El 8 de febrero de 2024, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) terminaron un artículo sobre una carcasa hidrodinámica para proteger puentes. Meses después, descubrieron que su investigación había sido publicada en el congreso internacional LACCEI 2024 y en revistas científicas, pero bajo la autoría exclusiva de su profesor, Yvan Huaricallo Vilca, y con afiliación a otra universidad.

Este caso no sería un hecho aislado, sino parte de un posible esquema sistemático de producción y reutilización de trabajos académicos estudiantiles. A través de peritajes, correos y audios, el documento expone 11 casos que evidencian un preocupante patrón dentro de las aulas.

La secuencia operativa identificada iniciaba con la asignación obligatoria de artículos científicos en cursos técnicos que no correspondían a investigación, como Saneamiento Básico. Para incentivar la entrega, presuntamente se ofrecían puntos adicionales en la calificación o la aprobación directa de la asignatura.

Según el expediente, existen registros de audio donde el docente admitiría asignar mayor calificación a los alumnos que entreguen buenos artículos, e incluso un registro audiovisual donde habría ofrecido incrementar dos puntos en un examen a cambio de que los estudiantes mejoren artificialmente su evaluación de desempeño docente. En dicho registro, el docente declara: “Si logran revertir esos cinco alumnos, les voy a aumentar dos puntos a ese examen a todos”.

Una vez obtenidos los trabajos, estos pasarían por un proceso de selección y reutilización sistemática, en el que presuntamente se realizaban traducciones al inglés o modificaciones de títulos. Tras esto, el docente se ofrecía a gestionar su publicación en congresos internacionales, bajo la condición de ser incluido como coautor, pese a no haber tenido una participación sustantiva. Si los alumnos se negaban a ceder sus derechos, el trabajo terminaba siendo publicado de manera unilateral o reciclando tesis de grado de otras universidades.

Los testimonios recabados ilustran presuntas vulneraciones de derechos. En el documento se expone el caso de Jorge Trauco, estudiante del curso de Saneamiento, quien relató cómo un trabajo grupal elaborado con datos simulados, por sugerencia del docente ante la falta de recursos, fue enviado a un congreso indexado sin autorización. En dicho proceso, se incluyó como autora a la estudiante Jackeline Ríos Tarazona. El caso de Ríos revela una capa adicional de irregularidad: ella había cedido acceso a una cuenta de correo electrónico al docente para gestionar un artículo propio, sobre producción de biogás, en el congreso LEIRD 2023.

Ríos menciona que Huaricallo utilizó ese mismo acceso para enviar también el artículo sobre humedales del grupo de Trauco, inscribiéndola como autora sin su conocimiento. “No tuve participación, conocimiento ni consentimiento”, dice Ríos.

En otro caso, el estudiante Eduardo Aldana logró hacer que el docente admitiera presuntas irregularidades tras ser confrontado. En los audios, el profesor ofrece disculpas por publicar sin permiso: “Te quería pedir disculpas por ese tema, por haber subido. La medida correctiva que he tomado es escribir al congreso y haber retirado”.

A esto se suman registros donde el docente admite desconocer los contenidos que imparte: “No he hecho mucho de diseño, es por eso que no me sé tanto el diseño”. Sobre la plaza que ocupa en una especialidad que no corresponde a su formación, el propio docente lo explica así: “Los concursos no te preguntan muy a profundidad. La parte técnica, qué tanto sabes del concurso, vale un 10, 20%, nada”.

Frente a estas primeras denuncias, el entonces director de la Escuela de Ingeniería Civil, Luis Miguel Morán, convocó a Huaricallo a su oficina. Según relata el exdirector, el docente admitió haber enviado el artículo de Trauco con datos inventados y fue instruido a desistir.

Aunque inicialmente se creyó que era una “inexperiencia” solucionable con una llamada de atención, Morán constató luego que las publicaciones continuaron. “Es una práctica sistemática”, concluye el exdirector, añadiendo una dura crítica institucional: “San Marcos aparece entre las universidades con más artículos en revistas canceladas por prácticas depredadoras. Es una vergüenza nacional”.

Cuando los estudiantes denunciaron formalmente los hechos en 2025, no se abrió un procedimiento administrativo disciplinario, optando por reprensiones verbales informales.

La ausencia de una respuesta institucional rigurosa podría explicarse por una preocupante red de coautorías: altas autoridades de la facultad, incluyendo al actual decano Ciro Bedia, al ex vicedecano José Jorge Espinoza Eche y al director de escuela Félix Sánchez Benites, figuran como coautores en publicaciones cuestionadas lideradas por Huaricallo. En varios de estos artículos, se habría incurrido en la reutilización de tesis de grado de otras universidades incorporando a las autoridades sin evidencia de contribución técnica efectiva.

El Comercio solicitó descargos formales al docente Yvan Huaricallo Vilca y a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil. Hasta la fecha de publicación, la Escuela de Ingeniería Civil acusó recibo de las preguntas sin emitir respuesta. El docente Huaricallo Vilca no respondió a los dos mensajes enviados.

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