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Graña y Montero: ¿ha impactado la prisión preventiva?

El efecto de las últimas decisiones judiciales en el portafolio privado de proyectos de G&M, JJC e ICCGSA todavía es incierto

Odebrecht

Odebrecht confesó el pago de una millonaria coima al ex presidente Alejandro Toledo para hacerse de la concesión de parte de la Interoceánica Sur. Sus ex directivos dicen que sus socios peruanos sabían del soborno. (Foto: El Comercio)

A diferencia de las más de 20 horas que tomó la audiencia conducida por el juez Richard Concepción Carhuancho para dictar la orden de prisión preventiva para cinco directivos y ex directivos de Graña y Montero (G&M), JJC e ICCGSA, a la agencia Equilibrium le bastaron unas pocas horas para optar –el mismo lunes 4 de diciembre– por la reducción del rating de ICCGSA de AA.pe a A+.pe.

La decisión, según la clasificadora, se sustenta en los posibles efectos de la medida adoptada por el Poder Judicial (PJ), no solo porque se “acrecienta el riesgo reputacional” sino porque, como consecuencia, dicha situación podría impactar en su capacidad de generación futura de flujo de caja.

Con el 96,7% del ‘backlog’ de ICCGSA Constructora al 30 de setiembre del 2017 concentrado en contratos con entidades públicas, Equilibrium no ha sido la única en dar la clarinada de alerta. Dos días después, Class & Asociados también optó por la modificación a la baja.

Para Class, el dictamen del PJ pone en riesgo la estructura de gobierno corporativo de ICCGSA, y podría afectar negativamente el desempeño futuro de esta compañía, sobre todo en lo relacionado a contrataciones con el Estado.

Conocida la decisión del PJ, la empresa ha comunicado la salida de Fernando Castillo Dibós, hoy en el penal Ancón II, de la presidencia del directorio. Lo reemplaza su hermano Javier, mientras que su esposa, Elizabeth Natal, se sumó al directorio.

Similar ha sido la situación en JJC. Fernando Camet Piccone, también en prisión preventiva, dejó la presidencia del directorio y la gerencia general corporativa. En ese último cargo, será reemplazado de forma interina por Johnny Villanueva Chávarry, quien ocupaba la gerencia corporativa de Proyectos.

En el caso de G&M, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña habían dejado sus funciones como directores hace unos meses, mientras que Gonzalo Ferraro Rey había renunciado a la gerencia de Desarrollo de Negocios días antes de la decisión de Concepción Carhuancho por una delicada situación médica.

MÁS CONSECUENCIAS

Considerando que el impacto negativo en ICCGSA salta a la vista, ¿podría ocurrir lo mismo con G&M y JJC? “Contrario a lo que sucede en otras empresas peruanas del mismo rubro, el porcentaje del ‘backlog’ que representan las obras públicas suma menos del 10% del total de proyectos del grupo”, refieren fuentes de la primera.

Aun así, el impacto en el valor de sus acciones ha sido notorio. Desde el 21 de diciembre del 2016, cuando Odebrecht admitió haber realizado pagos ilegales por US$29 millones para hacerse de obras y concesiones en el Perú, los títulos de G&M han caído más de 65%.Kallpa SAB considera que la crisis de reputación que enfrenta G&M podría desencadenar que algunas empresas privadas no quieran contratarlos, figura que se repetiría con las demás compañías que fueron socias de Odebrecht.

Según información a la que pudo acceder Día1, una empresa del sector ‘retail’ que contemplaba convocar a G&M para la licitación de las obras de un nuevo centro comercial decidió dejar de lado a esta empresa, tras la orden dictada por Concepción Carhuancho.

Al respecto, desde G&M señalan que ninguno de sus clientes actuales ha suspendido proyectos en cartera como consecuencia de los últimos acontecimientos, pero reconocen que la decisión sobre nuevos proyectos a futuro es incierta.

“En todos los casos han sabido separar a las personas naturales de las jurídicas”, dicen con cierto optimismo y resaltan un dato que lo sustenta: a finales del tercer trimestre del 2017, el ‘backlog’ más los negocios recurrentes de G&M alcanzaron los US$3.182,2 millones, un nivel similar al registrado durante el trimestre anterior.

Este suplemento consultó con varias de las empresas que –en diferentes períodos– formaron parte del portafolio de clientes privados de G&M, JJC e ICCGSA, pero ninguna accedió a responder si a futuro seguirán trabajando con ellas o si, como consecuencia de lo sucedido con Odebrecht, optarían por cambiar de constructora.

Por lo pronto, empresas extranjeras como la francesa Vinci Highways y la española Collosa no dudaban hasta hace poco en declarar abiertamente la posibilidad de continuar trabajando futuros proyectos con G&M.

“Nosotros ya hemos trabajado con G&M y si ninguna empresa privada me pide que la excluya seguiremos trabajando con ellos”, dijo a Día1 la semana antepasada Patricio Llorente, de Collosa. “G&M es un socio a largo plazo de Vinci”, afirmó, por su parte, Fadi Selwan presidente y director ejecutivo de Vinci Highways, en una entrevista publicada a finales de setiembre por este suplemento.

En todo caso, las obras encargadas a las tres compañías por sus clientes privados, desde los hoteles Hyatt en San Isidro y Aloft en Miraflores, a cargo de G&M, hasta los proyectos para clientes mineros como Antamina, Southern Copper y Compañía de Minas Buenaventura, a cargo de ICCGSA y JJC, siguen su curso mientras se reacomodan las piezas del sector.

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