En el Perú, el 36,98% de los reos –uno de cada tres– cumple un mandato de prisión preventiva; es decir, permanece en prisión sin haber sido sentenciado. De las 94.759 personas que conforman la población penitenciaria, 35.040 están a la espera de la resolución de sus procesos, según el más reciente informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
No se trata de un fenómeno exclusivo del país. Su alcance es regional: entre 15 naciones de América Latina, el Perú ocupa el noveno lugar en un ránking de mayor porcentaje de casos de prisión preventiva. Las cifras más altas se registran en Paraguay (66,5%) y Bolivia (62,70%), y la más baja en Uruguay (7%).
En promedio, el 35,92% de los internos en América Latina están encarcelados sin sentencia. En tanto, en la Unión Europea, la cifra llega a 20%, una diferencia de más de 15 puntos porcentuales.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), hay “cerca de 12 millones de personas privadas de la libertad a nivel mundial, casi un tercio sin condena, con cárceles sobrepobladas en la mitad de los países”.
“La prisión preventiva no es una sanción anticipada al imputado, sino que tiene carácter procesal: busca evitar que este se fugue o entorpezca el proceso. Debería ser el último recurso y [debería aplicarse de forma] excepcional. […] Su mal uso o abuso no es solo del Perú”, explica Rafael Chanjan, abogado penalista y docente de la PUCP.
Los casos más mediáticos de prisión preventiva han involucrado a líderes políticos vinculados a presuntos actos de corrupción: los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros.
Sin embargo, esta es una fracción mínima del total. Más de la mitad de internos (57,68%) sin sentencia ingresó a la cárcel por tres presuntos delitos, sus formas agravadas o tentativa de los mismos: robo agravado (28,62%), tráfico ilícito de drogas (16,97%) y violación sexual (12,09%).
Por robo agravado cumplen prisión preventiva 10.027 personas. La abogada penalista Romy Chang considera que existe una mala aplicación de la medida.
“En muchos casos [por robo agravado] se puede optar por un proceso inmediato, cuando el delito es muy evidente y/o existe flagrancia, y puede haber sentencia en un mes, aproximadamente. […] Pero para un fiscal es más rápido y más fácil pedir prisión preventiva que presentar directamente su acusación”, cuestionó.
Por otro lado, casi 6.000 internos por tráfico ilícito de droga no han sido sentenciados. Según el INPE, la mayoría de reos por este delito son ‘burriers’, uno de los niveles más bajo en el escalafón de las esas redes criminales.
“La mayoría se ubica dentro del tipo básico de transporte del ilícito cargamento que proviene de organizaciones criminales internacionales. […] El tratamiento penitenciario deberá diseñar otros mecanismos de apoyo, al ser un delito que tiene un origen de connotación económica”, destaca la autoridad penitenciaria en su último anuario.
Para Chang, existe un problema estructural, tanto normativo como de aplicación de la normativa penal. “Hay delitos con penas muy altas, pero no se cumple la función de estas, que debería ser la resocialización. La criminalidad no va a dejar de existir solo porque las penas sean más altas”, refirió.
“El hacinamiento en las prisiones y los retrasos en el proceso judicial están estrechamente relacionados. Muchas de las personas en prisión en el mundo no han sido aún condenadas por ningún delito”, destaca un informe de UNODC (2021).
Uno de los principales problemas del sistema carcelario peruano es el hacinamiento: 49 de las 68 prisiones tienen un exceso de población superior al 20% y en 10 de ellas, más de la mitad de reos permanecen encarcelados sin haber recibido sentencia.
En Bolivia –el segundo país con el mayor porcentaje de reos sin sentencia de la región–, el incremento en el uso de la prisión preventiva es un factor que agrava el hacinamiento. Así lo reconoció el director de Régimen Penitenciario de ese país, Juan Carlos Limpias, en una entrevista con el diario local La Razón. “Los jueces tienen miedo porque piensan que los van a censurar”, declaró.
En Bolivia, la sobrepoblación carcelaria alcanza el 174% y en el Perú 124%.
“La prisión preventiva es uno de los principales factores de la situación crítica que se vive en las cárceles de Bolivia y provoca una situación objetiva: el hacinamiento. Los otros dos factores fundamentales son la corrupción policial y los vínculos de las redes criminales con el poder”, dijo a El Comercio Gisela Derpic, abogada y docente universitaria boliviana.
En Uruguay, el escenario es completamente diferente: el porcentaje de reos con prisión preventiva es de apenas 7%. El juez letrado en lo penal Claudio de León detalló que hasta hace unos años, los casos de internos sin sentencia en su país rozaban el 80% del total, pero en el 2017 hubo un cambio radical.
“En el 2017 hubo un cambio de paradigma cuando entró en vigencia, después de varios intentos, un nuevo Código Procesal Penal. […] Se estableció un mecanismo muy ágil, que es el proceso [penal] abreviado; para algunos delitos, las partes involucradas pueden llegar a acuerdos, entre otros”, comentó en diálogo con El Comercio.
Pero la mejora de un régimen penitenciario es un proceso complejo, en el cual el uso adecuado de la figura de la prisión preventiva es solo una parte.
“Los 15 mil presos que tiene Uruguay ubican al país dentro del top 10 del ránking global de población carcelaria, y en uno de los primeros lugares de América Latina y el Caribe, una tendencia alcista casi ininterrumpida desde hace 17 años”, indica un documento de Ceres, centro de estudios especializado en políticas públicas.
Para el juez De León, unos de los principales desafíos para el sistema de justicia de su país es la reducción de los casos de reos reincidentes, el cual –afirma– está por encima del 60% actualmente. En el Perú, los reos con más de un ingreso a un centro penitenciario suman el 24,24% del total.
“La reincidencia es lo que más nos preocupa. Se deben invertir recursos después del egreso [de la cárcel] de una persona que estuvo privada de su libertad con el fin de reducir la reincidencia. Creo que de esa forma se reduciría la cantidad de presos”, concluyó el magistrado uruguayo.
