir la ilegal segunda reelección de Fujimori, aunque hay pruebas suficientes de la reunión. Como resultado de lo bueno y lo malo del régimen, emergieron tanto el antifujimorismo de los últimos 25 años como el reconocimiento popular al exdictador.

Así pues, por mucho que Keiko sostenga que discrepaba del autoritarismo y de la corrupción de los gobiernos de su padre, es heredera de todo el legado, por confesión propia. Herencia que favoreció su victoria electoral y avala sus anuncios de firmeza para poner orden. Por otra parte, su imagen carga acontecimientos personales que alimentaron una fuerte subjetividad. Está, por ejemplo, la extendida idea de que fue mala hija y mala hermana; de suerte que no solo tendría una vena dictatorial, sino otra por la que circula sangre con feos sentimientos.

A Keiko se le reprochó traicionar a su madre al haber aceptado reemplazarla como primera dama cuando su padre la destituyó del cargo, y por ignorar sus denuncias de que fue torturada en el Pentagonito. Alberto Fujimori y Susana Higuchi exhibieron públicas y feroces desavenencias desde 1992 y se divorciaron en 1995. Higuchi no solo denunció haber sido torturada, sino que declaró que Keiko prefirió “el dinero sucio de su padre”. Incluso aparecieron testigos que dijeron haberla visto en prisión. El cargo formó parte de una acusación constitucional contra el expresidente y del cuadernillo de extradición a Chile.

Con todo, la denuncia se cayó porque era falsa, e Higuchi, con los años, no volvió a mencionarla. En un capítulo del libro “La extorsión” (Planeta, 2020), explico por qué la acusación era infundada y qué circunstancias de inestabilidad mental de la supuesta víctima la provocaron. Pero la leyenda quedó en el aire y muchos la creen. En Wikipedia aún puede leerse que Higuchi, fallecida en el 2021, se divorció de su esposo “tras haber sido sometida a torturas por parte de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional”.

Tan o más venteados fueron los hechos que rodearon el frustrado intento de la bancada de Fuerza Popular para vacar a Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017. Fracasó porque 10 congresistas liderados por Kenji Fujimori se abstuvieron. Kenji, a espaldas de Keiko, consiguió que Kuczynski indultara a su padre. Fuerza Popular expulsó a Kenji de sus filas y difundió un video en el que este aparecía buscando votos para boicotear un segundo intento de vacancia presidencial. Kuczynski renunció, el Poder Judicial revocó el indulto (el Tribunal Constitucional lo reactivó en el 2023) y Kenji terminó desaforado por el Congreso y condenado por tráfico de influencias. ¿Qué nos dice esto de Keiko? Lo más relevante no es el distanciamiento entre los hermanos, o disquisiciones sobre el mayor o menor amor al padre de cada uno –¿quién puede otear ese sentimiento?–, sino la brutalidad política de querer vacar a Kuczynski. Keiko ha confesado que aprendió de este error, y aseguró que hechos así no se repetirían.

El tema del financiamiento de sus estudios universitarios en Estados Unidos aparece de cuando en cuando, con un incómodo tintineo. En el 2001, Montesinos declaró que los había pagado –los suyos y los de sus hermanos– con fondos estatales. El monto estimado bordeaba el medio millón de dólares. El Ministerio Público estableció, en el 2012, que no contaba con suficiente evidencia para sostener que Keiko fue cómplice del enriquecimiento ilícito que se atribuía a su padre. Además, la fiscal Gladys Echaíz consideró que, a los 19 años, la edad cuando Keiko empezó sus estudios en el extranjero, difícilmente estaría al tanto de los tejemanejes de una defraudación. Podía ser imputada por receptación, añadió, pues cuando regresó formó parte del círculo gubernamental mientras el financiamiento a sus hermanos menores continuaba, pero el delito había prescrito. Keiko siempre sostuvo que sus estudios fueron pagados con dinero familiar.

