El gasto en patrullaje es el rubro más importante dentro del programa presupuestal 0030 denominado: “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. En el caso de los gobiernos locales, abarca la planificación, la puesta en marcha del servicio (mediante el serenazgo o en coordinación con la Policía) y el mantenimiento de los vehículos utilizados en las rondas de vigilancia.
Según el sistema de Consulta Amigable del MEF, los municipios de Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador, Santa Rosa y Ate figuran entre las comunas limeñas con menor ejecución de este rubro (menos del 65%), mientras que la de Ventanilla registra el mayor retraso en el Callao, con solo el 54% de avance. A la fecha, a los 14 municipios les falta desembolsar S/84,4 millones de su presupuesto para la vigilancia de las calles, cifra que equivale al 38% de su presupuesto conjunto para esta actividad (S/224.3 millones).
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En conversación con El Comercio, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, señaló que existen inversiones pendientes de concretarse en su distrito que aún no se reflejan en la ejecución presupuestal. “Estamos adquiriendo 5 nuevas camionetas, 50 motos lineales y contrataremos 150 nuevos serenos, lo cual va a aumentar la inversión en casi S/3 millones”, dijo.
En cuanto a la brecha de inversión, el monto asignado al patrullaje en todos los distritos bajo emergencia alcanza los S/38 per-cápita al año, muy por debajo del promedio de la capital (S/64 por persona). Las cifras más bajas dentro del grupo se observan en los municipios del Rímac, Ancón y Los Olivos (menos de S/20 per-cápita).
Pese a la entrada en vigencia de la medida de excepción, el crimen ha seguido golpeando a estas localidades. Según informó este Diario, seis de las nueve muertes ocurridas en Lima se registraron en los 14 distritos analizados durante la primera semana desde la entrada en vigencia de dicha disposición.
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Ajustes pendientes
¿Qué funciones podrían realizar las municipalidades de forma eficiente en las zonas bajo emergencia? Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y estudios sobre la violencia, resaltó que a fines del año pasado, durante la aprobación de facultades legislativas para seguridad ciudadana, se habilitó un marco jurídico para que los municipios brinden soporte en equipamiento y logística a la Policía. Pero aún queda pendiente la transformación del pliego presupuestal 0030 hacia un programa que funcione sobre la base de resultados.
“Quien tiene que liderar la labor de patrullaje, investigación y de seguridad en términos tácticos y operativos es la Policía, el serenazgo debe dar soporte para que eso funcione. En la ley de presupuesto de este año se entregó a algunas municipalidades un monto extra de dinero para que puedan invertir en seguridad ciudadana, en zonas donde se concentraba la mayor incidencia delictiva. Habría que preguntarse cómo ejecutaron esos distritos. [El programa 0030] debió ser modificado hace cinco años, sus indicadores están mal planteados. La ley de presupuesto aprobó su renovación, pero hasta octubre no hubo cambios”, explicó.
Zevallos, quien también ha sido viceministro de seguridad pública del Mininter, añadió que el ministerio también tiene un rol de acompañamiento a los gobiernos locales en la ejecución presupuestal. “La inversión no tiene que ser solamente en temas de patrullaje, sino también en prevención” dijo.
Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, hace falta que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) retome la elaboración de un plan anual en este rubro para que sea remitido a los gobiernos regionales y locales. Esto junto con la adquisición de nuevos patrulleros.
“Los alcaldes no tienen plan de seguridad porque dicen que el Conasec no los confeccionó. Ya se está acabando el año y no cuentan con el del 2024. Le corresponde al alcalde como presidente del comité distrital de seguridad ciudadana ver por el aspecto del patrullaje integrado, serenazgo y la policía”, anotó.
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