Restricciones a la tercerización laboral ponen en riesgo a más de 100 mil trabajadores, según Ana María Choquehuanca

Las restricciones a la tercerización laboral aprobadas por el Ministerio de Trabajo (MTPE) través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR pondría en riesgo el empleo de 100.000 trabajadores, advirtió Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú.

Durante su intervención en el webinar “Generación de empleo, producción nacional y situación laboral”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Choquehuanca señaló que esa normativa afecta la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa. Asimismo, criticó que la norma se aprobara sin un diálogo social previo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

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“Son las pymes, por ejemplo, las que se han especializado en el sector minero, sobre todo en el rubro de metalmecánica con muy buenos resultados. A nivel nacional, la data indica que el 62% de las empresas han tercerizado sus servicios de mantenimiento, 32% tercerizó la seguridad de sus instalaciones y un 14% parte de su proceso de producción. Entonces tenemos que más de 100.000 trabajadores formales que se desenvuelven en empresas de tercerización en el sector privado corren el riesgo de quedar sin empleo”, indicó.

En ese sentido, lamentó que el actual Gobierno desconozca los efectos positivos de la tercerización de servicios, que es un mecanismo reconocido a nivel mundial porque contribuye a elevar la productividad, eficiencia y seguridad para los trabajadores.

“Esta es una medida populista con un claro sesgo ideológico que aprobó el MTPE a espaldas del CNTPE, espacio de diálogo entre empleadores y trabajadores; que solo va a traer consigo la precarización del empleo y más informalidad”, agregó.

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Cabe recordar que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR regula la tercerización laboral, impidiendo la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares del negocio, además de otras restricciones. Según la norma, se entiende como actividad nuclear a “la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos”. Los cambios entraron en vigencia desde el hoy, 23 de agosto.

Asimismo, Choquehuanca expresó su preocupación porque la agenda laboral que viene promoviendo la actual administración gubernamental tiene un impacto negativo sobre la pequeña y mediana empresa, ya que no fomenta el empleo formal, por el contrario, se alienta la precarización del empleo, la llamada “planilla negra” y la informalidad.

“No se debe azuzar una cultura de enfrentamiento y odio entre trabajadores y empleadores porque pierde la empresa y el país. Más bien se debe fomentar el empleo formal y un entorno favorable a fin de crear más empresas”, dijo la representante de las pymes.

Sin análisis técnico

Por su parte, Luis Vinatea, socio del Estudio Vinatea & Toyama, manifestó que el DS 001-2022-TR se dio sin un análisis técnico y respondiendo a una decisión política de las actuales autoridades del Gobierno, ya que se aprobó sin un diálogo social y al margen del CNTPE.

Asimismo, resaltó que decenas de empresas iniciaron procesos judiciales y administrativos contra la norma y que el Indecopi decidió en primera instancia que los alcances de este Decreto Supremo constituyen barreras burocráticas ilegales.

“Lo esencial es potenciar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, pero lamentablemente el Gobierno ha preferido prohibir la la tercerización, que es un mecanismo que es reconocido por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, apuntó.

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Además, advirtió que el nuevo Código de Trabajo o las modificaciones la Ley de relaciones colectivas también pueden tener un impacto negativo en el mercado de trabajo, haciéndolo más costoso y rígido.

El primero se está debatiendo en el CNTPE. Sin embargo, tras la suspensión voluntaria de las empresas privadas para participar en dicho organismo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, señaló que podrían seguir trabajándolo sin la participación del sector privado. Por otro lado, las modificaciones a la Ley de relaciones colectivas empoderan a los sindicatos, pero expertos en el sector laboral resaltan que sería inconstitucional.

Añadió que ninguna de las normas laborales se aplica al 80% de la masa trabajadora que se encuentra en el sector informal, la cual no tiene acceso a la protección social.

Menos empleo

A su turno, Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico, declaró que recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) publicó un informe en el que destaca que la tercerización en el Perú genera especializaciones, eficiencias y puede generar economía de escala. Estos puntos permiten un aumento de la productividad que se traduce en mejores ingresos para la empresa y el trabajador.

“Al prohibir la tercerización no se está protegiendo al trabajador, sino lo contrario, porque se genera menos empleo y una caída de los ingresos. En países como Ecuador, Bolivia y México hemos visto como esa medida restrictiva generó efectos contrarios”, acotó.

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Respecto a los alcances de las relaciones colectivas, Lavado refirió que la norma está dando mucho peso a los sindicatos, lo que va a traer como consecuencia que se va a encarecer la contratación, ralentizar la generación de empleo y gatillar la conflictividad laboral.

Finalmente, expresó que se necesitan reformas para incrementar la productividad y fortalecer las instituciones que son importantes para el desarrollo del Perú.

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