Keiko tenía cuentas pendientes con Montesinos porque conspiró con un grupo de ministros para que el asesor fuera apartado del gobierno y para que su padre no buscara una segunda reelección en el 2000. Finalmente apoyó la rereelección. A los pocos meses de la victoria fraudulenta de Fujimori se produjo la crisis que terminó con el régimen. En el 2006, con el fugitivo expresidente en Chile, resistiendo un pedido de extradición (que se consumaría en el 2007), Keiko postuló al Congreso, donde ejerció hasta el término del período. Tuvo actuación discreta y un alto ausentismo. En los siguientes años postularía a la presidencia en cuatro ocasiones, sin lograr que al antifujimorismo, convertido ya en antikeikismo, remitiera, pese a sus promesas de que actuaría democráticamente. En el 2026, no obstante haber vencido por un pelo, este sentimiento se mantiene fuertemente en el electorado peruano.

En su trayectoria, Keiko ha demostrado entereza, especialmente cuando soportó un año y medio en la cárcel para ser investigada por un delito inexistente. Permaneció en el país para afrontar procesos, en un contexto adverso y cargado de odio. La entereza es una cualidad indispensable para cualquier gobernante, mas no previene los excesos. En sus autocríticas, ella admitió que abusó de su mayoría parlamentaria contra Kuczynski, pero no ha rendido cuentas de los desmanes de su bancada en el actual Congreso. Sin embargo, cualquiera que sea la valoración que uno tenga sobre su pasado, esta pierde relevancia ante el tamaño de los problemas que debe enfrentar después de una victoria democrática. Más fácil le será encontrar soluciones técnicas para cada sector descompuesto del Estado, que a los aliados indispensables para reparar el abismo social.

El partido Acción Popular, bajo la presidencia de Julio Chávez Chiong, emitió este sábado 4 de julio un comunicado dirigido a su militancia y al público en general para fijar su postura y saludar la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta de la República, además de felicitar a Fuerza Popular por el triunfo obtenido en las urnas.

“Acción Popular se mantendrá en una posición vigilante, reafirmamos nuestro respeto irrestricto al Estado de Derecho y un sistema democrático que privilegie a las grandes mayorías”, señaló el partido en su comunicado.

La agrupación precisó que, si bien ha mantenido y mantiene discrepancias públicas con el comportamiento histórico del fujimorismo, respeta y reconoce el mandato soberano del pueblo peruano expresado en la segunda vuelta electoral.

El pronunciamiento se da un día después de la proclamación formal de los resultados de la segunda vuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que formalizó el resultado a favor de Keiko Fujimori como ganadora de la contienda electoral frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú..

Respecto a los retos del gobierno que se instalará el próximo 28 de julio, Acción Popular sostuvo que la tarea de la nueva administración será convencer no solo a las fuerzas políticas opositoras, sino a la mitad de la población nacional, de que será capaz de reivindicar su historia reciente y pasada.

El partido político @AccionPopular saluda la proclamación oficial de la electa Presidente de la República, @KeikoFujimori y felicita al partido @FuerzaPopular__
Adelante! pic.twitter.com/dnrWKhGz95

— Partido Político Acción Popular (@AccionPopular) July 4, 2026

El partido añadió que el país necesita estabilidad y el fortalecimiento de sus instituciones para resolver los grandes problemas que afectan a la ciudadanía.

Finalmente, la agrupación fundada por Fernando Belaunde Terry reafirmó su respeto irrestricto al Estado de Derecho y a un sistema democrático que privilegie a las grandes mayorías del país.

El pronunciamiento se conoce mientras el Ejecutivo saliente, a través del primer ministro Luis Arroyo, ya dispuso el inicio de la transferencia de gestión hacia el equipo de Fujimori, liderado por Marco Vinelli, cuya oficina de trabajo ha iniciado un diagnóstico técnico de los ministerios con miras a las primeras decisiones del próximo gobierno.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en la segunda elección presidencial del Perú y reafirmó el compromiso de España de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario español saludó el triunfo de la presidenta electa y también reconoció la participación de la ciudadanía peruana durante los comicios.

“Enhorabuena, Keiko Fujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático”, escribió Sánchez.

El jefe del Gobierno español señaló además que España seguirá impulsando la cooperación bilateral y estrechando los vínculos históricos, políticos y sociales que mantiene con el Perú.

“España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades”, añadió.

Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático.

España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 4, 2026

Keiko Fujimori fue declarada oficialmente presidenta electa del Perú el viernes, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que obtuvo la victoria sobre Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones regionales y municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre, debido a limitaciones identificadas para su adecuada puesta en marcha.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000107-2026-JN/ONPE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la resolución, la entidad identificó limitaciones críticas para ejecutar el programa piloto, entre ellas la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral y la superposición de actividades derivada de las Elecciones Primarias de las Elecciones regionales y municipales 2026.

Asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la ONPE señaló que la implementación del voto digital debe enmarcarse en el mandato constitucional del organismo de garantizar el respeto del voto personal, igual, libre y secreto de la ciudadanía.

En ese sentido, indicó que, al verificarse que no se reúnen las condiciones materiales necesarias para cumplir con dicho mandato, resultaba legalmente viable no continuar con la implementación del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La resolución lleva la firma del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas Serrano.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la segunda denuncia constitucional presentada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

Como se recuerda, la denuncia atribuía a Pareja la presunta infracción de los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de atentado contra el derecho de sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

Esta segunda denuncia constitucional contra el canciller había sido formulada por el legislador Jaime Quito Sarmiento, quien además fue elegido senador para el periodo 2026-2031.

El informe de calificación presentado por el equipo técnico propuso declarar improcedente la denuncia contra Carlos Pareja. Fue aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

Cabe recordar que el último jueves la SAC también declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional interpuesta contra el ministro de Relaciones Exteriores por presuntas irregularidades en el voto extranjero durante la segunda vuelta.

El informe de calificación señala que no se acreditó agravio directo ni infracción o delito de función y que las competencias electorales corresponden al sistema electoral y no a ese sector. Fue aprobado por 10 votos a favor, uno contra y una abstención.

En el caso de esta denuncia constitucional (N.° 715), había sido presentada por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de Juntos por el Perú.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional interpuesta contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, por presuntas irregularidades en el voto extranjero durante la segunda vuelta presidencial.

El informe de calificación la subcomisión señala que no se acreditó agravio directo ni infracción o delito de función atribuible al ministro.

Además, precisa que las competencias electorales corresponden al sistema electoral y no al ministerio de relaciones.

Finalmente, el informe fue aprobado por 10 votos a favor, uno contra y una abstención.

La denuncia constitucional contra el excanciller fue presentada por Pablo Salas, personero legal de Juntos por el Perú.

El documento solicita que se inicie un juicio político y un antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y por los supuestos delitos de fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones.

Estado desembolsará más de S/222 millones a seis partidos en el próximo quinquenio

La denuncia constitucional fue planteada por supuestamente “haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales de 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”.

La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que en su próximo gobierno continuará y fortalecerá aquello que “viene funcionando bien”.

Tras su proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori Higuchi se dirigió hacia sus simpatizantes en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, a quienes agradeció por el respaldo en la reciente campaña electoral.

La mandataria electa también saludó al excandidato presidencial Roberto Sánchez, a su partido, Juntos por el Perú, y dijo que una vez culminado el proceso electoral, empieza un periodo de transición y “diagnóstico” en la que deben saber exactamente cómo recibirán al país.

“Vamos a ir a través de los equipos de transferencia a todos los ministerios e iremos comunicando las obras, los proyectos, lo que está paralizado, pero también rescatando lo bueno que se ha venido haciendo”, expresó.

“Yo siempre digo: aquí no hay borrón ni cuenta nueva. Eso que hicieron con nosotros, que borraron las firmas, que sacaron las placas de inauguración, que debilitaron los programas, eso no lo vamos a hacer. Al contrario, aquello que viene funcionando bien lo vamos a fortalecer y continuar”, agregó.

Keiko Fujimori también agradeció a sus simpatizantes por apoyarla, creer en ella y no rendirse, luego de las tres derrotas que sufrió en las anteriores elecciones (2011, 2016 y 2021).

“Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, por poner el pecho cuando nos caía piedras o solamente escuchábamos insultos. Gracias por creer en mí, gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado los peruanos es que nunca nos rendimos”, sentenció.

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